Por Andoni Pérez Ayala, profesor de Derecho Constitucional Comparado en la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 25/03/09):
Tan importante como la aritmética parlamentaria resultante de las elecciones es el álgebra política con la que es preciso operar para gestionar los resultados electorales. La mera contabilización de los escaños obtenidos por las distintas formaciones políticas, incluidas las eventuales sumas que puedan realizarse entre algunas de ellas, no es suficiente para poder dar cuenta de la nueva situación que se produce una vez concluida la contienda electoral. Además de ello, hay que tener en cuenta, asimismo, otros factores que son determinantes en la conformación del nuevo escenario postelectoral; muy especialmente las opciones por las que se decanten las fuerzas políticas para articular mayorías parlamentarias estables que puedan garantizar la continuidad del gobierno.
Así, por ejemplo, se pueden ganar las elecciones, mejorando además sensiblemente la representación parlamentaria en relación con las anteriores y, sin embargo, ser desalojado del gobierno por no poder reunir la mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno; como ocurre con el PNV, al que no se puede discutir su éxito electoral. Asimismo, se pueden ver reducidos la representación parlamentaria y el respaldo electoral y, a pesar de ello, encontrarse en una situación más fuerte que permite, incluso, condicionar por completo la acción del gobierno; como ocurre con el PP, cuya posición política se ha reforzado sensiblemente tras las elecciones al tener la llave de una eventual mayoría parlamentaria. Por último, se pueden obtener unos buenos resultados electorales, como es el caso del PSE, que le sitúen en la posición más favorable y con mayores posibilidades de formar gobierno (con el apoyo del PP) y, sin embargo, encontrarse en una situación de la mayor fragilidad política; fragilidad que además se acentuará inevitablemente si, como parece, se confía todo al ejercicio de la elemental operación de suma aritmética parlamentaria: 25+13=38.
Las últimas elecciones, como todas, han servido para registrar las pequeñas variaciones que experimentan las distintas formaciones políticas que concurren a la cita electoral. A este respecto, puede afirmarse que no ha habido grandes cambios sino, más bien, confirmación de tendencias ya conocidas y anunciadas en los medios de comunicación. Pero estas elecciones, como las anteriores y las precedentes, han servido también para confirmar, una vez más, las constantes estructurales básicas de nuestro sistema político; en particular, el acusado pluralismo que lo caracteriza (aunque es preciso puntualizar que en esta ocasión tres de las siete formaciones políticas con representación parlamentaria quedan reducidas a su mínima expresión con un solo representante) y, sobre todo, el equilibrio, tanto en términos de sufragios como de escaños, entre las formaciones de signo nacionalista y las demás.
Este último dato no se ve alterado en lo fundamental por el hecho de que coyunturalmente el conjunto de las fuerzas nacionalistas tengan uno o dos escaños más que el resto, como ha ocurrido en las anteriores legislaturas; o viceversa, como ocurre en la actual (ajustada mayoría de escaños del PSE+PP+UPD contrapesada por la estrecha mayoría de sufragios a favor de las formaciones nacionalistas). Esta compartimentación del espacio político, en función de la adscripción nacionalista o no de las formaciones políticas, además de constituir una constante estructural de nuestro sistema político, como ya se ha indicado, ha venido siendo también un factor que ha condicionado de forma determinante la formación de los gobiernos y de las mayorías parlamentarias que los sustentaban.
La imposibilidad, como consecuencia de los recientes resultados electorales, de reeditar la fórmula de los gobiernos nacionalistas tripartitos que se han venido sucediendo durante las últimas legislaturas, incluso mediante su reconversión en cuatripartito con la inclusión de Aralar, proporcionaba una buena oportunidad para ensayar fórmulas alternativas. Una primera opción posible, que a día de hoy parece ser la que cuenta con mayores posibilidades de salir adelante, es la del ‘desalojo’ nacionalista apelando a la alternancia en el gobierno; opción que, sin duda, no es difícil que tenga numerosos adeptos en los ámbitos ajenos al nacionalismo dado el prolongado periodo de casi tres décadas de continuismo nacionalista en el gobierno. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta la experiencia más reciente de la deriva abiertamente frentista protagonizada por los sucesivos gobiernos que se han sucedido en esta última década, durante el ciclo político iniciado con la alianza abertzale sellada con el Acuerdo de Lizarra.
El hecho de que ésta sea la opción que previsiblemente vaya a imponerse en la presente coyuntura postelectoral no debe ocultar, sin embargo, la existencia de otras opciones posibles que, aunque un poco más complejas y problemáticas que la simple suma aritmética de escaños, quizá se ajusten más a la realidad estructural del país. En este sentido, una interpretación que también cabe hacer de los resultados de las últimas elecciones es que brindan una muy buena oportunidad para lograr la consecución de acuerdos transversales; o, al menos, para intentarlo seriamente. Máxime cuando, desde la oposición, se ha venido criticando, con toda la razón, la deriva frentista de los últimos gobiernos nacionalistas y se ha venido defendiendo, muy acertadamente, la conveniencia de los acuerdos transversales.
La transversalidad es una opción, entre otras, que a pesar de las dificultades que plantea para su materialización efectiva en la práctica merece la pena ser tomada en consideración y explorar seriamente las posibilidades de una negociación en este sentido. El problema no es tanto que no se haya formalizado un acuerdo transversal entre las principales formaciones políticas tras las elecciones (que hay que reconocer habría tenido muchas dificultades para su realización) como que ni siquiera se ha intentado; ni para formar gobierno de coalición, ni para lograr un pacto de legislatura, ni bajo ninguna otra forma. Lo que no deja de llamar la atención cuando los resultados de las últimas elecciones proporcionan las mejores condiciones, aunque sólo sea por la imposibilidad de reproducir los gobiernos frentistas derivados de Lizarra, de emprender una nueva dinámica en las relaciones entre las plurales fuerzas políticas vascas basadas en criterios de transversalidad.
La opción por la alternancia y el ‘desalojo’ de los nacionalistas del gobierno, que previsiblemente es la que va a imponerse al ser compartida por quienes -PSE+PP (además de UPD)- cuentan con una ajustada mayoría aritmética de escaños, comporta consecuencias políticas que no cabe soslayar; entre ellas, el riesgo de reproducir la dinámica frentista que ha venido dándose en estas últimas legislaturas, si bien invirtiéndose las tornas, con los nacionalistas ahora en la oposición. Es una opción lícita, sin duda, como también lo es la de los gobiernos de unidad abertzale (que probablemente se habrían reeditado de contar con la necesaria mayoría aritmética); pero es muy dudoso que cualquiera de ellas sirva para asentar un marco de relaciones políticas estable que contribuya a avanzar en el camino de la normalización política del país.
El nuevo periodo que se abre tras las elecciones brindaba una buena oportunidad para propiciar un cambio en las relaciones políticas basado en criterios de transversalidad que hagan posible el acuerdo entre diferentes. Todo indica que no va a ser posible esta vez y que habrá que intentarlo de nuevo en otras ocasiones que, sin duda, volverán a plantearse en un próximo futuro ya que, como se ha reiterado en estas líneas, la realidad estructural del país, ratificada una vez más en estas mismas elecciones, así lo exige. En cualquier caso, es una pena que se haya desaprovechado esta oportunidad.