Por Slavoj Zizek, filósofo esloveno y autor, entre otros libros, de Irak. La tetera prestada. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 27/03/07 – THE NEW YORK TIMES, 24/03/07):
Después de que la confesión de Jalid Sheik Mohammed saltara a los titulares de nuestros medios de comunicación, junto a la indignación moral por la dimensión de sus crímenes surgieron las dudas: ¿podíamos fiarnos de su confesión? ¿Y si estaba confesando más de lo que había hecho, quizá por un vano deseo de ser recordado como el gran cerebro terrorista, o porque estaba dispuesto a confesar lo que fuera con tal de que dejaran de someterle a la tabla de agua y otras “técnicas mejoradas de interrogación”?
Lo que no ha llamado tanto la atención es el hecho de que, por primera vez, la tortura es algo normalizado, que se presenta y se acepta como tal. Cuando alguien se preocupa por este hecho, la respuesta más habitual y teóricamente convincente es: “¿A qué viene todo el escándalo? Lo único que están haciendo los estadounidenses es reconocer (a medias) lo que llevan haciendo todo el tiempo, no sólo ellos, sino todos los demás Estados; en todo caso, ahora tenemos menos hipocresía…”. A esto habría que replicar con una pregunta muy sencilla: “Si los altos representantes de Estados Unidos sólo tienen esa intención, ¿por qué nos lo cuentan? ¿Por qué no siguen haciendo en silencio lo mismo que hacían hasta ahora?”.
En la comunicación entre humanos, decir con franqueza una cosa que “todos sabemos” no es nunca una acción neutra. Siempre suscita esa pregunta: “Eso que cuentas, ¿por qué me lo estás diciendo ahora abiertamente?”. Imaginemos a unos esposos que han llegado al acuerdo tácito de que pueden correr aventuras extramatrimoniales discretas; si, de repente, el marido le menciona a la mujer una relación que tiene en ese momento, ella se asustará, y con buenos motivos: “Si no es más que una aventura, ¿por qué me lo cuentas? ¡Tiene que ser más!”. Del mismo modo, en nuestros medios académicos, una forma cortés de decir que la intervención de un colega nos ha parecido tonta y aburrida es decir: “Ha sido interesante”. Si le decimos a ese colega que “ha sido aburrida y tonta”, él tendría todo el derecho a preguntar: “Pero si te ha parecido tonta y estúpida, ¿por qué no has dicho simplemente que era interesante?”. El colega haría bien en pensar que esa forma de hablar quiere decir algo más, que no es sólo un comentario sobre la calidad de su trabajo, sino un ataque a su persona.
Lo mismo ocurre con el reconocimiento reciente de que se tortura. Cuando el vicepresidente Dick Cheney, en noviembre de 2005, dijo que derrotar a los terroristas significaba que “también tenemos que recurrir… digamos al lado oscuro… Gran parte de lo que hay que hacer tendrá que hacerse discretamente, sin ninguna discusión”, deberíamos haberle preguntado: “Si todo lo que quiere es torturar en secreto a unos presuntos terroristas, ¿por qué lo dice públicamente?”.
¿Qué es lo que está pasando en realidad? Algunos observadores perspicaces han hecho notar que, pese a la indignación pública por el horror de los crímenes de Mohammed, se ha oído hablar muy poco sobre el destino que reservan nuestras sociedades a los peores criminales, el de ser juzgados y severamente castigados. Es como si, debido a la naturaleza de sus actos (y al tipo de tratamiento al que le han sometido las autoridades estadounidenses), a Mohammed no pudiera hacérsele lo que hacemos hasta con el más despreciable asesino de niños. Como si la consecuencia de la designación de “combatientes ilegales” fuera que la lucha contra ellos también tiene que desarrollarse en una zona gris de la ley y con medios ilegales. Es decir, en la práctica, tenemos criminales “legales” e “ilegales”: unos a los que hay que tratar con arreglo a los procedimientos legales (con abogados, etcétera) y otros que quedan al margen de la legalidad. ¿Somos conscientes de que, ahora, el juicio y el castigo legal a Mohammed han perdido el sentido, porque ningún tribunal que actúe dentro de nuestro sistema legal puede admitir las detenciones ilegales, las confesiones obtenidas bajo tortura ni otras cosas?
En un debate sobre los presos de Guantánamo mantenido en la cadena NBC hace unos dos años, uno de los extraños argumentos para defender que su status era aceptable desde el punto de vista ético y legal fue que “son los que
no fueron alcanzados por las bombas”: dado que eran el blanco de bombardeos estadounidenses y, por azar, habían sobrevivido, y dado que esos bombardeos formaban parte de una operación militar legítima, no podíamos condenar su suerte después de que los apresaran en combate; fuera cual fuera su situación, era mejor, menos grave, que si estuvieran muertos… Este razonamiento es más significativo de lo que pretende: coloca al preso, casi de forma literal, en la posición de muerto viviente, aquellos que ya están muertos, en cierto modo, y que son, por tanto, ejemplos de lo que el filósofo político italiano Giorgio Agamben llama homo sacer, el hombre al que se puede matar impunemente porque, ante la ley, su vida ya no cuenta. Si los presos de Guantánamo están en el espacio “entre las dos muertes”, ocupando la posición de homo sacer, legalmente muertos, las autoridades estadounidenses que les dan ese trato se encuentran asimismo en una situación legal intermedia, la contrapartida al homo sacer: actúan como un poder legal pero sus actos ya no están cubiertos ni limitados por la ley, operan en un espacio vacío sostenido por la ley pero no regulado por ella.
