Archivo categoría «España»
Ya hemos hablado con anterioridad de por qué considero culpable a Garzón en el caso seguido contra él por los crímenes del franquismo, y mantengo mi postura inicial. También critiqué la postura del fiscal por no considerar genocidio tales hechos. Por último, abogué por una actuación más decidida de la Administración en la búsqueda de los miles de hombres y mujeres que aún moran en fosas comunes. Puede parecer contradictorio pero estoy seguro de que lo entenderán tras la lectura de Garzón y la Memoria Histórica y La ceremonia de la confusión.
De hecho, el propio juez arguyó lo mismo cuando una asociación presentó una querella por la “saca” de Paracuellos: “… los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma, a los que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad (Art. 9.3 de la Constitución Española) y tipicidad (Art. 1 del Código Penal)” (Auto de 16/DIC/1998).
Estableció, por tanto, que no se podía acusar de genocidio a los responsables de la matanza de Paracuellos porque tal delito no estaba tipificado en el Código Penal vigente durante la II República.
Unos años más tarde admitió a trámite varias querellas por hechos semejantes pero esta vez los acusados no eran los republicanos sino los franquistas. La respuesta debió ser exactamente la misma y declararse incompetente pues no podía juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad sin quebrantar las normas de retroactividad y tipicidad. El caso debió ir a parar a uno u otro juez en función del lugar donde se hubieran cometido los delitos (asesinato, detención ilegal,…). Sin embargo, creyó estar por encima de la ley y se declaró competente.
Ayer, el sindicato de extrema derecha “Manos Limpias” consiguió, pese a las protestas de la defensa, que se leyera el mencionado auto. Se trata de una prueba casi definitiva contra Garzón que cometió el error de rechazar la primera querella sin entrar en el fondo del asunto. Le hubiera bastado alegar que los asesinatos de Paracuellos no podían tipificarse como de lesa humanidad para que la acusación no dispusiera ahora de una puntilla con la que descabellarle.
No hay día en el que los periódicos no informen de casos de corrupción cometidos por políticos. En algunas CCAA,s como Baleares, Valencia o Andalucía, la sensación de que se trata de un comportamiento generalizado, del que no se libra ningún partido político, provoca un distanciamiento, cada vez mayor, entre los ciudadanos y la clase política. Son capaces, incluso, de falsear su currículum.
¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de Joana Ortega? El error fue atribuido a un “fallo de transcripción” pero, como dice el refranero popular, se coge antes un mentiroso que a un cojo. El involuntario error aparecía no solo en las páginas de la Generalitat sino también en su propio blog personal. Vean al respecto la información publicada en ara.cat.
Hoy he encontrado otro caso semejante: Elena Valenciano, la nueva vicesecretaria general del PSOE, también falsea su currículum. Según publica El Mundo, no completó los estudios de Derecho y Ciencias Políticas pero en Europa no se han debido enterar. Tanto en el portal del Parlamento Europeo como en el sitio de la delegación socialista aparece lo siguiente:
Parlamento Europeo
Delegación socialista
Les dejo también los enlaces:
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4334/Elena_VALENCIANO%20MART%C3%8DNEZ-OROZCO.html
Si después de leer y comparar los datos que a continuación muestro, todavía hay quien pueda creer en la democracia española…
Con el 92,85 % de los votos escrutados:
| Votos | Escaños | Votos por escaño | |
| IU-LV | 1.572.213 | 11 | 142.928 |
| UPyD | 1.076.090 | 5 | 215.218 |
| CiU | 957.643 | 16 | 59.852 |
| EAJ-PNV | 329.786 | 5 | 65.957 |
| AMAIUR | 328.304 | 7 | 46.900 |
Y lo más grave:
AMAIUR y PNV tendrán grupo propio porque han obtenido más de un 15 % en aquellas circunscripciones en las que han presentado candidaturas.
UpyD, con el tripe de votos que los dos partidos citados, no podrá tener grupo propio porque ni alcanza los 15 escaños, ni el el 5 % nacional y tampoco el 15 % en las circunscripciones donde se ha presentado.
