A finales de 1986 acabábamos de superar con éxito la «más importante y profunda crisis que ha tenido el sistema financiero español». Así la calificaba el profesor Álvaro Cuervo en un extraordinario libro titulado La crisis bancaria en España, 1977-1985. Causas, sistemas de tratamiento y coste. En efecto, aquella crisis acabó cerrando 58 bancos, que representaban el 28% del sector financiero español en su conjunto. De los conocidos siete grandes y cinco medianos bancos españoles hoy permanecen menos de la mitad y, según sus estimaciones, el coste de refinanciar la crisis con dinero público fue de 560.175 millones de pesetas, lo que suponía entonces cerca del 1,5% de nuestro PIB.

Tenemos grabado el análisis sobre cómo se salió de la crisis expuesto entonces por Javier Irastorza, otro gran maestro de la economía de quien, ya entonces, era su discípulo más brillante y buen amigo, Luis de Guindos. Por esas fechas, el hoy ministro de Economía aprobaba las oposiciones a técnico comercial del Estado y estaba enfrascado en traducir el libro del premio Nobel de Economía de 1986, James Buchanan, sobre la necesidad de independencia de la política monetaria respecto de los procesos electorales.

La crisis del sistema financiero español se superó bien. En los tres años posteriores, la economía española recuperó su capacidad de financiación y los agentes económicos ahorraban más de lo invertido. Según el Informe de cuentas financieras de la economía española del Banco de España, nuestra economía alcanzó un saldo positivo neto anual de capacidad de financiación interna del 1,4% de su PIB.

Pero hoy la crisis del sistema financiero es mundial y encuentra a España en una situación bien diferente. Y le ha tocado a Luis de Guindos lidiarla. Y sabe, como ha demostrado con la reforma aprobada en el pasado Consejo de Ministros, que la respuesta ya no puede centrarse sólo en meter dinero público procedente de los impuestos de los ciudadanos. Hay que buscar otros remedios más dinamizadores. Nuestra economía se caracteriza por una creciente e ingente necesidad de financiación exterior, con saldos negativos que han llegado a ser incluso de casi 100.000 millones de euros anuales, por encima del 9% del PIB.

Hoy España es el segundo país del mundo que más dinero debe al exterior, con una deuda neta con el resto del mundo de 1,264 billones de dólares. Sólo Estados Unidos debe más que nuestro país, con la diferencia de que su deuda representa el 21% de su PIB y en nuestro caso esa cifra es el 91% del PIB. Nuestra deuda neta de financiación exterior supera la de Francia, Italia y Grecia juntas (1,109 billones de dólares) siendo su PIB conjunto seis veces superior al de la economía española.

A esta realidad se une otra más grave: la financiación de nuestra economía se ha encarecido enormemente en los últimos tiempos. Y aquí se da una extraordinaria paradoja. Mientras nuestros grandes bancos (Santander, BBVA, Caixa) tienen una solvencia en rating y en core capital TIER 1, superior a los competidores -es decir, son más sanos-, les sale mucho más caro que a ellos obtener dinero en los mercados. Baste un ejemplo: El Santander tiene un rating AA-, superior al de JPMorgan, Barclays, City, Deutche Bank o UBS. Ninguno llega a tener doble AA-. Sin embargo, siendo menos solventes, se financian a tipos de interés anual de hasta 200 puntos básicos por debajo de nuestros grandes bancos. No se penaliza, en estos casos, la gestión de estas entidades. Se penaliza la duda en la capacidad de nuestra economía para recuperar la senda de crecimiento que nos permita devolver toda la deuda acumulada, en una situación en la que no contamos con autonomía monetaria ni de tipo de cambio.

La consecuencia es inmediata: falta liquidez para financiar préstamos a nuestras empresas y la poca que hay resulta muy cara. El resultado es que en 2011 se han cancelado más créditos que los concedidos, tasa negativa neta que no se producía desde 1965.

Devolver a España a la senda del crecimiento económico exige volver a abrir los cauces de financiación de nuestra economía. Y esto empieza por recuperar la credibilidad internacional. Pero a su vez, no es posible pensar en recuperar la credibilidad internacional si no transmitimos la seguridad de que haremos cuanto está en nuestra mano para reducir el déficit público, recuperar competitividad y mantener disciplina en el futuro. Todo ello exige a su vez importantes reformas: de flexibilidad laboral, de reducción sostenida del déficit, del sistema de financiación y gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Estas reformas son, todas, absolutamente necesarias. Pero no suficientes.

Hace falta también una acción exterior fuerte que sepa trabar alianzas eficaces y que imponga que Europa haga su parte. Una vez convencida de nuestra sincera y consistente voluntad de reforma y cambio, Alemania y Europa deben buscar y aceptar fórmulas de mutualización de la deuda pública que armonicen los costes de financiación, de incrementar los recursos comunes a través de mayor aproximación fiscal y presupuesto común, y de realizar políticas fiscales de expansión en aquellos países cuyas finanzas lo permitan. Todo ello bajo unas nuevas reglas comunes de gobierno del ingreso y del gasto. Estamos convencidos de que Europa es consciente de esta realidad y que podremos contar con que así será, pero no será nunca sin que antes nosotros, junto a otros países europeos, cumplamos con nuestra parte. No se trata sólo de saber qué hay que hacer, sino de la secuencia de los acontecimientos.

En medio de la desolación que provoca nuestra economía y, sobre todo, el inaceptable nivel de desempleo, hay consistentes razones para la esperanza. Los emprendedores españoles han sabido afrontar la crisis exportando más y mejor. Desde 2008 nuestra economía ha aumentado un 30% sus exportaciones, cifra sin precedentes y envidiada por otras naciones europeas. Los contribuyentes han aceptado el sacrificio de una fuerte subida de impuestos. Y los votantes han respaldado con fuerza un cambio de rumbo, otorgando la confianza a un Gobierno presidido por Rajoy, con ideas nuevas y claras y equipos más capaces. Y ha sabido empezar por donde era necesario, impulsando una solución global, rápida y transparente que devuelva la credibilidad al sistema financiero español.

Hoy las dudas sobre la calidad de nuestros activos, singularmente el precio de los inmuebles y el suelo, hace más daño que la propia realidad. Se trata, pues, de poner en su valor real el precio de los activos de la mayoría de las entidades que lo han hecho bien y son solventes. Y junto a ello, impulsar con decisión, una salida mediante integración, de aquellas entidades, las menos, que lo han hecho mal y no son solventes. Ésta es la apuesta que el gobierno ha hecho. Y esperemos, por el bien de todos, que nuestro sistema financiero sepa responder pronto y bien. Si el impulso reformista, que va más allá del sistema financiero, no se empantana hay razones para confiar en que vuelva el crédito a nuestra economía.

Puede ser que en nuestro país se produzca, de vez en cuando, algún milagro que no seamos capaces de valorar. Más aún: que no seamos capaces de reconocer. Después de negociar desde el pasado mes de octubre, el 25 de enero de 2012 la CEOE, la CEPYME, CC OO y UGT firmaron el II Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, 2012, 2013, 2014. La repercusión mediática fue tristemente reducida: ni mención en la portada de la mayoría de los periódicos. No deja de sorprender, básicamente por tres motivos. Primero, por el inclemente bombardeo mediático sobre la “necesidad imperiosa y urgente de una reforma laboral”. Segundo, porque causa desconcierto que en la situación social y económica de España las organizaciones sindicales y empresariales alcancen acuerdos. Y tercero, porque lo acordado tiene importancia intrínseca, sin precedentes, posiblemente, en el escenario europeo.

No entraré en el debate de la “excepcionalidad española”, ni discutiré si su marco regulatorio, cuya reforma es imprescindible para activar la recuperación y crear empleo, es el responsable del pavoroso desempleo. Esa relación de causalidad entre ordenamiento laboral y creación de riqueza puede ser discutible. Pero no es este el debate. Lo que de verdad me extraña es que todos los días venimos escuchando que la reforma laboral es el asunto prioritario, a la vez que, con voz más o menos gruesa, se insinúa que para esta tarea los agentes sociales valen poco, “defienden intereses corporativos”, “no representan a nadie”. Pues bien, cuando se da prueba de lo contrario, es como si no hubiera pasado nada. Y la desgracia es que el desaire social acaba por condicionar la propia eficacia de los acuerdos. Más o menos pasó lo mismo con los acuerdos de pensiones. Eran vitales, hasta que se firmaron. Entonces pasaron a ser indiferentes.

En verdad, la “excepción española” es otra. Es que en las circunstancias actuales los sindicatos se dediquen a negociar y lleguen a acuerdos (metal, construcción, etcétera). Que asuman su compromiso social identitario: representar y defender los intereses de los trabajadores. Que acuerden cuando es posible y que no lideren la oleada de indignación cuando los pactos se atrasan, dificultan o entorpecen. No sé cómo estaría mi país si el paro y el abatimiento del consumo vinieran acompañados por la pasión y la tamborrada.

Las asociaciones empresariales y sindicales son “sujetos constitucionales” que defienden algo más que intereses particulares. “Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos…”. Este anclaje constitucional justifica el apoyo institucional y es su comportamiento el que ha aportado modernidad, prosperidad y tolerancia a España. Merecen, pues, además de crítica -cómo no-, algún reconocimiento, aunque no fuera muy a menudo. Lo acordado, además, es ciertamente sustantivo. No es un simple pacto de legitimación.

Sé que la “reforma laboral” goza de una cierta vocación mística y por tanto no es fácil de concretar. Pero se han venido diciendo cosas incluso razonables: “Hay que promover la productividad y por ello no cabe la férrea indización salarial vía inflación”. Pues bien, no es que lo acordado sea una contención salarial, sino que, además, se modifica sustancialmente el sistema de fijación de salarios. Se “desnacionaliza”. A partir de ahora pasamos a considerar factores como “el objetivo de inflación del Banco Central Europeo”, “la tasa de variación anual del IPC armonizado de la zona euro” o “el precio medio internacional en euros del petróleo Brent”.

Parece que era eso lo que se venía “exigiendo”. Ahora ya está aquí, y lo que está aquí es el cambio más importante en la negociación salarial desde los Pactos de la Moncloa, cuando cambiamos inflación pasada por inflación prevista. Posiblemente es el primer acuerdo europeo que refleja formalmente la globalización de la economía. Necesitaría mayor reconocimiento, mayor aplauso.

Se dice, y es verdad, que hay que acercar la negociación a la realidad y que ello exige potenciar el convenio de empresa. Claro que sí. Pero primero recordemos algo: en nuestro país hay unas 4.500 empresas de más de 250 trabajadores, y hay también 4.500 convenios, más o menos, de empresa. Por supuesto que hay que promover la descentralización. ¿Y qué se pacta? Primero: “Los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa”. Segundo: “Se apuesta de forma decidida a favor de la descentralización de la negociación colectiva”. Tercero: “Hay que potenciar la flexibilidad en la empresa, para que esta pueda adaptarse a un mercado cambiante y competitivo”. No suena mal, ¿no? Sería saludable que no nos acostumbráramos a encontrar para cada solución un problema.

Promover la flexibilidad, potenciar la productividad, acercar la negociación a la empresa no se consigue simplemente por haberlo escrito. Va a exigir un considerable esfuerzo en comprensión y en sacrificio por parte de los futuros negociadores de los más de 5.000 convenios que tenemos. La rentabilidad del esfuerzo es mucho mayor cuando existe reconocimiento social a la tarea realizada. Cuando se refuerza y reconoce, social e institucionalmente, la función de asociaciones empresariales y sindicales. Y en eso estamos. En el convencimiento de que en nuestro país tan necesario como el crédito financiero es el crédito institucional.

En ocasiones me he referido al dictum del premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1960, Peter Medawar, nacido en Río de Janeiro pero educado en Inglaterra, quien afirmaba que la economía no podía ser calificada como una actividad científica, puesto que no podía predecir. Muestras de la veracidad de este dictumquedan patentes a diario, y, desde luego, nuestro pasado reciente lo ha demostrado claramente. Por ello, a mi parecer, un número de cálculos y predicciones negativas de los especialistas en economía deben tomarse con cierto escepticismo y ojalá sean más positivos, ya que de otro modo el pesimismo se contagia de unos a otros, como estamos viendo estos días. Además, la crisis se está utilizando como excusa en muchos casos para evitar compromisos. Y tanto más cuantos más encuentros y cumbres se realizan. Pienso que encuentros como el de Davos, que está teniendo lugar estos días, son más que suficientes.

