Por Francisco Rosell, director de EL MUNDO de Andalucía (EL MUNDO, 13/01/10):

Ayer, sin aún tener noticias de la elevada fianza -más de 700.000 euros- que el presidente de la Junta de Andalucía reclama a EL MUNDO para responder a su honor supuestamente dañado, paseaba con mi mujer por la Avenida de La Palmera y le comenté lo oportuna que resultaba la indicación del nombre de la calle que comienza al lado del instituto donde estudiaron mis hijos: Chaves Rey. Así, sin distinguir mayúsculas de minúsculas, con lo cual lo que, a priori, es un homenaje a Manuel Chaves Rey, antiguo cronista de Sevilla, se transformaba en una declaración de principios: la nueva realidad nacional andaluza tiene aspiraciones de régimen monárquico (en principio electiva) y, a la vista de que la majestad ofendida es, al parecer, superior a la del jefe del Estado -el batasuno Otegui llamó a Don Juan Carlos «jefe de los torturadores» y el juez le fijó una fianza de 100.000 euros, para luego ser absuelto por el Constitucional- la idea no hace sino fortalecerse. Espero que, como la tan deseada sumisión del Poder Judicial no se ha culminado aún, se ponga freno a la desmesura…».

Aunque únicamente hubiera recibido este testimonio aquel noviembre de 2001, habría valido para reafirarme en mi idea de que valió la pena no hurtar a los lectores una información de interés público, como fue el espionaje por parte de altos responsables socialistas andaluces al presidente de la entonces Caja San Fernando -hoy Cajasol, tras su fusión con El Monte de Piedad de Sevilla y Huelva- y también militante socialista Juan Manuel López Benjumea. Curiosamente, Benjumea, en mi etapa de director de Diario 16 de Andalucía, había castigado al periódico retirándole la publicidad, molesto por las críticas que suscitó el nombramiento como vicepresidente de la entidad de Francisco Palomino, el cuñadísimo de González, implicado en el polémico proyecto Costa Doñana, lo que también originó varias querellas de protección al honor -siempre perdidas- por parte de los promotores de aquella urbanización aledaña al Parque. (El episodio cobra ahora actualidad con el reciente nombramiento de Felipe como presidente del Consejo de Participación de Doñana). Todos ellos, por cierto, reconocibles y señeros miembros del círculo íntimo de Chaves, luego repescado por Zapatero como vicepresidente de guardarropía para desbloquear la sucesión andaluza, con lo que ha trasladado al Gobierno los escándalos protagonizados en sus 19 años como presidente de la Junta.

De haber ocultado ese caso de espionaje tras el magnífico y escrupuloso trabajo de Javier Caraballo, quien me acompañó en el banquillo de los acusados, hubiera sido, por mi parte, un acto de libre rendición que quizá me habría granjeado recompensas de ésas que prodiga la bienhechora Junta. Pero esos honores y laureles son de los que obligan a caminar con la cabeza gacha y la mirada extraviada, salvo que se sea un cínico. En Andalucía, tras casi seis lustros de inmovilismo político, rige la vieja máxima peronista: «Para los amigos, todo; para los enemigos, ni justicia».

Afortunadamente, el 21 de diciembre de 2007, con todos los pronunciamientos favorables, el magistrado del juzgado número 3 de Sevilla sentenció nuestra absolución, asegurando que quedaba acreditada la veracidad de la información, su interés público y que había sido contrastada. «La información hay que considerarla veraz, por cuanto los distintos medios de prueba determinan que se ha actuado con diligente búsqueda de la verdad, buena fe y seriedad en la actuación profesional», términos tan precisos que el Comité Mundial de Libertad de Prensa saludó el fallo como una «victoria para la democracia» y la oposición le pidió al entonces presidente andaluz que asumiera su derrota judicial disculpándose públicamente con EL MUNDO y sus periodistas. No sólo no lo hizo así, sino que su abogado acusó al magistrado de «dar pábulo a la insidia» y «reduplicar la ofensa a su cliente».

No obstante, lo más ingrato fue constatar la reacción de la periodista de la Cadena Ser. Contrariada con la resolución judicial, la tiró al suelo y se dirigió al letrado de Chaves tratando de encontrar una explicación que le confortara ante algo que se había tomado como cosa suya, al igual que otros medios del aparato de propaganda de Chaves. Esa sentencia fue ratificada ayer por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, más allá de las concesiones para no dejar en un papel desconsiderado a quien es actualmente vicepresidente del Gobierno y ha sido primera autoridad del Estado en Andalucía durante 19 años, desestimando los recursos presentados por quienes habían mostrado su «estupefacción» y «escándalo» contra el veredicto del juez.

A lo largo de estos nueve años tampoco prosperó ninguna de las demandas y querellas que los hermanos Chaves presentaron contra este medio, a raíz de que denunciara los casos de nepotismo que beneficiaron a sus prójimos -un hermano aprobaba los presupuestos, otro los adjudicaba y un tercero recibía trato de favor en la construcción de instalaciones deportivas para la empresa Climo Cubierta, de la que era accionista y apoderado- y a su hija Paula, apoderada de la empresa minera Aguas Teñidas y agraciada con una subvención aprobada por su propia padre de 10,1 millones de euros, después de confeccionarle un traje a la medida y saltarse la Ley de Incompatibilidades de Andalucía.