CiU, con el mismo número de votos que UPyD, también tendrá grupo propio porque tiene 16 escaños.
Equo con 207.654 votos, es decir más que BNG (2 escaños), CC-NC-PNC (2 escaños) y COMPROMÍS-Q (1 escaño) y solo 41.000 menos que ERC (3 escaños), no ha obtenido ningún representante.
Termino la frase inicial: solo puedo decirle que reflexione. Lo de hoy no han sido unas elecciones democráticas sino un fraude.
Enlaces: resultados electorales 2011 :: resultados convocatorias anteriores.
Por la importancia de la noticia para quienes no tenemos ninguna intención de votar al PP o al PSOE, reproduzco la noticia aparecida hoy en El Mundo:
La dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) decidió ayer recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) su exclusión del debate celebrado anoche en TVE -al que fueron invitados representantes del PSOE, PP, CiU, PNV e IU-. La portavoz del partido, Rosa Díez, aseguró a este diario desde Málaga que esta decisión es «una auténtica vergüenza» y un «abuso de poder» por parte de la televisión pública y de la Junta Electoral Central (JEC). «Ya no saben qué hacer para taparnos la boca», denunció; «la Junta Electoral ha tomado una decisión injusta a sabiendas. ¿O es que tenemos que escuchar a Bildu y no a UPyD?»
La diputada añadió que esta decisión es «una inmoralidad política, una chapuza jurídica y un atentado contra la pluralidad y contra UPyD». Y por eso estudiará, incluso, pedir responsabilidades penales.
La cadena pública, al emitir el cara a cara del lunes entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, estaba obligada por una sentencia del propio Supremo (en respuesta a un recurso de IU) a emitir otro debate con las demás fuerzas políticas. Y el criterio que usó para no invitar a todos los partidos con representación en el Congreso (13 en total) fue llamar a «los partidos con grupo parlamentario propio». Sin embargo, cursó invitación a un grupo formado por tres partidos (ERC-IU-ICV) y no al Mixto, en el que están seis, incluido UPyD. Leer el resto de la entrada »
La anunciada reforma de la Constitución para incluir en ella una limitación del déficit es papel mojado. No debe, por tanto, preocuparnos lo más mínimo. Tampoco debe quitarnos el sueño si se convoca o no un referéndum. Para sustentar tales afirmaciones basta examinar la “calidad” de nuestra democracia. Aunque son varios los pilares, mencionaré tan solo dos: separación de poderes e imperio de la Ley.
Sobre el primero baste decir que el sistema electoral elimina de golpe la separación entre ejecutivo y legislativo hasta el punto que ambos se confunden. Los diputados y senadores, cual dóciles borregos, pulsan el botón indicado por su respectivo portavoz y aquí acaba para la gran mayoría su contribución como servidores públicos. En cuanto a la justicia, aún se vislumbraban rayos de esperanza en lontananza, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la presentación de la coalición Bildu a las elecciones dejó bien claro que era el Gobierno quien dictaba la sentencia. Solo así puede entenderse que dicho Tribunal pasara de ser competente en el amparo de los derechos fundamentales a realizar una nueva valoración de las pruebas e invadiera de esta forma el campo propio del Tribunal Supremo. Adiós definitivo a la separación de poderes.
Nos queda aún el imperio de la Ley. Los servidores públicos deberían dar ejemplo, pero resulta que no hay día en el que los medios de comunicación no informen de autenticas tropelías. Lo peor de todo es que a los políticos les sale gratis incumplir la ley, y no me refiero sólo a los casos más graves de corrupción sino al día a día en la gestión de los recursos públicos. En Zaragoza, por ejemplo, la segunda fase del tranvía se comenzó sin el pertinente permiso de Patrimonio. Se adujo que era más importante comenzar las obras que respetar la ley. Sin duda, un buen ejemplo para los ciudadanos.
¿Qué importancia tiene entonces la reforma de la Constitución? Ninguna. El gobierno de turno la acatará o incumplirá en función de sus intereses, es decir, de cómo ganar las próximas elecciones. El colmo de la inocencia es pedir una reforma integral aprovechando la ocasión ¡Pobres ilusos! ¿acaso creen que somos islandeses?
