Por Laia Bonet, Secretaria del Govern de la Generalitat (EL PERIÓDICO, 25/02/09):
La relación entre el poder de gasto y la distribución de competencias, en un Estado fuertemente descentralizado como el nuestro, es clave para una eficiente gestión de los servicios públicos. Quien dispone de las competencias debe disponer de recursos para ejercerlas. Pero, desgraciadamente, eso no siempre es así. El mayor poder de gasto se concentra en el Estado, mientras que la balanza, en relación con las competencias que conllevan un mayor volumen de este gasto –sanidad, educación, servicios sociales– se decanta claramente hacia las comunidades autónomas. El Estado, con su poder de gasto, tiene la tentación de suplir la falta de determinadas competencias. Esta práctica solo es posible, según la jurisprudencia, como excepción: para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía en el ejercicio de los derechos y deberes, el Estado puede reservar parte de sus recursos dedicándolos a programas de dimensión estatal.
ESTAMOS ANTE la eterna pregunta de si el Estado puede condicionar las políticas públicas en materias que correspondería definir a las comunidades autónomas, por la vía de dedicarles recursos en forma de asignación directa de subvenciones. Es obvio que no estamos ante un debate jurídico, exclusivamente, que, por otro lado, ya es suficientemente claro e inequívoco. Se trata de una persistente resistencia a transformar el poder, a descentralizarlo, es decir, a compartirlo verdaderamente y, cuando corresponde, a cederlo.
Tampoco se trata de ningún problema nuevo. El Tribunal Constitucional ya ha tenido que afirmar en múltiples ocasiones que el Estado, cuando no dispone de competencias en una determinada materia, debe abstenerse de definir los objetivos a los que las comunidades autónomas podrán destinar los recursos que este les facilite. Y no solo eso. Debe distribuir los recursos entre las comunidades para que sean estas las que definan qué actuaciones de los ciudadanos quieren promover o incentivar con estas ayudas o, en definitiva, qué objetivos quieren priorizar. De hecho, el mismo Estatut de autonomía de Catalunya ha incorporado, en el propio articulado, esta reiterada jurisprudencia.
Pues bien, como en tantos otros casos, esto no ha sido así en relación con los recursos recaudados por el Estado cada vez que un ciudadano, al hacer la declaración de la renta, marca una cruz en la casilla de “finalidades de interés social” (hasta ahora, su importe era del 0,52%; de ahora en adelante será el 0,7% de su contribución a las arcas públicas en concepto de renta) para contribuir con programas sociales que llevan a cabo diversas oenegés.
El Govern de la Generalitat ha reclamado de forma continuada la territorialización de estos recursos. Nuestra demanda no es un capricho; no es tampoco un episodio más de las tensiones entre administraciones públicas en la identificación de los límites de sus responsabilidades, el diseño de las políticas o su ejecución. Ni siquiera es una típica confrontación y negociación de traspasos pendientes. Se trata de una práctica insostenible, injustificable e injusta que perjudica a los ciudadanos de Catalunya en nombre de la igualdad.
RESULTA incomprensible, desde un estricto sentido de lealtad institucional, que la convocatoria de subvenciones para el 2009 no solo no atienda a las reiteradas demandas de territorialización, de acuerdo con nuestras competencias y pese a los compromisos adquiridos a través de una moción aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que, además, reserve al Estado su gestión centralizada con la finalidad de reservar estos fondos únicamente para entidades o agrupaciones de carácter estatal. Si jurídicamente es incuestionable y políticamente indefendible, es necesario decir que, además, la lealtad institucional entre el Estado y Catalunya se lesiona y se debilita con estos reiterados incumplimientos.
No solo no avanzamos. Retrocedemos. Y con una perversión adicional: cuanto más se recauda con finalidades sociales en Catalunya, menos recursos retornan a Catalunya y a su tercer sector para finalidades sociales. Mientras que la aportación de los contribuyentes de Catalunya a estos proyectos supera muy ampliamente la media de otras comunidades –un 27% de las declaraciones que contienen la cruz en la casilla de finalidades sociales proviene de Catalunya–, el retorno de esta aportación a entidades y asociaciones que operan en Catalunya no es tan solo mucho menor, sino que disminuye de forma continuada y alarmante.
EL GOVERN de la Generalitat no aceptará esta política de hechos consumados. Y llevará sus justas demandas a los tribunales, como siempre ha hecho, y a los Parlamentos, como haremos ahora. Allá donde la justicia nos da la razón, habrá que ver si la política parlamentaria nos la niega y con qué argumentos. La vergüenza puede ser mayúscula. Alguien puede cometer un grave error, que perjudique los intereses de los ciudadanos de Catalunya y, además, que cuestione la confianza en nuestro sistema autonómico y en las relaciones institucionales. Equivocarse es posible. Hacerlo reiteradamente es injustificable. Hacerlo sabiendo que es un error es muy grave. Hacerlo desde la política y las instituciones es inadmisible.