El pronunciamiento de O'Donnell en 1854 fue la culminación de una oposición militar a los gobiernos moderados que se venía manifestando, sobre todo, en el Senado, desde hacía cinco años. Pretendieran lo que pretendieran sus promotores, lo que resultó fue algo completamente distinto. Lo incierto del choque militar de Vicálvaro, entre los sublevados y las fuerzas leales al gobierno, y la movilización popular que siguió al pronunciamiento, les hizo temer seriamente o bien el fracaso, o bien el desbordamiento por las masas revolucionarias (en esto, el catastrofista Donoso había acertado al predecir el curso que tomarían en lo sucesivo las revoluciones). El manifiesto dado en Manzanares por los pronunciados fue una mano tendida a los progresistas para asegurarse su colaboración y, con ella, el control de la situación. Control que finalmente se produjo con el llamamiento de la reina a Espartero para que se pusiera al frente del gobierno. La vuelta del duque de la Victoria a Madrid supuso de nuevo el predominio de los progresistas que, en 1849, habían sufrido la escisión de los demócratas, pero que se habían rehecho como partido a partir de la oposición al proyecto constitucional de Bravo Murillo de 1851. Los «vicálvaros» —como se empezó a llamar a los seguidores de O'Donnell— tuvieron también su participación en el gobierno²⁶.

El conde de Lucena, que había rechazado la oferta de Pidal para sustituir a Narváez como espadón de los moderados, terminó dando respaldo militar a un grupo político que entroncaba con los puritanos y que, según declaración del joven Antonio Cánovas del Castillo —que iniciaba por entonces su carrera política—, pretendía formar un gran —y único, cabe pensar— partido liberal: el «partido constitucional» o «unión liberal», contrapuesto a los partidos absolutista y democrático o republicano²⁷.

Durante el «bienio progresista» que siguió, 1854-1856, se llevó a cabo una importante legislación económica, de inspiración progresista, que supuso, entre otras cosas, la continuación y extensión de la desamortización. Pero políticamente el bienio fue un rotundo fracaso: la reforma constitucional que emprendieron las Cortes elegidas al efecto no llegó a ser aprobada, y la convivencia entre progresistas y «vicálvaros», bajo la dirección de Espartero —que demostró nuevamente su incapacidad política—, se hizo imposible.

El proyecto de creación de una nueva agrupación política avanzó considerablemente tras la llamada de O'Donnell, en el Senado, el 17 de mayo de 1857, a «los hombres monárquicos que quieran la pureza de los principios constitucionales», para agregarse «en torno de ellos» y salvar así a la nación, el trono y la libertad, a los que el general consideraba en peligro ante la rápida disolución de los antiguos partidos políticos. Más que crear un partido, los unionistas pretendían la superación de los partidos, gracias a «la solución racional de los problemas fundamentales de la organización política [...] [y] en el orden económico», que ellos creían poseer²⁸.

Un año más tarde, en junio de 1858, la reina encargó al conde de Lucena la formación del gobierno, que compuso con miembros de una Unión Liberal a la que se habían agregado algunos moderados y progresistas. Las elecciones celebradas en octubre, con José Posada Herrera en el Ministerio de la Gobernación, les proporcionaron una aplastante mayoría parlamentaria. Aquel gobierno y aquellas Cortes duraron casi cinco años, más que ninguno de los gobiernos y las Cortes del reinado, y del siglo. Fueron años de crecimiento económico, paz social —apenas empañada por sucesos esporádicos como los de Loja— y victorias militares en la guerra de África, que propiciaron una gran exaltación patriótica²⁹.

Todos aquellos éxitos, sin embargo, no impidieron que el gobierno cayera en medio de una gran crisis, en febrero de 1863. La realidad desmintió la cientificidad, el apoliticismo de las soluciones a los problemas públicos, y reafirmó la necesidad de los partidos políticos. La Unión Liberal cayó porque no había llegado a ser un verdadero partido, no tuvo unidad alguna, de ideas ni de propósitos, no desarrolló una organización propia, y fue incapaz de resistir las críticas internas y externas a su actuación³⁰.

