Desde 1782, el 6 de enero figura en el calendario militar como el día de la Pascua Militar. Cuando el Rey Carlos III ordenó a sus virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que en la fiesta de la Epifanía del Señor reuniesen a las guarniciones para felicitarlas en su nombre por la recuperación de la ciudad de Mahón, comenzó una tradición que se ha convertido, con el paso de los años, en una referencia entre los actos solemnes de las Fuerzas Armadas. La Institución militar encuentra en esta tradición uno de los motivos para la rememoración honrosa de su pasado, la aceptación leal de su presente y la esperanza ilusionada en su futuro. Lo que inicialmente fue demostración de júbilo se ha convertido además en una expresión de la vinculación esencial de los militares con todos los españoles y con España, encarnada en la persona del Jefe del Estado, Su Majestad el Rey.

En este contexto de respeto institucional y de celebración militar parece razonable asomarse a la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y especialmente hacerlo a lo que son nuestros militares, y en ellos incluyo a la Guardia Civil, y al servicio que prestan a España y los españoles.

La primera mirada a todo el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil nos permite analizar lo que ha sido su transformación, modernización y evolución en las últimas décadas. De ese análisis se puede extraer un factor común: el afán de los militares españoles por ser permanentemente útiles a la sociedad.

Como dijera hace algo más de una década uno de mis predecesores, la defensa en una gran nación debe tener un lugar dentro la sociedad. Ese lugar lo abrieron, por un lado, la sociedad civil, que reconoció en la defensa uno de los parámetros esenciales de las naciones democráticas para ocupar una posición de responsabilidad en el mundo, y por otro, nuestros militares, que, en el espíritu de servicio que impregna todo ideario y actividad, supieron alcanzar el punto de encuentro.

Ese esfuerzo de permanente adaptación a la realidad de España abarcó muchos ámbitos de actuación: desde la identificación de los principios e intereses de la Nación hasta la planificación y desarrollo de las nuevas necesidades de seguridad y defensa, acordes con aquellos. Este proceso difícil y a veces doloroso fue y es imprescindible para afrontar los retos que presenta un mundo cambiante, donde los problemas son extraordinariamente complejos y para los cuales las soluciones nunca son sencillas. Una somera mirada retrospectiva nos pone de manifiesto que esta transición fue una transformación que ha alcanzado a todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. La adaptación de las organizaciones, la cuantificación de la entidad de las unidades, la definición del despliegue y los teatros de operaciones, la descripción de los medios, la actualización de los procedimientos y de la normativa, etcétera. Nada de eso fue fácil, pero se hizo. Otra manifestación más de la capacidad de la Institución militar para afrontar las situaciones más difíciles y adversas. Los militares españoles viven insertos en un presente demandante que exige de ellos una dedicación permanente a su trabajo y una preocupación constante por actualizar su formación en prácticamente todos los ámbitos del conocimiento. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil buscan por ello estar a la cabeza de los desarrollos conceptuales, tecnológicos y organizativos más avanzados, y miran permanentemente al futuro sin olvidar las tradiciones recibidas como herencia de su historia.

Hoy los ejércitos de España están integrados por personas preparadas, con una mentalidad abierta, que disponen de los procedimientos de trabajo necesarios no solo para actuar de manera conjunta en el seno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para así obtener la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el uso de los recursos, sino también para coordinar sus esfuerzos con el resto de los actores, de todo tipo, que participan en las complejas operaciones actuales que requiere la gestión de crisis, en un amplio espectro que va de los conflictos armados al apoyo a las misiones de ayuda humanitaria. La máxima de estar siempre dispuestos al cumplimiento del deber, sin pedir ni rehusar, sigue vigente entre nuestros militares.

España ha hecho un esfuerzo importante durante las últimas décadas con el fin de dotarles de los medios necesarios, tecnológicamente avanzados e interoperables con los de nuestros aliados. En esa tarea nuestros militares han sabido traducir una necesidad operativa en un requisito técnico y demandar a la industria lo mejor que pudiera proporcionar.
También, se han incorporado al mundo académico y participan en seminarios e iniciativas sociales que han expandido su horizonte y dado a conocer a todos una imagen real del militar de hoy. Ello ha contribuido a una mayor integración de la milicia con otros ámbitos de la sociedad. En este esfuerzo por dotar a las Fuerzas Armadas de los medios y procedimientos que les son necesarios primará siempre la seguridad de quienes los operan, como ha recordado el presidente del Gobierno en su alocución a las fuerzas destacadas en los escenarios internacionales conflictivos.
Más que en otras ocasiones, la gestión eficiente, sin olvidar que debe ser también eficaz, de todos estos activos que requiere la defensa es una exigencia, una demanda irrenunciable para contribuir al esfuerzo general de España para salir de la crisis y ocupar la posición que debe ostentar en el nuevo orden mundial que ya está aquí.

La sociedad española percibe y valora el espíritu de servicio, el esfuerzo constante y la dedicación abnegada de nuestros militares, y lo reconoce al incluir a las Fuerzas Armadas entre las instituciones más prestigiadas y apreciadas, consciente hoy de su actuación en beneficio de todos y cada uno de los españoles.

El Gobierno sabe de la importancia de contar con unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas y eficaces, para reaccionar con precisión y rapidez ante las amenazas que puedan derivarse de una situación geopolítica en constante y rapidísima evolución.

En el mundo cambiante, dinámico, imprevisible y global de hoy, las crisis y los conflictos presentan generalmente un componente asimétrico, donde no solo se ven involucradas unidades militares frente a oponentes de igual naturaleza, sino que aparecen múltiples actores y modos de comportamiento que hacen aún más compleja su gestión y resolución.
En estos escenarios, frecuentemente, la fortaleza de la estructura de los estados, la libertad de acción política de sus dirigentes y la opinión pública se convierten en objetivos para debilitar la seguridad y defensa de la sociedad. La defensa de esos objetivos, que no son más que los españoles, su convivencia y su bienestar, requiere el esfuerzo de todos. Los militares que hoy celebran la Pascua Militar tienen el encargo constitucional de ser los garantes de la defensa de esos bienes, de todo tipo, que compartimos todos los españoles. No duden estos que sus militares, conscientes de su responsabilidad en este momento crítico de España, dedicarán su vocación permanente de servicio, dentro y fuera de nuestro territorio, a la necesaria estabilidad del presente y al planeamiento ordenado y flexible que el futuro cambiante y complejo requiere.

En ese esfuerzo colectivo de toda la sociedad en su defensa, hoy es el día para sacar, de forma festiva, a los militares españoles de su discreción habitual y celebrar con Su Majestad el Rey, primer soldado y marino de España, y con toda la Institución militar, el día de su Pascua.

La elaboración de la Estrategia Española de Seguridad en 2010 y su aprobación en 2011 se enmarca dentro de un proceso similar en otros países de nuestro entorno durante los últimos años. Su aparición obedece a la necesidad de dar respuesta a los nuevos riesgos, introducir cambios profundos en la forma de gestionar esos riesgos y facilitar la participación social y política en las decisiones que afectan a la seguridad, defensa y protección de las sociedades. Las estrategias de seguridad nacional también permiten a los primeros ministros o presidentes de los gobiernos explicar a sus ciudadanos qué amenazas y riesgo les acechan y cómo piensan protegerles de ellos, una tarea que es la primera responsabilidad de un gobierno.

Esta Propuesta elaborada por un Grupo de Trabajo del Real Instituto Elcano no pretende configurar una estrategia de seguridad nacional sino ofrecer un manual que acompañe la puesta en marcha de la estrategia de seguridad nacional que adopte el gobierno, explicar a los responsables de implantarla desde los partidos políticos o las administraciones públicas su necesidad y lógica, así como sus retos y oportunidades.

Al iniciarse una nueva legislatura, el gobierno surgido de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, como todos los gobiernos que disponen ya de una estrategia de seguridad nacional, debe revisar la Estrategia existente e introducir los cambios que considere necesarios. Ese proceso de revisión y actualización dará continuidad a una labor que es de Estado pero, a diferencia de otros países, España no dispone de la estructura, procedimientos y competencias necesarias para implantarla, por lo que el nuevo gobierno debería aprovechar la nueva legislatura para hacerlo, aprovechando su revisión para ampliar en lo posible la base del consenso y la participación política y social.

Para coadyuvar a su implantación, y porque las estrategias de seguridad nacional son una novedad sin tradición política ni administrativa en España, esta Propuesta expone sus antecedentes (introducción a las estrategias de seguridad nacional), los principales elementos y funciones de las estrategias (estructura y conceptos) y el espectro de riesgos e instrumentos aplicables (ámbitos y mecanismos de actuación), así como los órganos y procedimientos necesarios para su funcionamiento en España (sistema) y una secuencia de las actividades que implica su implantación.

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Los sucesivos presidentes del Gobierno de España de la reciente etapa democrática no se han caracterizado por su sensibilidad en los temas de Defensa y afecto a las Fuerzas Armadas (FAS), o al menos no lo han exteriorizado y, salvo en contadas excepciones, ha resultado difícil entender los nombramientos de sus ministros de Defensa, algunos de los cuales han supeditado sus decisiones a la rentabilidad electoralista o han utilizado el cargo en beneficio propio y muy pocos nos han representado en los organismos internacionales con el prestigio y la eficacia que España y sus FAS merecen.
Siendo en la actualidad las dos mayores preocupaciones de los españoles el paro y la economía es lógico que a ellas dedique su mayor esfuerzo el nuevo Gobierno. Pero también debe atender la llamada de socorro que las FAS lanzan discretamente. Razones hay para que el presidente del Gobierno se interese por nuestras FAS. Primera, porque el «sunami» de la política del señor Rodríguez Zapatero, secundada por sus ministros de Defensa han dejado a las FAS «como unos zorros». Segunda, por la influencia que los programas de adquisiciones y mantenimiento del Ministerio de Defensa tienen en la industria española y, consecuentemente en la creación de empleo. Tercera, porque las FAS siguen conservando unos valores éticos y morales que la sociedad española está olvidando. Cuarta, porque en la escala de confianza de los españoles en las instituciones las FAS ocupan el primer lugar, lo cual cabe interpretarse como un reconocimiento de la seguridad que proporcionan a la sociedad y del servicio que prestan a la Nación.

La grave crisis económica que padecemos obliga a iniciar una etapa de sacrificios a los que las FAS no pueden ser ajenas; y están preparadas para afrontarlos, pues saben mucho de recortes presupuestarios porque los han padecido innecesariamente en situaciones que eran más boyantes que la actual.

Es realista el apartado «Seguridad y defensa de todos» (programa electoral del PP) si el futuro ministro viene con verdadero deseo de cumplir todo lo que en él se promete. Son positivas las medidas que se pretende adoptar, aunque insuficientes. ¿Se conforma el PP con la revisión de la Ley de la Carrera Militar? ¿Acepta que se hayan presentado contra ella 17.000 recursos? ¿Comparte el nuevo modelo de enseñanza militar y el fracaso producido por su aplicación? Pienso que ante tales circunstancias esta Ley requiere una nueva formulación, así como también la necesitan las Reales Ordenanzas para las FAS y la reciente Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es otro hueso duro de roer. Es opinión contrastada que su creación fue una perversa decisión con la que se pretendía iniciar un proceso de desnaturalización de las FAS. Las misiones de la UME son competencia de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior y tanto sus efectivos como su abultado presupuesto se han detraído de otras Unidades y programas económicos del Ministerio de Defensa. Antes y después de la creación de la UME las Unidades Militares han colaborado y siguen colaborando en cualquier tipo de emergencia cuando se les requiere.

El PP ha manifestado su preocupación por muchos de los aspectos que conciernen a las FAS, pero debe fomentar los valores éticos y morales que tradicionalmente han venido conformando el espíritu militar, e instigar al nuevo ministro de Defensa para que acometa el proyecto de creación e implantación en nuestra sociedad de una conciencia de defensa nacional, de la que carecemos y envidiamos al verla instaurada en otras grandes naciones.

A los delicados temas de personal se une un presupuesto económico endeudado por muchos años, cuya gestión puede llegar a ser angustiosa en algunos momentos debido a la grave crisis económica.

No lo tiene fácil el próximo ministro de Defensa aunque el ministerio sea fácil de «manejar». Por eso, su nombramiento requiere prudencia y meditación, y su primera tarea debe ser desfacer los desaguisados de sus predecesores. Debe hacer gala del espíritu dialogante que ha prometido el señor Rajoy en su campaña electoral para que esta actitud se aplique también en las FAS. Una buena práctica sería escuchar a los expertos profesionales antes de decidir para luego ordenar y mandar, algo que no se ha hecho en los últimos tiempos. Tampoco debe olvidar que la lealtad con sus subordinados debe ser recíproca y entender que cuando los militares dan su parecer piensan en el bien de las FAS y de España sin estar mediatizados por las hipotecas o intereses electorales que condicionan a los políticos.

El PP cuenta con muchas personas que tienen conocimiento y experiencia suficientes para ser un buen ministro de Defensa. ¡Suerte en la elección!

Presentación

Los cambios estratégicos de las dos últimas décadas han puesto a prueba la capacidad de los gobiernos y de las industrias para adaptarse a un contexto de seguridad y defensa nuevo con los procedimientos y mentalidades heredados de la Guerra Fría. La crisis económica y financiera de los últimos años coincide con el fin anunciado de las operaciones militares de envergadura como las de Irak y Afganistán, que habían prorrogado hasta el límite la vigencia del modelo anterior, y con la emergencia de nuevas necesidades en el ámbito de la seguridad. La seguridad y la defensa precisan ahora una base industrial que ya no puede seguir con la organización y funcionamiento del pasado.

La constatación de un fin de ciclo en el sector industrial de la defensa y la emergencia de otro nuevo para el Siglo XXI han sugerido al Real Instituto Elcano la oportunidad de elaborar este estudio, en el que se analiza el estado del sector industrial de seguridad y defensa en España, su potencialidad y riesgos. En él se identifican las tendencias generales de cambio y la forma en la que se están adaptando a ella los mismos sectores de países afines. Sobre esas conclusiones, el estudio plantea la necesidad de afrontar una reestructuración del Sector Industrial de la Seguridad y la Defensa (SISD) para el que aporta una visión genérica y unas recomendaciones concretas.

El estudio se ha desarrollado a lo largo de 2010 bajo la dirección de Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, con la colaboración del sector industrial de la seguridad y la defensa.

Resumen ejecutivo

Del estudio realizado se desprenden las siguientes recomendaciones para la articulación de un nuevo modelo industrial de la seguridad y la defensa en España.

Recomendaciones para el gobierno y para el sector:

• Ampliar el ámbito del sector industrial desde la Defensa al más amplio de Seguridad y Defensa para incluir no sólo los equipos y servicios que garantizan la protección del Estado y del territorio sino también los que garantizan el bienestar, el funcionamiento de los servicios públicos y privados y la protección de los ciudadanos en una sociedad avanzada como la española.
• Integrar las estrategias públicas y privadas aprovechando las oportunidades abiertas por la Estrategia Española de Seguridad, la Ley de Contratos del Sector Público, el anteproyecto de Diplomacia Económica y el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros.
• Cambiar el modelo de relación desde el monopsonio gubernamental de la demanda a uno de liderazgo compartido (colaboración público-privada, CPP) que incorpore al sector privado desde el inicio de la definición de las necesidades públicas (enfoque proactivo).
• Apoyar la I+D+i del Sector, implicando a centros tecnológicos y universitarios en el sector, aprovechando los fondos europeos de investigación y primando la innovación del Sector como parte de la innovación general, tal y como se reivindica en la Estrategia Estatal de Innovación o en el concepto de Compra Pública Innovadora.

Recomendaciones para el Sector Industrial de la Seguridad y la Defensa (SISD):

• Seguir avanzando en la internacionalización y concentración del SISD para consolidar la orientación global en lo geográfico (de lo nacional a lo global en los mercados), lo funcional (de vender capacidades a proporcionar también servicios) y a crear asociaciones estratégicas –partenariados- sostenibles (alianzas con empresas no españolas o acuerdos con multinacionales con participación española).
• Aprovechar la base tecnológica alcanzada para diversificar su capacidad de innovación desde una producción orientada hacia lo militar a otra orientada a lo civil-militar y desde la defensa hacia la seguridad y la defensa.
• Ampliar su modelo de negocio complementando los contratos destinados a la producción de bienes y equipos con otros contratos dedicados a servicios que incluyan modalidades de colaboración público-privada más amplias como el diseño, financiación, mantenimiento y explotación.
• Incrementar la presencia e interacción con otros sectores industriales, asociaciones empresariales y foros para reducir su aislamiento.

Recomendaciones para el gobierno:

• Acabar con la excepcionalidad del sector, integrando la economía de la seguridad y la defensa en el conjunto de la economía nacional, en lugar de marginar al SISD del conjunto de iniciativas y planes de investigación, compra pública innovadora, diplomacia comercial y otros que se adoptan para fomentar la industria nacional (el sector no sólo produce servicios públicos de seguridad y defensa sino que también genera ingresos, tecnologías, puestos de trabajo y tejido industrial).
• Apoyar la restructuración del sector desde un modelo basado en las adquisiciones de grandes equipos de defensa a otro basado en la aplicación dual de las capacidades tecnológicas adquiridas, de uno basado en la atomización del sector a otro capaz de ganar tamaño y competir bajo la globalización (restructuración industrial proactiva).
• Pasar de un modelo de gestión ministerial a otro interministerial en el que se potencien economías de escala a través de políticas de adquisiciones, tecnológicas, comerciales, inteligencia económica que faciliten la competitividad, continuidad de negocio y restructuración del sector, evitando la desmovilización de la base industrial (Política Industrial de Seguridad y Defensa).
• Liderar la colaboración público-privada, potenciando los foros de interacción (por ejemplo, el Foro Social que propone la Estrategia Española de Seguridad).
• Reformar el procedimiento de adquisiciones, añadiendo criterios de innovación, exportabilidad y sostenibilidad para compatibilizar las necesidades operativas con las del mantenimiento de empleos, exportaciones e industrias sostenibles de alto valor añadido (Compra Pública Innovadora).
• Centralizar la gestión de adquisiciones, centralizando la gestión de los programas en los ministerios (creando o reforzando las organizaciones especializadas) y el planeamiento, supervisión y evaluación (creando una Agencia de Adquisiciones de Seguridad y Defensa).

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Tema: La reducción de los presupuestos de defensa afecta no sólo a las capacidades de las Fuerzas Armadas, sino al futuro de las empresas que forman la base industrial y tecnológica de la defensa.

Resumen: Las variaciones presupuestarias de defensa afectan positiva o negativamente según su sentido a las industrias que se relacionan con el Ministerio de Defensa. En las circunstancias actuales, y debido a la crisis financiera, las reducciones presupuestarias que se venían produciendo se han acelerado drásticamente, por lo que su impacto es ya no sólo incremental sino que pone la continuidad del negocio del sector industrial y tecnológico en una situación de riesgo.

Este ARI describe el alcance de las reducciones y su impacto sobre el sector industrial, la I+D, la innovación y la tecnología para concluir con algunas posibles soluciones para preservar el tejido empresarial, la ventaja tecnológica adquirida y el servicio público de la defensa.

Análisis: Como era de esperar,[1] los efectos de las reducciones presupuestarias que se están realizando en las dotaciones del Ministerio de Defensa ya se han hecho sentir tanto en la contratación con la industria de defensa como en las actividades tecnológicas desarrolladas por el Ministerio y sus empresas proveedoras. Ante la evidencia, se hace necesario analizar los efectos de las reducciones y qué soluciones se pueden adoptar en un escenario como el actual para mitigar sus consecuencias, posiblemente la cuestión más necesaria y controvertida de las reducciones.

La situación generada produce múltiples efectos. Por una parte, la restricción presupuestaria afecta a las capacidades de la defensa, como bien público, ya que se reducen tanto las posibilidades de adquisición de bienes necesarios, como la disponibilidad de algunos de ellos por obsolescencia, falta de posibilidades de reposición y reducción de mantenimiento, entre muchos otros. Adicionalmente, las posibilidades de formación y entrenamiento se ven mermadas, como suele ocurrir con el número de horas de vuelo de los pilotos de combate, cuyo coste es elevado, y, finalmente, se congela la posibilidad de emprender proyectos de cara al futuro porque las necesidades de afrontar el gasto corriente absorben los recursos que se destinan a inversiones y a investigación y desarrollo. Lo anterior genera un círculo vicioso porque reduce la calidad y la cantidad del bien público de defensa en el futuro, y eleva la dependencia tecnológica limitando las capacidades de desarrollos internos y el margen de maniobra para la elección de las líneas de investigación futuras.

En la otra cara de la moneda se encuentra el tejido empresarial cuyo papel es el de abastecedor especializado y de alta cualificación del Ministerio de Defensa. La reducción presupuestaria afecta a las empresas que componen esta industria a través de los contratos y de manera muy desigual, ya que el efecto depende del grado en el que los ingresos totales de las empresas dependen de la demanda del Ministerio (530 entre 2004 y 2006 y 378 entre 2006-2008, con una caída superior al 40% según datos de su Dirección General de Armamento y Material). Los efectos varían en función del tamaño de las empresas, su grado de especialización en productos y tecnologías de doble uso, entre otros factores, pero todas afectan a la rentabilidad empresarial e incrementan las exigencias de apoyo financiero e institucional que el Ministerio no puede proporcionar como en el pasado.

De la política industrial y de los presupuestos del Ministerio de Defensa dependen: (1) los costes y sobrecostes que se soportan desde el presupuesto con el fin de desarrollar una industria puntera y competitiva; (2) el efecto multiplicador que la industria de la defensa obtiene con la creación y desarrollo de nuevas tecnologías cuyo destino no tiene que ser únicamente militar y, de hecho, no lo es, generando beneficios en el mercado civil; y (3) la búsqueda de unos complejos equilibrios entre mantenimiento de empleos y reducción de sobrecapacidades en algunas industrias de defensa y la apertura de nuevos mercados internacionales a partir de tamaños y capacidades que se encuentran en desventaja respecto de la mayor parte de los competidores.

El presupuesto y los desarrollos futuros

Dentro de los presupuestos del Ministerio, conviene centrar la atención en aquellos apartados que tienen más que ver con los dos aspectos fundamentales que vinculan a defensa con la industria: los grandes programas plurianuales y las actividades de I+D. Si bien la importancia relativa de esas partidas sobre el conjunto del presupuesto de defensa ha disminuido sustancialmente –se encuentra por debajo del 8% en 2011–, su relevancia económica, tecnológica e industrial excede notablemente esta cuantificación.

Así, desde la perspectiva económica, los efectos de activación keynesianos que se atribuyen al gasto público se diluyen al reducirse el presupuesto, particularmente cuando el gasto se encuentra orientado a los grandes proyectos de duración plurianual y de alto contenido tecnológico, como es el caso de la mayor parte de las inversiones contenidas en el Capítulo 6 de los presupuestos de defensa. Pero habría que ir un poco más allá, tratando de esbozar los efectos que ese gasto posee en su relación con el conjunto de la economía a través de la industria de la defensa fundamentalmente.

Según Néstor Duch, cada euro dedicado a satisfacer las demandas de defensa multiplica su efecto por 2,5 veces en el conjunto de la economía, encontrándose por encima de numerosos sectores económicos.[2] Esto implica que la reducción presupuestaria en Defensa produce efectos negativos, tanto mayores cuanto más elevada sea su capacidad de movilizar recursos tecnológicos y el capital humano de alta cualificación que normalmente se encuentra vinculado ellos.

Tabla 1. Principales programas de defensa (en millones de euros corrientes)

Como puede observarse en la Tabla 1 –los programas principales, que son los que cumplen con mayores exigencias técnicas y han de responder a los más elevados estándares– se han reducido sustancialmente desde el comienzo de la crisis económica y financiera de los últimos años (una reducción de las inversiones reales de más del 50% entre 2008 y 2011) y debido a los ajustes vinculados al compromiso de reducción del déficit público adquirido por España con la UE hasta 2013. Las reducciones acumuladas han afectado a los grandes programas hasta un punto en el que todavía en 2014 no alcanzarán el nivel previo a la crisis, como muestra la Tabla 1. Además, a medida que el Ministerio de Defensa deba pagar las unidades adquiridas de los programas mencionados –que supone una cuantía de más 800 millones de euros en 2011– se reduce el margen presupuestario para realizar nuevas inversiones.

En segundo lugar, la reducción presupuestaria ha llevado a que la caída que muestra el gasto en I+D haya pasado, durante el último decenio, de alcanzar su máximo en el año 2007, con un valor superior a los 202 millones de euros, a una cifra de poco más de 73 millones en 2011 –según refleja la Tabla 2–, lo cual supone un recorte superior al 63%.

Tabla 2. Detalle del presupuesto destinado a Defensa, 2011

La importancia de este hecho trasciende la mera capacidad actual de realizar actividades de I+D. En primer lugar, destaca el carácter específico de la tecnología para las empresas, ya que la transferencia de tecnología es uno de los factores de mayor importancia a la hora de la cooperación industrial, tal y como ocurre con los actuales programas internacionales de colaboración para el desarrollo de grandes plataformas, o el que se relaciona con los derechos de propiedad industrial. Por eso la transmisión de tecnología entre las empresas y con el Ministerio resulta difícil y costosa. En segundo lugar, la investigación en actividades formales de I+D no es la única vía para obtener innovaciones, ya que se puede considerar la existencia de un “continuo” que iría desde la I+D altamente formalizada hasta los procesos más informales de learning by doing, el diseño, la ingeniería, etc. Esto supone que las fuentes o bases del conocimiento son múltiples y altamente complementarias. La consideración de distintas formas de innovar implica una necesidad de recursos igualmente diferenciados, lo cual lleva a considerar que se pueden realizar innovaciones sin un elevado volumen de recursos si se poseen los conocimientos necesarios. Una tercera característica fundamental de la tecnología es el papel que juega el aprendizaje como vía de acumulación de los conocimientos. Así, la continuidad en los procesos de innovación tecnológica permite la acumulación de experiencias que, a su vez, facilitan la posibilidad de obtener nuevas innovaciones. Es decir, que lo que las empresas sean capaces de hacer en el futuro depende de lo que han sido capaces de realizar en el pasado.

Tomando como base estos conceptos, se pueden concretar dos aspectos que se encuentran en el núcleo de las decisiones de innovar por parte de las empresas. En primer lugar, las oportunidades tecnológicas, que definen la facilidad con la que se pueden alcanzar las innovaciones con un conjunto dado de recursos, en relación con el potencial que incluye cada paradigma tecnológico. De esta manera, unos recursos menores otorgan una menor capacidad de obtener innovaciones, al menos de carácter radical, y unas mayores oportunidades tecnológicas implican un mayor incentivo a realizar actividades de investigación y desarrollo. Después, las condiciones de apropiación –obtención de patentes, secretos industriales…– de los resultados de la innovación, que están presentes desde los primeros pasos de cualquier decisión de realizar actividades innovadoras, ya que las rentas de cuasi-monopolio que se pueden obtener de las innovaciones pueden diluirse a causa de problemas de apropiación.[3] Estas consideraciones muestran de manera clara la relevancia y la necesidad de no provocar discontinuidades en la senda de las actividades tecnológicas. Los costes de esos gaps se trasladan al futuro a través de los mecanismos expuestos e implican una importante reducción de las capacidades competitivas de las empresas de defensa particularmente, que anclan buena parte de sus servicios y productos en la innovación. En definitiva, las reducciones presupuestarias unidas a una menor actividad innovadora de las empresas implican un retraso tecnológico difícil de cubrir en períodos de tiempo cortos.

El Gráfico 1 muestra la tendencia temporal del gasto en investigación desde el año 2006. La tendencia del gasto militar es inicialmente de estancamiento y posteriormente de disminución. Esta situación es aún peor que la que se observa para el conjunto del capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual indica una distinta prioridad de gasto o la existencia de unas necesidades diferentes entre lo que se denomina gasto civil y militar.[4]

Gráfico 1. Evolución de la política de gasto, 46. Fuente: Presupuestos Generales del Estado (en millones de euros corrientes).

La perspectiva industrial

Como se ha mencionado, la industria de la defensa depende de los presupuestos del Ministerio de Defensa. Bien es cierto que esta dependencia es muy distinta entre empresas y que, estratégicamente, las firmas tratan de reducirla para no depender de unos presupuestos decrecientes. La alternativa es el aumento de las actividades en los mercados internacionales, pero debido a las peculiaridades del mercado de la defensa, las empresas siguen necesitando el apoyo del Ministerio para entrar en esos mercados. Por su parte, el Ministerio realiza una política industrial cuyo objetivo básico es mantener una industria nacional con capacidades propias para no depender excesivamente de empresas extranjeras en el suministro y mantenimiento de determinados bienes de defensa. Para ello Defensa realiza inversiones que mantienen esa industria, aunque cada vez el peso de la demanda externa es mayor (aproximadamente un 40% del total de las ventas de las empresas de la industria se exportan). Esta situación requiere que las capacidades competitivas de las empresas sean suficientes como para competir internacionalmente. La Tabla 3 muestra que las empresas de la industria de defensa poseen importantes ventajas comerciales, por lo que es una vía de supervivencia para ellas.

Tabla 3. Ventajas comerciales de España, 2007

La industria de la defensa se encuentra con dificultades estructurales debido a la ausencia de posibilidades de explotar economías de escala, su menor tamaño respecto de otros competidores internacionales, el reducido papel que juegan las pymes en el entramado tecnológico e industrial, ya que básicamente su posición es la de ser suministradores especializados o subcontratistas, su falta de especialización en nichos de mercado nuevos con potencial de crecimiento elevado y ciertas ineficiencias que se vienen arrastrando desde hace años.

Adicionalmente, el marcado militar más grande del mundo, el de EEUU, se encuentra virtualmente cerrado a cualquier empresa que no sea del país, lo cual impone la necesidad de buscar demanda en otros países compitiendo con las empresas norteamericanas, que poseen más del 40% de la cuota del mercado mundial. Hasta tal punto esta situación es compleja que según datos de la Oficina de Política Industrial Departamento de Defensa de EEUU, los principales países de la UE exportaron a EEUU en el bienio 2005-2007 poco más de 2.500 millones de dólares (aproximadamente el 2% de los contratos), consiguiendo España una cuota del 0,6% de esa cantidad.

Por otra parte, la alternativa europea parece también poco halagüeña. Los presupuestos de defensa de los países europeos se reducen sustancialmente desde hace años, la posibilidad de que la EDA (Agencia Europea de Defensa, en sus siglas en inglés) asuma el papel de aglutinador general de las actividades comerciales y tecnológicas compartidas entre los países es algo que incluso en el largo plazo se muestra complicado, ya que implicaría una acusada tendencia hacia la especialización por países en determinados tipos de productos, lo cual no es actualmente admisible ni por los gobiernos, ni por las empresas.

La colaboración entre empresas de distintos países para el desarrollo de plataformas complejas, como los aviones EF-2000, muestran un elevado grado de dificultades. En su lado positivo, permiten realizar este tipo de proyectos que sólo pueden llevarse a cabo de forma conjunta, debido a los enormes costes y dilatados plazos que implican, las necesidades tecnológicas que suponen y las complicaciones comerciales y de atracción de compradores. Además, permiten la creación de valor añadido y nuevas tecnologías con aplicaciones en el ámbito civil. Sin embargo, la forma en la que se negocian los contratos, las ineficiencias productivas que se generan debido a las aspectos políticos unidos a ellos, los costes de transacción vinculados a la gestión y los retrasos, producen unos importantes efectos adversos en las actividades de colaboración.

Conclusión

Posibles soluciones

La situación a la que se enfrenta el mercado de la defensa, tanto desde el lado de la demanda (Ministerio de Defensa) como desde la oferta (empresas) requiere una profunda reestructuración que implica un cierto tiempo para minimizar los costes de la transición hacia un modelo distinto. Algunos de los ingredientes que podrían aportar soluciones pueden resumirse de la siguiente manera:

• En primer lugar, es necesario tener unos presupuestos que reduzcan la incertidumbre temporal sobre su cuantía, por lo que la estabilidad presupuestaria es una condición necesaria. Una programación plurianual, del tipo a la que se sigue en Francia con la Ley de Programación Militar, podría reducir los riesgos asociados a las dotaciones presupuestarias y la incertidumbre que genera en las empresas de la industria de defensa.
• Mejorar la eficiencia en la gestión del gasto, de manera que el value for money aportado sea el mayor posible. Esto es, que la asignación presupuestaria genere los mayores beneficios posibles a la sociedad en función del gasto al que se asigna, para lo cual se necesario tener en consideración la calidad del bien o servicio, la eficiencia y eficacia en la provisión y los costes en lo que se incurre.
• Reducir la presión sobre el presupuesto compartiendo algunos gastos comunes con otros ministerios y que actualmente asume de manera individual el de Defensa.
• Negociar la importante deuda del Ministerio de Defensa para que se reduzca la presión sobre las inversiones, bien aplanando, bien vinculando los pagos a la evolución del presupuesto del Ministerio o incluso del PIB, de manera que en épocas de reducción presupuestaria o caída del PIB, como la actual, las exigencias de pago sean igualmente menores.
• Plantear una estrategia de largo plazo junto con la industria, profundizando en el conocimiento de los principales programas y orientaciones tecnológicas –requerimientos, y características– a corto, medio y largo plazo, lo cual implica reforzar la red de observatorios y ampliar los foros de análisis con las empresas del sector, incluyendo las que no se encuentran entre los contratistas principales.
• Reforzar y ampliar las auditorías de costes y plantear el tiempo como una variable básica en la definición, gestión y evaluación de los programas de defensa y no sólo los costes. De esta forma, se reducen los problemas de obsolescencia, los sistemas se obtienen con un plazo cierto, en el momento en que se necesitan y por lo tanto se maximiza su utilidad.
• Mejorar la forma de negociación de contratos entre empresas, de manera que se reduzcan los costes de transacción y mejore la eficiencia económica. Este aspecto es particularmente necesario en los programas internacionales, los cuales parten con un peso de las variables políticas muy superior a la importancia que se otorga a la eficiencia económica, lo cual se traduce en importantes incrementos de costes.
• Formalizar una mayor centralización de las adquisiciones de Defensa, a través de una Agencia, o similar que se encargue del conjunto del proceso, desde su planteamiento hasta su puesta en servicio y posterior mantenimiento y modernización.
• Reorientar algunas actividades empresariales hacia productos más vinculados con la seguridad que con la defensa, lo cual permitiría mantener vínculos con ambos sectores y particularmente con el de la seguridad, que se encuentra en crecimiento.

Obviamente, no es sencillo coordinar las estrategias y necesidades presupuestarias, económicas, tecnológicas e industriales, pues requiere de una minuciosa planificación de la política económica e industrial y aunque, como es sabido, matemáticamente no se puede solucionar una única ecuación con tres incógnitas, esto no tiene por qué ser válido en el ámbito de la economía.

Tema: La industria europea de defensa ha evolucionado muy deprisa durante las últimas dos décadas pero su capacidad de evolución se ha ido agotando debido a las restricciones presupuestarias y a las limitaciones del modelo institucional, un proceso que afecta a la necesaria reestructuración de la industria española.

Resumen: La industria europea de la defensa se ha transformado profundamente para adaptarse a los cambios derivados del fin de la Guerra Fría, de las reducciones presupuestarias ligadas al “dividendo de la paz” y de la irrupción de las nuevas tecnologías. Siguiendo –con retraso y vacilaciones– la tendencia marcada por la industria estadounidense ha tratado, por un lado, de fusionar sus empresas para lograr economías de escala que la hicieran competitiva y eficaz y, por otro, ha tratado de crear un mercado europeo de defensa que sostuviera la base tecnológico-industrial y la autonomía de equipamiento necesarias para facilitar el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Este ARI describe los esfuerzos realizados por potenciar la colaboración entre los Estados europeos, la participación española en los mismos y las lecciones aprendidas de la experiencia.

Análisis: Los antecedentes inmediatos de la reforma de la industria de defensa se remontan a la década de los 90, cuando los gobiernos aliados redujeron su esfuerzo de inversión en equipos de defensa a casi la mitad de los presupuestos de la década anterior. Simultáneamente se produjo una evolución de las tecnologías de información y comunicación de una magnitud sin precedentes que afectó profundamente las estructuras, sistemas de gestión y procesos de decisiones de todas las organizaciones empresariales. El efecto combinado de la “revolución” tecnológica y de la drástica reducción del esfuerzo financiero afectó profundamente al sector industrial de defensa, que debió hacer frente a una profunda reestructuración para asegurar su supervivencia. La pauta en la evolución la ha marcado la industria estadounidense que, durante la década de los 90 y con el apoyo del Pentágono, protagonizó un proceso de fusión sin precedentes que redujo el centenar de grandes industrias de defensa norteamericana existentes a apenas una docena y, adicionalmente, con sus actividades diversificadas hacia otros sectores.

Los cambios también afectaron a la industria española de defensa, que en los años 80 se benefició del gran esfuerzo de financiación de la Ley 44/82, de Dotaciones Presupuestarias que aseguró un incremento real del presupuesto de Defensa de un 2,5% anual durante esa década. Esta inversión presupuestaria, unida al acceso a importantes tecnologías de defensa asociadas al entonces vigente Tratado de Amistad y Cooperación con EEUU, y a la participación española en programas internacionales, acabó dotando al sector de unas capacidades no disponibles hasta ese momento.

La industria europea no llevó a cabo tantos sacrificios ni transformaciones como la estadounidense pero impulsó una profunda modificación del marco institucional europeo para facilitar las decisiones estratégicas que debía adoptar el sector industrial. Desde los años 80 existían proyectos de cooperación intraeuropea que se desarrollaban con lentitud y poca eficacia debido a la complejidad y falta de flexibilidad de una industria de defensa que trataba de proteger los intereses económicos y la autonomía estratégica de cada país. Por esta razón, las dos primeras iniciativas lanzadas para impulsar y mejorar las posibilidades de cooperación industrial en el ámbito de la defensa, la Carta de Intenciones para una Reorganización de la Industria de Defensa (Letter of Intent, LoI) y la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d’Armament, OCCAR), fueron adoptadas por los países europeos que disponían de capacidades tecnológico-industriales más importantes, desarrolladas gracias a su esfuerzo inversor y su voluntad de depender lo menos posible de los sectores industriales de otros países para disponer de capacidades militares esenciales para su propia seguridad nacional.

A iniciativa de las empresas nacionales, que demandaban conocer el marco normativo general en el que  tomar sus decisiones estratégicas, los ministros de Defensa de Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, España y Suecia firmaron una Carta de Intenciones (LOI) en 1998 que condujo a un Acuerdo Marco para la Reestructuración y funcionamiento de la Industria de Defensa Europea en 2000. Su objetivo era, y sigue siendo, promover una base industrial y tecnológica de defensa más sólida y competitiva actuado sobre seis áreas que dan forma al “mercado de defensa”: (1) seguridad de suministros; (2) procedimientos de exportación; (3) seguridad de la información; (4) investigación y tecnología; (5) tratamiento de la información técnica; y (6) armonización de los requisitos militares. Posteriormente se aprobaron Convenios de Aplicación en cada una de las áreas y, desde entonces, continúan los trabajos para armonizar las normativas y procedimientos utilizados por los miembros del grupo. Los acuerdos alcanzados dan forma y sentido a las políticas de armamento e industrias de defensa de los seis países signatarios que, en conjunto, acumulan entre el 80% y el 90% de la capacidad industrial y tecnológica de la UE.

Cabe destacar que este Grupo LOI no tiene una estructura administrativa de apoyo a los trabajos que se realizan. La presidencia es rotatoria y el órgano de gobierno es un Comité Ejecutivo que refrenda las decisiones está compuesto por representantes nacionales que dependen de los Directores Nacionales de Armamento.[1] El Grupo LoI actúa entre los niveles europeo y nacional aprovechando la interacción directa entre los responsables nacionales. Por ejemplo, estos han contribuido recientemente a los trabajos de la Comisión Europea para la preparación del denominado Paquete de Defensa (Directivas comunitarias sobre Transferencias Intracomunitarias y sobre Adquisiciones de Defensa ahora en proceso de transposición a la legislación nacional) de forma que la normativa comunitaria permite la aplicación de conceptos sobre seguridad de suministros y otros de contenido estratégico asociados a intereses nacionales de seguridad, lo que preserva un margen de protección a la base industrial de defensa que no hubiera sido posible sin la intervención del Grupo LoI. Las dificultades aparecen cuando hay que distribuir ajustes y responsabilidades, dar prioridad a unos u otros acuerdos y ajustar los procedimientos nacionales afectados por los acuerdos alcanzados. Estas dificultades son lógicas cuando se trata de forjar una aproximación común a la industria de defensa europea y exigen el entendimiento, compatibilidad y confluencia de los actores con responsabilidades similares en los seis países LoI, unas dificultades que se multiplicarán cuando se trate de desarrollar capacidades militares entre los 26 Estados miembros, según fija el Tratado de Lisboa.

Paralelamente al proceso de aprobación del Acuerdo Marco, la coordinación de actuaciones de los Directores Nacionales de Armamento llevó a la creación de una nueva organización para la gestión de programas europeos de cooperación de armamento: la Organisation Conjointe de Coopération en Matière d’Armament (OCCAR). Creada por un Memorando de Entendimiento firmado en 1996 por Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, entró en vigor en enero de 2001 tras su ratificación parlamentaria (Bélgica y España se unieron en 2005). Pretende convertirse en un centro de excelencia en la gestión de programas de armamento, empleando las mejores prácticas para mejorar la relación coste-eficacia, introducir prácticas comunes de adquisición basadas en la competencia en lugar de la contribución financiera de cada miembro, maximizar el reparto global de carga de trabajo con base plurianual y multi-programa frente al criterio de justo retorno aplicado anteriormente (carga de trabajo industrial proporcional a su contribución financiera aplicada cada año a cada programa).

La Agencia Europea de Defensa

La Agencia, creada mediante la Acción Común 2004/551/PESC de 12 de julio, tiene un carácter intergubernamental porque el desarrollo de las capacidades militares europeas y de una base industrial asociada precisa la cooperación voluntaria de los Estados miembros. La Agencia tiene como misión apoyar los esfuerzos del Consejo y de los Estados miembros para mejorar las capacidades de defensa de la UE en el ámbito de la gestión de crisis y de desarrollar la política exterior de seguridad y defensa. Las decisiones de la Agencia se adoptan por una Junta de Dirección con representantes de cada Estado miembro que se reúne dos veces al año en formato de ministros de Defensa y otras dos en cada una de las formaciones de Directores Nacionales de Armamento, de Investigación y Tecnología o de Política de Defensa. Las decisiones se toman por mayoría cualificada (de dos tercios) para dar flexibilidad a su funcionamiento pero un Estado miembro puede oponerse a una decisión adoptada por mayoría cualificada elevando el tema en cuestión al Consejo donde se requiere la unanimidad.

La Agencia cuenta con una plantilla de personal reducida, poco más de 100 personas, y un presupuesto pequeño –unos 35 millones de euros– si se compara con otros organismos internacionales y al que España aporta aproximadamente el 8% en función de su PIB. La Dirección de Capacidades se ocupa de las capacidades de defensa en el ámbito de la gestión de crisis y cuenta con un Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP según sus siglas en inglés) que debe ser el elemento conductor de las actividades de las otras áreas y de las estrategias a largo plazo desarrolladas por ellas.

La Dirección de Investigación y Tecnología promueve la eficiencia en la investigación y tecnología europea de defensa, fomentando la colaboración entre los países miembros en este ámbito (“gastar más, gastar mejor, y gastar más todos juntos”). Se parte de que la inversión en I+T es esencial para preservar y fortalecer la base industrial y tecnológica existente y desarrollar las capacidades necesarias en la UE. Para ello se ha aprobado una Estrategia para impulsar la coordinación de la inversión europea en este campo y mejorar la coherencia conminando fines (tecnologías en que debemos invertir para mejorar las capacidades militares), medios (mecanismos, estructuras y procedimientos para incrementar la eficiencia) y modos para implantar los fines y los medios.

