¿Cuál es la profesión más peligrosa de Colombia? Le voy a dar una pista: las personas que la ejercen viven desarmadas, normalmente desprotegidas, pero tienen muchos enemigos: el Ejército, sus aliados paramilitares, la guerrilla. Todos pretenden lo mismo: silenciarlas. Reciben descalificaciones y amenazas, a veces públicas; sufren acoso, son carne de cañón.
El 31 de enero Yolanda Izquierdo, defensora de derechos humanos, la profesión más peligrosa de Colombia, fue tiroteada por unos hombres en la ciudad de Montería. Yolanda había recibido varias amenazas de muerte, y días antes de ser asesinada había solicitado protección a las autoridades locales. ¿Su delito? Representar a los supervivientes de abusos de derechos humanos a manos de paramilitares en la audiencia de desmovilización del dirigente "para" Salvatore Mancuso.
Desde que en 2006 las autoridades judiciales colombianas hayan relacionado a varios congresistas cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe con grupos paramilitares se ha desatado en el país el "escándalo de la parapolítica". Las dimisiones de la ministra de Exteriores, María Consuelo Araújo Castro, al encontrar la Fiscalía indicios de la vinculación de su hermano y su padre con los paramilitares, y el arresto de Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de seguridad colombiano, por el mismo motivo, han devuelto algo de esperanza a quienes llevamos años esperando que el Estado colombiano reaccione ante la lacra del paramilitarismo.
Esta colaboración entre varios sectores del Estado y los escuadrones de la muerte, los paramilitares, ha sido la crónica de una verdad anunciada. He viajado a Colombia más de una decena de veces en los últimos años y, mientras las autoridades colombianas nos decían que combatían por igual a paramilitares y guerrilleros, lo que veíamos con nuestros ojos lo desmentía.
Las autoridades judiciales colombianas conocen desde hace tiempo los estrechos vínculos que relacionan a funcionarios públicos con los paramilitares, pero han adoptado pocas medidas concretas para investigar estas alegaciones. Al parecer, se han visto obligadas a actuar tras el descubrimiento de un ordenador que presuntamente pertenecía a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, líder del grupo paramilitar Bloque Norte, que supuestamente contenía los nombres de varios funcionarios públicos vinculados a grupos paramilitares, entre ellos políticos, jueces y personal de las fuerzas de seguridad.
En las últimas décadas, los grupos paramilitares han sido responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas contra los derechos humanos en el largo conflicto colombiano. Según datos de Amnistía Internacional, se les atribuye más de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas desde que anunciaron un "cese de hostilidades" en 2002. Junto a ellos, los guerrilleros cierran el círculo de muerte sobre la población civil.
La infiltración del paramilitarismo en la política no es anecdótica. Tanto es así que la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la creación de una unidad especial para investigar los supuestos vínculos entre empleados públicos y paramilitares. Alfredo Gómez, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, ha asegurado que investigarán a fondo la relación entre políticos y paramilitares. Los esfuerzos de las autoridades judiciales son bienvenidos y necesarios, porque la situación de impunidad es tal que varios líderes paramilitares han llegado a declarar que controlan alrededor de una tercera parte del Congreso nacional.
En este contexto, causan estupor las declaraciones del presidente Uribe durante la visita de George Bush de mediados de marzo. Según él, los nexos entre paramilitarismo y política se están destapando ahora gracias a su Gobierno; afirmando que "miembros del Gobierno que llegaren a aparecer con vínculos con el paramilitarismo serán inmediatamente desvinculados". Buena noticia, pero para resultar convincente no debería haber desarrollado iniciativas legislativas que permiten el reciclaje de los paramilitares y garantizan su impunidad; como por ejemplo la ley "de Justicia y Paz", que permite que los miembros de estos escuadrones de la muerte se reciclen como guardias de seguridad o informantes del ejército.
Nada arroja mayores dudas sobre la voluntad del presidente Uribe de poner freno al paramilitarismo que su respuesta a la matanza de ocho personas, entre ellos tres niños, en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005. Tras dos años de impunidad, la Fiscalía General de Colombia ha procesado por homicidio a 69 militares del Ejército. Desde el primer momento, la comunidad atribuyó la matanza al Ejército, pero el presidente Uribe y las autoridades militares acusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribe incluso acusó a los líderes de San José de tener nexos con este grupo armado.
El Gobierno norteamericano y los diferentes gobiernos europeos que, con diferencias, han apoyado esta supuesta "política de seguridad" del presidente Uribe no pueden seguir con la política de "business as usual". Hoy están siendo investigados más de 100 casos de presunta connivencia entre paramilitares y políticos, miembros de las administraciones pública y judicial y de las fuerzas de seguridad. Y, además estos escuadrones de la muerte, como en el caso de Yolanda Izquierdo, no se desmovilizan, sólo cambian de nombre, pero continúan con la misma profesión: matador de defensores de derechos humanos.
En estas condiciones, es difícil que el proceso llegue a buen puerto. La comunidad internacional, incluida España, no puede seguir apoyando, ni económica ni políticamente, un proceso injusto e ineficaz. A pesar de la gravedad de la situación, el "escándalo de la parapolítica" es una buena oportunidad, quizá la última, para que el presidente Uribe cambie su estrategia sobre el paramilitarismo, lo persiga, y respete el trabajo de la sociedad civil. Sin amenazas a los defensores, ayudando a todas las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. Quizá podría empezar por los asesinos de Yolanda Izquierdo.
Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España.