Por Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB (EL PERIÓDICO, 24/12/08):

El pasado 11 de diciembre, el Consejo de Europa dio a conocer el segundo informe del comité de expertos sobre la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en España. La Carta es un tratado ratificado por España en el año 2001, cuando José María Aznar era presidente del Gobierno y gozaba de una sólida mayoría absoluta en las Cortes. En Catalunya, el documento fue leído en diagonal, porque al día siguiente la mayoría de medios de comunicación catalanes sostenían no solo que “el Consejo de Europa avala la inmersión total en catalán” sino que propone extender el modelo a todas las comunidades autónomas bilingües.
En este malentendido, los partidos políticos no se quedaron en zaga. Maria Badia, secretaria de política europea de los socialistas catalanes, afirmó que “el PSC celebra que el Consejo de Europa reconozca el modelo lingüístico catalán, y ratifique su idoneidad”. En ERC, Alba Castellví, vicesecretaria de política sectorial, ni siquiera leyó la portada del documento, puesto que no dudó en felicitarse por el aval de la Unión Europea, que no tiene nada que ver con la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias.

UNA LECTURA atenta del informe del comité de expertos, que preside el alemán Stefan Oeter, pone de relieve que las consideraciones sobre el modelo de inmersión obligatoria para todos los alumnos que se practica en Catalunya no merecen exactamente el trato de “aval”. En el párrafo 218 de su informe, Oeter y los demás expertos dicen claramente que “la Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean”. Y en el párrafo H de sus conclusiones insisten: “Un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial debe ser accesible a todos aquellos que lo solicitan, pero no obligatorio para todos los niños”.
En todo caso, si hubiera aval, el avalador no sería exactamente el Consejo de Europa. Las consideraciones sobre la inmersión total son opiniones del comité de expertos que las autoridades españolas deben “tomar en consideración”, pero cabe distinguirlas de las prioridades que fija el comité de ministros (el órgano ejecutivo del Consejo de Europa), cuyo presidente de turno es el ministro Miguel Ángel Moratinos. Pues bien, lo cierto es que en su lista de recomendaciones prioritarias el comité de ministros no tiene nada que decir sobre el modelo de inmersión obligatoria para todos los alumnos que se practica en Catalunya. Ni lo avala, ni propone a las autoridades españolas que desarrollen un modelo de este tipo en las demás comunidades bilingües.
Si algo hay que destacar en las recomendaciones del comité de ministros, es que España no cumple aspectos importantes de la Carta. En palabras de Oeter y compañía, “existe una clara brecha entre algunos de los compromisos elegidos y el nivel de protección ofrecido por el marco jurídico nacional y/o la práctica”. Veamos un solo ejemplo de esta “clara brecha”. Al ratificar la Carta en 2001, España se comprometió a prever que los tribunales de justicia, “a requerimiento de las partes procesales, lleven a cabo los procedimientos en las lenguas regionales o minoritarias”. Cualquier ciudadano de una comunidad bilingüe sabe lo difícil que es no ya que se lleve todo un procedimiento en catalán-valenciano, gallego o euskera, sino simplemente poder expresarse en una de estas lenguas ante un órgano judicial. En 2005, el comité de ministros ya recomendó a las autoridades españolas que tomasen “las medidas jurídicas y prácticas necesarias” para asegurar la aplicación del compromiso contraído. Tres años después, el comité de ministros ha hecho un simple recorta y pega: su primera recomendación a las autoridades españolas es que tomen “las medidas jurídicas y prácticas necesarias” para que este compromiso sea efectivo.
Es interesante observar el silencio que algunos han dedicado a las recomendaciones del Consejo de Europa. El hecho de que un organismo internacional independiente sugiera que el nivel de protección de las lenguas regionales o minoritarias españolas no es suficiente descoloca sin duda a quienes han convertido en arma política la tesis de que ese nivel de protección es excesivo. En la página web de Unión, Progreso y Democracia, por ejemplo, es imposible encontrar ningún comunicado oficial sobre el informe del Consejo de Europa; todo lo que uno encuentra es un artículo de Roberto Blanco Valdés, en el que sugiere el impagable argumento de que defendiendo las lenguas regionales o minoritarias españolas el Consejo de Europa ha asumido “el credo nacionalista”.

PERO EL silencio sobre el incumplimiento de la Carta no afecta solo a partidos como UPyD, sino también a los socialistas, que son quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir desde el Gobierno de España. El caso de Maria Badia es remarcable: el PSC “celebra” que el Consejo de Europa reconozca el modelo lingüístico catalán, pero no “lamenta” que las autoridades españolas incumplan los compromisos contraídos. No sabemos si Zapatero cumplirá en materia de financiación; a la vista de los informes del Consejo de Europa, en materia de lenguas regionales o minoritarias no podemos decir que esté cumpliendo adecuadamente.