Desde mi punto de vista, en los momentos actuales es necesario, mejor dicho, vital, conseguir un cambio radical de actitud ante la crisis: hemos de pasar del pesimismo y la pusilanimidad por unas malas condiciones económicas, especialmente el paro, a un optimismo basado en la cooperación de todas las clases sociales. El momento que atravesamos no es ni comparable, en un orden de magnitud al menos, a la terrible situación española de 1939, terminada la Guerra Civil y las muchas ocasiones desde entonces, como bien describe el imaginativo Eduardo Serra en su reciente publicación «Las claves para transformar España», como consecuencia de su entrevista con más de ochenta personas preocupadas con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. No solo disponemos de una agricultura floreciente, sino que además se van mejorando las condiciones para la eficiencia en la distribución de mercancías, además, y por encima de todo, disponemos de una juventud mejor formada que nunca. Es cierto que esta juventud lo está pasando muy mal, como todos sabemos, que se encuentra desalentada pensando que muchos años de estudio no les van a facilitar un buen trabajo. Por ello, en el Consell Valencià de Cultura llevamos ya varios meses consultando a una serie de expertos, incluidos rectores de universidades, para conocer la egresión de los estudiantes universitarios. Así, se está redactando un informe, que lleva por título «La idoneidad de los estudios impartidos por las Universidades públicas valencianas para la empleabilidad de sus egresados».A modo de resumen, este informe es consecuencia de la preocupación expresada por este Consell sobre la posible discordancia entre los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos para obtener los títulos emitidos por las universidades valencianas y su posterior capacidad para obtener y mantener un puesto de trabajo, en el que desarrollar de una manera eficiente dichos conocimientos y habilidades. El tema es muy complejo, porque en la «empleabilidad» de los egresados de las universidades influyen multitud de factores. La primera idea que debemos tener clara es que no se trata, en absoluto, de un tema «valenciano» o «español». El problema afecta a todos los países del mundo, probablemente con mayor intensidad a los países desarrollados y a los que tienen lo que se denomina una «economía emergente».

Si hay una conclusión evidente, es que los estudiantes poseen unos conocimientos que les favorecen la creación de puestos de trabajo novedosos y de una sociedad mucho más preparada y organizada en su conjunto para realizar un esfuerzo masivo y evitar que unos pocos cometan excesos. Como he repetido en ocasiones recientes, incluyendo el último artículo que escribí para el ABC, tras leer las obras de John Keynes, es necesario ahorrar, pero también gastar, y esto es algo que está en el ánimo de muchos, incluso en muchos economistas.

Hace pocos días me encontré en uno de los locales que frecuento a un amigo que me comentó la enorme caída de ventas que ha experimentado su negocio, y que atribuía al espíritu timorato que nos ha dejado la crisis. Incluso me comentó que sus hijos y nueras, que disfrutan de puestos de trabajo bien remunerados, debido al ambiente propiciado por la crisis habían disminuido sus gastos considerablemente. Esta actitud debe cambiarse. También otros contertulios se animaron a opinar y me contaron un chiste, que puede resumirse así: llegó un señor a un hotel y dejó al recepcionista un billete de cien euros, como adelanto, y fue a ver la habitación en que pensaba alojarse. A requerimiento del recepcionista, un botones acompañó al posible cliente a la planta. Mientras tanto, el recepcionista llamó a su carnicero y le entregó los cien euros para condonar sus deudas; el carnicero, a su vez, llamó al electricista con el mismo propósito, y así el billete de cien euros pasó por las manos de una serie de empleados hasta que llegó a una chica «de vida alegre», quien lo dejó de nuevo en el hotel para también saldar su deuda. Al señor que buscaba alojamiento la habitación no le gustó, y decidió no alojarse. Pese a ello, el dinero circuló, que es lo que se necesita más que nunca.

De momento, parece que, afortunadamente, el Gobierno va a controlar las gratificaciones salariales de las entidades financieras, al menos de aquellas que perciban ayudas para su subsistencia, y va a perseguir la mala administración de los fondos públicos. Pero hay muchas más entidades que pueden colaborar. Así, por ejemplo, quiero recordar que hace ya más de medio siglo el profesor Pedro Laín Entralgo dijo que España podía permitirse el lujo de exportar científicos (y había muy pocos entonces) e importar jugadores de fútbol, lo que en su momento le costó su cese como rector de la Universidad Complutense. Creo que desgraciadamente el momento actual corrobora el dictumde Laín Entralgo. Quizá, y aun a riesgo de enfrentarme a muchos de mis compatriotas, pues sé que el fútbol despierta pasiones, creo que es otro sector que debiera ayudar, ya que los jugadores tienen mucho entusiasmo y pueden crear ilusión; además, tengo entendido que perciben salarios tan cuantiosos como los de los banqueros. Estoy seguro de que si se les pidiese o indicase, responderían con su espíritu deportivo, lo que sería muy de agradecer y eficiente.

Acabo de terminar una entrevista mediática y les he comentado algo de lo que indico en este artículo, y a ellos también he pedido su ayuda.

“Mirar lo que se tiene delante de los ojos requiere un constante esfuerzo”, George Orwell.

Millones de españoles, parados o a la espera de encontrar su primer empleo, tienen puestas sus esperanzas en las reformas del mercado laboral, pero tales reformas, aunque necesarias, no son y nunca serán una “panacea” para resolver el masivo y vergonzoso problema que supone para España el desempleo.

En la actualidad, Alemania, con 82 millones de habitantes, tiene alrededor de 2,7 millones de parados (menos del 7% de la población activa), el nivel más bajo desde 1991, mientras que España, con 46 millones de habitantes, tiene más de cinco en paro (el 23%), lo cual supone el nivel más alto de los últimos 15 años. La economía española se contrajo entre 2007 y 2011 en términos similares al promedio de las de los 17 países de la eurozona, pero el índice de paro español superó en más de dos veces su tasa anterior, mientras que el de la eurozona se deslizó desde el 7,5% al 10,3%.

Algo funciona muy mal. El FMI tiene razón al calificar de disfuncional el mercado de trabajo español, pero también hay que echarle la culpa a un descompensado modelo económico, excesivamente basado en la construcción y el turismo, y a un sistema educativo incapaz de crear los cimientos de un modelo productivo más pendiente del conocimiento que de los ladrillos y el mortero.

Una reciente visita a Las Palmas de Gran Canaria confirmó estas apreciaciones. En 2011, las islas Canarias, una reproducción a escala del conjunto de España, aunque de una forma extrema, disfrutaron de una temporada turística récord, recibiendo 12 millones de visitantes; es decir, 1,5 más que en 2010 (el 21% del total de España y seis veces la población del archipiélago). Hace mucho tiempo que el turismo constituye el puntal económico de las Canarias; sin embargo, su tasa de desempleo es del 30%, muy por encima de la media nacional y el segundo más elevado después del de Andalucía. ¿Por qué la tasa de paro es aquí tan elevada a pesar de haber tenido la mejor temporada turística de la última década? Principalmente, por el derrumbe del inflado sector inmobiliario, que ha hecho que las islas dependan todavía más de un único sector. Lo mismo puede decirse de gran parte de España.

En los hoteles de las islas cada vez hay más extranjeros en puestos directivos, porque los canarios no saben hablar los idiomas que utilizan sus millones de visitantes. De manera que, por ejemplo, un hotel con una numerosa clientela alemana, en su recepción coloca a alemanes o a personas de otras nacionalidades que hablan alemán. Aunque hace ya unos 50 años que el turismo es la base de la economía canaria, los colegios de las islas y de gran parte del resto de España han fracasado estrepitosamente en la enseñanza de lenguas extranjeras. No han ido más allá de un nivel elemental, y a veces ni siquiera eso.

Como en el resto de las regiones, que se volvieron locas con la construcción, en las Canarias la tasa de abandono escolar temprano, la de quienes dejan las aulas a los 16 años para trabajar en el turismo y la construcción, es elevada. Los trabajadores de este sector, ahora en paro, poco más saben hacer, y no tienen prácticamente más alternativa que volver a clase a retomar los estudios. Esto explica que el índice de abandono escolar esté comenzando a reducirse.

Entretanto, en el otro extremo del ciclo educativo, las universidades continúan produciendo ristras de licenciados que con frecuencia terminan en empleos para los que están sobrecualificados, porque hasta la fecha el modelo productivo ha sido incapaz de crear un número suficiente de empleos que demanden su preparación. No es sorprendente que en 2011 una cifra considerable de españoles (62.611, según el INE), muchos con títulos universitarios, haya comenzado a emigrar, por primera vez en 30 años. Mis propios hijos, de 30 y 29 años, trabajaron inicialmente en España y ahora lo hacen en Londres y Berlín.

Durante la campaña electoral de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero prometió crear dos millones de puestos de trabajo y alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han perdido más de dos millones de empleos. ¿De dónde van a salir los nuevos puestos de trabajo estables? Evidentemente, no de la construcción (se calcula que hay alrededor de 750.000 viviendas nuevas sin vender) y tampoco de las Administraciones públicas, que están reduciendo la cantidad de puestos de trabajo.

España ha acometido innumerables reformas laborales desde 1984, cuando se introdujeron contratos temporales para tratar de fomentar la creación de empleo, aunque esa medida acabara creando un mercado laboral completamente dual, formado por integrados (los que tienen contratos indefinidos) y excluidos (los que tienen contratos temporales).

Por sí solas, las reformas laborales, al margen de lo liberalizadoras que sean, no crearán empleo. El desafío radica en establecer una economía más diversificada que, basada en el conocimiento, dependa más de las exportaciones. Para ello hará falta una década: España tendrá que soportar durante mucho tiempo un elevado índice de desempleo.

Es frecuente que se confunda el precio de un bien con su valor. Influyen prejuicios, un conocimiento superficial o un deseo aspiracional de emulación. También es habitual malvender lo que ha costado mucho lograr. Algo de esto es lo que ha sucedido en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero. El presidente del Gobierno iba con un importante activo -son sus palabras y las de miembros de su Gobierno- y ha malvendido el acuerdo que sindicatos y patronales firmábamos días antes.

Ante los primeros ministros conservadores equivocó el precio -una huelga general que le parece inevitable- con el valor del consenso social y la responsabilidad. Solo faltaba el señor Van Rompuy, animando a coger de nuevo “el toro por los huevos”, tal y como hizo cuando celebró la valiente, por impopular, reforma laboral del anterior Gobierno.

Anoten un detalle y denle la importancia que consideren: el acuerdo de las pensiones se rubricó el día anterior a la llegada a Madrid de la canciller alemana, encuentro muy importante para nuestro país. El día anterior al encuentro en Berlín del presidente del Gobierno con la señora Merkel y en tiempo para su primer Consejo Europeo, actos no menos importantes, sindicatos y empresarios volvimos a cumplir con nuestra responsabilidad. Esperábamos que fuese una contribución que fortaleciese la posición de nuestro país para reclamar otras políticas que no arruinen a la sociedad española y le arrebaten derechos y bienestar. Pese a lo sucedido, no cejaremos en el empeño por lograrlo.

En nuestro país se ha producido un cambio político, un Gobierno conservador ha sustituido a uno socialista. Pero la severidad de la crisis pronto ha disipado las fábulas que precedieron al cambio y no ha tardado en aparecer el personaje del Torquato Tasso de Goethe lamentando que “de lo que uno es, son otros quienes tienen la culpa”.

Tras mi primera entrevista con el presidente del Gobierno -días antes de su investidura- afirmé que lo mejor era que, por la vía del diálogo, pudiéramos contribuir a resolver los problemas, y si no fuese así, deseaba que el presidente acertara. Esta afirmación, sincera, llamó la atención de alguna de las personas que más se han empleado en propagar el odio contra las organizaciones de trabajadores. Treinta y cinco años de democracia parecen no ser suficientes para que se entienda que UGT no es la oposición de ningún Gobierno. Como tampoco somos la oposición en las empresas.

Sindicatos y patronal hemos alcanzado un acuerdo difícil, como lo fue también el de las pensiones. Pero es una decisión que podemos explicar y los trabajadores la entenderán. La falta de acuerdo, cuando nuestro país se encamina hacia los seis millones de parados, es algo que difícilmente hubiéramos podido explicar.

El acuerdo solo tiene un propósito: que el despido sea la última opción en la empresa. La contención salarial, la flexibilidad, el compromiso de que una mayor parte de los márgenes empresariales se dediquen a inversión productiva, la vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales, en particular de los que son competencia de las Administraciones públicas, solo tienen un objetivo: que no se siga destruyendo empleo.

Con su firma corroboramos algo sobre lo que se ha insistido: que deberían explorarse las posibilidades de mejora que ofrecen nuestras normas laborales, reformadas recientemente. Para asuntos como el convenio de empresa, la flexibilidad en la contratación o en las empresas -si son esos realmente los problemas que se quieren resolver-, nuestra regulación permite buscar soluciones por la vía del diálogo y el consenso social.

No obstante, se pueden preguntar por qué ahora ha sido posible lograrlo con prontitud. Es posible que las distancias antes fueran mayores porque, como ustedes y Borges saben, el espacio se mide por el tiempo y hoy el tiempo, al menos el tiempo político, no sé si es más o menos breve, pero sí es distinto. No ha sido así para nosotros.

También hemos intentado preservar algo vital: la negociación colectiva. Lo saben bien quienes quieren extirparla de las relaciones laborales, el ministro de Economía encabeza el pelotón: “El sistema de negociación colectiva ha sido la principal razón de la pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”. Por ahora son solo sus palabras, esperemos que no se conviertan en decisiones.

Tras lo sucedido en el Consejo Europeo, tenemos el derecho a que el Gobierno acredite su voluntad de diálogo. Es su obligación tomar la iniciativa, convocar a sindicatos y patronales para esclarecer sus propósitos y, si esa es su voluntad, asentar el consenso social. Y quizás no estaría de más reflexionar sobre comportamientos recientes.

El asunto Spanair, tan triste, empezó precisamente por lo contrario, por la alegría: la alegría inconsciente e irresponsable de ciertas elites empresariales, políticas y mediáticas catalanas.