Cuentan con dos tipos de proyectos: unos de investigación conjunta denominados “categoría A” que utilizan el enfoque “de arriba hacia abajo”, asumiendo la participación de todos los países miembros salvo los que decidan apartarse (opting out) y que están diseñados para hacer frente a carencias en capacidades generales o para atender a prioridades previamente acordadas. Se desarrollan, bajo la responsabilidad de la Agencia y disponen de un presupuesto ad hoc, con una contribución específica de cada participante. El segundo tipo de proyectos, “categoría B”, utiliza el planteamiento inverso y se inicia por uno o varios países que se juntan (opting in) para gestionar y desarrollar el proyecto.

La Dirección de Armamento fomenta la cooperación en programas de armamento, esencial para cubrir algunas carencias europeas de capacidades, entre otras cosas promoviendo o proponiendo nuevos programas, o coordinando programas existentes. Entre las actividades en marcha cabe citar las referidas a los programas de vigilancia marítima, el soldado del Siglo XXI o la flota de transporte aéreo europeo. No es fácil agregar las demandas porque los requisitos militares de cada país difieren y precisan tiempo para armonizarse y, además, cada país necesita reponer sus equipos en distinto momento debido a que se encuentran en distinta fase de su ciclo de vida. La Agencia cuenta con una base de datos (CODABA) en la que países miembros dan a conocer voluntariamente sus previsiones de planeamiento y con una Estrategia de Armamentos aprobada en 2008. Sin embargo, los Estados miembros han optado por no dotar a la Agencia de capacidad de  gestión de futuros programas de cooperación que puedan surgir en su seno. Tras considerar las opciones existentes en nuevos programas, desarrollar un sistema de gestión específico para cada programa o dar esta responsabilidad a un solo país, se acordó que la opción “natural” será encargar la gestión de estos programas de colaboración a la OCCAR, dado que está ya en funcionamiento, consume pocos recursos que son empleados con criterios de eficiencia, y ha demostrado que puede gestionar eficientemente programas en los que participen países no miembros de la organización.

La Dirección de Industria y Mercado debe reforzar la base industrial y tecnológica de defensa europea y crear un mercado europeo de equipos de defensa competitivo internacionalmente. Se parte de la base de que la situación actual es ineficiente en términos agregados europeos debido al excesivo número de personal empleado, la fragmentación del mercado o la obvia existencia de duplicidades. También resulta complejo conciliar la autoridad de la Comisión, responsable de regular el mercado interior, con la autonomía de los países miembros de la UE, responsables de definir sus intereses de seguridad nacional. Esto explica que la legislación comunitaria sobre adquisiciones públicas sea aplicable a las adquisiciones de defensa (artículo 10 de la Directiva 2009/81 de 13 de julio sobre adquisiciones públicas) aunque esté sujeta a las limitaciones impuestas antes por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE (el antiguo 296 del TCE).

Las limitaciones consisten en que ningún Estado está obligado a facilitar información que revele lo que considere contrario a sus intereses esenciales de seguridad, que cualquier Estado puede tomar las medidas que considere necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad relacionados con la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra; y que tales medidas no deben afectar negativamente a las condiciones de competencia del mercado común en relación con productos que no sean destinados específicamente a satisfacer intereses esenciales de seguridad. El Consejo, actuando por unanimidad ante una propuesta de la Comisión, puede cambiar la lista de productos a los que son aplicables los dos apartados anteriores.

Junto a la regulación comunitaria, la EDA cuenta desde el 1 de julio de 2006 con un Régimen Intergubernamental de autorregulación que incluye un Código de Conducta para las Administraciones de Defensa que pretende abrir las adquisiciones a otros Estados en base al principio de reciprocidad. Se trata de un compromiso de carácter voluntario y no vinculante referido a adquisiciones de Defensa amparadas por las estipulaciones del mencionado artículo 346 del Tratado. En segundo lugar, incluye una mayor transparencia en las adquisiciones de defensa mediante su publicación en un portal electrónico de la EDA (EBB1) con el compromiso de que las empresas de defensa de los países suscriptores del Código serán tratadas en todos ellos de la misma manera que las compañías nacionales. También cuenta con un Código de Mejores Prácticas en la Cadena de Suministros dirigido a que los contratistas principales del sector de defensa abran sus cadenas de suministro habituales a posibles suministradores de todos los países de la UE con los mismos criterios de transparencia y equidad, para lo que las oportunidades de contratación deben ser publicadas en otro boletín electrónico gestionado por la EDA (EBB2). Todavía existe un tercer Código de Conducta para la armonización y sucesiva supresión de las prácticas de offsets, muy diferentes en los distintos Estados miembros, que pueden llegar a distorsionar seriamente el mercado de defensa por lo que son cada vez más incompatibles con la legislación comunitaria relacionada con el mercado interior.

Finalmente, la EDA ha aprobado un acuerdo sobre Seguridad de Suministros y otro sobre Seguridad de la Información, pendiente de aplicación, y está definiendo una estrategia tendente a desarrollar una base industrial y tecnológica de defensa europea (EDTIB en sus siglas inglesas) que sustente la soberanía nacional y a la autonomía europea en situaciones de conflicto y que facilite la reestructuración de la industria europea. Esta EDTIB debe satisfacer las capacidades operativas con las últimas tecnologías disponibles y hacerlo en condiciones de coste y eficacia que le permitan competir por los mercados globales.

El contexto institucional de la industria de defensa tras el Tratado de Lisboa

El Tratado refrenda el contenido de la Acción Común aprobada en 2004 y su artículo 45 asigna misiones a la Agencia Europea de Defensa sin introducir cambios sustanciales, pero la adaptación de la EDA al Tratado está siendo más laboriosa de lo esperado. Durante la primera mitad de 2010 se elaboró un borrador de sus nuevos estatutos (Statute, Seat and Operational procedures) basados en el texto de la Acción Común pero no se pudo aprobar en el plazo previsto –el 30 de junio de 2010– debido a las diferencias con los representantes de la Comisión. Entre otras razones, debido a que el artículo 45.1.e fija como una de las misiones de la Agencia “contribuir a identificar y, si fuera necesario, implantar cualquier medida útil para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de defensa, y para mejorar la eficiencia del gasto militar”, una competencia que podría entrar en colisión con la Directiva de Adquisiciones de Defensa 2009/81aprobada y en proceso de transposición a las legislaciones nacionales. Finalmente, la Decisión del Consejo 2011/411/CFSP de 11 de julio ha aprobado los nuevos Estatutos de la Agencia reemplazando la Acción Común de 2004.

En la situación actual, la evolución paralela de los tres foros anteriormente explicados: LOI, OCCAR, y EDA se ha ido ralentizado a medida que su progreso ha ido añadiendo complejidad e interdependencia. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009se esperaba que la alta representante y vicepresidenta de la UE tuviera un papel importante en el desarrollo de la Agencia Europea de Defensa, pero de momento ha dado carácter prioritario al desarrollo del Servicio Europeo de Acción Exterior. En este contexto, la decisión del Consejo del pasado 11 de julio de 2011 ha mantenido la anterior delimitación de las responsabilidades de la Agencia y de cada uno de los Estados Miembros, frente a la creciente ambición de la Comisión de desarrollar la legislación comunitaria con una interpretación muy generosa de sus propias competencias. El posterior desarrollo reglamentario de la Directiva de la Comisión sobre Adquisiciones de Defensa y de las Leyes nacionales deberá salvaguardar el equilibrio de competencias establecido.

Las dificultades anteriores se han agravado por la aparición de la crisis financiera que ha afectado a todos los presupuestos de defensa europeos y, en particular, al desarrollo de los grandes programas de cooperación de armamentos existentes, ya que se ha retrasado la posibilidad de lanzar nuevos programas de cooperación sobre los que ir aplicando los logros y acuerdos generales que se vayan adoptando. También se ha evidenciado la dificultad de aplicar el método LoI: el establecimiento de relaciones personales directas entre los distintos responsables de los seis miembros a un grupo más amplio de 26 países, ya que los responsables nacionales de armamento prestan ahora mayor atención a la solución de sus problemas industriales o presupuestarios particulares que a impulsar la cooperación con otros países. Esta reorientación de prioridades de los responsables de armamento de cada país se ha extendido, como no podía ser menos, a las industrias de defensa de cada país, grande o pequeño, que sienten amenazados sus objetivos a corto y medio plazo y que también han reorientados sus esfuerzos a preservar sus propias capacidades en perjuicio de otros proyectos de cooperación que, en general, requieren recursos, pero que también necesitan una cierta generosidad de los más capaces, y la dedicación de parte de sus recursos  a definir e impulsar una visión de futuro.

Por su parte, la OCCAR ha sido capaz de mostrar su eficacia en la gestión de grandes programas de defensa en cooperación que sólo en muy pocas ocasiones podrán ser acometidos por un solo país. La acumulación de experiencias ganadas en la gestión de distintos programas y la posterior aplicación de las lecciones aprendidas para mejorar la gestión de futuros programas se considera un activo del máximo interés, cuyo valor se irá incrementando en el futuro. Con igual claridad se ve que es preciso mejorar los procedimientos de relación e interlocución de la OCCAR con los países participantes en grandes programas, especialmente cuando su magnitud pueda afectar a las capacidades tecnológico-industriales de cada país, y con los grupos industriales que participen en programas de las características citadas, como ha mostrado el desarrollo del programa Airbus-400M. Al ser elegida la OCCAR en lugar de la Agencia, como órgano de gestión de los grandes programas, será aquella quien se ocupe de la gestión de los programas de equipos y, como novedad, del apoyo al ciclo de vida de los programas desarrollados por ella, aunque también se verá afectada por las restricciones presupuestarias. Queda por resolver la aprobación del Acuerdo de Colaboración entre EDA y OCCAR que está bloqueado por la postura inflexible de Grecia y Chipre que persisten en bloquear la cooperación entre la Agencia y Turquía (ya miembro del programa A-400M), demorando e, incluso, vetando la aprobación de documentos y acuerdos necesarios para definir el marco de cooperación de la EDA con terceros países.

La Agencia Europea de Defensa ha conseguido logros importantes en cuanto a la aprobación de estrategias generales en todas las áreas de su actividad. Por el contrario, le ha sido más difícil de lo esperado conseguir logros concretos que permitan visualizar su valor añadido y justifiquen el enorme esfuerzo político y el gran volumen de recursos empleados hasta el momento por los países miembros ya que el coste de la contribución nacional al presupuesto de la Agencia, es proporcionalmente muy reducido si se compara con el de los recursos humanos empleados tanto en las capitales como en las innumerables reuniones de grupos de expertos nacionales que constituyen el núcleo fundamental del trabajo de la Agencia.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Agencia no ha podido dar un nuevo salto cualitativo en su necesaria evolución debido a varios factores. Primero, al gran esfuerzo realizado para encajar las relaciones entre la Agencia y los distintos órganos de la Comisión con responsabilidad en aspectos de Industria y Mercado y de Investigación y Tecnología, salvaguardando las responsabilidades e intereses de la EDA y de sus Estados miembros, una solución que debe materializarse a través del desarrollo reglamentario de las Directivas de la Comisión en esta materia.

En segundo lugar, los países pequeños y medianos que están más preocupados por su propio encaje en los nuevos organismos europeos que en el desarrollo real de capacidades militares del UE, han logrado reconducir  los debates de la Agencia hacia discusiones burocrático-administrativas, discusiones que interesan poco a los países con mayor capacidad industrial, tecnológica y financiera, que son imprescindibles para el desarrollo de dichas capacidades. Finalmente, la aparición de acuerdos de cooperación bilaterales entre los países europeos de mayor capacidad puede suponer un debilitamiento del protagonismo de la Agencia como interlocutor europeo en el desarrollo de capacidades militares que cubran las necesidades existentes,  razón para la que fue creada.

Conclusiones: Los procesos LOI y OCCAR fueron lanzados a finales de la década de los noventa como respuesta a la disminución del gasto en defensa y atendiendo a la petición de las grandes industrias de defensa, con la finalidad de incrementar las posibilidades de cooperación intraeuropea y la eficacia en la gestión de grandes programas de armamento. La posterior creación de la Agencia Europea de Defensa supuso la conexión entre la capacidad industrial y tecnológica existente en la UE a veintiséis y las necesidades de capacidades militares requeridas para el desarrollo de la PCSD. La cooperación es necesaria porque los grandes programas de armamento sólo pueden ser ya desarrollados y financiados en común, basados en las capacidad y competitividad de las industrias de defensa nacionales existentes, lo que requiere un esfuerzo continuado actual para incrementar la eficiencia de la industria europea de defensa.

Estos procesos han dado lugar a una razonable armonización, compatibilidad y entendimiento de las normas y procedimientos nacionales aplicados al desarrollo de sus programas de cooperación, aunque algunas de estas normas como la Directiva de la Comisión sobre Adquisiciones de Defensa o el Código de Conducta sobre Offsets aprobado en la EDA para  las adquisiciones de defensas se encuentran en sus primeras fases de aplicación y es pronto para extraer conclusiones. La consolidación horizontal de la industria europea de defensa, tipo EADS en el sector aeronáutico, no parece haberse extendido a otros sectores, como el naval o el de medios acorazados terrestres, para ganar competitividad y obtener economías de escala, y en todos los sectores coexisten grandes empresas junto a otras pequeñas y medianas. La liberalización del sector ha coexistido con la persistencia de grandes industrias de defensa nacionales, caso de British Aerospace en el Reino Unido, Finmeccanica en Italia o Thales en Francia que se han fortalecido internamente con los procesos de concentración y que ahora se han ido extendiendo a otros países compitiendo por mercados globales. En todo caso, la evolución del sector industrial español de defensa está inevitablemente vinculado a la del sector industrial europeo, por lo que es necesario seguir la evolución europea y participar activamente en el proceso para que se adapte en lo posible a nuestras necesidades, algo para lo que es necesario que el sector industrial nacional defina adecuadamente sus propios intereses.

La evolución del sector europeo de defensa se ha seguido con atención por terceros países como Noruega, Australia y Arabia Saudí que, en ocasiones, y ante la dificultad de cooperar con la industria estadounidense debido al ritmo de modernización de sistemas de armas norteamericanos y a las condiciones de su sistema de ventas, ha mostrado su interés por cooperar con países de la UE. Una tendencia que beneficia a los países con sectores industriales –como el español-capaces y flexibles para dar respuesta a los nuevos socios–. La consolidación y extensión de la participación del sector de defensa español en estos y otros mercados dependerá en gran medida de la posibilidad de mostrar industrias de defensa cada vez con mayor capacidad tecnológica, de producción y de integración. También dependerá de la colaboración de las Administraciones Públicas, especialmente de la del Ministerio de Defensa, para proyectar los intereses del sector en la UE y en terceros países.

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[1] En el caso español, la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa se encarga de la coordinación general y de las áreas de seguridad de suministro e investigación y tecnología; el Estado Mayor de la Defensa de la armonización de requisitos militares, el CNI de la seguridad de la información, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de los procedimientos de exportación y el Ministerio de Economía y Hacienda del tratamiento de la información técnica.

Ni la guerra de las galaxias de Reagan ni el escudo antimisiles de George W. Bush: simplemente, un sistema de defensa razonable contra la amenaza cierta de misiles balísticos en malas manos. Lo aprobaron 28 países hace un año en la cumbre de la OTAN en Lisboa y se está desarrollando ahora con, entre otras medidas, el reciente acuerdo sobre la base de Rota. Obama revisó el escudo estadounidense que Bush quería extender a Europa con un tercer emplazamiento en Chequia y Polonia, y la Alianza Atlántica acordó un sistema propio para defender Europa de ataques de Estados y agentes no estatales, grupos terroristas incluidos, con misiles con todo tipo de carga mortífera. Nada de ciencia-ficción; amenazas ciertas, de las que los Gobiernos serios tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos.

Cuando los países de la OTAN aprobaron el nuevo Concepto Estratégico y este sistema antimisiles, el Parlamento español tuvo un debate específico con la comparecencia de la ministra Chacón y, desde entonces, los aliados han ido tomando las medidas correspondientes, incluidas las aportaciones previstas de Estados Unidos. A ese objetivo responden los acuerdos bilaterales con Polonia, Rumanía, Turquía, España o Países Bajos, así como la incorporación de medios militares nacionales de todos para esta defensa colectiva, tanto para detectar la agresión a tiempo como para interceptarla antes de que estalle en nuestras calles.

Porque, a diferencia del “escudo antimisiles” de Bush, esta opción responde al objetivo de “ya va siendo hora de que, de la defensa de los europeos, se ocupen los europeos”.

A quienes están en la tesis de “EE UU es EE UU, con Bush o con Obama”, cabría preguntarles si de verdad creen que, hoy, el objetivo de Estados Unidos es aumentar su presencia militar en Europa. Las evidencias, incluidas las presupuestarias, apuntan más bien en la dirección contraria, como hemos comprobado, por ejemplo, en Libia. En la lucha contra Gadafi, lo que se ha demostrado es que Europa no tenía suficientes capacidades militares para responder a la exigente intervención solicitada por las Naciones Unidas para detener las matanzas de civiles en ese país.

Con la construcción de un sistema antimisiles, ahora de corto y medio alcance, ocurre otro tanto; los países europeos no cuentan con los medios necesarios y dependen de la integración de capacidades estadounidenses. Y, si hay una amenaza a la seguridad de la gente, si la proliferación de armas con sus vectores balísticos en zonas próximas es un hecho cierto, los Gobiernos y los partidos políticos responsables están obligados a ofrecer una alternativa adecuada.

Es en este contexto en el que se sitúa el acuerdo bilateral de España con Estados Unidos el pasado día 5 en Bruselas, uno más en una agenda de decisiones que afecta a 28 países, y que no puede detenerse por coyunturas nacionales. Un apartado más en la compleja arquitectura de la defensa europea antimisiles, de gran interés para España por afectar a la seguridad del área mediterránea.

Una cuestión que no es menor. Para quienes apostamos radicalmente por un escenario de cero nuclear, la alternativa de los sistemas de defensa antimisiles ayuda, y mucho, al objetivo de crear condiciones para un mundo sin armas nucleares, sin abandonar la obligación de proporcionar a nuestras sociedades el preciado bien público de la seguridad.

Un programa de defensa antimisiles debería conducir a los países de la OTAN a poner menos el acento en la disuasión nuclear, en particular con el despliegue de armas nucleares americanas en Europa. A mayor defensa antimisiles, menor necesidad de la disuasión nuclear.

¿Rusia? Una noticia buena y otra mala. La buena, que en la cumbre de Lisboa los rusos aceptaron considerar la colaboración con la OTAN en una defensa antimisiles coordinada. La mala, que a fecha de hoy no hay acuerdo. Lo que les preocupa, como he podido comprobar estos días en la comisión OTAN-Rusia de la Asamblea Parlamentaria, es que pueda ser utilizado contra su territorio.

Por eso denuncian todo el sistema, aunque, para el caso del acuerdo sobre la base de Rota, su aparente preocupación resulta incomprensible, retórica, por razones obvias. Se tardará, pero habrá acuerdo si se crea el clima de confianza adecuado, en línea con la propuesta de consenso de Madeleine Albright y el exministro de Exteriores ruso Ígor Ivanov en junio pasado.

Cuando casi todas las preocupaciones están centradas en la crisis económica, el coste no es una cuestión menor. Lo fundamental es que se trata de una opción de defensa colectiva, que siempre es más barata que una opción nacional aislada y, además, la única eficiente frente a este tipo de amenazas. A España le interesa estar en primera línea en la arquitectura de este sistema en todos los frentes, incluido el industrial. Y a Europa le conviene construir con sus propios medios un esquema de seguridad en un mundo de riesgos globalizados en escenarios de incertidumbre. O, para “más Europa”, construyamos una “defensa europea”.

El Gobierno que salga de las próximas elecciones deberá responder a este desafío de seguridad. Es muy importante para España. En este objetivo, mucha suerte.

La seguridad de España es el pilar sobre el que se asientan la paz y la libertad de nuestros compatriotas, nuestros principios y valores, nuestra forma de vida y la protección constitucional del ejercicio de nuestros derechos, culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. La seguridad es también el cimiento sobre el que se construye nuestro desarrollo y prosperidad. Su garantía es, por tanto, la primera obligación del Gobierno de la Nación y su defensa, el objetivo primordial de la acción exterior del Estado. Por todo ello no se me alcanza mejor manera de celebrar la Fiesta Nacional que reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, que es tanto como reflexionar sobre nuestra seguridad.

Las Fuerzas Armadas son el instrumento específico de la defensa y las garantes, en último extremo, de nuestra seguridad. Hoy cuentan con el adiestramiento, disponibilidad y capacidad de respuesta inmediata y adecuada para actuar con eficacia en la prevención, gestión y resolución de cualquier tipo de conflictos en los que nuestro país pudiera verse implicado.

La primera conclusión que me gustaría trasladar a la opinión pública es la satisfacción por la mejora que ha traído nuestra integración en un marco de seguridad compartida y defensa colectiva con nuestros socios y aliados. España es un país más seguro gracias a nuestra participación activa en la OTAN y en la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. Estamos firmemente comprometidos con la defensa europea y somos partidarios del mantenimiento de un fuerte vínculo transatlántico que refuerza nuestra seguridad colectiva y tiene su reflejo en la estrecha relación mantenida desde hace décadas con los Estados Unidos en el campo de seguridad y defensa.

El futuro de las Fuerzas Armadas se diseña hoy, se construye mediante planes a medio y largo plazo y se asegura con fuentes de financiación apropiadas. La definición de las capacidades militares que necesitará España en el futuro requiere una visión a largo plazo que el Gobierno debería establecer con el apoyo de los Ejércitos y serviría para lanzar los planes de contratación, financiación y de personal, así como para orientar las inversiones a largo plazo de las industrias de defensa. Esta visión constituirá el hilo conductor de nuestra gestión si los españoles nos otorgan su confianza en las próximas elecciones.

Asumo el reto de mejorar la eficiencia del Ministerio de Defensa y de garantizar la preparación y operatividad de las Fuerzas Armadas. Será una tarea difícil pues la política de defensa deberá desarrollarse en un ambiente de gran escasez de recursos debida a la profunda crisis económica. La situación del presupuesto de defensa es dramática, un mero 0,68 por ciento del PIB. Es insuficiente incluso para hacer frente a los compromisos de pago pendientes de los programas de armamento. Este es el problema más importante que hoy tenemos planteado. Habrá que buscar soluciones urgentes e imaginativas para resolverlo y asegurar la renovación de medios y el mantenimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Todo ello, deberá hacerse sin esperar un incremento significativo del presupuesto a corto plazo, dado el marco de inexorable reducción de gastos en todas las Administraciones Públicas durante los próximos años.

En este punto debemos ser extremadamente claros y rigurosos. En tanto no pueda alcanzarse un presupuesto de defensa adecuado y sostenible, que es uno de los objetivos del Partido Popular, será necesario reducir o suprimir todo gasto que no contribuya directamente al fin primordial de la defensa que es la operatividad de la Fuerza; por ello y para que no se vea afectada ésta, habrá que hacer una revisión en profundidad de todas las estructuras orgánicas del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para simplificarlas en lo posible. Ningún ámbito debe quedar exento de esta revisión, tampoco las misiones internacionales en que participamos. Es cierto que nuestro despliegue en misiones en el exterior supone un esfuerzo económico cercano a los mil millones de euros en el presente ejercicio, el mayor en la historia reciente, pero no es menos cierto que estas misiones son la expresión de nuestro compromiso y solidaridad con la paz y seguridad en el mundo e incrementan el prestigio y el peso internacional de España. Por tanto cualquier posible revisión habrá de contar con el acuerdo de nuestros aliados y la aprobación del Congreso de los Diputados.

La política industrial de la defensa requiere una atención preferente pues atravesamos un momento especialmente importante para el futuro de este sector de la industria española, debido a la creación de un mercado europeo de defensa que ofrece oportunidades pero también presenta enormes retos. Las inversiones en I+D+i en materia de defensa no solo garantizan el mantenimiento de nuestro tejido industrial, también determinan enormes avances en distintos usos civiles, por ello soy un firme partidario de consolidar el nivel tecnológico alcanzado hasta ahora gracias a los programas de modernización que optaron acertadamente por la calidad en lugar de la cantidad. Nuestra actuación en el futuro vendrá definida por dos prioridades: fijar planes a largo plazo que orienten el correspondiente desarrollo industrial y, en segundo lugar, definir las capacidades industriales y áreas de conocimiento que España considera esenciales para su defensa y que deben permanecer en nuestro país.

He dejado para el final el capítulo del personal, que es el elemento más valioso de las Fuerzas Armadas. Su formación, adiestramiento y motivación serán objeto de atención preferente de mi Gobierno, si los españoles nos encomiendan esa tarea el 20 de noviembre. En este aspecto creo que es preciso perfeccionar el nuevo sistema educativo de doble titulación militar y civil introducido por la Ley de la Carrera Militar, en aquellos casos donde los resultados son menos prometedores. Por lo que respecta al sistema transitorio de integración de Escalas, la normativa de personal más contestada en las últimas décadas, mi compromiso es claro: realizaremos los ajustes necesarios para resolver la situación originada por la ley sin crear problemas donde no los hay.

Conozco bien los problemas e inquietudes de los componentes de las FAS, aprecio en cuánto vale el ejemplo que están dando de lealtad, disciplina y dedicación que constituye el mejor servicio a España en estos momentos de grandes dificultades. Sé también que los valores que entraña su vocación de servicio suponen un instrumento inmejorable para el conjunto de la sociedad a la hora de hacer frente a esas dificultades. Por ello, y por ser la defensa una cuestión de Estado, quiero acabar haciendo una llamada a recuperar el consenso roto a lo largo de las dos últimas legislaturas; no hay mejor forma de conseguir que nuestros aliados nos vean como un país sólido. Ese gran acuerdo nacional es también la garantía de estabilidad que asegura el futuro a largo plazo de la eficiencia y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y por tanto el futuro de la seguridad de todos nosotros.

Al final de su mandato, el Gobierno acaba de publicar una Estrategia Española de Seguridad. Siempre conviene que los Gobiernos dispongan de un análisis conjunto de riesgos y amenazas nacionales, pero la actual globalización los pide más que nunca. Si, además, las medidas a tomar conforme a la Estrategia aprobada no sufren los vaivenes de la muy previsible alternancia, la iniciativa hablará en favor de nuestro país entre socios y aliados en un mal momento para nuestra posición internacional.

Fue en el lejano 2008 cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comunicó en el debate de investidura, entre comentarios a las tasas de delincuencia y el anuncio de nueva ley de protección civil, su intención de contar con una “Estrategia Nacional de Seguridad”. Por contexto, el compromiso parecía centrarse a los asuntos propios del Ministerio del Interior antes que concernido a cuestiones de la política exterior y militar, luego tratadas en otro pasaje del discurso presidencial. Pero a continuación, en junio de ese año, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ya declaró que el proyecto de Directiva de Defensa Nacional incluiría la participación de su ministerio en la redacción de esa estrategia. Solo en diciembre de 2009, Rodríguez Zapatero encargó a Javier Solana, recién cesado en su cargo de Alto Representante del Consejo Europeo de Política Exterior y Defensa, la elaboración del documento oficial. Documento que estuvo listo para su presentación desde noviembre de 2010, hasta que el reciente 24 de junio vio su aprobación al fin.

La comunicación pública de las estrategias de seguridad empezó en 1986, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Goldwater-Nichols, que obligaba al presidente a remitir al Senado un informe anual sobre su política de seguridad nacional, entre otras variadas cuestiones. Aunque, a través de numerosas y constantes comparecencias, la Administración ya exponía las políticas de seguridad y defensa en curso, resultó ser la primera vez que se demandaba al gobernante a publicarlas en un documento escrito, único y completo. Si bien Reagan, como los sucesores Bush y Clinton, se limitaron a tratar de sortear con documentos secundarios una fiscalización que sentían inoportuna, George W. Bush giró en redondo, a raíz del 11-S, dando el máximo relieve a su nueva estrategia de seguridad. No solo fue presentada en el Senado sino difundida masivamente a la comunidad internacional y anunciadas las intervenciones preventivas y la proyección en solitario del poderío estadounidense.

Ocho años después, y apenas 15 meses después de tomar posesión, Obama formuló la estrategia de la nueva Administración, variando la polémica orientación adoptada a consecuencia del ataque terrorista de 2001.

La elaboración de la estrategia norteamericana suscita un vasto debate en el seno de la Administración y requiere la puesta en común de los departamentos ministeriales, hasta concluir en una Weltanschauung sobre la política exterior y defensiva de la República americana. Hoy no es ya tanto un documento de control del Ejecutivo cuanto el memorándum de la visión internacional de la presidencia acerca de su país en el mundo.

Y nuestros socios europeos de referencia, inspirados en esta plasmación doctrinal americana de la seguridad americana, lo adaptan a sus respectivos sistemas de gobierno. Lo han hecho Cameron en Reino Unido y Sarkozy en Francia. El británico creó a su llegada el Consejo de Seguridad Nacional y meses más tarde aprobó una estrategia nacional de seguridad titulada Una Gran Bretaña fuerte en un mundo de incertidumbre, en octubre de 2010. El francés, con el concurso de la Asamblea Nacional, redactó en 2009 un Libro Blanco sobre la seguridad y defensa. Aunque Sarkozy había considerado en algún momento instituir un Consejo Nacional de Seguridad, de acuerdo al Libro Blanco creó en su lugar la figura del secretario general de la Defensa y la Seguridad Nacional, dependiente del primer ministro. Unos años antes, en 2003, Javier Solana había elaborado para la UE una Estrategia Europea de Seguridad, mientras que en 2010 se adoptó una Estrategia de Seguridad Interior por parte del Consejo Europeo de Justicia e Interior. También la OTAN ha revisado distintos conceptos estratégicos, el último en el mes de noviembre del año pasado.

Al margen de lo tardío de su aparición y un cierto desfase temporal, habida cuenta de la ausencia de calificación de las novedades casi revolucionarias en la orilla sur del Mediterráneo, probablemente la mayor virtud sea el haber publicado un marco de seguridad válido a izquierda y a derecha. Pues, si de algo está necesitada nuestra política internacional es de aspirar a la continuidad, mediante la integración de las fuerzas políticas de partido, en una visión compartida de nuestro país en el mundo. Serán las circunstancias sobrevenidas las que marquen los perfiles de cada mandato, pero las democracias maduras tienen unos elementos constantes que, en el caso español y salvo para el ámbito de la Unión Europea, están desaparecidos desde 2003.

El documento delimita una base de partida neutral para reconstruir ese consenso exterior perdido, más allá de que su vigencia se quiera suficiente para una década con derecho a una revisión quinquenal.

Se ha saludado como logro superior del documento el haber pasado de la mentalidad de defensa a la preocupación por la seguridad. No es seguro que un país con medios tendentes a lo raquítico, como queda de manifiesto en la operación contra Gadafi o cuando el Gobierno titubea en público acerca de la misión en Afganistán, una cultura de la seguridad que desdibuje su vector militar signifique una acertada puesta al día. No ocurre así en las otras estrategias aprobadas. Sin ir muy lejos, se echa de menos una previsión del Magreb en un examen realista del entorno español, por más que ello suponga una invitación a pasear en arenas movedizas. Quizá solo Javier Solana disponía de recursos para salvar ese peligro en un documento público, pero será que nadie de la esfera gubernamental lo haya demandado.

Más que de estricta seguridad, riesgos de origen dispar y alcance muy impreciso como la inseguridad económica, las oleadas migratorias, el crimen organizado y las emergencias y catástrofes naturales, quedan circunscritos al propósito inicial de una seguridad entendida como competencia del Ministerio del Interior, sin que todavía se integren de pleno derecho en las estrategias de seguridad al uso, reconocibles a escala internacional.

La estrategia española presenta creaciones como la Unidad de Respuesta Integrada Exterior, junto a otras que despiertan dudas como el Sistema de Inteligencia Económica, necesitado de mayor justificación y precisión de sus competencias. Igual ocurre en el caso del correspondiente Consejo Español de Seguridad, pilotado desde el gabinete del mismo presidente. No siendo la primera vez desde 2004 que el Gobierno dispone reorganizar sus órganos de coordinación -un Consejo de Defensa Nacional (introducido en la L. O. de la Defensa Nacional de 2005), al que en 2007 dotó de una Comisión Interministerial de Defensa como instancia permanente, una Comisión Delegada para Asuntos de Crisis reformada en 2007, un Consejo de Política Exterior-, se echa de menos evaluar la interrelación de todos los ya existentes y qué aportaría este nuevo organismo sobre los anteriores.

Todo ello tiene menos interés, en suma, que el hecho de que la Estrategia de Seguridad Española dirigida por Javier Solana habrá definido un punto de partida necesario y posible, aun en las circunstancias de aplazamientos y creciente provisionalidad gubernamental en las que le ha tocado, presumiblemente, trabajar. Bienvenido sea este primer pero decisivo paso, porque será responsabilidad de otros conjurar que sus aludidas carencias no concluyan en una nueva melancolía española.

Hace unas horas hemos perdido a cinco soldados valerosos. A los sargentos primeros Sergio Valdepeñas y Víctor Manuel Zamora, al sargento Mario Hernández, al cabo primero Javier Muñoz y al cabo Miguel Ángel Díaz les sorprendió la muerte mientras se preparaban para salvar las vidas de muchos. Se disponían a servir en la misión de Naciones Unidas en Líbano; algunos de ellos acababan de realizar una extraordinaria labor de desactivación en Afganistán; lugares donde las minas y los explosivos improvisados suponen una indiscriminada y brutal condena de muerte. No cabe mayor generosidad que la de ofrecer la propia vida por la paz y la seguridad de todos. Por eso, a ellos, y a los tres heridos en ese mismo ejercicio de adiestramiento, les debemos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento.

Apenas un día antes conmemorábamos el trigésimo aniversario del 23-F con diversos actos civiles y militares en los que ha quedado patente ese mismo sentimiento de respeto y admiración que hoy sentimos mezclado con un profundo pesar. En estos 30 años, España ha vivido un cambio radical. Pero sin duda, pocas organizaciones han experimentado una transformación mayor que nuestras Fuerzas Armadas. En solo tres decenios, nuestros militares han sido capaces de abrirse al mundo, de asumir su plena profesionalización y de recuperar el tiempo perdido mediante un ambicioso proceso de modernización.

Unas Fuerzas Armadas compuestas por hombres y mujeres que, por primera vez en la historia, son plenamente profesionales. Nuestras Fuerzas Armadas encuadran hoy a 130.000 militares que ya no ascienden por la mera antigüedad como antaño, sino por mérito y capacidad. Unos militares que se forman de acuerdo con un nuevo modelo de enseñanza que permite a los oficiales obtener un título de grado en ingeniería, y a los suboficiales, un título oficial de técnico superior completamente homologable al del ámbito civil.

Profesionales mucho mejor formados que cuentan además con medios materiales modernos y adecuados a sus misiones. Hasta los años setenta, la mayoría del material empleado en las Fuerzas Armadas españolas era sobrante de la II Guerra Mundial o de la de Corea cedido por Estados Unidos. Hoy, nuestros Ejércitos disponen de equipos avanzados para llevar a cabo sus misiones y garantizar su protección, como los aviones Eurofighter, el carro de combate Leopard y los nuevos vehículos blindados Lince y RG31. Innovación y renovación material que ha priorizado además la seguridad de nuestras tropas.

La modernización y la profesionalización se han visto reforzadas, asimismo, por unos cambios organizativos que impulsan la eficacia y permiten a nuestros militares un mejor cumplimiento de su papel constitucional.

Hoy no solo resultaría impensable que un general lograra por su cuenta sacar los tanques a la calle y declarase el estado de excepción en su región, sino que sería imposible en la práctica. La estructura de las Fuerzas Armadas españolas ha pasado de un modelo territorial de regiones a otro en el que prima el carácter funcional y se potencia la acción conjunta. La organización territorial de las Fuerzas Armadas que heredamos de la Dictadura estaba pensada para la ocupación y el control del territorio nacional; hoy está dispuesta para que nuestros efectivos puedan ser desplegados donde se requiera garantizar nuestra seguridad. Por otra parte, disponemos de un único Ministerio de Defensa (en lugar de un ministerio para cada Ejército como antaño) y de una estructura de mando unificada, así como de unas Fuerzas Armadas preparadas para la actuación conjunta.

Esta acción conjunta y el nuevo papel del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en la supervisión y preparación de la fuerza contribuyen al cumplimiento de las nuevas misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a nuestras Fuerzas Armadas. Entre ellas, la que quizá mejor sintoniza con la vocación internacional de la sociedad española: nuestras misiones en el exterior. Desde 1989 hasta hoy, nuestras Fuerzas Armadas han participado en 65 misiones en el exterior en cuatro continentes, siempre en apoyo de organismos internacionales como Naciones Unidas, OTAN, OSCE y Unión Europea.

En total, 122.249 militares españoles han participado en estas misiones, de los cuales 159 perdieron su vida en ellas. Otros, como los cinco militares que fallecieron el jueves en Hoyo de Manzanares, murieron dentro de nuestras fronteras mientras se adiestraban para servir en el exterior.

En la actualidad, España participa en siete misiones: cuatro con efectivos desplegados y tres con observadores militares. Las misiones de Líbano (UNIFIL), Somalia (EUTM-Somalia) y Lucha contra la Piratería en el Índico (Atalanta) se encuentran bajo el mando de un militar español. En definitiva, hemos pasado de unos Ejércitos aislados internacionalmente a unas Fuerzas Armadas plenamente integradas en la OTAN y que participan en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

Probablemente, uno de los cambios acaecidos en nuestras Fuerzas Armadas con más trascendencia sociológica haya sido el acceso de las mujeres a la profesión militar. Ante todo, porque suponía reparar una injusticia que impedía a la mitad de la población ejercer el derecho a defender su país. Pero también porque este trascendental cambio ha permitido a nuestros militares, ahora ya hombres y mujeres en pie de igualdad, demostrar su capacidad de adaptación a los cambios sociales. Hace 30 años, muchas profesiones, no solo la de las armas, estaban vedadas a las mujeres; pero en pocas se ha producido un acceso tan igualitario y pleno, y tan normal en lo cotidiano. Un modelo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, hace posible el acceso de las mujeres a todos los destinos y a todos los empleos, después de superar los mismos procesos selectivos que los hombres. Todo ello contribuye a que España sea el segundo país de la Unión Europea en presencia de mujeres en sus filas: casi 16.000, lo que representa un 12,2% del total de efectivos. Y a que 1.782 de ellas sean cuadros de mando. Muy por delante, en ambos casos, de países que introdujeron la igualdad en los cuarteles mucho antes que nosotros.

Estos profundos cambios son obra de todos: de la sociedad española en su conjunto, de Gobiernos de distinto signo y de los propios militares, que los han hecho posibles con su comportamiento ejemplar.

Gracias a esta radical transformación, nuestras Fuerzas Armadas son desde 2008 la organización más valorada por la sociedad española; una posición que se ha consolidado en 2010, y de modo muy especial entre los jóvenes. Además, dos de cada tres ciudadanos consideran hoy que las Fuerzas Armadas son un factor decisivo para el prestigio internacional de España y ha aumentado sin cesar desde hace veinte años la confianza que los españoles tienen en sus militares. Muy atrás han quedado los recelos entre la calle y los cuarteles, que la intentona del 23-F quiso convertir, sin éxito, en una brecha insalvable.

En medio del dolor que hoy sentimos, el orgullo y la gratitud por los logros colectivos nos colman de razones para hacer balance de estos últimos treinta años. A veces en la historia, como en las películas defectuosas, se introduce un fotograma negro. Como aquel 23-F. Habrá quien piense que hubiera sido mejor no conmemorar aquel paréntesis, que era preferible pasar página o mirar hacia delante. Sin embargo, es el futuro el que nos exige honrar y transmitir ese legado a las generaciones venideras, el que nos obliga a rendir homenaje a quienes dieron su vida por los demás. Para seguir siendo nosotros mismos y ahondar en lo que nos une.

Porque recordar a quienes contribuyeron a evitar el triunfo del golpe y a quienes durante estas tres décadas han entregado su vida por nuestra paz y nuestra seguridad es algo más que conjurar un peligro mediante el recuerdo: constituye un ejercicio cívico y de pedagogía política que ningún país decente puede permitirse el lujo de pasar por alto.

De tiempo en tiempo se abren debates sobre la Guardia Civil que podrían resultar sorprendentes para algunos ciudadanos. ¿Es un cuerpo militar? ¿Es un colectivo policial? ¿Es un cuerpo policial con naturaleza militar? Pero lo curioso es que a este debate permanente sobre la naturaleza de la Guardia Civil se ha añadido últimamente otro: ¿tienen los guardias los mismos derechos laborales que los policías? Este último es muy inteligente: plantea lo mismo que en otros tiempos, pero con razones de hoy.

La manifestación de guardias civiles del pasado 18 de septiembre ha significado un momento importante en este debate, digamos sindical, y se ha deslizado discretamente sobre el otro, el del carácter militar de la Guardia Civil. Pero lo han conseguido.

La verdad es que los guardias que quieren tener actividades reivindicativas consiguieron un éxito importante cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la prohibición de la Delegación del Gobierno de poder manifestarse. Desde ahora ya sabemos que los guardias civiles pueden salir a la calle para demandar cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida y de trabajo.

Comprendo que los que creen que la Guardia Civil tiene que estar cerca de lo militar se hayan sentido frustrados. Pero los que quieren que la Guardia Civil sea puramente policial tampoco han salido contentos de la manifestación. Nadie estará contento con la definición de la Guardia Civil hasta que consigamos explicar claramente a los ciudadanos qué es y para qué sirve la Guardia Civil en su seguridad.

Es verdad que este debate policial / militar ya no es tan ácido como fue en los primeros años de la democracia, pero todavía no está plenamente asentado.

En un Estado moderno es imposible hablar de seguridad si no se habla de graduación de la fuerza. Simplificar es muy fácil, pero muy ineficiente. Hasta no hace mucho tiempo las naciones creían que con los soldados podía enfrentar el Estado todas sus amenazas. Pronto surgió el concepto policial para corregir las agresiones ciudadanas menores. Pero quedaba una zona intermedia sin cubrir. Y se inventó la Gendarmería. Y más tarde, en España, la Guardia Civil. Convendría recordar que, la Guardia Civil, es un producto de la racionalidad francesa que supo que sin dosificar la capacidad de violencia del Estado se corre el riesgo de que no haya eficacia policial o militar.

Pues esa institución es ahora una necesidad para muchos países democráticos y desarrollados. El modelo “Gendarmería” lo tienen, Francia, España, Portugal, Holanda e Italia. Alemania anda cerca con su Guardia de Fronteras. Pero el mundo anglosajón sufre su carencia. Pocos países como Reino Unido hubieran deseado tanto tener su Guardia Civil para enfrentarse al conflicto del Ulster: o lo afrontaban con policías (era poco) o lo hacían con soldados (era demasiado).

El concepto de Guardia Civil se está imponiendo en todo el mundo como fórmula eficaz para enfrentarse a una violencia moderna sin Estado, sin límites y sin objetivos estables. La Alianza Atlántica ya ha creado un Cuartel General específico para la Gendarmería europea. Ahí está la Guardia Civil española.

Pero, ¿y en casa? Contar con una fuerza mitad soldado, mitad policía, es positivo para un ciudadano español que quiere seguridad. Se precisan policías que tengan disciplina militar para atender casi en solitario puestos de seguridad en el territorio. Se precisan soldados con formación policial para afrontar los retos del crimen internacional organizado. Y no cuento lo imprescindible que son los policías-soldados cuando de presencia internacional de España se trata.

Pero los Gobiernos y los partidos europeos tienen que fijar de una vez por todas las características legales y funcionales de estos “gendarmes”: la confusión sindical, policial o militar hay que evitarla ya mismo.

El final de ETA será realidad (entre otras muchas cosas) por la eficacia policial y la disciplina militar de la Guardia Civil. El conflicto de Afganistán, la guerra de Afganistán, los desórdenes de Afganistán, la cooperación en Afganistán solo tendrá un final aceptable si fuerzas como la Guardia Civil dirigen las operaciones en los largos minutos previos al final.