¿Y qué ocurre con el argumento “realista” de que la guerra contra el terrorismo es sucia, porque nos encontramos en situaciones en las que la vida de miles de personas depende de las informaciones que podamos arrancar a nuestros prisioneros? La consecuencia es que, como dice Alan Dershowitz, “no estoy a favor de la tortura, pero, si hay que tenerla, más vale que se haga con la autorización de los jueces”. Ahora bien, contra este tipo de “honradez”, es preferible aferrarse a la supuesta “hipocresía”. Puedo muy bien imaginarme que en una situación concreta, enfrentado al consabido “preso que sabe algo” y que, con sus palabras, podría salvar a miles, yo sería capaz de recurrir a la tortura; ahora bien, incluso en ese caso (o, mejor dicho, precisamente en ese caso) es absolutamente fundamental no elevar esa decisión desesperada a la categoría de principio universal. En la urgencia inevitable y brutal del momento, tendría que actuar, sin más. Sólo de esa forma, con la incapacidad o la prohibición de transformar lo que tuviera que hacer en un principio universal, podría conservar el sentimiento de culpa, la conciencia de que lo que hice es inadmisible.
En cierto sentido, quienes no defienden claramente la tortura pero la aceptan como tema legítimo de debate son más peligrosos que los que la apoyan de forma explícita: el apoyo explícito sería un escándalo y, por tanto, se rechazaría, mientras que la mera inclusión de la tortura como asunto legítimo nos permite coquetear con la idea y conservar una conciencia pura: “¡Por supuesto que estoy contra la tortura, pero no hace daño a nadie que hablemos de ella!”. Esta legitimación de la tortura como tema de debate altera el trasfondo de las suposiciones y opciones ideológicas de manera mucho más drástica que su defensa descarada, porque transforma todo el campo de discusión, mientras que, sin ese cambio, la defensa abierta sigue siendo una opinión idiosincrásica.
La moralidad no es nunca una cuestión exclusiva de la conciencia individual; sólo puede florecer si se apoya sobre lo que Hegel llamaba “el espíritu objetivo” o la “sustancia de las costumbres”, la serie de normas no escritas que constituyen el trasfondo de la actividad de cada individuo y nos dicen lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Por ejemplo, una señal de progreso en nuestras sociedades es que no es necesario presentar argumentos contra la violación: todo el mundo tiene claro que la violación es algo malo, y todos sentimos que es excesivo incluso razonar en su contra. Si alguno pretendiera defender la legitimidad de la violación, sería triste que otro tuviera que argumentar en su contra; se descalificaría a sí mismo. Y lo mismo debería ocurrir con la tortura.
Por ese motivo, las mayores víctimas de la tortura reconocida públicamente somos todos nosotros, los ciudadanos a los que se nos informa. Aunque en nuestra mayoría sigamos oponiéndonos a ella, somos conscientes de que hemos perdido de forma irremediable una parte muy valiosa de nuestra identidad colectiva. Nos encontramos en medio de un proceso de corrupción moral: quienes están en el poder están tratando de romper una parte de nuestra columna vertebral ética, sofocar y deshacer lo que es seguramente el mayor triunfo de la civilización: el desarrollo de nuestra sensibilidad moral espontánea.
En ningún sitio se ve esto más claramente que en un detalle significativo de la publicación de las confesiones de Mohammed. Se nos ha contado que los agentes que torturaron se habían prestado a sufrir la tabla de agua y que sólo fueron capaces de aguantar de 10 a 15 segundos antes de estar dispuestos a confesar lo que fuera, mientras que tuvieron que admirar a Mohammed, muy a su pesar, porque aguantó dos minutos y medio, el tiempo más largo que recordaban. ¿Nos damos cuenta de que la última vez que se oyeron frases de este tipo en público fue a finales de la Edad Media, cuando la tortura era aún un espectáculo público, una forma honrosa de poner a prueba a un enemigo valioso capturado, que lograba ganarse la admiración de la muchedumbre si sabía soportar el dolor con dignidad?