En la convulsa época de los gobiernos tripartitos, algún arbitrista tuvo la brillante idea de que para el futuro de Catalunya lo más importante era tener un gran aeropuerto intercontinental, un hub que conectara Barcelona con el mundo sin tener la humillante obligación de pasar por Madrid. La idea tuvo enseguida gran éxito: encajaba con la imaginaria disputa CatalunyaEspaña, música de fondo que alienta la política catalana desde hace más de treinta años.

En esas estábamos cuando varios centenares de empresarios –unos dicen cuatrocientos, otros novecientos, yo no me aclaro– se reunieron el 22 de marzo de 2007 en la escuela de negocios Iese, en principio un templo del liberalismo económico, y decidieron poner manos a la obra. Tantos empresarios juntos, y en semejante lugar, podían haber tomado decisiones más ligadas a su ideología e intereses: propuestas de reforma laboral o financiera, de reducción de las Administraciones públicas o de política energética. En todo caso, iniciativas que respetaran las reglas de la economía de mercado, un mercado internacional aeronáutico europeo donde es muy difícil penetrar.

En efecto, los hubs europeos están situados en Londres, Frankfurt, París, Amsterdam, Zurich y Madrid, no por razones políticas sino geográficas y económicas. Desde ahí conectan Europa con Norteamérica, Asia y Latinoamérica. Pero nuestros liberales empresarios, más obsequiosos con el poder político que fieles a sus ideas, dieron eco mediático y soporte social a la por lo visto ineludible necesidad de volar directamente a Nueva York, São Paulo o Pekín, sin incómodas escalas.

Un par de años después, la compañía aérea SAS perdía dinero a chorros con su recién adquirida compañía Spanair, de la que se habían desprendido poco antes sus fundadores Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz-ferran, de infausta memoria. Tanto perdía SAS que estaba dispuesta a venderla por el valor de 1 euro y encima se comprometía a capitalizarla. En definitiva, se trataba del conocido timo de la estampita. Nadie en el mundo, con dos dedos de frente, estaba dispuesto a picar el anzuelo y comprar Spanair. Hasta que a finales de 2008 un grupo de empresarios catalanes en la órbita de Femcat –una asociación nacionalista que sostiene la viabilidad económica de una Catalunya independiente– formó un consorcio sustentado en empresas públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para adquirir Spanair.

Según los compradores, la compañía era económicamente viable y, sobre todo, un instrumento imprescindible para convertir el aeropuerto de El Prat en un hub intercontinental. La realidad fue que los nuevos propietarios compraron una ruina que al año siguiente ya tuvo pérdidas por valor de 186 millones de euros. Desde entonces estas pérdidas aumentaron y los poderes públicos catalanes tuvieron que inyectar 150 millones para retrasar la catástrofe. Tras su cierre del pasado viernes las deudas se acercan a los 400 millones.

¿Qué sucedió durante el tiempo transcurrido entre la compra y el abrupto cierre de la semana pasada? Desde el principio cayó un impenetrable muro de silencio sobre lo que en realidad estaba pasando. En privado, desde el primer momento, todos decían que el asunto acabaría muy mal. Nadie, sin embargo, alzaba la voz en público para advertirlo. Sólo había silencio, el silencio de una manada de corderos. Ese característico silencio, temeroso y cómplice, que suele extenderse por la sociedad catalana cuando están en juego las sagradas esencias de la patria. Como en el casi olvidado caso Millet: ¿Fraude en el Palau, en el Orfeó? ¡Catalunya! Callemos. Los medios de comunicación catalanes han dedicado muchísimas más páginas, y miles de horas más de radio y televisión, a los cuatro trajes de Camps que a los 32 millones de que se apropió Félix Millet, todavía hoy tan campante.

En el caso Spanair, no están en juego las reliquias históricas sino un nuevo mito: el de la independencia de Catalunya por razones económicas. Si somos una nación y queremos ser un Estado necesitamos que el aeropuerto de El Prat sea un hub y para ello es imprescindible dotarse de una compañía aérea propia. Comprémosla, Dios proveerá. ¿Cuántos informes sobre la viabilidad económica de Spanair se han encargado? ¿Aún más que sobre la viabilidad económica de una Catalunya independiente?

Hasta el desenlace final ha sido patético. Sólo faltaba una figura: el jeque árabe. Desde la crisis petrolera de los setenta, cualquier negocio con pérdidas multimillonarias acude como última ancla de salvación a este nuevo Dios: el rey mago del petróleo. Un recurso grotesco, infantil, la ilusión del niño en la cabalgata, la esperanza en el milagro.

Spanair era económicamente viable como también lo es una Catalunya independiente. Eugeni d’ors, para impedir que su impetuoso interlocutor derramara la copa de champán, le advirtió: “Joven, los experimentos, mejor con gaseosa”.

Tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya sabemos cómo el Gobierno va a controlar el déficit autonómico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos autónomos créditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalización de sus cuentas. Quien paga manda, así que los consejeros autonómicos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonomía. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constitución.

El Ejecutivo se está equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos autonómicos. Primero, porque la fiscalización por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades políticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los créditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Desde una lógica política, la decisión del Gobierno de supervisar la gestión autonómica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los políticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. Así ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les tocó gestionar la crisis y así debería ser el mecanismo por el cual los Gobiernos autónomos fueran hechos responsables de su mala gestión.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos autónomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesión de impuestos que se aprobó en el nuevo sistema de financiación de 2009 tenía como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonomías. Esta es la dirección que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad política de los Gobiernos autónomos, otorgando más capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalización del Ministerio de Hacienda, el control de los políticos en las elecciones pasará a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Economía ante el ministro de turno.

La segunda cuestión es saber si estos acuerdos conseguirán imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonomías. Rajoy ha garantizado que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, la zanahoria en forma de créditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalización algo desmesurados para hacer creíble la promesa de que en el futuro no habrá salvación, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecución penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonomías empeore las cosas más adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisión de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensión la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda autonómica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificación de la deuda española.

La experiencia de otros países descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer creíble su firmeza. Existe abundante evidencia empírica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resolución en Argentina o Brasil durante los años ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en España haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo político y en lo económico. Si las medidas de fiscalización anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, será a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones políticas. Los Gobiernos autónomos acabarán utilizando las palancas políticas y su capacidad de negociación con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar más ayudas no resulta creíble, las CC AA no tendrán incentivos para controlar el gasto y esperarán de nuevo a que la Administración central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habrán servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

Resulta evidente que el modelo actual de nuestro mercado de trabajo ha fracasado de forma rotunda. Una crisis económica que dura cuatro años pero que sus principales efectos se han dejado sentir en el empleo, generando un 23% de parados de la población activa y más del 45% de paro entre los jóvenes menores de 30 años, son hechos incuestionables que confirman esta afirmación. El problema es que precisamente esta realidad no es nueva. La hemos ido constatando en cada una de las crisis económicas que hemos padecido en nuestro país, década tras década, convirtiéndose en una serie histórica desdichada que siempre acaba retornando, incluso como las enfermedades peligrosas, de forma más virulenta. Y de ahí que todas las miradas se vuelvan a la legislación laboral.

La ley laboral, durante todos estos años de trayectoria democrática, ha intentado reescribirse, a modo de reformas, de forma constante, siempre sin olvidar el código genético que la impregna, como es el de la protección del trabajador y la búsqueda del equilibrio para facilitar la llamada paz social, pero en buena medida, y más durante los últimos años, sus objetivos importantes perseguidos de eficiencia empresarial y de justicia laboral (Barbash) han ido inclinando más la balanza hacia el primero que hacia el segundo, con la idea de que una ley laboral más flexible contribuye a mejorar la competitividad empresarial, que a la postre redundará en un mejor y más saneado mercado de trabajo. Se trata de un nuevo paradigma donde las relaciones entre economía y empleo son estrechas, y las medidas adoptadas por unos inciden en las de los otros.

Ejemplo perfecto de esta nueva realidad lo tenemos en el reciente Acuerdo (II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que se firmó la semana pasada por los agentes sociales. Los valores de dicho pacto han pasado, a mi juicio, y quizás por los antecedentes de otras negociaciones fallidas, con más pena que gloria en la opinión pública, cuando realmente estamos en presencia de un acuerdo tremendamente positivo para nuestro país, con contenido real y con elementos hasta el momento desconocidos en el ámbito de las relaciones laborales de España. Se enciende, sin duda, una luz muy potente para sentar las bases de un cambio de modelo tan demandado por prácticamente todo observador y conocedor del mismo. Y se constata que el Gobierno hizo bien en dar margen a dicha negociación.

La actitud de los agentes sociales y su implicación en la mejora de la economía resultan definitivas para configurar una realidad laboral favorable al empleo, en la que la solidaridad y el esfuerzo común de todos los ciudadanos resultan indispensables, pero donde la responsabilidad ejercida por los que están al frente en el día a día de las relaciones laborales es el epicentro para comenzar un cambio normativo laboral necesario. Un cambio que vaya más allá de la reforma, a saber, la búsqueda de un empleo sostenible.

Pues bien, para comenzar, las partes firmantes del acuerdo, sindicatos y organizaciones empresariales, firman un pacto de moderación salarial tremendamente efectivo, con un cierto valor taumatúrgico al tratar, por primera vez en este tipo de acuerdos interprofesionales, de revisión salarial ligada a productividad o resultados de la empresa, y olvidando la indexación automática al IPC de cada año, con valores inferiores al mismo. Ello por sí solo ya nos ha favorecido en nuestra imagen en el exterior, verdadero caballo de batalla económico en estos momentos que estamos atravesando. También es novedosa la llamada a los negociadores de los convenios colectivos futuros a incorporar cláusulas de flexibilidad ordinaria y extraordinaria en el tiempo de trabajo (distribución irregular de la jornada anual hasta un 10%; bolsa de horas a disponibilidad del empresario; y racionalización y flexibilidad de horarios); en la movilidad funcional (olvidando el concepto de categoría profesional y propiciando los grupos); y, finalmente, en materia salarial (donde por fin se generalizan los conceptos variables del salario y se habla abiertamente de incrementos salariales ligados a productividad y resultados de las empresas). Toda una declaración de principios, valiente, detallada. Y, en fin, igualmente importantes son las ideas que se plasman en el documento sobre inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, si bien en este punto se requerirá de desarrollo legislativo para que sea realmente eficaz.

Sin duda queda mucho por hacer, sobre todo en materia de ordenación más ágil de la negociación colectiva (donde la regla de la ultraactividad de los convenios es clave); en materia de contratación (con búsqueda de una regulación más flexible del tiempo parcial, trascendental para nuestro sistema productivo); en terminación de contrato (dando más certidumbre al empresario que quiera acometer estos procesos) y en intermediación laboral (facilitando la cooperación entre empresas y Administración). Pero creo que el camino que acabamos de comenzar es ambicioso y arroja esperanzas a lo que se pueda ver pronto, dado que todos están asumiendo sus responsabilidades para finiquitar, de una vez por todas, esta situación perversa del desempleo.

Ahora que lo políticamente correcto es denostar la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de la nación, ahora que, como un juguete roto, ha sido enviado al desván de la democracia española, o que si se le defiende es para poner el acento en sus avances en materia social y tratar de obviar sus últimas decisiones en el terreno económico, es quizá el momento apropiado para hacer una pequeña reivindicación de la figura del ya expresidente de la nación.

Zapatero ha cometido muchos errores al frente del Gobierno. Es probablemente justo acreedor de la derrota electoral de su partido, por su gestión demasiado efectista, más pendiente del titular de prensa que de la obtención de resultados tangibles. Es posible que al inicio de su doble mandato careciera de la preparación suficiente para ejercer el cargo. Se obcecó en negar la evidencia cuando la crisis se nos echaba encima. Adoptó en ese momento medidas de gasto incoherentes con las necesidades de la economía española. Debió hacer más caso a Pedro Solbes.

Y, sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, en los momentos decisivos en los que estuvo en juego el futuro de todos los españoles, supo estar a la altura de las circunstancias y demostrar amplitud de miras y sentido de la responsabilidad.

Si Zapatero, en mayo de 2010, se hubiera negado a aplicar los duros ajustes que requería la economía española para evitar el colapso, y por coherencia ideológica hubiera presentado su dimisión, se hubiera convertido en un icono para la izquierda, pero hubiera condenado a una generación de españoles a un futuro más sombrío.

Puso por delante el interés de todos los ciudadanos antes que el de su partido y el suyo propio. Y durante los últimos 18 meses concentró todas sus energías en la defensa de la economía española. En ese tiempo, un grupo reducido de personas de su equipo hicieron lo imposible para evitar que nuestro país se viera arrastrado por el huracán de la crisis de deuda soberana.

Es, obviamente, muy difícil explicar esto a la sociedad española, con cinco millones de parados y una situación muy complicada para muchos ciudadanos con problemas para llegar a fin de mes, pagar su hipoteca u obtener financiación para su negocio. Pero lo cierto es que, si hablamos desde el rigor económico, esas realidades no son achacables directamente a la gestión del expresidente, sino a las debilidades estructurales de la economía española desde hace 30 años, que se pusieron de manifiesto con la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Y en cambio sí que se puede afirmar que si Zapatero no hu

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biera tomado las medidas que ha tomado en este último año y medio, en especial en lo relativo a la sostenibilidad de las cuentas públicas, a la corrección de los desequilibrios estructurales y a la reestructuración del sector financiero, muchos españoles estarían peor ahora mismo.

