Por Rodrigo Tena, notario (EL MUNDO, 10/12/09):
Es difícil saber si la pobre opinión de los juristas que tienen nuestros políticos y periodistas es causa o efecto de su, en general, escaso respeto por el Estado de Derecho. Éste es un hecho poco discutible, que comprende casi sin excepciones todo el arco parlamentario, de izquierda a derecha pasando por los partidos nacionalistas, y a sus correspondientes medios informativos más o menos adscritos. Tiene además honda raigambre en nuestra breve historia democrática, constituyendo a este fin la Segunda República un ejemplo perfecto del que hoy todavía podríamos, si quisiéramos, aprender bastante.
Los juristas, lamentablemente, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Desconocedores del verdadero fin de nuestra profesión hemos jugado en unas ocasiones a ser políticos y en otras a meros técnicos o ingenieros. Forzados por nuestras debilidades, y dependiendo de nuestras conveniencias, hemos pecado por exceso o por defecto. Por hacer política y colocar la oportunidad por encima de la ley, o por escondernos en la técnica y olvidar la justicia. No es de extrañar que, en general, hoy ya casi nadie se fíe de nosotros, pero si en algún lugar esto se aprecia con singular acritud es, sin duda, en el Tribunal Constitucional.
Basta leer la prensa del día para apreciar la opinión que políticos y medios tienen del oficio de jurista. Los magistrados se encasillan en etiquetas («conservador» y «progresista») que responden milimétricamente a la de los mandantes que les designaron. Las estrategias (que más que propiamente argumentos involucran recusaciones, plazos y procedimientos) radiadas on line para conocimiento de todos, recuerdan a las de ciertas retransmisiones deportivas, aunque más próximas por su duración al ajedrez sin límite de tiempo que a otras de mayor desgaste físico. Los cambios en la mayoría no se imputan a la fuerza de los razonamientos, sino a ciertas maniobras personales dirigidas a la búsqueda de salidas particulares poco solidarias con el grupo («conservador» o «progresista», se entiende).
Sería bueno reflexionar cómo, después de las ilusiones iniciales, hemos caído en esta situación. Probablemente todos tengamos nuestra parte de culpa. Los que diseñaron las instituciones, los que se aprovecharon para controlarlas en su propio beneficio, lo que se dejaron manipular y los que olvidaron su función crítica. Pero no por eso debemos claudicar. Sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero el primero es reivindicar un oficio que no merece este trato con carácter general. Sigue habiendo muchos juristas, pienso que la mayoría, que se mantienen fieles al sentido fundamental de su profesión: ser servidores y no señores de las reglas jurídicas (incluida la Constitución, también ella una norma jurídica, aunque haya quien no lo entienda).
Como señalaba don Federico de Castro, a un jurista se le pide una cierta actitud de neutralidad ante los encontrados intereses en juego, y, con esto, la renuncia a sus propias creencias, simpatías e intereses personales o de clase; su cometido es colaborar a favor del respeto de las reglas de juego establecidas. La interpretación y la aplicación de las normas suponen una actividad creadora, pero limitada por ese patrón que es la Ley. Por eso, si al legislador le faltó responsabilidad política o de oportunidad a la hora de dictarla, no cabe reclamársela ahora al jurista. La de éste es diferente, precisamente la de devolver al legislador su responsabilidad política delegada. Qué hará con ella una vez recuperada es otra historia.
Se alega que si la sentencia del Tribunal Constitucional es contraria al Estatut se fomentarán reacciones peligrosas, es decir, se alega que, probablemente, los políticos no estarán a la altura de esa responsabilidad. Es también una vieja tradición española. El 9 de junio de 1934 el Tribunal de Garantías Constitucionales anuló la Ley de Cultivos de la Generalitat. Cuatro días más tarde el Parlamento de Cataluña votó una norma idéntica a la anterior. Resulta un tanto desproporcionado echar la culpa de ello al jurista.