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El pasado día 27 de diciembre, el diario El País publicaba un artículo, Diversidad e igualdad, un falso dilema, en el que su autor —Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya Verds— defiendía el proyecto de Estatuto de Cataluña, al que calificaba de equitativo y eficiente en materia económica.
El modelo propuesto en el Estatuto catalán se asemeja al cupo vasco y a la aportación navarra y, curiosamente, ninguno de estos dos sistemas puede calificarse precisamente de «equitativo». Coinciden en ello tanto expertos económicos adscritos a la derecha —Alberto Recarte— como a la izquierda —Ángel de la Fuente— y, sin embargo, ningún grupo político se atreve a cuestionar su existencia. El PP rechaza la financiación catalana pero, que sepamos, entre sus planes no figura reformar la Constitución en el sentido de suprimir la «excepción» vasca y navarra. El PSOE, por su parte, niega a Cataluña lo que acepta sin recato para los mencionados territorios.
Lo más grave, sin embargo, es el deslizamiento de Joan Saura hacia la Edad Media en materia fiscal: el Estatuto catalán —según dicho político—es eficiente porque establece «la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos». En el siglo XVIII, Ensenada proyectó la abolición de varios impuestos —alcabalas, cientos y millones— y su sustitución por un único impuesto sobre la renta , el catastro, de aplicación a todos los ciudadanos sin importar condición y clase, y basado en la capacidad económica de aquéllos. La idea fue arrinconada en un primer momento pero, con el paso de los años, se convirtió en piedra angular de los sistemas fiscales de las sociedades más avanzadas, incluida la española. En las postrimerías del siglo XIX, el Estado intervendría de forma más decidida en la economía, sentando las bases del llamado Estado del Bienestar. A la creación de un sector público económico se añadió la obligación, por parte del Estado, de garantizar la prestación a todos los ciudadanos de una serie de servicios públicos en determinados ámbitos como la sanidad o la educación. Sin embargo, el razonamiento de Joan Saura aplicado a la ciudadanía invertiría el proceso histórico y convertiría la solidaridad en papel mojado pues entonces «a mayor renta, más servicios». Llegamos a este absurdo medieval porque Saura y el resto de nacionalistas parten de una premisa falsa al sustituir el concepto «ciudadano» por el de «territorio»; en realidad, no son los territorios quienes tributan sino los ciudadanos y, por supuesto, nadie puede alegar «mayor esfuerzo» ya que la presión fiscal es la misma para todos. El acceso de aquéllos a iguales servicios en el conjunto del Estado no depende del esfuerzo fiscal de uno u otro “territorio”, sino de los mecanismos de solidaridad que se establezcan. Estos mecanismos de ningún modo pueden basarse en la “renta” de una determinada región sino en las necesidades concretas de los ciudadanos: a mayores necesidades, mayores recursos. Lógicamente, la estructura geográfica —en mayor medida que la administrativa o territorial— influye. No es lo mismo, por ejemplo, un plan sanitario para una zona con poca densidad de población que para otra con sus habitantes concentrados en unos pocos núcleos urbanos. En todo caso, poco debe importarnos lo “ricos” que sean sus habitantes aunque algunos pretendan convencernos de todo lo contrario. Desde luego, hay quienes han perdido el rumbo y ya no saben ni dónde está su mano izquierda.
Según publican varios medios de información, Rajoy le propondrá a Zapatero un pacto para reformar el proyecto de Estatuto de Autonomía catalán. El anuncio, tras semanas de rechazo frontal, llega tarde: el PP debe abandonar su rígido mensaje y confiar más en los instrumentos del Estado de Derecho. Por otra parte, su inmovilismo en materia constitucional implica cerrar los ojos ante las pretensiones —legítimas a priori— de mayor autogobierno por parte de determinadas regiones españolas. Entre este inmovilismo y el modelo catalán o el vasco se podrían buscar fórmulas que, sin romper la solidaridad interregional, satisficieran aquellas demandas. Durante los ocho años de mandato popular, la agenda política de este partido nunca contempló la posibilidad de reformar el modelo de Estado pero no por silenciar el problema, desaparece éste. Comenzando por el Senado, pasando por la ley electoral y acabando por el Título VIII (Organización Territorial del Estado) de la Constitución se hace necesario un gran acuerdo entre el PP y el PSOE que permita renovar el pacto firmado durante la transición y, de paso, dedicar los esfuerzos a otros asuntos más prosaicos, pero no menos importantes, como la educación, la vivienda, el paro, …
Aunque ayer Mariano Rajoy brindó en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) por el cava catalán y criticó a quienes rechazan los productos catalanes, el PP debe asumir su parte de responsabilidad en este desaguisado. Una responsabilidad compartida con el PSOE: si al grito casi permanente de “viene el lobo” del PP le sumamos el revisionismo político de la Historia —”buenos y malos”, “rojo”, etc. — al que se ha lanzado el PSOE y las mutuas descalificaciones, no podemos esperar sino tempestades como la agresión verbal a Carrillo o el citado boicot por mencionar tan sólo dos ejemplos. Las “agresiones políticas” acaban transcendiendo a la sociedad lo que en este momento, además, permite a los nacionalistas presentarse como víctimas de la “opresión española”.
