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Patxi López a Rajoy en la capilla ardiente donde se velaban los restos aún tibios de Isaías Carrasco: «Acepto el pésame, pero espero que nadie más de tu partido diga de ni un solo socialista que agredimos o traicionamos a las víctimas o que cedemos ante el terrorismo».

Santiago González le recuerda al dirigente socialista algunas de sus actuaciones y afirmaciones en Carta a Patxi López. En cuanto a la tan manida negociación política, añadiré un apunte: desde el primer momento los socialistas aceptaron la creación de una “mesa política” y no creo que en ella se fuera a hablar del tiempo. Si quieren pruebas lean el Diario del Congreso nº 209 para comprobar qué respondió la vicepresidenta del Gobierno a una pregunta directa sobre la cuestión.

La concesión de la prisión atenuada a De Juana no hubiera provocado tanto alboroto si no fuera porque se produce tras el fracaso de las negociaciones del Gobierno con ETA. Es legítimo, por tanto, preguntarnos si la decisión de Rubalcaba está basada en cuestiones meramente humanitarias, tal y como señala el auto, o si por el contrario, han pesado más las razones políticas. En cualquier caso, las circunstancias son distintas a cualquier otra: en primer lugar, el peligro de muerte se deriva de una decisión personal del preso; en segundo lugar, no sólo no ha mostrado el menor signo de arrepentimiento sino que se ha regodeado con cada asesinato realizado por ETA. Por eso no entiendo ni comprendo la decisión del Gobierno.

Por otro lado, algunos medios, como El País, han atizado las llamas al comparar la medida adoptada hoy con las excarcelaciones producidas durante el gobierno del Partido Popular. Las diferencias son obvias, comenzando por el hecho de que ninguno de ellos provocó su enfermedad:

• Esteban Esteban Nieto: fue excarcelado el 7 de abril de 1999 porque padecía una enfermedad incurable (cáncer de hígado, con metástasis en el pulmón y el páncreas). Cinco meses más tarde fallecía.
• Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria: excarcelado tras sufrir sufrir un derrame cerebral.
• Sabino Álava García: se acogió a beneficios penitenciarios debido a una grave enfermedad. Se da además la circunstancia que mostró reiteradamente su rechazo a la violencia (condenó, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco) y, de hecho, fue expulsado de ETA.
• Santiago Díez Uriarte: recibió el tercer grado por enfermedad grave el 27 de marzo de 1997. Falleció el 27 de octubre del ese mismo año.
• Los tres últimos ni siquiera tenían delitos de sangre y uno de ellos murió a los seis meses de su puesta en libertad.

A falta de conocer los razonamientos de quienes se han opuesto —cuatro de los doce magistrados— a que De Juana Chaos siga en prisión provisional, el auto del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ofrece argumentos de peso en contra de la petición de la fiscalía, que se basaba en el artículo 508 de la LECr.

Por desgracia, la resolución judicial llega en uno de los momentos políticos más enrarecidos de los últimos años y los políticos se aprestan a cargar sus armas dialécticas. Azkárraga, por ejemplo, ha pedido que se le mande a casa como se hizo con el ex general Galindo. Olvida, sin embargo, que Galindo sí cumplía lo dispuesto en la ley ya que sufría una grave enfermedad y había satisfecho la responsabilidad civil a la que fue condenado. Por ello, se le permitió seguir cumpliendo la condena en su domicilio. Ambos casos, por tanto, no son comparables en modo alguno. Ni me alegré entonces de que un secuestrador y asesino como Galindo se librara de la cárcel, ni me alegro hoy porque otro vil asesino, De Juana, continúe encarcelado. Tanto en uno como en otro caso, los jueces cumplieron con el papel asignado y ambos delincuentes gozaron de las garantías jurídicas propias de una democracia. Y es precisamente de ésto de lo que debemos congratularnos y no de las simpatías u odios que nos puedan inspirar unos u otros presos en función de sus delitos.
Más lejos ha ido aún el senador Anasagasti (PNV), quien ha llegado a escribir en su bitácora lo siguiente: «Si De Juan Chaos muere se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha mas rancia del país. Acebes, Astarloa, Zaplana, Aznar… serán los grandes culpables de esta situación». Sin comentarios…
Algo más moderados han estado los partidos mayoritarios. El Gobierno y el PSOE respetan y acatan en toda su extensión la decisión de la Audiencia aunque, como es obvio, no pueden negar el varapalo sufrido por el Fiscal General —otro más—.  Y Rajoy, se muestra reconfortado y satisfecho. Pero, claro, a toro pasado es fácil hablar. Si la resolución hubiera sido la contraria, el PSOE hubiera aprovechado la oportunidad para atacar a la «extrema derecha» y el PP hubiera puesto el grito en el cielo por la excarcelación de De Juana. Si al PP se le puede criticar por utilizar a los jueces como saco de boxeo en la pelea política, al PSOE debemos exigirle que abandone su política de «mano blanda» que ha impuesto al Fiscal General y deje de creer en los milagros.

