El manifiesto de los 700.000

Por Luis Herrero, periodista y, en la actualidad, diputado por el Partido Popular en el Parlamento Europeo (EL MUNDO, 28/02/06):

Sucedió el miércoles pasado. Nada más llegar a la sala 4B1, situada justo encima del salón de plenos donde tantas veces se han vitoreado los principios fundacionales de la Unión, el jefe de prensa de la delegación española del PP, Pedro López de Pablo, me dijo:

-«Los socialistas le han filtrado a la prensa que has ocultado en la declaración de intereses del Parlamento Europeo que trabajas para la Cope».

-«¡Eso es falso de toda falsedad!»

-«Pero eso es lo que ellos dicen. Tratan de hacer descarrilar la petición en defensa de la Cope. Las 700.000 firmas les han puesto de los nervios».

Al otro lado de la puerta, minutos después, los coordinadores políticos de la comisión de peticiones tenían que deliberar sobre la admisión a trámite de la iniciativa que nueve periodistas españoles habíamos firmado en defensa de la libertad de expresión en Cataluña.

-«¡Es falso de toda falsedad!» -volví a repetir más apenado que iracundo.

Daba igual que fuera falso. La declaración de intereses de los parlamentarios europeos está a la vista de cualquier ciudadano que la quiera consultar a través de Internet. Aun así, al día siguiente la trompetería cibernética del PSOE, venteada a pleno pulmón por algunos veteranos mariachis del aparato de propaganda del partido, difundía la infame mentira de que yo me había saltado a la torera las normas del Parlamento Europeo ocultando irregularmente intereses económicos durante una supuesta exposición oral -se supone que la de defensa de la petición- que nunca he protagonizado.Si se hubieran molestado en verificar la información sabrían que la petición la defendió Cayetana Alvarez de Toledo y no yo. Por algo así el CAC podría cerrarles el chiringuito.

La anécdota sirve para ilustrar hasta qué punto se ha movilizado la maquinaria socialista con el único propósito de evitar que prospere la mal llamada petición de la Cope. Hace unos días, ante el riesgo de que se pudiera decidir su admisión a trámite en una votación prematura, los eurodiputados del PSOE se presentaron de 10 en fondo -literalmente-, dispuestos a conjurar el peligro.Lo han intentado todo. Desde el juego sucio al filibusterismo parlamentario, no se han ahorrado ningún recurso obstruccionista.Primero utilizaron el argumento de que la petición no podía tramitarse porque hacía referencia a un asunto sub iudice. Tuvieron el morro, además, de esgrimir ese argumento sólo unos minutos después de haber apoyado que una delegación de la Eurocámara se desplazara a Madrid para estudiar in situ la denuncia de unos cuantos madrileños por las obras de la M-30, a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid aún no ha resuelto el recurso presentado contra esas obras por dirigentes municipales de Izquierda Unida. Rostro pálido aparte, la escaramuza del sub iudice les salió por la culata y los servicios técnicos del parlamento dictaminaron días después que la petición era perfectamente admisible. No sólo eso, sino que, además, los propios funcionarios de la eurocámara recomendaron su admisión en un documento interno.

El nuevo fracaso no les desanimó. Hay que reconocer que tienen la tozudez de un jumento. Ahora en lo que están es en difundir que todo este asunto de que hay un medio de comunicación con la espada de Damocles del cierre sobre su cabeza por el capricho político de la Generalitat no es nada más que «parte de un ataque fiero y partidista contra el Gobierno de Cataluña». Así lo resumió la delegada de la Generalitat en Bruselas en una nota oficial que difundió el otro día entre todos los eurodiputados con ayuda del correo electrónico de Ignasi Guardans. Para mi asombro, una diputada liberal, correligionaria del susodicho Guardans -que tiene de liberal lo mismo que yo de huelguista de hambre- le ha comprado la mercancía y es por eso que las espadas deben seguir en alto hasta que el próximo día 21 de marzo el quintal de la aritmética parlamentaria incline la balanza hacia uno u otro lado. Pase lo que pase en esa votación definitiva, la verdad seguirá siendo la misma: esto no es, ni por asomo, una batalla partidista. Fiera, tal vez; partidista, en absoluto. De los nueve firmantes iniciales, sólo uno -yo mismo- milita en un partido político. Los ocho restantes son periodistas españoles de primera división que quisieron agrupar esfuerzos para impedir que un poder público que tiene jurisdicción en una parte del territorio europeo pueda cercenar el derecho de los ciudadanos a recibir o comunicar informaciones o ideas. Tal y como le dijo José María Carbonell a Jordi Pujol cuando éste hizo el primer amago de silenciar a la Cadena de Ondas Populares Españolas, «hoy es la Cope pero mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste». Justamente, de eso es de lo que se trata: de impedir que la Generalitat consiga culminar con éxito la inadmisible, ilegal, ilícita y torticera operación política que puso en marcha en 1988 para cerrar un medio que no le gusta. Primero lo intentó mediante una arbitraria decisión administrativa que, afortunadamente, nunca llegó a materializarse gracias a la acción de la justicia y que recientemente ha dado lugar a una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a renovar definitivamente la frecuencia de la Cope en Barcelona.Después, una vez cegada la salida de la prevaricación gubernativa, lo sigue intentando mediante la promulgación de una ley sin precedentes democráticos que, entre otras cosas, permite que un órgano político pueda determinar qué es información veraz y qué no lo es y decretar el cierre de un medio de comunicación aunque no exista una decisión judicial previa que lo justifique. La ley de marras se aprobó el 19 de diciembre de 2005 y sólo 24 horas después -oh, mayúscula sorpresa- ese órgano político, revestido ya de sus nuevos poderes liberticidas, emitió un dictamen en el que afirmaba que la Cope había incurrido en «una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión». A la luz del informe todos los grupos políticos reclamaron una reacción gubernativa contundente contra la emisora. Uno de ellos incluso se manifestó a favor de que se le quitara la concesión. Fascinante.

De esa ley ha dicho Reporteros Sin Fronteras, último premio Sajarov del Parlamento Europeo: «Concede al Consejo audiovisual poderes sancionadores tan amplios como los que emanan de la autoridad judicial. La expresión veracidad de las informaciones constituye un enunciado que permite interpretaciones restrictivas y abusivas.Estas disposiciones entran en contradicción abierta con la legislación europea vigente, mucho más favorable al principio de la libertad de expresión».

De esa ley ha dicho el Instituto Internacional de Prensa: «Marca un retorno a las épocas pasadas de censura y represión contra los medios que pensábamos que nunca más se iban a volver a dar en la España Democrática ( ). Los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental».

De esa ley ha dicho la Asociación Mundial de Periódicos: «El CAC no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento catalán.Sus facultades censoras recién adquiridas no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental».

De esa ley ha dicho el Comité Mundial de Libertad de Prensa: «No se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas. Es injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación. Vulnera la libertad de información».

¿Acaso hay alguien en su sano juicio que pueda pensar que esas asociaciones profesionales de carácter internacional, las más prestigiosas de todas las que existen en el mundo, forman parte también de un ataque fiero y partidista contra el Gobierno catalán? ¡A otro perro con ese hueso! Aquí la única fiereza que hay es la que emplean los partidos coaligados en torno al calor confortable del Gobierno catalán para cambiar la lógica de nuestro sistema democrático al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. La libertad, Guardans, la de verdad, no la que figura en la etiqueta de tu traje de camuflaje, no es negociable. O se defiende o se ultraja.¿De qué lado están ustedes?