La Declaración de Independencia de las Colonias británicas de 4 de julio de 1776, que es el origen legal y político de los Estados Unidos de América, busca fundamentarse en el minucioso inventario de una "larga cadena de abusos y usurpaciones que persiguen invariablemente reducirlas al despotismo absoluto". En esa enumeración se hacen públicas ante un "mundo imparcial" las afrentas que las colonias y sus habitantes han sufrido por parte del monarca inglés. Entre ellas se puede leer esta: "Se ha aliado con otros para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestra Constitución, y desconocida por nuestras leyes, dando su asentimiento a actos de pretendida legislación". El monarca inglés inspiró y dio su aprobación a una ley de los Comunes cuyo propósito, según los firmantes de la Declaración, es "llevarnos a ultramar a fin de juzgarnos por supuestos delitos".
Una de las llamadas leyes intolerables que aceleraron la revolución americana y la independencia de los Estados Unidos es, en efecto, una ley de 1774 llamada de administración de justicia, que autorizaba a sacar de la provincia de Massachusetts' Bay a quienes iban a ser juzgados por delitos capitales, y trasladarlos a una jurisdicción que, de acuerdo con los legisladores ingleses, fuera más adecuada al caso. El pretexto para ello era estimular el celo de los magistrados y funcionarios para que reprimieran las revueltas sin temor a ser acusados de abusos y asegurarse así los veredictos convenientes.
La reacción frente a tales arbitrariedades fue la razón de que en las Constituciones y declaraciones de derechos de los trece Estados que constituyeron la primera federación apareciera el "debido proceso de ley" como uno de los fundamentos básicos de la nueva república. Y de que la disposición XII de la Constitución de Massachusetts fuera precisamente un cuidadoso inventario de las garantías jurídicas de los justiciables: "Ningún súbdito será obligado a responder de delitos o faltas hasta que los mismos le hayan sido descritos plena y totalmente, sustancial y formalmente; ni será compelido a acusarse a sí mismo ni a aportar pruebas contra sí; y todo súbdito tendrá derecho a aportar todas las pruebas que puedan favorecerle, a enfrentarse cara a cara con los testigos contrarios, y a ser oído plenamente en su defensa, por sí mismo o a través de abogado, a su elección. Y ningún súbdito será arrestado, encarcelado, despojado o privado de su propiedad, inmunidades o privilegios, puesto fuera del alcance de la ley, exiliado o privado de su vida, libertad y propiedad sino por el juicio de sus pares o la ley del país". Esta declaración tan firme y minuciosa fue la que inspiró directamente las enmiendas quinta y sexta de la Constitución, aprobadas inmediatamente después, y es casi unánime la opinión de que forma parte del caudal de principios y valores en que se asienta la gran democracia norteamericana.
Jorge III pasó a la historia por haber provocado la defección de sus súbditos de las colonias. También por su ineptitud política y su afán autoritario. Hasta el gran fundador del conservadurismo moderno, Edmund Burke, se enfrentó a su estúpida tiranía porque ignoraba las libertades tradicionales de los ingleses y minaba la autoridad del Parlamento. Por eso se puso de parte de las colonias norteamericanas. Detestaba las revoluciones pero defendía el espíritu de la gran tradición inglesa. Y en las quejas de las colonias estaban vivos los principios políticos del pensamiento inglés. Muchas de las provisiones constitucionales de la nueva república no eran más que la expresión de ese pensamiento. Entre ellas vale la pena destacar la traslación literal del artículo 10 del Bill of Rights a la enmienda octava: "No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas".
A nadie sorprenderá por ello que cuando se vea, como se ve hoy, inventar jurisdicciones ajenas para ciertos delitos, llevar a los detenidos a ultramar para juzgarlos (o para lo que sea) o hurtar a los ciudadanos a su juez natural, uno se sienta tentado a pensar que se está traicionando alguno de los fundamentos de la democracia estadounidense. Igual que se traicionan cuando se niega información a los encausados, se les impiden los medios de prueba y defensa, se les arresta y despoja por tiempo indefinido, se les exilia y priva de la libertad al margen de la ley o se les infligen tratamientos crueles. Hay ya demasiadas medidas que no encajan en ese ideal ético que hizo nacer a los Estados Unidos: se apoya sin pudor que los torturadores delas prisiones iraquíes sean llevados ante un tribunal de casa (es decir, el viejo abuso británico de que a los "nuestros" los juzgamos aquí), se disponen por la CIA secuestros y vuelos secretos a jurisdicciones ignoradas (como aquello de "llevarnos a ultramar") o se defiende explícitamente el internamiento extraterritorial en Guantánamo para evitar las garantías de los detenidos (el abuso británico de una "jurisdicción extraña" a nuestras leyes).
Desde el punto de vista del imperio de la ley, cimiento básico del sistema político americano, podemos, pues, hablar de traición, de una traición fundamental. El presidente Bush y su política exterior están traicionando los fundamentos mismos del ideal americano de vida política.
Sin embargo, eso no es traición en sentido estricto. La Constitución norteamericana sólo permite considerar traición el hacer la guerra en contra de los Estados Unidos o unirse a sus enemigos dándoles ayuda y protección. Algunos se han atrevido a decir que esto es lo que ha hecho Ehren Watada, un oficial estadounidense, al negarse a ir a la guerra de Irak. Watada se ha leído despacio la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas, y después ha comprobado que su presidente mentía, los servicios de inteligencia habían amañado la información y algunos periodistas desvergonzados habían manipulado las noticias. Ha llegado así a la conclusión de que las órdenes de sus mandos no eran legítimas porque la guerra de Irak era ilegal. Se violaba en ella la legislación internacional y se acudía sistemáticamente a prácticas que ignoraban los principios constitucionales. Todas estas razones le han llevado a desobedecer. No es una conducta indigna, como se pretende, sino una expresión más de la práctica de la desobediencia civil, también propia de la mejor tradición americana: la negativa a obedecer una orden porque va en contra de los principios éticos y políticos de la Constitución. Eso es lo que resulta para algunos inapropiado y cobarde, y lo que, según la vieja y retorcida argumentación, no hace más que dar armas al enemigo, equivale poco menos que a pasarse a sus filas. Por eso muchos ignorantes han dicho de él que es un traidor. Pero no lo es. Su acto no deteriorará a su patria; seguro que la engrandece más que las repugnantes actividades procesales que ha realizado estos años la Administración de George Bush con el burdo pretexto del terrorismo.
Edmund Burke justificó así su oposición al tirano: "No toda coyuntura exige con igual fuerza la actividad de los hombres honestos, pero de vez en cuando surgen exigencias críticas y, si no me equivoco, ésta es una de ellas".
Un puñado de políticos obsequiosos, en el Parlamento Europeo y fuera de él, están pugnando por mostrarse condescendientes con los vuelos secretos de la CIA y benévolos con sus organizadores. Que recuerden a Watada y a Burke, y que recuerden sobre todo que lo mejor de la gran tradición americana está en el respeto a la ley y en las garantías de los ciudadanos. Ésa es también la mejor tradición europea.
Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.