Sesión plenaria núm. 210 (Sesión extraordinaria), celebrada el lunes, 15 de enero de 2007: comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre política antiterrorista.

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Un Zapatero vacío y un Rajoy peleón. Por Wifredo Espina.

Entre un Zapatero vacío y un Rajoy peleón, la nota en el debate parlamentario sobre terrorismo, la han dado ERC, el PNV y CiU,. ERC reiterando su tesis de que, en el fondo, tras el tema de ETA hay un problema político. El PNV apuntando carencias democráticas en nuestra democracia. Y CiU calificando de improcedente ese debate, que sirve para crispar, pero intentando, al mismo tiempo, quedar bien con el Gobierno y con el Partido Popular, quizás por lo que pueda pasar.

El presidente Zapatero, que formalmente ha aprendido a defenderse bastante bien, ha estado vacío de contenido y de propuestas. Mariano Rajoy ha vuelto a hacer gala de su estilo peleón, de denuncias rotundas y propuestas comprometidas. Zapatero no ha picado y se ha mantenido en el recurso fácil de sus ambiguas apelaciones al “consenso” – sin especificar sobre qué- y a la “unidad de todos los demócratas” contra el terrorismo, sin saber cómo.

Todos se han lamentado de la utilización política del terrorismo, pero todos lo politizan partidistamente. Unos más, otros menos. Zapatero lo politizó en el mismo momento en que –como dijo recientemente Artur Mas- quiso apuntarse “el tanto” de acabar con la violencia etarra con la típica postura infantil de “apartad a las criaturas, que esto lo arreglo yo”, pero le ha salido mal; como a anteriores presidentes de gobierno que, más astutos, presumieron menos de “poderes taumatúrgicos”; éste ha sido uno de sus fallos. Rajoy también lo politiza al convertir este grave asunto de Estado y los fallos de Zapatero, que le han llevado al fracaso, en arma para desgastar al Gobierno.

Y las demás formaciones políticas también lo politizan, cada cual según su ideología y sus intereses. Lo más notable quizás haya sido lo que se desprende sumando los argumentos del PNV y de ERC: detrás de la cuestión etarra hay un problema político que no se resuelve por deficiencias democráticas de nuestra democracia. Es la más clara politización.

Con estos mimbres, ¿qué política antiterrorista eficaz se podrá hacer? Claro que, precisamente ahora, se anuncia que en marzo se va a juzgar a Otegui por “apología del terrorismo”. Curiosa coincidencia tras un debate parlamentario tan bronco, como confuso y vacío. Y así hasta las próximas elecciones generales.

Esta tarde, bajo una pertinaz niebla, unas 30.000 personas han recorrido en silencio el Paseo de la Independencia para rechazar el terrorismo bajo el lema “Por la paz, contra el terrorismo”. Encabezaban la marcha líderes aragoneses de diversas formaciones políticas y sindicales (a excepción del PP que no se ha sumado finalmente a la marcha) y una representación de los ecuatorianos que viven en nuestra ciudad. La única nota discordante, si así se le puede denominar, ha sido la nula presencia de pancartas —sólo la que portaba una asociación de deportistas ecuatorianos—, y tan habituales en otras ocasiones.

Probablemente me equivoque en el diagnóstico pero creo que ETA no ha roto la tregua. El atentado en Barajas no se trataría sino de un aviso al presidente del Gobierno con la finalidad de reconducir las negociaciones hacia donde más les interese. Los etarras manejan una hipótesis según la cual, Rodriguez Zapatero cedería finalmente en las cuestiones políticas si se le presionara lo suficiente. Las palabras del Presidente en la rueda de prensa posterior a la explosión de la bomba confirmaría aún más dicha teoría al dejar abiertas las puertas a la negociación si ETA muestra en el futuro “una voluntad inequívoca de abandono de la violencia”. Baste escuchar la respuesta a la pregunta del periodista acerca de si la suspensión de contactos era temporal, definitiva o condicionada para comprender la manifiesta ambigüedad y el premeditado cálculo político con el que Rdez. Zapatero conduce esta situación. ¿Cuántas oportunidades más les daremos a esos infames asesinos?

Actualización. Comunicado de la banda (09/01/07): “ETA quiere decir que todavía sigue en pie el alto el fuego permanente [...]“

A estas alturas de la noche, los etarras deben ir ya por la quinta o sexta botella de cava porque el espectáculo ofrecido por unos y otros es de risa. Bueno…, de risa para los asesinos; para cualquier demócrata, despreciable y rastrero: la guerra de los vídeos. Las víctimas se merecen todo menos el circo que están montando a cuenta de la negociación con ETA.