Igualmente, habrá muchos que agiten el 8% que podría alcanzar el déficit en 2011 como señal de la incapacidad del Gobierno anterior, pero cualquiera con los conocimientos económicos y el rigor suficientes, el ministro De Guindos entre ellos, podrá explicar que esa desviación se debe al empeoramiento de la situación económica mundial después del verano, y al incumplimiento de los compromisos adquiridos por las Comunidades Autónomas, y no a un supuesto agujero encontrado por el nuevo Gobierno en las arcas del Estado.

Pertenece, asimismo, al juego democrático que un nuevo Gobierno emborrone el legado de su antecesor, para situar el listón más bajo a la hora de medir sus logros posteriores, esto se ha hecho siempre en todo el mundo, y es lógico, pero no debería impedirnos un análisis objetivo de los hechos: cualquiera con un mínimo de experiencia en ejecución de política económica sabe que un Gobierno que hubiera reconocido una desviación importante del objetivo de déficit automáticamente hubiera estado obligado a anunciar una batería de medidas para corregir la situación, pues de otra manera los mercados se lo comerían vivo. Y no cabía esperar esas medidas de un Gobierno en funciones, a punto de ceder el testigo a otro que había recibido el respaldo de una mayoría amplia de españoles.

El enconamiento y las disputas del día a día de la política crearon en el final de la etapa de Zapatero un clima en el que los medios únicamente se centraron en resaltar los errores cometidos, que sin duda también los hubo, pero es un acto de justicia reconocer aquello que en privado ahora admiten muchos: lo cierto es que el anterior Gobierno, en minoría parlamentaria y con una situación de franca debilidad en sus apoyos sociales, fue capaz, por citar solo unos pocos ejemplos, de avanzar de manera sustancial en una profunda reestructuración del sector financiero, y en especial de las cajas de ahorro, que pasaron de 45 a 15 entidades en solo unos pocos meses; llevó a cabo de forma consensuada una reforma estructural de calado, la del sistema de pensiones; se adelantó a los acontecimientos con una reforma de la Constitución, para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas, que van a tener que imitar muchos países europeos en los próximos años, y redujo una parte sustancial del déficit estructural y de la necesidad de financiación de la economía española, dos de los desequilibrios básicos de nuestra economía.

Sin esas decisiones, hace bastantes meses que el país se habría aproximado a un shock económico y político como el experimentado por algunos países vecinos en fechas recientes.

En mayo de 2010 cuando hubo que rescatar a Grecia, en las páginas de la prensa económica internacional se situaba a España como el siguiente en la lista de víctimas. En otoño de ese mismo, cayó Irlanda, y por los problemas del sistema financiero, inmediatamente se asumió que nosotros íbamos detrás. En primavera de este año era el turno de Portugal, y ¿cómo no asociar el destino de los países que comparten península? Este verano el epicentro se trasladó a Roma, y si llegara a caer Italia, adivinen quién vendría después…

Hemos estado en el lado bueno del precipicio todo este tiempo, y para no caer hemos tenido que hacer todos los ciudadanos muchos sacrificios, pero que nadie se engañe, si hubiéramos terminado en la misma situación que esos otros países, los sacrificios hubieran sido mucho mayores.

El camino está aún lleno de dificultades y sufrimientos, pero si el Gobierno de Mariano Rajoy completa las reformas pendientes en material laboral y culmina el proceso de consolidación fiscal, no es aventurado pensar que en dos o tres años estarán sentadas las bases para que España pueda retomar su imagen como historia de éxito dentro del proceso de construcción europea.

Y una parte importante de esa responsabilidad habrá que atribuírsela al presidente que, en la hora decisiva, puso a su país por delante de sus intereses políticos. Por eso, ahora quizá suene un tanto atrevido, pero estoy convencido de que la figura política de José Luis Rodríguez Zapatero irá mejorando con el paso de los años.

España. Crisis financiera y económica. 2012. Soledad es una investigadora catalana casada con un político poco imaginativo. Cansada de vivir su realidad, se va al cine a ver su película favorita: Una mente maravillosa. A los pocos minutos, se duerme y revive su pesadilla.

Vive en un lugar cuya crisis fue provocada por una burbuja inmobiliaria alentada por créditos irresponsables. Primeros sudores. ¡Hay que cambiar de modelo de crecimiento! ¡No más ladrillo!¡Investigación! Decían los políticos. Uno de ellos cometió el error de querer imponer su modelo («economía social y sostenible»). Pero los modelos los determinan los inversores y el emprendedor. Lo más que pueden hacer los gobiernos es no poner trabas. Por supuesto, no tuvo éxito. Sudores fríos.

Entonces sube otro partido al poder y la apuesta es… ¿Biotecnología?¿Telecomunicaciones?¿E-nergías renovables?¿Ciencia en general? ¡No, qué va! De hecho, no solo hay recortes en I+D, sino que el tema desaparece del organigrama ministerial. La única apuesta es recuperar la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual y mantener el IVA superreducido. And the winner is… ¡el ladrillo! Terrible déjà vu.

Ella sabe por qué no hay que recuperar esa deducción:

1. Aumenta muchísimo el déficit público. Si recortamos es o bien para ahorrar o bien para hacer una apuesta esperanzadora. Unos números nos situarán. En los últimos 10 años la medida ha costado 53.000 millones de euros (el 5% del PIB). En el 2009, antes de que se eliminara para rentas superiores a 24.000 euros anuales, dicha deducción costó 5.040 millones (cantidad similar a toda la inversión publica en I+D de ese año). Y prácticamente igual al esfuerzo que nos va a suponer la subida del IRPF (por cierto, a las clases medias, no a las altas, que no tributan por rentas del trabajo).

Recuperarla para todos los contribuyentes costará 1.500 millones, de los que 145 al año corresponden al hecho de recuperarla con efectos retroactivos para los que compraron vivienda en el 2010. Ello le supone un coste al Estado de más de 3.500 millones (145 millones anuales durante 24 años, la duración media de una hipoteca). Y, en este caso, ni siquiera sirve la justificación de fomentar la demanda de vivienda nueva y reducir así el estoc. ¡Nadie puede comprar ya una vivienda en el 2011! «¿Perdona?¿Alguien ha hecho un estudio riguroso del coste de esta medida y lo que se podría hacer con estos recursos si se dedicaran a otros aspectos más asociados al crecimiento a largo plazo? ¿Lo han hecho ustedes? Porque a mí, nadie me lo ha pedido», reflexiona para sí Soledad.

2. Ni siquiera está claro que esta deducción o el IVA superreducido del 4% fomenten la demanda a largo plazo. Dicho de otra forma, ¿son sensibles los consumidores a estas medidas? La respuesta es sí, pero solo a corto plazo. En Estados Unidos, se hicieron unas encuestas durante el periodo temporal de desgravación especial a la compra de vivienda (2009 y 2010), y el 75% dijeron que pensaban comprar de todas formas y que lo único que hizo la medida fue que se adelantaran. Exactamente lo mismo logró el anuncio de la eliminación de la desgravación a partir del 2011 en España. Las compras se anticiparon al 2010, y en el 2011 se paralizaron (y más sabiendo que el probable ganador de las elecciones iba a reintroducir dicha desgravación). El efecto neto es insignificante.

3. No favorece a las familias, sino que se capitaliza en menores reducciones de precios de la vivienda que solo favorecen a constructores, promotores y entidades financieras que reducen así sus pérdidas. Un documento de trabajo reciente del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación reduciría el precio de la vivienda entre 7 y 8,5 puntos. «Es decir, yo, investigadora, que nunca he vivido por encima de mis posibilidades (y eso que era fácil, porque mis posibilidades no son muchas), vuelvo a hacer una generosa transferencia de renta a los colectivos que sí lo hicieron. ¡Fantástico!».

4. Discrimina en contra del alquiler y de otras formas de ahorro. El mismo documento del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación aumentaría en 5,6 puntos la proporción del alquiler. Algo que todos los organismos internacionales recomiendan a España (un país con más de un 85% de propietarios).

5. Y un porcentaje tan elevado de propietarios reduce la movilidad laboral, lo que suele conducir a aumentos en la tasa de paro.

6. Es regresiva, únicamente las rentas más altas tienen suficiente capacidad adquisitiva para conseguir la máxima deducción legal.

7. Aunque se plantee como transitoria, luego cuesta mucho eliminarla (para muestra, un botón).

Se despierta horrorizada. Ojalá pasara como en aquella otra cinta de Woody Allen, y John Nash (Russel Crowe) saliera de la pantalla, porque: «¿Ven imaginación? Yo no».

Con la reforma laboral que el Gobierno ha de presentar en las próximas semanas, se abre una gran oportunidad para paliar algunas de las mayores disfuncionalidades que tiene el marco legal de nuestro mercado de trabajo. No es posible disminuir la importancia de esta reforma bajo el argumento de que no va a crear empleo inmediatamente. Además del efecto positivo que puede tener en la percepción de los sujetos económicos nacionales e internacionales sobre la seriedad con la que afrontamos nuestra senda hacia la recuperación, medidas firmes en aspectos tales como la mayor adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviesa la empresa -moderación salarial, mejor distribución del tiempo de trabajo- pueden tener un impacto directo y rápido en su competitividad y repercutir de forma inmediata en el mantenimiento del empleo y de manera mediata en su incremento.

Ante una coyuntura tan grave, hay que desarrollar una reforma profunda y sistemática que frene dinámicas patológicas e inicie nuevas tendencias en nuestro mercado laboral, modificando la percepción empresarial generalizada de que la normativa actual es más un obstáculo que un elemento favorecedor de la gestión eficiente de los recursos humanos. Más concretamente, las materias a reformar han de ser, al menos, las referentes a contratación, flexibilidad interna, despido, negociación colectiva, intermediación y promoción del emprendedor.

En contratación, debe procederse tanto a la unificación del contrato indefinido -la dualidad actual entre ordinario y de fomento es disfuncional- como a su promoción a efectos de reducir la temporalidad, sin perjuicio de la eliminación de restricciones indebidas a la contratación temporal -que tiene un papel esencial en determinados sectores productivos-. Debe desarrollarse también una reformulación de la contratación formativa, especialmente simplificándola, y de la promoción de la contratación a tiempo parcial, eliminando restricciones innecesarias que la han venido limitando.

Respecto a la flexibilidad interna, debe fomentarse la adaptabilidad de la empresa a nuevas circunstancias, facilitando la ejecución rápida y efectiva de cambios necesarios en las condiciones de trabajo más esenciales y con relevancia organizacional directa (tiempo de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional, salarios, movilidad geográfica). Las situaciones de desacuerdo entre empresarios y trabajadores tras el correspondiente periodo de negociación han de resolverse mediante la ejecución de los cambios con posterior control arbitral o judicial.

En materia de despidos, y por los que respecta a los basados en causas empresariales, es necesario introducir una mayor claridad en el entendimiento de tales causas -especialmente la económica-, así como proceder a la eliminación de la autorización administrativa. Al mismo tiempo, hay que disminuir razonablemente el coste del despido y delimitar mejor la extensión del control judicial. También en el ámbito del despido, pero esta vez por ausencias injustificadas y repetitivas, el control del absentismo por la Seguridad Social o incluso por las Mutuas encuentra un claro límite en el absentismo de menor duración -inferior a tres días-, siendo el instrumento más adecuado para reducirlo el despido objetivo, al que hay que excluir para su aplicación el referente de ausencias colectivas.

Respecto a la negociación colectiva, y más allá de que los agentes sociales puedan seguir dialogando sobre posibles cambios en este ámbito, la norma estatal contiene reglas que deben ser redefinidas, en cuanto afectan directamente a la adaptabilidad de las condiciones de trabajo en la empresa. Así, es necesaria una reordenación de la estructura que favorezca una mínima articulación de niveles de negociación y que, al mismo tiempo y según las características de cada sector, promocione la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa , incluyendo los denominados descuelgues. También ha de impulsarse la renovación efectiva de los contenidos de la negociación colectiva, limitando la continuidad automática de los convenios en caso de desacuerdo -la denominada ultractividad-.

En el ámbito de la intermediación en el mercado de trabajo, hay que potenciar más el papel de la iniciativa privada en colaboración con los servicios públicos de empleo, eliminando restricciones indebidas -como el principio de exclusividad de las Empresas de Trabajo Temporal- y fomentando el desarrollo de Agentes Globales del Mercado de Trabajo que realicen eficazmente las distintas actividades de intermediación, selección, cesión, recolocación y formación.

Finalmente, y respecto a la promoción del emprendedor, en la fase inicial de sus negocios se le debe facilitar la contratación y la gestión ágil de sus trabajadores, así como excluirlos de la normativa sobre despidos empresariales -despido sin causa, pero con respeto a los derechos fundamentales-, y establecer la inaplicación temporal de los convenios colectivos a aquellos trabajadores.

El desarrollo de estas y otras medidas no pueden aspirar a tener un efecto inmediato -en semanas o escasos meses- en la recuperación sustancial del empleo, pero sí pueden incidir rápidamente en la competitividad empresarial y en la percepción exterior e interior de la eficiencia de nuestro mercado de trabajo, situando al mismo en una línea de renovación y de mayor consonancia con las propuestas y objetivos de la Unión Europea.

