Europa ha recorrido un largo camino para construir lo que se conoce como Estado de Bienestar o Welfare State. El término, utilizado ya por Adolph Wagner en 1879, se generalizó tras la publicación del Informe Beveridge en 1942. En él se desarrollaban las ideas que a la postre se convertirían en los pilares de la actual Seguridad Social. Dos años más tarde vio la luz el segundo informe —Full Employment in a Free society—, y lo que hasta entonces no había pasado de ser un experimento —pocos consideraban que la intervención del Estado fuera rentable— se fue consolidando y los poderes públicos estatales fueron asumiendo funciones tradicionalmente desempeñadas por los concejos municipales, las iglesias o las instituciones benéficas.

El sistema gozó desde los años cuarenta de un amplio consenso pero la crisis económica de 1973 hizo ganar enteros a los políticos neoliberales. Para éstos, el Estado del Bienestar favorecía el estancamiento económico, fomentaba la ineficacia y el despilfarro, y reducía los beneficios empresariales. Durante los años 80 los países dieron prioridad a cuestiones muy distintas como la reducción del déficit público y la inflación, y los sistemas de protección social sufrieron importantes recortes al generalizarse en Europa la reducción de impuestos y la flexibilización del mercado laboral.

España, por su parte, nunca ha conseguido situarse a la misma altura de los países más avanzados de Europa. Cuarenta años de dictadura —un 14% del PIB de gasto social frente al 22,95 de media en la UE en 1975— han sido un lastre demasiado pesado y hoy en día la convergencia social aún se antoja como una quimera. Es cierto que durante los primeros años de la década de los 90 dicho gasto aumentó hasta alcanzar el 24 % del P.I.B. en 1993, pero conviene aclarar que este dato esconde el hecho de que la mayor parte de aquél iba a parar a la protección por desempleo, que por aquéllos años rondaba el 24%. En realidad, las inversiones en sanidad, educación o ayudas a las familias no crecieron en la proporción que hubiera sido necesaria. Con el gobierno del PP se apuntalaron las tendencias neoconservadores y el Estado del Bienestar sufrió un duro varapalo. El superávit en las cuentas del Estado no se aprovechó para afianzar el sistema educativo, mejorar la sanidad o cambiar el modelo productivo. De hecho, el gasto social en 1998 estaba entre los tres más bajos de la Unión Europea y la diferencia era de 6 puntos porcentuales. En 2000 había aumentado a 7,2 puntos (La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea).

La llegada al poder del PSOE en 2004 no varió en demasía el panorama. Durante la primera legislatura se mantuvieron constantes las líneas económicas heredadas del PP e incluso se profundizaron en algunas de ellas como la rebaja de impuestos. A principios de 2008, en plena campaña electoral, las alertas sobre la endeblez de nuestra economía y la posibilidad de una crisis  llegaban desde muy distintos ámbitos pero el Gobierno prefirió negar la mayor, prometiendo incluso el pleno empleo. En agosto de ese mismo año la tasa de desempleo española se había disparado y ya superábamos en 4,5 puntos porcentuales la media de la zona euro (en noviembre de 2007 esa diferencia era tan solo de 1,3) y el Gobierno seguía negando la realidad. De haber reconocido a tiempo la gravedad de la situación, es muy posible que las medidas tomadas hasta la fecha hubieran surtido mayor efecto. La tardanza en aplicarlas ha desembocado en una crisis más grave, y probablemente más duradera, que la sufrida por el resto de países europeos.

Mientras España se tambalea pasando de la inflación a la deflación y nos vemos abrumados por el paro y la recesión económica, el Gobierno promete, por activa y por pasiva, mantener los derechos sociales. Es necesario precisar tal afirmación porque, al igual que en los años 90, se trata de una falacia.

En primer lugar, Rodríguez Zapatero confunde “derechos sociales” con “prestación de desempleo” o, dicho de otro modo, le sierra tres patas al Estado del Bienestar para poder afirmar sin ningún rubor que lo suyo es “política de izquierdas”.

En segundo lugar, el desorbitado aumento del paro conducirá al aumento de los fondos que deberán destinarse a cubrir las prestaciones por desempleo. Con un Estado central disminuido por el poder de las CCAA, los privilegios nacionalistas —deuda histórica andaluza, financiación catalana— y las rencillas cainitas, el margen de maniobra es mínimo. Las tres patas restantes —sanidad, educación, pensiones, etc.— sufrirán inevitables recortes y, por ende, el Estado del Bienestar corre el peligro de diluirse en un mar putrefacto.

En tercer lugar, resulta imposible mantener tanto la protección social en sus actuales niveles como impulsar medidas estructurales si no se corrigen a la baja los porcentajes de desempleo. Aquí es donde el Estado debe intervenir de una forma decidida y tirar del carro de la economía mediante el aumento del gasto público con el objetivo de generar empleo aún a costa de un fuerte endeudamiento. La segunda fase, una vez recuperado el consumo, consistiría en aumentar los impuestos directos para paliar las deficiencias en sanidad, educación, justicia, etcétera.

Como ya tuve oportunidad de explicar, la generalizada creencia de que los países con mayor presión fiscal se encuentran entre los menos eficientes y competitivos del mundo es sencillamente falsa. Según el informe Taxation trends in the uropean Union (Edition 2007), Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, Austria y Alemania se encuentran entre los diez primeros puestos de Europa en cuanto a carga fiscal global (total de los impuestos y cotizaciones de seguridad social) y superan a España en la carga fiscal sobre el trabajo (impuestos sobre el trabajo más cotizaciones sociales, dividido entre la remuneración bruta total de los trabajadores). Si comparamos ahora las economías de aquéllos con nuestro país en 12 variables (The Global Competitiveness Report 2007-2008), el resultado es demoledor: los seis nos superan ampliamente en eficiencia y competitividad. Tan sólo tres países se sitúan por detrás de nosotros en una de las variables y cuatro en otra. En el resto, España ocupa una posición inferior.

Concluyo: gasto público coherente y útil más aumento de los impuestos directos (una vez recuperado el consumo) igual a recuperación económica. La formula solo requiere de la voluntad política necesaria para llevarla a cabo.