El Congreso aprobó hace unos días una resolución instando al Gobierno a que "defienda una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sáhara Occidental", conflicto que dura ya más de 30 años ante la pasividad de la comunidad internacional. Es una ocasión óptima para recordar lo que significó y sigue significando la tragedia del pueblo saharaui. El territorio conocido como Sáhara Occidental fue colonia española desde el reparto del continente africano efectuado por las potencias coloniales europeas (1884), pero desde que Marruecos, en 1956, accedió a la independencia ya expresó sus pretensiones anexionistas sobre el territorio administrado por España. En 1975, Hasán II lo invadió, coincidiendo con el final del franquismo, y se firmó el Acuerdo de Madrid por el que España abandonó dicho territorio. La ONU advirtió entonces de que el Acuerdo no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora.
El Frente Polisario, creado en 1973 para conseguir la independencia del territorio, mantuvo su primera resistencia contra la ocupación española y luego, la marroquí. En noviembre de 1975 las tropas de Hasán II entraron en el Sáhara y arrasaron todos los asentamientos. La capital, El Aaiún, fue ocupada por 2.000 soldados marroquís que ocuparon los cuarteles abandonados por los españoles y sellaron las entradas y salidas de la ciudad. Empezó el éxodo y la represión. Los familiares de los desaparecidos forzosos no han tenido más noticias de su situación desde el momento de la detención, y desconocen si se encuentran con vida o han fallecido. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha expresado reiteradamente su preocupación por los desaparecidos forzosos en el Sáhara Occidental. Además, muchos detenidos saharauis fueron sometidos a tortura, algunos hasta su muerte, en los centros de detención, como la prisión de El Aaiún, conocida como la cárcel negra, el centro penitenciario de la playa de El Aaiún (antiguo cuartel militar español), las cárceles secretas de Agdaz, Kalaat Magouna y Agadir, y los cuarteles militares de Smara.
Los cadáveres se hacían desaparecer en fosas comunes, sin identificación alguna, y algunas de estas fosas han sido localizadas en Jdairia, al este de la ciudad de Smara; Lamsyed, cerca de la ciudad de Tan-Tan; o en la playa del El Aaiún, muy próxima al centro de detención y tortura. Existen informes que relatan cómo muchos de los saharauis secuestrados fueron arrojados desde helicópteros o enterrados vivos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 1994, expresaba su preocupación por el mantenimiento de las prácticas de tortura en Marruecos, y el de 2004 reiteró su preocupación "por las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos en personas detenidas"
A mayor abundamiento, el comité de la ONU, en su informe de 1993 declara: "Los supervivientes fueron puestos en libertad después de 18 años de detención secreta en condiciones inhumanas, completamente aislados del mundo exterior. Todos ellos sufrían daños físicos y psicológicos irreversibles y continuaban privados de la asistencia médica necesaria para tratar las enfermedades causadas por los años de detención". En efecto, unos 300 saharauis, que habían sido secuestrados, fueron liberados en 1984, 1991 y 1992, después de pasar muchos años desaparecidos en centros de detención secretos.
Todos estos hechos deben situarse en el contexto de un pueblo, el saharaui, sometido a la dominación de una potencia extranjera, impidiéndosele el ejercicio del derecho de libre determinación de conformidad con la resolución de la ONU sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Sometimiento que genera, según dicha resolución, "una denegación de los derechos humanos fundamentales" a los países a los que se impide que lo ejerzan.
Los hechos descritos no han sido investigados ni enjuiciados en Marruecos. Por tanto, estamos ante un supuesto evidente de impunidad. Marruecos ha incurrido en una grave irresponsabilidad internacional en cuanto ha denegado de forma permanente y generalizada el derecho a la justicia de las victimas. Derecho que genera la obligación de constituir tribunales imparciales e independientes y garantizar un juicio justo para enjuiciar las conductas descritas.
Nadie puede dudar de que el pueblo saharaui ha sido víctima, entre otros muchos delitos, de un genocidio, mediante un amedrantamiento generalizado, tan grave y constante, que provocó la huida masiva de la población de los territorios ocupados hacia los territorios limítrofes hasta alcanzar la altísima cifra de 120.000 refugiados. Genocidio cometido por las autoridades marroquís en el marco de un plan político y un designio perfectamente elaborado que siempre pretendió someter absolutamente a la sociedad saharaui, erradicar cualquier signo de resistencia y exterminarla como tal grupo étnico.
Carlos Jiménez, ex fiscal anticorrupción.