Si hay un lugar común en la historia de nuestras reformas laborales durante el último tercio de siglo ha sido su instrumentación como respuesta -en ocasiones paranoica- a las situaciones de crisis experimentadas por la economía española. La introducción de la contratación temporal como medida de fomento del empleo fue la disposición con mayor carga efectiva -y, seguramente, también simbólica- entre las adoptadas en la reforma laboral de 1984. En aquel momento nuestra tasa de desempleo superaba el 21% y en los cinco años precedentes la destrucción de empleo había alcanzado 1,5 millones de puestos de trabajo perdidos. A partir de la segunda mitad de 1985 la ocupación comenzó a recuperarse. Obviamente, resultaría muy simplista imputar el cambio cíclico a aquella reforma laboral en una economía que ya empezaba a incorporar en sus expectativas las consecuencias enormemente positivas de nuestra inminente entrada en las instituciones europeas. Sin embargo, es muy importante subrayar que aquella política de estímulo al empleo temporal, diseñada con carácter coyuntural, se mantuvo durante todo el periodo expansivo que la siguió, y terminó originando un enorme crecimiento de nuestra dualidad laboral. Desconocemos la tasa de temporalidad existente en 1984, pero entre 1987 y 1994 se duplicó largamente a través de un significativo grado de sustitución de empleo fijo por temporal. Además, algo mucho más trascendente, se introdujo en nuestras relaciones laborales una cultura de la temporalidad que pronto se convirtió en una de las patologías más graves del mercado laboral español.

Ocho años más tarde, en 1992, una nueva crisis económica que destruyó alrededor de un millón de empleos y disparó el gasto en protección hasta un nivel incluso superior al actual en relación al PIB, obligó a impulsar nuevas reformas (entonces el gasto en prestaciones se elevó desde el 1,2% hasta alcanzar casi un 4% del PIB). La respuesta fue un importante paquete de medidas desarrollado entre 1992 y 1994 que contuvo, entre otras materias, una significativa reforma de la protección por desempleo que logró estabilizar rápidamente el gasto tras la recuperación iniciada en la segunda mitad de 1994.

A comienzos de la pasada década, la denominada crisis de las puntocom provocó un incremento del 24% en el volumen de desempleados a lo largo de los siete trimestres transcurridos entre el segundo de 2001 y el primero de 2003. La respuesta entonces fueron dos nuevas reformas laborales. Una de ellas, la reforma de la negociación colectiva, resultó fallida como consecuencia de la crítica sindical y, lo que terminaría siendo crucial, la oposición de los propios empresarios. La otra fue retirada en su mayor parte tras la huelga general con la que respondieron, como en 1992 y 1994, las organizaciones sindicales. Sin embargo, lo que sí mantuvo el Gobierno del PP, por encima de todo, originó el mayor impulso hasta entonces conocido en los despidos sin causa: la implantación del despido exprés. Al suprimir de hecho la tutela judicial efectiva y vaciarla de contenido material, al reducir de forma clara el coste efectivo de los despidos realizados sin causa alguna, el despido exprés produjo una gran conmoción en nuestras relaciones laborales. Para los que se preocupan por la excesiva rigidez de la institución del despido en España, convendría recordarles que desde el año 2002 en nuestro país se han realizado 7 millones de despidos, de los que 4,2 millones (el 60% del total) se han producido en 48 horas sin alegación de causa alguna. En términos europeos esto sí es una verdadera peculiaridad del modelo español de relaciones laborales y no nuestro diseño de negociación colectiva, en lo esencial muy similar al existente en Francia, Alemania o Italia.

Como las anteriores, las reformas de 2010 y 2011 tampoco concitaron respaldos significativos entre los interlocutores sociales, pero algunas cuestiones merecen ser subrayadas. La reforma basculó en su primera fase -2010- sobre el impulso de la contratación indefinida sobre todo en su modalidad de fomento del empleo y, tras el Acuerdo Social y Económico de enero de 2011, en el estímulo de los contratos a tiempo parcial. Cuando, en agosto de 2011, se suspendieron los límites al encadenamiento de la contratación temporal (una regla cuyo funcionamiento durante la crisis estaba destruyendo empleo temporal antes de convertirlo en estable) ello se realizó por dos años de forma estrictamente transitoria. Aprendiendo de la experiencia pasada se trataba de impedir que se produjeran efectos de naturaleza tan negativa como los que se derivaron de la reforma de 1984.

Por su parte, la reforma de la negociación colectiva exige que cuando no se produce el acuerdo se dé paso a la mediación y al arbitraje entre las partes. En nuestra opinión, esto es lo razonable en un marco moderno y flexible de relaciones laborales, ¿o es que alguien cree de verdad que el futuro en esta materia debe descansar sobre una flexibilidad impuesta unilateralmente por una de las partes? Eso sí sería una nueva vuelta al pasado para devolvernos a un modelo más propio de otros tiempos en España y en Europa. Si las condiciones laborales que provienen de un pacto colectivo pueden alterarse según el criterio de la parte empresarial, la negociación colectiva dejará de existir y los derechos laborales se regularán y concretarán en la ley. El resultado será más intervencionismo. Empresarios y trabajadores terminarán siguiendo caminos divergentes en lugar de buscar compromisos mutuos, cooperación. En suma, complicidad en el trabajo y en la empresa.

La pretensión de arreglar de un plumazo nuestras más profundas patologías laborales mediante la implantación de un contrato único vuelve de nuevo a formar parte del debate. Es verdad que ahora se matiza al plantear que también debe subsistir contrato interino; por supuesto, habría que añadir el de tiempo parcial; y el contrato temporal cuando existe causa objetiva, realizado por las ETT o desde la propia empresa; y el fijo discontinuo, imprescindible en buena parte de nuestros servicios de hostelería vinculados a la temporada turística o en ámbitos crecientes del sector agroalimentario. O sea, que de único, lo que se dice único, nada. Pero sobre todo hay que insistir en que una indemnización de despido creciente partiendo de niveles más reducidos al comienzo de la vida del contrato no solo no solventaría nuestros problemas de rotación laboral, sino que terminaría reduciendo la estabilidad global del empleo y nos dejaría irresueltos todos los problemas derivados de nuestras altas tasas de temporalidad: ausencia de estímulos a la formación en el empleo y freno al avance de la productividad. Dicho casi con la misma sencillez, ¿o habría que decir simpleza?, con la que se realiza la propuesta: para arreglar la dualidad dejar a todos iguales, esto es, todos acabarían siendo temporales.

Después de todo, algo hemos ganado en estas semanas si los mismos que le pedían resultados urgentes a las reformas laborales recientemente materializadas sugieren ahora que las para ellos imprescindibles reformas del mercado de trabajo no darán resultados inmediatos. Es decir, que para sus reformas hay que ser comprensivos y pacientes, y no así para las que ellos no son los proponentes. He aquí lo que popularmente se conoce como ley del embudo.

A fin de cuentas, lo más efectivo en este mundo laboral son los acuerdos que nacen de la libertad negociadora de las partes. Los agentes sociales ya han entregado un primer paquete de acuerdos (algunos imprescindibles y no poco importantes, como el de mediación y arbitraje que incorpora los nuevos instrumentos de flexibilidad aprobados en las reformas de 2010 y 2011). Y a los que deberían suceder acuerdos que extiendan la necesaria política de moderación salarial a los próximos años. También hay materias en el ámbito de la regulación de la contratación laboral: una mayor flexibilidad en el contrato a tiempo parcial, el desarrollo de los instrumentos de cualificación necesarios fuera de la empresa para los jóvenes contratados en formación, y el despliegue de las posibilidades de financiación del despido a través del Fogasa. Es mejor hacerlo así y dejar de darle vueltas, al menos durante una temporada, a la madeja de la regulación del coste del despido.

Un mes después de que Mariano Rajoy llegara a la Moncloa parece ya bastante claro que el PP no ocultó su verdadero programa durante la campaña electoral, sino que carecía casi por completo de algo que mereciera tal nombre. Que su único proyecto era desplazar del Gobierno a los socialistas para luego, una vez instalado en el poder, decidir qué era lo que tenía que hacer, en función de las circunstancias. Lo que silenció el PP fue su falta de ideas distintas de las que, más mal que bien, venía aplicando el Gabinete de Zapatero. Y a la vista de lo ocurrido en estas semanas, cabe incluso sospechar que si no hubiera habido elecciones de por medio, el Gobierno anterior habría actuado más o menos, y casi en los mismos plazos, como ahora lo está haciendo el de la derecha.

Ucronías aparte, la desgraciada condición de la política española es que, en una situación de urgencia financiera máxima como la actual, lo sustancial de la misma no se puede decidir a escala nacional, sino que tiene que ser prácticamente dictado desde el exterior, desde las instancias que rigen el porvenir de nuestra moneda, el euro, y que, llegado el caso, también serían las únicas que podrían salvarnos de una eventual bancarrota. Rajoy se llenó la boca durante meses acusando a Zapatero de obedecer las órdenes de Berlín y de Bruselas, pero necesariamente debía de saber que el día en que él fuera presidente del Gobierno no tendría más remedio que hacer lo mismo. A menos de que se creyera su consigna electoral de que todo lo malo que ocurría era culpa del anterior presidente.

Lo que sí es posible es que durante los últimos meses de la campaña el PP siguiera tan obcecado por la necesidad de ganar las elecciones, aun cuando su victoria parecía ya asegurada, que descuidara el análisis día a día de la situación de la economía y no hubiera preparado, en los plazos requeridos por la misma, las medidas que debería tomar nada más llegar a la Moncloa: entre otras cosas, porque desde finales de octubre las citadas instancias europeas, y también los mercados, habían concedido a España una especie de periodo de gracia hasta que en Madrid se instalara un Gobierno fuerte y esa espera tenía los días contados. El estilo parsimonioso de Mariano Rajoy a la hora de retrasar las decisiones cuadraría con esa hipótesis.

SOlo una falta de previsión explica que poco más de una semana después de su toma de posesión decidiera subir el IRPF, contraviniendo uno de sus pocos compromisos electorales firmes, tal vez el único, y arriesgándose, nada más empezar su mandato, a que una parte significativa de su electorado y más de uno de sus aliados mediáticos tuvieran un motivo para desconfiar de él. Como parece haber ocurrido.

Porque la supuesta sorpresa que Rajoy sufrió tras saber que el déficit se había desviado del 6% al 8% no es razón suficiente para tomar una medida tan peligrosa políticamente, acompañada, además, de un nuevo y fuerte recorte de la inversión pública. Y menos cuando el ministro José Manuel Soria reconoció días después que esperaba un 7%. El susto debió ser de muy distinta índole, y seguramente procedió, una vez más, del exterior. El que Luis de Guindos declarara acto seguido al Financial Times que el Gobierno establecería un control previo al gasto de las autonomías y que nuestra banca necesitaba 50.000 millones de euros de recapitalización solo se puede entender como un intento de calmar acuciantes presiones exteriores. Las medidas, también.

Lo que ha seguido está marcado tanto por la improvisación como por la falta de directrices claras. El ministro Montoro -seguramente presionado por algún Gobierno autonómico, tal vez por el catalán- empezó por desmentir a su colega para luego garantizar, con el refrendo del presidente, que su Gobierno no dejaría caer a ninguna autonomía en la bancarrota. Rajoy ha venido a transmitir que más pronto que tarde habrá subida del IVA. Tras dejar incomprensiblemente abierto durante semanas un diálogo social que todos sabían que no iba a dar fruto alguno, han surgido serias dudas sobre el contenido de la reforma laboral, que inicialmente se creía que el Gobierno haría en sintonía con las exigencias de la CEOE. Y sobre el asunto más inquietante, y es el que más de cerca siguen los mercados y los rectores de la eurozona, el de la crítica situación de la banca y, en particular, el de algunas de sus instituciones, solo hay rumores. Estos aseguran que el Gobierno ha desechado la solución del banco malo, por el enorme coste que tendría para los contribuyentes. Ahora se habla de fusiones, pero no está claro que, sobre todo las más ambiciosas, como la de Bankia con La Caxia, sean factibles. Por los límites fijados por la normativa europea y sin que el Estado asuma una parte importante del coste, es decir, más déficit.

Rajoy ha dicho que tiene «perfectamente claro» lo que tiene que hacer para contrarrestar las adversidades que se abaten sobre la economía española. Puede que así sea. Pero hasta que nos enteremos los demás habrán de pasar unas cuantas cosas.

No cabe duda de que todos nos vimos muy desagradablemente sorprendidos por las primeras medidas del nuevo Gobierno. Esas medidas rompían con sus mejores promesas e, incluso, saltaban el límite del IRPF admitido por el Partido Popular desde 1998 al subir sus tarifas por encima del 50%, es decir, por encima de los tipos de gravamen que el Tribunal Constitucional de Alemania considera confiscatorios. Me parece que ante tamaña sorpresa caben, al menos, cuatro preguntas a las que trataré de dar respuesta.

