Por Jordi Roigé, productor y miembro de Productors Audiovisuals de Catalunya (EL PERIÓDICO, 10/08/09):

Supongamos que el cine es como un jardín, con flores, plantas y árboles, y con unas personas que pasean por él. La vegetación son las películas, con sus actores y directores. Y los visitantes, los espectadores, que valoran con mayor o menor entusiasmo el jardín. Por detrás están los jardineros, que eligen la flor y la planta que corresponde a cada temporada, la riegan y la abonan. Los jardineros son los productores, los que toman las decisiones y se la juegan. Y finalmente, la lluvia. En nuestro país hace calor. Por lo tanto, necesitamos un riego asistido, a veces gota a gota, otras veces por aspersión o directamente a manguerazos. Quien tiene el grifo del agua es la Administración, a través de las subvenciones. El agua, recordémoslo, es un bien público. El dinero es de todos.
La imagen, un poco evolucionada, no es mía. La exponía Ignasi Guardans a más de 30 jardineros reunidos en Barcelona en la segunda edición del Club de los Productores. El director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) es el responsable de la política cinematográfica del Ministerio de Cultura. A él le corresponde fijar las políticas de fomento y apoyo a la industria, y regular en gran medida la participación de los otros elementos necesarios de este jardín tan complejo: las televisiones, los distribuidores y exhibidores.

Guardans y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien conoce muy bien la jardinería cinematográfica, están cambiado las normas de riego que hasta la fecha han funcionado en el jardín. Quieren orientar el gota a gota –o la manguera– hacia otras flores y árboles. A través de una nueva orden ministerial harán evolucionar la ley del cine que lleva menos de dos años aprobada y que dejaba muchas incógnitas y aún más divisiones entre la industria audiovisual. Los cambios más importantes que plantea la orden ministerial son el sistema de subvenciones. Hasta la fecha, el ministerio subvencionaba las películas básicamente en función de la taquilla que registraban las salas. Un sistema arcaico, ya que todos sabemos que esta es solo una de las ventanas por la que se ve cine. Guardans introduce otros baremos para medir el rendimiento de un filme: descargas legales de internet, venta de DVD o participación y premios en festivales. Y por primera vez, el ministerio subvencionará series de animación y telefilmes. Una mirada más acorde con el siglo XXI, es evidente.
Los nuevos responsables de la cinematografía española insisten en que lo único que justifica el apoyo público al cine es la defensa de la diversidad cultural. Hasta aquí bien. Se apoya a la cultura, no a la industria. Esto lesionaría las normas europeas de la competencia (como si no se ayudara a la industria del automóvil o a la agricultura). Pero las medidas de Madrid aún levantan muchos recelos, precisamente entre los productores que practican a diario «la diversidad cultural». Es decir, ven amenazado el cine que no se rige estrictamente por los estándares comerciales y, por lo tanto, con recursos limitados.
La mayoría de asistentes al Club de los Productores ha expresado claramente a Ignasi Guardans sus dudas acerca de que la nueva política del ministerio favorezca a esta diversidad cultural. En un primer vistazo parece evidente que los mismos recursos públicos se destinarán a menos películas y productores. Podemos hallarnos en un principio de proceso de concentración en el que las películas con presupuestos inferiores a los dos millones de euros saldrán perjudicadas. En el fondo se impone la presión de los grandes productores para reducir el número de jardineros. Que se hagan menos películas, y que estas tengan más presupuesto y un mayor recorrido comercial. Siempre quedarán las películas más arriesgadas, casi experimentales, que se pasean por los festivales con éxito y apenas llegan a estrenarse con posibilidades reales de explotación comercial. Pero se cuestiona la existencia de la mayoría de películas producidas en España y Catalunya, con un coste de entre uno y dos millones.
La norma ministerial se analiza especialmente con lupa en Catalunya. La Generalitat está elaborando por su cuenta una ley propia, y la irrupción del ministerio ha alterado todos los plazos y contenidos previos de la ley catalana. Un 43% del cine producido en España tiene participación catalana. Por lo tanto, los productores catalanes tienen mucho que decir en este proceso de cambio. Uno de ellos, con un largo recorrido y de prestigio, ha hecho un ejercicio. Ha introducido en su hoja de cálculo los nuevos criterios propuesto por Guardans y ha llegado a la conclusión de que buena parte de las películas que ha producido no habrían visto la luz si la orden ministerial ya estuviera vigente.

Otra preocupación es la lengua. Se reducirán las ayudas a las películas rodadas en catalán, vasco o gallego. Este punto entra en plena contradicción con el texto que prepara la Conselleria de Cultura y con una política puesta en marcha hace años junto con TV-3.
Era necesario introducir los cambios que la ley española aplazó en su día. Y muy especialmente que en el sistema de ayudas se midiera el rendimiento de las películas en otras ventanas. Aunque desde Catalunya se insiste en que la diversidad cultural no es solo respecto de Hollywood.
El cine catalán hoy vive un buen momento. Se recupera de muchos años de desánimo en los que las maletas hacia Madrid eran casi obligatorias. Las nuevas hornadas de productores, directores, actores y actrices, guionistas y técnicos se pasean con orgullo por muchos festivales internacionales, y no necesariamente con grandes producciones. La nueva Acadèmia del Cinema Català y los premios Gaudí son un buen reflejo. Los cambios legislativos en España y Catalunya deberán reforzar este movimiento. Unas leyes a la medida y dimensión del país.