Por Ali Lmrabet, periodista marroquí (EL MUNDO, 19/04/08):
No es ninguna novedad. Los inmigrantes marroquíes interesan a los políticos españoles. Por diferentes razones. Son, después de los ecuatorianos, los más numerosos; son musulmanes; provienen de otra cultura; tienen mala fama y, para colmo, son ciudadanos de un país que mantiene un persistente, aunque de bajísima intensidad, conflicto territorial con España. Según el último Padrón Municipal de Habitantes (que incluye tanto a residentes como a personas «sin papeles»), el 1 de enero de 2007 había en España 582.923 personas de nacionalidad marroquí. Si la cifra de los «sin papeles» es de solamente 39.202 personas, lo que desmiente en parte la idea de que los irregulares marroquíes son los más numerosos, en cambio otra cifra señala que al 31 de diciembre de 2007, los marroquíes «con papeles» sumaban 648.735, es decir 100.000 más que el año anterior. Este dato que significa, geografía obliga, que la población marroquí en España aumenta y seguirá aumentando, se junta con otro: los servicios públicos de empleo estatal (el antiguo Inem) han señalado el mes pasado que casi uno de cada cuatro extranjeros que percibe la prestación por desempleo (el 22,5%) procede de Marruecos.
Estos números, el aumento de la inmigración marroquí y el paro, interpelan y emplazan a que haya un debate, desapasionado claro, sobre la integración de esta comunidad. Sin velarse la cara, sin escudarse, como lo hace el actual Gobierno, detrás de lo políticamente correcto, pero tampoco sin prejuicios que puedan herir sentimientos o sensibilidades.
La pregunta es: ¿puede una población musulmana llevar a cabo un exitoso proceso de integración en un país europeo de raíces cristianas? Si suponemos que los centenares de miles de ciudadanos marroquíes (y un poco más en el futuro) no van a ser expulsados de mala manera como lo fueron sus ilustres correligionarios los Moriscos, hay que comenzar a pensar en la integración de esta masa humana en un entorno que no siempre es hospitalario, y en un contexto de crisis económica.
La integración de los marroquíes en España es viable siempre y cuando se entiendan y se respeten ciertos parámetros. La sociedad receptora tiene que aceptar el hecho de que la integración no puede ser de ninguna manera una asimilación, que es la pérdida de valores forjados por la identidad propia por otros, ajenos. Salvo contadas excepciones, los marroquíes asentados en España, especialmente ahora que asistimos a una fuerte corriente de reislamización de las comunidades musulmanas arraigadas en el viejo continente, no se asimilan. Tampoco se integran si por ello se entiende cortar lazos administrativos con el país de origen.
El inmigrante de la primera generación no deja de mirar hacia Marruecos; las remesas que envía a su país (ayudas a la familia, compra o construcción de una residencia, ahorros en un banco marroquí que incluye un seguro para pagar el traslado y el entierro en su ciudad natal en caso de defunción) evidencian que quiere guardar un pie en su país de origen. Las primeras generaciones de inmigrantes siempre han tenido este tipo de mentalidad propia del exiliado. Hay que admitir que esta generación, que no deja de ser trabajadora y respetuosa con las leyes del país de adopción, está absolutamente perdida para la integración.
Pero otra cosa son los hijos, los que constituyen la segunda generación, los que han nacido o se han criado en suelo español y que mantienen, si excluimos los sentimientos, una relación superficial con el país de sus ancestros. Hablan mal el idioma de sus padres, se sienten extraños en suelo paterno, y si los marroquíes los consideran con afecto (y algún toque de celo) no están lejos de pensar, con razón, que son diferentes a ellos. Es hacia esta franja de marroquíes, que tiende naturalmente a la naturalización y a la radicación definitiva en España, a quien el Estado español tiene que dedicar una paciente y eficiente política de integración. De ello depende la convivencia entre población nativa española y población de origen inmigrante.
Desgraciadamente, por el momento, si excluimos la vigilancia de las fronteras y algunos acuerdillos de readmisión de inmigrantes ilegales con Marruecos y varios países subsaharianos, España no tiene ninguna política al respecto. Para decirlo coloquialmente, los ayuntamientos y las autonomías tienen que arreglárselas solos con sus moros, sean inmigrantes, recientes o futuros ciudadanos españoles.
