Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 16/04/09):

El reciente cambio ministerial pretende varios fracasos. Destaca, sobre los demás cambios, la sustitución de Pedro Solbes por Elena Salgado, aunque sería injusto llamar al hasta ahora vicepresidente un fracasado. En realidad, Solbes ha sido relevado por sus conocidas discrepancias con Zapatero y no sabemos si el cese será positivo: a veces el remedio es peor que la enfermedad. Por otra parte, aunque es obviamente prematuro emitir un juicio sobre la vicepresidenta Salgado, no deja de ser inquietante – por verosímil-la versión según la cual su cometido consistirá meramente en ejecutar las directrices de Zapatero, convertido en el nuevo cerebro de la política económica. Menos mal que Fernández Ordóñez, por el momento, sigue al frente del Banco de España.

El segundo cambio importante es el nombramiento de Manuel Chaves como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, un departamento de nueva creación. No hay duda que tras los disparates de los últimos cinco años, la política autonómica requiere una rectificación a fondo, y así parecen indicarlo tanto el peso histórico de Chaves como el rango dado al nuevo cargo. Otros indicios, además, lo confirman: María Teresa Fernández de la Vega ha declarado que en este campo el objetivo es “pasar de un Estado reivindicativo auno cooperativo” yque “las administraciones están para cooperar, para confrontar está el Parlamento”. No cabe duda, pues, de que algo ahí se está moviendo.

Lo más probable – como anteayer sugería María Dolores García en estas páginas-es que Zapatero quiera retomar el programa autonómico contenido en la declaración de Santillana, que lo llevó al poder en el año 2004. Prácticamente ninguna de las medidas propuestas en dicho programa se han llevado a cabo y, además, la política desarrollada por Zapatero durante estos años ha sido la contraria de la que allí se expone. Inverosímil pero cierto.

En síntesis puede decirse que la filosofía general de la declaración se inspira en el llamado federalismo cooperativo, el federalismo actual de los países de nuestro entorno.

En concreto, se sostiene que las mejoras en el sistema español deben basarse en los principios de “participación, coordinación y colaboración”, se rechaza explícitamente “una oleada global o indiscriminada de reformas estatutarias” y se considera que “sólo resulta prudente y aconsejable acometer una reforma estatutaria allí donde un alto grado de consenso democrático lo considere oportuno y conveniente”.

Pues bien, seis años después y gobernando el mismo PSOE, está claro que se ha producido una oleada global de reformas estatutarias que aún no se ha completado, no ha habido consenso en la reforma del Estatut de Catalunya, los cambios en los demás estatutos son meramente retóricos y los principios de participación, coordinación y colaboración brillan por su ausencia: ni reforma del Senado, ni conferencia de presidentes, ni mejora de la participación en la política europea, ni perfeccionamiento de los mecanismos cooperativos. Sólo improvisación, tacticismo para mantenerse en el poder y subordinación a los partidos nacionalistas, precisamente los adversarios de este tipo de federalismo. Seis años perdidos y un Estado autonómico caro, ineficiente y burocratizado, un lastre evidente para afrontar la crisis económica. Así estamos.

¿Podemos esperar que se produzca un giro con el cambio ministerial reciente? Depende. Ciertamente, la confianza en Zapatero está bajo mínimos. Pero como he dicho al principio, parece que hay intención de rectificar en el sentido de volver al modelo de Santillana, un modelo que nunca debió abandonarse, continuador, por otra parte, de una línea de política autonómica ya sostenida por Felipe González, por lo menos a partir de 1992, línea desarrollada también durante los breves mandatos de Almunia y Borrell en la secretaría general del PSOE. Un modelo, además, en el que coincidía el PP hasta el segundo mandato de Aznar.

Ahora bien, las dificultades políticas para que el Gobierno cambie el rumbo son evidentes. Zapatero está en minoría en el Congreso y todavía le quedan tres años de mandato. Para poder seguir gobernando sólo tiene dos opciones: buscar apoyos en los partidos nacionalistas (CiU, PNV, ERC e ICV) o en el PP. Si es con los primeros, un giro en el sentido de configurar un Estado federalmente cooperativo resulta imposible: seguirá el “Estado reivindicativo” del que la vicepresidenta primera quiere alejarse. Sólo con el PP puede el Gobierno pactar una política autonómica en la que las “administraciones puedan cooperar” sin confrontarse, el Estado cooperativo al que se refiere Fernández de la Vega. Por tanto, Zapatero debe escoger socio para tres años, bien con unos, bien con el otro. Lo que no puede es ir tirando para mantenerse en el Gobierno, sin decidirse por ninguno, mientras aumenta el paro y nos dirigimos hacia una deflación.

El economista Eduardo Aguilar, en un artículo de gran interés publicado en este periódico el pasado 5 de abril, advertía sobre la necesidad de una nueva política autonómica. “El Estado de las autonomías – decía-impide de manera drástica la adopción de medidas globales (…) sobre las que asentar la recuperación económica”. Una rectificación en la política autonómica es, pues, condición indispensable para las necesarias reformas económicas y sólo puede hacerla posible el entendimiento entre los dos grandes partidos estatales. Quizás el País Vasco sea un precedente.