Vaya por delante que no escucho la cadena COPE por motivos que arrancan de los funestos sucesos del 11 de marzo. Desde entonces, tanto aquélla como la SER fueron eliminadas de la lista de cadenas memorizadas en mi transistor. No puedo, por tanto, juzgar si, como manifestó Montilla, incita al odio o si, como los nacionalistas mantienen, ha sobrepasado los límites de la libertad de expresión. Sin embargo, resulta muy extraño que nadie haya puesto hasta el momento denuncia alguna. Mientras tanto, se intenta silenciar una radio mediante una maniobra política disfrazada de procedimiento administrativo. Así lo han denunciado nueve periodistas españoles mediante un comunicado dirigido al Parlamento Europeo.

En realidad, los intentos de limitar la influencia de la COPE en Cataluña vienen de lejos. Comenzaron en 1998 cuando la Generalitat, presidida entonces por Jordi Pujol, se negó a renovar la concesión de una emisora de FM de la COPE. El asunto acabó en los tribunales que avalaron tal medida. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado recientemente tanto la resolución de la Generalitat como la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, dando la razón a la COPE. El último peldaño lo acaban de subir cinco miembros de ERC al encadenarse en la fachada del edificio donde tiene su sede la COPE en Madrid. La acción fue respaldada por dos diputados de dicho partido a los que Rodríguez Zapatero les ha concedido el beneficio de la duda: «Tengo la presunción, en favor de todos los diputados que representan a los ciudadanos, de que están en la defensa de las actitudes y de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles, más allá de que me gusten unas cosas más que otras».
Resumiendo: para quien se sienta ofendido, difamado o calumniado por un medio de comunicación, existen mecanismos en el Estado de Derecho a su alcance. Éste es el camino a tomar y no otro, por mucho que les disguste a los nacionalistas catalanes la manía de la COPE de ofrecer una gran parte de su programación en español.

En esta misma línea se manifiesta Wilfredo Espina, quien ha tenido a bien remitirme un breve artículo al respecto, y que transcribo aquí:

¿Perseguir a la COPE?

Yo protesto por esa persecución a la COPE. No me gusta cierto estilo de algún programa de esta emisora. Pero yo protesto por la campaña persecutoria que se esta llevando a acabo contra ella. Tanto por políticos como por medios y profesionales de la comunicación.
Me he pasado la vida defendiendo la libertad de expresión e información -y fui promotor de introducir la cláusula de conciencia y el secreto profesional en la Constitución- y ahora quiero protestar públicamente por los intentos de querer acallar a unos profesionales y a un medio por vías políticas y administrativas simplemente porque no nos gustan o nos perjudican sus informaciones o sus opiniones.
Si cometen algún delito o lesionan legítimos derechos o intereses, ahí están los tribunales de justicia, y si infunden errores o falsedades, están los derechos de réplica y rectificación. Estas son, en democracia, las vías adecuadas, no las presiones políticas o mediáticas; eso es cosa de tiempos pasados que muchos padecimos.
No me gusta cierto estilo de la COPE, pero daría media vida para defender que pudiera seguir existiendo, y la otra media la dedicaría, si fuese menester, a exigirle rectificaciones, a denunciar los delitos que pudiera cometer, y a pedirle en algún caso un tono menos agresivo que roza a veces la descalificación gratuita o el insulto. Pero siempre utilizando los instrumentos legales.
No con presiones políticas o de intereses, ni mandando emisarios políticos al Vaticano -como también ocurría en otros tiempos- para que este amoneste a la Conferencia Episcopal de la que depende principalmente aquella emisora.
Y resulta particularmente triste que sea desde algunos medios y profesionales de la comunicación que se apoye y aliente esta campaña de intentar tapar la boca a una de las voces que -nos guste o no, como otras tantas- forman parte de nuestro paisaje democrático de libertad de expresión.
No, no es este el camino para protestar ante posibles abusos periodísticos de algún medio. El camino son los tribunales y el ejercicio de los derechos de réplica y de rectificación. Todo lo demás -dossieres, emisarios, campañas, golpes bajos, decírselo a papá o acudir al primo de Zumosol- es salirse del marco democrático.
Que lo hagan ciertos políticos se entiende más. Los malos políticos siempre intentan eliminar al adversario y a silenciar a los discrepantes. Tenemos triste experiencia. Estas prácticas no las podemos desenterrar después de treinta años.