Los Estados totalitarios se caracterizan, en lo que se refiere a los medios de comunicación, por una estructura rígidamente monocéntrica y monocolora controlada por el poder político con el objetivo de propagar una sola voz, la del régimen. En los modernos sistemas democráticos, la independencia y pluralidad del ‘cuarto poder’ se basan principalmente en la introducción de barreras a la intromisión política. Nuestra Constitución, reconociendo la importancia de tales barreras, establece que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» (Art. 20.5).
Pues bien, los partidos políticos catalanes, dando muestra una vez más de su «talante» democrático, han decidido limitar la tutela judicial —imprescindible para asegurar la libertad de expresión— y otorgar a un órgano administrativo —el Consejo Audiovisual— la capacidad para determinar no sólo qué información es veraz o no, sino la de cerrar temporalmente un medio de comunicación. Si la intimidación a quienes expresaban ideas contrarias al pensamiento «políticamente correcto» ya se aplicaba, esta nueva ley supone una paso más en esa dirección. Es la nueva cara de un totalitarismo que, aplicando una de las máximas del fascismo —«todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado»— pretende fagocitar la sociedad en el Estado. Como recuerda Sartori, «No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico; también es necesario que no haya temor. Allá donde existen intimidaciones y donde desviarse de la ortodoxia dominante nos pone en peligro (si no es que al margen), la libertad de expresión se vuelve anquilosada y, en consecuencia, la misma libertad de pensamiento es deformada». Y continúa: «Con la excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo que no puede decir».

Pero no acaban aquí las criticas relacionadas con los medios de comunicación. Hoy mismo, nos hemos enterado que un humorista de la cadena COPE le gastó una broma (sic) al nuevo presidente boliviano, Evo Morales, consistente en hacerle creer que hablaba con el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero. Para empezar, digamos que calificar tal exceso de broma —como hace la COPE— sí es de verdad una broma y, por cierto, de muy mal gusto. El ejercicio del periodismo no sólo comprende derechos y libertades; también deberes y responsabilidades. Aquí hemos defendido el derecho de la COPE a continuar sus emisiones en tanto en cuanto no existiera una orden judicial pero, de la misma forma, exigimos ahora una rectificación pública por su comportamiento tan poco ético, y las correspondientes disculpas a Evo Morales y a Rodríguez Zapatero.
También hoy hemos conocido el acuerdo del pleno del Consejo Audiovisual de Cataluña, en el que se considera que la COPE y sus cadenas asociadas «han incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y de expresión, lo cual supone, asimismo, un incumplimiento grave del régimen concesional al cual dichas entidades se encuentran sometidas». Volvemos al punto de partida: la tutela judicial. Rechazo de pleno la competencia de este o cualquier otro órgano administrativo para valorar si un medio de comunicación se atiene o no a lo establecido en las leyes en cuanto a la libertad de información o de expresión.