Si no retomamos el espíritu cartesiano de la Francia napoleónica que inventó la Gendarmería, no podremos entender por qué es fundamental contar con la Guardia Civil para enfrentarnos a los retos de inseguridad de hoy. Las recientes asociaciones creadas en la Guardia Civil han lanzado un mensaje aparentemente demoledor: queremos las mismas horas de trabajo que los policías. Pero es un mensaje que se parece muchísimo a: queremos que la Guardia Civil no sea militar.

¿Alguien discute que el horario de un soldado depende de los peligros de cada momento? Nadie. Pues ese es el horario de un Guardia Civil. A un policía no se le puede pedir más horas que las pactadas sindicalmente o reglamentariamente. A un guardia civil se le pueden pedir todas las horas que una amenaza genere a la ciudadanía. Por eso a las misiones policiales / militares internacionales se envían guardias civiles o gendarmes y no policías.

Un respeto a la Policía y un respeto a la Guardia Civil. Pero no son iguales. Y menos tratando que su identidad venga desde los horarios de trabajo.

Al hablar de seguridad hoy a nadie se le ocurriría preguntarse -como hizo Stalin en Yalta (1945)- cuántas divisiones tiene el Papa, como si la fuerza militar fuera la única vara de medida del poder. Y esto es así no solo porque el Vaticano ha demostrado sobradamente que el poder puede ejercerse con otros instrumentos sino, sobre todo, porque en nuestros días los medios militares han dejado de ser la mejor baza para lograr poder y seguridad. Siguen siendo, obviamente, elementos importantes de la ecuación -como instrumentos de disuasión y de último recurso-, pero ya hace tiempo que dejaron de ser los primeros (sirvan Alemania y Japón de ejemplos, tras su debacle militar hace décadas).

Si analizamos esta realidad desde España -como potencia media, que goza de estabilidad estructural, con intereses globales que no puede defender en solitario- se impone un urgente ejercicio de reevaluación de su enfoque de seguridad y de las capacidades a su servicio. Es una tarea derivada tanto del preocupante escenario de crisis económica actual, como del desequilibrio del instrumental de respuesta ante las amenazas que nos afectan. Por lo que se refiere al primer factor, basta con mirar a países como Reino Unido, Francia y Alemania, en plena reducción presupuestaria, con consecuencias muy directas en sus estrategias de seguridad y defensa. En cuanto al segundo, es cada vez más evidente la insostenibilidad de unas visiones y sistemas de seguridad que siguen lastrados por el pasado, preferentemente inclinadas a considerar los medios militares como los elementos centrales de la seguridad.

Si algo hemos aprendido de la nefasta estrategia estadounidense de guerra contra el terror, que definió obsesivamente la pasada década, es que la amenaza terrorista -que algunos siguen calificando equivocadamente como la de mayor rango- no puede eliminarse por vía militar ni con parcheos cortoplacistas que desatiendan sus causas profundas. Y esto vale aún más para el resto de las amenazas que configuran el catálogo de nuestros días -desde las pandemias al cambio climático, pasando por la pobreza, los flujos descontrolados de población, el crimen organizado o los comercios ilícitos. Dado que todas ellas hunden sus raíces en problemas sociales, políticos y económicos, parece inmediato concluir que los instrumentos protagonistas para hacerles frente deben ser igualmente de esa misma naturaleza (con los militares como un elemento más), en el marco de una estrategia sostenida, multidimensional y multilateral.

Visto en su conjunto, la respuesta que España debe plantearse -tanto en el ámbito nacional como multilateral- se articula en tres dimensiones (3-D): defensa, diplomacia y desarrollo. El esfuerzo a realizar no obliga tanto a crear algo inexistente hasta ahora, como a reformular la ponderación que debe recibir cada una de ellas.

No cabe ninguna duda sobre el notable desequilibrio actual a favor del componente militar -como si seguridad, defensa y fuerzas armadas todavía fuesen sinóni-mos- y, por tanto, es precisamente ahí donde cabe enfatizar con mayor insistencia la necesidad de reprogramar las prioridades. España no reconoce ninguna amenaza en fuerza, aunque está expuesta a todas las definidas más arriba. Superada hace ya mucho tiempo la visión de las fuerzas armadas como columna vertebral de la nación, el peso de las inercias históricas explica que todavía hoy sean vistas como los instrumentos principales de la seguridad nacional y que a ellas se sigan dedicando muchos más medios (humanos, presupuestarios, tecnológicos e industriales) que a las otras dos dimensiones mencionadas.

A falta de un debate nacional -pendiente desde hace al menos 20 años- se ha optado por seguir invirtiendo / gastando en un sistema de defensa militar que no ha sido sometido a un serio escrutinio público. Si primero se hizo para evitar reacciones desmedidas de un antiguo poder fáctico, luego se entendió que el tema no estaba en la calle y ningún gobernante quiso arriesgarse a entrar en una cuestión que no garantizaba rédito electoral alguno. En consecuencia, se ha mantenido una inercia -salpicada de reformas y modernizaciones parciales, para alinearnos operativamente con nuestros aliados en la OTAN- que hoy absorbe en torno a los 17.000 millones de euros (si se añade al presupuesto de defensa lo que determinan los criterios OTAN) para conformar unas fuerzas mucho más reducidas, pero igualmente desajustadas con respecto a las necesidades previsibles (ligeras, interoperables, desplegables…). A la espera de resolver el problema, seguimos: apostando por grandes programas de eficacia cuestionable, acumulando una deuda con las industrias de defensa que ya alcanza los 27.000 millones de euros, gestionando un presupuesto que se lleva el 60% en gastos de personal y tratando a duras penas de cuadrar una plantilla de unos 135.000 efectivos (de los que solo 7.000 son susceptibles de despliegue en el exterior).

Mientras tanto, nuestro servicio exterior sigue siendo raquítico, sea cual sea el parámetro que utilicemos para medirlo. Se suman los planes de reforma que plantea cada nuevo Gobierno, sin que ninguno de ellos llegue finalmente a puerto para dotarnos de los medios humanos y presupuestarios que corresponden a la novena potencia económica del planeta. Choca notablemente que se confiera teóricamente la responsabilidad de liderar la acción exterior del Estado a un Ministerio de Asuntos Exteriores que ni de lejos duplica el volumen del cuerpo diplomático que había en la España de Franco. Recordemos, por si fuera necesario, que entonces éramos un país aislado y ahora pretendemos jugar un papel relevante como miembro de todos los organismos multilaterales (salvo el ya inoperante G-8) y como un referente destacado al menos en Latinoamérica y el mundo árabe.

La diplomacia es un activo de primer orden para una potencia media (Países Bajos y Noruega pueden servir de ejemplo) y España necesita superar esta asignatura pendiente cuanto antes. De su rendimiento depende en gran medida nuestra seguridad, no solo por lo que atañe a la defensa de los intereses estrictamente geopolíticos en juego sino, de modo cada vez más sobresaliente, de los de carácter geoeconómico. Lo mismo cabe decir en términos de imagen exterior -véase al respecto el empeño de Obama por recuperar la pésima imagen de Estados Unidos que dejó su antecesor-. Para todo ello es preciso contar con un mayor y mejor servicio diplomático, especializado geográficamente, con sólidas habilidades lingüísticas y experto en el manejo de las nuevas tecnologías.

El tercer pilar de la acción exterior española se refiere a la cooperación al desarrollo que, además de la imprescindible ayuda al desarrollo, engloba también la imple-mentación de reglas comerciales justas, la apuesta por un orden financiero internacional más abierto y por una gestión de la deuda externa volcada al bienestar de las poblaciones menos favorecidas. España -que pretende ser identificada en este terreno como un activo contribuyente a la construcción de la paz y a la lucha contra la pobreza- ha realizado un notable esfuerzo en estos últimos años, hasta convertirse en el sexto donante internacional. Sin embargo, ante la crudeza de la crisis económica ha decidido reducir en 800 millones de euros hasta 2011 (de un total que ronda los 6.500) el presupuesto de cooperación, lo que hace imposible llegar al emblemático 0,7% del PIB en 2012. En añadidura a elementales consideraciones éticas, la apuesta por el desarrollo de quienes nos rodean es puro egoísmo inteligente, en la medida en que su bienestar y su seguridad son vías preferentes para consolidar nuestro bienestar y nuestra seguridad.

En definitiva, se impone una concepción de la seguridad que sepa ir más allá de la defensa militar, entendiendo la necesidad de adoptar un modelo que cabría calificar como posmilitar. Esto no significa la desaparición de los ejércitos, sino su redimensionamiento para articular -dado el imperativo económico de atender necesidades infinitas con medios finitos- un sistema de seguridad equilibrado en 3-D. Históricamente, cambios de este calado solo se producen como consecuencia de catástrofes o impactos mayúsculos -como el provocado por las guerras-. Ojalá en esta ocasión baste con una crisis sistémica para promoverlos. Ese sería su mejor legado.

Hace algunas semanas, en esta misma página, alertaba sobre lo indeseable de politizar a los Ejércitos, así como de abusar del sentido de la disciplina de los uniformados. Estas reflexiones surgían de la utilización de los tres jefes de Estado Mayor (Tierra, Armada y Aire) como escudo político partidista, en un rifirrafe en el Senado, el pasado 8 de junio, sobre el contestado nuevo Reglamento de Honores Militares. Ahora, navegando por internet, el espectador se encuentra con algo todavía más áspero: la foto. Está colgada desde el 2 de julio pasado en la página del Ministerio de Defensa. Es una fotografía de «estudio» en la que la ministra y el JEMAD (que miran fijamente a la máquina), y los tres jefes de Estado Mayor (que evaden su mirada en el vacío) presentan a la cámara, a la manera como se promociona un nuevo detergente, sendos ejemplares del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Texto que, ese mismo día, el Consejo de Ministros había aprobado remitir a las Cortes.

Ese documento gráfico o, mejor dicho, su publicación, no sería más que una anécdota, si no fuera por su entronque directo en el proceso de elaboración de la ley más espinosa y de mayor contenido político de cuantas puedan afectar a la institución militar. Como prueba de esa importancia, dos detalles: su carácter orgánico al incidir limitativamente en derechos fundamentales y libertades públicas de más de 130.000 ciudadanos (de uniforme); y la gigantesca demora en la aprobación del proyecto a pesar de que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de noviembre de 2005, prescribía que: «El Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares…». Como certifica la fotografía, tal incumplido mandato no ha sido ejecutado hasta el mismo día de la foto. Al espectador no le resulta lógico que los que tildaron de incompetente (entre otras cosas feas) al Tribunal Constitucional por su tardanza en la sentencia sobre el «Estatut» (a resolver entre magistrados, cada uno «de su padre y de su madre»), no hayan movido ni una ceja ante los casi cinco años que un gobierno monocolor ha necesitado para acordar un proyecto de ley orgánica. Este doble rasero será, quizá, por aquello que, en 2002, decía el secretario general del PSOE, señor Rodríguez Zapatero, en el prólogo de la obra «De nuevo socialismo», de Jordi Sevilla: «En política no hay ideas lógicas».

La foto es una instantánea innecesariamente manipuladora. Innecesaria si se da por sentado que la ministra y los jefes de Estado Mayor se ven regularmente. Si lo que se pretendía era presumir de buena armonía entre la cúpula militar y la ministra, resultaría también redundante. Porque, como el valor, se supone tal avenencia entre el dedo que nombra y el designado. En todo caso, ¿qué mérito tendría esa concordancia entre una y otros cuando, por ley, existe una relación de subordinación de éstos con respecto a aquélla? ¿O es que resultaba necesario hacerse una foto juntos ahora para atajar potenciales rumores de discrepancias en el seno de la cúpula militar o de ésta con la política del Ministerio de Defensa? ¿Se pretendería, tal vez, visualizar una ovación de los jefes de Estado Mayor a la ministra por la aprobación por el Gobierno, finalmente, del proyecto de ley orgánica sobre los derechos y deberes de los militares? Podría ser, porque ello ratificaría la general sospecha: algunos, a pesar del tiempo que llevan en Defensa, no se han enterado todavía (¡Señor, qué cruz!) que en la milicia no se aplaude al superior, porque tampoco está permitido abuchearle.
La instantánea es asimismo algo manipuladora, porque difundiría un mensaje incierto: que los militares, en bloque, apoyan sin fisuras el texto del proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros. Pero tal vez la mayor carga de profundidad no esté tanto en ese mensaje como en su inevitable destinatario principal: el Congreso de los Diputados, que es, en definitiva, a quien corresponde estudiar, analizar, debatir y finalmente aprobar en su caso, lo que sería la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y es que la foto, ya anexada al proyecto de ley, puede ser valorada como una presión colateral sobre el correspondiente debate parlamentario. La cosa tiene su miga porque, aunque fuese cierto el pleno acuerdo militar con el detalle de un proyecto de ley tan sensible, ello no debería haber sido tan prematuramente divulgado con una foto institucional. Aunque supuestamente se habrán dado acuerdos políticos previos, cualquier modificación de sustancia que el Parlamento quisiera soberanamente introducir en el texto, parecería una censura hacia las pretensiones militares. Es un escenario tan superfluo como ridículo. Por aquello de la precedencia del huevo o de la gallina, alguien podría incluso preguntarse quién es quién en la foto, en otros términos, si lo que se exhibe en ella es un pacto entre el Ejecutivo y la cúpula militar, de dudosa conveniencia política a estas alturas; es la imposición a la cúpula militar del juicio político de la ministra, con lo que el mensaje incluido en la imagen sería una patraña mayúscula; o, por último, es la imposición del criterio militar a la ministra. Paradójicamente, solo en este último caso la foto parecería un documento coherente, aunque intolerable.

La foto sintetiza, como pocas cosas, el mejor contenido de un ya largo bienio gráfico en lo que algunos llaman el «ministerio de las fotos». La permanente banalización de las cuestiones militares profundas nada tiene que ver con el rigor y la seriedad que merecen las Fuerzas Armadas como institución del Estado. Y esto viene sucediendo, curiosamente, en un tiempo particularmente complicado para el discurrir de la común empresa nacional. Aceptando el valor genérico del «tutto è política», que decía Gramsci, tal afirmación es matizable cuando se aplica a ciertos casos concretos. Uno de ellos es el militar. Porque la neutralidad política de las Fuerzas Armadas de la España del siglo XXI no es negociable. Es una preciosa y delicada condición «sine qua non», en tanto en cuanto aquéllas tengan atribuidas —que nadie lo olvide—, tanto en el artículo 8 de la Constitución como en el 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, unas misiones muy concretas, así como que, para su cumplimiento bajo la dirección del Gobierno, sean depositarias de la gran fuerza legal de la Nación. La preservación y el fomento de ese requisito vital de neutralidad militar deben ser tenidos muy en cuenta especialmente por aquéllos que, por su elevado nivel de responsabilidad, están más obligados a hacerlo. El espectador se teme que el complejo panorama militar, en el contexto de la comprometida problemática española de hoy, no está siendo apreciado en toda su grave amplitud. Pero ¿qué necesidad había y quién demonios tuvo la ocurrencia de trivializar el tema colgando la dichosa imagen en la página de Defensa?

Sigue enconado en el ámbito castrense el corrosivo debate interno por el desarrollo de la ley de la carrera militar. Sorprende el silencio del Ministerio de Educación sobre el reconocimiento académico del título de grado universitario, por la mera superación de un curso de adaptación organizado y desarrollado exclusivamente en el seno de Defensa. El espectador llega a pensar que, posiblemente, en el correspondiente proceso de regulación orgánica se omitiera alguna preceptiva consulta a aquel ministerio. Algunos se tapan los orificios nasales. La pasividad de la Conferencia de Rectores de universidades españolas, ante algo tan significativo para el ordenamiento educativo general, también resulta extraña. Tanta inactividad me incita a solicitar, por cuarta vez desde abril de 2008, la suspensión de la integración de las escalas y la revisión de lo actuado en este campo.

El recibimiento pacense a la máxima autoridad de Defensa con abucheos populares en el día de las Fuerzas Armadas ha sido un disparate. Sin entrar en las razones del «pueblo soberano», esa bronca a la ministra de Defensa no beneficia a las Fuerzas Armadas; hay que esperar que no cunda el ejemplo. Tampoco lustra la figura de alguien en cuya acción política la imagen parece lo esencial. Aunque la política fuera, como afirma el murciano Miguel Espinosa, «la simpatía del poder hacia sí mismo», esa auto-estima debe tener límites. Porque la sobreactuación mediática y la declamación ampulosa están ya muy vistas y cada vez producen menos réditos. Y así, por ejemplo, hablar de lo militar en primera persona por parte de quien no pertenece a la milicia, no hace sino resaltar la actual desconexión entre la cabeza y el cuerpo de Defensa.

Ortega nos enseña que «cierta dosis de anacronismo es connatural a la política». Lo que ya no parece tan lógico es la utilización de las Fuerzas Armadas como arma política arrojadiza en beneficio de una posición particular. Afirmar, tal y como reza en el acta del pleno del Senado del pasado 8 de junio, que tanto los tres cuarteles generales (Tierra, Armada y Aire) como la vicaría castrense (sic) «han acordado con el Gobierno el nuevo Reglamento de honores» es hacer a los correspondientes jefes de estado mayor y al arzobispo castrense co-responsables del follón organizado por ese reglamento, así como de sus desatinos. La omisión del cuartel general del EMAD podría indicar su desacuerdo con el Gobierno (pero dados los antecedentes no parece creíble). Si las consideraciones remitidas a Defensa por los cuarteles generales y el arzobispado castrense no respondieran a lo que se lee en el diario de sesiones del Senado (cosa que convendría clarificar), estaríamos ante una verdad a medias, que ya se sabe lo que es. El espectador piensa que, en cualquiera de ambos casos, no es de recibo (dicho sea con el debido respeto) escudarse en los tres jefes de estado mayor y en el arzobispo castrense para apuntalar la propia posición durante un rifirrafe partidista en sede parlamentaria: eso es, lisa y llanamente, politizarlos. Y la Historia enseña que politizar a los Ejércitos así como abusar gratuitamente del sentido de la disciplina de los uniformados no son buenos caminos para nada. Es digno de aprecio, en todo caso, el enorme esfuerzo de disciplina que los tres Jefes de Estado Mayor (Tierra, Armada y Aire) están viéndose obligados a desplegar últimamente.

La decapitación del Título VIII del anterior reglamento de honores, de 1984, donde se regulaban los «honores especiales», entre los que figuraban los dedicados al Santísimo Sacramento, no causa mayor escándalo en este espectador. Otra cosa son las razones para evitar la incorporación de la Bandera de España —que es símbolo de la Patria y de su unidad—, o la interpretación del Himno Nacional, en celebraciones de gran raigambre popular (Toledo, Burgos y lo que ha de venir). Aducir que la composición de una fuerza con voluntarios le hace perder la condición de unidad sería una sandez. Por el contrario, esa voluntariedad potencia el valor de las unidades que, como por ejemplo sucede en Bailén el 19 de julio en los últimos doscientos años, participan en unos actos de profundo y gratificante significado patriótico español. Además, el supuesto impedimento de la voluntariedad impediría a unas Fuerzas Armadas profesionales —donde todos somos voluntarios— generar unidad alguna. ¿Por qué tal desaire a los militares obligándoles a organizar una unidad de nivel compañía, con gastadores, banda y música a la que se prohíbe interpretar el Himno Nacional, lo que en su lugar debe hacer, por ejemplo, un grupo de dulzaineros? Con el nuevo reglamento, se ha inventado la «externalización melódica» (vaya pitorreo). ¿Puede existir, en tradicionales eventos populares y patrióticos, mayor sinrazón que sea el Himno Nacional la única marcha que no está permitido interpretar a una música militar? En todo ello no se adivina más ganancia que, tal vez, la satisfacción de un revanchismo ideológico en unos o del capricho en otros.

La banalización de los honores tiene múltiples ejemplos en el nuevo reglamento. Por señalar solo uno, el más genérico reproche es que al socaire de la inclusión de nuevas figuras acreedoras a honores militares, como la muy coherente de S.A.R. la Princesa de Asturias, se abre la puerta a una nueva pléyade de autoridades civiles. Entre ellas, los delegados del gobierno y los directores generales de Defensa, para los que el nuevo reglamento prevé que sean recibidos con la formación de un piquete en sus primeras visitas a cualquier unidad de las FAS. Peculiaridad que, sin embargo, no se ha considerado para los oficiales generales. Curiosamente, el reglamento desmonta de ese «privilegio» a los delegados del gobierno por lo que se refiere a la Guardia Civil, sobre la que, sin embargo, ejercen funciones directivas en sus respectivas circunscripciones territoriales. Esto habla a favor de la seriedad y el rigor normativo del Ministerio
del Interior. Ya solo los ejemplos expuestos, resumen de toda una lista, configuran al nuevo reglamento de honores militares como la penúltima perla del cada vez más desmadejado teatro español de Defensa. Aquél, además de deficiente, es una torpeza muy inoportuna. Parece como si alguien tuviera prisa en copiar el «atado y bien atado». Confiemos en que esta joya tenga el rápido final que tuvo aquel apotegma. En todo caso, el presente y los preocupantes retos del próximo futuro hacen urgente abordar un rearme moral de cuadros, tropa y marinería que, es claro, no puede venir más que de los responsables de los dos Ejércitos y la Armada. El desánimo no debe ser la norma en el seno de la gran fuerza legal de la Nación. La calidad moral de las tropas afecta directamente a la defensa nacional y no aconseja ni abandonarse a la lógica del refranero, pensando que no hay mal que cien años dure, ni confiar en que el temporal amaine «per se». Porque entregarse al azar no es mandar. Si «la tontería es la planta que mejor se desarrolla» como afirma Azaña, últimamente algunas parcelas de Defensa parecen fértiles vergeles. Pero, Señor, ¡qué larga se está haciendo esta legislatura!

La carrera militar ha sido tradicionalmente considerada como una referencia de consistencia, transparencia y rigor. Pero en los dos últimos años aquellos presupuestos se han degradado. Hoy, en un marco de polémica general, campan la incoherencia, la turbiedad y la incertidumbre. Y tal estado de cosas no es bueno para una institución que para poder cumplir, bajo la dirección del Gobierno, las misiones asignadas en el artículo 8 de la Constitución y en el 15 de la ley orgánica de la defensa nacional, debe presentarse disciplinada, jerarquizada y unida.

Un general paracaidista ya fallecido, excelente mando, sabio y agudo como buen gallego, solía decir (medio en broma, medio en serio) que lo bueno de las «rajadas» es que unían mucho a la gente. Montado sobre esa lógica, el espectador no se espanta por la esporádica existencia de grupos de descontentos entre los militares. No recuerda, sin embargo, ni similar desagrado general ni tal desánimo y desorientación moral como los que últimamente se perciben en el seno de nuestros cuerpos de oficiales y de suboficiales por el tema de la carrera militar. Alguien, en el Ministerio, no ha digerido bien la lógica militar, confundiendo mando con administración, con el original resultado de cabrear a todos simultáneamente. Y lo todavía más pernicioso: inocular los virus del recelo y de la disgregación. Hacia arriba, cuando se censura al mando por no cumplir su supuesta función representativa (daña la jerarquización y abona el sindicalismo); horizontalmente, cuando se impugna la situación relativa de los propios compañeros de armas (ataca la cohesión); y de arriba abajo y viceversa, porque hiere la lealtad recíproca. No es el mejor clima para una profesión y un oficio donde los valores morales son esenciales. Las Fuerzas Armadas de la España del siglo XXI no se merecen esto.
Parece conveniente aclarar que, ante el creciente y fácilmente perceptible malestar en el seno militar, en abril de 2008 formulé, ante las instancias militares correspondientes, mi preocupación y mis objeciones a la manera con la que se estaba orientando la ejecución de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Propuse que se suspendiera, mediante el instrumento adecuado, la implementación de los puntos de la ley que trataban de la integración de escalas, para dar así ocasión a una reconsideración más profunda del asunto. Solicité explícitamente que se elevaran mis preocupaciones y mi propuesta (cosa que se hizo posteriormente por escrito a la nueva ministra). Un año después, en abril de 2009, reiteré lo anterior. Mis consideraciones cayeron en saco roto (obviamente, no eran obligatorias).

Por esos cambios de la política, salió del Ministerio de Defensa la muy bien amueblada cabeza de quien inicialmente concibió el proyecto de ley. El seguimiento de su aprobación y su desarrollo quedó en manos de quienes no han mostrado gran comprensión de las cuestiones militares. Déficit agravado seguramente por un asesoramiento técnico minusválido, bien por estar contaminado por la complacencia con los deseos del nivel político, bien por el menosprecio en la acogida del consejo cuando éste no se correspondía con los propósitos del asesorado. No es banal recordar que la integración de las distintas escalas de los cuerpos generales en una sola no era compromiso electoral ni había sido solicitada por los Ejércitos o la Armada. No había tampoco referencia comparativa de similar integración en otros cuerpos y carreras del Estado. Aprobada la simplificación de los escalafones militares por la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se procedió a desarrollarla según el curso que se trazaron los responsables políticos del momento, aunque de manera algo dispersa con recurrencia a remiendos que, tratando de corregir aspectos puntuales especialmente sangrantes, no enfrentaban el meollo del problema.

El indeseable estado de ánimo actual se focaliza no tanto sobre la ley como sobre su derivada principal: la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, que regula el curso de adaptación para la incorporación a la nueva escala única de los miembros de la escala de oficiales de los cuerpos generales de los dos Ejércitos y la Armada, así como de los oficiales de los cuerpos de especialistas. No parece que una operación de tan altísima trascendencia hubiera sido previamente estudiada, simulada, planificada y dotada económicamente con la intensidad requerida, para luego ser ejecutada a lo largo del tiempo. No se valoraron bien ni el gran calado de tal trasteo de escalas a «frotamiento duro» ni sus tremendas implicaciones sobre la sustancia, las convicciones profundas y los legítimos intereses y expectativas personales y profesionales de los trasteados. Tampoco concurrieron ni la suficiente actividad explicativa previa ni el imprescindible liderazgo de unos u otros.

Presenciamos, pues, un drama deslucido, con miles y miles de demandas, recursos e impugnaciones. Incluso la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha elevado un auto al Tribunal Constitucional con dos posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Los miembros de la Guardia Civil también se han llamado a parte en la queja general. La escena de la carrera militar en el teatro de la defensa es un enorme barullo que desborda su propio proscenio. A nivel político, la bulla electriza y ocasiona frecuentes confrontaciones, tanto en los medios como en sede parlamentaria, donde unos y otros, arrimando el ascua a su sardina, se acusan recíprocamente de haber hecho mal las cosas. La verdad es que, a título de ejemplo, parece un poco fuerte recurrir a la vía de una disposición adicional a una ley de acompañamiento a los presupuestos, para aprobar un aspecto tan medular -tanto en el campo militar como en el del ordenamiento educativo general- como es el reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario por el hecho de superar un curso de adaptación cocinado en Defensa. Sería interesante conocer cuáles pueden haber sido, en el proceso de regulación orgánica de este guiso, tanto las preceptivas aportaciones del Ministerio de Educación como los propios fundamentos del correspondiente dictamen del Consejo de Estado.
Desafortunadamente, el escenario de hoy avala mis valoraciones anteriores formuladas en tiempo y forma. El proceso de integración prosigue entre un descontento general, tan nocivo, que previsiblemente necesitará varias generaciones de militares para ser asimilado. Por ello, el espectador persevera -siempre con todo respeto a las instituciones- en solicitar la suspensión, revisión y re-estudio de lo actuado, en lo que se refiere a la integración de las escalas militares. No sólo se trataría de evitar un innecesario y mayor disgusto general, sino también de prevenir que, en su caso, posibles sentencias de los tribunales obliguen a esa revisión cuando todo el daño ya esté hecho. Y entonces, cuando los responsables de ahora estén seguramente en otros afanes, ¿quién va a responder por las negativas consecuencias de haber puesto la carrera militar en almoneda? A ver si finalmente algunos aprenden a diferenciar entre política, administración y mando. No sé por qué me viene a la memoria aquello que Josep Pla en su obra «El advenimiento de la República» atribuye a Azaña: «… de la política lo que me interesa es mandar».

Un soldado de la infantería española, Pedro Calderón de la Barca, en su genial auto sacramental, «El gran teatro del mundo», describe la actividad humana como un teatro donde cada individuo juega un papel. Esa concepción calderoniana de lo humano, llevada al gran teatro español de la Defensa, suscita gran pasmo en el espectador, quien presencia dos representaciones simultáneas bien distintas. En un lado observa un crudo y austero escenario exterior con tres tablados principales: Afganistán, el Índico y el Líbano, donde operan contingentes militares españoles. En el otro contempla un benigno y abigarrado escenario interior donde actúan las grandes figuras de Defensa. Trufando todo, un órgano de promoción, comunicación y propaganda potencia esa dualidad con un incensario muy descompensado, consecuencia, quizá, del desconocimiento de lo obvio: las tropas y sus operaciones son la razón de ser de los órganos centrales (Estado Mayor de la Defensa incluido), y no al contrario.

En Afganistán nuestros soldados desarrollan disciplinadamente unos papeles que no se entienden bien. Porque España no está en guerra, pero los españoles allí desplegados sí lo están. Se lo recuerdan los ataques de un enemigo que para el escenario madrileño no existe, pero que en el tablado afgano es tan omnipresente que no solo condiciona la función, sino que frecuentemente la convierte en tragedia. Es difícil entender qué razón operativa impide que los combatientes puedan emplear todos los medios y formas que podrían legítimamente utilizarse en una guerra. Ni qué razón ideológica mantiene el embozo con el que la comunicación oficial disimula una guerra vergonzante y clandestina (por la difusión oficial). En el Índico, nuestros marineros e infantes de marina patrullan tratando de disuadir y proteger nuestros barcos y legítimos intereses pesqueros frente a la piratería. El caso Alakrana de finales del pasado año, cuyos ecos permanecen en el éter y en los juzgados, ha sido un paradigma de incoherencia entre el show peninsular y el drama en la mar. Por ello, a pesar del duro trabajo y de la brillante actuación de nuestros militares, los resultados de una operación -conducida desde Madrid- llegaron a afectar negativa e injustamente al prestigio de la Armada. Algún ingenuo se pregunta todavía por qué, si finalmente la cosa habría de solucionarse pagando, no se empezó por ahí, ahorrando: sufrimientos a los pescadores, angustia a sus familiares, dinero y hastío a todos por obligarnos a asistir a un sainete tan impropio. En el tablado libanés un general español tomó posesión, a finales del pasado enero, como jefe de misión y comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL). Al acto formal del relevo asistió la máxima autoridad de Defensa acompañada de un abultado séquito político-mediático-tramoyista. La presencia de tantos actores del escenario central parecía presagiar, por fin, una escena unitaria. Pero el espectador esperaba que el nuevo jefe de FINUL entrara apoyado por un equipo nacional similar al de sus predecesores. Nueva frustración: frente a los 280 italianos del anterior comandante, España solo ponía 22 españoles. Ahora hay que pasar el platillo para ver qué otra nación da graciablemente lo que a España correspondería poner. Se reproducía así la dualidad escénica, que la comunicación oficial disfrazaba con un manto de fotos y alharacas para consumo interno.

La obra que se representa en el teatro de la Defensa es particularmente importante para el conjunto de la nación. No solo porque los errores o las incompetencias de unos podrían traducirse en costes de vidas de otros, sino también porque las Fuerzas Armadas -no se olvide- son uno de los pilares maestros de la defensa nacional. Estos monumentales argumentos exigen que las estrellas del reparto sean capaces tanto de meterse en las entrañas del respectivo rol como de entender el entorno en el que aquel se juega. Si esto falla puede haber comedia, pero no el arte que demanda la compleja representación de la Defensa. Igualmente, si las estrellas abusan del derroche de capacidades interpretativas (que alguna de ellas posee en grado superlativo), entonces incluso la obra teatral más sublime deviene en esperpento «valle-inclanesco».

Poner seriamente en valor el qué y el para qué de las Fuerzas Armadas y la institución militar es hoy el reto del teatro de la Defensa. Sin querer pontificar, unos simples apuntes sobre la profesión y el oficio militares lo primero que resaltarían es que los valores morales, aunque no son privativos de los militares, constituyen en estos un foco de especial atención. Los militares somos, antes que otra cosa, servidores del Estado y de nuestro pueblo. Y en aras de ese servicio, y por ser además depositarios -que no dueños- de la gran fuerza legal de la nación, renunciamos voluntariamente al pleno ejercicio de algunos derechos que son de común disfrute por el resto de nuestros conciudadanos.

Los militares, por el hecho de serlo, no somos ni héroes ni villanos. Somos instrumento, no fin. Somos, en definitiva, ciudadanos normales, cada uno con su bagaje personal y profesional, con luces y sombras; como todo el mundo. Pero, en general, a los militares no nos gusta que el servicio que prestamos a España se capitalice en beneficio político de unos pocos. Por eso, no apreciamos la promoción y el fomento de entrevistas y reportajes sobre militares que, de tan empalagosos, resultan increíbles. No buscamos reconocimientos; pero como seres humanos agradecemos que se nos otorguen. Y, por ejemplo, si la concesión de una condecoración es un motivo de enorme satisfacción tanto para quien la recibe como para sus compañeros, resulta perversa si por su instrumentación política provoca generalizado disgusto. Tampoco disfrutamos cuando concedido un premio a las Fuerzas Armadas, especialmente si es por sus operaciones en el exterior, alguien que no pertenece a ellas se autodesigna para recibirlo públicamente, sea cual sea la comunidad autónoma donde el acto tenga lugar. Somos asimismo especialmente sensibles a las visitas a nuestros enfermos o heridos hospitalizados (la «visita de hospital» siempre fue uno de los más serios servicios diarios en una unidad). Pero con la misma fuerza rechazamos que tales encuentros se orienten hacia objetivos de promoción mediática.

Frente a potenciales casos como los enunciados, uno sugeriría respetuosamente cuidar los modos y los mensajes. Recomendaría asimismo que los comediantes principales se estudiaran bien el respectivo papel. Solo poniendo cada cosa en su sitio, con el respeto y la intensidad que la razón y la lógica demandan, el teatro de la Defensa podría ofrecer un espectáculo unitario y coherente. Casi nadie se beneficia de una obra escénica que parece un incomprensible baturrillo de tragedia, comedia y sainete. En la pirámide militar se supone que el vértice superior representa al resto y los vacíos no son buenos para una institución que funciona a velocidad de régimen cuando se presenta disciplinada, jerarquizada y unida. Los vacíos siempre los ocupa alguien. Aunque, bien mirado, y secundando la lógica de Bertolt Brecht, se podría decir que si el atónito espectador quisiera ver solo las cosas que puede entender, entonces no tendría que ir al teatro: tendría que ir al baño.

El pasado 15 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento de ingreso, promoción y ordenación de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, que es el cambio más importante que ha experimentado en España la enseñanza militar desde que ésta salió de los regimientos y demás unidades para impartirse en las academias.

En el ámbito de la defensa, el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha ido tan lejos como en su momento fueron los Gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González, de modo que en el plazo de una legislatura y media ha impulsado tres leyes que modifican todo el cuadro normativo militar: la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, la Ley de Tropa y Marinería de 2006 y la Ley de la Carrera Militar de 2007, todo lo cual se completará con la Ley de Derechos y Deberes, como anunció la ministra de Defensa, Carme Chacón, en su discurso de la Pascua Militar.

Los elementos que conforman el nuevo modelo de enseñanza se compendian en los siguientes puntos: i) los aspirantes a oficial de los tres Ejércitos cursarán en las academias, además de las enseñanzas militares, estudios de grado universitario conforme al nuevo modelo de Bolonia; ii) los cadetes cursarán dichos estudios en los Centros Universitarios de la Defensa que, adscritos a tres universidades, están ubicados dentro de cada academia militar; iii) los aspirantes a suboficial cursarán, además de las enseñanzas militares, estudios de Técnico Superior de Formación Profesional; iv) para ingresar en las tres academias de oficiales, los alumnos no necesitarán realizar, como hasta ahora, una oposición sino que su ingreso, como ocurre en los demás centros universitarios, se realizará con la nota de selectividad; y v) se impulsa decisivamente la promoción interna para que tanto suboficiales como tropa y marinería puedan ingresar en las academias de oficiales.

En el próximo curso 2010- 2011, los nuevos alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza y de la Academia General del Aire de San Javier realizarán estudios de grado de ingeniería industrial de organización, en tanto que los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín realizarán estudios de grado de ingeniería industrial, rama mecánica.

Ya en los actuales planes de estudios de las academias militares, los alumnos no sólo reciben enseñanzas militares, pues ni las matemáticas, la historia, el inglés o el derecho son enseñanzas militares. Por consiguiente, con las nuevas enseñanzas de grado se desplaza hacia éstas y se formaliza como grado universitario un conjunto amplio y variado de asignaturas que ya recibían. Por ende, no aumenta desmesuradamente la carga docente sino que ésta se reestructura con el formato de un grado universitario, aunque es cierto que en términos cuantitativos quizá aumente la carga en un cierto porcentaje.

Desde la Ley reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional de 1989, el sistema de enseñanza militar está integrado en el sistema educativo general. Pero el Gobierno consideró que había llegado el momento de que la integración de la enseñanza en el sistema educativo general fuera algo más que una expresión que sólo se concretaba en un sistema de equivalencias. Por las mismas razones los suboficiales deberán alcanzar el título de Técnico Superior de Formación Profesional.

Estos grandes cambios en la enseñanza militar se ven completados con otra medida prevista en la Ley de la Carrera Militar. Los estudios universitarios de grado se cursarán en los Centros Universitarios de la Defensa que están ubicados dentro de cada academia militar. Estos centros universitarios se rigen por la legislación universitaria, estatal y autonómica, están adscritos a tres universidades públicas (Zaragoza, Vigo y Politécnica de Cartagena) y tanto su profesorado como sus directores son civiles.

Hay que destacar también el gran impulso que el nuevo Reglamento da a la promoción interna de los suboficiales y de la tropa y marinería. El Reglamento establece diversos mecanismos para la rápida e inmediata promoción de suboficiales y tropa y marinería: reserva de plazas específicas para el ingreso sin titulación previa para que no tengan que competir con los restantes peticionarios; ingreso a partir de 2010 con una titulación previa para acceder a la escala de oficiales en dos años; límites de edad más altos para ingresar en las academias y durante tres años no se pondrán límites de edad para suboficiales, tropa y marinería.

La definitiva imbricación de enseñanza militar y enseñanza universitaria permitirá que los oficiales y los suboficiales salgan, no mejor formados, pero sí con una formación civil más sistemática que les permitirá orientarse posteriormente hacia las especialidades que requiere todo Ejército moderno.

Ello, naturalmente, no obsta para que en las academias militares se siga dando la misma importancia cualitativa y cuantitativa a la formación específica militar que es imprescindible para todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. En definitiva, es un cambio importante que todavía se desarrollará más en el futuro y que debe celebrarse porque enriquecerá la carrera profesional de los militares.

Ni la Armada ni los ejércitos deben actuar ni como policías, ni como bomberos ni como integrantes de una ONG. No al menos nuestro Ejército, definido en el Artículo 8 del Título preliminar de la Constitución, ni aquéllos que juran obedecer y no abandonar jamás a sus jefes y llegar a entregar su vida, si fuera necesario, en defensa de unos ideales. Una institución así definida y compuesta por este tipo de personas es bien singular y merece ser comprendida y manejada de una manera especial.

Sin embargo, no todos lo creen así; o al menos, aparentemente, se esfuerzan en ignorarlo. Los ejércitos no son una ONG, pues de serlo serían una Organización no gubernamental gubernamental: una contradicción en sus propios términos.

Bajo la denominación de ONG se agrupan muy diferentes tipos de organizaciones, con diversos fines, diferentes éticas y una gran variedad de patrocinadores. Las hay muy respetables, como Cáritas, pero otras son el brazo ejecutivo de turbios propósitos. Algunas de estas organizaciones -que últimamente han proliferado extraordinariamente- actúan en infelices y alejados países y mares donde la inestabilidad y el sufrimiento de sus habitantes ha llevado, precisamente, a que los ejércitos de las naciones estables se hayan visto obligadas a desplegarse.

Cada ONG tiene sus fines propios, difíciles de alinear con los de las unidades militares que operan sobre el mismo terreno. Suelen necesitar de un mínimo entorno de seguridad para desarrollar sus actividades. Pero lo que las ONG desean de los militares es sólo seguridad y no que compitan con ellas reconstruyendo carreteras, distribuyendo alimentos o llevando a los niños a la escuela. Cuando esto sucede surgen fricciones; yo he sido testigo de algunas de ellas. Aunque, para ser justos, también hay que reconocer que a veces nuestros mandos y unidades han sucumbido a la tentación de la popularidad que trae consigo este tipo de misiones. Porque, ¿qué militar no desea ser querido por el pueblo al que sirve? ¿Quién no quiere una foto ayudando a un pobre niño?

Hay un caso en el que al Ejército casi no le queda más remedio que actuar como una ONG. Y es cuando las condiciones de seguridad están tan deterioradas que ninguna de dichas organizaciones puede desplegarse. Ésta es la situación actual de Afganistán, donde, la poca o mucha ayuda que se pueda prestar a la población proviene casi en exclusiva de los militares. Pero esto no altera el hecho de que el producto militar básico deseado sea el de garantizar la seguridad. Cuando las instituciones de un país se han colapsado, lo que la población busca en los militares extranjeros es seguridad y justicia, no ayuda humanitaria. Naturalmente, si la situación de distribución de alimentos, agua, electricidad y sanidad se colapsa en el grado que sufrió Irak tras la intervención de la primavera de 2003, sin que pudiera operar ninguna ONG por la nula garantía de seguridad, los militares deben proceder a suministrar la única básica. Pero con muy bajo rendimiento y transitoriamente, ya que si las fuerzas militares no son capaces de suministrar la seguridad, ¿qué eficacia cabe esperar en la distribución de ayuda humanitaria a través de ellos?

Los militares tampoco hacen de buenos bomberos. Y me estoy refiriendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno de los proyectos estrella del actual presidente del Gobierno. Esta unidad choca frontalmente con la organización de la protección civil en la actual configuración autonómica de nuestro Estado. Pero es que, además, un soldado es un símbolo tan fuerte de la Nación -aunque algunos se empeñen en no darse cuenta- que ciertos ciudadanos que discuten nuestra unidad nacional prefieren no verlo ayudando en una inundación o en un incendio. Afortunadamente, se trata de una minoría de españoles. Otra cosa sería si la UME estuviera diseñada para dar apoyo de ingenieros de combate y reconstrucción a las unidades desplegadas en operaciones de estabilización en el extranjero. Este tipo de operaciones necesita un gran número de ingenieros militares, pues se opera habitualmente con infraestructuras muy dañadas o inexistentes y las Brigadas, de donde básicamente se generan los destacamentos, tienen unidades de ingenieros bastante débiles.

Y puesto que la UME es una realidad, parece más positivo que disolverla, transformarla en una unidad con una misión permanente militar que utilice la ayuda que presta en las catástrofes nacionales para entrenarse y mantenerse en buena forma operativa, pero sin competir ni restar recursos a la meritoria Protección Civil del territorio. Algo así como la sanidad militar, que colabora con la pública nacional, pero que tiene su verdadera razón de ser en el apoyo a las unidades operativas desplegadas fuera de España.

Por último, tampoco creo que los militares deban actuar como policías, porque ello genera perversos efectos. Ya que introducir una doble cadena de mando en las operaciones militares es demoledor. El principio militar de unidad -y añadiría yo simplicidad- de la cadena de mando está bien reconocido por la doctrina y la experiencia. Es la expresión militar del Evangelio de Mateo de que nadie puede servir a dos señores. En efecto, si alguien emite las órdenes pero otro juzga el resultado, se produce un efecto doblemente perjudicial. Introduce temor, por la inseguridad en el ejecutante, e inhibe y coarta al mando. Por favor créanme, esto no es una disquisición teórica; está pasando en todas las operaciones en curso de las Fuerzas Armadas.