La primera es la de por qué hay que subir los impuestos para reducir el déficit público. A casi nadie ha gustado esa subida, pero existen dos razones que, sin embargo, justifican tal decisión. La primera, proclamada por el propio Gobierno, es la considerable cuantía de nuestro déficit público, cuidadosamente ocultada por el Gobierno anterior aunque su posible importe se había desvelado ya en algunas estimaciones. A principios de noviembre y en estas mismas páginas señalé, a la vista de las cifras de medio año, que sería muy difícil que el déficit total de 2011 no rebasase el 8% del PIB. La realidad ha confirmado esa estimación, que a algunos parecía muy exagerada. El nuevo Gobierno ha podido comprobar que el déficit público se situará incluso por encima de ese 8% del PIB. Ese porcentaje contrasta con el 6% convenido en Bruselas para el pasado año y con un déficit en el entorno del 4,4% para el actual. Por eso, pasar ahora del entorno del 8 al 4,4 de déficit, que es lo que nos toca para 2012, va a exigir un esfuerzo total próximo a los 40.000 millones de euros, es decir, de casi un 4% del PIB. Algo muy difícil de alcanzar en un solo ejercicio sin subir impuestos, incluso con un PIB creciente.

Pero lo peor es que en este año nuestro PIB no crecerá en términos reales un 2,3 % como se esperaba sino que, según el Fondo Monetario Internacional, caerá un 1,7%, al haber iniciado un fuerte retroceso en la segunda mitad del año pasado. El descenso del PIB en 2012 no llegará, desde luego, al 3,7% de caída real que experimentó en 2009, pero será el segundo mayor desde que tenemos Contabilidad Nacional, es decir, desde 1960. Sus consecuencias para el déficit público serán muy graves, porque la recaudación tributaria se contraerá también al disminuir la producción nacional, salvo que se aumenten las tarifas impositivas. Esta es, sin duda, la segunda razón para subir las tarifas del IRPF en contra de las promesas iniciales del Gobierno y de lo que hicieron los Gobiernos anteriores de su mismo color, que redujeron los tipos del IRPF desde el 56 hasta el 43%. Se trata, pues, de lograr la reducción del déficit público comprometida con Bruselas pese a las muy adversas condiciones económicas que padeceremos.

La segunda pregunta es la de por qué elegir el IRPF y no el IVA para subir los tipos de gravamen. La razón es que un aumento del IVA provoca lo que algunos economistas denominan una «inflación sintética», porque esa subida se transmite de inmediato a los precios de venta de todos los bienes y servicios, aunque algunas empresas en débil situación de mercado no puedan repercutirla totalmente. Las subidas de los precios suelen tener efectos negativos inmediatos sobre las decisiones de consumo y éstas, a su vez, sobre la demanda global y la producción.

Por el contrario, los efectos que pueden esperarse de un aumento de las tarifas del IRPF son menos intensos a corto plazo. Los aumentos impositivos se distribuirán en el tiempo, tanto en el IRPF por su cobro a través de las retenciones, como en el caso del IVA, que se recauda a medida que se producen las compras durante el ejercicio. Pero sus efectos son diferentes porque, primero, una apreciable porción de la subida del IRPF se materializará en la cuota diferencial de la declaración anual, es decir, medio año después del final del ejercicio y, segundo y sobre todo, porque la decisión de comprar es más libre e influenciable negativamente por los impuestos que las de trabajar, de ahorrar o de invertir al tener menos ataduras institucionales. Por eso, para iguales resultados recaudatorios y en una recesión, los aumentos en las tarifas del IRPF resultan menos perjudiciales a corto plazo que los aumentos del IVA. Además, el IVA ya se había subido a mitad de 2010 con efectos muy dudosos, porque probablemente esa subida sea una de las causas de la fuerte recesión actual.

Por otra parte, la dinámica del IRPF es muy especial y bien distinta a la del IVA. Al tratarse de un impuesto muy progresivo, su recaudación disminuirá rápidamente con una caída del PIB en términos monetarios. Para compensarla, aunque sólo sea parcialmente y a corto plazo, resultará necesario aumentar la cuantía de sus tarifas. Por el contrario, cuando el PIB crezca, las tarifas progresivas del IRPF recaudarán con tanta fuerza que incluso podrían frenar ese crecimiento. Por eso se necesitará entonces reducir esas tarifas. Eso fue lo que se hizo en la ley de 1998, cuando la recuperación económica ya estaba bien iniciada, y eso es lo que deberá hacer el Gobierno para impulsar la expansión cuando la producción española comience a superar la importante recesión que ahora padece.

La tercera pregunta es la de por qué no se ha limitado el programa a una más fuerte reducción en los gastos públicos sin tocar los impuestos. La respuesta es simple: porque en una situación fuertemente recesiva no es posible confiar solo en los gastos para reducir tan elevado déficit. Además, muchos de esos gastos se deciden por las comunidades autónomas y constitucionalmente ha de establecerse primero un límite total de déficit y de gasto, tarea que ya se iniciado, y posteriormente lograr el acuerdo de esas comunidades para muchos de los recortes concretos que hayan de llevarse a término. Después de las medidas ya aprobadas, aún queda por reducir otros 25.000 millones de gastos públicos para alcanzar los 40.000 que llevarán el déficit al límite comprometido en Bruselas. Mucha es la tarea pendiente, aunque ya se haya emprendido. Para tener éxito, el Gobierno deberá cumplimentarla rápidamente y sin debilidades.

La cuarta pregunta es la de qué debemos hacer, además, para que nuestra producción crezca, pues sin crecimiento no se creará empleo y sin crecimiento y sin empleo resultará muy difícil mantener la recaudación tributaria y mucho más aumentarla incluso subiendo tarifas. La respuesta es simple de formular y difícil de llevar a término: grandes reformas que cambien radicalmente nuestra economía.

El mundo actual ya no es lo que era y cuando termine la crisis todavía será más distinto. Para sobrevivir en ese mundo tendremos que emprender grandes reformas frente a la que nuestros políticos no deberían flaquear por difíciles que resulten. Esas reformas de fondo han sido ya muchas veces descritas en estas páginas. Unas relaciones laborales mucho más fluidas y adaptadas a los tiempos actuales; el suministro de energía a precios competitivos; la configuración mucho más simple y eficiente de nuestro sector público; una mejora importante en la formación de nuestros trabajadores y empresarios; una mayor integración y una muy fuerte desregulación de nuestros mercados; la racionalización a fondo de nuestros gastos públicos, especialmente los que se refieren a subvenciones, ayudas y transferencias así como los de desempleo, pensiones y sanidad, que son partidas de cuantía muy considerable y de crecimiento tan acelerado que pueden impedir las prestaciones sociales propias de una nación moderna y avanzada.

Además y simultáneamente al ajuste del déficit, nuestro Gobierno debería buscar soluciones no excesivamente traumáticas para el sistema financiero, porque en caso contrario sólo conseguiría cerrar aún más las compuertas del crédito para empresas y familias. Esas soluciones, sin olvidar las exigencias que se formulen a quienes directamente llevaron al desastre actual, no deberían desmotivar a quienes, sin responsabilidades anteriores, traten de resolver los problemas que nos abruman.

Todas esas reformas constituyen hoy la tarea mayor y más urgente del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Los ciudadanos esperan que los importantes sacrificios tributarios que se les exigen sirvan de veras para poner de nuevo a España en la vía del crecimiento y del empleo.

Los españoles nos han situado en la oposición, y a la derecha le han dado casi todos los instrumentos democráticos de poder local, autonómico y estatal. Pero nos piden a todas las fuerzas políticas lo mismo: recuperación económica y creación de empleo de calidad, así como la preservación del Estado de bienestar. Estas tareas son también nuestra responsabilidad.

Desde la trayectoria política de quienes suscribimos este artículo, pensamos que el próximo Congreso del PSOE tiene que adoptar decisiones al menos en cuatro grandes dimensiones: el proyecto de partido, la relación con Europa, las políticas sociales y la política económica. El Congreso debe ser el punto de partida imprescindible para un partido que está dolorido, pero también decidido a jugar el papel -sin lugar a dudas, protagonista- que los ciudadanos nos siguen atribuyendo.

1. Un partido de Gobierno, receptivo y atento a las demandas participativas y críticas de la sociedad civil.

Necesitamos a los ciudadanos con nosotros revitalizando al PSOE, y ahora tenemos medios de democracia participativa directa (la Red) para hacerlo posible, y resortes representativos (las primarias abiertas a simpatizantes) para hacerlo más legítimo, en todos los momentos en que se tenga que realizar un proceso electoral. A la derecha no se le pide eso. A la izquierda, afortunadamente, sí, y tiene que canalizar los fuertes impulsos críticos que han traspasado las fronteras de España, extendiendo al máximo la representatividad de nuestra democracia.

Hay otra exigencia evidente. El Partido Socialista es un partido de Gobierno, única alternativa real a la derecha ganadora en las últimas elecciones. Eso significa que tiene que configurarse como un proyecto nacional, con una dirección con sentido y cometidos de Estado, y no solo coordinadora de organizaciones territoriales.

2. Una Europa social y solidaria contra la crisis.

La crisis ha demostrado que no hay salidas meramente nacionales a la misma. Estamos en presencia de una crisis internacional. Las repuestas deben ser europeas, y de ahí la importancia del Partido Socialista Europeo (PSE), principal instrumento socialdemócrata, que sigue siendo una suma de partidos nacionales más que un verdadero partido de ámbito supranacional que elabore la estrategia de los socialistas.

Los socialistas no aceptamos que la política económica sea dictada por el bloque conservador Merkel-Sarkozy, obsesionado en ajustes insolidarios y alejado del fortalecimiento de nuestro modelo social.

Los socialistas hemos de estar en la vanguardia de una Europa que afronte de una vez la crisis de forma colectiva y solidaria. Es la única forma de superarla. De ahí,que debamos sostener decididamente, en el PSE y en todos los ámbitos políticos, las siguientes medidas.

- Creación de eurobonos, o mutualización de la deuda soberana, como la correspondencia obligada a la disciplina presupuestaria.

- La intervención del Banco Central Europeo para defender el euro y garantizar siempre intereses razonablemente bajos en la financiación de los países con esta moneda.

- El fortalecimiento del Mecanismo Europeo de estabilidad financiera.

- La Tasa de Transacciones Financieras, a nivel de la eurozona, para que entre en vigor con los nuevos Presupuestos de la UE en 2014.

- Planes de inversión pública productiva a nivel europeo como estímulo de crecimiento y creación de empleo.

- La desaparición de los paraísos fiscales.

3. Los derechos sociales son conquistas que no se tocan.

El periodo 2004-2011 de Gobiernos socialistas irá siempre unido a avances históricos y poderosos en derechos sociales de colectivos particularmente vulnerables o discriminados. La ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley contra la violencia de género, la ley de dependencia, la ley de matrimonio homosexual, el crecimiento impetuoso de las pensiones más bajas, del salario mínimo interprofesional, los derechos constitucionales de los inmigrantes que les habían quitado los Gobiernos de Aznar… Son derechos a añadir a los clásicos del Estado de bienestar, educación, sanidad, protección ante el desempleo, Seguridad Social, universalizados por anteriores Gobiernos de la izquierda.

Hay que reivindicar con orgullo estos logros democráticos y hay que recelar de la nueva etapa política del PP, porque nunca la derecha amplió los derechos sociales, y ahora está tentada a limitarlos fuertemente. Los socialistas (y los sindicatos) nos tenemos que comprometer a evitarlo, con tolerancia cero a los recortes en derechos sociales. La austeridad debe aplicarse a otros conceptos de gasto, pero nunca a los derechos, que necesitan sobre todo los que menos tienen.

4. Una reforma fiscal en profundidad para financiar la superación de la crisis.

Pero cualquier objetivo económico y social que se nos ocurra tropieza con un primer obstáculo, el principal desafío que nos atenaza: la financiación de la salida de la crisis, que la propia crisis dificulta como un círculo vicioso.

Ya no vale repetir que hay que crecer, y que de aquí vendrán todas las soluciones. Ya lo sabemos. Pero ¿cómo desencadenar ese crecimiento sostenible y suficiente que nunca llega? Y, mientras tanto, ¿cómo evitar el deterioro del Estado de bienestar? ¿Cómo inyectar en la economía productiva la energía que le ha robado la avaricia de la economía financiera? La respuesta es: financiación a través de potentes impuestos progresivos. Después -no antes- vendrá el crecimiento.

La equidad debe obligar a los poderes públicos a abandonar la exhausta vía del endeudamiento -que es, además, generacionalmente insolidario- y a requerir medios de financiación directos en forma de impuestos a los sectores económicos con capacidad para darlos. Estos son: el sistema financiero causante y beneficiario de la crisis y los individuos y corporaciones con mayor poder económico. Ello significa una reforma fiscal progresiva: a nivel europeo (eurozona) es la tasa sobre transacciones financieras -que ha sido una iniciativa del Partido Socialista Europeo- y, a nivel nacional, es un cambio en la fiscalidad en sentido diferente al giro brutal que en su programa ha aprobado el Gobierno del PP, descargando la crisis sobre las clases medias y los asalariados.

Los socialistas hemos de proponer una profunda reforma fiscal que afecte, al menos, a los siguientes tres aspectos:

- Un impuesto integral sobre las grandes fortunas y patrimonios.

- Supresión de las deducciones y exenciones en el impuesto de sociedades, que se ha desplomado.

- Tributación real y efectiva sobre las rentas del capital, incluyendo las SICAV.

De ahí tienen que venir los fondos públicos que se inviertan luego en infraestructuras físicas, tecnológicas y educativas, en planes de empleo juvenil, en el mantenimiento de los derechos sociales conquistados, así como en la amortización de la deuda. Porque la competitividad no puede basarse en bajos salarios y en facilitar el despido.