Por último, no quiero finalizar hoy sin comentar la noticia aparecida en el País bajo el título El Poder Judicial se salta su propia ley para forzar un informe del Estatuto catalán. Si bien es cierto que el CGPJ no tiene la obligación de emitir informes salvo en caso de anteproyectos de ley que afecten a determinadas materias, no lo es menos el hecho de que el Congreso y el Gobierno tienen la potestad para requerirlos cuando se trate de proposiciones de ley, como la del Estatuto catalán. Sin embargo, el PSOE prefirió consultar a expertos “amigos” dejando al margen un órgano consultivo del Estado cuya única función es precisamente la de informar. Un suspenso democrático para ambos —CGPJ y PSOE—.
Si nos atenemos a las previsiones, el pleno del Congreso del mes de noviembre debatirá el Estatuto catalán con el propósito de aprobar o rechazar su tramitación. El procedimiento es, por tanto, idéntico al que siguió el proyecto de reforma del Estatuto vasco que, como recordarán, fue rechazado gracias, entre otros, a los votos del Grupo Socialista. En el pleno, celebrado el pasado 1 de febrero, el portavoz socialista —Pérez Rubalcaba— anunció que «vamos a votar no» y adujo, entre otras razones, la inconstitucionalidad del proyecto: «el plan desborda claramente nuestro marco constitucional» y «los socialistas nunca estaremos detrás de un proyecto, [...], que exija un cambio de la Constitución, nunca». Finalmente apostilló: «estamos ante un proyecto de reforma que reclama un cambio radical y sustancial de nuestra Constitución, y desde esa perspectiva es un proyecto mal concebido, porque se nos trae a esta Cámara como una reforma del Estatuto de Guernika y no es verdad; para que esta reforma fuera viable —y ese es el debate que tenemos hoy aquí— habría que haber cambiado radicalmente la Constitución». El Estatuto vasco fue finalmente despachado y su tramitación rechazada.
¿No nos encontramos ahora en el mismo caso? ¿Acaso el estatuto catalán no esconde una reforma encubierta de la Constitución? Destacados dirigentes socialistas como Manuel Chaves y Rodriguez Ibarra han recalcado su oposición al proyecto, y el propio Rodríguez Zapatero admitió su inconstitucionalidad al reconocer la necesidad de reformar hasta cinco puntos clave del nuevo Estatuto «para adecuarlo a la Constitución».
¿Por qué entonces admitirlo a trámite? ¿Por qué no se rechaza? ¿Por qué no se devuelve como se hizo con el estatuto vasco? Sólo cabe una respuesta: Zapatero es rehén, no sólo de ERC e IU, sino del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya). La pretendida igualdad entre todos los españoles se diluye ante el doble rasero utilizado por los socialistas: siendo aplicables los argumentos esgrimidos por aquéllos tanto para uno como para el otro, el vasco fue rechazado por el Congreso y el catalán recibirá el visto bueno para comenzar su tramitación.
Documentos, noticas y análisis en El Estatut catalán (I)
«El ansia de una interpretación de la historia está tan arraigada que, si no tenemos un enfoque constructivo del pasado, somos arrastrados al misticismo o al cinismo.» Sir Maurice Powicke (Conferencia en la toma de posesión de la cátedra Regius de Historia Moderna en Oxford, 1929).
Si la inclusión de los «derechos históricos» no levantó crítica alguna en la propuesta de Estatuto valenciano, un acuerdo entre Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) sobre la misma cuestión ha provocado un serio enfrentamiento de dichos grupos con el PSC-PSOE. En concreto, dicho acuerdo consiste en añadir la frase «En virtud de la actualización de los derechos históricos de Cataluña se incorpora a a la Generalitat…” a varios artículos que hacen referencia a competencias.
En ambos casos debemos preguntarnos a qué derechos históricos se aluden con tanta alegría. O dicho de otra manera, cuándo paramos el reloj histórico. Resulta evidente que todos los nacionalismos lo detienen cuando más les interesa sin caer en la cuenta que las estructuras políticas y sociales, en un momento o en lugar concreto, quedan explicadas por las condiciones históricas del momento y del lugar. Convertir aquéllas en valores absolutos y suprahistóricos es un error monumental. El contenido práctico de estos absolutos como la igualdad, la libertad o los derechos civiles y políticos varían de un período a otro y, por tanto, no puede reclamarse para ellos una objetividad más allá del alcance de la historia. El problema no es tanto la utilización del reloj histórico como el intento mismo de levantar un punto de referencia concreto y concederle un valor absoluto con el que medir el presente.
En segundo lugar, conviene destacar el objetivo fundamental de estas propuestas, a saber, proteger «su» propiedad y evitar futuras reformas estatutarias que puedan recortar las actuales competencias. El pueblo, como soberano de su futuro, pasa a segundo plano cuando se corre el peligro de que aquél tome decisiones contrarias a las defendidas por los nacionalistas. Por contra, la «voluntad del pueblo» se convierte en el argumento fundamental cuando se postula la independencia. Esto tiene un nombre: cinismo.