Quisiera que no se me entendiese mal. Si al militar español se le ordena hacer de mimebro de ONG, de bombero o de policía, lo hará, porque la principal hazaña de esta profesión sigue siendo el obedecer como en los tiempos de Calderón de la Barca. Pero lo hará con un rendimiento muy bajo.

Más que un velo hay que tener un burka ideológico para no ver todo esto, como al parecer les pasa al presidente y a algunos miembros del Gobierno. Muy ciego hay que estar para no comprender que la esencia del militar -marino o soldado- es imponer o defender una idea política mediante el uso o la amenaza del uso de las armas que la sociedad democrática ha confiado a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad en exclusividad.

Si por una cuestión de ideología, ingenuidad o ignorancia no se comprende que un mínimo de derechos humanos en ciertas zonas del mundo no conectadas por la globalización emergente no pueden ser implantados más que por la fuerza, no se hará buen uso del militar en los conflictos actuales. Y en esta deficiente óptica, quizá se acepte al militar como un mal inevitable al que hay que dar cierta utilidad haciendo que reparta comidas, apague fuegos en los bosques o lea sus derechos a los piratas detenidos. Esperemos que estos complejos, que parecen proceder de una mili mal digerida por algunos, sean superados antes que se haga un daño irreparable a una Institución que no tiene más fin que servir a los españoles y sus intereses.

¿De quién se dice aquello de “no sabían que era imposible y lo han conseguido”? Porque si alguien se merece la cita, ésos son los insumisos que en su día vencieron al ejército. Un ejército, el heredado de la dictadura, que no tenía entre los españoles la mejor de las reputaciones, estigmatizado como estaba por haber sido uno de los puntales de la represión franquista. El movimiento antimilitarista le plantó cara pronto y, casi inconcebiblemente, terminó ganando una batalla que sólo cabía dar por perdida. Los insumisos lograron acabar con la mili obligatoria y forzaron a la institución militar a replantear toda su estrategia de fondo. Fue, por muchos motivos, un acontecimiento singular, y merece la pena recordarlo.

No es fácil acotar los orígenes del proceso. La fundación oficial del Movimiento de Objeción de Conciencia -el MOC, el colectivo que gozó de un mayor protagonismo durante los años de la insumi-sión- data de 1977, pero hay acuerdo en considerar que tal fecha supuso tan sólo un bautizo más o menos formal a un impulso que tenía ya algunos años. En 1971, con el dictador todavía atado y bien atado a los resortes del poder, Pepe Beunza, el padre del antimilitarismo español, se convirtió en el primer insumiso no religioso al ejército obligatorio (los Testigos de Jehová se habían negado a alistarse desde siempre). Lo arrastraron por 10 prisiones durante casi tres años, pero con el tiempo pudo ver cómo la incorporación a filas dejaba de ser obligatoria. Hoy en día sigue siendo un referente para el movimiento por la paz en nuestro país.

El antimilitarismo bebió de la rebeldía de Mayo del 68, del pacifismo cristiano de los movimientos de base y de los procesos de desobediencia civil inaugurados por Thoreau, Gandhi y Luther King. Hubo también, es cierto, una insumisión específicamente nacionalista. No al ejército, sino a España. No antimilitarista, sino militarista a la contra. Pero de ésa no hablaremos aquí, pues no es sino el mismo belicismo con distintas insignias. La insumisión de la que nos ocuparemos aquí es aquella que ofrecía razones y ejemplos contra una organización social estúpida, injusta y ciega, no contra los particulares colores de la bandera que la arropaba.

Aunque hoy parezca ciencia-ficción, los jóvenes de entonces iban a la cárcel dos años, cuatro meses y un día por un ideal. Podían optar por hacer la prestación social sustitutoria durante un año, por supuesto, pero eso era hacerle el juego al sistema militarista y permitir, por tanto, su perpetuación. Así que decían adiós a sus familias, a sus estudios o a sus trabajos… y se entregaban. Seguían las enseñanzas de la desobediencia civil: jamás acatar lo injusto, pero nunca responder con la violencia. Y asumían además el castigo legalmente establecido. Porque, como Gandhi y King habían enseñado, sólo así puede la sociedad vislumbrar las injusticias y percibirlas como tales, y sólo así será posible el cambio. Por eso centenares de jóvenes que no sólo no habían hecho absolutamente nada, sino que eran en muchos sentidos los mejores de entre nosotros, acababan en prisión. Y, extramuros, la sociedad empezó a plantearse cosas.

Es difícil, sospecho, que un adolescente de hoy conciba algo semejante. No hay fuerza de convicción más poderosa que la sinceridad y el ejemplo, pero ya no abundan. Yo no viví la transición, pero intuyo que entonces los ideales democráticos eran eso, ideales, y no la palabrería hueca y pomposa en la que se han convertido ahora. Entonces un partido como el PSOE podía ceder a otro grupo político uno de sus dos asientos de los siete que formaban la comisión que habría de redactar la Constitución (¡la Constitución!), sólo porque creía que era justo que así fuera, aunque nada le obligara legalmente a ello.

¿Podemos imaginar algo parecido ahora, cuando nadie le hace ascos ni al menor tránsfuga de pueblo? Para bien y para mal, con la democracia llegó también el desencanto. La política dejó de ser aquello de conseguir el poder para poner en práctica los ideales e, imperceptiblemente, se convirtió en el manejo de los ideales para conseguir el poder.

Los insumisos fueron probablemente los últimos grandes idealistas que dieron la batalla en la arena específicamente política y estatal. Tras ellos, las ansias de transformación buscaron otros cauces. A la desnuda autenticidad de su idealismo, que a nada conduce por sí sola, sumaban unas razones de fondo que era difícil rebatir. La mili obligatoria se había convertido en un ritual vacío de todo contenido. Era un semillero de suicidios, de frustración, un sinsentido amargo. Y el pacifismo dibujaba un horizonte de posibilidades cargadas de esperanza. La cita de Gandhi se repetía por doquier: “No hay un camino a la paz, la paz es el camino”. A Thoreau, encarcelado por negarse a pagar unos impuestos que apuntalaban la esclavitud, su mejor amigo le preguntó: “¿Cómo es posible que estés en la cárcel”. A lo que él simplemente contestó: “¿Cómo lo es que no estés tú?”. Era la anécdota definitiva.

No se trataba sólo de ser justos en la lucha, se trataba de luchar por algo que era eminentemente justo. La abolición de los ejércitos, la concordia universal, la educación por la paz, el desarme… todo era posible y todo había que intentarlo.

De alguna manera, el movimiento murió de éxito. Con la mili obligatoria se extinguió también el móvil aglutinante fundamental. Los insumisos fueron olvidados. Hoy están entre nosotros: pueden ser el carnicero, el bibliotecario o el conductor del autobús, pero lo ignoramos. No recibieron jamás ni una medalla, ni una condecoración, ni un reconocimiento, nada. Gracias a ellos, miles y miles de conciudadanos no desperdiciamos nueve meses de nuestras vidas, pero nadie les ha dicho nunca algo parecido a “gracias”. Ni Pepe Beunza, ni el MOC, ni nada ni nadie han sido candidatos a reconocimiento institucional alguno. Ni una nota a pie de página, sólo silencio. Con todo, el movimiento antimilitarista sigue activo, por supuesto. Tecleen en Google “objeción fiscal”… razones y motivos, por desgracia, no faltan.

¿Y el ejército? La experiencia le hizo aprender muchísimo. Inició una campaña de desinformación digna de Orwell: basta decir que la idea-fuerza es la paz. “Misiones de paz”, “ejército humanitario”, etcétera. Todo muy bonito y todo mentira: la cruda verdad es que tan sólo el 1% de su presupuesto se dedica a ese tipo de misiones internacionales.

Y se trata siempre de misiones en las que España tiene algún interés político obvio. Y abundan las denuncias de brutalidad, de ineficacia o de cosas peores. Y, si de ayudar se trata, las ONG lo hacen mejor y salen más baratas. Siete veces más baratas, exactamente. Y más allá de eso, ¿qué clase de empresa anuncia tan sólo el 1% de su actividad? La maniobra es tan exitosa que incluso se les ha permitido sacar a niños de las escuelas para llevarlos de excursión a los cuarteles. ¿Educación para la paz? No: el mundo al revés.

Si el movimiento antimilitarista no fue más allá a pesar de todo el potencial que encierra se debió probablemente a una carencia de diagnóstico, de visión global. Una lacra que caracteriza nuestra época: nadie sabe hoy en qué creer. Pero ¿por qué los barrios ricos necesitan muros, cámaras y seguridad privada, y por tanto han de invertir en ello buena parte de su presupuesto? Porque si son ricos es que hay otros que son pobres.

Pongan “países” donde digo “barrios” y “ejércitos” donde digo “seguridad privada” y tendrán una fotografía bastante aproximada del concierto mundial de las naciones. Un concierto difícil de cambiar, si no imposible. Aunque quizás, en alguna parte, alguien no lo sepa y haya empezado ya a intentar lo inaudito. Nunca se sabe cuándo prende la chispa de lo imposible.

Si quisiéramos buscar dos leyes que han cambiado radicalmente nuestras Fuerzas Armadas ésas serían la Ley de Supresión del Servicio Militar Obligatorio (1999) y la Ley de la Carrera Militar (2007). La primera tuvo un impacto muy grande entre la ciudadanía y grande entre los militares. La segunda ha tenido un impacto mínimo entre los ciudadanos y muy grande entre los militares.

Sería bueno que los ciudadanos que conocen que las Fuerzas Armadas son la máxima expresión de la seguridad tuvieran curiosidad por saber cómo se está regulando su carrera. Lo que pasa es que los asuntos militares tratados en los medios de comunicación civiles suelen tener algún defecto: por ejemplo, no suelen colocar a los militares en el mismo nivel que los civiles (sigue habiendo una retórica militar ya lejana a estos tiempos) y, además, se rellenan de siglas incomprensibles que alejan al ciudadano del debate. ¿A alguien le puede interesar un artículo donde se hable de DIGENPOL, JEMAD, MINISDEF o MRAP? Pues muchos no se dan cuenta de que ese lenguaje militar (eficaz para ahorrar palabras y tiempos de comunicación) es imposible de entender por un ciudadano no especializado.

La desaparición del servicio militar obligatorio fue un terremoto civil y militar. Para los civiles, una liberación; para los militares, un problema complicado donde aparecía -por primera vez- la idea de que la carrera militar, a todos los niveles, era (y es) una profesión como otra cualquiera. Por ejemplo, el heroísmo se premia y tiene consecuencias en la carrera, pero eso sólo no sirve para adelantar en el escalafón a quien tiene más titulaciones y capacidades para desempeñar el puesto. No se sorprendan, esto ocurre con heroicos bomberos y con médicos de urgencias. Pues con los militares igual. Por cierto, la idea de profesionalidad es totalmente compatible con la figura del reservista.

Un funcionario sabe que puede ascender por su antigüedad, por sus estudios y oposiciones y -a ciertos niveles- por la selección hecha por quien puede hacerla. La Ley de la Carrera Militar hace que los funcionarios militares se incorporen al sistema general de la Función Pública.

Lo primero que esta ley permite es que la titulación militar lleve pareja una titulación civil. Un militar egresado de la Academia General de Zaragoza será -además de teniente- graduado en una ingeniería. Y no porque lo diga la ley, sino porque el alumno habrá cursado con aprovechamiento los cursos que le permitirán un día, si quiere, trabajar en la vida civil como ingeniero.

La tradicional ineficiencia social que hace que un militar difícilmente pueda acceder a un puesto civil y que sea imposible que un civil alcance un rango militar se empieza a terminar. ¿El cauce? Los estudios, las titulaciones y la demostración de capacidad profesional.

Tengo por seguro que estos textos precisarán de tiempo para producir los cambios que las Fuerzas Armadas requieren, pero se ha dado el primer paso: el tiempo ya no juega en contra.

En la Universidad española la adaptación al Plan Bolonia ha traído consigo debates, divergencias y hasta violencia; nada tiene de particular que adaptar las enseñanzas militares a ese modelo europeo genere disciplinadas discrepancias. Pero ahí está. Y dentro de unos años, los militares españoles tendrán una titulación homologable a todo el sistema de enseñanza europeo.

Pero resulta que ahora existen escalas diversas entre los oficiales y múltiples esquemas profesionales entre los suboficiales. Hay que ordenar las cosas. Norma general: todo el mundo se iguala con estudios iguales. Los oficiales lo tienen claro, los suboficiales no tanto.

El suboficial es una figura militar mal encajada por culpa de todos. Un soldado no hay duda de lo que es; un oficial (con matices hasta ahora) es claro lo que es, pero un suboficial no está claro qué es. Un suboficial ¿es un soldado brillante?, ¿es un oficial frustrado?, ¿es un escalón previo a oficial?, ¿es la culminación de la carrera de un soldado? No está claro ni lo estuvo nunca. De ahí las múltiples escalas que se pueden encontrar en la historia de los suboficiales.

¿Resuelve la Ley de la Carrera Militar este problema humano y militar? No del todo. ¿Por qué? Porque la solución del encaje cómodo de los suboficiales en la carrera militar requiere de muchos matices. Y esos matices son imposibles de reglar sin diálogo.

Siempre he creído que la ministra de Defensa, Carme Chacón, algo tendría en su mente sobre estos temas cuando anunció en la cadena SER que la Ley de Derechos y Obligaciones de los militares entraría en el Congreso a final de año.

Ya sé que a los militares no les resultan cómodos los foros donde la disciplina de los grados no se valore, pero tienen que saber (y el Ministerio de Defensa el que más) que sin los foros de diálogo que debe abrir la Ley de Derechos y Deberes nunca tendrán garantías de que las disposiciones de la estupenda Ley de la Carrera Militar puedan ser eficientes.

El presente documento, que gira en torno a tres derechos fundamentales, esenciales en cualquier sociedad democrática avanzada (protección de datos, seguridad y transparencia), pretende descifrar algunas de las claves que configuran la tensión entre las exigencias de seguridad ciudadana, la necesaria implantación de una cultura de la transparencia y el respeto al derecho a la protección de datos.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce expresamente el derecho fundamental a la seguridad (art. 6), el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 8 ) y el derecho de acceso a los documentos (art. 42). La Constitución Española recoge el primero en el art. 17.1, mientras que el derecho a la protección de datos deriva del art. 18.4 y el derecho a la transparencia de los arts. 20, 23 y 105.b).

El derecho a la protección de datos atribuye al titular un poder de disposición sobre sus propios datos personales y se configura como un derecho autónomo e independiente del derecho a la intimidad. Hoy está sometido a constantes amenazas derivadas del uso de las nuevas tecnologías, que permiten el tratamiento masivo de datos personales y nos sitúan en una sociedad constantemente vigilada. Además, razones de seguridad, no siempre justificadas ni contrastadas, pretenden habilitar la adopción de medidas altamente intrusivas para la protección de datos. En este escenario, debe alcanzarse el justo equilibrio entre seguridad y protección de datos partiendo de las siguientes premisas:

• Es falsa la pretendida contradicción entre seguridad y libertad y entre seguridad y protección de datos.
• Los poderes públicos deben adoptar medidas para garantizar la seguridad pública.
• Las medidas que se adopten deben ser necesarias y proporcionadas.
• Tales medidas deben ser respetuosas con los derechos fundamentales y, en particular, con la protección de datos.
• Deberán respetar los principios configuradores del contendido esencial del derecho a la protección de datos: habilitación legal suficiente, información, finalidad, calidad del dato, seguridad y control independiente.

Las exigencias de la seguridad pública junto con la protección de datos personales pueden llevar a una sociedad enormemente opaca. La información puede considerarse de acceso restringido, cuando no imposible, bien por hipotéticos motivos de seguridad, bien en aras de un pretendido respeto a la privacidad. Por ello, junto con la seguridad y la protección de datos, es necesario incorporar el derecho a la transparencia.

España, aislada en el entorno europeo, carece de una ley de transparencia y acceso a la información. El art. 37 de la Ley 30/1992 es a todas luces insuficiente y la legislación sectorial no acierta a resolver los problemas. Gran parte de las situaciones de corrupción que se producen (sobre todo en el ámbito del urbanismo) se deben a la falta absoluta de transparencia en los sectores afectados, que se escuda a menudo en la legislación de protección de datos, utilizada como excusa para no facilitar la información requerida.

Transparencia y protección de datos tampoco son contradictorias, pero, al igual que en el  caso de la seguridad, es preciso buscar el necesario equilibrio entre ambos derechos.

La seguridad y la protección de datos amparan excepciones al acceso a la información, que deben ser interpretadas de acuerdo con los siguientes principios:

• El acceso a los documentos constituye el principio jurídico y la posibilidad de denegación es la excepción.
• Las excepciones deben interpretarse y aplicarse de forma estricta, “a la luz del principio del derecho a la información y del principio de proporcionalidad”.
• La decisión sobre el acceso a los documentos que contengan datos personales debe resultar de una ponderación de los derechos e intereses en juego.
• Las excepciones deben estar expresamente previstas en la ley.

Pese a que el debate político en torno a la necesidad de incrementar la transparencia en nuestro sistema democrático es escaso, debe aprobarse cuanto antes una ley de transparencia.  Dicha ley (para cuya aprobación el Estado tiene competencia según los apartados 1 y 18 del art. 149.1 de la Constitución) debe regular, al menos, los siguientes aspectos: objeto, ámbito subjetivo, sujetos legitimados, excepciones, procedimiento, sanciones y responsabilidad, autoridad independiente de supervisión y tutela del derecho. Entre las excepciones ha de prestarse especial atención a las que guarden relación con la seguridad pública y la protección de datos personales. Por otra parte, sería aconsejable
que las Agencias de Protección de Datos asumiesen las competencias de tutela del derecho de acceso.

Leer artículo completo (PDF). Disponible en la Fundación Alternativas.

El sábado 17 de abril de 2004, pocas horas después de que Zapatero prometiera su cargo ante el Rey como quinto presidente del Gobierno de la democracia, Eduardo Zaplana almorzaba en el Club 31 con el aún presidente de Baleares Jaime Matas. Sonó su móvil. Era el ministro de Defensa in pectore José Bono, con quien tan buenas migas había hecho cuando el uno era presidente de Valencia y el otro de Castilla- La Mancha. Le preguntó donde estaba y le dijo que se apuntaba a tomar café. En menos de 15 minutos se había plantado allí. Venía de almorzar en Moncloa y, en sábado, el acceso por el oeste de Madrid había sido coser y cantar.

Bono no reveló que al día siguiente, apenas formalizada la toma de posesión del nuevo Gobierno, Zapatero y él iban a decretar la retirada de las tropas de Irak pero, como el asunto flotaba en el ambiente, no dejó de sacar pecho sobre su protagonismo histórico:

- Desde Jueves Santo hasta hoy he hablado con más poderosos de la Tierra que en toda mi vida junta. Dos jefes de Estado, cuatro presidentes de Gobierno, cinco ministros de Defensa… Todos entienden que las promesas electorales hay que cumplirlas. Por lo menos, como me dijo Berlusconi, las que no cuestan dinero…

Ulcerados aún por la desgarradora derrota del 14-M, los dirigentes del PP acogieron la ironía con una leve aunque amable mueca. Pero Bono no había acudido allí para contarles sus viajes de Gulliver.

- Tengo un encargo de mi presidente. Y te lo voy a plantear como amigo tuyo que soy. José Luis me ha encargado que hable contigo de lo del CNI. Ya sabes que voy a nombrar a quien voy a nombrar…

Ahora Zaplana sonrió abiertamente. La víspera se había publicado que el elegido era el desconocido consejero de Industria castellanomanchego Alberto Saiz.

- Sí, ya me he enterado por la prensa. Ése que tiene tan buen currículo…

Bono pegó un respingo, pero le siguió el juego.

- Oye, que yo no tengo la culpa de que vosotros nombrarais a un… (Bono aludió al cesante Dezcallar con el mismo adjetivo que pocos meses antes había dedicado a Tony Blair). Pero bueno, que lo que yo te ofrezco es que me deis un nombre, alguien de quien tú, Eduardo Zaplana, te fíes para que ocupe un cargo en el Centro y os tenga al tanto…

Al número tres del PP aquello le pilló de sorpresa, pero puso su mejor cara de palo.

- Pero quién, ¿un civil, un militar…?

- Mejor un militar.

- ¿Y con qué nivel? ¿Para nombrarle qué?

- Tendría nivel de Director General… Pero a cambio el CNI tendría que convertirse en un asunto pacífico.

- Hombre, depende de lo que hagáis…

Cuando Bono se marchó, Zaplana le dijo a Matas: «¿Tu has oído lo que yo he oído?». Enseguida transmitió el mensaje a Rajoy, y ambos coincidieron en que lo mejor era no darse por enterados. En 2001 Aznar había consensuado con el PSOE el nombre de Dezcallar antes de convertirlo en el primer civil al frente del CNI. Ahora el PSOE tiraba por la calle de en medio y les ofrecía un premio de consolación. Así no se abordan los grandes asuntos de Estado.

Como con la propia retirada de Irak, los buenos propósitos del nuevo Gobierno naufragaban por la inconsistencia de sus formas. Y, claro, los círculos cuadrados no existen. Era imposible ofender a los norteamericanos y mantener a la vez las buenas relaciones con ellos; era imposible sacarse de la chistera a un ingeniero agrónomo para dirigir el CNI y preservarlo a la vez del debate político. Ése fue el pecado original y por eso Rajoy siente que tiene ahora las manos libres para apretarle las tuercas al campeón de la pesca del pez espada.

Pocos días después el propio Bono, en un recodo de su ajetreo, me presentó a su pupilo Alberto Saiz y debo decir que me pareció un hombre tranquilizadoramente razonable. Concienzudo, modesto, nada misterioso, empeñado en hacer bien su trabajo. Durante los dos primeros años de esa legislatura nos vimos media docena de veces, y cuando EL MUNDO descubrió que el socialista asturiano que visitaba en la cárcel al lugarteniente de Allekema Lamari era agente del CNI, el Gobierno y el Centro reconocieron los hechos con fair play y normalidad democrática. Ver para creer. Por fin se hacía realidad mi viejo anhelo de tener una relación civilizada y constructiva con la última encarnación terrena de Ra.

Ése era, al menos en los tiempos del CESID, el nombre clave del director de nuestro servicio de espionaje, y tanto el teniente general Alonso Manglano como el teniente general Calderón, últimos dos virreyes militares que ejercieron su función como auténticos señores de horca y cuchillo, se sentían muy orgullosos de mantener en pie el estandarte de la mayor divinidad egipcia. Ra: el dios del sol, representado por un guerrero con cabeza de halcón bajo un círculo de fuego, la fuente de poder de los faraones, el símbolo del Estado en lucha permanente con las fuerzas del mal.

Echando la vista atrás, mis primeros contactos con ellos también fueron ingenuamente satisfactorios. Antes del 23-F, el ministro Oliart me llevaba a departir con Manglano en un apartamento que el jefe de los espías tenía enfrente del ministerio del Interior, casi pared con pared con Jockey. Y ya he contado que a Calderón me lo presentó Joaquín Bardavío en un restaurante de la calle Almagro. Fueron buenos principios con tormentosos finales porque ni el uno ni el otro toleraron las revelaciones, primero de Diario 16 y luego de EL MUNDO, sobre los vínculos que ellos y sus equipos mantuvieron tanto con el golpismo como con la guerra sucia.

El CESID de Alonso Manglano organizó operativos para vigilar la sede del periódico, ordenó seguir a nuestros reporteros y grabó ilegalmente nuestras conversaciones, que pasaron a formar parte de su famosa cintateca. El de Calderón desarrolló la operación Jano, cuyo objetivo era exponer la doble personalidad y la cara oculta de aquellos jueces y periodistas que tratábamos de esclarecer episodios tan monstruosos como el del secuestro de mendigos para experimentar con fármacos. El entonces Secretario General del Centro Aurelio Madrigal había sido compañero en La Moncloa del asistente de Felipe González, Angel Patón, condenado en sentencia firme por el infame montaje urdido hace ahora 12 años contra mí.

Se comprenderá, pues, la sensación placentera, la reparación moral que en cierto modo supuso asistir al almuerzo organizado el 29 de noviembre de 2001 por el ministro de Defensa Federico Trillo en la mítica sede de la carretera de La Coruña en torno a Jorge Dezcallar, primer civil responsable de los servicios secretos. «Es una gran satisfacción entrar por primera vez en La Casa, después de que La Casa haya entrado tantas veces en nosotros», dije en voz bien audible apenas comenzado el ágape. El general Madrigal, último eslabón con el pasado, se revolvió en su asiento y suscitó un conato de polémica. Yo invoqué las resoluciones judiciales sobre los GAL y la cintateca.

El perfil de Dezcallar parecía el ideal para la transición en marcha del viejo CESID al nuevo CNI. Era un diplomático culto y brillante, conocía de primera mano los asuntos esenciales para la seguridad nacional y tenía el apoyo tanto del PP como del PSOE. Había sido colaborador habitual de EL MUNDO y manteníamos una cómoda relación personal estimulada por amigos comunes. Más de un año antes de que se produjera, él me anticipó la invasión de Irak.

Todo fue bien hasta el 11-M. La capacidad profesional de Jorge y su independencia de criterio quedaron doblemente en entredicho al no haber detectado la preparación de la masacre y al haber avalado por escrito ese mismo día la tesis de la autoría de ETA. Es verdad que luego viró hacia la pista islamista y que la identificación del cadáver de Lamari entre los muertos en Leganés sirvió para reivindicarle, pues el CNI había advertido de su peligrosidad como activista al ser prematuramente excarcelado. Pero EL MUNDO reveló que las conversaciones de madrugada con Dezcallar fueron la clave de que la ministra Ana Palacio acusara a ETA ante el propio Consejo de Seguridad de la ONU.

Luego vino su incomprensible escalada de recompensas hasta desembocar en la embajada en Washington. Él quería pasar página y nuestro periódico se empeñaba en mantenerla abierta. La última vez que le vi fue en el estreno de La paz perpetua, la impresionante obra de Juan Mayorga sobre los límites de la guerra antiterrorista y la razón de Estado. Me pareció que el contenido de la función podía serle a él más útil que a nadie, pero Dezcallar eludió todo contacto y yo fui consciente de que, una vez más, el empecinamiento en el deber de informar me pasaba factura en el ámbito de las relaciones personales.

Esa misma sensación de fatalidad me oprime ahora en relación a Alberto Saiz. Después de un par de años de silencio, volvió a llamarme hace unas semanas y almorzamos cordialmente. Su descripción genérica de la labor del CNI en la lucha contra ETA vino a corroborar lo que ya había ido percibiendo de un tiempo a esta parte. Desde que el Centro ha cruzado los Pirineos, en el marco de la cooperación hispano-francesa, los éxitos policiales han aumentado exponencialmente. Eso es algo de lo que siempre podrán estar orgullosos desde el último agente hasta el propio director. Pero de la misma forma que el cruel asesinato de anteayer realza la necesidad de respaldar a quien esté al frente del CNI, son las dimisiones en cadena de los responsables del área antiterrorista, mucho más que los sacos de patatas de Galicia, las que ponen al actual titular en una posición casi insostenible.

A Saiz le preocupaban las denuncias sobre sus cacerías y gastos privados que diversos miembros del Centro estaban trasladando a EL MUNDO. Negó los hechos, me dijo que tenía facturas y no me pidió nada. Su conducta me pareció elegante y apropiada. Le prometí que si se reproducían las acusaciones de índole personal, publicaríamos simultáneamente sus aclaraciones o desmentidos. Se me olvidó preguntarle si continúa en vigor la denominación de Ra.

Pese a la gravedad y verosimilitud de algunos de los hechos denunciados, nuestro periódico no ha pedido la dimisión de Saiz porque, a diferencia de los casos de Chaves o Bárcenas, la naturaleza de las actividades del CNI impide aportar las correspondientes pruebas documentales. Tampoco creo que la comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales sirva de mucho. Al final será su palabra contra la de unos denunciantes obligados a permanecer en el anonimato. Pero eso no despejará las fundadas dudas de la oposición y, como tampoco se trata de poner patas arriba el centro con una comisión de investigación parlamentaria, no queda otra solución sino la de que sea el Gobierno quien abra una indagación interna con un plazo tasado. Al término de la misma, Zapatero y Chacón deben decirnos qué acusaciones son ciertas y cuáles no y obrar en consecuencia, bien destituyendo a Saiz, bien avalando expresamente su honorabilidad y ligando por lo tanto su suerte política a la de su subordinado.

En el ínterin no han dejado de impactarme las obsesivas referencias de Saiz a la «lealtad» y la «fidelidad» en los textos de algunas de sus intervenciones ante miembros de La Casa, desvelados esta semana por Casimiro García-Abadillo. Y es que en mi memoria aún resuena aquella tremenda arenga del teniente general Calderón en la recta final de los años de plomo del CESID: «Hay un principio de lealtad, la lealtad de yo saber que ustedes me obedecen y de que ustedes sepan que, obedeciéndome a mí, no cometen ningún delito. Esa mutua lealtad no va a ser rota por ningún sucesor mío, como yo no la rompo respecto a mis antecesores».

¿Cabe alguna mejor definición del vértigo? Santo Dios: otra vez nos asomamos al abismo.

Si hay una asignatura que permanece suspendida desde hace más de treinta años en el conjunto de la sociedad española es la Cultura de la Defensa. Reconozcámoslo. Y lo que es peor, las perspectivas pueden no resultar del todo halagüeñas porque, aunque la consideración general hacia las Fuerzas Armadas ha evolucionado mucho y para bien en estos años, no es menos cierto que el distanciamiento de las nuevas generaciones de españoles con nuestros militares resulta preocupante.

De entrada es muy difícil cambiar una tendencia si no se afronta el problema con la firmeza necesaria, o lo que es lo mismo, advertir que de cara a pasado mañana esa relación entre jóvenes y militares será más clave aún, si cabe, que la existente hoy mismo entre la sociedad en general y esos mismos militares. No hay mejor jornada que hoy, día de la Fuerzas Armadas, para pensar sobre la cuestión.

La manera más eficaz de apreciar su trabajo y formación es compenetrarse no ya sobre el terreno de los distintos teatros de operaciones por cualquier lugar del mundo, que también, sino permitiendo la imbricación de la sociedad civil con los profesionales y viceversa. Los colegios e institutos han de abrirse a los soldados, porque si no, la relación a medio y largo plazo de la sociedad española con sus militares será imposible.

¿Nos hemos planteado en algún momento el nivel de capacitación y, por lo tanto, de formación de los protagonistas de un día como hoy? ¿Nos atreveríamos, por ejemplo, a comparar la cualificación de los oficiales de las Fuerzas Armadas con los miembros de los distintos «staffs» periodísticos, incluyéndome yo mismo, por supuesto? No existe un colectivo profesional en España con similar volumen de idiomas, preparación técnica y cultural y capacidad de prospectiva y análisis. Prueben, si no, a tratar con cualquier oficial cuestiones de política exterior, análisis político, geografía o historia. Y comparemos esas calificaciones con las nuestras o las de cualquier otra carrera.

En Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, la interconexión entre milicia y universidades, por ejemplo, es fundamental no sólo para los primeros, sino especialmente para los centros de investigación y de formación de las principales universidades de estos países. ¿Por qué aquí nos cuesta tanto ese proceso si nuestros vecinos lo llevan a cabo con toda normalidad? ¿Nos podemos imaginar la cantidad de avances científicos que encajan en las políticas de I+D+I que han nacido en instalaciones militares? Una vez más, seamos sinceros: el motivo es un complejo atávico que no hemos sabido arrancar de nuestras entrañas. Porque yendo un poco más allá en el razonamiento, y salvo honrosas excepciones, la entrada de militares en determinadas universidades provocaría en sus rectores y responsables la estigmatización absurda de tiempos predemocráticos olvidados, en primer lugar, y sobre todo, por los propios soldados.

Algo se ha conseguido ya con la inclusión de aspectos específicos de esta materia en los temarios de Educación para la Ciudadanía. Y el caso es que en España existen instrumentos y experiencias muy positivas al respecto. Desde centros de enseñanzas medias como el instituto «Al Qadir» de Alcorcón (Madrid), donde se ha logrado una interesantísima experiencia de intercambio entre soldados, profesores y alumnos, hasta universidades concretas o agrupaciones como la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Desde la otra vertiente, se trata de empujar a que instituciones como el CESEDEN se abran más aún a los civiles porque multiplicaría su influencia y amplificaría el efecto de sus informes y estudios más allá de los uniformados. Ningún «think tank» en España es capaz de fabricar los estudios y ensayos que elabora el CESEDEN ni, por supuesto, tiene organización para desarrollar los cursos y visitas que se llevan a cabo en este edificio del Paseo de la Castellana.

Pero para afrontar todo lo anterior, nos encontramos con otro bastión fundamental, cual es la politización de la Defensa que comienza, por el propio Ministerio y termina con el tratamiento que los medios de comunicación aplicamos al tema. ¿Por qué los ministros mejor recordados en su paso por el Ministerio han sido los menos politizados, más allá del que fuera su color partidista? ¿No debería ser este departamento el menos politizado de todos los sillones del Gabinete, o, dicho de otro modo, el más transversal del Consejo de Ministros? Por supuesto que la Defensa es pieza clave de la política de un país, faltaría más, pero también se debe dar por supuesto que esa alta política habría de estar por encima de una legislatura, y, ni qué decir tiene, mucho más allá de unos comicios electorales. Y es que, yendo a lo que nos ocupa, nada más contraproducente para una auténtica Cultura de la Defensa que la contaminación partidista de esa misma Defensa. Porque Educación, Asuntos Exteriores y nuestro tema no deberían ser transversales -por cierto, qué poco me gusta esta palabra-, sino claves y de larguísimo plazo.

No obstante, y aunque suene a conformarse con poco, la situación puede empeorar si seguimos erre que erre por la linde de un proceso autonómico, cuando no nacionalista, que separa más todavía a sus futuras generaciones de todo lo que suponga un cordón umbilical con el Estado. Y las Fuerzas Armadas son, muy particularmente, un nexo entre los españoles. Quien no quiera verlo se equivoca.

En cuanto a los medios de comunicación, y teniendo en cuenta la mediatización social a la que contribuimos, a la que pertenecemos y de la que vivimos, se debe desarrollar un ejercicio a la vez de autocrítica y de difusión. Porque si hay un colectivo en el que el complejo atávico persiste es en el periodístico, y, por lo mismo, si desde algún vértice del polígono se tendría que acometer el cambio de percepciones hacia los Ejércitos y la Armada, es desde el periodístico. O nosotros, los informadores y opinantes, nos creemos y constatamos que las Fuerzas Armadas han cambiado, o será imposible que la sociedad española se sume a un proyecto verdadero tendente a su reconocimiento.

Hace falta que los militares sepan «venderse». Las Fuerzas Armadas tienen que abrirse más a la sociedad. Los políticos deben facilitar con inteligencia y sin prejuicios esa apertura, su conocimiento y el intercambio. Desde el periodismo hemos de aportar los medios, la crítica y el acceso a su mundo.

Si en primer lugar consiguiéramos avanzar en los colegios con los niños; en segundo término accediéramos a los institutos con los chavales; y, como tercer paso, lográramos penetrar en el corazón universitario, el futuro de esa interrelación entre militares y sociedad civil estaría garantizado y la Cultura de la Defensa se escribiría así, con mayúsculas, en la formación de los españoles.

Seguro que por los militares no va a quedar, porque ellos mismos serían los más agradecidos y beneficiados. Pero somos el resto quienes hemos de dar el paso para permitirles el acceso y, a partir de ahí, aprender con espíritu crítico, conocimiento de la historia y perspectiva internacional.

El Día de las Fuerzas Armadas que se celebra este año en Santander es, sin duda, una fecha adecuada e idónea para que la sociedad española pueda acercarse a las preocupaciones de los miles de hombres y mujeres que las componen. Sería deseable que el conocimiento de los ciudadanos sobre las Fuerzas Armadas trascendiera los actos oficiales, los desfiles, simulacros exhibiciones y todo aquello que no invita a profundizar en estas cuestiones.

Si preguntáramos a muchos ciudadanos de uniforme sobre lo que esperan del Día de las Fuerzas Armadas su respuesta sería distinta. Con toda seguridad, querrían que sus conciudadanos conocieran otros aspectos más cercanos y reales de sus verdaderas preocupaciones y anhelos.

Les gustaría que se conociera que se ha propiciado un cambio legislativo importante -la Ley de la Carrera Militar- que está generando y va a generar situaciones de desigualdad y desasosiego. Ello se produce por cuanto los cambios en aspectos que afectan a la trayectoria profesional del militar se han producido sin que los destinatarios de los mismos hayan podido conocerlos de antemano y dar opinión sobre los mismos, sobre sus aciertos y sus errores o deficiencias.

Les gustaría que se conociera que oficiales con mucha experiencia, preparación y dedicación han de pasar por un curso de adaptación, que sólo se justifica si se identifica su verdadera naturaleza, alejada de la formación, y ligada a la salvaguardia de posiciones de cierto privilegio, en nada conformes con los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.

Les gustaría, también, que se conociera la situación de miles de suboficiales en activo, a los que se les priva o dificulta el ascenso a oficial y además se les somete a una unificación en una escala única, que se afronta sin conocer sus cometidos futuros y sin resolver los problemas derivados de las diferencias de ordenación en sus cuerpos de origen.

Les gustaría, además, que se tuviera conciencia de que nuestros soldados y marineros profesionales están sujetos a un régimen de contratación que resultaría inadmisible, si de empleo ordinario se tratase.

En definitiva, a todos les gustaría que se conociera que sus derechos fundamentales están pendientes de ser regulados y adaptados a la época en la que vivimos y a un entorno de plena ciudadanía, del que, por cierto, ya disfrutan otros ciudadanos de uniforme de la Unión Europea.

La regulación de derechos fundamentales de los militares -derechos humanos para la OSCE- en el seno de las Fuerzas Armadas españolas, es una asignatura pendiente. Gobierno tras Gobierno, sea cual se sea su signo, adquieren el compromiso de llevar a las Cortes una ley de derechos y deberes para los miembros de las Fuerzas Armadas e incluso establecen mandatos legislativos que, por otra parte, incumplen sistemáticamente. Si lamentable resulta esta situación, más grave es que se eluda el cumplimiento de compromisos y mandatos, por falta de suficiente energía para impulsar los cambios en contra de resistencias, que sin duda, existen y existirán. Si no que se lo digan a los guardias civiles, que han pasado por una situación similar a la que se encuentran los militares.

Después de esta inaplazable regulación de derechos fundamentales -que pasa por la desaparición del arresto, mayores garantías de defensa en los procedimientos disciplinarios, por la libertad de expresión, de manifestación y de reunión y, sobre todo, por la regulación del asociacionismo profesional- habrá de producirse la reforma de otros cuerpos legales que están directamente afectados por los derechos y los deberes que se prediquen de los miembros de las Fuerzas Armadas. El Código Penal Militar, el régimen disciplinario, las reglas de comportamiento y las nuevas reales ordenanzas, deberán ser adaptados al nuevo escenario de derechos fundamentales de los militares.

Por último, sería conveniente que los ciudadanos conocieran la situación de lo que se denomina Justicia Militar. Es decir, los órganos judiciales en que los militares pueden obtener tutela judicial efectiva sobre la aplicación del ius puniendi del Estado, los delitos militares y las faltas disciplinarias. En este sentido, es necesario que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se integre, exclusivamente, por magistrados de carrera y no, como hasta el momento, por militares de carrera, muchos de ellos provenientes de las asesorías jurídicas de los Cuarteles Generales de los Ejércitos o del propio Ministerio de Defensa.

La desafectación de los miembros de los tribunales militares del Ministerio de Defensa es fundamental para arrumbar cualquier atisbo o duda de dependencia. No es posible, por ejemplo, que una misma persona pueda ser juez, fiscal, secretario relator y asesor jurídico militar, sin que ello suponga ningún tipo de impedimento o limitación en su carrera profesional. Por otra parte, la carencia de medios, de recursos humanos justamente retribuidos, en los tribunales militares es otra de las grandes carencias de este sistema, que deben afrontarse de manera inmediata.

El Cuerpo cumple años. El día 13 de mayo de 1844, hace hoy 165 años, se publicaba el Real Decreto Fundacional, firmado por Ramón María Narváez, Presidente de Gobierno y Ministro de la Guerra y sancionado por S. M. la Reina Isabel II. Su creación respondía a la necesidad del Estado de dotarse de un cuerpo de seguridad de carácter e implantación nacional, que armonizara y uniformizara la seguridad pública en todo el territorio, en contraposición a la profusión de cuerpos de policía con funciones heterogéneas y ámbitos diversos, de imposible coordinación y condicionados en su actuación por la adscripción política de sus dirigentes, cuando no del propio cuerpo. En una España convulsa política y socialmente veía la luz el nuevo Instituto entre la ilusión de unos, el recelo y escepticismo de otros y la expectación de todos.

La magnitud del proyecto, abordado en tal ambiente exigía pericia y decisión. Fue preocupación principal del fundador, el Duque de Ahumada, «granjearse» el respeto y la confianza de la población mediante la eficacia en el servicio y la rectitud de conducta. Así, la selección meticulosa de los primeros guardias civiles entre militares veteranos se fundamentó en el mérito, el prestigio y una intachable hoja de servicios. La conducta pública y privada había de someterse a un código riguroso y estricto. Las pautas de comportamiento del guardia civil fueron descritas con precisión, claridad y belleza literaria en la «cartilla» y han trascendido ya del ámbito del Cuerpo: «El honor ha de ser la principal divisa», «dignidad, prudencia y firmeza», «ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza», «ser un pronóstico feliz para el afligido», «la persuasión y fuerza moral han de ser sus primeras armas», «ser un dechado de moralidad» y otros mandatos del mismo tenor, son proclamas éticas y resumen los valores y principios que han sido norte y guía de la Institución, los que la sociedad española, a cuyo acerbo ya pertenecen, ha visto y quiere seguir viendo en ella y los que, en definitiva, le han valido el hermoso título de Benemérita.

Otra decisión novedosa y trascendental fue la doble dependencia del nuevo Cuerpo: «Del Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de haberes y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento». Este es el artículo 1º del Decreto fundacional y núcleo de la naturaleza militar del Cuerpo, cuestionada a veces, y conservada siempre. El que unas «guardias armadas» actuaran con obediencia al poder civil, en su servicio peculiar, llevó a la Reina Isabel II a llamarlas guardias civiles para recoger su doble condición, y así puso nombre al nuevo Cuerpo.

La propia misión encomendada a la Guardia Civil y su despliegue tan diseminado la constituyó en poderoso elemento vertebrador de la Nación, posibilitando el tránsito por los caminos, infestados de salteadores, en una época, protegiendo el ferrocarril después, asegurando en uno y otro caso el flujo de riqueza que hace moderno a un país y siempre llevando al rincón más remoto de España el aliento y autoridad del Estado y recogiendo en él el sentimiento y cuitas del español más alejado.

Pensará el lector que esto es historia. Y es cierto. Pero no sólo historia. Porque la «cartilla» sigue vigente. Cumplir, contra los augurios iniciales, 33 lustros con envidiable salud, puede ser porque el rigor en la exigencia impuesto en el momento fundacional, acompasado a las sucesivas épocas, ha persistido en el tiempo y porque, sin estridencia pero sin descanso, con paso corto y vista larga, en su tradicional estilo, ha ido modernizando sus medios y procedimientos para adaptarse a la realidad social de cada momento, pero manteniendo siempre la fidelidad a los principios y valores que presidieron su nacimiento.