Un comienzo de una política de integración sería pues, ya que el Gobierno central se jacta de tener superávit, la promoción de la vivienda social, una de las dos llaves (con el empleo) que abre la puerta a la integración. La vivienda social, que en España solamente existe para los jóvenes, ayudaría a desagregar los guetos que se han creado en diferentes puntos de la península y que han recreado, en miniatura, la vida social del país de origen. El Estado tendría además que esforzarse, como en otros países europeos, en sensibilizar sus fuerzas del orden sobre los derechos humanos y el estigma del racismo. Si no se siente protegido y respetado por el Estado, el inmigrante no confiará en él y llegará el día en que lo percibirá como una entidad hostil. Y por fin, y es el punto más sensible, el Gobierno debería resolver el problema de las mezquitas convenciendo a los ayuntamientos para que cesen las trabas puestas a su construcción en sus términos municipales.
Generalmente, la opinión pública española percibe estos templos como una agresión, cuando en realidad son la mejor respuesta a la proliferación de pequeños e incontrolados centros de culto (en garajes y casas particulares) donde, en muchos casos, se difunde una forma de Islam a años luz de las necesidades espirituales del inmigrante. Pero este esbozo de política migratoria no tendría éxito si no se impulsa otro segmento complementario. El Estado español debe comenzar a fomentar un Islam español y, subsidiariamente, formar sus propios imanes, que más allá de su labor de guías espirituales, podrían ser una útil brújula cívica que permite al inmigrante orientarse en su país de adopción.
Pero hay que advertir que esta política va irremediablemente a chocar con los propósitos del país emisor de esta inmigración, es decir, Marruecos. Rabat no tiene la más mínima intención de aligerar su censo poblacional ni de permitir que se rompa el lazo administrativo que une al inmigrante marroquí (aunque termine naturalizándose) con su país de origen. El Estado alauí no lo hace por altruismo ni por amor al prójimo, lo hace porque la suma de las remesas, un autentico maná financiero, que envían anualmente estos inmigrantes (que sin embargo no tienen representación parlamentaria en Rabat) es superior a los ingresos que genera la exportación de fosfatos, la primera industria exportadora del país. Por eso creó el Consejo Superior de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, que es un poderoso instrumento para perpetuar esta dependencia, y que va, inevitablemente, a abocar al fracaso todas las políticas de integración que existen en los países donde reside una importante comunidad marroquí. Este Consejo, que desató una gran polémica en el momento de su creación, fue acusado recientemente por el prestigioso semanario marroquí Le Journal Hebdomadaire de albergar en su seno «agentes secretos» y chivatos de los consulados marroquíes. La reciente declaración de un responsable alauí de la emigración calificando la masa humana marroquí en el extranjero como la «17º wilaya» (región administrativa, Marruecos tiene 16 wilayas) fue tildada por el mismo semanario de provocación al hacer aparecer a los marroquíes como una suerte de quinta columna dentro de Europa.
Allí está la problemática de la integración. Por razones miserablemente pecuniarias, el Estado marroquí no quiere que sus ciudadanos expatriados se integren en sus diferentes países de adopción y terminen cortando los lazos administrativos (nunca sentimentales) con el país de origen. Pero el tiempo apremia. Si no hay una explícita política de integración de la inmigración marroquí, España se enfrenta a futuras convulsiones y problemas de convivencia. El ejemplo de la inmigración magrebí en Francia a partir de los años 50 es un terrible caso de fracaso. Los hijos de los magrebíes, educados como magrebíes en sus casas y como franceses en las aulas, siguen tres generaciones más tarde sin saber si son magrebíes o franceses. Aunque poseedores del pasaporte galo, estos ciudadanos franceses de segunda aún no han hecho la combinación entre la cultura de sus padres y la del país de adopción.
Ni magrebíes en el Magreb ni franceses en el país donde han nacido. Son estas generaciones abandonadas por el Estado receptor las que están detrás de las revueltas que han incendiado los barrios periféricos de las metrópolis francesas en 2005.