El año 1863 fue un año crucial. Se había llegado al «deplorable desquiciamiento» de los «grandes y organizados partidos políticos», sustituidos por «varias, nebulosas y casi indefinibles aspiraciones de los numerosos grupos brotados del seno de aquellos partidos mismos». En la Unión Liberal se reconocía el fracaso de «aquel caos de revueltos y encontrados elementos»; «cesó la época de unir; ha llegado la de crear», reclamaba uno de sus jóvenes elementos. El partido progresista, por su parte, fortalecido por el éxito de su oposición a la Unión Liberal y por la reintegración de los «resellados» que habían participado en ella —algunos tan importantes como el general Prim—, era reclamado por la reina misma para ocupar el poder³¹. Públicamente se reconocía y lamentaba «toda la intransigencia y esclusivismo [sic]» que han dirigido su conducta [de los partidos moderado y progresista] en el poder y fuera de él». Y se les conjuraba «a reconocerse y aceptarse mutuamente en el ancho campo de un verdadero sistema representativo, resignándose a vivir juntos sobre un mismo suelo y bajo una misma ley»³². El país había cambiado mucho en los últimos años: los ferrocarriles estaban propiciando una mayor integración y las ciudades crecían y se transformaban. Parecía el comienzo de una nueva época, en la que las soluciones de fuerza ya no serían necesarias.

En cierta medida lo fue, pero no en el sentido positivo que anunciaban las propuestas y posibilidades citadas —que se frustraron inmediatamente—, sino en el del inicio de la crisis definitiva del reinado. Nadie fue capaz de crear algo nuevo. El partido progresista en lugar de integrarse más activamente en el sistema, se marginó completamente del mismo adoptando el retraimiento parlamentario como respuesta a las medidas restrictivas del ministerio en las elecciones de octubre de 1863. Y lo que quedaba de moderados y unionistas se turnaron irregularmente en el poder, presididos de nuevo por los generales Narváez y O'Donnell, durante los cinco años siguientes.

Fracasaron todos los intentos por hacer volver a los progresistas a las instituciones. ¿Fue responsabilidad personal de Isabel II, del resto de los partidos, o de los mismos progresistas, decididos ya a expulsar del país a la reina y a la dinastía? Una historia de este período más profunda que las que hoy existen podrá darnos una respuesta convincente, de la que carecemos. El hecho es que el general Prim —que había sido uno de los progresistas que más había defendido la participación política frente al retraimiento— inició en enero de 1866 la apelación a los procedimientos de fuerza que al cabo de algo más de dos años —y tras el fracaso de la sublevación del cuartel de San Gil, en junio de 1866— acabarían triunfando en septiembre de 1868, con el apoyo de demócratas y unionistas.

Terminaba así la «escabrosa alternativa» de moderados y progresistas, junto con los paréntesis de la Unión liberal³³. Paradójicamente, el partido progresista, que desde 1843 había pasado por amplios períodos de extrema debilidad, del que se decía que no era nada, al que muchos habían dado por muerto y que sólo había participado en el gobierno durante dos de los últimos veinticinco años, se alzaba en 1868 con la victoria e iba a imponer sus planteamientos en la nueva situación revolucionaria: básicamente uno fundamental, la Monarquía constitucional. El otro partido, el moderado, principal protagonista del gobierno durante todo el reinado de Isabel II, que veinte años antes había informado con sus principios el nuevo Estado liberal pero que en aquella circunstancia estaba dominado por gentes escasamente liberales —autoritarios y neocatólicos—, sí que estaba prácticamente destruido, y no volvería a levantar cabeza: su suerte quedó ligada a la de la reina, que abdicó en 1870. La Unión Liberal prestó a la revolución la fuerza con que contaba en el ejército —una cooperación indispensable— e hizo lo más coherente: no había sido un partido y en la nueva situación sus componentes se dividieron entre los progresistas y la nueva formación conservadora que, uno de ellos, Antonio Cánovas del Castillo empezó a crear ya en 1869. Un nuevo sistema de partidos venía a sustituir al fracasado en el reinado de Isabel II.

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