Archivo «mayo de 2005»

Hoy nos encontramos con dos noticias convergentes que, en principio, no nos deberían sorprender: por un lado, el Correo Digital publica que ETA envió al Gobierno, hace ya un año, una propuesta para «solucionar el conflicto»; por otro lado, Fernando Savater relata que Zapatero reveló a unos amigos el pasado sábado que había recibido una oferta de ETA para dejar las armas «sin letra pequeña y sin contrapartidas políticas, con la única condición de que se dé salida a los terroristas presos». Ningún elemento nos permite dudar de la veracidad de estas informaciones y ello me lleva a preguntar si Rajoy fue informado de la oferta o, si por el contrario, acudió al debate sobre el "Estado de la Nación" en la más completa ignorancia. Puede parecer baladí la pregunta pero el escenario político cambia radicalmente en función de la respuesta. Si Rajoy conocía la oferta de ETA, su intransigencia se convierte en inconsciencia supina y por ende reprobable y mezquina. Si Zapatero no informó a Rajoy o, lo que sería aún más grave, si sólo informó a sus acólitos y a sus socios de gobierno, nos encontraríamos entonces justo con lo que tanto han criticado los socialistas, a saber, el uso partidista de la lucha antiterrorista. Nadie niega la conveniencia de negociar con discreción pero los cientos de muertos y heridos causados por el terrorismo merecen algo más que estos juegos malabares y chisteras milagrosas: Rajoy y Zapatero nos deben una explicación y, cuanto antes, mejor.

ULTIMA HORA: Aclaración de Fernando Savater a ABC. Por su parte ABC ha respondido con la siguiente nota: "La aclaración de Fernando Savater sobre lo relatado el día anterior a este diario (en la que se hace plenamente responsable de lo que llama «un malentendido») llegó a la Redacción de ABC desde la Secretaría de Estado de Comunicación y con el membrete de Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo refleja así su interés en que no cunda la idea de que hay contrapartidas en la negociación. El texto firmado por Savater mezclaba conceptos y aludía a una carta a la que no se hacía referencia expresa en la información de este diario. Moncloa no explicó por qué distribuye matizaciones de particulares.

El otro día les proponía un ejercicio nada sencillo: ponerse en la piel de un diputado y decidir el sentido de su voto para cada una de las propuestas de resolución presentadas a raíz del debate sobre el "Estado de la Nación". Para no aburrirles me limitaré a exponer cual hubiera sido mi voto para la propuesta núm. 63 del PP y la núm. 80 del PSOE. Ambas se refieren a la lucha contraterrorista:

• Propuesta núm. 63: NO. Motivo: intransigencia absoluta y paso atrás respecto al anterior pacto. En el punto 5 del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito por el PP y el PSOE (12/12/00) se podía leer: "la política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución". Ahora, sin embargo, el PP afirma que los terroristas "deben saber que no se beneficiarán de beneficios penitenciarios, que cumplirán las penas en su totalidad, y que su patrimonio quedará ligado ineludiblemente al resarcimiento de las víctimas". El Estado puede y debe ser -hasta cierto punto- magnánimo con quien renuncie a la violencia y se entregue a la Justicia.
• Propuesta núm 80: ABSTENCIÓN. Motivo: principalmente porque no se establece de forma clara hasta qué punto cederá el Estado en aras de un posible acuerdo. Si la intransigencia del PP en esta cuestión es criticable, aún lo es más el silencio del PSOE por cuanto su actitud sólo conduce a la especulación. En un terreno tan delicado como la lucha antiterrorista no se debe ni se puede caer en el error de permitir la más mínima sospecha hacia las actitudes que se defienden. En segundo lugar y partiendo de la ya clásica distinción formulada originalmente por Chester Barnard en 1947 entre efectividad y eficiencia, la nueva propuesta aún tiene que demostrar que puede ser efectiva, es decir si logrará su objetivo (la desaparición del terrorismo) -¡ojalá lo alcance! aunque no a cualquier precio- y además es ineficiente ya que las consecuencias no deliberadas (ruptura con el principal partido de la oposición) pueden tener graves consecuencias en un asunto tan importante como la lucha antiterrorista. Por contra, el anterior pacto fue parcialmente efectivo (ETA estaba más debilitada que nunca aunque no derrotada) y mucho más eficiente. Contó con mayor respaldo parlamentario (el 88% de los diputados frente al 58,29% del actual pacto. En número de votos la proporción es del 79,95% frente al 62,09 %) y sus efectos secundarios fueron mínimos. Suele mencionarse como efecto no deseado la ruptura con los partidos nacionalistas vascos pero los que se arrojaron en brazos de ETA y se desmarcaron del "Pacto de Ajuria Enea" fueron precisamente los propios nacionalistas con la firma del Pacto de Estella (Pacto de Lizarra-Garazi) en 1998.