La carrera emprendida por las distintas Comunidades Autónomas para actualizar sus respectivos estatutos se parece, cada vez más, a la de los autos locos, aquella serie de dibujos animados en la que los pilotos intentaban ganar el título de «Piloto Más Loco del Mundo». Aunque el debate político se centra en el Estatuto de Cataluña, una rápida ojeada al valenciano nos muestra hasta qué punto los políticos han perdido el rumbo. En la exposición de motivos puede leerse, por ejemplo, lo siguiente: Es necesario que a través de la recuperación de «Los Fueros del Reino de Valencia» recupere también nuestra Comunidad la dignidad perdida como consecuencia de la abolición llevada a cabo por la injusta promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707. Por eso mismo el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos de los Fueros del Reino en plena armonía con la Constitución Española. Si tanta relevancia tienen dichos fueros, tal vez deberíamos los aragoneses ir pensando en reclamar aquellas tierras pues, no en vano, fue Jaime I -dueño y señor de la Corona de Aragón y conquistador de Valencia- quien creó de derecho el Reino de Valencia cuando en 1239 tuvo a bien otorgarles la Costum. Código legal éste que, al año siguiente y con adiciones, se convertiría en los Furs o Fueros de Valencia.
Pero dejemos a un lado tales referencias históricas porque, en realidad, no conducen a ninguna parte y detengámonos en un asunto de máxima actualidad. Me refiero en concreto al agua y a la regulación de las cuencas ya que, según se desprende del texto, los valencianos tienen «derecho» a los excedentes que les plazca: [..] Igualmente, se reconoce el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad (Art. 17.1). El recurso al pleonasmo (sobrantes – excedentarias) no les libra de su pecado ya que, según la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (Art. 149).
El Estatuto valenciano se ha presentado como modelo respetuoso con la Constitución y ejemplo de «construcción nacional» pero recordar viejos privilegios -¡derogados en 1707!- e invadir las competencias exclusivas del Estado no parece el mejor camino. Si éste es el modelo a seguir, ya me dirán ustedes qué pensar del nuevo estatuto catalán. No se molesten en buscar la versión en español porque sólo está disponible en catalán y tampoco se sorprendan por ello. Son los mismos que propusieron doblar al catalán las páginas web de los organismos oficiales y, al mismo tiempo, derogaron hace un mes la normativa de 1996 sobre el uso del catalán en la Televisión y Radio autonómica catalana para sustituirla por otra que gustosamente hubiera firmado cualquier totalitarista que se precie de ello. Los entrevistados sólo podrán contestar en español de forma «excepcional y motivada», los e-mail, cartas, SMS, … serán traducidas y leídos en catalán y «es donarà prioritat a la presència dels convidats d’expressió lingüística catalana». Y volvemos de nuevo a la Constitución española: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (Art. 3.1) y los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Art. 14).
El Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, abogó ayer por cambiar el término «nacionalidad» por el de «comunidad nacional» cuando se hace referencia a determinadas Comunidades Autónomas y lo explicaba de esta forma: «La comunidad nacional vasca se extiende, como se explica bien en el célebre plan Ibarretxe, en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes. La comunidad nacional catalana abarca al menos tres Comunidades Autónomas. De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque este último no tiene componente territorial».
En principio, no nos deben extrañar tales declaraciones pues reflejan exactamente lo propuesto por el PSE-EE en el País Vasco y así queda reflejado en el documento Bases para actualización y reforma del Estatuto de Autonomía (recordemos que Rubio Lorente fue nombrado por Rodríguez Zapatero). Aunque la formulación parece inocua, debemos tener siempre presente las premisas sobre las que descansan las estructuras nacionalistas vascas y catalanas:
.- como identidades culturales diferenciadas (?), asumen que tienen derecho a una organización política independiente (Estado).
.- cada “pueblo” tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio donde habita.
De ahí que la propuesta de Rubio Lorente tenga el efecto contrario al que sugiere y abra la puerta a futuras reclamaciones territoriales basándose en una supuesta identidad cultural. Al final, y esto es lo realmente lamentable, los derechos individuales y los valores cívicos son pisoteados por la verdad nacionalista. Como escribe Álvarez Junco la visión nacionalista está basada en «la creencia de que los seres humanos se encuentran agrupados en unos entes colectivos, estables en el tiempo y diferenciados entre sí tanto por sus rasgos culturales como por las características psicológicas y éticas -la manera de ser- de los individuos que los componen» (Mater Dolorosa, Taurus, 2001, pág. 12-13). Una creencia, por cierto, de la que no se escapa ningún nacionalismo y carente por completo de justificación científica.
En mi modesta opinión, la solución pasa por deslindar el concepto jurídico del histórico y simplemente nominar a todas por igual: “Comunidad Autónoma”. Cualquier otra fórmula solo conduce a crear ciudadanos de primera y de segunda clase y, por lo tanto, a renunciar a lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
La noticia: ABC – EL MUNDO – EL PAIS
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