¿Sabemos, entonces, lo que nos aguarda al final de este camino? En la quinta temporada de la serie 24, cuando se vio que el cerebro de la trama terrorista era nada menos que el presidente de Estados Unidos, muchos esperábamos a ver, ansiosos, si Jack Bauer utilizaría con él -”el hombre más poderoso de la Tierra”, “el líder del mundo libre”- el método que aplica a los terroristas que no quieren divulgar un secreto que podría salvar miles de vidas. ¿Torturaría al presidente? Por suerte, los autores no se arriesgaron a dar ese paso redentor. Pero nuestra imaginación puede volar todavía más lejos y hacer una pequeña propuesta, al estilo de Jonathan Swift: ¿y si el procedimiento para elegir a los candidatos a la presidencia de EE UU incluyera, entre otras cosas, la tortura pública del candidato? ¿Por ejemplo, una sesión de tabla de agua en el césped de la Casa Blanca, transmitida en directo a millones de espectadores? Sólo se clasificarían para optar al cargo de líder del mundo libre los que pudieran durar más de los dos minutos y medio de Mohammed…
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Since the release of Khalid Shaikh Mohammed’s dramatic confessions, moral outrage at the extent of his crimes has been mixed with doubts. Can his claims be trusted? What if he confessed to more than he really did, either because of a vain desire to be remembered as the big terrorist mastermind, or because he was ready to confess anything in order to stop the water boarding and other “enhanced interrogation techniques”?
If there was one surprising aspect to this situation it has less to do with the confessions themselves than with the fact that for the first time in a great many years, torture was normalized — presented as something acceptable. The ethical consequences of it should worry us all.
While the scope of Mr. Mohammed’s crimes is clear and horrifying, it is worth noting that the United States seems incapable of treating him even as it would the hardest criminal — in the civilized Western world, even the most depraved child murderer gets judged and punished. But any legal trial and punishment of Mr. Mohammed is now impossible — no court that operates within the frames of Western legal systems can deal with illegal detentions, confessions obtained by torture and the like. (And this conforms, perversely, to Mr. Mohammed’s desire to be treated as an enemy rather than a criminal.)
It is as if not only the terrorists themselves, but also the fight against them, now has to proceed in a gray zone of legality. We thus have de facto “legal” and “illegal” criminals: those who are to be treated with legal procedures (using lawyers and the like), and those who are outside legality, subject to military tribunals or seemingly endless incarceration.
Mr. Mohammed has become what the Italian political philosopher Giorgio Agamben calls “homo sacer”: a creature legally dead while biologically still alive. And he’s not the only one living in an in-between world. The American authorities who deal with detainees have become a sort of counterpart to homo sacer: acting as a legal power, they operate in an empty space that is sustained by the law and yet not regulated by the rule of law.
Some don’t find this troubling. The realistic counterargument goes: The war on terrorism is dirty, one is put in situations where the lives of thousands may depend on information we can get from our prisoners, and one must take extreme steps. As Alan Dershowitz of Harvard Law School puts it: “I’m not in favor of torture, but if you’re going to have it, it should damn well have court approval.” Well, if this is “honesty,” I think I’ll stick with hypocrisy.
Yes, most of us can imagine a singular situation in which we might resort to torture — to save a loved one from immediate, unspeakable harm perhaps. I can. In such a case, however, it is crucial that I do not elevate this desperate choice into a universal principle. In the unavoidable brutal urgency of the moment, I should simply do it. But it cannot become an acceptable standard; I must retain the proper sense of the horror of what I did. And when torture becomes just another in the list of counterterrorism techniques, all sense of horror is lost.
When, in the fifth season of the TV show “24,” it became clear that the mastermind behind the terrorist plot was none other than the president himself, many of us were eagerly waiting to see whether Jack Bauer would apply to the “leader of the free world” his standard technique in dealing with terrorists who do not want to divulge a secret that may save thousands. Will he torture the president?
Reality has now surpassed TV. What “24” still had the decency to present as Jack Bauer’s disturbing and desperate choice is now rendered business as usual.
In a way, those who refuse to advocate torture outright but still accept it as a legitimate topic of debate are more dangerous than those who explicitly endorse it. Morality is never just a matter of individual conscience. It thrives only if it is sustained by what Hegel called “objective spirit,” the set of unwritten rules that form the background of every individual’s activity, telling us what is acceptable and what is unacceptable.
For example, a clear sign of progress in Western society is that one does not need to argue against rape: it is “dogmatically” clear to everyone that rape is wrong. If someone were to advocate the legitimacy of rape, he would appear so ridiculous as to disqualify himself from any further consideration. And the same should hold for torture.
Are we aware what lies at the end of the road opened up by the normalization of torture? A significant detail of Mr. Mohammed’s confession gives a hint. It was reported that the interrogators submitted to waterboarding and were able to endure it for less than 15 seconds on average before being ready to confess anything and everything. Mr. Mohammed, however, gained their grudging admiration by enduring it for two and a half minutes.
Are we aware that the last time such things were part of public discourse was back in the late Middle Ages, when torture was still a public spectacle, an honorable way to test a captured enemy who might gain the admiration of the crowd if he bore the pain with dignity? Do we really want to return to this kind of primitive warrior ethics?
This is why, in the end, the greatest victims of torture-as-usual are the rest of us, the informed public. A precious part of our collective identity has been irretrievably lost. We are in the middle of a process of moral corruption: those in power are literally trying to break a part of our ethical backbone, to dampen and undo what is arguably our civilization’s greatest achievement, the growth of our spontaneous moral sensitivity.