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Desde hace más de 20 veinte años, la Unión Europea negocia sin éxito la creación de una “patente europea” cuyo objetivo sería la de crear un sistema más ágil y menos costoso que el actual. Todos los intentos han fracasado por la oposición de varios países, entre los que se encuentra España, a crear un registro que no incluya sus respectivas lenguas. Una de las consecuencias negativas de este hecho sería, por ejemplo, que una empresa española debería defender sus intereses ante la Justicia en una lengua distinta al español.

Antes esta situación, y bajo el impulso de Francia, hasta diez países han decidido utilizar un procedimiento especial llamado “cooperación reforzada” para evitar el bloqueo y avanzar en el asunto de las patentes. Básicamente, consiste en un acuerdo entre varios países sobre una materia concreta que solo compromete a los firmantes y que, por tanto, deja fuera al resto. Como es obvio, la utilización de dicho mecanismo debe cumplir determinadas condiciones. Para los interesados, pueden leer más al respecto en el portal del Unión Europea.

En el caso que nos ocupa, las alarmas han saltado porque el acuerdo sobre la “patente europea” implicaría que el registro se haría únicamente en tres lenguas: inglés, francés y alemán.

Dejando al margen del hecho, ya de por sí grave, de que la diplomacia española sea incapaz de defender nuestros intereses, existen otras cuestiones realmente preocupantes. Una de ellas, casi esperpéntica, es la incapacidad de nuestros expertos legales para leer e interpretar un informe jurídico escrito en inglés. Así lo ha expresado el eurodiputado Antonio López-Istúriz (ver en El Mundo).

Aún asumiendo la dificultad de traducir un texto técnico-jurídico en inglés, resulta vergonzoso que en 25 años de permanencia en la UE no se haya dado una solución al asunto.

Si nuestra querida administración no es capaz de resolver algo tan sencillo como la traducción de un informe jurídico, ya me dirán ustedes cómo van a solucionar problemas tan graves como el paro, las jubilaciones o la falta de competitividad de nuestras empresas.

En cuanto al acuerdo propiamente dicho, resulta evidente la ventaja de las multinacionales frente a las pequeñas empresas de los países cuyas lenguas no figuren en el registro. No solo supondrá para éstas un mayor gasto (servicio de traducción) sino además un freno a la hora de litigar y defender sus patentes. El coste de la defensa ante un tribunal comunitario por parte de un despacho, que necesariamente deberá estar acostumbrado a trabajar en inglés, francés o alemán, puede alcanzar unas cifras mareantes, tanto que una pequeña empresa no podrá seguramente asumir.