Actualización (25/08/11 – 21:02): Ni siquiera papel mojado. Los socialistas han convencido a los populares de que la “cifra concreta de déficit no figure en la Constitución sino en una posterior ley orgánica” (El País). Los futuros gobiernos ni siquiera tendrán necesidad de incumplir la Constitución pues les bastará modificar la ley orgánica, un procedimiento más sencillo y menos costoso en términos políticos.
 "multas")
Denuncias
Por enésima vez, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha afirmado que limitar la velocidad máxima en las carreteras no tiene “afán recaudatorio”… y se ha quedado tan ancho.
¿Y si les dijera que el número de denuncias se ha multiplicado por dos desde que gobierna el PSOE? ¿le creerían entoces?
Según datos del propio ministerio de Fomento, el número total de denuncias en 2004 fue de 2.294.253 ( 99,7 denuncias / mil vehículos). En 2009 la cifra se elevó a ¡ 4.868.607 ! (157,2 denuncias / mil vehículos). Indico el valor relativo no vaya a ser que alguno crea que la razón de ese aumento es el incremento del parque automovilístico.
No. En este país el gobierno no tiene ningún interés en recaudar a través de las multas. No. Eso no está pasando.
Abro la edición digital de El País y me encuentro de bruces con la noticia: El Gobierno reduce la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. No puede ser me digo. Es imposible que alguien con sentido común tomé esa decisión.
¡Ah! ¡claro! La idea ha partido de Miguel Sebastián, el mismo que, tras perder las elecciones municipales en Madrid, decidió que lo suyo no era sentarse en los bancos de la oposición y como premio recibió el cargo de ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Solo hay dos posibles explicaciones: o el ministro es tonto o es tonto. No hay más.
Aún cuando la situación no deja de ser preocupante, solo un repunte mantenido en el tiempo pondría en graves apuros a la economía española. Y no me refiero a una o dos semanas sino a meses para que el efecto fuera grave.
En segundo lugar, las precipitaciones en la toma de decisiones nunca son buenas. Imaginen, por ejemplo, que dentro de un mes o menos la OPEP llega a un acuerdo en el sentido de aumentar su producción de petróleo. De hecho, las presiones de EEUU a sus aliados árabes, Arabia Saudí en especial, irán aumentando conforme se agudice la crisis. Nos podremos encontrar, por tanto, con una bajada de precios en fechas próximas, justo cuando nuestro Gobierno haya gastado millones de euros en las nuevas señales.
Y no hablemos ya de la galopante especulación de las empresas petroleras o las aerolíneas en los llamados mercados de futuro del petróleo. O del modo con que se fijan los precios de los carburantes o de los impuestos que conllevan.
Con ineptos e incompetentes como el ministro Sebastián no caben remilgos de ningún tipo. Las elecciones anticipadas no son solo necesarias sino urgentes.
Actualización: al parecer se van a usar pegatinas para las señales. Es de risa 
Epitafio: la medida tomada por el Gobierno solo puede significar que la economía española está mucho peor de lo que nos cuentan. ¿Estamos a punto de entrar en bancarrota?
La Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, la Fundación “María Domínguez” y la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad, dentro de su programa de actividades para el 2011, han organizado las Jornadas sobre: “Nuevas fórmulas e instrumentos de participación “.
Fechas: 24 (tarde) y 25 de febrero de 2001 (mañana y tarde).
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza.
Inscripciones: pcortes@unizar.es
Reconocimiento de 1,5 CRÉDITOS de libre elección por la Universidad de Zaragoza.
Programa: Leer el resto de la entrada »
El pasado 15 de febrero, la llamada “Ley Sinde” fue aprobada en el Congreso. Así votaron y así lo justificaron:
Uxue Barkos Berruezos (Nafarroa Bai): en contra.
