La política antiterrorista propugnada por Aznar —basada en la lucha policial y judicial, y la Ley de Partidos— concitó, a diferencia de la actual, numerosos apoyos tanto en la sociedad civil como en la clase política. Hoy, gracias a investigaciones periodísticas, sabemos que algunos de aquellos apoyos eran tan falsos como el beso de Judas y así, mientras el PSOE manifestaba su total adhesión a la política de Aznar, negociaba al mismo tiempo con Batasuna en términos opuestos al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Acusar ahora al PP, después de tan innoble comportamiento, de mostrase contrario a la actual negociación por meras cuestiones partidistas expresa la deriva moral y ética de Rodríguez Zapatero en esta cuestión.

Por otra parte, el respaldo obtenido por Aznar en la fallida negociación con ETA se debió probablemente a dos circunstancias: en primer lugar, se trataba del primer atisbo de esperanza en cuanto a la posibilidad del fin de ETA; en segundo lugar, los antecedentes no auguraban en modo alguno concesiones políticas. De hecho, se produjeron acercamientos de presos al País Vasco sin que la sociedad civil o la clase política protestara lo más mínimo. Nada hacía sospechar que estuvieran en juego las estructuras del Estado o el modelo territorial.

¿Cuál es la situación actual? El 7 de abril del presente año, tras la remodelación del gabinete socialista, escribía: «Rubalcaba tiene un perfil más político que Alonso pero, desde mi punto de vista, es el menos indicado. De él se puede esperar todo excepto transparencia y juego limpio. La promesa formulada por Zapatero en el sentido de no pagar un ‘precio político’ no contaba, hasta ahora, con argumentos en contra pero con este nombramiento se han encendido todas las alarmas. Espero equivocarme».

A partir de ese momento las alarmas se han disparado una detrás de otra. Primero fue el cese de Fungairiño; segundo, el giro dado por la Fiscalía y la aplicación de lo que podríamos denominar «indultos anticipatorios»; tercero, la mesa extraparlamentaria donde supuestamente se negociarán las compensaciones políticas a cambio de la paz; y cuarto, la victoria pírrica en Estrasburgo donde no se logró ni el apoyo de los conservadores irlandeses, obteniendo tan sólo trasladar la división de opiniones existente en España al resto de Europa (con ETA robando armas al mismo tiempo).

¿Qué hacer ahora? Lograr la unión de todas las fuerzas políticas en esta cuestión. ¿Cómo? Nombrando una comisión secreta formada por personalidades de distinto signo político para llevar a cabo una discreta negociación. Ésta versaría exclusivamente sobre el desarme, la reinserción de los etarras y el regreso de Batasuna a la arena política. El documento base, como ya indiqué en su momento, podría ser el siguiente:

1.- ETA-Batasuna se compromete a:

1. Entregar todas las armas, explosivos y demás material susceptible de ser utilizado en actos terroristas.
2. Facilitar la labor de la Justicia. Todos los componentes de la banda terrorista que hayan participado en actos delictivos se entregarán a la Justicia de forma que todas las causas judiciales pendientes de resolver se puedan esclarecer. Los que no hubieran participado en atentados donde se produjesen heridos o muertos, podrán acogerse al punto 2.4.
3. Entregar tanto los recursos monetarios como cualesquiera otros – casas, pisos, vehículos,… – que hayan sido obtenidos gracias a la comisión de actos ilegales (secuestros, impuesto revolucionario, etc). Estos fondos se destinarían a las víctimas del terrorismo y a cubrir las responsabilidades civiles derivadas de los actos terroristas.
4. Pedir perdón por el dolor causado a tantas familias y renunciar de forma expresa a la violencia como método para alcanzar fines políticos.

2.- El Estado, por su parte, se compromete a tomar las siguientes medidas:

1. Legalizar a Batasuna.
2. Aprobar medidas que faciliten la reinserción social y laboral de quienes abandonen definitivamente las armas.
3. Trasladar a todos los presos de la banda terrorista a la cárcel más próxima a su domicilio habitual o a la de sus familiares, siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia.
4. Otorgar el tercer grado penitenciario y el pase al “régimen abierto” a los presos sin delitos de sangre siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia y hayan cumplido, al menos, un tercio de su condena.
5. Pedir perdón a la sociedad española por la “lucha sucia” (GAL) y renunciar de forma expresa a utilizar medidas contrarias a la Ley y al Estado de Derecho. El Estado, además, se compromete a indemnizar a los que sufrieron tales prácticas ilegales o a sus herederos en caso de fallecimiento.