Y es que el esfuerzo para aplicarlos a vida y profesión encuentra generosa recompensa en el disfrute del fundamento ético y moral que pueda dar respuesta a interrogantes y dudas, cuando tanta gente busca entre el desconcierto y el abatimiento algo en que creer. La doble dependencia y la naturaleza militar, esencia de su orden interno, están ligados a su concepto de obediencia y lealtad al poder legalmente constituido, alejamiento de posiciones o tendencias políticas, con absoluta neutralidad y respeto a la Ley. Su mimetización con el territorio y sus habitantes consigue el curioso efecto de que, siendo la misma en todas partes, sea regional en cada región y local en cada pueblo, pues se integra e imbrica en la sociedad a la que sirve y, de igual modo, la sociedad la siente parte de sí misma porque teniéndola invariable e incondicionalmente a su lado tantos años y en tantas vicisitudes sin desfallecer ni abdicar de su abnegada tarea de servicio, ha llegado a constituirla en referencia genuina, encarnando como ninguna otra Institución la esencia y el carácter de la sociedad española, convirtiéndola en un símbolo de nuestra Nación.

Fiel a su vocación vertebradora, también hace patria en el exterior con un papel relevante en misiones internacionales diversas, en más de veinte países, pues su condición de cuerpo policial y su naturaleza militar la hacen especialmente apta para este tipo de misiones, como demuestra el requerimiento creciente de su concurso por organizaciones supranacionales.

Lo dicho lo resume sabiamente el Himno en tres versos que condensan el ideario del Cuerpo:
Por tu honor quiero vivir
Viva España viva el Rey
Viva el orden y la ley

El culto al honor, al deber y demás valores tradicionales de la Institución le procurarán el aprecio, el respeto social y la honra, como reconocimiento público de la propia rectitud. El amor a España, nuestra nación, como sujeto de un largo y glorioso pasado, consciente y orgullosamente asumido, con sus luces y sombras y como proyecto ilusionante de un futuro común del que se sientan protagonistas todos los españoles, en el seno de la Constitución como máxima norma de la organización política que hemos querido darnos. El orden como paz social que la seguridad ofrece para que puedan ejercitarse en plenitud los derechos y libertades de los ciudadanos.

Y la Ley, siempre la Ley, como razón última, como referencia absoluta de toda acción pública en un estado de derecho.

No puedo terminar sin rendir un homenaje de admiración, respeto y gratitud a todos los guardias civiles de todas las épocas, a los de capa y tricornio, y a los que socorren desde el aire, a los que velan en una playa solitaria y a los que navegan por la red, a los que guardan el bosque y a los que hacen seguro el camino, a todos, que dieron cauce a su vocación de servicio a España a través de la Guardia Civil, y muy especialmente a los que ofrendaron su vida en este noble empeño auxiliando a los demás, en lucha contra el delito o asesinados por la lacra del terror, dejándonos su ejemplo de generosidad y sacrificio.Honrarles a ellos, como ellos honraron al Cuerpo, es hacer que «viva honrada la Guardia Civil».

Conviene en primer lugar tener presente que la defensa, adjetivada militar, es entendida como concepción territorial cuyo objetivo último es la integridad territorial, y por tanto, como un medio de la Seguridad. Interesa indicar también, que la concepción estratégica española ha apostado por un multilateralismo activo sin perjuicio de la legítima defensa individual o colectiva recogida en la carta de Naciones Unidas. El archipiélago canario y el territorio peninsular forman parte de una entidad estratégica única, lo que significa, que ambos espacios de soberanía española son indivisibles y que todos los recursos de la estrategia militar actúan de modo global o cohesionado para su protección y defensa.

En este marco, Canarias requiere especial tratamiento por su relevante relación estratégica. Tiene una ubicación privilegiada entre tres continentes y en las proximidades de uno de los principales flujos de transporte marítimo y aéreo hacia Europa y orillas del Mediterráneo; está abierta al Atlántico; es la puerta natural para Iberoamérica y plataforma logística para África -dos de los principales marcos de actuación y decisión explicitados en la Directiva- y es parte del flanco sur occidental de la Alianza Atlántica.

Además, Canarias es punta de flecha de uno de los ejes de proyección de nuestro panorama estratégico, que tiene su base en Rota-Cádiz, contribuyendo a su protección y dando con ello un segundo elemento de control al estrecho de Gibraltar, punto de paso obligado hacia el Mediterráneo, área prioritaria para España.

Desde el punto de vista de seguridad en el ámbito de la Alianza Atlántica, el territorio peninsular, el citado eje de proyección y el archipiélago canario no presentan solución de continuidad al estar bajo la responsabilidad de la Alianza, que sigue siendo pilar básico en la defensa europea, y en la que debe basarse en el refuerzo de ese vínculo atlántico. Pues bien, la seguridad atlántica, vínculo entre los dos pilares de la defensa europea, tiene una espléndida base de apoyo en el valor estratégico que proporciona Canarias, junto con las islas Azores y Madeira.

Ese doble mecanismo de defensa -nacional y compartida- afianza la seguridad del archipiélago ante potenciales riesgos.

Ciertamente vivimos en un mundo con múltiples contingencias y la proximidad a zonas de inestabilidad en el continente africano nos enfrenta a peligros variados, y también nos ofrece oportunidades para fomentar su estabilidad y desarrollo económico, como recoge la nueva directiva de defensa al establecer el África subsahariana como uno de los marcos de actuación y de decisión, constituyendo Canarias una valiosa plataforma hacia esa zona, geopolíticamente inestable.

Los riesgos no son siempre fáciles de precisar. Uno de ellos para el archipiélago, aunque no solo para éste, es el flujo de inmigrantes ilegales, en cuyo control las FAS participan activamente -de forma continuada las unidades aéreas y navales- apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La situación de Canarias, su configuración fragmentada, la lejanía del territorio peninsular y problemas derivados del entorno geopolítico africano demandan una visión particularizada de su defensa. Las islas configuran una plataforma especial, en la que cada una de ellas parece ofrecer un espacio definido para su protección por el efecto delimitador de sus costas, efecto que se difumina, a la vez que complica, al observarla en su conjunto. Si uniésemos los vértices de un polígono irregular formado por sus islas tendríamos una superficie próxima a la de Andalucía con centros de gravedad en Tenerife y Gran Canaria y las restantes islas en los flancos, dando idea de las capacidades de control de espacios aéreos y marítimos, de la necesidad de sistemas de inteligencia, de vigilancia y de los retos que presenta el ejercicio de mando y control.

No existe un Mando Unificado en Canarias, como antaño, aunque la legislación prevé su creación en caso necesario, pero sí dispone de fuerzas de los tres ejércitos con la defensa antiaérea integrada en la nacional, más las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que crean seguridad y garantizan la protección de los ciudadanos y visitantes en una zona de alto valor, turístico incluido, ante cualquier riesgo. Este dispositivo, aunque los medios no satisfacen todas las necesidades como es habitual en el campo de la defensa, articula capacidades militares que materializan las líneas estratégicas de disuasión y respuesta militar, y cuenta prioritariamente con planes de refuerzo nacionales, en su caso con el apoyo de la Alianza, desde el territorio peninsular español, centro de gravedad de la proyección de esfuerzos.

El resultado, basado en una calculada y prudente gestión del riesgo -la seguridad absoluta es inalcanzable- es un despliegue equilibrado y disuasorio que garantiza los intereses nacionales en esta zona mediante unidades navales, aéreas y terrestres, cuyo componente humano es el mejor activo en la defensa de Canarias. Las primeras aseguran el control de las aguas circundantes y el espacio que las cubre, respectivamente, y las últimas materializan la presencia en tierra con unidades polivalentes, ágiles, capaces de ser proyectadas rápidamente entre islas, profesionalizadas y adiestradas. Soldados con causa, mayoritariamente canarios, resistentes a la fatiga, acostumbrados a moverse en terreno difícil, leales, disciplinados y con espíritu de sacrificio; espíritu que tiene su exponente en la tradición e historial de uno de sus regimientos de infantería: el Soria 9, que en este mes de mayo celebra el V centenario de su creación. Velázquez inmortalizó la entrega de las llaves de la ciudad de Breda al mariscal Spínola, quien está rodeado de soldados con picas pertenecientes al Tercio Viejo de Nápoles, nuestro actual Soria 9, con sede en Fuerteventura, que próximamente participará en el esfuerzo de la comunidad internacional para estabilizar Afganistán, expresión del compromiso de España con la paz y seguridad internacionales.

Canarias tiene un papel relevante en el planteamiento estratégico español al ser parte de una entidad estratégica única, ser pieza clave en los marcos de actuación y decisión recogidos en nuestra directiva de defensa -seguridad europea y del Mediterráneo occidental, África subsahariana e Iberoamérica- y, con las fuerzas situadas en ella, proporcionar seguridad y contribuir al esfuerzo solidario español por la estabilidad internacional.

«Nosotros, los más chicos, seamos los más grandes en la firmeza y el vigor de las resoluciones; nosotros, los últimos en fuerza y en abolengo histórico, seamos los primeros en confianza, como somos los primeros en el peligro; nosotros los más distantes, seamos los más próximos en el corazón de la patria». Sirvan estas palabras de Benito Pérez Galdós, como síntesis del espíritu del sentir y de la sensibilidad de Canarias a lo largo de la Historia, de la que un hito significativo fue su generoso esfuerzo a la Guerra de Independencia, fundente nacional y motivo de la obra más representativa de este insigne español y canario.

Si no fuera porque uno se encuentra ya curado de espanto ante el anuncio del inminente estallido de escándalos que finalmente se quedan en nada, experimentaría la tentación de afirmar que con el caso del Yak-42 la derecha de este país se ha encontrado con la horma de su zapato. En efecto, aunque haya pasado un tiempo (y cambiado la legislatura, y con ella en parte la estrategia del Partido Popular, lo que en política hace que parezca que ha transcurrido una era glaciar por entero), convendrá recordar, siquiera sea por un instante, el discurso y el monumental alboroto mediático de acompañamiento planteados hasta las elecciones pasadas por quienes mandaban sobre los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por el mencionado caso. Se trataba de un discurso que, apelando en primera instancia a sentimientos como la solidaridad (y la piedad) con las víctimas, atribuía a éstas una aparente centralidad.

El filósofo de la historia norteamericano Dominick LaCapra tiene escrito en su libro Escribir la historia, escribir el trauma algo que resultará extremadamente oportuno evocar aquí: “La categoría víctima es en distinta medida una categoría social, política y ética”, afirmación que, sin violentar mucho los términos, podría hacerse equivaler a la de que la condición de víctima es siempre interna a un relato. La consideración introduce un elemento de interrupción en lo que discursos como los mencionados querrían plantear en términos de absoluta continuidad. Como si, según éstos, a partir de la constatación del sufrimiento ajeno no cupiera más que una silente reverencia moral.

Pero la manera interesada en que algunos actuaron para precipitar la repatriación de los cuerpos de los soldados fallecidos en aquel accidente aéreo de 2003 en Turquía evidencia algo que, en realidad, nunca debió sorprendernos. De hecho, hace tiempo que estábamos al cabo de la calle. Las víctimas acostumbran a ser presentadas, por parte de quienes las convierten en el eje de su discurso, como víctimas sin más, testimonios vivos del dolor, de la injusticia o de la arbitrariedad, al margen de cualquier consideración ideológica. Cuando, en realidad, son víctimas que pertenecen a alguna causa (de ahí que, en el caso límite, se repita la fórmula “que dieron su vida por…”, y en los puntos suspensivos póngase lo que corresponda). No otra es la razón por la que no se presta la misma atención a todas ellas: las que lo fueron en nombre de causas que han caído en desgracia, que han pasado a ser consideradas unánimemente como obsoletas, o no acostumbran a merecer apenas atención o no reciben el mismo tratamiento. Y, así, frente al merecido respeto con el que se suele presentar en los medios de comunicación a los supervivientes de la barbarie nazi, resulta llamativa la manera burlona en la que con enorme frecuencia suelen ser tratados en esos mismos medios los supervivientes, pongamos por caso, del cerco de Stalingrado, a saber, como ridículos comunistas fanáticos, anclados en una simbología, una liturgia y unas convicciones completamente trasnochadas.

¿Equivale lo expuesto hasta aquí a una condena a cualesquiera formas de solidaridad con las víctimas o, formulado a la inversa, una apología de la necesidad de la indiferencia hacia ellas? En absoluto. Más bien pretende constituir una modesta denuncia de su instrumentalización para propósitos particulares nunca explicitados en la plaza pública. Una denuncia que no pretende ser meramente programática o declarativa, sino que aspira a probar las consecuencias prácticas de semejante conducta. Y si es cierto el lugar común -de inspiración difusamente freudiana- según el cual las víctimas de un suceso traumático pueden relacionarse con él o bien a través de la repetición o bien a través de la elaboración (constituyendo esta última la vía adecuada para la superación del trauma), la prueba más contundente de las auténticas intenciones de algunos viene representada por lo que podríamos denominar la compulsión repetitiva inducida, en la que tal repetición no sería el resultado de la desmesura inasumible de la experiencia, sino de la invitación -formulada al traumatizado- a convertirse en una víctima reconocida y unánimemente compadecida.

José María Ridao se ha referido al caso de Marek Edelman, el único de los cinco dirigentes del gueto de Varsovia que logró escapar a su destrucción y que, a pesar de esa condición de superviviente, renunció a que se le contabilizara en la nómina de las víctimas o, menos aún, en la de los mártires, decidiendo dedicarse, al terminar la guerra, a su profesión de médico, lo que le acarreó la incomprensión irritada de sus camaradas. Su decisión liberó a sus próximos de rendir ningún culto, admiración o asentimiento derivados de la magnitud de la heroicidad protagonizada. Pero, añadamos, también lo liberó a él de la condición de héroe-víctima permanente, imposibilitada por la exigencia misma de quienes lo han elevado a esa condición, de superar (y ya no digamos olvidar) su trauma.

El argumento, a menudo farisaico, de que hay que recordar permanentemente determinados sucesos para que no se repitan acaba sirviendo, en cruel paradoja, para que los individuos que los padecieron una vez no alcancen nunca el sosiego ni la paz. La víctima que ejerce en público ese papel se ve impelida a no separarse en lo más mínimo de él, a no ceder ni un milímetro al olvido. Se le regala la condición de inocente absoluto (¿qué se le podría reprochar a quien ha conocido la desmesura del horror?) a cambio de que sea él también una víctima absoluta, por entero y a tiempo completo, adherida en su totalidad a la experiencia que lo dañó.

¡Cuántas entrevistas periodísticas no habremos leído en las que algún superviviente relata cómo, décadas después, continúa teniendo pesadillas a diario en las que regresa a su mente aquel episodio traumático! He aquí el sufrimiento ajeno convertido en obsceno festín moral, en el que -de verdad, de verdad- el alivio de esa persona ni siquiera queda planteado: está ahí para contarnos cuánto padeció, no para liberarse de tan pesada carga. ¿O es que podría una víctima -sin riesgo de verse desposeída públicamente de su condición de tal- declarar que duerme a pierna suelta o que ha dejado definitivamente atrás aquella experiencia que tanto dolor le procuró, habiendo conseguido recuperar la alegría?

Se convertiría en tal caso en una variante particular de víctima inútil. Ya no avalaría la operación que, según Todorov, subyace a tanta evocación interesada. El convencimiento de que la bondad de las conductas ajenas derrama sus beneficios sobre quienes se declaran identificados con ellas no tendría de qué (ni de quién) alimentarse. Y esa fácil solidaridad -basta con proclamar que se está del lado de las víctimas, sin que acreditación alguna de naturaleza práctica sea exigida- quedaría sin objeto. Terminaría la operación perfecta que permite a los solidarizados disfrutar de los beneficios que las víctimas obtienen al ser reconocidas públicamente como tales -en lo sustancial, la señalada atribución de inocencia- sin tener que padecer sus reales perjuicios -el sufrimiento mismo-.

Regreso al principio. Es posible -incluso altamente probable, a la vista de la experiencia de los últimos años- que el lamentable episodio del Yak-42 finalmente desgaste apenas a sus responsables. Pero, en todo caso, valdrá la pena extraer alguna lección de lo sucedido. Si no para evitar que se repitan este tipo de situaciones (me refiero a la desfachatada compaginación de las enfáticas proclamas de solidaridad con las víctimas y el indiferente olvido hacia las que no son útiles para el particular objetivo político), al menos para que no nos vengan de nuevas. Como dijera el poeta italiano Eugenio Montale, “es poco y, sin embargo, es todo”. ¡Ah! Y que no se me olvide otra cosa: se equivocarían severamente quienes pensaran que en esta horma sólo cabe el zapato de la derecha.

Tema: En este ARI se expone la forma de combatir el terrorismo en el marco de la seguridad y defensa de España.

Resumen: El contexto geoestratégico actual ha hecho necesario adaptar el concepto tradicional de “defensa” a uno más amplio de “seguridad y defensa”, en el que la lucha contra el terrorismo se concibe desde una óptica multilateral, multinacional y multifuncional. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la nueva Directiva de Defensa Nacional y el proyecto de Directiva de Política de Defensa reconocen la existencia de la amenaza terrorista, de ahí la necesidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en apoyo de otras instituciones del Estado en la lucha contra terrorista. La actuación del Ministerio de Defensa en este campo se extiende también a los ámbitos de la prevención e inteligencia y cobra un significado especial en el escenario internacional, con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de ISAF en Afganistán.

Análisis

El contexto geoestratégico

El contexto geoestratégico actual se caracteriza fundamentalmente por su dinamismo, diversidad, y la interdependencia entre los acontecimientos que en él se producen. Los riesgos y amenazas evolucionan sin solución de continuidad y muchas veces sin dar tiempo a la adaptación. Si durante la mayor parte del siglo XX la amenaza a la seguridad y estabilidad mundial venía de la mano del enfrentamiento entre bloques antagónicos, a finales del siglo XX y principios del XXI la llamada asimetría es la que ha definido el carácter de los conflictos.

Pero es más, hoy en día la amenaza a la forma de vida de las sociedades democráticas es “híbrida”, esto es, una combinación de conflictos convencionales, retos irregulares, terrorismo[1] y criminalidad.

Todo indica que, a medio plazo, la población mundial continuará creciendo, concentrándose en áreas urbanas, siendo este crecimiento más preocupante en África y Asia. La población de las sociedades más desarrolladas será cada vez más vieja, con unos índices de natalidad cada vez menores y un porcentaje de mano de obra inmigrante cada vez mayor.

Por su parte, las sociedades en vías de desarrollo experimentarán el crecimiento continuado de su población, especialmente en zonas urbanas, lo que pondrá en riesgo la calidad de su vida cotidiana. Además, el índice de desempleo en estos países será cada vez mayor, lo que obligará a sus nacionales a emprender una migración a la desesperada.

La globalización continuará siendo el factor determinante de la interacción entre sociedades. Pese a los avances económicos experimentados por las sociedades menos favorecidas, las grandes desigualdades en el reparto y la explotación de los recursos naturales mundiales, continuarán siendo la justificación para la actuación de las organizaciones terroristas y criminales. Cada vez más, la globalización producirá ganadores y perdedores, tanto entre las naciones y regiones como dentro de estas.

Si a lo anterior se une la competición por los recursos naturales, en especial las fuentes de energía y el agua, y el cambio climático, cuyos efectos pueden alcanzar proporciones catastróficas, está claro que nos encontramos ante un escenario geopolítico de configuración poliforme y multidimensional en el que la solución de los conflictos pasa por la aproximación global y la acción integrada de las herramientas diplomáticas, militares, económicas, de cooperación, etc., que tanto los Estados como las organizaciones internacionales tienen a su disposición.

En relación con el futuro contexto geoestratégico, es interesante la valoración que de él se hace en el informe “Global Trends 2025: A Transformed World (GT 2025)”,[2] en sintonía con el informe “The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025 (NGP 2025)”,[3] según el cual nos esperan cambios sin precedentes, alterando los poderes de los actores estatales y no-estatales. El sistema internacional será más heterogéneo, fragmentado y potencialmente más proclive al conflicto que hoy en día. Respecto al terrorismo, el informe hace una doble valoración: por un lado, se considera que el terrorismo fundamentalista islamista de al-Qaeda perderá apoyo, debido a los objetivos poco realistas que se propone alcanzar y a los métodos que utiliza para su consecución, incluyendo el asesinato de civiles musulmanes; por otro lado, el terrorismo islamista radical probablemente le gane terreno a al-Qaeda y adquiera capacidades muy peligrosas para infligir daños en sus objetivos, incluyendo el uso de armamento biológico y químico.

El terrorismo en el marco de la Seguridad y Defensa en España

Todo ello lleva a la necesidad de adaptar el concepto tradicional de “defensa” a uno más amplio de “seguridad y defensa”, en el que se impone una aproximación más extensa a la hora de proteger, o en su caso defender, nuestra forma de vida, valores e intereses, y en el que la seguridad del individuo no es menos importante que la del Estado. Si bien es fácil que este concepto caiga en la vaguedad, no es menos cierto que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades individuales en el marco de un desarrollo humano sostenible en el que las personas sean libres frente al “temor” y a la “necesidad”.

Esto quiere decir que la mejor forma de garantizar la seguridad mundial es mediante la aplicación de una serie de medidas interdependientes que contribuyan a asegurar la estabilidad y la prosperidad en las zonas en conflicto. Muchas zonas del mundo plantean desafíos globales (desigualdades económicas, presión demográfica y migratoria, criminalidad organizada, etc.) que normalmente requieren soluciones regionales. De ahí la necesidad de integrar dichas soluciones regionales en el marco de la seguridad global.

En este contexto geoestratégico, la lucha contra el terrorismo transnacional la concebimos desde una óptica multilateral, multinacional y multifuncional:

• Apoyamos y promovemos todas aquellas resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas que, en defensa de la paz y seguridad internacionales, se hagan contra el terrorismo.
• Apoyamos decididamente la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo[4] en sus parámetros de prevención, protección, persecución y respuesta. En este caso el papel principal de las Fuerzas Armadas es de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
• En el ámbito de la OTAN participamos en la Operación Active Endeavour, que fue lanzada en octubre de 2001 a raíz de los atentados del 11-S en EEUU, con el objetivo de demostrar la resolución y la presencia de la Alianza en la lucha contra el terrorismo, invocando el Artículo 5. En la actualidad, por parte española participan en la Operación el Cazaminas Sella, en el marco del SNMCMG-2, y un avión P-3 Orión.
• Merece una mención especial la participación española en la Operación OTAN de ISAF en Afganistán, que posteriormente se tratará con más profundidad. Evidentemente, no es una operación contraterrorista per se; sin embargo, bajo los parámetros de gobernabilidad, seguridad y reconstrucción, se puede considerar como muestra de operación cívico-militar que trabaja para eliminar el margen de maniobra de la lacra terrorista en ese país asiático, contribuyendo de forma más decisiva a la seguridad global.

El terrorismo en la LODN, la DDN y la DPD

En la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 (LODN) se reconoce la necesidad de que España se adapte a los cambios profundos que ha experimentado el mundo, para asegurar su propia seguridad y defensa y contribuir a la paz y a mejorar el orden internacional. De entre los riegos y amenazas a nuestra seguridad, la Ley reconoce la aparición del terrorismo transnacional con capacidad de infligir daño de forma indiscriminada.

Esta nueva situación hizo que se incluyesen en la LODN misiones para las Fuerzas Armadas que no estaban recogidas expresamente en la normativa anterior.[5] En concreto, se contempla como un tipo de operación el apoyo a las FCSE en la lucha contra el terrorismo,[6] así como la respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses.[7]

En línea con la LODN, la nueva Directiva de Defensa Nacional[8] (DDN), que establece las líneas generales de la Política de Defensa de España y las directrices para su desarrollo, reconoce la complejidad, incertidumbre y potencial peligrosidad del escenario estratégico actual, en el que el terrorismo, junto al crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen el conjunto de amenazas transnacionales más importante para nuestra sociedad. Se reconoce que la hipotética combinación de los anteriores podría tener consecuencias devastadoras.

En la DDN se reconoce que la opción terrorista, es decir, la capacidad y la voluntad de producir daño con acciones terroristas, está al alcance de muchos actores, como así se pudo comprobar en los atentados del 11-S de 2001 en EEUU, del 11-M de 2004 en España y del 7-J de 2005 en el Reino Unido. Esta situación obliga a dar un enfoque multidisciplinar y una actuación integral del conjunto de las administraciones públicas en forma de acción única del Estado en materia de Seguridad y Defensa.

En lo que se refiere específicamente al tema terrorista, la DDN da la directriz específica[9] de intensificar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de otras instituciones del Estado en la lucha contra los nuevos riegos y amenazas. Asimismo, se dicta[10] el impulso y reforzamiento de las capacidades de los órganos nacionales de inteligencia, coordinando sus actividades, con el fin de proporcionar una respuesta integral ante las amenazas globales.

Por su parte, el proyecto de Directiva de Política de Defensa (DPD), que desarrolla las directrices de la DDN para el Planeamiento de la Defensa en el ciclo 2009-2012, establece la necesidad de potenciar la cooperación de las Fuerzas Armadas con las Autoridades civiles y, en especial, con las FCSE, abordando la regulación normativa necesaria para ello.

En el ámbito nacional, la colaboración de las Fuerzas Armadas con las FCSE en la lucha contraterrorista se basa en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, elaborado por el Ministerio del Interior, en el que la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las FCSE se hace, entre otros, en los siguientes aspectos:

• Vigilancia y protección de grandes infraestructuras de transportes terrestres, aéreos y marítimos.
• Protección de objetivos estratégicos.
• Reconocimientos aéreos de objetivos estratégicos no urbanos.
• Control del espacio aéreo.

En definitiva, para las Fuerzas Armadas la lucha contra el terrorismo en territorio nacional consiste fundamentalmente en la prevención de la amenaza terrorista mediante la colaboración en materia de inteligencia y la prestación de apoyo a las FCSE, al ser estos los encargados de dicha lucha. En este sentido, conviene recordar que no han sido pocas las veces en las que unidades militares han colaborado con las FCSE en la protección de puntos sensibles con motivo de la existencia de amenaza terrorista ante la celebración de acontecimientos de relevancia. Para el caso del terrorismo internacional, más allá de nuestras fronteras, España opta por un decidido multilateralismo.

Prevención e Inteligencia

En el ámbito de la inteligencia, el Ministerio de Defensa hace un gran esfuerzo en la prevención de la amenaza terrorista, tanto de la interior como aquella que atenta contra la paz y la seguridad internacional, y por tanto también contra la paz y la seguridad de España. Para ello se cuenta, por un lado, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), principal órgano de obtención, elaboración y difusión restringida de inteligencia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, y con dependencia directa de la ministra;[11] y, por otro, con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), órgano responsable de facilitar la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones de interés militar con riesgo potencial de crisis, procedentes del exterior, y prestar el apoyo necesario a las operaciones.[12]

Para colaborar en la acción única del Estado en la lucha contra el terrorismo, el Ministerio de Defensa ha realizado un gran esfuerzo para dotarse de una importante red de medios humanos y tecnológicos, que actúan en el exterior en aquellas zonas sensibles desde las que normalmente opera el terrorismo y que, integrados adecuadamente, proporcionan esa inteligencia que es imprescindible para ayudar en su prevención.

En este terreno de la inteligencia, quizá lo más importante sea buscar la máxima información sobre los grupos terroristas y, en particular, sobre la variedad y la fragmentación de la “nebulosa al-Qaeda” y el terrorismo yihadista, estableciendo las relaciones adecuadas entre causas, efectos y consecuencias.

Lucha contra el terrorismo en el ámbito internacional

Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Defensa se actúa en el marco de las operaciones internacionales de seguridad y estabilización, al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, allí donde se generan amenazas a la paz y seguridad internacional, que son también amenazas a la seguridad nacional de España.

Como se ha apuntado anteriormente, nuestra principal preocupación y la de nuestros Aliados son la amenaza terrorista de al-Qaeda y la de los yihadistas.

La nebulosa de al-Qaeda tiene tres esferas de actuación: (1) la de los jefes de la organización y aquellos directamente controlados por estos; (2) la de los grupos y redes que tienen algún contacto con los líderes, pero retienen cierta autonomía de actuación; y (3) la de los grupos, células o individuos que se inspiran o están influenciados por la organización y que no tienen contacto directo con los líderes.

La estrategia de al-Qaedaha demostrado ser la de instalarse en el tiempo como factor de inseguridad creciente y constante, para ir debilitando a sus “enemigos”, pero no necesariamente institucionalizarse. Desde el 11-S, al-Qaeda no ha conseguido derrocar a ningún gobierno, en ningún país del mundo, y no ha conquistado ningún Estado. No está claro que su estrategia sea la toma del poder de un régimen político de un determinado país, con la posibilidad de ponerse en evidencia como pasó en Afganistán con el régimen talibán.

Por su parte, el terrorismo yihadista, que no se refiere a una única organización terrorista sino a un marco ideológico común en el que se mueven una serie de organizaciones terroristas, nos afecta por su capacidad de reclutamiento y la geografía de sus actos terroristas:

• El reclutamiento yihadista se ha ido desplazando hasta instalarse también en países no musulmanes, pero con importantes bolsas de población de origen sociológicamente musulmán. Se trata de un elemento potencialmente peligroso.
• La geopolítica de los actos terroristas a escala global muestra que se han cometido más actos terroristas en países musulmanes[13] que en Europa o EEUU, habiendo muerto muchos musulmanes en actos yihadistas; además, hay amplias zonas del planeta donde el fenómeno es inexistente o se reduce a casos muy concretos.[14]

Se ha indicado previamente que la promoción y el apoyo a la paz y seguridad mundial contribuye decisivamente a la búsqueda y consolidación de la paz y seguridad de nuestro país. Y ello ante cualquier amenaza, incluida el terrorismo. Por ello, y como ejemplo de nuestra actuación en el exterior, parece conveniente abordar el tema de la experiencia española en Afganistán.

En línea con lo expuesto hasta ahora, la resolución de un conflicto como el de Afganistán, en el que conviven el terrorismo fundamentalista islamista de al-Qaeda, el islamista radical de los talibán y el asociado al narcotráfico, requiere una respuesta multilateral, integrada y sostenida. Respuesta que debe basarse en una estrategia para el éxito con un importante compromiso militar para garantizar la seguridad y una atención especial a la dimensión civil de reconstrucción, gobernabilidad y desarrollo, con la finalidad última de mejorar las condiciones de vida de los afganos y así reducir al mínimo el caldo de cultivo del terrorismo.

Desde el año 2001, España mantiene un compromiso firme con el pueblo afgano para lograr un país seguro, estable, democrático, próspero, en paz, con una buena relación vecindad y sin terrorismo.

En esa contribución a la lucha contra el terrorismo mediante nuestra participación en ISAF, cabe destacar nuestra labor en el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala e Naw (QeN), como mejor muestra de la respuesta integrada de España en Afganistán. No debemos olvidar que el mandato de ISAF es el de la Estabilización y el Desarrollo. En este marco conceptual, las actuaciones del PRT de QeN se realizan en los campos interdependientes de la Gobernabilidad, el Desarrollo y la Seguridad en los que, desde el primer momento, se han integrado las acciones de los elementos civiles y militares puestos a disposición de la Misión.

De este modo, el esfuerzo en acciones de reconstrucción y desarrollo que viene realizando AECID es posible gracias a la seguridad que le proporciona el componente militar del PRT, que a su vez utiliza los Quick Impact Projects para ganarse los “corazones y las mentes” de las gentes mediante la mejora inmediata de su calidad de vida y haciéndoles poco atractiva la aventura terrorista. En esta simbiosis radica el éxito de nuestro PRT.

En línea con los principios de la Gobernabilidad, el Desarrollo y la Seguridad, España considera fundamental reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas[15] y de seguridad afganas de hacerse cargo de la seguridad, insistir a las autoridades de Kabul para que mejoren la Gobernabilidad del país, erradicando la corrupción y la inoperancia, y proseguir con las labores de cooperación para llevar la reconstrucción y el desarrollo a todo el país.

Conclusiones: En el contexto geoestratégico actual, el terrorismo sigue siendo una de las principales amenazas a la forma de vida de las sociedades democráticas. Será mediante la adopción de una serie de medidas interdependientes, en el marco del concepto amplio de la seguridad y defensa, como mejor se contribuirá a asegurar la estabilidad y la prosperidad de las zonas de conflicto, cuna de la actividad terrorista. Por ello, la respuesta a la amenaza terrorista transnacional se debe concebir desde una óptica multilateral, multinacional y multifuncional.

La forma que tienen las Fuerzas Armadas de colaborar en la lucha contra el terrorismo endógeno es mediante el apoyo a las FCSE y en el ámbito de la inteligencia. Contra el terrorismo exógeno actuamos en terreno de la inteligencia y en el marco de las operaciones internacionales de seguridad y estabilización, al amparo de la Carta de las Naciones Unidas.

En el caso particular de Afganistán, el éxito requiere de una estrategia coordinada y una visión unificadora del esfuerzo internacional, de forma que el terrorismo no encuentre en ese país asiático el apoyo desesperado e incondicional de sus gentes.

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Notas:

[1] La definición y tipología de terrorismo es objeto de numerosas interpretaciones. La ONU no ha sido capaz de alcanzar una definición de consenso, pese a las innumerables resoluciones de condena de las acciones terroristas. Una definición bastante amplia de terrorismo es la que da el Instituto Estratégico de Londres, definiéndolo como “el uso de la violencia dirigido hacia personas que no participan directamente de un conflicto, por parte de grupos que operan clandestinamente, que declaran tener objetivos políticos o religiosos, y consideran que crear un clima de terror les ayudará a conseguirlo. El terrorismo así entendido es una actividad ajena a los gobiernos, pero en algunos casos hay movimientos terroristas que pueden recibir de ellos cierto apoyo clandestino” (Defining Terrorism. Focussing on the Targets).

[2] Publicado en noviembre de 2008 por el US National Intelligence Council.

[3] Publicado en 2006 por el European Union Institute for Security Studies.

[4] Adoptada por el Consejo de la UE en noviembre de 2005 tras los atentados de Madrid (2004) y Londres (2005).

[5] Ley Orgánica sobre Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar de 1980, modificada parcialmente en 1984.

[6] Ley Orgánica de la Defensa Nacional, artículo 16.c).

[7] Ibid., artículo 16.d).

[8] Presentada por la ministra de Defensa el 25 de noviembre de 2008 ante la Comisión de Defensa del Congreso, y el 15 de diciembre en la reunión del Consejo de Defensa Nacional presidido por S.M. el Rey. La Directiva fue firmada por el presidente del Gobierno el 30 de diciembre de 2008.

[9] Directiva de Defensa Nacional, directriz f.

[10] Ibid., directriz h.

[11] Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, artículo 1.4.

[12] Ibid., artículo 2.3.

[13] Desde Mauritania hasta Filipinas casi todos los países musulmanes han padecido el fenómeno terrorista yihadista.

[14] Amplias zonas de Eurasia, Asia Central, Iberoamérica y África Subsahariana –con la excepción de Kenia–.

[15] Actualmente, el ANA participa en casi el 80% de las operaciones contra la insurgencia de ISAF, y siete de sus batallones operan de forma completamente autónoma sin ayuda internacional.

Los grandes ejércitos nacionales son el resultado de la suma de sus unidades. De ellas heredan elementos esenciales a la función militar, como son el orgullo, el valor, la solidaridad, el sentimiento de pertenecer a algo que está por encima de la experiencia de una generación y que representa todo aquello que justifica la característica fundamental de un soldado: su disposición a ofrecer su vida. De ahí que el tiempo juegue a favor de las Fuerzas Armadas en aquellas sociedades que las han comprendido y han sabido administrarlas a lo largo de siglos.

Para cualquier estudioso o aficionado al estudio de la historia militar los regimientos británicos son un modelo de integración social. Durante cientos de años han sido una institución perfectamente incardinada en su entorno social y geográfico. Por cada uno de ellos han pasado generaciones de una misma familia hasta el punto de ser uno de esos ejes que dotan de identidad a un apellido. Experiencias históricas fundamentales, como las dos guerra mundiales, han sido vividas y recreadas por miles de personas a través de un determinado regimiento al que se sienten y sentirán unidos. Todos son británicos, todos aman a su país, pero el supremo sacrificio lo hacen a través de algo próximo y concreto, una institución vinculada a su familia, a los suyos, por siglos.

España es uno de los estados más antiguos de Occidente, pero también es uno de los que peor ha gestionado sus ejércitos. Tras la Guerra Civil se llevó a cabo una reorganización en clave centralizadora y racionalista que se llevó por delante unidades centenarias que dotaban de continuidad la historia nacional desde los tiempos del Imperio. Eran días de nacionalismo encendido, un sentimiento que a menudo confunde la razón y se lleva por delante el sentido común. Como si el pasado no tuviera más función que la de dar sentido a la Historia se partió casi de cero, equiparando a España con una nación recién descolonizada y forzada a diseñar desde la nada unas Fuerzas Armadas. No es de extrañar que nuestras unidades más laureadas sean los tabores de regulares y los tercios legionarios, creaciones del siglo XX.

Una gran nación se distingue, entre otras cosas, por el respeto a sus viejas instituciones, aunque sólo sea porque han demostrado su utilidad a lo largo del tiempo. Frente al vicio de reorganizar está la virtud de reformar y adaptar lo justo; frente a la soberbia de la razón está la inteligencia de respetar la experiencia. Mal están los errores que cometimos en el pasado, pero peor es insistir en ellos.

Las necesidades militares del Imperio llevaron al Emperador Carlos, en 1537, a adoptar una medida revolucionaria: asignar de forma permanente Tercios de Infantería Española a su Real Armada. Había nacido la Infantería de Marina. Desde entonces, los infantes de marina han intervenido en todos los océanos. En un tiempo en que el despliegue por mar era la alternativa más rápida, se intentaba dotar a nuestros almirantes de una fuerza terrestre que defendiera los buques, luchara en el abordaje, proyectara el poder naval y controlara la situación hasta la llegada de las fuerzas terrestres. En términos modernos hablaríamos de unidades de despliegue rápido y de choque, entrenadas para ocupar terreno hasta la incorporación al teatro de operaciones de otras más pesadas del Ejército de Tierra. Eran tropas, pero Armada. Mantenían su propia personalidad y mandos, pero su operatividad quedaba determinada por el despliegue naval.

La idea cuajó y hoy todos los grandes y medianos Estados tienen unidades de Infantería de Marina. La excepción es Estados Unidos, que entendió la diferencia entre circunstancia y función y optó por dotar a los Marines de la condición de Ejército. El maridaje Infantería-Armada era sólo una circunstancia temporal, la que convirtió a la segunda en el medio de trasporte más rápido durante un tiempo. Lo esencial de los Marines es su vocación de fuerza de proyección y choque, dotados por lo tanto de la potencia y el entrenamiento específico que les prepara para conformar una unidad inevitablemente elitista. A nadie ha sorprendido en Estados Unidos que hayan solicitado, a través de sus mandos, la retirada de sus unidades en Iraq para ser de inmediato desplegadas en Afganistán. El argumento es obvio, en Iraq se controla el territorio mientras que en Afganistán se combate. Cuando la Fuerza es escasa y los retos de seguridad pasan por el continuo envío de destacamentos militares a miles de kilómetros de distancia las unidades de infantería de marina resultan particularmente adecuadas.

España, sin embargo, es la excepción. El 27 de febrero se celebró el 472 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, el primero de la Historia, y lo hicimos bajo el efecto de la Orden de Defensa 3771/2008 de 10 de Diciembre, que establece que la Fuerza de Infantería de Marina, con el Comandante General del Cuerpo a la cabeza, pase a depender del Almirante de la Flota. Una Orden que rectifica el RD 912/2002, que desarrollaba la estructura orgánica básica de los Ejércitos y establecía que la Comandancia General del Cuerpo se integraría en el Cuartel General de la Armada al tiempo que el Comandante General dependería del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. De Cuerpo ha pasado a Fuerza, de depender del Jefe del Estado Mayor al Almirante de la Flota. La Infantería de Marina pierde su carácter orgánico dentro de la Armada y queda desprovista de su entidad institucional, que es lo que se viene conmemorando desde 1537. En estas nuevas circunstancias ¿podrá la Brigada de Infantería de Marina conservar sus valores específicos y mantener la calidad de su fuerza de combate?

La pérdida del carácter orgánico de la Infantería de Marina daña una vieja, solvente y elitista institución militar. Y lo hace cuando nuestro entorno evoluciona en el sentido contrario. A lo largo de la historia hemos podido observar cómo prolongados períodos de paz provocan en la clase política y en los propios mandos militares una pérdida de sentido de la realidad. Paulatinamente, se van imponiendo actitudes burocráticas mientras se minusvalora el peso de instituciones de raigambre centenaria.

Para nuestros gobernantes, que «prefieren morir que matar», que hacen gala de pacifismo y no ocultan su voluntad de convertir las FF.AA. en una ONG, estos temas carecen de interés y, desde luego, no está en su ánimo reivindicar unidades que se caracterizan por su disposición al combate.

Es evidente que la situación de nuestra Infantería de Marina no es, ni mucho menos, el mayor de nuestros problemas. Sin embargo, la evolución que está sufriendo es un síntoma más de esa crisis del Estado que caracteriza nuestra situación presente. La descomposición a la que nos lleva la deriva radical del régimen autonómico va en paralelo a la evolución de nuestros Ejércitos hacia algo que no tiene mucho que ver con su naturaleza. Ambos procesos son resultado de una crisis de valores, de la pérdida del sentido de la realidad. Podemos rectificar o avanzar con decisión por el callejón sin salida en el que libremente nos hemos metido. En el caso del Cuerpo de Infantería de Marina, rectificar es fácil.

De allí partieron en su último viaje. El último pedazo de tierra que pisaron estaba muy lejos de su país. Subieron a un avión del que algunos ya habían expresado a sus familiares sus temores, a pesar de sus abundantes horas de vuelo y su capacidad de sacrificio. Quienes hemos viajado con frecuencia a esos lugares evitábamos siempre esos aviones de fabricación soviética, los yakovlev, tupovlev, etcétera. Ellos no podían elegir. Eran militares. El Yak-42 despegaría para siempre de Bhisket hace ya seis años, hasta llegar a nunca jamás.
Kirguistán es uno de los cinco países ex soviéticos que integran Asia Central. Es ahora noticia por lo que supone la pérdida de la última base militar utilizada por Estados Unidos en esa inmensa región para apoyar a sus acciones en Afganistán. Tras los atentados del 11-S del 2001 en Nueva York, una de las reacciones de George Bush fue invadir Afganistán en la operación Libertad Duradera. Buscaban a Osama bin Laden y pretendían derrocar a los fanáticos talibanes que ellos mismos antes habían apoyado y armado para expulsar a los invasores soviéticos. Tuvieron el respaldo militar de muchas estados aliados.

POLÍTICAMENTE, todos bendecirían la acción. Incluso la Rusia de entonces que, al tiempo, estaba desplegando una acción muy represora en Chechenia. Les venía muy bien el todo vale norteamericano contra el terrorismo para seguir aniquilando ellos a los separatistas caucásicos. Para la invasión y guerra que desde entonces se vive allí, además del apoyo político y logístico de Pakistán, era necesario que desde otro flanco también las tropas pudieran tener bases de apoyo. En aquel tiempo, apenas 12 años después de desmantelarse la URSS, EEUU tendría todas las facilidades. Dos lugares estratégicos para su Ejército eran las bases que permitirían utilizar Uzbekistán y Kirguistán, antaño ruta de la seda, hoy de la droga. El primero, frontera con Afganistán, es una nación con gran historia donde está la mítica Samarcanda y otras ciudades aún más bellas, como Khiba y Bukhara. El despotismo y la represión causaron en el 2006 una matanza de casi 1.000 personas. Las condenas occidentales provocaron en el dictador Karimov el repliegue y la expulsión de EEUU de la base que le permitía, hasta entonces, utilizar Uzbekistán.
Solo quedaba, pues, la base de Manás situada en la capital de Kirguizistán. En ella, junto a las tropas yanquis, hay un contingente de 60 españoles. Hacen labores de apoyo a los compatriotas que están en el país afgano. Ahora han de volver. Kirguistán, un país con abundantes y bellas montañas, ha decidido que el Ejército norteamericano debe marcharse. Otra dificultad más en los polvorines que Bush le ha dejado a su sucesor. Tras el progresivo abandono de Irak, la nueva Administración de Barack Obama se centrará en el avispero de Afganistán, aunque parece que allí puede haber un cambio de estrategia. La creciente influencia rusa en todo el espacio soviético, una vez recuperada tras evaporarse la URSS, ha sido determinante en esa expulsión.
De allí han de volver nuestros militares que, en turnos de pocos meses, rotaban. Algunos nunca volvieron. En mayo del 2003, 62 militares españoles fueron embarcados en ese avión de fabricación ucraniana. Horas después, la aeronave se estrellaba en Turquía. El cierre de la base de Manás requiere un recuerdo para ellos.
Allí estuve en dos ocasiones visitando a las tropas españolas en unas condiciones de seguridad casi bélicas administradas por las autoridades norteamericanas. Junto a la entereza y sacrificio de nuestros militares, recordaré siempre lo que allí vi. Hicimos una ofrenda en recuerdo de quienes ocuparon el avión que tendría como destino la muerte. Fue una gran sorpresa que la placa conmemorativa de ellos estuviese escrita en inglés: “To the brothers and sisters…“. Pregunté el motivo, y se me dijo que había sido colocada por EEUU. Desde aquí, además de muertos, olvidados. Al regresar a España, comenté este hecho con algunas personas del ámbito político. Dos años y medio después, en diciembre del 2007, volví al país kirguiz de nuevo como observador internacional de la OSCE. Una vez más quise rendir homenaje a nuestros militares. La placa única seguía allí sola, colocada sobre la misma roca. Pude de nuevo echar en falta que no hubiera en español un recuerdo semejante. Junto a la emoción, volví a sentir pena.