La ruptura PP-PSOE: Verter en exclusiva sobre el PP o sobre el PSOE la responsabilidad de la ruptura institucional es un error. En este sentido comparto las reflexiones de Ignacio Sánchez-Cuenca: "En un país con una oposición responsable lo lógico es que pudiera llegarse a un acuerdo con el Gobierno sobre esta cuestión. El Partido Popular parece no querer reconocer que se ha producido un cambio en ETA del que hay que sacar consecuencias. A su juicio, quien se desvíe de las políticas que el Gobierno de Aznar llevó a cabo traiciona la memoria de las víctimas y es partidario de echarse en brazos de ETA. Se trata de una actitud incomprensible, y muy dañina, pues los terroristas saben que sus acciones tienen un eco mucho mayor cuando los grandes partidos se enfrentan en este terreno. El PP está utilizando oportunistamente la ética de las convicciones para debilitar como sea al Gobierno del PSOE. Pero el Gobierno, incluso con una oposición tan cerril, podría haber planteado mejor la cuestión. Por ejemplo, convocando una reunión del Pacto Antiterrorista, compartiendo la información privilegiada que tuviera en este momento y tratando de persuadir al PP sobre la necesidad de este viraje en la política antiterrorista. Antes de llegar a la resolución parlamentaria aprobada por todos los grupos salvo el PP, hubiera sido también beneficioso lanzar un debate más pausado en el que pudieran exponerse las razones a favor y en contra del diálogo, lo que nos hubiese ahorrado parte de las necedades e insidias que estamos escuchando estos días." [¿Cómo abordar el final de ETA?].

En cuanto a la lucha terrorista, sigo sin comprender el cambio de estrategia impulsado por el PSOE cuando la actual estaba funcionando razonablemente bien. Del nuevo pacto destaco el párrafo más problemático: "Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular". ¿Qué condiciones? ¿qué actitudes? ¿una tregua? ¿un período de inactividad? ¿un año sin poner bombas?. Más preguntas: ¿qué se negociará? ¿la excarcelación de los presos? ¿rebajas de las penas? ¿medidas de gracia para quienes no estén implicados en delitos de sangre?. Muchas preguntas pero ninguna respuesta. En realidad, el Parlamento español se ha limitado a entregar un cheque en blanco al Sr. Zapatero para que lo use y lo cifre en los términos que mejor le parezcan o más le convengan. Inaceptable se mire por donde se mire porque los españoles tenemos derecho a conocer, como mínimo, qué propuestas se plantearían en una hipotética negociación. No me gustaría acabar el comentario de hoy sin ofrecer MIS PROPIAS RESPUESTAS.
     Si ETA-Batasuna renuncia a la violencia de forma pública y decide deponer las armas o bien no intenta cometer ningún atentado durante, al menos, dos años, autorizo al gobierno de España a negociar con la banda terrorista en los términos siguientes:
ETA-Batasuna se compromete a:

1. Entregar todas las armas, explosivos y demás material susceptible de ser utilizado en actos terroristas.
2. Facilitar la labor de la Justicia. Todos los componentes de la banda terrorista que hayan participado en actos delictivos se entregarán a la Justicia de forma que todas las causas judiciales pendientes de resolver se puedan esclarecer. Los que no hubieran participado en atentados donde se produjesen heridos o muertos, podrán acogerse al punto 2.4.
3. Entregar tanto los recursos monetarios como cualesquiera otros – casas, pisos, vehículos,… – que hayan sido obtenidos gracias a la comisión de actos ilegales (secuestros, impuesto revolucionario, etc). Estos fondos se destinarían a las víctimas del terrorismo y a cubrir las responsabilidades civiles derivadas de los actos terroristas.
4. Pedir perdón por el dolor causado a tantas familias y renunciar de forma expresa a la violencia como método para alcanzar fines políticos.

El Estado, por su parte, se compromete a tomar las siguientes medidas:

1. Legalizar a Batasuna.
2. Aprobar medidas que faciliten la reinserción social y laboral de quienes abandonen definitivamente las armas.
3. Trasladar a todos los presos de la banda terrorista a la cárcel más próxima a su domicilio habitual o a la de sus familiares, siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia.
4. Otorgar el tercer grado penitenciario y el pase al "régimen abierto" a los presos sin delitos de sangre siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia y hayan cumplido, al menos, un tercio de su condena.
5. Pedir perdón a la sociedad española por la "lucha sucia" (GAL) y renunciar de forma expresa a utilizar medidas contrarias a la Ley y al Estado de Derecho. El Estado, además, se compromete a indemnizar a los que sufrieron tales prácticas ilegales o a sus herederos en caso de fallecimiento.