Rosa María Díez González (Unión Progreso y Democracia): nuestro voto es negativo, primero, porque criminaliza un comportamiento ampliamente extendido en Internet, que es el intercambio de archivos, a pesar de que los jueces han reiterado que su uso sin ánimo de lucro no constituye un delito. Segundo, porque hurta a los jueces la potestad para el cierre de las páginas web. Tercero, porque atenta contra la neutralidad de la red. Cuarto, porque censura la tecnología, en lugar de promoverla. Quinto, porque se considera ineficaz para resolver el problema por el que ha sido promulgada: la retribución de los autores por el disfrute de sus obras en Internet. Bueno, que les ha servido de disculpa para perseguir actos que no son delictivos, en vez de promover, como dije, las tecnologías en la red. Y, por último, porque denota presiones de gobiernos extranjeros para la defensa de sus propios intereses.
Ana María Oramas González-Moro (Coalición Canaria): en contra.
Francisco Xesús Jorquera Caselas (Bloque Nacionalista Gallego): Asimismo, manifestamos nuestra discrepancia con la disposición final cuadragésimo cuarta, conocida como ley Sinde. Quiero enfatizar que el BNG está decididamente a favor de una protección más efectiva de la propiedad intelectual. La industria cultural gallega se sustenta en un tejido de pequeñas y medianas empresas, especialmente vulnerables a la piratería y a la conculcación de los derechos de autor, pero discrepamos de la forma elegida, y en democracia, señorías, las formas son muy importantes. En vez de abordarse una reforma serena de la Ley de Propiedad Intelectual, precedida de un proceso de diálogo entre los distintos grupos parlamentarios y agentes implicados, se ha optado por una reforma exprés en el marco de una ley con otro objeto, cuyo resultado no ha contentado a nadie. Por mucho que se hayan introducido mejoras en el Senado, no se reúnen aún las garantías jurídicas necesarias cuando hay derechos fundamentales que pueden verse afectados y consideramos anómalo que se cree un órgano administrativo para dirimir conflictos entre particulares atribuyéndole además funciones impropias de un órgano de estas características, por mucho que se haya reforzado la tutela judicial. Por estas razones también votaremos en contra de esta enmienda.
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
- María Nuria Buenaventura Puig: Somos conscientes de la necesidad de defender el libre acceso a la cultura, así como los derechos de autor. Entendemos las potencialidades y dificultades del nuevo escenario que han ido creando las tecnologías de la información, pero reivindicamos el diálogo, la serenidad y el consenso para encontrar las mejores soluciones y exigimos al Gobierno una actitud ecuánime y rigurosa al abordarlas. No ha sido así en lo que hoy se nos plantea. Por todo esto, votaremos en contra.
- Joan Tardà i Coma: Señorías, vamos a votar en contra de la ley Sinde. Como decía el presidente de la Academia de Cine, Internet es el presente, no el futuro, pero la ley Sinde es el pasado. No han querido encontrar un encaje entre Internet, negocio y propiedad intelectual; han optado por la represión. Es verdad que hay un avance entre la filosofía Corcuera de patada a las web y el redactado final que incorpora una cierta mejora en cuanto a la mayor tutela judicial, pero no nos engañamos, la ley Sinde responde exclusivamente a los intereses de los lobbies americanos y de las operadoras, las cuales seguirán ingresando grandes fortunas a costa del ciudadano que paga muy caro el uso de Internet. El Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular han representado un sainete y han desaprovechado una oportunidad para encarar de una vez por todas el problema de cómo adecuar el mismo concepto de propiedad intelectual y de derecho de autor a la era de la digitalización. De hecho, ustedes saben que la subcomisión en el año 2009 ya concluyó que era básico afrontar la modificación integral de la Ley de Propiedad Intelectual. No lo han querido hacer y hoy queda en el aire todo lo que tiene que ver con las operadoras, el límite del dominio público, la transparencia y la gestión de las entidades de gestión, el copyleft, las obras huérfanas y un largo etcétera de problemas por resolver y que no tienen solución. Ustedes han introducido un escenario en el que, como en el juego entre el gato y el ratón, creen que se pueden poner puertas al campo, a la digitalización, y esto no se va a resolver.