EN 180 DÍAS el Ejército norteamericano debe abandonar Manás. Con ellos lo hará también el contingente español. Seguirán atendiendo a los compromisos internacionales de apoyo a nuestro aliado. Los militares no deben expresar sus temores o sus dudas. Así, tal vez ellos piensen que están allí en misión de paz en lucha contra el terrorismo internacional. Muchos civiles tenemos dudas sobre su utilidad, dada la inmensa complejidad orográfica del país afgano. En cualquier caso, desde sus planteamientos militares, ellos actúan guiados por la profesionalidad, la abnegación y el sacrificio que les caracteriza.
Cuando regresen de Kirguistán, que traigan la placa. Que sirva para mantener vivo el recuerdo de nuestros muertos. Tal vez la Ministra de Defensa, Carme Chacón, quiera rendirles honores a ellos y a sus familiares haciendo que esa placa, escrita en inglés, quede, junto a su memoria, en un lugar digno, aquí en España.

Querido J:

Avisó el amable general Laguna de que este viernes el Consejo de Ministros aprobaría las nuevas ordenanzas de las Fuerzas Armadas españolas. Días antes habíamos tenido una larga conversación sobre las viejas. Mi interés por ellas, impulsadas con valor y conocimiento, en la dura Transición, por el general Gutiérrez Mellado, arrancaba de los numerosos escritos que el columnista Aguilar les había dedicado, glosando siempre su calidad literaria.Es cierto: las ordenanzas de 1978 que ayer acabaron tienen un gran estilo. El gran estilo de los códigos que Stendhal quería para la prosa, y el gran estilo de sus predecesoras, las Ordenanzas de Carlos III, que deben ser consideradas un producto más de la Ilustración. En este caso, además, se trata de una Ilustración y de una prosa estrictamente españolas porque ni en Inglaterra ni en Francia, ni en otros países cercanos existe esa suerte de Constitución militar que se ocupa de cuestiones técnicas, logísticas o éticas y que desprende una profunda convicción de que el Ejército es, en sí mismo, al margen del territorio concreto donde se instale y de los ciudadanos concretos a los que sirva, una nación moral. En el XVIII se escribe una parte de la mejor prosa española, sea en las cartas de Cadalso, los diarios de Jovellanos o en anónimos informes de ingenieros fluviales. Es justo decir que las ordenanzas hasta ayer vigentes se situaban en esta magnífica estela. Tuvieron una vida muy larga. Baste decir que los legisladores de 1978 tuvieron que introducir en su texto nociones tan vastas y potentes como «patria», «mujer», «derechos humanos» o «Ejército nacional» (por oposición a «Ejércitos reales»).

El cambio de ordenanzas me parece una operación discutible. El general Laguna, que fue un destacado ponente en 1978 y que no ha participado ahora en la nueva redacción, dice que también ahora hay asuntos que ya no podían contemplar las viejas ordenanzas: «En el 78 no había mujeres, el servicio militar era obligatorio, no había militares profesionales ni tampoco operaciones de paz».Es cierto. También lo es que las nuevas ordenanzas ofrecen un agradable tono laico respecto a la religión de la patria. Prefiero, por ejemplo, que hayan sustituido el verbo venerar por el de respetar. La bandera. Y convendría también haber sido algo más cuidadosos con la propaganda. Se ha dicho, con batir de tambores, que las nuevas ordenanzas precisan el concepto de obediencia debida. No es una medalla que se deban colgar. El concepto fue una heroicidad ya muy precisada que cabe atribuir a a los redactores de 1978. En primer lugar, al general Gutiérrez Mellado. Luego, al general Francisco Martínez de Galinsoga, el presidente de la comisión redactora; al general Laguna, que trabajó muy a fondo y con una gran elegancia el Título II y su caracterización del militar, y al general Baquer, prototipo del militar escritor (y responsable de la llamativa Asociación Española de Militares Escritores).

El concepto de obediencia debida estaba descrito en las ordenanzas de Carlos III de una manera muy bella y muy laxa. Ideal para el siglo XIX que advino: Art. 9: «Todo oficial en su puesto será responsable de la vigilancia de su Tropa en él; del exacto cumplimiento de las órdenes particulares que tuviere, y de las generales que explica la Ordenanza, como de tomar, en todos los accidentes y ocurrencias que no le estén prevenidas, el partido correspondiente a su situación, caso y objeto, debiendo en los lances dudosos elegir el más digno de su espíritu y honor». El siglo XIX estuvo lleno de lances dudosos, hasta el punto de poner gravemente en duda el proyecto de Estado español, con las consecuencias de todo punto conocidas y sufridas. De ahí que el general Martínez de Galinsoga (pariente del antiguo director de La Vanguardia Española, pero con prosa mejorada) precisara: «Era la primera vez en que se declaraba que la disciplina, que obliga a todos por igual, tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la norma suprema del Estado -la Constitución- a la que la institución militar está subordinada». Todo el proceso de redacción de las Ordenanzas de 1978 giró en torno al concepto de obediencia. En especial el transparente artículo 34: «Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión».

Fueron principios de este tipo expuestos sin contemplaciones los que provocaron la furibunda reacción ante el proceso que se desató en algunas guarniciones militares (que se negaron, despreciándolo, a estudiar y a opinar sobre el texto) y en algunos periódicos que recogían cíclicamente la irritación de los militares derechistas. Como de costumbre en la Transición, no fue fácil escribir esa prosa ni promulgarla. Ni fue fácil ni inútil: las condenas del 23 de febrero hubieran sido más improbables de no haber mediado en las ordenanzas el benéfico artículo 34. Insistir hoy en el concepto de obediencia debida, con esa prosa y esos antecedentes, se parece demasiado al toreo de salón.

Pero yo detecto en el cambio un pecado de lesa prosa. Las nuevas ordenanzas trocean y llevan de aquí para allá, resumiendo, suprimiendo o transformando un cuerpo literario perfectamente estructurado.Observa este claro ejemplo de mutilación que convierte una elegante observación crítica sobre la rigidez de la milicia en una banalidad de mercadotecnia new age. Decía el artículo 194: «Tratará de adquirir con dedicación y esfuerzo la mayor competencia profesional y aplicará la doctrina, reglamentos y procedimientos vigentes sin coartar las fuentes de la intuición y la imaginación, origen frecuente de resoluciones afortunadas». Y dice ahora: «La condición esencial del que ejerce el mando es su capacidad para decidir.Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados.Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará con creatividad sin coartar la intuición y la imaginación». Actuará con creatividad. Como si la creatividad pudiera ser componente de la acción misma y no su hipotético resultado.

Supongo que a pesar de su aprobación por el Consejo de Ministros aún habrá tiempo para corregir algunos atropellos léxicos. Sería de agradecer que se resolviera la sorprendente incrustación de «violencia de género» entre el fulgor de una prosa que, aun troceada y desposeída, no deja de resolverse contra tamaña violencia de género, número y moral gramática: «Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención y sanción de la violencia de género.En su comportamiento, en todas las situaciones y circunstancias, tendrá muy presente este principio».

Al cabo, amigo mío, las nuevas ordenanzas militares habrán rendido obediencia debida a los que acabarán siendo los rasgos vertebrales de la era del presidente Zapatero. La degradación de la prosa.Y un vicioso adanismo.

Sigue con salud.

A.

El objetivo de este trabajo es analizar, dentro del ámbito de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe o emergencia, las funciones como organismo de Protección Civil, como unidad militar y como posible instrumento de la acción exterior del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ello permitirá conocer los puntos fuertes y débiles, las ventajas y los inconvenientes que ha tenido la creación de esta Unidad Militar de Emergencias, así como la posibilidad de que pudiera intervenir en emergencias o catástrofes en el extranjero, de forma individual o en el marco de una organización internacional (la UE en particular).

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En los últimos tiempos es habitual la coincidencia en el terreno de agencias civiles y fuerzas militares en operaciones humanitarias, especialmente tras desastres naturales graves como el tsunami que arrasó las costas del Océano Índico en 2004. Una coincidencia que plantea cuestiones de coordinación, de uso efectivo de medios militares, de respeto a los principios humanitarios, etc. Las Fuerzas Armadas (FAS) españolas han participado de esta tendencia, al igual que las de los países de nuestro entorno. Este informe examina los marcos (nacionales e internacionales) relevantes para la participación militar en la asistencia ante desastres naturales graves, así como las lecciones y conclusiones de casos como el mencionado tsunami o el terremoto de Pakistán de 2005. Incluye, además, una serie de propuestas específicas para el sistema español de ayuda humanitaria de emergencia destinadas, por un lado, a incorporar en la toma de decisiones las directrices internacionales y las lecciones aprendidas y, por otro, a mejorar la coordinación con las FAS en España y en el
terreno de operaciones.

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Tema: La elaboración de varias estrategias nacionales de seguridad en Europa ofrece algunas pautas para la elaboración de una Estrategia de Seguridad Nacional en España

Resumen: Desde 2007, se han ido elaborando y haciéndose públicas las estrategias de seguridad nacional de los Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la última en junio de 2008, la de Francia. Su aparición obedece a la necesidad de actualizar el modelo de seguridad que los Estados avanzados vienen prestando a sus sociedades y es novedosa porque los Gobiernos europeos nunca habían puesto por escrito su percepción de los problemas de seguridad. Algunos disponían de libros blancos de defensa o de seguridad interior pero hasta ahora no se habían decidido a emular la tradición estadounidense ni el precedente de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003.

En España, y durante 2008, han manifestado su intención de elaborarla el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, en sus primeras comparecencias ante las comisiones parlamentarias correspondientes. En las vísperas de la elaboración de una estrategia de seguridad nacional en España, este ARI elabora una posible hoja de ruta a seguir a la luz de las experiencias europeas previas. En él se analizan las razones que justifican su elaboración, los conceptos de seguridad nacional que se definen, los órganos que se crean para hacerla posible y el procedimiento de elaboración a seguir con vistas a que el proceso español pueda aprovecharse de la experiencia ajena para transitar con paso resuelto hacia su primera estrategia de seguridad nacional.

Análisis: En los últimos dos años, algunos de nuestros aliados, como EEUU, los Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Francia han elaborado estrategias de seguridad nacional (ESN) que les permitan reorganizar los instrumentos y procedimientos de los que disponen sus Gobiernos para afrontar los nuevos riesgos de seguridad que acechan a sus sociedades. Su elaboración ha venido impuesta por la necesidad de afrontar una reforma estructural de los conceptos, funciones y las organizaciones relacionadas con la seguridad tras intentar sin éxito adaptaciones parciales.

Hasta prácticamente la última década del último siglo, se mantuvo una diferenciación de las fuentes de riesgo: las internas, que afectaban a la seguridad individual de ciudadanos y propiedades individuales, y las externas, que amenazaban a la supervivencia del propio Estado. Esa dicotomía se traducía en una separación nítida entre las dimensiones exterior e interior de la seguridad. La globalización puso a prueba este reparto de funciones esponjando las fronteras, con lo que la delincuencia se aprovechó rápidamente de las oportunidades que abría la libertad de movimientos de capitales, personas y mercancías, y multiplicando la interdependencia entre los Estados. La combinación de la internacionalización de la seguridad con la internalización de la defensa comenzó a borrar la separación entre la seguridad interior y la exterior, entre la política de defensa y la de interior, entre lo público y lo privado, creando una seguridad lineal, un continuo de seguridad, en el que se incorporaron nuevos problemas (“segurización”). Como resultado, la inseguridad se fue desplazando a un espacio nuevo e intermedio entre la defensa y la seguridad ciudadana donde comenzaron a alojarse riesgos de difícil respuesta como el crimen organizado, los tráficos ilícitos, la proliferación, las bandas urbanas, los conflictos étnicos, los deterioros medioambientales y el desmoronamiento de los Estados frágiles, entre otros.

Para hacer frente a estos nuevos riesgos se ensayaron ajustes parciales pero no han sido suficientes. Los responsables de Defensa comenzaron a aligerar sus conceptos complejos de defensa nacional y abrirse a los aspectos más diplomáticos de la cooperación internacional como el control de armamento, el desarme o la asistencia internacional, mientras que los aspectos militares se reconducían a las misiones internacionales de apoyo a la paz. Los responsables de Interior se abrieron a la cooperación internacional y crearon nuevos foros de seguridad donde socializar su interdependencia en materia policial, aduanera, policial y de inteligencia. También han combinado ocasionalmente sus capacidades recurriendo a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia para apoyar a las fuerzas policiales en los grandes acontecimientos deportivos, la protección de las cumbres internacionales o el control de tráficos ilícitos, mientras que fuerzas policiales han salido al extranjero a prestar asistencia o estabilidad.

La respuesta a los cambios se ha encontrado con varios problemas estructurales. El primero es de conocimiento, porque se trata de fenómenos recientes de los que se sabe poco sobre sus causas, dinámica y efectos para hacerles frente y que, además, evolucionan de forma acelerada. El segundo es de complejidad, porque cada fenómeno presenta varias dimensiones de riesgo que frecuentemente interactúan entre sí. A estos riesgos multidimensionales como las pandemias, el tráfico de seres humanos o la proliferación nuclear resulta difícil hacerles frente desde una sola política o Ministerio. Tomando como ejemplo el terrorismo internacional, sus actividades puramente terroristas se combinan con otras delictivas como la proliferación, la inmigración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia callejera y el blanqueo de dinero, por lo que se precisa un enfoque multidimensional de la respuesta para evitar la dispersión de esfuerzos. El tercero es de medios, porque la globalización ha ido recortando también la superioridad y eficacia de los instrumentos tradicionales de los Estados. Algunos instrumentos como, por ejemplo, el militar, ya no sirven para disuadir a posibles agresores como antes o no son suficientes para hacer frente a problemas como el terrorismo. Los Estados siguen disponiendo de instrumentos para responder a los nuevos riesgos pero deben utilizarlos de distinto modo y combinarlos de forma que sean efectivos frente a nuevos actores individuales, grupos criminales, bandas urbanas, grupos terroristas, movimientos insurgentes, señores o niños de la guerra, rogue states con capacidad y recursos y voluntad para desafiar impunemente el Estado de Derecho o el orden internacional que deben proteger los Gobiernos.

La constatación de que la seguridad de las sociedades avanzadas ha entrado en un tiempo nuevo, cualitativamente distinto del anterior y que precisa cambios estructurales, ha llevado a los Gobiernos más preocupados por la seguridad a plantearse una reestructuración de su papel en la nueva situación. Siguiendo la estela de EEUU y de la UE, los Gobiernos europeos con mayor tradición estratégica se han lanzado a una reflexión sobre el tipo de seguridad que deben ofrecer y a ponerla por escrito para que todos los implicados conozcan el alcance del nuevo contrato social entre Estados y sociedades. En abril de 2007 apareció la estrategia de seguridad nacional holandesa: Strategie nationale veiligheid. En marzo de 2008 el Reino Unido publicó su primera estrategia de seguridad nacional: The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an Interdependent World. En mayo de 2008, el grupo parlamentario de la CDU/CSU presentó su propuesta Sicherheitsstrategie f?r Deutchland que no alcanzó el consenso necesario para convertirse en una estrategia de seguridad nacional, algo que sí logró en Francia con su Défense et Sécurité National. Le Livre Blanc.

La seguridad nacional: conceptos y estrategias

Las ESN describen la visión que cada Gobierno tiene de los riesgos y amenazas que acechan a su sociedad y la forma en la que piensan proporcionar seguridad al Estado y a sus ciudadanos. Las ESN contienen, al menos, un concepto de seguridad nacional, una valoración de los problemas de seguridad que la afectan, los instrumentos con los que se cuenta y las medidas que se deben adoptar. Cada estrategia de las aparecidas tiene sus matices particulares pero presentan unos conceptos y unos contenidos con rasgos comunes.

Primero, la seguridad nacional emerge como un concepto superior que desplaza a otros conceptos, como la defensa nacional o la seguridad interior, del centro de la atención gubernamental. El objeto de la seguridad nacional es la protección de los ciudadanos por el Estado frente a graves riesgos colectivos, se deriven éstos de acciones intencionadas (terrorismo internacional, crimen organizado, proliferación, conflictos internacionales, armas de destrucción masiva, agresiones de Estados) o de emergencias de origen natural o humano (pandemias, infraestructuras críticas, crisis financieras, materias primas, migraciones, daños ecológicos). La protección ya no incluye sólo el catálogo de manifestaciones posibles de los riesgos (trends), como ocurría hasta ahora, sino también de los fenómenos (drivers) que los provocan o agravan (globalización, cambio climático, competición por energía, pobreza, desigual o mala gobernanza, riesgos demográficos) y los riesgos poco probables (wild cards, black swans, unknown unknowns, sorpresas estratégicas) pero que pueden causar daños irreparables a las sociedades avanzadas. La seguridad nacional amplía ahora el espacio temporal de la actuación gubernamental porque no sólo debe responder a los riesgos cuando se manifiestan (reacción) sino que debe anticiparse a ellos y sus causas (prevención) y sobreponerse a sus efectos (recuperación).

Los conceptos europeos de seguridad nacional presentan rasgos comunes: comparten el carácter comprehensivo (todas las dimensiones de riesgo) y la continuidad en la función (sin separación entre las dimensiones externa e interna), en el tiempo (ampliando la protección desde la reacción hacia la prevención, la anticipación y la recuperación) y en la gestión (pasando de la coordinación a la integración). También coinciden en el ámbito de protección: población, sociedad y territorio con algunas variaciones menores (en el caso francés la contribución a la seguridad internacional y los valores republicanos).

Las ESN parten de un análisis, más o menos exhaustivo, de los riesgos que afectan al concepto de seguridad adoptado a largo, medio y corto plazo. Los riesgos y los intereses afectados varían poco al tratarse de sociedades en estadios de seguridad similares. En los Países Bajos, los intereses vitales a proteger son la seguridad territorial (frente al riesgo de un ataque o su amenaza en territorio holandés como un atentado con medios de destrucción masiva), la seguridad económica (frente la riesgo de interrupción de los flujos comerciales), la seguridad ecológica (desde un desastre medioambiental a la contaminación del agua), la seguridad física (ruptura de una presa o una epidemia) y la estabilidad política y social (por tensiones sociales). Los análisis evalúan los riesgos que, aislados o combinados, son capaces de afectar a lo que la estrategia finlandesa denomina “funciones vitales”. En la estrategia alemana, los riesgos a prevenir son el terrorismo, la proliferación, los conflictos en Estados frágiles, el suministro de materias primas y los efectos del cambio climático. La estrategia británica comparte los tres primeros puntos de la alemana, pero luego añade las emergencias civiles y los riesgos patrocinados por Estados hostiles. Francia señala al terrorismo, la proliferación, los ataques a los sistemas informáticos, el espionaje, los grandes tráficos criminales, epidemias y emergencias naturales. La tipología de riesgos se ve agravada por unos factores (drivers) que actúan sobre ellos (Francia señala, entre otros, la globalización, las violencia no estatal, los conflictos “congelados” y el declive de las potencias occidentales; el Reino Unido apunta a la pobreza, la desigualdad, el mal gobierno, las carencias del sistema internacional y la competición por la energía, entre otros) e, incluso, los casos poco probables pero más peligrosos (por ejemplo, el Gobierno británico considera que ya no se puede seguir contando con el tabú nuclear que restringía su uso por miedo a las contraindicaciones).

En función de la valoración, las ESN establecen las respuestas a adoptar: qué se necesita hacer y los instrumentos que se deben aplicar. Por ejemplo, y en relación con la lucha contra el crimen organizado transnacional como un riesgo, la estrategia británica de seguridad nacional describe lo que se está haciendo: la estrategia seguida contra el terrorismo (Counter–Terrorism Strategy, Contest desde 2006), las agencias creadas, una contra el crimen organizado y otra de fronteras (Serious Organised Crime Agency y UK Border Agency, respectivamente) y lo que se va a hacer en cooperación con terceros, entre agencias nacionales para respaldar la lucha. También pueden redistribuir las responsabilidades entre los ministerios y agencias. Como ejemplo, la estrategia francesa asigna al Ministerio del Interior, además de la seguridad interior que afecta a personas y bienes individuales, la seguridad (protección) civil, el resguardo del sector económico, la gestión de crisis en el territorio nacional en coordinación con las autoridades departamentales, el control de todas las fuerzas de seguridad incluida la Gendarmería, la creación de nuevos órganos de información, previsión y operativos para centralizar e integrar sus funciones. También apuntan qué ámbitos de acción se reservan los Estados y cuáles comparten bilateral o multilateralmente con otros Estados o con nuevos actores privados y subestatales.

Todas las ESN articulan la relación entre objetivos y medios. Las ESN no pueden bajar al detalle desagregado de los medios necesarios pero sí que ofrecen el marco genérico de recursos disponibles para llevar a cabo las estrategias. Mientras la estrategia francesa se ha elaborado con un techo presupuestario del 2% del PNB para la defensa militar y la inversión de 300–400 millones de euros para el Ministerio del Interior durante los próximos cinco años, la británica prevé pasar, por ejemplo, de 2,5 millones de libras anuales de presupuesto para la inteligencia y el contraterrorismo a 3,5 millones en 2010/11. Los holandeses no cuentan con previsión presupuestaria pero la estrategia puso en marcha un programa de trabajo para evaluar las necesidades. También se encuentran medidas para potenciar la disponibilidad de una base de investigación, tecnológica e industrial asociada a la seguridad nacional, a desarrollar mecanismos de integración entre los nuevos actores para progresar en la cultura interagencias y a contar con los centros y programas de formación que nutran de conocimiento y expertos el nuevo sistema de seguridad.

La estructura de la estrategia puede ir desde lo más simple: elaborar sólo la estrategia de seguridad nacional, como han hecho los holandeses, británicos y alemanes, a lo más complejo, elaborar la estrategia y desarrollar alguna de sus dimensiones –la de defensa– como han hecho los franceses. No se crea una nueva política, la de seguridad, ni se amplían las de defensa o interior, pero todas las existentes deberán adaptarse a las orientaciones de la nueva metaestrategia en un proceso de ajuste de los instrumentos, competencias y recursos estatales al nuevo concepto. De este modo se consigue el efecto de integración porque la ESN sirve de guía y orientación al resto de las estrategias y políticas de la administración, alineando todos los planeamientos derivados y evitando duplicaciones, contradicciones o vacíos en las estrategias y políticas existentes desde el principio, en lugar de recurrir a la coordinación posterior como hasta ahora.

Para ello, las ESN ponen en marcha un proceso de revisión en cascada de las estrategias, organizaciones y procedimientos de actuación de cada uno de los actores diplomáticos, militares, policiales, de protección civil y de inteligencia, entre otros, implicados en la seguridad nacional. Las ESN también disponen qué órganos, normas o procedimientos deben crearse, suprimirse o modificarse como consecuencia de los cambios estructurales que establecen. Junto a estas medidas de acompañamiento, las ESN establecen previsiones regladas para su revisión periódica. Además, abren ese proceso futuro a la participación de nuevos actores políticos y sociales como el Parlamento, la sociedad y los expertos en su evaluación y revisión, de forma que sea posible alcanzar una cultura de seguridad.

Por lo tanto, las nuevas ESN van más allá de los cambios coyunturales y generan un proceso de cambio cualitativo sostenido en el tiempo. Su elaboración permite a los Gobiernos estudiar las distintas combinaciones y usos de los instrumentos disponibles por el Estado, racionalizando su empleo, evitando duplicaciones y generando sinergias y economías de escala, de forma que se potencie la coherencia y eficacia de las distintas políticas asociadas a la seguridad.

El proceso para la elaboración de una estrategia de seguridad nacional y los órganos necesarios para supervisarla

El proceso es especial en la medida en que las ESN son un producto nuevo para los Gobiernos europeos que refleja su voluntad de liderazgo. En todos los precedentes europeos, los procesos se han iniciado y liderado por los jefes de Gobierno sin delegarse en ningún ministerio o agencia subordinada. Su mandato incluye el responsable, individual o colectivo, de la elaboración; los participantes en el mismo, junto con los objetivos y el plazo de la estrategia. En los Países Bajos la estrategia se elaboró desde el Gobierno mediante un grupo de dirección y grupos de trabajo interministeriales. Un proceso similar al británico desde el gabinete del primer ministro. En Alemania, el proceso trató de arrancar a partir de una propuesta partidaria de la UDC/CSU. En Francia, el presidente abrió la participación al Parlamento y se encargó el proceso a una comisión independiente compuesta por representantes de la administración y de la sociedad civil.

En los procesos comparados han participado representantes de los órganos asesores de los jefes de Gobierno (gabinetes, presidencias), de los Ministerios de Exteriores, Defensa, Interior, Economía, Sanidad, Tecnología, Industria y otros órganos de la administración, expertos civiles y de administración a título individual y representantes parlamentarios. La elaboración ha transcurrido sin grandes complicaciones técnicas ni políticas porque se trata de cuestiones de Estado sobre las que existe un alto grado de consenso previo y porque las ESN sólo definen las líneas generales de la seguridad nacional sin entrar en los detalles que desarrollan posteriormente las estrategias y políticas derivadas que pueden ser más complejos y controvertidos. En esas condiciones, el tiempo necesario para elaborar una ESN es reducido, entre seis y 12 meses.

La presentación de la ESN es la parte final del proceso y su formalización en la sede parlamentaria o gubernamental está orientada a poner de largo una política pública de gran interés social. Su formato escrito revela la voluntad de compromiso del Gobierno con sus poblaciones y su capacidad para evaluar riesgos y respuestas de seguridad. El nuevo formato representa un paso más en la necesidad de que los Gobiernos rindan cuentas (accountability) concretando sus objetivos de gobierno por escrito y alejándose de la indefinición oral.

El cambio organizacional más significativo de las ESN es la creación de órganos de asesoramiento y supervisión en los entornos presidenciales. La elaboración de una ESN no tiene sentido en sí misma si no se acompaña de la voluntad de ejecutarla. Para ello, los jefes de Gobierno están apostando por la creación de órganos que refuercen sus capacidades de prospección (visión), de análisis (método) y de integración y supervisión (liderazgo) de todas las estrategias y políticas derivadas de la ESN en vigor. Hasta ahora, la gestión de los distintos aspectos de la seguridad se fragmentaba entre las distintas culturas y departamentos ministeriales de defensa, diplomacia, inteligencia, policía, judicial y otras. Posteriormente, se han creado órganos interministeriales de coordinación que han pasado de un país a otro como los centros conjuntos de análisis sobre el terrorismo, crimen organizado o protección de infraestructuras críticas que han tenido una pronta réplica en España (Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y Centro Nacional de Protección de Infraestructuras, respectivamente).

La integración es el nuevo enfoque porque la coordinación interministerial no ha sido suficiente y las nuevas ESN han tenido que admitir la necesidad de contar con formatos supraministeriales –como el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en Francia y el Comité sobre Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Desarrollo en el Reino Unido– para albergar las reuniones decisorias de los ministros del Gobierno junto con secretariados permanentes encargados de elaborar el diseño y supervisar la ejecución de las ESN. Los nuevos órganos no duplican ni prescinden de las capacidades ya existentes pero deben asegurar su sinergia mediante mecanismos de integración a priori, proporcionado directrices de orientación de las estrategias, objetivos y planeamientos derivados, y a posteriori, mediante órganos de supervisión que verifiquen su coherencia y eficacia. Los consejos de seguridad nacional no son órganos de coordinación interministerial, sino de integración supraministerial para lo que dependen directamente de los jefes de Gobierno.

Lecciones para el caso español

Las razones expuestas aconsejan –urgen– que España disponga de su estrategia de seguridad nacional y de un consejo de seguridad nacional en la Presidencia del Gobierno. Los últimos Gobiernos se han enfrentado a problemas de seguridad complejos, como el terrorismo internacional o la inmigración masiva, que han desbordado las capacidades ministeriales y han obligado al Gobierno a movilizar instrumentos y actores locales, regionales, estatales, internacionales, públicos y privados.

España no dispone de una cultura estratégica y no ha ejercido hasta ahora como actor estratégico, de ahí que los Gobiernos españoles no tengan ni la tradición, ni la obligación legal, de plasmar por escrito los objetivos y actuaciones de seguridad que se proponen desarrollar. En su lugar, cada ministerio y agencia expone sus proyectos sectoriales en comparecencias orales ante las Comisiones parlamentarias correspondientes sin un soporte documental que detalle sus evaluaciones, objetivos y estrategias. La presentación de una ESN, revisable cada vez que cambiaran sustancialmente sus circunstancias, serviría para enmarcar todas las estrategias derivadas, tal y como a partir de ahora se van a tener que ajustar cada una de las estrategias de defensa, interior, protección civil o la lucha contra el terrorismo británicas y francesas a las nuevas ESN.

La prospectiva y el análisis tampoco han sido el punto fuerte de la administración y ni siquiera la Presidencia del Gobierno dispone de un órgano que pueda encargarse de una gestión integral y permanente de la seguridad en los términos que señalan las tendencias. En su defecto, y para coordinarlos en su ejecución o para afrontar problemas sobrevenidos de dimensión interministerial, el Gobierno puede reunir coyunturalmente a algunos ministros u órganos, ninguno de ellos especializados en la gestión interministerial.[1] La coordinación interministerial se ha ensayado mediante las Comisiones Delegadas del Gobierno, el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo de Política Exterior y la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, pero ninguna de ellas dispone del nivel, la estructura y los procedimientos necesarios para ocuparse de forma permanente y eficaz de una seguridad nacional integrada. El presidente también cuenta con órganos especializados de gestión: el Departamento de Política Internacional y de Seguridad (DPIS) del Gabinete de la Presidencia para asesorarle en su agenda internacional, con la del Centro Nacional de Inteligencia para satisfacer sus necesidades concretas y con un Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis para apoyar la coordinación de los anteriores con un departamento específico, pero ninguno de ellos le da al presidente la capacidad necesaria para liderar de forma permanente la gestión de seguridad, tanto en su desarrollo ordinario como política pública, como en situaciones extraordinarias de crisis complejas.

El presidente del Gobierno, en su discurso de investidura del 8 de abril de 2008, anunció su intención de proponer una estrategia de seguridad nacional para mejorar la seguridad de la sociedad española. Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su comparecencia del 27 de mayo de 2008 ante la Comisión de Interior tras enunciar que la seguridad de la nación era la primera tarea del Estado, describió los nuevos riesgos de seguridad que generaban el crimen organizado, el terrorismo de ámbito internacional, los tráficos ilícitos, la proliferación de armas de destrucción masiva y las catástrofes medioambientales. Para afrontar las nuevas condiciones de seguridad, el ministro aseveró que el Gobierno se disponía a elaborar una estrategia de seguridad nacional, según había anticipado el presidente. Posteriormente, el 30 de junio de 2008, en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa, la ministra de Defensa Carme Chacón también manifestó su deseo de elaborar una estrategia integral de seguridad y defensa para hacer frente a los nuevos desafíos de la seguridad bajo los efectos de la globalización.

Expresada la disposición genérica, el siguiente paso a dar correspondería al presidente que, como sus homólogos europeos, debe emitir un mandato que fije los objetivos, plazos y metodología de elaboración de la ESN. Una lección aprendida de las experiencias europeas es que el proceso debe liderarse necesariamente desde la Presidencia del Gobierno porque se trata de un proceso que acerca la responsabilidad de la seguridad al nivel más alto del poder ejecutivo. Los niveles inferiores colaboran en el proceso pero no hay precedentes europeos de delegación en ninguno de esos niveles porque todas las ESN conllevan una redefinición de competencias y funciones y estas no pueden redefinirse por ninguno de los potenciales afectados o beneficiarios.

Ninguno de los ministerios mencionados cuenta con una estrategia propia (el Libro Blanco de 2000 y la Revisión Estratégica de 2003 en Defensa fueron experiencias aisladas sin sistematización posterior) por lo que parece lógico elaborar primero una ESN que oriente la elaboración posterior de las estrategias de Interior, Exteriores, Defensa, Cooperación y otras. Siempre será más fácil integrarlas desde su génesis que tener que coordinarlas o reconvertirlas después (el gabinete holandés aprobó su estrategia junto con un programa de trabajo para desarrollarla).

Este proceso presenta retos y oportunidades. Las directivas de defensa nacional se han venido quejando de la necesidad de crear una cultura de defensa. Esa misma carencia se podría atribuir a otras áreas de la seguridad y, en general, a las políticas y cuestiones de Estado. La pérdida de fuerza del sentido de Estado es un efecto colateral del proceso de globalización que ha obligado a los Estados a transferir el ejercicio de competencias a instancias internacionales y subestatales. Sin embargo, la nueva situación de seguridad invierte esa tendencia y refuerza la utilidad de los Estados porque ni las organizaciones internacionales ni las regionales pueden ofrecer a los ciudadanos la protección que les brindan ellos frente a la inseguridad actual, con el consiguiente refuerzo de la identificación entre los ciudadanos y sus Estados. La sistematización de debates entre administraciones, partidos, grupos sociales y expertos a propósito de la seguridad nacional es una oportunidad única para fomentar la cultura de seguridad.

Otra oportunidad y reto es el de la racionalización del sector de la seguridad. Ante un hecho nuevo como la seguridad en el nuevo contexto, las ESN representan una oportunidad de racionalización de competencias que se distribuyeron sobre unas bases de riesgos y funciones distintas de las actuales. Las nuevas ESN europeas fomentan la racionalización de las competencias y funciones de las distintas administraciones estatales y subestatales, públicas y privadas desde la lógica de la integración frente a los nuevos riesgos. La seguridad nacional, como reconoce el Tratado de la Unión Europea aprobado en Lisboa, seguirá siendo responsabilidad exclusiva de los Estados pero dentro de la nueva división del trabajo, las ESN determinan qué aspectos de la seguridad se gestionan mejor a través de la vía multilateral o bilateral. De ahí la celeridad con la que los grandes actores europeos de la seguridad se han apresurado a poner sus propuestas sobre la mesa para ver si se aceptan en las próximas revisiones del Concepto Estratégico de la OTAN y de la Estrategia Europea de Seguridad de la UE.

Conclusiones: La elaboración de estrategias de seguridad nacional (ESN) no es una moda a la que apuntarse sino una necesidad que ya han reconocido Estados tan responsables como los citados para cambiar la forma en la que protegen la seguridad de su territorio y de su población. Una vez que un Gobierno toma conciencia de la necesidad de elaborar una ESN y se decide a hacerlo, se debe poner en marcha un proceso formal cuyo mandato sólo necesita mostrar la determinación del jefe de Gobierno a impulsar la tarea, identificar el o los responsables de su elaboración material, definir el ámbito de participación y los contenidos deseados para la ESN.

El presidente y algunos ministros del Gobierno han expresado la voluntad de elaborar una ESN. A septiembre de 2008 todavía no se conocen los detalles del proceso de elaboración pero conocidas ya las ESN de los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y Francia, su experiencia proporciona referencias valiosas para elaborar una hoja de ruta en el proceso español. Según ellas, el siguiente paso a dar es que el presidente del Gobierno asuma el liderazgo del proceso para elaborar una ESN y abra un proceso constructivo sobre el nuevo modelo de seguridad a establecer, las líneas generales de la estrategia, el sistema encargado de planificarlas, elaborarlas y supervisarlas y la redistribución de competencias y responsabilidades entre todos los actores y dimensiones de la nueva seguridad.

Al final del proceso, la ESN resultante debe incluir el concepto de seguridad que el Gobierno desea proporcionar a España y a los españoles, los riesgos que se cubren, los actores y políticas que se van a instrumentar, la parte que corresponde al Estado y la que se desea compartir con terceros, el tipo de órganos necesarios para su integración y los recursos asignados a los cambios. Las prácticas europeas también recomiendan pensar en los cambios posteriores: las principales competencias, estrategias, organizaciones, doctrinas y normas jurídicas a revisar, así como el método y encargados de su evaluación y revisión periódica.

Con esta hoja de ruta aprendida de las prácticas europeas o con cualquier otra, España debe acabar disponiendo de una estrategia de seguridad nacional que le sirva para afrontar los cambios en la seguridad del nuevo siglo. Las ESN no evitan la sensibilidad de una sociedad avanzada como la española ante los complejos riesgos de seguridad de su tiempo, pero no es lo mismo ser sensibles que vulnerables y esa es la principal obligación que han asumido ya por escrito algunos gobiernos europeos.

Notas:
[1] Para una valoración detallada de las estrategias y sistemas sectoriales, véase Félix Arteaga y Enrique Fojón, El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España, Instituto Gutiérrez Mellado, Madrid, 2007.

Tema: Francia y el Reino Unido acaban de publicar sus estrategias de seguridad nacional y defensa en 2008. En cuanto a España, aumentan los argumentos a favor de una estrategia de seguridad nacional, ya que se enfrenta a los mismos retos complejos e indeterminados.[1]

Resumen: A principios del siglo XXI, los gobiernos de todo el mundo han luchado por mantenerse a la altura del crecimiento y la complejidad de los retos a los que se enfrentan. El Gobierno español no es una excepción y se encuentra expuesto a los cambios en un sistema global que a menudo repercute de una manera imprevisible en la sociedad española. Para garantizar la adopción por parte del Gobierno de un enfoque holístico con respecto a la seguridad nacional, es necesario desarrollar una estrategia. Tal estrategia estaría encaminada a: (1) articular una visión de la situación actual y futura en materia de seguridad; (2) transmitir los valores de España en el siglo XXI; (3) desarrollar una red de colaboración en el seno del Gobierno en materia de seguridad nacional e identificar los asuntos políticos en los que las distintas dependencias y organismos pueden resultar más eficaces a la hora de trabajar juntos; y (4) conceder prioridad a las políticas e iniciativas en materia de seguridad nacional y a la asignación de recursos.

Análisis: La premisa que reza que los inicios del siglo XXI se encuentran marcados por una creciente complejidad e incertidumbre a escala nacional, regional e internacional, se ha convertido en una especie de tópico. Es más, es una enigmática paradoja que, en el mundo posterior a la guerra fría, la seguridad nacional se haya convertido, en todo caso, en algo mucho más preocupante, a pesar de que el contexto mundial haya conocido un clima relativamente más pacífico y benigno que en décadas anteriores (G. Treverton, Reshaping National Intelligence for an Age of Information, CUP, 2003).

Este sentimiento de vulnerabilidad se ve perpetuado adicionalmente por la revolución de la información, que ha influido intensamente en las expectativas mundiales. Las noticias las 24 horas al día, los siete días a la semana, han reducido los horizontes temporales, y a los gobiernos les resulta cada vez más difícil pedir tiempo para tomar decisiones al tiempo que la televisión y los medios de comunicación online informan acerca de la última tragedia desencadenada, minuto a minuto. Se trata de un entorno en el que los Gobiernos europeos se encuentran cada día más interconectados, en el que los cambios que se verifican en cualquier punto del sistema tienen repercusiones imprevisibles y, a menudo, caóticas, en la sociedad. Ya no existe cercanía entre causa y efecto en el tiempo y en el espacio (C. Edwards y S. Parker, Futures Thinking And How to Do It, Demos, 2006).

Hacia un enfoque interconectado de la seguridad

El estratega John Bryson sugiere que esta creciente interconexión se presenta quizá más patente en la confusión de tres distinciones históricamente importantes entre los marcos nacional e internacional, entre los distintos ámbitos políticos y entre los espacios público y privado.[2] Dicha confusión es más evidente cuando uno tiene en cuenta la multitud de corrientes y acontecimientos que afectan a la UE en nombre del terrorismo, la inmigración, las pandemias, la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), el impacto de la fragilidad de algunos Estados sobre la comunidad internacional y el incremento de la delincuencia grave y organizada.

El reto al que se enfrentan España, Francia y el Reino Unido reside en que dicha diversidad de corrientes se encuentra marcada por complejas interacciones que, más que separar, unen un torrente de sucesos en el presente y en el futuro. Puede que los gobiernos, por defecto, mantengan una actitud lineal, pero la vida ya no puede entenderse ni encararse en tales términos (L. Fuerth, ?Strategic Myopia: The Case for Forward Engagement?, The National Interest, nº 83, primavera de 2006). Las amenazas y los peligros –dos términos diferentes que nos permiten distinguir entre los desastres naturales, como el huracán Katrina, y los riesgos de inspiración humana, como el terrorismo– no pueden encararse de un modo adecuado sólo por un único organismo estatal o incluso por un único gobierno nacional. A medida que aumenta la interconexión de las amenazas, como, por ejemplo, el terrorismo y la delincuencia organizada, la unión de la fuerza entre los diferentes Estados y con la UE se hace cada vez más necesaria.

Cada vez más, los gobiernos tendrán que tomar un “enfoque interconectado” con respecto a la seguridad nacional, perfilado y dirigido por una estrategia global. Con ello se acrecentará la interdependencia entre ministerios y organismos estatales, por lo que se requerirá un enfoque más holístico de la política en materia de seguridad. Las repercusiones serán más patentes a medida que las competencias de los ministerios se fundan, junto a las líneas tradicionales de responsabilidad, incrementándose así las oportunidades de colaboración entre funcionarios y ampliándose las perspectivas de innovación en el seno del Gobierno.

En el caso de España, los argumentos a favor de una estrategia de seguridad nacional están aumentando. En ausencia de un marco claro, resulta difícil conceder prioridad a la política de seguridad a nivel nacional, dados los plazos requeridos para equiparse de manera adecuada, de forma que puedan desarrollarse y evaluarse las distintas iniciativas, así como para que los ciudadanos españoles acepten una estrategia global.

Definición de “seguridad nacional”

Al desarrollo del concepto de seguridad nacional le acompaña un gran reto para las organizaciones en las que confiamos a la hora de gestionar la política de seguridad. Por consiguiente, debemos expandir la definición operativa de seguridad nacional desde su interés principal en la protección física hasta una definición exhaustiva que abarque las fuentes y las realidades del poder en el siglo XXI.

