El cheque escolar (Por A. Espinosa):
Nadie, o prácticamente nadie, discute que una de las principales responsabilidades del estado moderno es la educación y que éste debe procurar su universalización, es decir, que la educación llegue a todos sus ciudadanos.

Donde se suscita el debate y la controversia es en la conciliación del derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza. Mientras la izquierda pone más énfasis en el derecho a la educación, la derecha hace hincapié en la libertad de enseñanza. Históricamente, la izquierda rechazaba la posibilidad de subvencionar la enseñanza privada con fondos públicos, mientras que la derecha defendía la libertad de enseñanza y de elección de centro por parte de la familia., lo cual implicaba subsidios públicos para que este derecho pudiera ser realmente efectivo. Durante la transición democrática, todos los partidos de izquierda defendían la idea de una escuela pública, única y laica y rechazaban los conciertos. Por otra lado, la Iglesia Católica, los partidos de centro y derecha (incluidos los nacionalistas) y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) defendían el principio de libertad de enseñanza, entendido no sólo como la capacidad de crear centros privados con un ideario propio, sino como la libertad real de elección de los padres, la cual implicaba la necesidad de subvencionar la educación privada para que pudiera ser gratuita.

El debate constitucional y la necesidad de consenso sobre las cuestiones fundamentales de la convivencia democrática empujaron a los principales partidos a un acuerdo básico: la aceptación, por parte de la izquierda, del principio de libertad de enseñanza y de financiación con fondos públicos de los centros privados concertados y, por parte de la derecha, del principio de participación de los padres, profesores y alumnos en la gestión y control de todos los centros sostenidos con fondos públicos y de la libertad de cátedra incluso en los centros con ideario propio.

En la LODE (1985) se plasman tres principios. Primero, los centros que reciben la subvención no pueden cobrar por la enseñanza a sus alumnos. Segundo, los centros concertados han de tener un sistema de admisión de alumnos igual al de las escuelas estatales, es decir, en caso de exceso de demanda, han de prevalecer como criterios de admisión la proximidad al domicilio, el menor nivel de renta y la presencia de hermanos en el colegio. Finalmente las escuelas concertadas tendrán que tener un consejo escolar representativo de la comunidad educativa (titulares del centre, profesores, padres, etc.), con funciones similares a las existentes en los centros públicos.

Este modelo permite la libertad de elección del centro por parte de las familias y se garantiza el principio de igualdad, impidiendo que sean los colegios los que elijan al alumno. No obstante, en la práctica, en los centros concertados todavía se da una cierta selección del alumnado. A pesar de la gratuidad de los centros concertados, actividades extraescolares caras, material escolar caro, etc., son mecanismos económicos que actúan como barreras o filtros de entrada para los hijos de familias de clase baja. De esta manera, los centros concertados, por término medio, mantienen un alumnado de un estatus socioeconómico y cultural un poco más alto que los que van a los centros públicos.

Con sus ventajas e inconvenientes, el sistema de conciertos está funcionado con un cierto grado de aceptación por parte de los diferentes sectores implicados en el sistema educativo, pero las discrepancias ideológicas de fondo continúan aflorando con regularidad. El cheque escolar vuelve a traer a primer plano las diferencias de modelo educativo y de enseñanza.

La idea del cheque escolar tiene una larga historia, con antecedentes en la obra de Thomas Paine y de John Stuart Mill. En su versión moderna fue plateada por primera vez en 1955 por Milton Friedman y posteriormente elaborada por el mismo autor y por Friedrich von Hayek.

Ambos autores admiten que la educación básica se puede establecer con carácter obligatorio y que ha de ser financiada por el estado, porque de ello se derivan importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. No obstante, los dos autores consideran mucho más discutible que la enseñanza deba estar organizada directamente por el poder público. Para ambos, es preferible que haya una amplia pluralidad de escuelas que satisfagan las diferentes preferencias de las familias.

