Por Margarita Rivière (EL CORREO DIGITAL, 23/07/09):
Se han agotado ya las palabras de satisfacción o de condena a la financiación autonómica aprobada legalmente hace unos días? ¿Se dará en el mes de agosto carpetazo al engorroso asunto? ¿Se calmará así esa ola que, periódicamente, como si tal cita fuera una obligación en la política española, se empeña en enfrentar a los españoles con los catalanes y viceversa? No hace falta ser un lince o un entendido en los entresijos del tejido político de España para apostar con ventaja a que, lamentablemente, esos grupos minoritarios con suficiente influencia política y social -no sólo dentro del Partido Popular, sino especialmente en la órbita mediática que se irradia desde Madrid, ya que los catalanes tienen menos capacidad de influencia colectiva- continuarán sembrando la discordia entre ‘lo catalán’ y ‘lo español’ y, para ello, aprovecharán cualquier posible excusa.
Ésta es una partida abierta y que tiene otra cita bien próxima: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del nuevo Estatuto catalán, aprobado por las Cortes españolas hace más de tres años -tras ser refrendado por los catalanes y mucha polémica- y recurrido inmediatamente por el PP. Sea cual sea esa sentencia, prevista inicialmente para finales de julio, pero que podría retrasarse porque el Tribunal se ha manifestado dispuesto a seguir reflexionando en el mes de agosto -lo cual da medida de la importancia que se concede al asunto en el meollo del poder español- parece claro que será difícil evitar un nuevo envite a la convivencia normal entre la mayoría de españoles, con esos ‘sospechosos habituales’ que son los catalanes o viceversa.
Cabe recordar que 42 disposiciones señaladas en el recurso como inconstitucionales son idénticas en el Estatuto andaluz, aprobado tras el catalán, y nunca han sido recurridas. ¿Por qué unos sí y otros no?, se preguntan los catalanes menos dados al independentismo, que observan cómo este hecho resulta indiferente a quienes no tardan ni dos minutos en sospechar de su avaricia o su insolidaridad hacia la colectividad española. Desde Cataluña resulta hasta gracioso observar cómo el nuevo Estatuto valenciano llega a reclamar en un artículo -no declarado tampoco inconstitucional- acceder a lo mismo que pueda aplicarse a los catalanes en su Estatuto. Si, después de haber visto cómo se reitera el ‘contra ellos’, seguido del ‘lo mismo que ellos’ y el expresivo hecho de ‘toma el dinero y corre’ proporcionado a todas las autonomías por el nuevo modelo de financiación, añadimos la retahíla de calificativos escuchados estos días, como el de ‘chantajistas’ o ‘cantonalistas de pesebre’ aplicados indiscriminadamente a ‘los catalanes’, se comprenderá la ironía catalana ante tales acontecimientos.
Llueve sobre mojado, aunque los catalanes comienzan a estar hasta las narices -disculpen la expresión- de que se dé por sentado que en ciertos sitios ‘hay que pedir perdón por ser catalán’. No parece que gentes que hoy son catalanas pero que, como el presidente de la Generalitat, José Montilla, han llegado de todos los lugares de España estén dispuestas a recibir según qué diatribas sin inmutarse. Sobre todo cuando se repasa la historia y se observa que si hoy existe en España un Estado de las Autonomías -que acaba de lograr una financiación de carácter casi federal- ha sido gracias al ‘motor’ puesto en marcha por esos catalanes que -a diferencia de los nacionalistas- querían una España más solidaria y gestionada más cerca del ciudadano.
La izquierda catalana, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) en concreto, llevó a cabo ese modelo en su misma estructura de partido, al darse cuenta, en los años setenta, de la posibilidad de una fractura social si la sociedad catalana se dejaba llevar por el esencialismo nacionalista y marginaba a los numerosos inmigrantes llegados en los años sesenta. El pacto de los socialistas catalanistas del PSC con los militantes catalanes del PSOE -hay que recordarlo porque parece una historia secreta gracias a la hegemonía del ‘pujolismo’ durante 23 años- es lo que explica todavía la cohesión social catalana. Se ha ampliado así una tradicional clase media que tiene poco que ver con los tópicos y prejuicios que caricaturizaron a un ‘catalán de pandereta’ hecho a la medida de la derecha española y que, paradójicamente, tantos réditos electorales ha dado al nacionalismo catalán.
No hay que engañarse, la equívoca ‘cuestión catalana’ marca, en la política española, una línea clara entre izquierda y derecha o, para ser más precisos, entre la socialdemocracia posible y un consevadurismo cerril, nostálgico del centralismo, dispuesto a boicotear el Estado de las Autonomías, incluso con el auxilio de ciertos nacionalistas. El actual acuerdo de financiación -que aún dará mucho que hablar cuando se conozcan las cifras exactas de cada comunidad- no sólo mejora las finanzas de todas las autonomías porque el Estado les cede mayor margen de ingresos sino que, al contemplar variables tan obvias como la población -una novedad que sólo favorece a los ciudadanos, sean de donde sean- reparte mejor el presupuesto público ‘per cápita’.
Esto tan elemental es lo que los catalanes -acostumbrados a aportar desproporcionadamente a lo recibido, gracias a los traspasos mal negociados durante décadas por los nacionalistas- consideran mayoritariamente que es una mejora real, lo cual no impide la continuidad de la solidaridad catalana a la caja común española. Éste es, en esencia, el sentido del acuerdo: un reparto más equilibrado de los recursos públicos españoles, abierto a futuras mejoras.
Resulta, pues, interesante observar cómo acaban coincidiendo en el rechazo del modelo la derecha más reticente a la realidad autonómica con los nacionalistas de Convergència i Unió, que consideran ‘ilegal’ el acuerdo de financiación autonómica. El reproche de los nacionalistas se centra en que el acuerdo incumple los términos pactados en el Estatut y en que supone una ‘hipoteca’ para Cataluña. Lo cual les lleva a anunciar nuevas reclamaciones financieras, caso de volver al Gobierno catalán. La expresión ‘concierto económico’, sólo utilizada entre catalanes independentistas radicales, se ha instalado en ciertos dirigentes nacionalistas y, probablemente, se escuche en la campaña electoral catalana, prevista para la primavera de 2010.
Esta perspectiva electoral catalana tampoco favorece una desdramatización de las relaciones entre España y Cataluña: hay demasiados intereses políticos en juego y da la impresión de que el Partido Popular ha renunciado a mejorar sus siempre exiguos resultados catalanes, dejando así un espacio a disputar en la batalla de desalojar al actual Gobierno tripartito de socialistas, ecocomunistas y republicanos. Pero cuando se gana en Cataluña no siempre se gana en España: los ciudadanos lo saben perfectamente.