El debate acerca de lo que es y lo que no es un problema de “seguridad nacional” viene siendo necesario desde hace tiempo. Resulta imperiosa la necesidad de definir el concepto de seguridad nacional, dado que las amenazas y los peligros se transforman a lo largo del tiempo, adquiriendo una mayor interconexión y, por consiguiente, presentando una mayor complejidad para su resolución por parte de un único Ministerio u organismo estatal. Tal y como han demostrado recientes acontecimientos, España se enfrenta a un amplio espectro de amenazas y peligros para su seguridad nacional. Entre otras cosas, el país se enfrenta a:

• La delincuencia grave y organizada. La delincuencia organizada forma, cada vez más, parte de una red globalizada. Se calcula que anualmente en España se venden 700 millones de paquetes de tabaco de contrabando y se blanquean 4.000 millones de dólares. Entre las principales zonas de actividad se encuentran las grandes ciudades y la costa mediterránea.
• El terrorismo. Aquí se incluye el terrorismo de Estado, los extremismos internos, los extremismos religiosos y los movimientos separatistas violentos.
• La proliferación de armas de destrucción masiva. La amenaza no procede únicamente de países que suponen una preocupación, sino también de actores no estatales (por ejemplo, terroristas y redes de delincuencia).[3]
• Los Estados frágiles. El creciente número de Estados fallidos es uno de los hechos recientes más alarmantes en materia de seguridad. Dichos Estados contribuyen a la creación de inestabilidad y pueden constituir el refugio de terroristas y de grupos de delincuencia organizada que explotan estructuras de gobierno débiles y corruptas con el fin de continuar con sus perversas actividades.[4]
• Los desastres naturales. España ha estado expuesta a desastres naturales, como terremotos y huracanes, así como a incendios forestales y graves olas de calor.
• Las pandemias. Ejemplos como el de la epidemia de la neumonía asiática o SARS o el de la Gripe Aviar (H5N1) demuestran el modo en que los acelerados patrones de tránsito internacional han incrementado el riesgo de pandemias y amenazas para la salud en perjuicio de la seguridad de los ciudadanos españoles.
• Entre otros riesgos clave encontramos la seguridad energética, en concreto, la dependencia de África del Norte, y la más amplia infraestructura crítica europea, asunto cada vez más frágil.

Adaptación al nuevo entorno en materia de seguridad

El desarrollo de una estrategia de seguridad nacional para España aportaría al Gobierno una perspectiva anticipatoria de los riesgos. Si el Gobierno va a prepararse para futuras incertidumbres, la reflexión estratégica, además de ser imperativa, constituye un proceso crucial a la hora de permitir que los gobernantes cuestionen hipótesis organizativas acerca de la dirección de la política. Por ejemplo, muchos de los que han pasado a la historia como “fracasos de los servicios de inteligencia” proceden de hipótesis a menudo derivadas de una imagen especular –la práctica de preguntarnos qué haríamos si nos pusiéramos en la piel de otro–. Si la primera labor consiste en acertar las preguntas, la segunda reside en tener claro cuándo se está ante una hipótesis y cuándo ante una variable crítica. Existen diferentes métodos que permiten que las organizaciones intenten predecir el futuro, entre los que se encuentran las previsiones y la planificación de escenarios.

Las técnicas como la planificación de escenarios, por ejemplo, son útiles porque permiten a las organizaciones desarrollar estrategias que funcionarán en todos los futuros imaginables –la pregunta clave a la que responden no es “¿cómo será el futuro?”, sino “¿cómo podemos prepararnos para todos los futuros probables?”–. Una vez definidos, los escenarios sirven para dos fines principales. El primero de ellos es de carácter protector: anticipar y conocer el riesgo. El segundo es emprendedor: descubrir opciones estratégicas que antes uno mismo ignoraba. (P. Wack, `Scenarios: Shooting the Rapids´, Harvard Business Review, noviembre de 1985).

Una buena planificación de escenarios permite asimismo airear en público y en privado otra serie de perspectivas, algo que resulta crucial dada la creciente confusión de los retos en materia de seguridad del siglo XXI, momento en el que “no se podrán reunir la amplitud y profundidad de los conocimientos construidos por los servicios de inteligencia, los analistas y los ciudadanos a lo largo de los años tan sólo acerca del asunto de la Unión Soviética”.[5] El fracaso a la hora de tener en cuenta diferentes perspectivas puede llevar a la “reflexión en grupo”. La importancia de no quedar atrapado por nuestras propias hipótesis y reflexiones recibe un mayor énfasis en boca de Geoffrey Vickers, cuando dice: “Una trampa es trampa sólo para las criaturas que no pueden resolver el problema que ésta plantea. Las trampas humanas son peligrosas sólo en la medida de las limitaciones que tiene el ser humano a la hora de ver, valorar y actuar… Nosotros los atrapados tendemos a tomar nuestro propio estado mental como algo dado –hecho que constituye en parte el motivo por el que nos encontramos atrapados–” (G. Vickers, Freedom in a Rocking Boat, Penguin, 1972).

Las personas y organizaciones también estamos muy mal preparadas para aprender las lecciones que nos brindan los acontecimientos casuales o imprevisibles. Es manifiesta la posibilidad que tenemos de aprender lecciones tácticas de sucesos como los atentados del 11–M en los trenes de cercanías de Madrid, para así prepararnos para sucesos similares en el futuro. No obstante, esto no debería ocurrir a costa de ignorar otros posibles escenarios; el objetivo estratégico debería consistir en prepararnos mejor para sucesos imprevisibles en general. Tal y como indica Nassim Taleb: “Nuestra trayectoria a la hora de prever [sucesos imprevistos, como los atentados del 11–S] es deprimente; pero por una especie de mecanismo denominado distorsión retrospectiva, pensamos que los entendemos. Tenemos la mala costumbre de encontrar “leyes” en la historia (adecuando historias a sucesos y detectando patrones falsos); somos conductores que miran hacia atrás en el espejo retrovisor, convencidos de estar mirando hacia delante” (N. Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Randon House, 2007; hay una edición española: El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable, Paidós, Barcelona, 2008).

Por último, algunas de las principales amenazas a la supervivencia organizativa a menudo no residen en sucesos caracterizados por el factor sorpresa, sino en presiones y corrientes de lenta configuración. Al igual que los sistemas gubernamentales británico y francés, la capacidad del Gobierno español para prever y responder ante las crecientes amenazas y peligros se encuentra a menudo limitada por un sistema arcaico y compartimentado. La capacidad de planificar a largo plazo se convertirá en la mayor de las prioridades a medida que las políticas nacional e internacional, así como los ámbitos políticos, se vayan fundiendo, creando “problemas perversos”.

La aparición de “problemas perversos”

Existen cada vez más publicaciones sobre la ausencia en los gobiernos de todo el mundo de un enfoque estratégico con respecto a los “problemas perversos”. Los “problemas perversos”, al igual que la seguridad nacional, constituyen “problemas que no tienen límites en lo que respecta al alcance, al tiempo y a los recursos, y sobre los que no recae un claro consenso en lo que se refiere a la solución que se les debería dar, sin hablar del modo en que debería alcanzarse esta última” (J. Chapman, System Failure: Why Governments Must Learn to Think Differently, Demos, 2004). La seguridad nacional descansa sobre una multitud de departamentos, organismos y, cada vez más, organizaciones de voluntariado y del sector privado, en una creciente red de colaboración y coordinación. Bryson sugiere que, en este contexto, las organizaciones deben adoptar cuatro enfoques:

1. Las organizaciones deben pensar, actuar y aprender de un modo estratégico, como nunca antes lo habían hecho.
2. Deben traducir sus reflexiones en estrategias eficaces para hacer frente a sus circunstancias modificadas.
3. Deben desarrollar los fundamentos necesarios en los que basar el trabajo preliminar encaminado a adoptar e implantar sus estrategias.
4. Y deben crear coaliciones suficientemente amplias y suficientemente sólidas para adoptar estrategias adecuadas y salvaguardar a estas últimas durante su implantación.

Argumentos a favor de una estrategia de seguridad nacional

Hasta principios de los años 80, la planificación estratégica de los gobiernos se ocupaba especialmente de la estrategia militar y de la práctica del arte de gobernar a gran escala, según palabras de Bryson. Y aunque no hay lugar para discutir la transformación del término estrategia al cruzar la línea divisoria entre el terreno militar y el terreno civil, debemos tener presente la sugerencia de Michael Howard, el historiador militar británico, consistente en que la definición del término estrategia debe ser objeto de una renovación constante.[6] En lo que concierne a la seguridad nacional, el papel de la estrategia es importante en diferentes aspectos.

En primer lugar, resulta fundamental expresar una visión del entorno en el que opera España, tanto en lo que respecta a las personas y organizaciones pertenecientes al Gobierno, como en lo que se refiere a los ciudadanos en general. A menudo, existen conflictos entre las políticas y misiones ejercidas por los distintos ministerios del Estado, lo que desemboca en una coordinación precaria, la imposibilidad de cumplir las metas y los objetivos, y una sensación de confusión en el Gobierno.

En segundo lugar, una estrategia de seguridad nacional ofrecería la posibilidad de realizar un estudio político de los riesgos a los que otorgar prioridad y asignar fondos y recursos directos. Por consiguiente, el desarrollo de un marco de alcance global a nivel estatal fomentaría la creación de una mayor sinergia entre los ministerios y organismos pertinentes, hecho que posibilitaría el planteamiento de un enfoque más estratégico en materia de seguridad nacional, al tiempo que garantizaría la capacidad del Gobierno español para prever futuros retos y amenazas.

A efectos de llevar a cabo las premisas anteriores, una estrategia así debería asimismo:

• Definir el cometido de la seguridad nacional y los intereses españoles en materia de seguridad.
• Evaluar el entorno en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
• Identificar los factores de riesgo presentes nacional e internacionalmente.
• Delinear las metas y los objetivos que contribuirían a salvaguardar y reafirmar la seguridad nacional y los diferentes intereses de España.
• Identificar las líneas de actuación y los recursos disponibles para garantizar la seguridad nacional.

Un tercer motivo por el que adoptar una estrategia de este tipo residiría en instaurar algún tipo de integración y coherencia con las estrategias de las organizaciones internacionales, como la UE (Estrategia Europea de Seguridad), la ONU, la OTAN y la OSCE.

La publicación de un texto consensuado también implicaría una tendencia global por parte de los gobiernos nacionales a divulgar sus propias estrategias de seguridad nacional. Por ejemplo, los Gobiernos británico, francés y holandés han publicado sus estrategias de seguridad nacional en los últimos tres años. En su declaración ante la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Gordon Brown indicó que en estos momentos debía darse una respuesta absolutamente actualizada y más coordinada y que “hoy en día, ningún país está lejos según el sentido tradicional de la palabra, dado que las consecuencias de la inestabilidad regional y el terrorismo –y también, por tanto, del cambio climático, la pobreza, los movimientos migratorios masivos e incluso de la delincuencia organizada– se propagan rápidamente por todo el mundo”.[7]

En Francia, François Heisbourg ha apuntado recientemente que el Gobierno francés debe “adaptarse a la globalización, con su potencial para los trastornos sistémicos, ya sean éstos consecuencia de amenazas reales –como los atentados del 11 de septiembre de 2001– o de desastres no intencionados cuyos efectos difusivos alcanzan rápidamente todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo, la globalización se está desoccidentalizando, impulsada cada vez más por el auge de Asia, lo que limita la capacidad del mundo atlántico para redactar las normas. Las viejas crisis de Oriente Medio están convergiendo, agravadas por la proliferación de armas nucleares”.[8]

Un enfoque coherente

Los riesgos vinculados a la carencia por parte del Gobierno de un enfoque holístico de la seguridad nacional quedaron recientemente identificados por el grupo directivo de la estrategia de seguridad nacional de los Países Bajos. De ellos, muchos pueden aplicarse directamente al sistema de gobierno británico, como por ejemplo:

• La carencia de un marco adecuado. La política de seguridad nacional actual también está fragmentada y compartimentada, lo que impide el desarrollo de una política proactiva apropiada.
• La incapacidad para reconocer los primeros signos de alerta temprana. Las amenazas o peligros pueden tener orígenes inesperados –esto no significa que estos últimos se puedan prever en todo caso, pero debería ampliarse la capacidad de distinguir y reconocer dichos signos–.
• El deficiente análisis e identificación de riesgos –aunque este punto se está convirtiendo en el puntal de la planificación de la seguridad preventiva y de recuperación del Gobierno británico–.
• Insuficientes posibilidades de establecer prioridades.
• El liderazgo. Las estructuras se encuentran bastante bien organizadas para establecer un enfoque adecuado con respecto a incidentes de pequeña y gran escala en la fase de respuesta. El enfoque británico actual, por ejemplo, pretende convocar reuniones entre altos funcionarios y ministros en el Comité de Contingencias Civiles, coloquialmente conocido con el nombre de COBRA (del inglés Cabinet Office Briefing Rooms). Los asistentes a las mismas varían según el asunto afrontado y en ellas se discute una gran variedad de cuestiones. Se concibe como un patrón del grado de eficacia que puede mostrar la coordinación gubernamental en una crisis, especialmente en la definición de objetivos estratégicos, posibilidades de actuación y valoración de los riesgos, así como de la asignación de tareas a efectos de garantizar el cumplimiento de tales objetivos.

Conclusión: No puede haber un mayor cometido del Gobierno que el destinado a la protección y seguridad de sus ciudadanos. Pero gestionar la seguridad nacional sin una estrategia equivale a dirigir una orquesta sin partitura: la clave para obtener una respuesta descoordinada y desafinada. Una estrategia de seguridad nacional no es la panacea para un gobierno concertado, y además dicha estrategia tiene sus propias limitaciones: en ningún caso hará una estrategia que la seguridad nacional sea inexpugnable ante las amenazas. Ni tampoco erradicará todos los riesgos. Sin embargo, sí podrá facilitar una transparente comunicación en el Gobierno con respecto a su capacidad e incapacidad para salvaguardar la seguridad nacional.[9]

El Gobierno español debe considerar la elaboración de una estrategia de seguridad nacional como una inversión de futuro; como una respuesta a las incertidumbres y complejidades del contexto actual y futuro en materia de seguridad, y como un recurso para delinear e influir en el programa de Gobierno. La creación de una estrategia de seguridad nacional constituye un paso fundamental hacia la organización de la respuesta del Gobierno ante los retos del siglo XXI. Los efectos de este proceso no pueden quedarse simplemente en un “Libro Blanco”, sino que deben asegurar una revolución en el modo en que el Gobierno brinda su protección a España. Así lo exigen los retos actuales y futuros.

NOTAS:

[1] Documento extraído de C. Edwards, The Case for a National Security Strategy, Demos, 2007.

[2] J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3ª edición, Jossey–Bass, 2004.

[3] Countering International Terrorism: the United Kingdom?s Strategy, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth, julio de 2006.

[4] Securing an Open Society: Canada?s National Security Policy, Consejo Privado de la Corona, 2004.

[5] Informe de un Comité de Consejeros Privados de la Corona (Privy Councillors), Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction, The Butler Report, TSO, Londres, 14/VII/2004.

[6] M Howard, “The Dimensions of Strategy”, en L Freedman (Ed.), War, Oxford University Press, serie Oxford Readers, 1994.

[7] Gordon Brown, discurso sobre la estrategia de seguridad nacional, publicado el 19/III/2008

[8] F. Heisbourg, “Knowledge Holds the Key to French Defence”, Financial Times, 18/VI/2008.

[9] Seguridad nacional: Estrategia y Programa de Trabajo 2007–2008, Gobierno de Holanda, 2007.

A la finalización de la II Guerra Mundial se produjo un paréntesis que dio lugar a un nuevo orden mundial que se prolongaría durante 40 años. Este orden se basó en conceptos como la estrategia de la «respuesta flexible» de Maxwel Taylor, la teoría de la «contención» de Kennan o la «coexistencia pacífica» de Breznev. Era la bipolaridad y la Guerra Fría.

El siglo XXI inicia su andadura en medio de un paréntesis estratégico que se abrió hace 19 años con la caída del muro de Berlín. Tenemos motivos para pensar que estamos al final de ese periodo de transición y que, dejando atrás a Fukuyama, vivimos «el retorno de la historia», usando una expresión de Joschka Fischer, ex ministro de Asuntos Exteriores de Alemania.

Tras pasar por una posible unipolaridad, nos hallamos en el proceso de creación de un orden mundial que evoluciona hacia una situación de carácter multipolar y asimétrico. Este escenario está marcado por la aparición de las llamadas potencias emergentes y por la degradación de la estabilidad en ámbitos regionales. Asimismo, por el colapso de algunas estructuras estatales o la aparición de nuevas formas de organización no estatal de carácter supranacional. En plena era del conocimiento y de la globalización, asistimos a un mayor protagonismo de los organismos internacionales, en especial, de la ONU.

Se recupera una «nueva geopolítica» y se vuelve a hablar del «gran juego» con el que Kippling abordaba el comportamiento de las grandes potencias de su época. En nuestro siglo, el gran juego geopolítico podría identificarse por una rivalidad estratégica entre los grandes poderes continentales: China, Rusia e India y las grandes potencias marítimas: Estados Unidos, Unión Europea y Japón.

Sus rasgos principales pueden estar representados por el enfrentamiento en torno al dominio del triángulo euroasiático (o nueva tierra corazón de Mackinder), el Noreste de Asia e Iberoamérica y por la competitividad en la obtención de recursos mundiales, por lo que algunos consideran que estamos ante una nueva Guerra Fría en torno a la energía. La consecución de la tecnología emergente, el reconocimiento del terrorismo como amenaza común y el pragmatismo en las relaciones internacionales, son factores a los que se añade la divergente interpretación de los principios y valores de carácter universal.

Coincidiendo con este proceso de cambio, Kissinger señala tres revoluciones simultáneas: la transformación del sistema tradicional de estado en Europa, el reto del islamismo extremo a las nociones históricas de soberanía y la deriva del centro de gravedad de los asuntos internacionales desde el océano Atlántico al Pacífico e Índico.

Las relaciones de poder se encuentran a caballo entre la doctrina británica del «equilibrio de poder» que en el siglo XVIII superó «la razón de estado» de Richelieu, basada en las grandes potencias, y la teoría de la «política de poder», apuntada por Metternich, a comienzos del siglo XIX, fundamentada en el peso de las organizaciones internacionales.

Se han multiplicado los ataques terroristas. La guerra tradicional está dejando paso a las guerras asimétricas, actúan tanto sujetos estatales como no estatales y participan combatientes civiles y militares. Con frecuencia se acude a las guerras delegadas, sin respeto a las más elementales reglas admitidas por la comunidad internacional, y se pone en cuestión el papel de las organizaciones internacionales.

Entre los más relevantes riesgos y amenazas del nuevo marco estratégico de seguridad y defensa se incluyen el terrorismo internacional y las armas de destrucción masiva, además de los conflictos regionales, los estados fallidos, las pandemias y el crimen organizado transnacional. También se encuentran fenómenos y cuestiones de carácter transversal, relacionados entre sí y que afectan al normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Al cambio climático y la competición por la energía se suman factores como la inmigración ilegal, la pobreza, la falta de gobernabilidad o la globalización.

Necesitamos un nuevo modelo propio de paz, seguridad y defensa para hacer frente a los desafíos de este siglo y preservar nuestros intereses nacionales. Tendremos que responder a cuestiones que implican una mayor complejidad e incertidumbre y menor tiempo de respuesta. Habrá que actuar en una mayor variedad de escenarios, con una participación más amplia de grupos e individuos y, sobre todo, asegurar la unidad de acción del Estado como principio fundamental, al objeto de combinar, armonizar e integrar de forma sinérgica el empleo de todos los instrumentos y recursos nacionales.

En España, la referencia para ese modelo la tenemos, fundamentalmente, en la Revisión Estratégica de Defensa de 2003, la Directiva de Defensa Nacional de 2004 y la Ley Orgánica de Defensa de 2005. El modelo debe responder a una perspectiva nacional y, también, ser coherente con la de nuestros aliados y la de los organismos internacionales de los que formamos parte.

La referencia en la Unión Europea la constituyen la Política Exterior y de Seguridad Común y su derivada, la Política Europea de Seguridad y Defensa. El compromiso de participación de España, en línea con la de los principales socios comunitarios, pasa por impulsar la cooperación estructurada permanente y mantener una adecuada participación en las iniciativas militares europeas.

El modelo incorpora cambios como el paso desde la defensa territorial a la seguridad compartida y a la defensa colectiva, con empleo de fuerzas expedicionarias integradas en organizaciones internacionales. Pasa de la defensa frente a un adversario a enfrentar el propio conflicto en sí, de unas amenazas concretas a otras múltiples, complejas e inciertas y de una disuasión estática y contundente a otra dinámica y a la medida. También, de operaciones basadas en objetivos a otras basadas en efectos, y del combate convencional a operaciones asimétricas o de carácter diverso, como las de paz o de ayuda humanitaria, en cooperación con actores de todo tipo.

Por otro lado, la legitimidad «externa» e «interna» de las misiones en el exterior son factores fundamentales a la hora de emplear nuestras Fuerzas Armadas.

España debe ser un importante actor en el sector de la seguridad y la defensa, trabajando por la paz, los derechos humanos, la democracia y la justicia social, potenciando su papel internacional mediante la acción exterior del Estado y la cooperación con los organismos internacionales y con aquellos países con los que compartimos intereses comunes, aplicando una visión global pero con un enfoque regional.

Es preciso conseguir un sustancial aumento de la conciencia y cultura de paz, seguridad y defensa de nuestra sociedad. Es importante impulsar los foros multidisciplinares de debate, investigación y difusión, como es el Ceseden, con participación de individuos, instituciones y organismos, públicos y privados.
De cara al futuro, el planeamiento ha de centrarse en la obtención de capacidades, junto con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de métodos de financiación acordes con los condicionantes de tiempo que afectan a los modernos sistemas operativos.

La transformación de las Fuerzas Armadas es un proceso permanente y conlleva un cambio de mentalidad del personal, que ha de capacitarse para las nuevas misiones sin menoscabo de su capacidad para el combate y, sobre todo, conservando sus valores institucionales y militares.
Lograr todo ello es nuestro reto y nuestra oportunidad.

En los años de la Transición nuestras Fuerzas Armadas se vieron en la obligación de adaptarse a un nuevo marco constitucional. Entre los muchos cambios que caracterizaron aquel gran esfuerzo de modernización estuvo la definición de unos nuevos principios estratégicos. Bajo el liderazgo del recordado almirante Liberal se estableció el eje Baleares-Estrecho-Canarias como el espacio de interés prioritario para nuestra seguridad nacional. Desde aquellos días hasta hoy nuestros militares han pasado por circunstancias muy distintas, que han afectado profundamente a aquellos primeros esbozos de una estrategia nacional.

El ingreso de España en la Alianza Atlántica nos sacó de un prolongado letargo para situarnos dentro del sistema de seguridad colectivo más importante de la historia. Desde ese momento el Estrecho pasó a ser un escenario más de entre los muchos que debíamos considerar como prioritarios. La Unión Soviética se descompuso poco después de que los alemanes pudieran finalmente derribar el muro levantado para separarles. Una nueva época comenzaba, deparándonos nuevas amenazas.

El nacionalismo excluyente provocó la descomposición de Yugoslavia y una sucesión de guerras que llevaron a nuestros hombres a Bosnia y Kosovo. Todavía no sabemos si la crisis balcánica ha tocado fondo o si nos depara alguna desagradable sorpresa. En cualquier caso, los acontecimientos del 11-S en Nueva York y Washington inauguraron una nueva época caracterizada por el auge del islamismo y la amenaza yihadista. De los Balcanes nuestras unidades se desplazaron a Iraq, Afganistán y Líbano. No solamente no estaban en el espacio territorial de la Alianza sino que se «proyectaban» mucho más allá para defender desde allí nuestra propia seguridad.

Sin embargo, los nuevos retos no excluyen los viejos. Entonces, como ahora, el Estrecho de Gibraltar es una zona de valor estratégico para España. Es la puerta de uno de los mares con mayor actividad económica, a la que suma la navegación que une el Atlántico con el Mar Negro y con el Mar Rojo en la ruta hacia el Índico y el Pacífico. Al interés económico se une el militar, resultado tanto de la protección de las rutas comerciales como de la necesidad de mantener la seguridad ante la falta de estabilidad y el auge del islamismo en la región.

Antes de que España tomara forma, la Corona de Castilla ya estaba presente en ambas orillas del Estrecho, controlando el tráfico marítimo. El Reino Unido se cuidó de tomar una posición estratégica a nuestra costa como pilar para instaurar la que con el tiempo sería su «ruta imperial». Desde Gibraltar pudo establecer un punto de apoyo para mantener su hegemonía en el Mediterráneo y su conexión con el Raj, el imperio en la India. En términos navales el Mediterráneo es hoy un espacio patrullado por los navíos norteamericanos en conjunción con distintas armadas de la Alianza Atlántica. La presencia de Estados Unidos es posible tanto por la gran autonomía de sus buques como por un conjunto de bases de apoyo, entre las que destaca Rota, también sobre el Estrecho.

Si durante estas últimas décadas la crisis de Oriente Medio ha sido uno de los temas que más atención ha generado, el auge del islamismo y la aparición de un terrorismo yihadista han aumentado si cabe la preocupación por este área. Para norteamericanos y europeos resulta fundamental impedir que los islamistas desestabilicen regímenes «moderados» así como forzar a estos gobiernos a asumir un proceso de modernización que pasa por combatir la corrupción e incompetencia que ellos mismos generan, realizar políticas sociales, establecer espacios de libre comercio y avanzar en la democratización. La presencia diplomática y militar norteamericana aumentará, de ahí, por ejemplo, la creación de un Mando para África en el seno del Pentágono, que descargue parte del trabajo que venía desarrollando el Mando Central, encargado de Oriente Medio. Tampoco parece casualidad que estén considerando establecer su sede en la costa atlántica marroquí, a poca distancia de Rota y del Estrecho. Estados Unidos tiene unas antiguas e intensas relaciones con la Monarquía alauita.

Durante años consideraron que era difícil entenderse con ellos. Sin embargo, tras el auge islamista han valorado el grado de desarrollo institucional y su firme compromiso en el combate contra el radicalismo. Sus servicios de inteligencia han proporcionado mucha información a la CIA y han ido consolidando la ambición de Hassán II de asentar la presencia internacional de Marruecos sobre dos firmes pilares: Francia y Estados Unidos. España, que gozó de una posición privilegiada en Washington, como se pudo comprobar durante la crisis de Perejil, ha perdido todo ese activo en favor de nuestro vecino.

En pocos años hemos visto cómo el Ministerio de Defensa británico trataba de bloquear las negociaciones con España sobre el futuro de Gibraltar, para defender una base de escaso valor militar pero de mucha importancia en términos de inteligencia, y cómo Estados Unidos considera establecerse en ambas orillas con dos bases militares de extraordinaria envergadura para mostrar bien a las claras su músculo. Marruecos por su parte ha iniciado la construcción de un gran puerto mercante en Tánger, que rivalizará con el de Algeciras. Mientras tanto ¿qué hemos hecho nosotros?

El gobierno Zapatero ha sido fiel al principio de rendición preventiva. Allí donde se le ha presionado ha cedido. Los esfuerzos para llegar a un arreglo con los británicos sobre el futuro de Gibraltar de la época Aznar se han convertido en el reconocimiento de los intereses de los llanitos, para alegría del gobierno británico que se ha quitado un problema de encima. En las relaciones con Marruecos hemos abandonado nuestra posición de respeto a la autodeterminación saharaui para apoyar la fórmula autonómica ideada por Mohamed VI, al tiempo que se ha continuado con el giro iniciado por González de abrir una negociación con Rabat sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Los rumores sobre cartas y cesiones están ahí, así como las públicas exigencias de Marruecos. Zapatero quiere ganar tiempo y no verse muy expuesto ante la oposición, pero Mohamed VI exige hechos.

Los medios de comunicación nos trasladan el malestar existente, tanto en las guarniciones como entre las autoridades de Ceuta y Melilla, por la anunciada reducción de sus unidades. Ante la disposición de Zapatero a ceder, uno puede caer en la tentación de pensar que es otro peón en una jugada condenada al jaque mate. Sin embargo, todo apunta a que es un acto estrictamente militar en el que no han intervenido autoridades políticas. Se trata de concentrar medios humanos en unidades plenamente dotadas. Hasta ahí bien, pero ¿por qué sacarlos de Ceuta y Melilla? ¿No sería más lógico reforzar la presencia en esas dos ciudades, precisamente ahora que tanto norteamericanos como marroquíes están apostando por ampliar sus capacidades en el área del Estrecho?

España está renunciando voluntariamente a tener una presencia internacional de cierto peso, incluso en espacios que hemos considerado vitales durante siglos. Dejamos hacer como si no fuera con nosotros y sin querer reconocer que no siempre los intereses de las partes son complementarios. España necesita, después de estoscuatro años de desidia y buenismo, una política exterior y no debería parecer extraño que empezara afirmando nuestra presencia precisamente en el espacio geográfico más próximo y de mayor interés para nuestra seguridad.

Suele decirse que, al proclamarse la Segunda República, esta tenía ante sí cuatro graves problemas: el problema religioso, el problema militar, el problema agrario y el problema regional. ¿Desde cuándo se había convertido en problema el mismo Ejército que había contribuido de forma decisiva a la instauración del régimen liberal en España?
Coinciden muchos historiadores en que solo a partir de 1923 –y con el preludio significativo de las Juntas de Defensa en 1917– puede hablarse de una asunción del poder por el Ejército, aunque Carlos Seco matiza esta afirmación recordando que el Ejército ya intervino como estamento determinante el 3 de enero de 1874, cuando el general Pavía disolvió por la fuerza el Parlamento y puso así fin a la Primera República, y el 27 de diciembre del mismo año, cuando el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto, y proclamó rey a Alfonso XII.
En cualquier caso, deben distinguirse dos etapas. En una primera, que abarca hasta la Segunda República, hablar de suplantación de la voluntad popular –de la soberanía nacional– por el Ejército es excesivo, ya que la Restauración instauró un régimen oligárquico de ideología católica y estructura caciquil, cuya clave de bóveda era la institución monárquica, y en el que el Estado pertenecía –en palabras de Azaña– a las familias acampadas sobre el país. La sociedad española, socialmente atrasada y económicamente subdesarrollada, no podía ejercer de forma efectiva los derechos ciudadanos reconocidos por la ley. En cambio, a partir de la proclamación de la Segunda República, la evolución de las estructuras socioeconómicas que tuvo lugar bajo el reinado de Alfonso XIII hizo posible la movilización política de las masas y la consecuente implantación de la democracia. Y fue entonces cuando se produjo la reacción contra la soberanía popular por parte de sectores sociales que habían perdido el usufructo exclusivo del poder y estaban enquistados en un ideario tradicionalista –anterior a la revolución liberal– o habían sido seducidos por el espejismo fascista.
Estos sectores, al perder en las urnas un poder que creían les pertenecía por derecho natural, retomaron el modelo isabelino de los pronunciamientos, captando la adhesión de parte del Ejército con el pretexto de la defensa de la unidad de la patria y de la religión católica. Los hitos de este proceso fueron la fracasada intentona del general Sanjurjo, en 1932, y la gran conspiración de 1936, pilotada en su etapa germinal por el general Mola y encabezada, cuando derivó en guerra civil, por el general Franco. Ahora bien, si hubo guerra fue precisamente porque el Ejército se dividió, de forma que buena parte de él –y de la Guardia Civil– siguió fiel a la República.
Las guerras civiles son una tragedia, pero –como dijo el general De Gaulle– lo peculiar en ellas es que “la paz no nace cuando la guerra termina”. Así, en 1939 se instauró un régimen militarista –encarnado en el mito de un caudillo carismático–, que desencadenó una represión universal e ilimitada “por nadie resistida ni discutida”, en palabras de Julián Marías. Y es que aquella parte del Ejército que había ganado la guerra no era más que la espina dorsal de los vencedores –”la columna vertebral de la patria”, según la retórica al uso–, de modo que Vicente Cacho sostuvo con razón que los gobiernos de Franco fueron siempre gobiernos de coalición de las distintas derechas –falangistas, carlistas, católicos, tecnócratas, etcétera–, cuya participación estaba dosificada según las exigencias de cada momento.

CON LA transición –se ha dicho– España fue devuelta a todos los españoles y, en consecuencia, el Ejército dejó de ser la “columna vertebral” del Estado para convertirse en un “brazo armado” plenamente sometido al poder civil. Es cierto que hubo, al principio, un sector de las Fuerzas Armadas identificado con una pretendida tradición legitimada por la victoria militar, pero el lance grotesco del 23 de Febrero lo precipitó en el descrédito. Este hecho facilitó la inteligente política militar desarrollada por Narcís Serra, que homologó al Ejército con los de los países democráticos de nuestro entorno y tradición, contando –todo hay que decirlo– con la disciplina de la inmensa mayoría de los militares. La misma disciplina que reconoció en su día Azaña, sin abandonar su habitual tono desabrido.
El Ejército cumple hoy su función de forma impecable, participando en cuantas misiones internacionales le son encomendadas. Hace pocos meses, dio una conferencia en el Círculo de Economía el jefe del Alto Estado Mayor, general Félix Sanz Roldán. Ante un auditorio empresarial, dedico parte de su exposición a hablar del Ejército como empresa, poniendo de relieve la magnitud de su actividad logística así como el buen funcionamiento de la cadena de mando gracias a la vigencia de algunas virtudes tradicionales del estamento militar.
Al final de su intervención, al hablar de las misiones internacionales desempeñadas por las Fuerzas Armadas desde hace ya años, y tras referirse discretamente a algunos incidentes graves que han salpicado a contingentes de otros países, preguntó al auditorio: “¿Cuántas veces, a lo largo de todos estos años, han tenido ustedes que avergonzarse de nosotros?”. El silencio fue la respuesta.

DE ESTAS Fuerzas Armadas se ha hecho cargo hace unos días, como ministra de Defensa, Carme Chacón. Su nombramiento ha sido objeto de una fuerte atención, incluso internacional, por razones anecdóticas que son explicables pero que obvian lo que es esencial: que este hecho constituye la prueba de una magnífica salud democrática.

Tú vives siempre en tus actos.
(La voz a ti debida, Pedro Salinas)

El impacto mediático y político del nombramiento de Carme Chacón, como nueva titular del Ministerio de Defensa, junto con otras ocho ministras más, marcará el inicio del nuevo Gobierno con más intensidad de la calculada. A la apuesta decidida de José Luis Rodríguez Zapatero por la normalización y la igualdad en la vida social y política española solo le queda un peldaño más: la presidencia. La expectativa será máxima.
Michelle Bachelet declaró en una entrevista en el 2002: “Yo me imagino a una mujer en cualquier parte, también en La Moneda, ¿por qué no?”. Era, entonces, ministra de Defensa y faltaban aún tres años para que fuera la candidata progresista de la Concertación por la Democracia. Ganó las elecciones en dos vueltas y hoy es la primera presidenta de Chile. Bachelet se presentaba en los mítines para la elección presidencial así: “Tengo todos los pecados capitales en Chile: soy mujer, socialista, separada y agnóstica”. Chacón acumula todavía más pecados: es catalana, prefiere el amor a la guerra, lee y escribe poesía, está embarazada, y su juventud y simpatía desconciertan, sorprenden y desbordan a muchos circunspectos rígidos.

HAY MUCHO retorcido que se siente provocado por tanta insolencia democrática, por tanto poder legitimado. El impacto estético y circunstancial de la nueva ministra remueve los cimientos de un concepto de autoridad machista que algunos creían que podían salvar en sus esencias, en los cuarteles y en la vida castrense. El alboroto es mayúsculo entre los machos de la derecha rancia y entre los misóginos que se creen de izquierdas. Algo así como que “hasta aquí podíamos llegar”, en un caso; o “se le ha ido la mano” (a Zapatero), en el otro. Lo siento mucho, cancerberos de la testosterona: “Sí, se puede (Yes, we can)”. Y esto no ha hecho nada más que empezar.
Si su imagen ya sacude, vayan preparándose para sus decisiones. Hoy la Defensa moderna, para ser realmente efectiva, se mueve en el terreno de la inteligencia, de la movilidad, de la tecnología, de la cooperación internacional y de la modernización de estructuras, equipos y recursos humanos. No me sentiré más seguro porque esconda su sonrisa (o su barriga) o porque grite con más garra: “¡Viva España!” y “¡Viva el Rey!”. Prefiero sus decisiones a sus bríos. Y sus neuronas a sus músculos. No debería preocuparse mucho por la compostura, no es necesario. No debe aparentar nada, tendrá más autoridad. La juzgarán por su presupuesto, no por su timbre.
Los militares españoles son gente seria y profesional que no se dejará arrastrar por el prejuicio y el estereotipo. Saben que su imagen pública y su reconocimiento social dependen de inversiones y responsabilidades internacionales y de su encaje en sistemas de defensa transnacionales. Tienen una ministra decidida a romper moldes, que no desaprovechará la oportunidad histórica de cerrar la boca a tanto bocazas que la cuestiona, de entrada, por lo que es y no por lo que va a hacer, por lo que dice o por lo que piensa. Y lo hará con resultados. Sacará pecho por los suyos. Mucho más que los que exhiben el pecho patrio con cualquier excusa.
La alianza profunda entre los uniformados y la ministra, que a veces viste informal (recuerdo con sorpresa una de sus primeras audiencias en el Ministerio de la Vivienda, cuando se presentó con vaqueros), puede dar mucho juego y muchos beneficios al Gobierno, a nuestros ejércitos, al ministerio y… a ella. Hay una estrategia ganadora para todos los actores. La inteligencia será más poderosa que el prejuicio, esperemos. Hay mucho que ganar y mucho que perder también.

BACHELET asumió la presidencia comprometiéndose a un Gobierno paritario y a trabajar por la equiparación de los derechos, promoviendo decididamente las medidas de acción afirmativa de la mujer a la hora de cubrir las plantillas de cargos públicos y de representación popular: “Que una mujer sea presidenta no debe ser visto como una rareza, sino como un augurio”. Consciente de la dimensión histórica de su presidencia, insistía en que los profundos cambios sociales que viene experimentando su país son el anticipo de un cambio de cultura política: “Estamos siendo testigos del fin de la mentalidad poco abierta, el fin de la cultura de la arrogancia. Nuestros jóvenes nos demuestran que la igualdad en dignidad y derechos no es un mero eslogan”.
La ministra de Defensa también puede contribuir, con su gestión y su presencia, al fin de la arrogancia. Al fin del patrimonio de la patria. Al fin de un modelo de autoridad militar (y política) concebido y representado casi en exclusiva por los hombres. Carme Chacón tiene una gran responsabilidad como mujer política, más allá de su gestión como ministra. Se la juzgará doble y no se le perdonarán los errores. Tanto nivel de exigencia farisea e interesada puede ayudarla, porque la obligará a ser más competitiva y más eficaz, todavía.
“Las mujeres y los niños, primero”, decían aquellos soldados o valerosos hombres atrapados en batallas épicas o adversidades trágicas. Era el grito que anticipaba la derrota o la huida. Aquí va a ser justo lo contrario. Chacón no se retira, ni mucho menos. Ha venido a presentar batalla.

Hace sólo unas semanas que se presentó el libro 170 españoles opinan sobre sus militares, elaborado por Adalede (Asociación de Diplomados en Altos Estudios sobre la Defensa Nacional) para conmemorar el XXX Aniversario (en 2007) de la creación del Ministerio de Defensa, una decisión con la que se inició de manera decidida la transición en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En efecto, durante el régimen anterior siempre hubo tres ministerios diferentes, Ejército, Marina y Aire eran sus denominaciones oficiales, y entre la muerte de Franco y las primeras elecciones de1977 se nombró un vicepresidente para Asuntos de la Defensa que coordinaba a los tres ministerios. Franco nunca tuvo un Ministerio de Defensa (puede que para evitar esa concentración de poder), aunque el general Agustín Muñoz Grandes fue durante mucho tiempo, tanto cuando ocupó alguna cartera ministerial como cuando no la tuvo, su principal hombre de confianza para asuntos militares, mientras que el general Camilo Alonso Vega fue su hombre de confianza para asuntos de seguridad interior y el almirante Carrero Blanco lo fue para las relaciones con los grupos políticos en el interior y para las cuestiones internacionales. Es decir, Franco tuvo especial confianza en estos tres militares y en otros, pero a ninguno de ellos le confió el mando conjunto de las Fuerzas Armadas, poder que ejerció él mismo.

Hoy, treinta años después, cuando incluso quienes vivieron la transición han adquirido cierta perspectiva para evaluarla, podemos afirmar que los distintos sectores de la sociedad española han hecho su transición con diferente intensidad y con diferente velocidad. Pues bien, entre los sectores sociales que han hecho su transición con mayor intensidad y rapidez, destacan con gran diferencia las Fuerzas Armadas, a pesar de que este hecho no suele ser reconocido tanto como sería justo y necesario. El cambio más visible ha sido que, contrariamente a lo que algunos pudieran haber pensado, sólo entre las dos primeras elecciones generales de 1977 y 1979, cuando se estaba redactando la Constitución, estuvo al frente del Ministerio de Defensa un militar, el general Gutiérrez Mellado. A partir de 1979 y hasta el día de hoy (cuando se está a la espera del nombramiento del décimo) ha habido nueve ministros (algunos varias legislaturas), todos ellos civiles. Pocos hubieran pensado cuando se gestaba la transición, en los años 70, que un civil pudiera «mandar» sobre los militares, y sin embargo ese hecho no ha provocado nunca el más mínimo problema. Es cierto que unos ministros han sido más apreciados que otros por los militares, como ha ocurrido con los funcionarios y sus ministros en todos los demás ministerios, pero no es menos cierto que ninguno ha tenido que enfrentarse a problemas internos graves. La interrelación funcional entre los diferentes ejércitos y armas se ha llevado a cabo, por otra parte, sin mayores problemas, incluso en su formación superior, como se ha demostrado mediante la integración de las diferentes Escuelas en la ESFAS (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas).

Otros cambios han sido el de la orientación de su función o actividad, que de estar más bien centrada en cuestiones de política interior, ha pasado a estar principalmente centrada en las misiones en el exterior, colaborando en los sistemas supra-nacionales de defensa y seguridad con las Naciones Unidas, con la OTAN y con los países con los que se tienen tratados bilaterales para la defensa. La experiencia internacional ha sido, probablemente, uno de los factores más importantes de la transición en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, pues además de proporcionar a los militares una perspectiva más global de la defensa, les ha proporcionado también unos conocimientos técnicos y profesionales que para sí quisieran otros colectivos de servidores públicos, incluido de manera muy especial el conocimiento de idiomas. En la actualidad es difícil encontrar un oficial que no hable al menos un idioma además del español u otras lenguas españolas, y la gran mayoría conocen dos, siendo uno de ellos algún idioma poco usual para la mayoría de los ciudadanos. Además de los idiomas, los militares españoles han adquirido una intensa formación en nuevas tecnologías, especialmente en informática, comunicación, armamento moderno, administración de recursos materiales y humanos, etc., y han asimilado rápidamente los nuevos valores sobre libertades y derechos civiles de la democracia. También debe subrayarse la incorporación total de la mujer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil así como la supresión del Servicio Militar Obligatorio y su sustitución por los soldados y marineros profesionales.

Pero, como ha ocurrido en otros ámbitos de la sociedad española, la transición en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil no comenzó, de pronto, al morir Franco. Había comenzado ya mucho antes, pues los cambios sociales no se inician un día concreto a una hora concreta. Muchos militares, y no solamente los más jóvenes, habían tenido ocasión de conocer cómo funcionaban las democracias en otros países, pues si bien España no había sido todavía admitida en la OTAN los pactos con Estados Unidos para las bases de uso conjunto desde el tratado de 1953, así como muchos otros tratados bilaterales con países europeos, habían facilitado antes y con mayor intensidad que otros sectores de la sociedad española la interrelación con sus colegas de otros países y su modernización. Las propias Fuerzas Armadas tomaron la iniciativa de tender puentes con la sociedad civil incluso antes de la muerte de Franco, organizando múltiples encuentros y contactos. Ya en los años 60 y 70 hubo muchos militares que cursaron estudios universitarios y buscaron su propia relación personal con la sociedad civil. Personalmente pude intervenir modestamente durante la transición en algunos de esos intercambios, desde la dirección del Seminario Sociedad y Fuerzas Armadas en el Ceseden, en el establecimiento de uno de los primeros seminarios Universidad-Fuerzas Armadas en la UNED, y en el establecimiento de cursos de actualización para militares desde el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación. Resulta imposible olvidar los comentarios de los militares y de los civiles después de conocerse a través de esos encuentros. Los primeros decían, «si todos los izquierdistas fueran como éstos no habría problemas para entenderse», mientras que los segundos afirmaban, «si todos los militares fueran como éstos no habría problemas para entenderse». La respuesta era la misma en ambos casos, «¿y por qué pensáis que los que no conocéis personalmente son distintos?». Mencionar los nombres de muchos de aquellos protagonistas no haría justicia a todos los que se tomaron muy en serio estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la Sociedad.