Sánchez i Llibre (Convergència i Unió): Nos parece muy positiva también la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, suscrita también por nuestro grupo parlamentario, relativa al cierre de las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya que creemos que mejora sustancialmente el modelo inicial según las siguientes consideraciones. Primero, porque entendemos que estas nuevas enmiendas aseguran mayores garantías jurisdiccionales en el procedimiento de la sección segunda de la comisión de la propiedad intelectual, al establecer la necesaria intervención y autorización judicial en dos momentos, el inicial, para identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que esté realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de la propiedad intelectual; y en un segundo momento, señorías, cuando se tenga que ejecutar el cierre de la página web en cuestión. Este cierre, señorías, no se podrá llevar a cabo por la comisión de la propiedad intelectual sin la previa autorización judicial, que valorará la posible afectación de los derechos y libertades garantizados en la Constitución, y este es para nosotros un hecho relevante. En segundo lugar, es importante destacar que no va en contra de los usuarios. Repito, este acuerdo no va en contra de los usuarios, como sucede, señorías, en otros países de nuestro entorno, sino que únicamente se aplicarán medidas contra el prestador del servicio de la sociedad de la información que esté lucrándose o produciendo un daño patrimonial por esa vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Por tanto, queda aquí también reflejada nuestra postura y cuál va a ser la posición de nuestro grupo parlamentario votando favorablemente…
Nadal Belda (Partido Popular): a favor (ni una sola mención a la “Ley Sinde”).
Gastón Menal (PSOE): a favor (ni una sola mención a la “Ley Sinde”).
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Escribía en el título “punto y seguido” porque la guerra no ha acabado. La primera batalla ha finalizado pero aún quedas dos más: la redacción del reglamento y la respuesta de los jueces.
Respecto a la primera no cabe duda de que la industria audiovisual saldrá de nuevo ganadora. Ya se encargará de ello González-Sinde, que por algo la auparon al ministerio de Cultura. De hecho, estoy seguro de que ese reglamento ya está redactado y solo esperan a que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (paso necesario para que funcione el tinglado) para presentarlo en sociedad.
Los jueces tendrán la última palabra. Dado que no podrán valorar si se vulneran o no los derechos de propiedad intelectual (recuerden que no entran en el fondo del asunto y no cierran el sitio), bastaría con que un juez planteara una cuestión de constitucionalidad para detener todos los procesos de la misma naturaleza.
La solución final ya está de camino: el PP y el PSOE han pactado que el cierre de un sitio en Internet lo decidirán cinco personas: el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Los jueces no decidirán sobre el cierre de los mismos, es decir, que no entrarán a valorar si el sitio en cuestión vulnera la ley en relación a la propiedad intelectual.
La única garantía judicial, tan en boca de unos y otros, es la que ofrece la Justicia. Sólo a ella le debería competer el cierre de un sitio en Internet. Pero no, aquí, en este país, los tics franquistas afloran en cuanto se les lleva la contraria.
Pero aún queda lo mejor: esos cinco sujetos investidos de poder por el mismísimo Dios podrán interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.
En esta frase se esconde la hipocresía de quienes, para defender un derecho (propiedad intelectual), se erigen en juez y parte. Señores del PP y PSOE: el ánimo de lucro ya está contemplado en el Código Penal (art. 270): “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”
¿Por qué entonces es necesaria una comisión para juzgar un hecho ya contemplado en el Código Penal? Porque así podrán cerrar cualquier sitio por el mero hecho de enlazar a contenidos audiovisuales que vulneren derechos de propiedad intelectual. Esta es la batalla: enlazar no debe ni puede ser delito. Eso, señores míos, es censura.
Lean, lean: pacto del PP y PSOE sobre la Ley Sinde.
Me olvidaba: con la ley en la mano, deberíamos cerrar todos los buscadores y, pensándolo bien, voy a ponerme en contacto con la Asociación de Internautas para promover una denuncia contra aquéllos. Tal vez así se den cuenta (los políticos) de hasta dónde llega su estulticia.
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Bitácora patrocinada por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
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