Sin dotar previamente a los poderes públicos de ingresos suficientes y reduciendo cualquier política a los recortes en gastos, no habrá recuperación y se agrandarán las grietas de la desigualdad, la pobreza, y la discriminación intergeneracional, que ya forman parte del paisaje de las sociedades occidentales.

El Congreso del PSOE ha de ocuparse de todo esto y también, coherentemente, de quienes dirigirán el partido en unos años decisivos para nuestro país y para Europa.

Uno de los momentos más dramáticos que he vivido son los actuales, aunque he pasado algunos más graves y más tristes que estos, como los años de la posguerra civil, años de pobreza, paro y hambre para muchos españoles de los años 1941, 1942, 1943. Pero el paro ahora, después de una época de prosperidad, que creímos, engañándonos todos una vez más, que duraría siempre, hace que todavía sea más penoso e insoportable que cuatro o cinco millones y medio, de nuestros conciudadanos estén en paro. Afrontar esta situación tan grave requiere, a mi juicio, medidas diversas.

1. Un país como España, dentro de Europa y del euro, tendrá que soportar sacrificios importantes que, en este momento exige la lucha contra el déficit presupuestario. Pero en los tiempos y cuantificación del déficit que la coyuntura cambiante nacional e internacional nos permita.

2. Esta lucha tiene que compaginarse con el permanente objetivo de disminuir el padecimiento de nuestra población, sobre todo de los parados y de los más desfavorecidos estimulando, al mismo tiempo, el crecimiento y el empleo. Pertenezco a los que no creen que solo conseguir el equilibrio del déficit lleve consigo el crecimiento de nuestro PIB, como pueden creer algunos economistas de la escuela de Chicago. Basta que se agudice la crisis actual de Oriente Próximo, con su impacto en el precio de los hidrocarburos que importamos, para que crezca la inflación, incluso con recesión, y el déficit de nuestra balanza comercial.

3. Con independencia de cualesquiera que sean las razones que tenga el Gobierno para decidir su política económica, tenemos que saber que no saldremos de la crisis sin el concurso de unos acontecimientos sobre los que poco o nada podemos hacer. Así: que los principales países europeos, incluida Alemania, superen la recesión que está ya anunciada; que Estados Unidos logre pronto un crecimiento de su PIB sostenido; que recupere el suyo China y con ella todos los demás países del BRIC y que crezca el comercio internacional hoy en declive; que no se agrave la crisis de Oriente Próximo, o la del cercano y no hubiera problemas graves en los países del Magreb. Sin un cambio del entorno mundial positivo, la crisis seguiría siendo penosa y larga, para nosotros los españoles, aun si pudiéramos cumplir las rebajas del déficit previstas.

En ningún caso debe decaer el ánimo nuestro de lucha ni la esperanza de salir adelante. Pero debemos cimentarla en apoyar de manera preeminente la educación e investigación, el I+D+i y la sanidad si queremos tener un crecimiento sostenido; debemos, además, decir abiertamente, todos, Gobierno y oposición o ciudadanos libres e independientes, que continuamente hay que denunciar que cualquier política económica no es válida plenamente si no prioriza como objetivos aumentar el empleo, mejorar las condiciones de vida y el bienestar de todos los ciudadanos y en primer lugar de los más necesitados, de los más pobres y reducir las desigualdades. Ningún otro objetivo sería social, económica y políticamente justificable.

Sí, debemos trabajar dentro y con Europa, pero dicho esto, lo que tenga que hacer el Gobierno de este momento de la España democrática, y lo que tenga que mover a sus ciudadanos, cualesquiera que sean sus convicciones políticas o de otro tipo, debe ajustarse, a mi juicio, a sus tiempos y decisiones. Y nuestros tiempos, y el desarrollo de nuestras medidas, no pueden dictarlas pretenciosas organizaciones, con gravísimos fallos recientes, que viven otras realidades, desde prejuicios económicos y financieros, que no son aplicables a un país como España, al que no tienen por qué dar lecciones los que ahora quieren dárselas. Esto es lo que pienso como ciudadano libre, demócrata e independiente.

Excelentísima señora:

El mercado se ha apoderado del conocimiento, la democracia y la ciencia y los ha reducido a la única dimensión del beneficio. Un mundo repleto de cosas pero vacío interiormente. La disolución de certezas, la pérdida de la estabilidad laboral, la deslocalización, la flexibilidad… han dado paso a la necesidad de desarrollar una capacidad que nos permita cambiar de tácticas y estilos en un instante, para abandonar compromisos y lealtades sin arrepentimientos, y para ir en pos de las oportunidades según la disponibilidad del momento en vez de seguir las propias preferencias consolidadas. Nuestros paradigmas están carentes de identidad por la desinstitucionalización social, por una fuerte subjetividad y por la pérdida de la frontera entre lo interior y lo exterior. Muchas de las características modernas tienen su origen en el yo pienso luego existo.

Dice un personaje de Libertad, la extraordinaria novela de Jonathan Franzen: «Son alérgicos a cualquier cosa que huela a elitismo, o que no respete el punto de vista de otra persona». Poco a poco la conciencia se sitúa más allá de la ley y la ley más allá de los intereses y las identidades. Las decisiones más prácticas se separan de los principios y de las leyes. Sólo el sujeto, consciente de sus derechos, puede oponerse a la omnipotente globalización y al neoliberalismo que sometió la economía y a los seres humanos al mercado, esa instancia que se supone más racional que las decisiones que emanan de las personas y de las instituciones. La idea de sujeto humano está formada por todo lo que se reconoce como universal en el ser humano, comenzando por la razón que define la verdad al margen de las ideologías religiosas o políticas, de la experiencia vivida y las tradiciones.

En la situación actual se han asignado a los seres individuales o colectivos derechos que son propios del sujeto humano y que aportan al individuo empírico sus derechos y sus concepciones del bien y del mal. Este retorno del ser humano a sí mismo, y por lo tanto la eliminación de las formas indirectas y veladas del sujeto individual, permitió al mundo moderno tomar conciencia de la oposición directa que existe entre las lógicas naturales materiales y la lógica de la conciencia. Porque ésta conduce al sujeto humano a reconocerlo como portador de su propia legitimidad y garantiza al individuo derechos que se convierten en derechos universales. Y, por eso, aunque no hay más que una modernidad, hay muchos caminos hacia ella. El objetivo a alcanzar consiste en separar los derechos humanos fundamentales de las ideologías sociales.

La desaparición de la lucha de clases como centro del conflicto no supone el desmembramiento de la sociedad sino el paso a un nivel diferente de unidad: el de los derechos humanos. «La felicidad ha pasado de aspiración para todo el género humano a deseo individual. Se trata de una búsqueda impulsada por la insatisfacción en la que el exceso de los bienes de consumo nunca será suficiente», dice Bauman. Al aislarse las elites en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo-, abandonan al resto de clases a su albur, fragmentando los estados y traicionando la idea de una democracia concebida para todos los ciudadanos. En las actuales circunstancias los gobiernos no tienen el poder por sí solos de solucionar los problemas que nos afectan.

«Se están deteriorando muchas de las razones y valores que han definido a la sociedad democrática: la solidaridad o la capacidad de situarse en el lugar del otro. Por eso, al margen de teorías económicas o de los debates de ideas, va a ser fundamental una reivindicación del sentimiento», dice Montero. La política se ha convertido en un teatro de simulaciones sospechosas, la economía se abandonó entre delirios de futuros. «La crisis no hace desaparecer la conciencia política, sino que separa cada vez más la vida política, confusa e impotente, de las sensibilidades, las iniciativas y los discursos que se desarrollan en la vida civil sin conseguir darse una organización política», escribe el sociólogo francés Alain Touraine.

El proceso de decadencia de las formas simbólicas que se da en épocas de agotamiento cultural tiene algo de desnaturalización y de conversión en reliquia del ser histórico. Las formas simbólicas en decadencia se vacían y convierten en jeroglíficos que siguen vigentes pese a que desconocemos las claves de su lectura. Los objetos, las instituciones, la realidad, «se convierten en alegorías, junto con el hecho de que éstas colman y al tiempo niegan justamente aquella nada en que se representan», proclamó W. Benjamín.

El mundo de las instituciones sociales carece ya de función y de coherencia interna. Es un universo de dudas y de confusión y ya no de normas. Los sindicatos no tiene fuerza y los partidos de izquierdas han dado pruebas de su absoluta impotencia. Por eso intervienen los estados para resolver las crisis de las que ellos fueron causantes al confiar el desarrollo y la paz social a la sabiduría de los mercados y mercaderes. Esto supone un nuevo sistema de actores. Las grandes instituciones pierden influencia y las ONG y, en general, los grupos la ganan. Este paso implica la transformación de las instituciones actuales: de la democracia, de la justicia, de la escuela o de la familia; es decir, supone la crisis de la ciudad.

La economía financiera está separada de la economía real; hay una ruptura entre los intereses de los financieros y el conjunto de la población. Eso causó una profunda y abismal separación entre directivos y obreros. La especulación creó una enorme comunidad de banqueros de todo el mundo; entre ellos se conocen mejor que entre los economistas y los financieros de un mismo país. Lo que se llamaba la racionalidad financiera fue desnaturalizada por los bancos al perseguir exclusivamente beneficios y el enriquecimiento de sus directivos, olvidando la función social del capital. En una crisis, como en un huracán, las intenciones y las metas de los personajes implicados cuentan poco. Esto basó la economía no en la producción ni en la tecnología sino en el éxito, por eso los capitales evolucionan hacia la especulación. Las víctimas, ya que no constituyen un grupo político ni un lobby de presión, guardan silencio.

Globalización y subjetivación forman universos opuestos que pueden llegar a enfrentarse. La globalización sitúa la economía a nivel en el que ninguna institución, social, política, religiosa puede influir. Si no se fundan instituciones que intervengan, la situación puede desembocar en el comunitarismo. En la sociedad industrial y postindustrial las relaciones sociales de producción y las políticas sociales eran inseparables, en la sociedad que se anuncia, la característica será la oposición entre la globalización y el sujeto portador de derechos. El sentido de la acción se forma al margen de la vida social. A lo mejor, la crisis no está engendrando un nuevo tipo de sociedad, pero está ayudando a destruir la antigua. Y también puede impedir la formación de un nuevo tipo de sociedad o favorecer la intervención de agentes autoritarios durante un período de difícil transición.

Los errores no son necesarios aunque tal vez sean inevitables. Por mi edad, es probable que haya vivido más que Usted, pero es seguro que he cometido más errores. A pesar de lo que dice Stendhal: En tiempos de crisis «la cualidad esencial de la juventud consiste en no ser susceptible de entusiasmo y en carecer de talento», confío en su saber hacer, en su coraje, en su claridad de ideas, en su capacidad de innovación, en su amplitud de miras para admitir las buenas proposiciones del adversario, y en su generosidad para mirar con perspectiva de futuro y no de votos las transformaciones que necesita la vida social. Estoy convencido, y así lo deseo, que pondrá su brillante talento y su simpatía al servicio del futuro de nuestro país. Atenta y respetuosamente.

El Gobierno de Rajoy baraja la posibilidad de sancionar a las comunidades autónomas que se desvíen de su objetivo de déficit. En nuestra opinión, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

La hipótesis de la disuasión predice que la introducción de una sanción reducirá la ocurrencia de la conducta sujeta a la multa. Esta hipótesis es la que el gobierno tiene en la cabeza cuando considera estas sanciones. Lo que el gobierno no tiene en cuenta es que dicha hipótesis parece que no se cumple empíricamente. En un famoso artículo Gneezy y Rustichini (Una Multa es un Precio) muestran que en algunas circunstancias la introducción de una multa solo incentiva al comportamiento que se quiere corregir. ¿Por qué? Antes de la introducción de la multa la consecuencia exacta del comportamiento a corregir no estaba especificada.

Pongamos el caso de las comunidades autónomas. En ausencia de sanciones, los Gobiernos autonómicos pueden formarse cualquier creencia sobre las consecuencias de gastar más de lo presupuestado y actuar en consecuencia. Gobiernos autonómicos que crean que las consecuencias serán mínimas, gastarán mucho más que aquellos que crean lo contrario. La introducción de la multa clarifica las consecuencias y puede cambiar el comportamiento de algunos gobiernos regionales. Es decir, si la multa (que puede entenderse como el precio de desviarse) es inferior a la percepción del castigo a desviarse previo a la introducción de la sanción, esta política no arreglará nada. Incluso podría empeorar el comportamiento de muchos gobiernos autonómicos. Esto podría dañar la maltrecha credibilidad de nuestras administraciones públicas.

La semana pasada salía a la luz desde FEDEA el primero de los informes del Observatorio Fiscal y Financiero de las comunidades autónomas (http://www.fedea.net/ccaa/). Usando los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades y homogeneizados por el Ministerio de Hacienda, dicho informe que presenta una proyección del déficit de las distintas comunidades en el año 2011, pone de manifiesto dos cosas. Primero, que ninguna comunidad cumplirá el objetivo de déficit. En conjunto, las comunidades autónomas se gastarán unos 15.000 millones más de lo presupuestado. Segundo, que la contribución a este desvío es muy heterogénea. Por un lado, tenemos el comportamiento ejemplar de la Comunidad de Madrid (le corresponde menos del 1% del desvío cuando su economía representa el 18% del total) y por el otro Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia e Islas Baleares con unos números sonrojantes (todas con contribuciones al déficit más de dos veces sus contribuciones al PIB nacional).