El resultado es que la sociedad española valora por encima de otras instituciones principalmente a la Corona, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, lo que no implica en absoluto que exista un sentimiento militarista. Por el contrario, la sociedad española es profundamente demócrata y rechaza cualquier posibilidad de un «gobierno de militares», como también rechaza un «gobierno de expertos» o el gobierno de un «líder fuerte». La democracia ha arraigado profundamente entre los españoles, y por supuesto también entre los españoles que son militares. Por eso, las tres instituciones citadas parecen ser las que proporcionan mayor seguridad a los españoles.

La noticia pasó desapercibida. La espesa niebla había retenido en Split (Croacia) a las delegaciones de alto nivel que debían presidir una transferencia de autoridad, un relevo casi rutinario, en la base de Camp Butmir, en Sarajevo, el cuartel general de la Eufor, la fuerza de la Unión Europea para Bosnia. Javier Solana; nuestro ministro de Defensa, José Antonio Alonso; el de Alemania, Franz Joseph Jung; el ministro de Exteriores de Portugal, Luis Amado, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Carlos Villar, tuvieron que contentarse con intercambiar en aquel aeropuerto opiniones sobre la evolucionada situación en los Balcanes y sobre el futuro de Kosovo. Era un 4 de diciembre del 2007. No hubo forma de aterrizar en Sarajevo y regresaron a sus capitales.
Al bloquearse también la llegada de los representantes de los medios de comunicación, se malograba una ocasión propicia para mandar un mensaje de compromiso europeo con el futuro de la región, el mismo día en que se firmaba un memorando que formalizaba el inicio del proceso de incorporación de Bosnia a la Unión Europea, uno de los días en que terminaban los plazos para definir el inmediato futuro kosovar.

EN SARAJEVO, con rigor y con sencillez, el vicealmirante alemán Witthaver entregaba el mando de las fuerzas al general de división español Ignacio Martín Villalaín, comandante militar de Barcelona y Tarragona. Quince años vividos se fundían en aquel relevo: la incertidumbre de saber hasta cuándo continuaría no se planteaba. ¡Hay que estar, y se está! España continuaba comprometida, desde aquel lejano 1992, cuando llegaron los legionarios del Cuarto Tercio, hasta hoy.
Por esta Bosnia, que encontraron destrozada tras dos guerras civiles, han pasado cerca de 40.000 soldados españoles, que sirvieron inicialmente bajo bandera de la ONU (Unprofor, en 1992), luego con la de la OTAN (Ifor, 1995), hoy con la de Europa (Eufor, 2004). Veinte de ellos y un leal intérprete pagaron con sus vidas este esfuerzo. Siempre tendremos, y tendrá Bosnia, una deuda con ellos. A algunos, incluso, les negamos reconocimiento militar a su heroísmo. No se consideró “políticamente oportuno”. Estoy seguro de que un día podremos hacerlo.
Personalmente, no podré olvidar nunca el trabajo de reconocimientos previos sobre el terreno que hizo el teniente coronel Dávila, prácticamente extraído de su misión en El Salvador para iniciar unas delicadísimas gestiones en la zona. Pasó en pocos días de soportar las altas temperaturas centroamericanas a vivir copiosas nevadas en aquella destrozada Sarajevo, que a duras penas celebraba la Navidad. ETA lo asesinó en junio de 1993 junto a otros seis compañeros. No sabían los terroristas que segaban la rica vida de una persona que hizo por la paz enormes esfuerzos y sacrificios, que se vaciaba sin condiciones cuando se le encomendaba alguna misión, por arriesgada que fuera.

HOY, DE AQUELLOS contingentes internacionales que llegaron a integrar a 60.000 soldados, permanecen 7.000 hombres, trescientos y pico de los cuales son españoles, en su mayoría del Tercio de Armada, tropas bien preparadas y dotadas de infantería de marina que llevan en Bosnia casi el mismo tiempo que las unidades del Ejército. Al mando de esta delicada misión, que entraña no solo la paulatina transferencia de responsabilidades, sino que también debe actuar como fuerza disuasoria e incluso ser la reserva táctica de las tropas desplegadas en Kosovo, está el general Villalaín.
Burgalés de 61 años, acumula, como la mayoría de mandos de su generación, una amplísima experiencia, ya reconocida cuando se le encomendó el mando del histórico Regimiento América, hoy acuartelado en Pamplona, o la dirección de la Academia General Militar de Zaragoza. Ya andaba por El Salvador en 1992 bajo bandera de Naciones Unidas (Onusal) y vivió intensamente y en momentos difíciles largos periodos de misión en Bosnia, en Albania y en Kosovo. Domina perfectamente el inglés y el francés, se apaña con el serbocroata y tiene un don especial para superar momentos de crisis, templando, apaciguando, recomponiendo la situación.

ECHARÁ de menos durante un año el puerto de Barcelona, su cercanía al mar, el bullicio de la Rambla. Tendrá que cambiarlos por las rígidas condiciones de seguridad en las que se mueve, por la tozudez de ciertos líderes políticos locales, por la frialdad de los tecnócratas de Bruselas, por la dificultad de mandar un contingente formado por búlgaros, alemanes, franceses, austriacos, italianos, turcos, polacos, húngaros y españoles –cada uno con su lengua, sus costumbres, sus manías–, solo encardinados por un mismo concepto de disciplina, normas operativas comunes y el empleo del inglés como vehículo de comunicación.
En la persona del general Villalaín, hay un trozo importante del alma de la Barcelona solidaria y generosa emplazado en Sarajevo, en pleno corazón de Bosnia, en pleno corazón de Europa.

Tradicionalmente se ha conocido como cuartel el lugar donde se aloja la tropa y realiza su instrucción militar. Lo mandaba un coronel que era el jefe del regimiento, por ser la unidad de encuadramiento y de instrucción por antonomasia en el Ejército español desde el siglo XVIII. Se ubicaba en un inmueble de las capitales de provincia, construido al efecto, o bien aprovechando antiguos conventos desamortizados al clero. Hoy quedan pocos de estos cuarteles, pues las necesidades y funciones del Ejército han evolucionado. La tendencia, sobre todo a partir de mediados de los sesenta, ha sido sacarlos de las ciudades y ocupar grandes extensiones de terreno, que incluyen campos de tiro y de maniobras, albergan unidades superiores al regimiento y reciben el nombre de bases o acuartelamientos.
En Catalunya, ejemplos de dichos cuarteles son: el del Bruc, en Barcelona; el de San Baudilio, en Sant Boi de Llobregat; la base General Álvarez de Castro, en Sant Climent de Sescebes (Girona), y el campamento General Martín Alonso, en Tremp (Lleida). Otros cuarteles fueron cedidos o enajenados por los ayuntamientos u otras instituciones, a medida que la reorganización, modernización y profesionalización del Ejército han ido avanzando.
Pero los cuarteles han sido también el reflejo del paradigma de las misiones político-sociales que ha realizado el Ejército a lo largo de los dos últimos siglos y del gasto presupuestario que ha dedicado el Estado a su mantenimiento. Efectivamente, la ubicación de los cuarteles en el interior de las ciudades o en lugares estratégicos de las mismas ha sido utilizada para llevar a cabo misiones de restablecimiento del orden público o de mera disuasión hacia un peligro interior. Esto es lo que ocurría en los años de convulsiones sociales y políticas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El acuartelamiento de tropas y las salidas de las mismas para garantizar la seguridad ciudadana y establecer el orden gubernativo fue moneda corriente para hacer frente a masas de trabajadores que desbordaban los exiguos efectivos policiales. En este sentido, el cuartel cumplía mucho mejor la función de generar fuerzas de orden público que de adiestrar a un soldado para combatir a campo abierto contra un adversario con instrucción militar. La vida del soldado durante su servicio militar transcurría en el patio de armas del cuartel haciendo instrucción de orden cerrado o en los propios dormitorios recibiendo teóricas.

LAS CONDICIONES de vida de los soldados en los cuarteles no fueron evolucionando de acuerdo con la calidad de vida de que gozaban en su situación civil, a consecuencia de la falta de fondos eco- nómicos para adaptar las infraestructuras a los tiempos que corrían. Mientras España fue una sociedad eminentemente rural y la incorporación de los soldados procedía de ese mundo, el cuartel podía considerarse como su casa o mejor que ella, pero a medida que la sociedad se fue haciendo más urbana, la calidad de vida del soldado fue perdiendo enteros y se produjo un fuerte desajuste entre su vida civil y su corta vida militar. Los apaños por mejorar las instalaciones de los cuarteles obedecían a iniciativas de los propios mandos, con la mano de obra gratuita que proporcionaban los propios soldados, más que a un plan racional y programado de mejora de infraestructuras que afectara a todo el Ejército.
Han sido muchos los coroneles o capitanes que han aportado, con los escasos fondos que gestionaban o que adquirían, su granito de arena para modernizar los aseos, decorar los dormitorios, mejorar la alimentación, hacer una biblioteca…
Hoy, aunque las fachadas de los cuarteles son las mismas, el interior ha ido adaptándose a las nuevas condiciones de vida que disfrutamos. Los dormitorios y los aseos cuentan con una dignidad aceptable. Sabemos que un cuartel no es un hotel, pero cuenta con instalaciones, tanto de uso común como privado, que hacen confortable la vida del soldado cuando termina su jornada de trabajo, faena que apenas realiza en el cuartel, pues su verdadera instrucción la lleva a cabo en la multitud de ejercicios y maniobras a las que concurre con su unidad.

EL MILITAR profesional está condicionado por la movilidad. La movilidad no es una circunstancia de la profesión militar, es una premisa de ella. Hoy puede estar destinado en Barcelona y mañana en Burgos. Los condicionantes de su profesión se hacen más llevaderos para el militar, que sabe que en su destino cuenta con un buen alojamiento bien comunicado. El soldado profesional, con la paga que le dan, prefiere vivir en el cuartel, sobre todo si está bien ubicado. Esto supone para él un gran ahorro en locomoción y alojamiento.
Esta es hoy la función social de un cuartel, facilitar la vida y dar la máxima calidad en sus instalaciones a quienes hoy están aquí, mañana en el Líbano, pasado preparando unos ejercicios de tiro en cualquier campo de maniobras o realizando labores de colaboración con alguna entidad civil.
Los cuarteles en las grandes ciudades son polos de atracción para nuevas captaciones de efectivos, como lo son la creación de universidades como foco de atracción de jóvenes estudiantes. El Ejército profesional atrae a los jóvenes por el estilo de vida que se lleva dentro del mismo, por el sueldo que se gana, por el proyecto de carrera y la formación que se recibe, y en todo esto también influye las condiciones de vida que hay en los acuartelamientos. Todo ello suma.
¿Un joven soldado no tiene derecho a un alojamiento digno en la ciudad donde trabaja? ¿Acaso no es un ciudadano más? Una sociedad sensible en lo social debe saber que, detrás de las paredes de cemento o de ladrillo de un cuartel, hay ciudadanos de uniforme que viven para colaborar en su seguridad y llevar el prestigio de España más allá de sus fronteras.

Tema: En la opinión pública española ha descendido el apoyo a las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior conforme aumentaba la sensación de peligro para las tropas.

Resumen: En la opinión pública española ha descendido el apoyo a las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior conforme aumentaba la sensación de peligro para las tropas. Esto se traduce en una mayor división de opiniones. Sin embargo, hay motivos para pensar que el apoyo a las tropas se va a mantener en el futuro aunque siga aumentando la amenaza y pueda haber más bajas.

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Este trabajo tiene por objeto analizar un ámbito tan clave como de creciente importancia, tanto nacional como internacional, como es la cooperación en materia de enseñanza/formación militar entre España y los Estados de Iberoamérica. Para ello, tras plantear una serie de presupuestos básicos sobre los que se sustentará todo el estudio, se comenzará por presentar un diagnóstico del estado de cosas actual, tanto en lo relativo a las Fuerzas Armadas españolas como a las de los países iberoamericanos, prestando atención singular a las iniciativas, posiciones y políticas en curso en lo referente a la cooperación en enseñanza/formación militar a día de hoy. A continuación se examinarán, comparativamente, los programas que desarrollan algunos países de nuestro entorno en lo que generalmente se ha denominado como “sus zonas de influencia históricas”. Finalmente, se presentarán una serie de recomendaciones, cuantitativas y cualitativas, en aquellos puntos o aspectos en los que se identifiquen, bien deficiencias, bien posibilidades de potenciar los programas implementados, bien oportunidades de explorar (o explotar) nuevas iniciativas; guiando siempre tal empeño, además, en el expreso deseo y necesidad compartidos por el Ejecutivo y el Legislativo españoles de reforzar la cooperación entre las Fuerzas Armadas españolas y las de los países iberoamericanos.

Leer artículo completo (PDF). Disponible también en la Fundación Alternativas.

Es manifiesto que buena parte de la opinión pública de este país, patria de Mortadelo y Filemón, se ha tomado a broma el caso de ex agente secreto acusado de traición. Y, realmente, la historia del agente doble Roberto Flórez que vendía secretos de Estado a una potencia extranjera tiene algunos flancos chuscos porque encierra un colosal anacronismo: la ‘guerra fría’ concluyó hace tiempo y las pretensiones de Rusia por seguir contando como antagonista de Estados Unidos en los equilibrios mundiales resultan patéticas. Pero la cuestión presenta sin duda otros aspectos muy serios que deben ser aclarados y, en su caso, conducidos hasta el final, hasta la pertinente exigencia de responsabilidades.

El escándalo del agente doble tiene varias vertientes. La más grave, sin duda, es el descontrol que hizo posible la venta de información sensible del CNI, incluida la nómina del personal que trabaja en los servicios de información españoles. El tal Flórez, antiguo guardia civil que participó durante un tiempo en el desentrañamiento de las tramas de ETA, tuvo una asombrosa y nunca explicada visibilidad en Perú -en el entorno del candidato presidencial Alejandro Toledo-, donde residió en la Embajada española. Lo más inquietante de la deslealtad de este sujeto, entre 2001 y 2004 (etapa en la que Jorge Dezcallar estuvo al frente del CNI), es que en este período -concretamente a finales de noviembre del 2003- fueron asesinados en una emboscada siete miembros de los servicios secretos en Irak, mientras desarrollaban tareas de ‘inteligencia’ militar en el entorno de las tropas españolas allí desplegadas. En principio, no tendría por qué existir relación entre esta tragedia y aquella filtración, y así lo entiende el actual responsable del CNI, Alberto Saiz, pero el nexo tiene que ser investigado. Por lo demás, la evidencia de que nuestros espías se juegan literalmente la vida en sus misiones elimina cualquier rastro jocoso del incidente.

En segundo lugar, y aunque el CNI asegure que los efectos de aquella infidelidad han sido subsanados, habrá que ver si las consecuencias de la filtración interfieren o no todavía en las labores, igualmente peligrosas que aquélla de Irak, que actualmente realizan nuestros servicios de inteligencia junto a las tropas españolas desplegadas en diversas misiones de paz: Afganistán, Líbano y los Balcanes.

En tercer lugar, es claro que este asunto no es sólo un «asunto interno» español. La actitud de la «potencia», presumiblemente Rusia, que pagó «mucho dinero» por nuestros secretos de Estado, que por lógica incluían los que compartimos con nuestros aliados y con la propia OTAN, fue gravemente inamistosa, por lo que nuestra diplomacia no puede comportarse como si nada hubiera ocurrido. La comunidad occidental tiene establecidos estándares de conducta para estos casos, y el Reino Unido acaba de dar ejemplo de firmeza ante las injerencias del ‘caudillo’ Putin. Sin aspavientos pero con soltura, Madrid debe manifestar alto y claro a Moscú que esto no se hace gratuitamente.

Por último, el descubrimiento de la deslealtad del ex agente Flórez revela, como es natural, un colosal agujero de seguridad en el CNI. Lo de menos es que cuando se produjo gobernara el Partido Popular, puesto que parece ocioso significar que las actividades relacionadas con la seguridad del Estado han de quedar al margen de la coyuntura política.

El actual responsable del CNI, Alfredo Saiz, un hombre de la confianza de Bono y a lo que se ve tan singular como él en el tratamiento de la comunicación, se ha valido de una exótica rueda de prensa para dar a conocer la noticia. Probablemente hubiera sido más razonable dar cuenta del sucedido ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, que es donde han de residenciarse estos asuntos que, por definición, requieren un territorio discreto. De cualquier modo, y según ya se ha anunciado, el asunto acabará en sede parlamentaria, donde la preocupación de los representantes de la soberanía popular habrá de centrarse en la constatación de que el CNI, además de garantizar su estanqueidad, cumple con los fines que tiene encomendados.

Fines que son bastante obvios: su papel ha de ser muy relevante en la lucha contra el terrorismo -tanto de ETA como islamista- y en el capítulo, cada vez más delicado e intenso, del combate contra el espionaje industrial, con el que se preserven los intereses empresariales españoles. En definitiva, el control del Parlamento ha de asegurarse de que el CNI está hoy más inclinado hacia lo sublime que hacia lo ridículo.

Estos días se conmemoran dos importantes aniversarios: treinta años de la creación del Ministerio de Defensa y veinticinco años de la incorporación de España al Tratado del Atlántico Norte y, por tanto, a la OTAN.

La creación del Ministerio de Defensa (un ministerio civil que sustituía e integraba a los tres antiguos ministerios militares) nos evoca la inolvidable figura del Capitán General Gutiérrez Mellado, sin duda el militar más importante de la Democracia; quien mejor supo entender la necesidad de homologar la posición de nuestras Fuerzas Armadas respecto de la Sociedad con las del resto de los países europeos. Además, llevó personalmente (con un pequeño equipo) a cabo la tarea: una ingente labor y además en medio de incomprensiones y descalificaciones, muchas veces de sus propios compañeros. Fue un adelantado a su tiempo pero, por suerte, vivió lo suficiente para contemplar el reconocimiento a su labor tanto por parte de la Sociedad civil como de sus propios compañeros que le tributaron, en la Academia General Militar, el merecido homenaje de reconocimiento.

Entre sus logros está la creación del Ministerio de Defensa que, en medio de las inevitables tensiones, ha sido un lugar de encuentro entre civiles y militares, una verdadera escuela, un medio fundamental para el mejor conocimiento recíproco, especialmente para que los civiles conocieran mejor a nuestros militares. Creo que no habrá un civil que haya pasado por el Ministerio de Defensa y que no haya cambiado profundamente su idea de los militares y de lo «militar». Estos treinta años también han sido testigos de una muy honda transformación de nuestras Fuerzas Armadas: en su dimensión (reducción necesaria aunque exagerada), en su estructura, en su composición (a través de la profesionalización), en su armamento y material (una extraordinaria modernización de los tres ejércitos) en su despliegue territorial y, por supuesto, una perfecta adaptación en el fondo y en la forma a nuestro ordenamiento constitucional.

Sin duda, un factor esencial en esa transformación ha sido la internacionalización: por una parte por su participación en numerosísimas operaciones internacionales de signo muy diferente (humanitarias, de imposición o mantenimiento de la paz, etc. etc.) en las que, por cierto y es justo reseñarlo, ha dejado una inmejorable impresión (no me refiero a Irak) tanto en las otras fuerzas participantes como en la población civil. Llevamos desplegados en operaciones internacionales un total de ochenta y cuatro mil soldados (84.000) y ni uno sólo de ellos, ni uno sólo, ha dado motivo para sentirnos avergonzados; y las comparaciones son odiosas. Por otra parte por su integración en estructuras militares de carácter internacional, singularmente la OTAN.

Llegamos así a la segunda efeméride: un cuarto de siglo desde la incorporación de España a la OTAN. Todos los que tienen edad suficiente recordarán la profunda división que produjo en la sociedad española esta incorporación que se realizó durante el breve, pero fructífero, mandato del Presidente Calvo-Sotelo, hasta el punto de que fue slogan del PSOE en las elecciones de Octubre de 1982 el de «OTAN, de entrada, no»; fue, por tanto, una división entre los que en aquel momento eran los partidos políticos mayoritarios y fue además una división que duró mucho tiempo, incluso más allá del referéndum de 1986 que consolidó nuestra pertenencia a la Alianza.

Por eso, cuando el pasado 11 de Junio se celebró el aniversario en el Congreso de los Diputados, más de uno se sorprendió del grado de acuerdo con el que los distintos oradores, de diferentes formaciones políticas, celebraron el acontecimiento. Importa subrayar el hecho: desde la transición política han existido muchos consensos digamos iniciales; algunos, por desgracia, se han roto; pero pocas veces se ha llegado desde un profundo y prolongado desacuerdo a un grado de acuerdo tal y como el que hoy existe en torno a la Alianza. En ello han jugado un papel primordial las instituciones: las Fuerzas Armadas, la Diplomacia, los centros de pensamiento, etc. y por supuesto un progresivo entendimiento del problema por parte de los partidos políticos.

El panorama estratégico de nuestros días es sustancialmente diferente al de hace veinticinco años. Terminó la Guerra Fría y con ella la bipolaridad con la consiguiente existencia de bloques simétricos y rígidamente enfrentados por razones ideológicas. Apareció el terrorismo internacional y con él la asimetría y la multipolaridad; la situación actual es mucho más fluida y, por tanto, menos previsible. En este panorama emergente se van consolidando dos realidades:

Primera: la amenaza es cada vez más internacional e incierta en su origen y en sus medios y para hacerla frente es necesaria la cooperación internacional y es imprescindible contar con estructuras asimismo internacionales, la OTAN sigue siendo tan necesaria que si no existiera habría que inventarla. Además es necesario -ya lo están haciendo- que nuestras Fuerzas Armadas desarrollen su capacidad de proyectar la fuerza y de asegurar la sostenibilidad de la misma lejos de nuestro territorio.

Segunda: otra nota esencial de la amenaza actual es su carácter difuso y ambiguo: puede estar protagonizada por elementos militares o civiles, es muy probable que utilice el terrorismo, también es posible que utilice armas de destrucción masiva; puede estar incluso en el interior del país amenazado. En este caso, para hacer frente a la misma debemos extremar la cooperación no sólo entre los distintos ejércitos (acciones combinada y conjunta) sino también con los servicios de inteligencia (civiles y militares). Sobre todo, como dice el Almirante Terán (Panorama Estratégico 2006-2007) es necesario un «enfoque integral» como están demostrando las experiencias de Afganistán e Irak en las que una rápida victoria militar no se ha visto acompañada por una correcta labor de estabilización y reconstrucción, en la que es indispensable la colaboración del estamento civil. Es imprescindible, pues, la cooperación entre militares y civiles y, en estos últimos no sólo de estructuras gubernamentales sino también de ONG´s. La propia Alianza ya está ensayando esta fórmula en Afganistán con los llamados «Equipos de Reconstrucción Provincial» (PRT´s). Así pues, para la Defensa de España y de los españoles, que es de lo que se trata, ambas decisiones, la creación del Ministerio de Defensa y la integración en la OTAN, han constituido un verdadero acierto puesto que nos hacen estar mejor preparados de lo que estábamos antes. En el fondo no es sino una nueva aplicación de la máxima «la unión hace la fuerza».

Quizás no sea ocioso recordar, en tiempos de singularidades y disgregaciones, que esta máxima no sólo es aplicable a cuestiones de Defensa o Seguridad. En Política, en Economía y en general en todo el ámbito social no debe perderse de vista que lo que une refuerza y lo que separa debilita, y debilita a todos, separatistas y separadores.

Los partidos políticos, esenciales para el funcionamiento de la Democracia, tienden a subrayar las diferencias, lo que los separa, pues en definitiva compiten por el voto, pero deben darse cuenta que el electorado quiere libertad, seguridad, prosperidad y bienestar; y todo ello es consecuencia de la fortaleza. Como decía San Agustín: «en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad».

En definitiva, hemos vivido una historia reciente llena de desencuentros que muchas veces han terminado trágicamente. Hemos vivido también una unidad impuesta artificialmente «desde arriba»; pero llevamos más de treinta años, los del reinado de Juan Carlos I, superando diferencias y aunando criterios. Tenemos ya un acervo común (mucho que perder) que nos debe hacer mirar al futuro con confianza, con seguridad en nuestras posibilidades, los dos aniversarios reseñados son buena prueba de ello. Se dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

No lo olvidemos.

Desde el pasado domingo, festividad de San Juan, muchos -yo, desde luego- sentimos, primero, una sacudida dolorosa y, luego, una continua y dolorida tristeza. Ese día supimos que seis soldados de nuestras Fuerzas Armadas habían muerto en acto de servicio en el Líbano, donde cumplían la noble misión de velar por la paz, de acuerdo con la resolución 1701 de la Naciones Unidas.

Es cierto que en toda misión de paz -en el Líbano, Kosovo, el Congo, Haití o cualquier otro lugar- en el que estén fuerzas militares en misiones de interposición entre combatientes que estuvieron luchando a muerte hasta poco antes de que la intervención se produjera, existe un riesgo latente y permanente de bajas y muertos entre aquellos que van en defensa de la paz, sabiendo siempre que corren ese riesgo.

Porque los combatientes que estuvieron en esos mismos lugares no sólo dejaron sembrado su odio, también dejaron ingenios bélicos, armas letales, para seguir produciendo muerte o mutilación entre inocentes que no participaron en la lucha: niños, mujeres, seres humanos. Que lo digan si no aquellos de nuestros soldados que llevan desactivadas en la zona en la que están en el Líbano más de dos mil minas que allí quedaron sembradas por unos y por otros. Esos riesgos, en el caso de las Fuerzas Armadas Españolas, fueron evaluados previamente por el mando, por el Estado Mayor, de acuerdo con las amenazas a las que había que hacer frente y de las que se tenía información, contrastada -estoy seguro- con la de las fuerzas armadas de otros países que intervienen en esta misma misión de paz.

Pero el día siguiente de la muerte de seis soldados nuestros -tres colombianos, tres españoles, todos ellos muertos con la bandera de España cosida como distintivo en su uniforme y unidos para siempre en el mismo acto de servicio, de cumplimiento del deber y de muerte, y para siempre separados de los suyos- no es momento para hablar de los riesgos o amenazas evaluadas y, mucho menos, el momento de utilizar esta triste noticia para atacar al presidente Zapatero y a su Gobierno. No es el momento de estas cosas cuando se están identificando cadáveres, cuando los familiares de los muertos lloran y rezan por ellos. Unos muertos a los que sus compañeros de armas estarán rindiendo el honor que se merecen mientras escribo estas líneas y por los que, en tantos lugares y, desde luego, en el Ministerio de Defensa y en los acuartelamientos de las Fuerzas Armadas, ondea, en señal de luto y dolor, la bandera española a media asta.

No es el momento para que un periódico local-el primero que compré en Astorga cuando venía hacia Madrid-, al lado de la noticia de la muerte de seis soldados nuestros, lo que publique en negrilla sea: “Defensa no confirma si los BMR atacados tenían inhibidores de potencia”. O, en un apartado de Análisis, afirme: “Misión de Paz que no lo parece”. O que, sin citar la encuesta en la que se basa, también haga este titular: “La mayoría de los españoles apoyaría la retirada de las tropas del Líbano” (en la última encuesta del CIS, del pasado mayo, la mayoría de los españoles se muestra partidaria de las misiones de paz en las que nuestras tropas, con riesgos iguales o mayores, están ahora).

Tampoco era el momento -y siento de verdad decirlo- para que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijera por la radio, pocas horas después de esas muertes, que si el presidente del Gobierno no dice el “verdadero carácter” de la misión de nuestras tropas en el Líbano lo dirá él. Cómo si él pudiera cambiar el carácter con el que están allí nuestros soldados, que definió no el Gobierno español sino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y todo para insinuar que las tropas de todos los países presentes en el Líbano no están en una misión -insisto, pedida y aprobada por la ONU- de interposición entre fuerzas que han estado combatiendo en ese país y, por tanto, de paz, sino en una misión que, puesto que se muere como en la guerra, es de guerra.

Por desgracia, tuve que presidir muchos entierros, actos religiosos y honras fúnebres de jefes, oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas. Podían surgir voces contrarias de extremistas de uno u otro signo entre el público, pero jamás en las horas inmediatas a los atentados ningún miembro de los partidos políticos de la oposición democrática (ni después tampoco) exigió responsabilidades al presidente del Gobierno o los ministros de su Gobierno. Sí criticaban los antidemócratas, los fanáticos de cualquier pelaje, desde sus periódicos o en la calle. Hacíamos frente a actos terroristas, en mi caso siempre de ETA.

Parece, hoy por hoy, que lo más probable es que éste del Líbano sea también un acto terrorista, dentro del mundo de Al Queda. Los atentados terroristas, lo sabe la oposición, no son lo que llamamos guerra.

Pero aquellos eran otros tiempos, ya no de los del tan traído y llevado consenso, del que tantos hablan sin saber lo que fue, pero sí en los que, en casos como éste, solía predominar el sentido del Estado sobre la lucha política entre los partidos democráticos.

La libertad de prensa y el que haya una oposición política al Gobierno es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Pero el día siguiente de la muerte de seis soldados nuestros en el Líbano es el día para estar todos los españoles unidos en torno a nuestras Fuerzas Armadas; unidos al dolor de sus compañeros y de sus familias y participando con el nuestro en el de ellos. Después, cuando hayan pasado los oficios religiosos y se haya rezado por su eterno descanso, cuando los familiares se hagan cargo de sus muertos y todos los representantes del Estado, con los del Gobierno de España, de las Comunidades que asistan, de las naciones extranjeras afectadas y de los partidos políticos, les rindan los honores a los que se han hecho acreedores, sí será el momento de que prensa y medios de comunicación emitan opiniones y críticas como quieran en uso de su derecho fundamental de libertad de información y de opinión. También será el tiempo de que los partidos políticos hagan las preguntas que crean necesarias, que pidan aclaraciones y, si lo estiman oportuno, responsabilidades políticas.

Pero por el respeto que todos los ciudadanos merecen, incluidos periodistas y políticos de la oposición, que no desvirtúen por qué han muerto seis soldados nuestros en el Líbano. Han muerto en una noble misión de paz, no de guerra.

Prefiero no tener que creer que lo hagan para tapar errores del pasado. Porque digan lo que digan los líderes de la oposición y los medios que le son afines, nuestra presencia en Líbano no fue, no es, ni será equiparable a enviar tropas a Irak en una invasión decidida en contra del Consejo de Seguridad de la ONU y la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, alegando la existencia de unas inexistentes armas de destrucción masiva y unas falsas connivencias con Bin Laden y Al Qaeda.

Por cierto, ¿alguno de los que tan a destiempo han empezado a ocuparse del asunto ha preguntado si los BMR que fueron a Irak estaban equipados con inhibidores? Decir lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y cuándo lo están diciendo es faltar al respeto y al honor que los muertos y sus familiares merecen; y al respeto que todos nosotros, que todos los ciudadanos españoles merecemos.

El impacto de algunas imágenes bélicas parecería dar a entender que lo relevante hoy en el campo de la seguridad y la defensa sería el nivel tecnológico que unas Fuerzas Armadas (FF AA) puedan desplegar sobre el terreno. Guerra cibernética, dominio del espacio electromagnético, bajas cero, vehículos aéreos no tripulados, armas inteligentes… Alguien podría pensar que el factor humano ya no cuenta. Sin embargo, y a pesar de los cambios registrados desde el final de la Guerra Fría en el terreno tecnológico y estratégico, el elemento humano sigue siendo la pieza fundamental de los aparatos de defensa nacional y del sistema internacional de seguridad.

En España, esos cambios se han traducido, por resumirlo mucho, en la incorporación a organismos internacionales de defensa colectiva -se cumplen ahora 25 años del ingreso en la OTAN-, una notable reducción de efectivos humanos, la incorporación de las mujeres a sus filas, la participación creciente en operaciones militares internacionales, el paso a unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, la integración de personal extranjero y, todo ello, en paralelo a un incesante desarrollo tecnológico en sistemas de armas y en procedimientos de actuación.

Si se tiene en cuenta que la legislación de referencia en materia de personal nos retrotrae a la Ley 17/1989, complementada con la Ley 17/1999, que asienta el modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas, resulta inmediato dar la bienvenida a un proyecto de ley de la Carrera Militar, como el que acaba de iniciar su andadura en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, y en paralelo a una sucesión de planes de adecuación escasamente creíbles -que incluyen la todavía vigente Ley de Plantillas-, se ha ido capeando el temporal gracias, sobre todo, al sobreesfuerzo personal de los miembros de unas FF AA empeñadas en responder, aun sin los medios adecuados, a los desafíos que planteaban los nuevos tiempos. Agotada esa vía y descartada la ruptura con el camino recorrido, se impone ahora impulsar el proceso, añadiendo los pasos necesarios para saber qué tipo de militares queremos/necesitamos.

La ley plantea un objetivo ambicioso -en un camino del que ya forma parte la Ley de Tropa y Marinería, Ley 8/2006 de 24 de abril, y que debe continuar con unas nuevas Ordenanzas de las FF AA y una ley de derechos y deberes de los militares-: lograr la excelencia en el empleo de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Tres son los puntos esenciales que destacan en su articulado:

-La creación de una escala única de oficiales, que dé sentido al maremágnum heredado de la larga historia de nuestras Fuerzas Armadas. Lograr este objetivo implicará con seguridad sacrificios personales, para profesionales que deben readaptar sus expectativas y superar pruritos corporativos y de clase, y de ahí que sólo quepa esperar una sensibilidad especial para limar las asperezas que surjan en el camino.

Se trata de una exigencia racional y operativa que debería sumar el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. El temor, en todo caso, está en que la tensión política nacional se traslade también a este ámbito, olvidando que se trata de una política de Estado, y que cada partido quiera convertirse en portavoz interesado de algunos grupos de hipotéticos damnificados. Tiene sentido el debate para encontrar el mejor modo de llevar a cabo la integración; no lo tendría que este tema se convirtiera en una baza de competencia partidista en el marco preelectoral en el que nos movemos.

-La instauración de un sistema de formación que combina la específicamente militar con la universitaria. La demanda de un profesional con capacidades múltiples para enfrentarse a misiones y contextos muy distintos a lo largo de su extensa vida militar, lleva necesariamente a ampliar los ya exigentes planes militares de estudio con los propios de la universidad española. Con la nueva ley un oficial de las Fuerzas Armadas tendrá que disponer de un título universitario -y un suboficial del de formación profesional de grado superior- para convertirse en militar de carrera y para ejercer su profesión; de ese modo se refuerza la institución, con mejores profesionales, y la persona, mejor dotada dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. No es, como algunos quieren entender, un intento de cubrir una supuesta carencia de raíz -según la cual los estudios militares serían de segundo nivel-, sino de aspirar a esa excelencia en tareas cada vez más especializadas y más desafiantes.

No se da el paso, como se ideó en su origen, a una Universidad de Defensa Nacional, y el sistema elegido (de adscripción de los centros docentes militares a las universidades ubicadas en su entorno geográfico) debe asegurar que no reduce el nivel de exigencia propio de las academias militares y que, por el contrario, suma el caudal de conocimientos civiles de aplicación a las diversas tareas a desempeñar en las Fuerzas Armadas. El modelo elegido parece idóneo para fomentar aún más los vínculos entre la sociedad civil y las FF AA, pensando no sólo en el beneficio mutuo de compartir saberes y técnicas, sino también valores y principios.

-La fijación del volumen de efectivos en el entorno de los 130.000-140.000 (de los que 50.000 deben ser cuadros de mando). Es una triste tradición de nuestras Fuerzas Armadas, y ahí está el actual proceso de profesionalización para demostrarlo, la esquizofrenia permanente de unos inexistentes ejércitos de papel que poco tienen que ver con la realidad de nuestras unidades. Sobre la base de cálculos realistas, la futura ley apunta a la fijación de un marco que parece encajar por fin las necesidades de la defensa con la disponibilidad de recursos presupuestarios adecuados, sin olvidar el imperativo demográfico.

Con buen criterio, el sistema de ascensos se inclina cada vez con mayor fuerza hacia el mérito, en detrimento de la antigüedad, y por combinar destinos operativos con una especialización que termine por definir distintas trayectorias profesionales -no todas necesariamente orientadas al mando de unidades-.

Nos interesa a todos poner el reloj en hora. Y a eso se aspira con la nueva escenificación del acto de jura a la bandera y con la inclusión en su articulado de unas normas de comportamiento ajustadas a la ética de todo servidor público, que a la disciplina y respeto a la jerarquía añaden la lealtad, el estricto acatamiento a la Constitución y el respeto a la dignidad humana. Se puede y debe aprovechar el esfuerzo, asimismo, para llegar a la eliminación de instancias anacrónicas -como el Servicio de Asistencia Religiosa, que bien se puede externalizar- y para, siguiendo el impulso racionalista de la estructura que se propone, fundir en un único Cuerpo de Logística a los tres de Intendencia que, de momento, siguen fragmentados en los tres Ejércitos. Sus señorías tienen ahora la palabra.

La segunda parte contiene un análisis crítico del Proyecto de Ley de la Carrera Militar, hecho evidentemente bajo la luz de las ideas contenidas en la primera parte del nforme. El Proyecto de Ley fue presentado cuando la primera parte ya estaba redactada, la aplicación de las ideas contenidas en ésta a un caso práctico, que va a determinar cuando se convierta en ley– el futuro de la carrera militar en España, es, in duda, la aportación más útil que podemos hacer para contribuir a que la Ley salga el proceso de tramitación parlamentaria en las mejores condiciones posibles para acilitar la obtención de recursos humanos de calidad, y suficientemente motivados, que puedan contribuir a la mayor eficacia de las Fuerzas Armadas y, con ello, al mejor servicio a los ciudadanos españoles.

Leer artículo completo (PDF). Disponible también en la Fundación Alternativas.

Hasta aproximadamente la segunda mitad de los ochenta, los soldados no eran seres humanos. Ni para los mandos militares, ni para los políticos, ni por supuesto para la mayoría de la sociedad. Los soldados eran entes que diluían su condición individual al vestirse el uniforme, que desaparecían en tanto identidad diferenciada cuando ingresaban en la milicia. A partir, sobre todo, de la primera Guerra del Golfo inaugurados los noventa, los soldados se nos convierten en seres humanos. El principal desencadenante de esta prestidigitación son los medios de comunicación. La retransmisión de la guerra por una televisión global representa el punto de no retorno a partir del cual los soldados salen del armario de sus uniformes para aparecérsenos como ciudadanos, como iguales.

Cualquier militar sabe, cualquier militar español ha sentido en algún momento que más o menos se le trataba como un ciudadano de segunda categoría. Es cierto que esta percepción apenas la sentía un general o almirante, algo les tocaba a los oficiales más sensibles, desde luego les acompañaba a los suboficiales y, en toda su dimensión, afectaba a los soldados, el último reducto de despersonalización de una cadena de valor que les consideraba como meros componentes de un sumatorio de fuerza, de fuerza para el combate.

La Guerra de Vietnam tuvo efectos mediáticos y políticos. A los norteamericanos comenzó a molestarles que sus congéneres murieran en un país extranjero, además a cambio de nada. Aquel conflicto y antes el de Corea descubrieron tímidamente al soldado ante un ciudadano que solía mirar para otro lado en lo tocante a los ejércitos. Sin embargo, todavía el impacto en la conciencia social de aquella identidad anónima que moría en el interior de un uniforme fue mínimo. Los medios de comunicación, las televisiones, no tenían el alcance y mucho menos la potencia ‘on line’ que aportaron las incrustaciones de equipos de la CNN entre los soldados de la Guerra del Golfo. De repente, una cámara y un redactor de televisión se integraban en una unidad de combate y el ciudadano televidente era quien pasaba a ser el anónimo receptor de la vida de un soldado que acababa teniendo nombre. La televisión devuelve los atributos humanos a alguien que, hasta entonces, permanecía cosificado en el consciente colectivo.

Hasta la humanización del soldado, la guerra era el teatro de la muerte. Los soldados acudían a la batalla a morir. Dejar la vida y hacerlo con honor, es decir, matando o siendo muerto por la patria y por unos ideales, era lo que se suponía a un militar de cualquier arma de ejército. Los generales y mariscales de campo colocaban a sus soldados en orden de batalla sin ninguna consideración de su esencia individual. Los soldados eran el ingrediente de un batallón, de una unidad o de cualquier otro agregado de combate. El empeño de preservar vidas propias era absolutamente secundario respecto al objetivo táctico marcado por el despliegue en el campo de batalla. Desde luego que minimizar los daños era importante, pero sólo a los efectos globales de no reducir el potencial de fuerza del ejército, y nunca debido a la consideración de pérdidas individuales, un asunto que se suponía asumido. El soldado iba al combate a entregar su vida por la patria.

Hoy las cosas han cambiado. Los generales, azuzados por la clase política, han incluido entre sus previsiones estratégicas la salvaguarda de la vida individual del soldado. Antes los soldados sin nombre perecían por miles y, si acaso, recibían noticia del fallecimiento sus familiares más cercanos, con unas condolencias agradecidas del ‘establishment’ militar por entregar a su hijo a una causa más elevada que su intrascendente vida individual. Hoy uno de nuestros militares pierde la existencia en una zona de combate y nos es comunicado a todos, su nombre nos es repetido a todos, las condolencias las compartimos todos y todos nos lamentamos de que la muerte le haya llegado a uno de nuestros compatriotas.

Afganistán e Irak son ambas zonas de guerra. Idoia Rodríguez es una soldado española muerta en un teatro de operaciones bélicas activas. La clase política y los medios de comunicación se han preguntado sobre las condiciones de seguridad de nuestros soldados en la guerra. Hace pocas décadas nadie se habría planteado siguiera la ruta mental que lleva a hacerse esa pregunta. En una zona de guerra se habría supuesto que no existe seguridad; en una zona de guerra se habría supuesto que un soldado no tenía derecho a ninguna seguridad, porque era un ser anónimo enviado allí a servir como instrumento de planes superiores a sí mismo, a sus familias y a sus preocupaciones. Hace unas pocas décadas Idoia Rodríguez ni siquiera habría existido para nosotros y no nos habríamos propuesto que tuviera que volver con vida de ninguna parte.

Lo más hermoso de Idoia Rodríguez es que era un ser humano individual cumpliendo una labor colectiva. El compromiso personal del militar anónimo ha pasado totalmente desapercibido para aquéllos a quienes se ofrecía ese compromiso. Y esto no tiene nada que ver con la legitimidad o con la justicia de las causas en las que los soldados son involucrados como la parte más automatizada de una cadena de mando. Las decisiones políticas y los planes militares pueden ser más o menos acertados en estrategia y oportunidad. Incluso, se puede discutir o discrepar más o menos filosóficamente sobre la pertinencia de los ejércitos. Lo que es incuestionable es que el soldado en combate entrega la vida a una causa colectiva, con independencia de que llegue a comprenderla o no del todo, de que llegue a vislumbrar si está entregándose a la idea de una patria o al ideal interesado de unos grupos de poder. Eso parecía ser o parece ser lo de menos en la milicia.

Ahora el soldado existe y nos preocupamos de su seguridad. Las causas de este cambio de paradigma son variadas y entre ellas, por supuesto, no sólo está la retransmisión televisada de las guerras. La visibilización del ciudadano soldado corre en paralelo a la revolución de los asuntos militares, a la implicación de los ejércitos en tareas de mantenimiento de la paz o a la crisis de vocaciones en la milicia que obliga a los ejércitos a comunicarse con lo civil. Sin embargo, en el despertar de la conciencia ciudadana, la televisión de las guerras ha marcado el punto de inflexión. Por televisión y por Internet nos hemos enterado de que nuestra vecina, que pensaba casarse y comprar un piso con los complementos a su sueldo por una misión en el extranjero, había perdido la vida cumpliendo con un trabajo en donde nos estaba representando a todos a través de una bandera colocada en su brazo. Alguien igual que nosotros ha muerto por una mina en una guerra cuyas particularidades no terminamos de entender. La televisión propicia que nos identifiquemos los unos con los otros, que nos pongamos rostro. Tal vez algún día dejemos de matarnos.