Dos escándalos han recrudecido la guerra contra los denominados paraísos fiscales emprendida hace tiempo por la OCDE. El primero fue la consecución, mediante soborno, de una lista de 900 importantes ejecutivos alemanes con sustanciosos activos, cuyas rentas no eran declaradas al fisco germano, en un banco de Liechtenstein. El segundo, la fuerte compensación abonada por la UBS, una entidad helvética, al Gobierno norteamericano por haber contribuido a la evasión de impuestos por ciudadanos de aquella nacionalidad. Estados Unidos, Francia y Alemania quieren ahora apretar los tornillos. Han incluido en la agenda de la próxima reunión del G-20 un punto sobre las medidas a tomar para castigar a los países cuyos gobiernos no acepten reglas de transparencia sobre los fondos que manejan sus bancos. Naturalmente este anuncio ha levantado polvareda, y temor, en los medios financieros.
¿Cuándo un país es un paraíso fiscal? Tres como mínimo son los rasgos esenciales que ha de reunir. Primero, no gravar, o solo cosméticamente, las rentas de capital. Segundo, la ausencia de un auténtico intercambio de información entre las autoridades fiscales nacionales y las extranjeras. Y, tercero, no exigir una presencia física efectiva continuada en su territorio de quienes pretenden gozar del trato impositivo propio de los nacionales.
Son muy numerosos los países que cumplen con estas tres condiciones. Pero los que realmente preocupan son los que ofrecen seguridad y estabilidad política y una supervisión eficaz de sus entidades bancarias, pues son los que atraen más capitales por el escasísimo riesgo que entrañan. Para entendernos, no es lo mismo la isla caribeña de Antigua, donde recientemente ha estallado un escándalo monumental en su principal entidad financiera, que, por ejemplo, el histórico y pacífico Liechtenstein.
Los expertos mantienen que los clientes de estos paraísos fiscales pueden dividirse en tres grupos de muy distinto pelaje. En el primero están los delincuentes que, tras una fechoría, quieren esconder o blanquear el botín conseguido. En él se incluyen muchos dictadores de nombres bien conocidos. El segundo está integrado por individuos que canalizan sus ahorros honestamente generados, aunque no siempre fiscalmente declarados, hacia entidades financieras establecidas en países cuyo estricto secreto bancario les permite olvidarse de aflorar en su base impositiva las rentas conseguidas con sus ganancias. Y, finalmente, son muchas las empresas, especialmente multinacionales, que utilizan legítimamente los paraísos fiscales para reducir los impuestos a pagar, pero que no esconden este proceder a las autoridades de los otros países donde operan. En Bermuda, por ejemplo, tienen su sede social 13 de las 40 compañías reaseguradoras más importantes del mundo, con un valor de capitalización, a finales del 2007, de 129.000 millones de dólares, una cifra importantísima cuando se compara con la riqueza de la isla. Pero estas 13 compañías no esconden sus datos contables ni las razones de su ubicación: sus cuentas de resultados las dejan muy claras.
El objetivo de la OCDE ha sido eliminar el blanqueo y la evasión. Es decir, luchar contra los dos primeros tipos de clientes. En general, los paraísos fiscales, cuando menos los más serios, han aceptado levantar el secreto bancario ante un requerimiento judicial originado por un caso criminal en el extranjero. La lucha ahora se centra en la evasión que puedan efectuar los clientes del segundo tipo. La OCDE ha instado a los hasta ahora paraísos fiscales a firmar acuerdos de transparencia, por los que se obligarían a suministrar los datos reclamados por las autoridades fiscales de los países de origen. Sus esfuerzos han tenido algún éxito, a juzgar por la progresiva reducción del número de naciones señaladas con el dedo. Concretamente en el 2002 solo eran tres las europeas que aún se negaban a rebajar su secretismo: Andorra, Mónaco y Liechtenstein, mientras que pocos años antes la relación era mucho más larga.
No obstante, parece que se ha cantado victoria antes de tiempo y la voluntad de transparencia de las naciones borradas de la lista era más aparente que real. Lo demuestran las dificultades que en estos momentos tiene el fisco americano para conseguir los datos de los 50.000 (como mínimo) contribuyentes que han refugiado parte de su fortuna en bancos helvéticos. Los suizos han creado una sutil distinción entre fraude y evasión fiscal: el primero es un delito penal mientras que el segundo es una simple infracción administrativa. Y solo están dispuestos a suministrar información cuando, en su terminología, ha existido fraude, lo que significa que solo una minúscula proporción de los clientes norteamericanos de los bancos suizos se verá incluida en la relación que el fisco americano persigue.
La impresión reinante es que se ha abierto un largo contencioso cuya solución final se extenderá a todo el resto de países en el ojo del huracán. No en vano el 27% de los capitales opacos está refugiado en el país alpino. Andorra, Mónaco y Liechtenstein ya han anunciado su voluntad de seguir la misma senda. Pero que el pánico no cunda, que todo va para largo.
Antoni Serra Ramoneda, presidente de Tribuna Barcelona.