Por Guillem López-Casanovas, catedrático de Economía de la UPF (EL PERIÓDICO, 12/03/08):

Con la evidencia de que el futuro de la financiación, a pesar de lo que se diga desde Catalunya, no depende del contenido del Estatut, sino de la futura ley orgánica de financiación de todas las comunidades, el autogobierno de Catalunya jugará los próximos meses una pelota de set que puede ser decisiva. Está al servicio la parte contraria, por mucha bilateralidad que se pretenda, y a pesar de que, como en el pasado, Catalunya ha llevado la delantera en la presión por el cambio y ha asumido el mayor desgaste en el partido que se ha jugado hasta ahora para la reforma de la financiación autonómica.
Durante la campaña hemos escuchado una vez más las palabras de los partidos que han tenido o tienen responsabilidades de gobierno en el Estado, reconociendo la mala financiación de Catalunya (y de Baleares), y han prometido que esta vez lo van a arreglar. Pero se habla de complejidad, de consenso multilateral, de sudokus técnicamente enrevesados. Sin embargo, hay que decir que el sudoku actual no lo han creado los nuevos estatutos, sino fundamentalmente los propios gobiernos centrales en el pasado por la improvisación y falta de método con el que responder a los problemas auto-
nómicos.
La cuestión de fondo es la existencia de una financiación central escasa para un gasto autonómico, asociado al Estado de bienestar, que no ha parado de crecer, con un Estado que ha retenido las capacidades recaudatorias, que le han servido para garantizar su superávit presupuestario. Los gobiernos centrales han transferido recursos a las comunidades, de forma indiscriminada, de acuerdo con el llamado sistema del coste efectivo inicial (de un servicio antes de ser traspasado), lo cual ha preservado fundamentalmente el statu quo de antes de las transferencias, al que se ha tenido que añadir un conjunto de fondos particulares para tapar agujeros de algunas comunidades, modulaciones discrecionales, reconocimientos de derechos históricos a medida, reglas dinámicas parciales, etcétera. De modo que, contrariamente a lo que se dice, el problema no es intrínsecamente complejo, sino que lo ha complicado a lo largo del tiempo el Gobierno por falta de voluntad política para afrontarlo de raíz.
En realidad, la solución técnica es bastante simple si se quiere usar la lógica y el sentido común. Comentaré algunos aspectos que pueden facilitar la solución si se quiere.
Primero, hay que identificar lo que se entiende por capacidad fiscal propia y solidaridad territorial. De su cálculo, resulta la redistribución autonómica. Para esta redistribución, el punto de partida ha de ser la nivelación de la oferta pública de servicios, es decir, que estén garantizados por igual en cualquier autonomía, independientemente de la renta de sus habitantes. En todos estos servicios universales, el referente para calcular el reparto de fondos no puede ser otro que la población. Por tanto, no es admisible, como ocurre ahora, un fondo de renta relativa, que castiga a las comunidades de más renta. Se trata de garantizar servicios públicos a la ciudadanía, y no de desarrollo regional y de mejora de rentas privadas.

ES ILÓGICO, como tenemos hoy, que quien más aporta (Baleares y Catalunya) acabe con una menor capacidad para financiar el gasto social para su población. Lo que se pretende es que los servicios básicos de bienestar no dependan, en una comunidad determinada, de la capacidad fiscal propia, porque, con el modelo actual, eso lleva a que las autonomías que más contribuyen acaben disponiendo de menos capacidad para financiar sus servicios públicos. Algo sin parangón en el mundo fiscalmente civilizado.
Segundo. La variación de la población debe contarse bien y actualizarse en el tiempo. Actualmente, para mejorar la financiación de una comunidad, debe aumentar su población tres puntos (no un porcentaje) por encima de la media estatal. Si ha de registrarse en un año, es una barbaridad. Como era de esperar, a pesar de la importancia de las variaciones demográficas sufridas, este umbral no lo ha logrado nunca ninguna comunidad, de modo que no se ha actualizado la financiación y se ha tenido que hacer frente a los incrementos de población sin los recursos suficientes.
Tercero. Los grandes partidos nacionales españoles parecen estar de acuerdo en redimir a las comunidades forales de aportar recursos a la redistribución regional. No se entiende muy bien cómo pueden predicar para los demás (negar el concierto) lo que no practican ellos, beneficien o no a las comunidades donde gobiernan o han gobernado. Si esta es la voluntad gubernamental, así sea, siempre que el coste de esa condonación a las comunidades forales de lo que deberían aportar al fondo de nivelación entre comunidades vaya a cargo del Estado, no del resto de comunidades autónomas, como Catalunya y Baleares.

PARECE LÓGICO, en cuarto lugar, que el orden en la clasificación de las comunidades en función de la renta generada con su trabajo no quede tergiversado por la acción pública redistributiva, cargando impuestos y repartiendo subvenciones. Esta acción estatal debe poder, por supuesto, reducir diferencias de magnitud entre quienes aportan y quienes reciben, pero nunca ha de cambiar el orden entre ellos una vez efectuada la redistribución.
No hay, por tanto, complejidad técnica como se pretende, sino que la decisión es política. El Gobierno se ha metido en un agujero que él mismo ha cavado con su discrecionalidad a la hora de tratar la financiación autonómica. El resultado de las elecciones es importante porque ya sabemos quién prestará la escalera para salir del agujero. Catalunya se juega aquí más que un punto. Es pelota de set. La de partido se jugará más adelante, quizá en el Constitucional.