Por Mariano Aguirre, director del Norwegian Peacebuilding Centre, Oslo (LA VANGUARDIA, 09/08/09):

Estados Unidos está ejerciendo una presión inédita sobre el Gobierno israelí para que congele los asentamientos en Cisjordania y se avance hacia la creación de un Estado palestino. Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu y la coalición derechista que le sostiene no ceden. La cuestión israelo-palestina es una prueba de fuerza para Barack Obama tanto en Oriente Medio como dentro de EE. UU., donde el presidente cuenta con aliados, pero también con fuertes enemigos de su estrategia hacia la región.

Desde enero, la Casa Blanca puso en marcha una ofensiva diplomática hacia Oriente Medio. La resolución del conflicto palestino-israelí proveería de más estabilidad regional, aunque no solucionaría todos los problemas existentes y permitiría a Estados Unidos recuperar parte de la legitimidad perdida durante la presidencia de George W. Bush.

En su discurso en El Cairo en junio, Obama criticó a los grupos islamistas radicales violentos pero indicó que Estados Unidos no pretende imponer modelos políticos, a la vez que calificó la situación de los palestinos como “inaceptable” bajo la “ocupación” de Israel. En su perspectiva, un acuerdo de paz israelí-palestino daría más seguridad a Estados Unidos y a Israel.

Obama reconoce implícitamente que el poder de Estados Unidos en el mundo ha disminuido y está adoptando una perspectiva multilateral en la que ofrece y busca contar con la colaboración de actores regionales: Siria, Turquía, Egipto, Jordania, Turquía e Irán. La Unión Europea debería acompañar activamente este proceso.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, exige que cese la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino, que Hamas renuncie a la violencia y se una con Fatah en un gobierno de coalición, y que se avance rápidamente hacia el objetivo final: la declaración de un Estado palestino. Expertos cercanos al enviado especial de la Casa Blanca, George Mitchell, consideran que no debe darse lugar a negociaciones eternas que se convierten en un fin en sí mismas. Paralelamente, la Casa Blanca considera que el plan presentado por Arabia Saudí en el 2002 para la resolución del conflicto es una importante referencia.

El plan saudí propone que Israel regrese a las posiciones en las que estaba en 1967 (antes de la guerra de los Seis Días) y devuelva los territorios ocupados a palestinos, sirios y libaneses. A cambio, los estados árabes reconocerían plenamente a Israel, se implementaría una solución justa para los refugiados palestinos de acuerdo con la resolución 194 de la ONU y se establecería un Estado palestino soberano con Jerusalén Este como capital. Washington y Ankara promueven, entre tanto, una negociación entre Israel y Siria por los altos del Golán.

El número de refugiados (incluyendo los descendientes desde 1948) es de aproximadamente 4,3 millones de personas que viven en campos administrados por las Naciones Unidas en Gaza, Jordania, Cisjordania, Líbano y Siria. Israel no reconoce que sean refugiados y niega que puedan regresar. Un posible retorno supondría la apertura de miles de causas legales por la propiedad de las tierras, muchas de ellas ocupadas por colonos. Por otro lado, para un gobierno palestino sería imposible proveerles de servicios y empleo. Una negociación de paz tendrá que ofrecer una compensación a los que acepten no volver a sus tierras.

Washington centra en este momento su estrategia en los asentamientos. Desde 1967 Israel ha establecido 133 asentamientos en Cisjordania con aproximadamente 280.000 colonos y otros 185.000 en Jerusalén Este (zona árabe de la ciudad). Netanyahu planifica autorizar la construcción de 46.500 nuevas viviendas argumentando que los asentamientos tienen un “crecimiento natural” que no puede frenarse. Asimismo, hay unos 100 asentamientos “de avanzada”, o sea, colonos que instalan sus caravanas como paso previo a construir una ciudad. Según la Cuarta Convención de Ginebra, los asentamientos son ilegales: un Estado ocupante no puede desplazar población local e instalar ciudadanos propios en el territorio que ocupa.

En junio, el primer ministro Netanyahu anunció que aceptaría un Estado palestino, pero con una serie de condiciones (especialmente, que los refugiados no puedan regresar) que son inaceptables para los negociadores palestinos. The New York Times informó el 20 de julio que Netanyahu, en realidad, no está dispuesto a ceder frente a Obama. Si el primer ministro israelí acepta congelar los asentamientos o cede en Jerusalén, perderá el apoyo de la coalición que le sostiene.

Entre tanto, una parte del Congreso y el Senado exige a Obama que deje de presionar a Israel. El presidente tiene un tiempo limitado para lograr que Israel negocie y que los palestinos formen un gobierno de coalición. Si fracasa, será un duro golpe a su presidencia y una oportunidad perdida en un conflicto donde queda muy poco margen de acción y serios peligros para todos.