A estas alturas, ¿ya ha dimitido alguien? Es probable que mi pregunta sea de una ingenuidad evidente, pero también estoy convencida de que es la única pregunta realmente decente que se puede plantear, a tenor de los informes que la Sindicatura de Comptes ha presentado, tanto respecto al Fòrum de les Cultures, como a Adigsa. A diferencia de otros países más serios, el nuestro cohabita sin complejos con sus propios escándalos políticos, como si el abuso con el dinero público formara parte de la idiosincrasia política. Así, estos días hemos contemplado algo que sería insólito en otras democracias: la Sindicatura de Comptes ha presentado unos informes detallados sobre anomalías, abusos, gratificaciones, contratos a dedo y todo tipo de irregularidades, perpetrados por dos sociedades públicas, y ello sólo ha comportado una penosa justificación política. Y pelillos a la mar, que en cuestiones de alegría presupuestaria, tenemos una capacidad extraordinaria para mirar hacia otro lado. Así, sin que nadie se escandalice más de la cuenta, el síndic major de la Sindicatura de Comptes ha informado de que, a pesar de su carácter temporal, la empresa del Fòrum optó sorprendentemente por hacer contratos indefinidos, con cláusulas compensatorias de indemnización por despido. Cuando pasó a ser una empresa estable, eliminó dichas cláusulas, pero se dedicó a pagar gratificaciones. Ello comportó, por ejemplo, que un directivo del Fòrum cobrara más de 100.000 euros como gratificación excepcional, sin otro motivo aparente que estar por ahí. Y que un responsable técnico recibiera 50.000 euros como indemnización especial, a pesar de que continúa trabajando en la empresa. Además, el síndic informa de irregularidades en el proceso de selección de personal e incumplimiento de la legislación en publicidad. Para rematar, dicha empresa gastó un millón de euros en fiestas y publicidad en el 2007, coincidiendo con las elecciones municipales. La inauguración de la Gran Via, por ejemplo, costó al erario público la bonita cifra de 368.241 euros.Si pasamos a la empresa pública Adigsa, las 210 páginas del síndic hablan de contrataciones verbales de adjudicación de obras y de recargos sin justificar que llegan hasta al 80% del precio de rehabilitación de las viviendas. Según Joan Colom, sólo en el 2003 se encontraron desviaciones económicas en 37 de las 44 viviendas rehabilitadas. Y lo mismo pasó en el 2004, ya con el Gobierno tripartito. También señala que hubo una "significativa concentración de adjudicatarios", y que cinco empresas se hicieron con más del 60% de las obras. Sin olvidar que en los años reseñados, Adigsa cerró cuentas con pérdidas millonarias. Todo este paquete de irregularidades, que la Sindicatura de Comptes ha hecha público, tendría que provocar un gran escándalo político y las consecuentes dimisiones de los responsables. Contrariamente, estoy convencida de que no pasará nada, más allá de algún ruidito, porque en este país del 3% retórico, nunca hay consecuencias. Como si las prácticas anómalas pertenecieran a la narrativa política con tal naturalidad, que se traspasan de unos a otros.
Sin embargo, ¿no sería hora de acabar con esta cultura de nuevo rico que practican muchos de nuestros políticos, con inusitada irresponsabilidad? Ya no se trata de corrupción (que si fuera el caso, sería delito), se trata de dispendio público, de auténticos manirrotos que juegan con el dinero de los contribuyentes como si fueran los clásicos hereus escampa de nuestra tradición burguesa. En estos tiempos de crisis grave, con un déficit astronómico, hemos sabido que se han contratado a familiares para hacer estudios sobre el sapo amarillo, se han pagado informes hechos a base de fotocopias, se han montado embajaditas en la Quinta Avenida de Nueva York, escondiendo el coste que ha representado, se han intentado tunear coches oficiales como si fueran del presidente de una gran corporación financiera, se han publicitado actos políticos con el gasto propio de un magnate de las finanzas, y se ha abultado el número de asesores de muchos departamentos.
Lejos de la sobriedad esperable, y especialmente necesaria en tiempos de recesión, nuestros políticos han continuado perpetrando las mismas alegrías suntuarias de antaño, como si el cargo hiciera escuela, y la escuela fuera la de la opulencia. De esta manera, acaba resultando normal que, para mostrarnos el exotismo de las danzas tribales de una tribu del Senegal, en un foro cultural, un tipo, amigo de alguien y militante de algo, gane barbaridades astronómicas, convirtiéndose en miembro de una casta extraterrestre, cuya principal virtud es lo bien que le van las cosas, arrimado al poder.
¿Cómo esperamos que se escandalicen por lo que hicieron en Adigsa o en el Fòrum, si nuestros políticos actuales continúan con la misma mentalidad de nuevo rico? De las antiguas gratificaciones del Fòrum a los amigos colocados en las embajadas del tripartito no dista otra distancia que la del tiempo. Pero palpita la misma mentalidad: la del tipo que no valora el dinero, pero que necesita gastarlo para marcar identidad. Lo dicho: vieja política de nuevos ricos.
Pilar Rahola