A los que consideramos las lenguas desde una óptica más pragmática que nacionalista se nos suele acusar de no entender absolutamente nada. Por supuesto, se nos alinea con los sectores más conservadores, cuando no fascistas. Una pena que millones de personas a lo largo de los tiempos tampoco lo hayan entendido. Sí señor, una verdadera pena.

Así, Felipe V, ese gran imperialista y presunto asesino de lenguas, tenía en tan poca estima al español que nunca lo habló. En aquellos tiempos la lengua cortesana era el francés y ésta era la que se hablaba alrededor del rey. De hecho, no entendió ni una sola palabra del discurso de bienvenida pronunciado en español por el eminente catalán Don Manuel Oms de Santa Pau. Por supuesto, este pragmatismo hacía que lo que se hablara en sus reinos le importara aún menos.

Una pena también que, allá por el siglo XVIII, la Junta de Comercio valenciana rogará a Carlos III su soberana intervención para que “todos los mercaderes y comerciantes, sean naturales o extranjeros, lleven y tengan sus libros en idioma castellano”. Una pena que no entendieran el valor sentimental de las lenguas y se inclinaran ante el pragmatismo.

Podrían anotarse cientos de ejemplos demostrativos de cómo el español fue ampliando fronteras sin necesidad alguna de leyes, y cuando éstas se formularon, fueron en muchas ocasiones los catalanes y valencianos quienes las propusieron. Por cierto, los mayores defensores de las lenguas minoritarias han sido siempre los caciques, los explotadores y, por supuesto, la Iglesia Católica. Lógicamente, esa defensa no se basaba en aspectos culturales; más bien al contrario, pues a una población analfabeta e incapaz de comunicarse con el vecino se le dominaba con más facilidad.

Tal vez por ello, a mediados del XIX los obreros de Barcelona, Vic, Olot, Igualada,… redactaron la mayoría de los documentos relativos a la organización de los gremios en español, a pesar de ser la catalana su lengua materna. Ya por entonces, en Cataluña se produce el efecto conocido como diglosia y el español se va imponiendo por meras razones prácticas. En el País Vasco de principios del siglo XX también las organizaciones obreras recelan del vasco por motivos tan claros que hasta Ramiro de Maeztu fue capaz de reconocerlos: «La tierra de Vizcaya pertenece en el noventa y cinco por ciento de su extensión a una minoría de capitalistas que viven ociosamente en las villas y ciudades de la provincia, con la única preocupación de impedir a toda costa que se alteren los buenos usos y costumbres del país. Para que este sistema perdure es absolutamente indispensable que el casero vizcaíno no aprenda castellano, ni salga del país, ni se roce con gente». (Artículos desconocidos, 1897-1904, Madrid, 1987). También Azaña, tras su viaje a Galicia en 1918, nos legó su opinión: «Los propietarios no han dejado aquí más que esclavos. Ahora que se habla de renovación (y que no puede ser sino anticaciquismo y reforma agraria) la revisten de formas pedantes y estériles, y comienzan a “reivindicar” el idioma». Nos nos engañemos, la izquierda siempre ha defendido lo que se conoce como “internacionalismo lingüístico”; que ahora hayan invertido sus postulados bien merecería una explicación.

Ya bien entrado el siglo XX, durante las discusiones sobre normativa lingüística de la actual Constitución (1978), algunos incluso pretendieron emular la propuesta que Cadalso hiciera en sus Cartas Marruecas, según la cual se construiría un gran canal en forma de aspas que dividiría a España en cuatro partes. En cada una de ellas se hablaría la lengua regional y sus habitantes se distinguirían gracias al correspondiente traje regional. Por supuesto, el gobierno se trasladaría de una parte a otra para que nadie pudiera sentirse ofendido: «la corte irá mudándose según las cuatro estaciones, el invierno en la meridional, el verano en la septentrional, et sic de caeteris». Pues bien, algo parecido se le pasó por la cabeza al diputado por el Grupo Mixto Lluis María Xirinacs i Domenec cuando, con toda naturalidad, propuso que “Las lenguas oficiales de la Confederación serán aquellas que sean oficiales en cada uno de los Estados. Ningún ciudadano está obligado a conocer otra lengua que aquélla que determine su Constitución Nacional». Los diputados de Minaría Catalana también se inclinaban por algo muy semejante: «En los territorios autónomos de España de lengua distinta al castellano cada Estatuto de autonomía determinará el carácter oficial exclusivo o transitoriamente cooficial con el castellano de la respectiva lengua». Es decir, la expulsión del español. Casi treinta años después, están a punto de lograrlo.

En realidad, quien mejor lo entendió fue el protagonista de la novela El separatista (1919) de Juan Caballero quien, ante la reprimenda de un personaje por no enseñar catalán en los ateneos obreros, responde: “Aquí no vengas con esas ranciedades. Fíjate bien, todo en nuestro extenso idioma [español]. Pero además enseñamos francés. Nosotros no tenemos fincas que defender ni casas que cuidar. Para comer hemos de trabajar en cualquier parte, ¿qué más nos da que sea Barcelona que Burgos? Nos avencidaremos allí donde mejor ganemos el pan».

Yo no iré tan lejos y no vetaré la enseñanza de las lenguas minoritarias pero negaré la mayor, es decir, que los territorios tengan lenguas y que éstas tengan derechos. Son los ciudadanos quienes hablan una u otra lengua y quienes tienen derechos. Defender lo contrario sí significa no entender nada sobre las lenguas y menos aún sobre la democracia.