Coinciden ellos en que para que la elección sea real, y ninguna escuela tenga privilegios sobre las demás, la formula más adecuada es el cheque escolar: un bono por un valor determinado que podría ser utilizado para pagar la matricula escolar (total o parcialmente) en la escuela preferida por los padres, siempre que se cumplan unos mínimos requisitos que tendrían que ser homologados por el estado. Según los autores este sistema mejoraría la calidad y la eficiencia del sistema educativo en dos aspectos fundamentales. Por un lado, rompería el casi monopolio que durante décadas ha ejercido el estado en la provisión de la enseñanza, de manera que es más fácil que cada familia pueda encontrar la escuela que mejor se adecua a sus preferencias y valores. Por otro, el sistema educativo pasaría a ser un mercado, donde las escuelas mas eficientes obtendrían más recursos (serian más demandadas) y las menos eficientes tendrían más problemas para sobrevivir, por falta de demanda. Eso constituiría un poderoso incentivo porque las escuelas buscarían mejorar su calidad, como forma de asegurarse su cuota de mercado.

Una variante es la planteada por John Chubb i Ferry Moe. Para ellos, se trataría de distribuir los fondos públicos no a los padres mediante cheque, sino distribuirlos entre todo tipo de escuelas en función de su capacidad de atracción de alumnos. Lo que es fundamental es que cada escuela reciba dineros públicos en función de los alumnos matriculados y tenga independencia para llevar a cabo sus propios programas educativos. Cada escuela podría, así, buscar su posición en el mercado, mediante la especialización en un determinado tipo de enseñanza o, incluso, en una orientación religiosa o filosófica.

Planteado en cualquiera de estas dos modalidades, ¿se preserva el equilibrio necesario entre libertad de elección e igualdad de acceso al servicio público de enseñanza? ¿Suponen estos modelos una mejora en la calidad educativa? Mi respuesta a ambas interrogantes es no. Voy a intentar argumentarlo.

En primer lugar decir que el sistema educativo es un mercado especial, porque la escuela plantea una oferta extremadamente rígida. En este mercado, lo más probable es que la demanda se concentre en unas pocas escuelas de gran calidad, que pronto cubrirían sus plazas, ya que no pueden ampliar la oferta. Así, muchos demandantes no pueden acceder al producto deseado. ¿Cómo se escoge a los que entran? Es la escuela la que decide, la que escoge, generalmente en función de las características sociales y académicas (que como sabemos están muy condicionadas socialmente) de los demandantes. En la práctica, en un sistema de libre elección de escuela, es la escuela la que tiene verdadera libertad de elección, no las familias, que sólo pueden aspirar a ser parte de los elegidos. Es muy probable que formen parte del grupo de escogidos los hijos de las familias de clase media y alta y aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad, es decir, los que serán más fácilmente socializados e integrados en la escuela.

En segundo lugar destacar que muchas familias, cuando eligen educación privada, están comprando en realidad lo que algunos consideran segregación social y otros llaman un medio social mas homogéneo con su origen social, y no tanto mejores profesores ni currículum. Por este motivo la política de cheques generalizada no funcionaria, porque las escuelas de calidad no estarían dispuestas a admitir muchos estudiantes de estatus bajo, y, si se vieran forzadas a hacerlo, el alumnado de clase media y alta abandonaría la escuela, como ya se ha podido constatar en EE.UU.

En relación con la mayor calidad educativa de los centros privados en respecto a los públicos, no existe una constatación empírica sobre tal cuestión. Hay estudios que muestran que los resultados de pruebas de matemáticas y de lectura entre alumnos de las escuelas privadas y estudiantes equivalentes de las escuelas públicas, no mostraban diferencias significativas.

Desde mi punto de vista la capacidad de elección es positiva, no sólo por la libertad de enseñanza que significa, sino también por los elementos de competitividad que introduce, pero no debe colisionar con el principio de equidad e igualdad de oportunidades que ha de regir el sistema educativo.