Es obvio que ni Caraballo ni yo, como otros muchos periodistas de esta casa y de otras casas, teníamos vocación de héroes, pero sí sabíamos que nuestro deber nos impone no apartarle la cara a las noticias incómodas. Eso fue lo que ocurrió cuando el periódico se puso a recabar datos sobre un caso de espionaje que suponía un salto cualitativo en la guerra desatada a raíz de un lapsus linguae de Chaves anunciando la creación de una «Caja Única», cuando, como posteriormente aclaró, lo que había querido decir -a instancias de su entonces consejera Magdalena Álvarez- era «Gran Caja». Desató un huracán a resultas del cual sintió tambalearse su poder y padeció pesadillas, como cuando se vio forzado a desalojar la residencia privada oficial de la Junta en el bienio 1994-96, en minoría frente a la llamada pinza de PP e IU (Arenas-Rejón) contra la corrupción galopante en Andalucía. «Como no ganes este pulso, Manolo, -le decían sus edecanes, señaladamente su mano derecha en el partido, Luis Pizarro, actual consejero de Gobernación- no te va a respetar ni el último concejal de pueblo». Temblaba como la aguja de la brújula en aquellas semanas de incertidumbre en las que se hacía presente aquel aserto de Churchill de que la política es más peligrosa que la guerra porque en la guerra sólo se muere una vez.

Aquella operación de espionaje parecía formar parte de la cacería emprendida contra quienes se opusieron a los designios de Chaves tanto dentro del PSOE -como Benjumea y Beneroso, presidentes entonces de las dos cajas sevillanas- como fuera del ámbito socialista, tal fue el caso del presidente de CajaSur, Miguel Castillejo, al que ya jubilado el TSJA le daría la razón sobre el pleito planteado por la Junta contra su pensión de jubilación y que sirvió para su linchamiento y escarnio público. Al poco, Chaves -oh paradojas- se hizo aprobar una a cargo del erario andaluz, convenientemente disimulada dentro de un paquete de supuestas medidas de «impulso democrático».

En la grabación videográfica de la que dio cuenta este periódico -aportada en su día por EL MUNDO y luego robada de la caja fuerte de los juzgados sevillanos-, el espía descubierto confesaba que «entre Pino [ex presidente de la Diputación de Sevilla], Pizarro [secretario de Organización del PSOE andaluz] y Chaves me han mandado seguir a Benjumea y Beneroso», presidente entonces de El Monte, al tiempo que aportaba una tarjeta -con el número de su móvil escrito a mano, por si necesitaba localizarlo con urgencia- del jefe de escoltas de Chaves, Juan Escámez, luego promovido al rango de alcalde de Sanlúcar la Mayor a raíz del escándalo político.

Lo cierto es que, mientras se invocan públicamente los deseos de una democracia de mayor calidad, se dan pasos para su progresiva devaluación. Aquí los periodistas que revelaron el Watergate que le costó la Presidencia a Nixon habrían sido los condenados, los cubanos de los pinchazos telefónicos tendrían un sueldo público y el inquilino de la Casa Blanca seguiría con una aureola de gran estadista.

A nadie escapa que el proceso de Chaves contra EL MUNDO nada tiene que ver con su legítimo derecho al honor -en ese caso, habría que apelar al alegato sobre «el honor de Dios» del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, frente a los abusos de su antiguo amigo Enrique II-, sino que se trata más bien de un intento de censura de un periódico y un aviso al resto para que aprenda la lección escarmentado en cabeza ajena. Si no fuera así, ¿cómo interpretar que Chaves y sus acólitos sólo demandaran a EL MUNDO, cuando hubo otros medios que reprodujeron la información como propia e hicieron importantes revelaciones? Del mismo modo, ¿cómo se justificaba que Chaves exculpara al supuesto espía de Benjumea que, en el citado vídeo, hacía tan graves imputaciones contra él y sus lugartenientes? Dos preguntas tan sencillas como pertinentes. ¡Cuánta razón tenía Voltaire cuando decía que, cuando el Gobierno está equivocado, es más peligroso acertar que equivocarse!

Con este intento de amedrentar a la prensa libre e independiente Chaves perseguía cegar EL MUNDO echándole un puñado de tierra a los ojos, sabedor de que su poder omnímodo aumentaría -como decía Stuart Mill- gobernando una congregación de individuos conformistas, merced a una prensa silenciada, en medio de una sociedad en la que los hombres se limitaran a ocuparse de cuestiones que no impliquen riesgos. A Mill nada le parecía más detestable que esa conformidad que oprime la personalidad del individuo como el pie de una mujer china, hasta empequeñecerlo.

Como se ha demostrado en el caso de Chaves contra EL MUNDO, el poder concentraba su labor de zapa en tratar de matar al mensajero, pero tarde o temprano esa ola acaba arrasando todo lo que encuentra a su paso. Nada nuevo, desde luego, bajo un sol en el que los espíritus libres son las primeras víctimas de los totalitarismos, que diría Isaiah Berlin.

Pero rendir la libertad supone la destrucción del ciudadano y la muerte de las sociedades abiertas. Por eso, en el presente caso, no se trataba de ningún pleito particular entre Chaves y EL MUNDO, como si fuera el Chaves Rey del que hablaba el lector amigo, sino un asunto en el que estaba en juego el honor de una autonomía de ciudadanos libres. Por eso, como han sentenciado por partida doble los tribunales de Justicia, no se ha demostrado que EL MUNDO hubiera publicado una noticia con «desprecio temerario de la verdad», como decían Chaves y sus adláteres, sino lo temerario que resulta la búsqueda de la verdad cuando ésta se desprecia de la manera tan manifiesta en que lo ha hecho el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y se dispone de medios tan poderosos al servicio de la soberbia.