Crítica a Catalunya con temor

Comentar las cuestiones que se plantean en la política catalana se ha convertido en asunto de riesgo. Y más todavía si dichas cuestiones están vinculadas a la financiación y a la política lingüística. Por esta razón, las siguientes líneas están escritas con cierto temor a que no se consideren críticas legítimas en una sociedad democrática, sino anticatalanismo inadmisible para el discurso oficial de los poderes públicos en Catalunya.

Es cierto que no son los partidos catalanes los responsables de la tardanza del Tribunal Constitucional (TC) español a la hora de dictar sentencia sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán. Es cierto que los poderes públicos catalanes están en la obligación de ir cumpliendo las previsiones establecidas en dicho Estatuto, mientras no hable el TC. Es cierto que en el desarrollo de algunas previsiones del nuevo Estatuto no se hace más que desarrollar aspectos que poseen larga tradición en Catalunya, como la política de inmersión lingüística, y que no han sido objeto de sentencia contraria por parte del TC.

Todo lo cual, a priori, no es obstáculo para que haya quien piense que sería bueno que los poderes públicos en Catalunya introdujeran matizaciones en la política de inmersión lingüística, matizaciones que supusieran que el castellano no desaparece en ningún tramo de la enseñanza como lengua vehicular. La introducción de dicho matiz no implica, no debiera implicar, ni la segregación de los alumnos de acuerdo con su lengua habitual de uso ni la falta de esfuerzo para que todos los alumnos adquirieran una competencia suficiente en catalán. Sí implicaría, sin embargo, que el sistema escolar respete el hecho de que Catalunya cuenta con dos lenguas oficiales sin que sea posible, desde una lectura tranquila de la Constitución, establecer jerarquía jurídica entre ellas.

No es cuestión de poner en duda que el sistema actual de inmersión lingüística no está funcionando. No es cuestión de que el castellano esté en riesgo de desaparición en Catalunya. No es cuestión de que los alumnos catalanes no terminen aprendiendo el castellano de forma suficiente.

La cuestión radica en otro aspecto: si es posible que en una sociedad democrática una lengua oficial quede oculta como lengua vehicular en determinados tramos del sistema escolar. La cuestión radica en si la efectividad del método aplicado se puede legitimar exclusivamente desde el éxito de su funcionamiento. La cuestión radica en si el éxito del método es suficiente para pasar por encima de la voluntad de los padres que desean otra cosa dentro de los límites del derecho español. La cuestión radica en si los poderes públicos en Catalunya se pueden escudar en la argumentación que afirma que los alumnos catalanes ya aprenden suficiente español en la calle y a través de los medios de comunicación, como si no tuvieran ninguna otra responsabilidad. ¡Qué dirían muchos que defienden la política de inmersión lingüística si se afirmara que ya basta el mercado dejado a su funcionamiento para que surjan puestos de trabajo, que el mercado capitalista ya arreglará las cuestiones medioambientales sin que los poderes públicos tengan que asumir responsabilidad alguna!

También las políticas lingüísticas, incluso la de inmersión escolar, pueden ser objeto de crítica, sin que por ello tengan que ser consideradas automáticamente anticatalanas, sin que tengan por ello que ser colocadas en el contexto del nacionalismo español anticatalán. Al final puede resultar que esta forma de argumentar esconde más peligro que la propia política de inmersión lingüística. Parece que se trata de inmunizar todas, o casi todas, las políticas concretas que se establecen desde los poderes públicos catalanes contra cualquier crítica por medio del recurso al anticatalanismo por el mero hecho de ser críticas.

Cualquier sociedad que cree necesario recurrir a ese método de inmunización ante las críticas está corriendo un grave peligro de deterioro. No hay forma de avanzar, no hay forma de progresar si no es a través de la crítica. Pero si la crítica resulta imposible porque cualquier crítica es tildada de antemano como contraria a Catalunya, entonces no hay camino de futuro para esa sociedad. John Dewey cita en su introducción a la Reconstrucción de la Filosofía a un científico de su tiempo, C. D. Darlington, con la siguiente frase: "Está haciéndonos falta un Ministerio de Perturbación, una fuente reglamentada de desazones; un destructor de rutinas; un socavador de la satisfacción con lo que se tiene".

Sigue siendo, sin duda, necesario perturbar el nacionalismo español que sigue resistiéndose a diferenciar la nación política España, que no es otra cosa que España como Estado de derecho, de la nación cultural España, que no es la única que tiene cabida en dicho Estado. Pero la perturbación de ese nacionalismo tiene que llegar hasta la capacidad de ver que los nacionalismos periféricos --pero no solo ellos-- han mimetizado lo peor del nacionalismo español.

Mal irá Catalunya si en los sectores de influencia de su sociedad se consolida la costumbre de no discutir las críticas a las políticas concretas porque se adopta el fácil camino de identificar esas críticas con una animadversión hacia Catalunya.

Joseba Arregi, presidente de Aldaketa.