Actualización (10:12 h.): el PP responde en su web.

La política antiterrorista propugnada por Aznar —basada en la lucha policial y judicial, y la Ley de Partidos— concitó, a diferencia de la actual, numerosos apoyos tanto en la sociedad civil como en la clase política. Hoy, gracias a investigaciones periodísticas, sabemos que algunos de aquellos apoyos eran tan falsos como el beso de Judas y así, mientras el PSOE manifestaba su total adhesión a la política de Aznar, negociaba al mismo tiempo con Batasuna en términos opuestos al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Acusar ahora al PP, después de tan innoble comportamiento, de mostrase contrario a la actual negociación por meras cuestiones partidistas expresa la deriva moral y ética de Rodríguez Zapatero en esta cuestión.

Por otra parte, el respaldo obtenido por Aznar en la fallida negociación con ETA se debió probablemente a dos circunstancias: en primer lugar, se trataba del primer atisbo de esperanza en cuanto a la posibilidad del fin de ETA; en segundo lugar, los antecedentes no auguraban en modo alguno concesiones políticas. De hecho, se produjeron acercamientos de presos al País Vasco sin que la sociedad civil o la clase política protestara lo más mínimo. Nada hacía sospechar que estuvieran en juego las estructuras del Estado o el modelo territorial.

¿Cuál es la situación actual? El 7 de abril del presente año, tras la remodelación del gabinete socialista, escribía: «Rubalcaba tiene un perfil más político que Alonso pero, desde mi punto de vista, es el menos indicado. De él se puede esperar todo excepto transparencia y juego limpio. La promesa formulada por Zapatero en el sentido de no pagar un ‘precio político’ no contaba, hasta ahora, con argumentos en contra pero con este nombramiento se han encendido todas las alarmas. Espero equivocarme».

A partir de ese momento las alarmas se han disparado una detrás de otra. Primero fue el cese de Fungairiño; segundo, el giro dado por la Fiscalía y la aplicación de lo que podríamos denominar «indultos anticipatorios»; tercero, la mesa extraparlamentaria donde supuestamente se negociarán las compensaciones políticas a cambio de la paz; y cuarto, la victoria pírrica en Estrasburgo donde no se logró ni el apoyo de los conservadores irlandeses, obteniendo tan sólo trasladar la división de opiniones existente en España al resto de Europa (con ETA robando armas al mismo tiempo).

¿Qué hacer ahora? Lograr la unión de todas las fuerzas políticas en esta cuestión. ¿Cómo? Nombrando una comisión secreta formada por personalidades de distinto signo político para llevar a cabo una discreta negociación. Ésta versaría exclusivamente sobre el desarme, la reinserción de los etarras y el regreso de Batasuna a la arena política. El documento base, como ya indiqué en su momento, podría ser el siguiente:

1.- ETA-Batasuna se compromete a:

1. Entregar todas las armas, explosivos y demás material susceptible de ser utilizado en actos terroristas.
2. Facilitar la labor de la Justicia. Todos los componentes de la banda terrorista que hayan participado en actos delictivos se entregarán a la Justicia de forma que todas las causas judiciales pendientes de resolver se puedan esclarecer. Los que no hubieran participado en atentados donde se produjesen heridos o muertos, podrán acogerse al punto 2.4.
3. Entregar tanto los recursos monetarios como cualesquiera otros – casas, pisos, vehículos,… – que hayan sido obtenidos gracias a la comisión de actos ilegales (secuestros, impuesto revolucionario, etc). Estos fondos se destinarían a las víctimas del terrorismo y a cubrir las responsabilidades civiles derivadas de los actos terroristas.
4. Pedir perdón por el dolor causado a tantas familias y renunciar de forma expresa a la violencia como método para alcanzar fines políticos.

2.- El Estado, por su parte, se compromete a tomar las siguientes medidas:

1. Legalizar a Batasuna.
2. Aprobar medidas que faciliten la reinserción social y laboral de quienes abandonen definitivamente las armas.
3. Trasladar a todos los presos de la banda terrorista a la cárcel más próxima a su domicilio habitual o a la de sus familiares, siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia.
4. Otorgar el tercer grado penitenciario y el pase al “régimen abierto” a los presos sin delitos de sangre siempre y cuando rechacen de forma explícita la violencia y hayan cumplido, al menos, un tercio de su condena.
5. Pedir perdón a la sociedad española por la “lucha sucia” (GAL) y renunciar de forma expresa a utilizar medidas contrarias a la Ley y al Estado de Derecho. El Estado, además, se compromete a indemnizar a los que sufrieron tales prácticas ilegales o a sus herederos en caso de fallecimiento.