Por Jordi Jané Guasch, diputado de CiU. Expresidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso (EL PERIÓDICO, 11/02/08):
Con pancartas luminosas y bajo el lema Para reducir contaminación y accidentes, la Generalitat de Catalunya ha impuesto el nuevo límite de los 80 km/hora a todos los conductores que circulan por determinadas autopistas y vías de alta capacidad. Más allá del debate sobre si esta limitación es efectiva para reducir la contaminación (que, por cierto, es más que discutible), desde una óptica de seguridad vial esta nueva medida no es la mejor respuesta para aplicar las políticas que todos defendemos de reducción de accidentes.
Evidentemente, precisamos de unas normas y necesitamos que se hagan cumplir, pero precisamente para conseguir que estas normas se cumplan y sean respetadas tienen que ser entendidas y deben obedecer al sentido común. En definitiva, para que una norma se cumpla tiene que ser creíble, y esta limitación de los 80 por autopista y otras vías de alta capacidad no lo es.
¿QUÉ VALORES de seguridad vial haremos cumplir a nuestros conductores si ven que desde la Administración se imponen límites que no guardan relación con la peligrosidad de la vía? ¿Qué estudios avalan un mayor número de accidentes por ir a más de 80 por una autopista? ¿Creen los que han impuesto este límite que era necesario para reducir los accidentes, tal como propagan? La situación creada provoca contrasentidos evidentes para la seguridad vial: por ejemplo, si vamos por la autopista del Garraf en dirección a Tarragona, el límite de 80 finaliza precisamente cuando empiezan los túneles de la autopista, que es donde potencialmente más peligro puede existir. Los conductores, que están más pendientes de vigilar el cuentakilómetros y los radares que de atender a las incidencias de la vía, contemplan con perplejidad la exigencia de obligarles a cumplir la norma de los 80 que para ellos no es creíble. Esta nueva imposición de los 80 por autopista no contribuye a las prioridades en la reducción de accidentes por las que tiene que velar una política de seguridad vial consensuada.
En el Congreso de los Diputados se aprobó por unanimidad una propuesta de CiU para colocar los radares en los puntos más peligrosos y en los tramos en los que hubiese más concentración de accidentes. De este modo se quería primar la prevención y se intentaba que los radares, más que para cazar a los conductores, se pusieran para evitar accidentes. El mejor radar sería aquel que no se llega a disparar nunca porque está anunciado previamente y está colocado en un lugar de alto riesgo. No obstante, esta propuesta se incumple en Catalunya, donde la Generalitat instala muchos radares en autopistas para hacer cumplir esta norma de los 80, cuando quedan aún muchos tramos de carreteras peligrosos en este país donde la colocación de un radar, siempre anunciado, sería mucho más útil y ayudaría a reducir muchos más accidentes. Con ello, la Generalitat recaudará muchos más euros en sanciones a conductores que en un momento de distracción han sobrepasado los 80 en una autopista de cuatro carriles, conductores que, en ningún caso, tienen la sensación de peligro ni de estar provocando, de manera objetiva, una conducta insegura a su alrededor.
Las políticas de seguridad vial necesitan un gran esfuerzo de pedagogía por parte de todos y el límite de los 80 por autopista no ayuda para nada a ello. Tenemos que hacer menos experimentos y contribuir más a una mejora global de nuestras infraestructuras y de la señalización, apostando también por una política preventiva que incremente la educación viaria. Debemos suprimir esta limitación de los 80 por autopista y debemos colocar de forma prioritaria los radares allí donde más peligro existe y no allí donde sea más fácil multar al conductor y hacerle perder puntos de forma poco coherente.
Para intentar justificar este límite de los 80 por autopista, se proponía desde la Generalitat reducir la anchura de los carriles, reducción que habría sido otro error más, ya que habría aumentado la peligrosidad y habría provocado, eso sí, más accidentes, que es precisamente lo que se decía que se pretendía evitar. Los miles de usuarios que circulamos por las autopistas de Tarragona con carriles estrechos por culpa de las obras, sufrimos una creciente sensación de peligro cuando, por ejemplo, se producen adelantamientos a camiones y otros vehículos voluminosos.
CATALUNYA es un país de peaje. Nos hacen circular a 80 por autopista después de haber pagado, cuando en el resto del Estado van a 120 por autovías gratuitas. Desde la reflexión serena tenemos que cambiar estas limitaciones absurdas y consensuar una política de seguridad vial con toda la sociedad y con las víctimas, que son las que más han sufrido el olvido y la falta de recursos ante lo que sigue siendo la primera causa de muerte violenta en nuestro país. La velocidad excesiva está presente en casi una tercera parte de las muertes por accidentes de tráfico, pero la mayoría de estos accidentes no se han producido por ir a 120 por autopista, sino por una conducción poco segura en otras carreteras que no siempre reciben las inversiones necesarias por parte de las administraciones responsables.
