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El Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, abogó ayer por cambiar el término «nacionalidad» por el de «comunidad nacional» cuando se hace referencia a determinadas Comunidades Autónomas y lo explicaba de esta forma: «La comunidad nacional vasca se extiende, como se explica bien en el célebre plan Ibarretxe, en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes. La comunidad nacional catalana abarca al menos tres Comunidades Autónomas. De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque este último no tiene componente territorial».
En principio, no nos deben extrañar tales declaraciones pues reflejan exactamente lo propuesto por el PSE-EE en el País Vasco y así queda reflejado en el documento Bases para actualización y reforma del Estatuto de Autonomía (recordemos que Rubio Lorente fue nombrado por Rodríguez Zapatero). Aunque la formulación parece inocua, debemos tener siempre presente las premisas sobre las que descansan las estructuras nacionalistas vascas y catalanas:
.- como identidades culturales diferenciadas (?), asumen que tienen derecho a una organización política independiente (Estado).
.- cada “pueblo” tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio donde habita.
De ahí que la propuesta de Rubio Lorente tenga el efecto contrario al que sugiere y abra la puerta a futuras reclamaciones territoriales basándose en una supuesta identidad cultural. Al final, y esto es lo realmente lamentable, los derechos individuales y los valores cívicos son pisoteados por la verdad nacionalista. Como escribe Álvarez Junco la visión nacionalista está basada en «la creencia de que los seres humanos se encuentran agrupados en unos entes colectivos, estables en el tiempo y diferenciados entre sí tanto por sus rasgos culturales como por las características psicológicas y éticas -la manera de ser- de los individuos que los componen» (Mater Dolorosa, Taurus, 2001, pág. 12-13). Una creencia, por cierto, de la que no se escapa ningún nacionalismo y carente por completo de justificación científica.
En mi modesta opinión, la solución pasa por deslindar el concepto jurídico del histórico y simplemente nominar a todas por igual: “Comunidad Autónoma”. Cualquier otra fórmula solo conduce a crear ciudadanos de primera y de segunda clase y, por lo tanto, a renunciar a lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
La noticia: ABC – EL MUNDO – EL PAIS
Al final… y veinte días después de iniciarse las negociaciones entre los afectados del Carmel y la Generalitat, se ha llegado a un acuerdo que, a decir de los representantes de los afectados, es satisfactorio. Dicho acuerdo se restringe a los propietarios de los cuatro edificios derribados por lo que aún queda por indemnizar al casi millar de personas que fueron desalojadas de sus viviendas por la aparición de grietas. Mientras tanto el 3% se ha convertido en el comentario favorito de todos los programas de humor. Y algo que no acabo de entender: si Maragall conocía las supuestas prácticas delictivas de CIU, ¿por qué no puso la correspondiente denuncia?
Por otra parte el artículo de Jorge M. Reverte me deja estupefacto. Aunque coincido con su diagnóstico sobre la calidad de nuestra democracia, causa estupor leer que "el hundimiento del barrio del Carmel y el incendio de la torre Windsor no han sido catástrofes naturales, sino el resultado de una cadena de despropósitos". Los socavones del Carmel tiene un origen innegable y se llama "negligencia" pero afirmar que el incendio del Windsor es producto de los despropósitos políticos es sencillamente ridículo. O al menos lo será mientras no finalicen las investigaciones, las cuales, de momento, ya han determinado que la grabación donde se veían dos figuras humanas es auténtica. En todo caso, podremos hablar de despropósito si, en un margen razonable de tiempo, tanto la Comunidad de Madrid como el resto de Comunidades Autónomas no refuerzan las medidas preventivas contra este tipo de accidentes (?). ¿Y el Estado? ¿no tiene nada que decir en este asunto? Si tan deficitaria es la legislación actual, ¿por qué no actúa y promueve una Ley Orgánica que armonice la legislación autonómica? ¿O sólo vamos a pedir responsabilidades en función del color de quien gobierna?
Ni derechas, ni izquierdas. Poco importa el color ideológico de nuestras elites políticas. En todas y cada una de las desgracias acaecidas en estos últimos años -aceite de colza, Pretige, Barrio del Carmel por citar sólo algunas- estos pájaros han adquirido la mala costumbre de eludir responsabilidades sin que los ciudadanos podamos hacer mucho por evitarlo. En esta ocasión, sin embargo, han ido más allá de lo previsible. Me refiero, en concreto, al intento de ‘apagón informativo’ que recuerda a tiempos peores.
¡Si al menos pudiéramos confiar en la Justicia! ¡Pero no! No podemos porque esta institución se han convertido por obra y gracia de los políticos en un mal irresoluble. Lentitud, ineficacia, falta de medios materiales y humanos, subordinación a los dirigentes de turno, politizada por unos y otros, … Son solo algunos de los defectos que, sobre la justicia en este país, comparten probablemente muchos de mis conciudadanos.
Fotografía: Vecinos del barrio del Carmel buscan objetos personales entre los escombros del edificio derruido (EFE, 06/02/05).
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Bitácora patrocinada por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
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