Por Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (ABC, 16/05/06):
El final del terrorismo es un proceso esencialmente político en el que, además de cesar en sus acciones armadas, de extorsión o, en general, violentas, la organización implicada asume la convicción de que no puede alcanzar los objetivos que dieron lugar a su origen y renuncia, por ello, a intentar lograrlos mediante el empleo de la fuerza. En consecuencia, cualquier verificación de un proceso de esta naturaleza ha de observar no sólo una ausencia de agresiones suficientemente dilatada en el tiempo, sino también un discurso en el que se verbalice el abandono efectivo de la violencia en orden a la consecución de los fines políticos con los que se vinculaba.
Conviene recordar estos dos elementos para evaluar la actual situación del terrorismo nacionalista vasco, una vez que ETA, después establecer un «alto el fuego», ha expresado con nitidez su posición política en una entrevista publicada por Gara. Por lo que concierne al primero de ellos, ha de anotarse que la violencia ha continuado presente en la actuación de dicha organización: se han producido actos de extorsión, de terrorismo callejero y de carácter logístico relativos a la recaudación de fondos y la distribución de explosivos. Además, ETA ha justificado esos hechos señalando que el dinero recaudado «será utilizado a favor de la libertad y la construcción de Euskal Herria», y que la violencia urbana es expresión de «la lucha popular y de la respuesta del pueblo». Una justificación que, por otra parte, pone en entredicho el discurso minimalista con el que el Gobierno ha tratado de eludir las implicaciones políticas de su existencia. Y por lo que se refiere al segundo, la citada entrevista ha dejado claro que ETA no sólo no ha renunciado a sus objetivos tradicionales -pues reitera que «sin desatar los nudos de la autodeterminación y la territorialidad, no es posible lograr una solución»-, sino que sigue dispuesta a retomar sus campañas de atentados -señalando a este respecto que «se equivocarán quienes se limiten a intentar desactivar la lucha armada»-.
Es evidente, por tanto, que los hechos no permiten verificar nada que se parezca a un efectivo final del terrorismo, sino que más bien por el contrario estamos ante una retirada táctica destinada a restablecer la capacidad política y operativa de ETA. La entrevista en Gara sugiere que este ha sido un movimiento acordado con el Gobierno, pues se señala que, una vez que «ETA ha realizado su aportación, … ahora corresponde a las autoridades de Moncloa … dar una salida negociada», para añadir que “España y Francia deben … cumplir sus compromisos de ´tregua´ para que el proceso pueda desarrollarse». Si esto fuera así, si en efecto existiera ya un acuerdo entre Rodríguez Zapatero y ETA del que formaría parte el «alto el fuego», entonces habría que decir que, más allá de las implicaciones derivadas de un engaño malicioso al conjunto de los ciudadanos, el Gobierno tendría que asumir la responsabilidad de una política fracasada. Pues no es sino fracaso el resultado que se ha derivado de una rectificación de la política antiterrorista que ha dado lugar a una permisividad creciente con respecto a Batasuna, al cese de la represión policial de ETA -como evidencia la ausencia completa de detenciones en el último semestre- y a un discurso legitimador de los fines de esa organización. Un resultado que, en vez de ahondar en la debilidad de ETA, ha dado lugar a que ésta, al verse reconocida como interlocutor político, haya creído que es su «lucha lo que ha permitido abrir la situación actual», se haya reafirmado en la idea de que el terrorismo rinde los frutos deseados y, en definitiva, como un ave Fénix haya logrado renacer de sus cenizas.