Por Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (EL MUNDO, 27/11/09):

Estimado ministro:

Dice Shakespeare que «el abuso del poder se fragua cuando el poder no conoce el remordimiento». Del debate que hemos vivido en las últimas semanas no sé que me ha sorprendido más: si descubrir el extraordinario poder del sistema de seguimiento de la vida privada de los ciudadanos llamado Sitel o la falta de remordimiento con que lo utiliza el ministro del Interior, sin ley orgánica que lo autorice para ello.

Históricamente, los derechos fundamentales surgieron para proteger al ciudadano frente a la inmunidad y la arbitrariedad del poder. La conciencia de la dignidad de la persona condujo a que se definieran ámbitos reservados al individuo y exentos de la acción del Estado. Los derechos civiles se erigieron, por eso, como límites frente al poder político y a los excesos del Estado absolutista. Y uno de los primeros campos en los que se apreció la necesidad de detener el poder del Estado y de acotar para el individuo un ámbito reservado fue el de las comunicaciones, en la medida en que constituyen un área esencial de su privacidad.

Pero en los últimos tiempos se ha producido un cambio inesperado respecto al precario equilibrio que mantenían en las democracias occidentales los principios de seguridad y libertad. Debido al imparable avance tecnológico de las telecomunicaciones, las posibilidades de ampliar nuestras oportunidades vitales se han multiplicado, pero la capacidad del poder político para controlarnos también. Y mientras celebramos lo primero, parece que no seamos conscientes de los riesgos que entraña lo segundo.

Si hace 10 años nos hubieran exigido ponernos un chip detrás del oído para que el Gobierno sepa en todo momento dónde estamos y, si lo necesita, pueda vernos y escucharnos, habríamos buscado en los trasteros los fusiles africanos de nuestros abuelos para empezar la revolución, pero si ese chip nos lo dan en un teléfono móvil, nos lo instalamos nosotros solos con la misma alegría con la que un orangután se pasa una navaja de afeitar. Incluso competimos por llevar el modelo más moderno y, por lo tanto, con más posibilidades para espiarnos.

Cuando Orwell describe la Edad del Gran Hermano cuenta que siempre hay unos ojos que te contemplan y unos oídos que te escuchan, despierto o dormido, en casa o en la calle, hasta el punto que «nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo». Hoy, tal pesadilla es casi mecánicamente posible y lo único que puede protegernos del dominio que las nuevas tecnologías facilitan al poder es nuestra Constitución y nuestras leyes. Por eso, estamos reclamando una ley orgánica nueva que regule los límites que el Estado no puede traspasar en materia de vida privada y secreto de las comunicaciones.

El sistema Sitel, propiedad del Ministerio del Interior -desarrollado entre los años 2001 y 2004 por el Partido Popular e implantado con carácter general a partir de 2005 por el PSOE- es una aplicación informática que permite interceptar no sólo las conversaciones entre personas sino también acceder a todo un conjunto de datos conocidos en el argot policial como «información asociada a la comunicación». Dicha información incluye, entre otras cosas: identidad de los interlocutores, datos personales y bancarios, y memoria de llamadas del interlocutor no investigado, localización del teléfono investigado y también del teléfono del interlocutor no investigado (incluso aunque no estén operativos), mensajes de texto, fotografías y archivos sonoros enviados y recibidos, correo electrónico y todo tipo de información derivada de la navegación por internet. En otras palabras, Sitel no intercepta sólo las comunicaciones, sino que hace un perfil psicológico y biográfico de la persona investigada y de cuantos se hayan puesto en contacto con ella.

Además, no discrimina la información: almacena, mezcla y conserva, sin encriptar, datos relevantes para una investigación judicial con revelaciones de vidas privadas que no aportan nada, incluso de personas que ni siquiera tienen algo que ver con un asunto judicializado.

Y lo que resulta más grave, los discos duros donde se registra originariamente la información obtenida por Sitel no están firmados digitalmente, ni auditados por ninguna autoridad certificadora de su autenticidad. Y si tenemos en cuenta que en el mundo digital no hay copias, que una copia manipulada es siempre un nuevo original, es fácil entender que la seguridad jurídica de que las grabaciones que llegan finalmente al juez no han sido alteradas es sólo una cuestión de fe.

Nuestra Constitución consagra, en su Artículo 18, los derechos a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones como derechos fundamentales y, en el Artículo 81, exige que cualquier incidencia sobre su desarrollo, límite o condición de ejercicio, debe estar contenida en una norma con rango de ley orgánica. En la actualidad, sólo el «raquítico e insuficiente» (según el Tribunal Supremo) Artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite, mediante autorización judicial, que la Policía intervenga las «conversaciones telefónicas».

Todo lo demás que Sitel hace, menoscabando como una excavadora el derecho a la intimidad personal, no tiene habilitación alguna con rango de ley orgánica tal como exige el mencionado Artículo 81 de la Constitución. Por eso me extraña tanto que, desde círculos pretendidamente progresistas, se defienda mantener esta escuálida regulación orgánica del derecho a la intimidad personal, delegando en las sentencias del Supremo la tarea de poner puertas al campo de los derechos civiles en juego, con la autoritaria excusa de no interferir en los trabajos policiales.

La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, proclama el partido del Gran Hermano en 1984 y ahora parece que algunos diputados socialistas en 2009 están dispuestos a defenderlo también. Pero, nosotros no. El martes pasado en el Congreso perdimos una votación, pero vimos cómo empezaba a formarse una mayoría suficiente como para ganar las próximas votaciones al respecto. Por eso, a sabiendas de que en la Cámara puede haber una mayoría ética diferente de la conocida mayoría aritmética, me permito afirmar que los diputados que defendemos el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones no nos vamos a rendir.

No dejaremos de reclamar una ley orgánica que regule la utilización del sistema Sitel y que garantice el derecho de los españoles a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones.

No pretendemos que se anulen los juicios en los que se haya utilizado Sitel con autorización judicial suficiente, pero exigiremos que a nadie en España se le deje sin derechos civiles por el solo hecho de que vaya a ser juzgado.

No queremos que no se graben conversaciones con autorización judicial. Reclamaremos que, cuando se grabe a un ciudadano, el juez esté al corriente de todo lo que se le va a grabar, si es que Sitel le va a retratar su vida entera.

No diremos que no se utilice Sitel contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Sólo proclamaremos que al resto de los españoles no se nos trate como a terroristas o como a narcotraficantes.

Y no pediremos que se apague Sitel. Simplemente, queremos que esté bajo el control de los jueces y bajo el imperio de la ley. Dicho sea todo esto, aunque no se lo crea, sin ánimo de molestarle, señor ministro.