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Estimado inquilino:

Dentro de unos meses vence el contrato de alquiler y siento informarle que las condiciones han cambiado. Ante todo, debo felicitarle por dos motivos: por el esmero que ha puesto en el cuidado del piso, tal y como tuve oportunidad de comprobar cuando les visité hace poco, y por la puntualidad en sus pagos.

A pesar de ello, me veo en la obligación de subir el precio del alquiler por razones obvias: cada día la cesta de la compra cuesta más llenarla y no le digo nada sobre la gasolina, la luz o el teléfono. En fin…, que no me queda más remedio.

El nuevo contrato es el siguiente:

1. Período del contrato: máximo, 4 años.
2. Hasta ahora venía pagando 600 euros al mes. A partir de ahora, esta cantidad ascenderá a 810, es decir, 210 euros más.

En realidad, la subida no es tal ya que podrá afrontarla sin problemas gracias a la ayudas aprobadas recientemente por el Gobierno de España. Eso sí, deberá usted encontrarse dentro de los supuestos marcados para recibirla . Si no es así, lamento informarle de que deberá abandonar el piso al finalizar el presente contrato. Estos son los supuestos:

• Entre 22 y 30 años.
• Trabajador por cuenta ajena, autónomo, parado con prestación de desempleo o becario de investigación.
• Si es usted extranjero, deberá contar con 4 años de residencia legal.
• Ingresos máximos: 22.000 euros brutos anuales.

Un saludo.

Nota: El ministro Solbes y yo coincidimos en el diagnóstico: «En 2006, y preguntado sobre la posibilidad de instaurar desgravaciones fiscales a los inquilinos, Solbes replicó que “la subvención al inquilino se traslada al incremento de precios automáticamente y pensamos que es una medida que tiene muy poco impacto y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios”» [Vía: El País].

Acabo de oír en la radio a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y no he podido menos que lanzar una estruendosa carcajada (por no llorar). Mañana sin falta, publicaré en esta misma entrada el número de viviendas protegidas construidas desde el año 1990. Así nos podremos reír todos.

En cuanto al cambio de orientación —que desaparezca “poco a poco la vivienda protegida en propiedad para primar la vivienda protegida en alquiler”— supone, otra vez, un intento de cambiar la sociedad a golpe de ley, de imponer sus creencias sobre lo bueno y lo malo. En un país como España donde la movilidad laboral es mínima, ¿por qué potenciar el alquiler? ¿dónde queda la libertad individual? Asignada la vivienda, ¿tan complicado es preguntar a los propietarios si desean alquilar o comprar? Pues no, oigan. Lo que diga la ministra y punto.

Creo que el gráfico habla por sí mismo y no necesita comentario alguno.

Nota: año 2006 ponderado de acuerdo a los datos de los nueve primeros meses.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Según el ministro de Economía, Pedro Solbes, las viviendas en España se venden sin ninguna dificultad. Y no le falta razón: a pesar de sus elevados precios, la mayor parte de las viviendas que salen al mercado son adquiridas rápidamente. Desde finales de la década de los noventa, asistimos a un encarecimiento continúo que pone en un brete a muchos jóvenes que desean adquirir una vivienda. Al margen de la corrupción y la especulación, que afectan más a la calidad urbanística que al precio, la razón fundamental de este problema radica en que las compras de viviendas con fines de inversión son altísimas. De ahí que la construcción de viviendas supere la demanda generada por la creación de nuevos hogares. El círculo vicioso se cierra con las facilidades dadas por los bancos —plazo de las hipotecas y desaparición de los límites de endeudamiento requeridos— y los bajos tipos de interés de estos últimos años. A tal punto ha llegado la situación que la OCDE, en su último informe anual sobre España, afirma que el precio de la vivienda se encuentra sobrevalorado en un 30%.

Ninguna de las medidas tomadas por populares y socialistas en los últimos años ha frenado la escalada de precios. La desaceleración actual se explica más por las reglas de la oferta y la demanda que por las iniciativas gubernamentales. La futura Ley del Suelo podrá, en el mejor de los casos, combatir eficazmente la corrupción pero no rebajar sustancialmente los precios de las viviendas. Aun cuando, por ejemplo, las plusvalías generadas por la venta de suelo urbanizable se reduzcan y el peso de éste disminuya en el coste de construcción, los promotores seguirán vendiendo al precio que pueda asumir el mercado. Ni más, ni menos.

Propuestas como las expropiaciones o el tratamiento fiscal diferenciado no son sino medidas electoralistas de muy dudosa legalidad y efectividad. La realidad es otra: en los seis primeros meses del año 2006 se construyeron en España 325.000 casas, de las que únicamente 28.800 (el 8,86%) eran protegidas. El porcentaje para años anteriores es similar: 9,55% en 2003; 9,76% en 2004; y 10,51% en 2005 (Fuente: INE). Por ello, los jóvenes se ven obligados a acudir al mercado libre donde los precios superan su capacidad de endeudamiento razonable. Datos, por cierto, que contrastan con los de hace quince años: el porcentaje de casas protegidas alcanzó el 21,7% en 1990 y el 17% en 1991. Disparar contra quien legítimamente ha adquirido una propiedad privada y, al mismo tiempo, ocultar su escasa preocupación por facilitar la construcción de viviendas de protección oficial indica claramente la demagogia en la que caen quienes las proponen.

¿Cuál es la solución? Si cada año igualamos o aproximamos el número de viviendas protegidas disponibles al número estimado de nuevos hogares, el precio de la vivienda libre ya no tendrá tanta importancia pues quienes de verdad las necesiten tendrán a su disposición casas dignas a precios asequibles y justos. De paso, se desincentivará la compra de viviendas como inversión al restar a la demanda los que adquieran aquéllas.

Zaragoza, 6 de diciembre de 2006

Poco importa si el suelo se liberaliza o se restringe, los promotores encuentran solares incluso en lugares donde no cabría imaginar que se levantara el ladrillo.

Si usted fuera redactor jefe de un periódico y quisiera realizar un reportaje sobre las extravagancias arquitectónicas y urbanísticas de una zona determinada, dispondría, así de primeras, de dos opciones: mandar a media redacción, cámara fotográfica en ristre, a recorrer la zona o, como ha hecho la Voz de Galicia, pedir la colaboración de los ciudadanos. Respuesta masiva a la que hace justicia el titular de la página: Los internautas descubren las extravagancias del feísmo gallego. Si quiere usted participar en esta iniciativa, encontrará las normas siguiendo el enlace ofrecido.

Autor: Rafael Vázquez Pena.

Comentario del autor: «Cierre de una finca rústica con bloque tradicional gallego completado con un castaño centenario»