Por Javier Zarzalejos (EL CORREO DIGITAL, 26/07/09):
El nuevo modelo de financiación autonómica sólo puede tener cabida en el mundo de Rodríguez Zapatero, el mundo de la matemática posmoderna en el que todas las comunidades autónomas quedan por encima de la media, el mundo de esta extraña socialdemocracia para la que el sistema de reparto de los recursos se hace más justo cuanto más se reduce la capacidad redistributiva del Estado. Es el mismo mundo de adanismo arrogante que le lleva a creer al presidente del Gobierno que, una vez más, inaugura la Historia hasta el punto de afirmar sin sonrojo que es ahora con ese nuevo sistema de financiación cuando se establece el verdadero Estado de las Autonomías.
La aseveración presidencial merece preguntarse qué creerá Rodríguez Zapatero que es el Estado de las Autonomías. Su trayectoria como gobernante ofrece una respuesta bastante aproximada: el ‘verdadero’ Estado autonómico es para Rodríguez Zapatero lo que en cada momento convenga a la coyuntura política en que ande metido.
Para ello, el presidente del Gobierno no sólo necesita esa matemática líquida en la que la suma nunca es cien. Hace falta una Constitución que ha perdido su condición normativa para transformarse -en una metamorfosis también muy posmoderna- en un repertorio de posibles ‘lecturas’, incluida una que abra la posibilidad de su propia volatilización. A esa concepción de la Constitución responde el abandono del Tribunal Constitucional de su responsabilidad de depurar el ordenamiento de leyes contrarias a la norma fundamental, eludiendo esa tarea, enojosa pero imprescindible, mediante el recurso abusivo a declaraciones interpretativas o a la pura y simple dejación de su obligación institucional hasta extremos de escándalo como es el caso del Estatuto catalán, todavía pendiente de sentencia.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, se ha revelado como un magnífico intérprete de esta situación. Hombre de sagacidad improbable, Montilla, sin embargo, la ha sintetizado en dos afirmaciones contenidas en una amplia entrevista realizada después de aprobado el nuevo modelo de financiación. Por un lado, sentenciaba Montilla, «España ha saldado una deuda con Cataluña»; por otro, «el Estatuto (de Cataluña) es un pacto político y eso los tribunales no lo pueden tumbar».
Éste es el marco argumental que remite a un Estado que ha dejado de ser reconocible en el modelo autonómico promovido por la Constitución y que ha mutado hacia un esquema confederal basado en una precaria composición de intereses y reivindicaciones identitarias.
Sólo en este esquema de tinte confederal se puede entender la inversión del concepto de solidaridad y los mecanismos para hacerla efectiva que subyacen en la negociación bilateral de la financiación autonómica sobre la base del agravio exhibido por Cataluña. En un brillante artículo publicado en este periódico, Ignacio Marco-Gardoqui reproducía en términos literales lo que ha constituido el principio negociador del tripartito catalán: «Es necesario acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas». Así ha ocurrido y mucho más allá y con mucha mayor gravedad de lo que sugiere el eufemismo de la formulación.
En idéntico sentido, sólo en esta deriva de desagregación del modelo de Estado se entiende la pretensión de blindar el Estatuto del examen constitucional. Es sintomático que al referirse a este tema en las declaraciones aludidas, Montilla, dando por hecho que el Estatuto es constitucional -lo cual es todavía una presunción-, añadía que «además de una ley orgánica es un pacto político y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales». Hasta ahora, para «exigir el cumplimiento del Estatuto», el orden del razonamiento era el inverso; lo importante era invocar la condición de ley orgánica de aquél para justificar su fuerza normativa vinculante, más allá de su valor político. Para Montilla -y tantos otros- la condición normativa, su valor jurídico-constitucional es secundario; lo concluyente ahora es que se trata de un pacto político inmune al análisis constitucional.
Dos observaciones podrían ser pertinentes. La primera es el coste de este modelo hacia el que se desplaza la organización territorial del Estado. Un coste derivado directamente del sistema de financiación que se ha presentado como la llegada de los Reyes Magos fuera de temporada en un país que en un año ha pasado del superávit al 10% de déficit, y subiendo, y que en ese periodo ha pasado del 36% de deuda sobre el PIB a terminar el año con más de un 90%, de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Estado de Hacienda. Pero también un coste añadido de la generalización de barreras económicas internas, del debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado y de la afectación inevitable e injusta de este modelo sobre las condiciones de cohesión e igualdad entre los ciudadanos.
La otra observación que puede hacerse tiene en cuenta la precariedad en la que ha entrado el modelo de organización territorial. Recuérdese que no hay fórmulas confederales que hayan vivido para contarlo: o se han disuelto o se han integrado en Estados federales.
La transformación que el modelo de Estado está sufriendo no tiene nada que ver con las transformaciones que han experimentado los modelos federales ni con los debates políticos y constitucionales que se han producido en aquéllos. Nada indica que la dinámica centrífuga que se esté impulsando vaya a estabilizarse. ¿Por qué habría de detenerse esa dinámica precisamente cuando se dan menos factores de equilibrio? El Estado ha entrado en un terreno transitorio con un horizonte inquietante si no media una reforma constitucional basada en la recuperación de un consenso verdaderamente constituyente entre PSOE y PP. Pero ese consenso ni lo hay, ni se puede esperar cuando el Gobierno y el Partido Socialista vuelve a someter a su estrecha conveniencia y al beneficio de minorías radicales lo que deberían ser -y de hecho lo han sido- grandes acuerdos de Estado.