Los 15.000 millones ponen de manifiesto que el gobierno hace bien en estar preocupado por el comportamiento de las comunidades autónomas y pensar formas de corregirlo. No es posible cumplir con nuestro objetivo de estabilidad sin que lo hagan las comunidades autónomas ya que estas son responsables de más del 60% del consumo público. La alta heterogeneidad indica que las percepciones sobre las consecuencias de desviarse del objetivo de déficit son muy heterogéneas entre las diferentes comunidades y las consecuencias de un sistema de sanciones son difíciles de predecir, e incluso, podrían ser contraproducentes.

Los resultados del observatorio ponen de manifiesto que es posible conocer los déficits con alguna antelación. Así, se podrían crear mecanismos que obligasen a las comunidades autónomas a subir sus impuestos inmediatamente a la luz de cualquier desvío. Un mecanismo como este haría a los ciudadanos de las diferentes comunidades responsables de los actos de sus dirigentes regionales. Esto evitaría reformas fiscales como la presentada el 30 de diciembre en la que los ciudadanos madrileños tienen que pagar los déficits valencianos.

Claro, un sistema como el presentado tiene el problema de que un gobierno de un color puede castigar a autonomías de otro por razones políticas. Por eso, al mismo tiempo, debería crearse un Consejo de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas que hiciese cumplir las reglas. Este consejo debería ser independiente y vinculante para todas las administraciones. Consejos de esta índole se han creado recientemente en el Reino Unido y Suecia. Como era de esperar, estos países han sido poco castigados por la crisis de deuda soberana que nos asola. Esperemos que Rajoy tome nota de las cosas que se hacen bien en nuestros vecinos del Norte.

La consecución de su tercer Balón de Oro ha hecho que la servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Barça pasara a ser un documento deseado por todo el mundo. Eso me ha recordado otra famosa servilleta de papel que, aunque no sea tan conocido entre los no economistas, es relevante para evaluar la política fiscal del Gobierno de España.

La mayoría de analistas (sobre todo los de izquierdas) piensan que cuando el Estado sube los impuestos, siempre aumenta su recaudación. En 1974, sin embargo, Arthur Laffer cuestionó este razonamiento. Pensando en el IRPF, Laffer se preguntó: ¿qué pasaría si los impuestos fueran del 100%? Pregúntense ustedes: ¿cuántas horas trabajarían si el Gobierno se quedase el 100% de su salario? La respuesta es que… ¡ninguna! ¿Para qué trabajar si, una vez pagados los impuestos, uno acaba cobrando cero? Si los impuestos fueran del 100%, pues, los ingresos de la gente serían cero por lo que la recaudación fiscal sería el 100% de cero. Es decir, no recaudaría ni un euro.

Y es que la recaudación fiscal es el producto del tipo impositivo (es decir, el porcentaje de la renta que se queda el Estado) multiplicado por la renta de los contribuyentes. El problema es que la renta o ingresos de los ciudadanos depende de los impuestos: cuanto más se quede el Estado, menos incentivos tiene uno a trabajar o invertir. Por ejemplo, los médicos pueden decidir no coger a los dos o tres últimos pacientes, los abogados pueden decidir no coger los dos o tres últimos casos y las familias pueden decidir que no vale la pena que el marido o la mujer trabajen si les acaban quitando el 90% del salario.

La conclusión es que debe haber un punto a partir del cual, las subidas de impuestos no conllevan aumentos sino disminuciones de recaudación. Aquí es donde Laffer, sacó una servilleta de papel y dibujó una curva en forma de campana que relacionaba los tipos impositivos con la recaudación fiscal. Si el tipo es cero, la recaudación es cero, si el tipo es 100%, la recaudación también es cero y si los tipos son entre 0 y 100, la recaudación dibuja una curva en forma de montaña que, empezando en cero, primero sube, después llega a la cima y después baja otra vez hasta cero. Sus amigos, impresionados, exclamaron: ¡qué magnífica curva, Laffer! De ahí nació el nombre: la “Curva de Laffer”.

Cuando conducimos un coche por la montaña, si nos encontramos antes de llegar a la cima y tiramos hacia adelante (subimos impuestos) el coche va hacia arriba (recaudamos más). Pero si ya hemos pasado la cumbre y seguimos adelante, el coche va hacia abajo. Del mismo modo, la subidas de impuestos comportarán una mayor recaudación fiscal para los países que todavía no han llegado al máximo, pero comportará una reducción para los que ya se han superado la cima.

La pregunta clave es: ¿ a qué lado de la cima está España? La verdad es que yo no lo sé. Para averiguarlo se deberían hacer estudios econométricos serios y yo no he visto ningún estudio. Lo que sí he visto es el ideario oficial del PP de antes de las elecciones (http://www.pp.es/nuestrasideas/economia_51.html). El punto número 5 de la sección de economía (seguramente escrito por Cristóbal Montoro, un buen economista, todo sea dicho de paso) explica que, en España, una subida de impuestos agravaría tanto la crisis económica que la recaudación fiscal acabaría cayendo y el déficit empeorando. Es decir, según el PP, ¡España había sobrepasado del máximo de Laffer!

Claro que luego apareció Soraya Sáenz de Santamaría y nos anunció (¡qué sorpresa!) que “el déficit era muy superior al esperado” por lo que el PP se veía obligado (¡obligado!) a subir impuestos. ¿Cómo? Si estamos al otro lado de la cima de Laffer y vemos que el déficit es “superior al esperado” lo que tenemos que hacer no es subir los impuestos sino… ¡bajarlos todavía más!

¿Por qué subió los impuestos el PP si su propia teoría decía que eso no sólo no ayudaría a reducir el déficit sino que lo aumentaría? Una posibilidad es que lo que descubrió Rajoy al llegar a la Moncloa no fue que el déficit era superior al esperado sino que la teoría del PP estaba equivocada. Si eso fue así, agradecería que alguien enseñase el estudio que demuestra que España mágicamente pasó de un lado de la cima de Laffer al otro justo entre el día de las elecciones y el día que anunciaron el paquete fiscal.

Otra posibilidad es que el PP mintiera durante la campaña electoral pero que no anunciara la subida de impuestos para perder votos. Una tercera explicación es que han aumentado el IRPF en lugar del IVA para que todo el mundo vea que los ricos pagan mucho más que los pobres, cosa que facilitará los recortes sociales que vienen y, de paso, va a permitir a Javier Arenas ganar las elecciones andaluzas. Una operación de marketing político ruinosa para todos porque, además de agravar la crisis, una subida de impuestos que reduzca la recaudación va a requerir recortes de gasto todavía mayores. La última posibilidad es que lo que dijeran los programas electorales es irrelevante porque quien realmente manda en España no es el PP sino la sargento Angela Merkel.

Sea cual sea la explicación, lo que queda claro es que la subida de impuestos del PP ha confirmado lo que el PSOE demostró durante años: en España las promesas electorales no quieren decir nada y las campañas son una farsa que no sirve para informar sino para propagar montañas de mentiras políticas.

La principal preocupación de los españoles, a gran distancia de otras, es el empleo. Y este depende del modelo de crecimiento económico. El debate actual en torno al Partido Socialista dedica una enorme atención, lo que es lógico, a la elección de su nuevo/a líder. Sin embargo, el 38º Congreso decidirá, a través de su ponencia política, las estrategias progresistas del futuro. Lo que los ciudadanos esperan también de nosotros es un pronunciamiento claro y creíble de la alternativa económica que defendemos. Y no todas las causas de esta severa crisis proceden de las irregulares prácticas financieras que hemos conocido.

El escaso crecimiento de la productividad que hemos experimentado en toda Europa, y en particular en España, está también en la raíz de la crisis actual. Somos los socialdemócratas quienes debemos esforzarnos en buscar soluciones a ello. Hay que trabajar mejor, producir más, para importar menos y exportar más, debemos obtener mayor rendimiento por hora trabajada y los crecimientos salariales del futuro deben tener cierta correspondencia con el esfuerzo realizado y los rendimientos obtenidos. Solo con una profunda mejora de la formación, la innovación y las políticas activas de empleo podremos conseguirlo. Y no debemos dudar, es el único camino para mantener nuestro modelo de bienestar.

La transformación de nuestro modelo productivo ya se está produciendo de manera progresiva, en parte gracias a la apuesta del anterior Gobierno socialista por la economía sostenible en España y la estrategia 2020 a nivel europeo. También gracias a las reformas emprendidas que nos permitirían cambiar solvencia y sostenibilidad en el medio y largo plazo por un espacio mayor para las necesarias políticas de estímulos. Solo de este modo se reducirán los costes de financiación de nuestra deuda, dejando ese espacio. En el panorama gris, a veces interesado, de las previsiones económicas, hay elementos positivos que pasan inadvertidos: no toda la economía española destruye empleo, hay sectores de actividad que, incluso ahora, están creando empleo y a tasas notables. Por ejemplo, durante 2011, varias actividades de protección medioambiental o de I+D+i lo hacen a un ritmo superior al 10% de acuerdo con la afiliación a la Seguridad Social. En la última EPA conocida -tercer trimestre de 2011-, ecoindustrias, I+D, servicios sociales, energías renovables, industrias culturales, fabricación de maquinaria y sectores tradicionales como turismo, cuero y calzado, siguen creando empleo. Igualmente, hay muchos sectores exportadores que están resistiendo perfectamente la crisis y aumentando cuotas en los mercados internacionales.Ello aconseja que nuestras políticas económicas sean coherentes con esos cambios estructurales que hemos puesto en marcha. Cualquier mirada complaciente al pasado incuba la semilla de nuevas crisis. Debemos apostar por los nuevos sectores productivos y la renovación de los tradicionales, para crear empleos de calidad que mejoren la productividad agregada, impulsar políticas activas de empleo que incluyan mejor formación, combinación de subsidios y salarios en trabajos menos cualificados para aflorar y movilizar actividad económica y fomentar el emprendimiento, el crecimiento e internacionalización de nuestras empresas. Y debemos, también, abordar la gran reforma estructural pendiente de la economía española: el cambio definitivo de nuestro modelo energético, reduciendo nuestra dependencia e impulsando las energías renovables para crear empleos de calidad y luchar contra el cambio climático.

Los próximos meses y años no serán fáciles para nadie. Los españoles saben que tenemos que reducir el déficit. Las primeras medidas del nuevo Gobierno son erróneas: plantear una vuelta al pasado para recuperar la construcción como motor del resto de la economía es un error de bulto, pues solo se crearían trabajos poco estables y de baja productividad. Revertir la apuesta de los últimos años por la ciencia e innovación es otro error, como reducir gasto social productivo congelando la Ley de Dependencia. Los socialistas tenemos que concentrarnos en la alternativa: porque la hay. Discutir con este Gobierno el tamaño, el ritmo y la composición del ajuste, pues son inadecuados. Ningún país de la OCDE ha conseguido un ajuste superior a los cuatro puntos de PIB como se propone para este año 2012 en España. El tamaño debe ser menor, el ritmo diferente, dos o tres años más para alcanzar el 3% de déficit y la composición del ajuste muy diferente: más equitativa, sin afectar al gasto productivo y dejando espacio para un programa nacional de inversiones estratégicas centrado en los nuevos sectores de la economía productiva, que permita ingresos adicionales por esa vía y por la mejora de la productividad. Incluso aunque tuviéramos éxito con una reforma fiscal profunda, encontráramos nuevas fuentes de gravamen y redujéramos el fraude de modo importante, no sería suficiente para mantener nuestro modelo de bienestar, cuyos costes, irremediablemente, se incrementarán en los próximos años.

Con esta perspectiva de medio plazo sobre la mesa, ganaremos confianza y podremos matizar y proponer alternativas a un ajuste que deprimirá aún más nuestra economía y nos llevará directamente a la recesión. De este modo, los ciudadanos, y los mercados entenderán que el margen que necesitamos no es para mantener privilegios o estructuras insostenibles, sino para modernizar nuestro tejido productivo. Solo así obtendremos recursos para mantener la cohesión y el bienestar y para impedir su desmantelamiento. El liderazgo es esencial, y estoy seguro de que acertaremos, con generosidad y fraternidad, pero no lo es todo. Tan importante como el quién (y personalmente tengo mi candidato, Rubalcaba) es el para qué: eso es lo que los españoles esperan de nosotros.

Ningún personaje de la Antigüedad ha fascinado tanto a escritores y filósofos como la reina Semíramis, fundadora de la Babilonia de los fastuosos jardines colgantes, artífice del gran imperio asirio que llegó hasta los más remotos confines de Asia y célebre tanto por su lujuria como por su ferocidad en la guerra. Ovidio, Dante, Calderón, Shakespeare o Voltaire se inspiraron en ella, basándose ora en la fragmentaria información histórica disponible sobre sus 42 años de reinado, ora en la mitología que la presentaba como hija de una diosa con rostro humano y cuerpo de pez y la transformaba en paloma en el momento de su muerte.

Pero la metamorfosis imaginaria que interesó a Nicolás Maquiavelo no fue la de la propia Semíramis sino la de su ejército en los prolegómenos de la más notoria de sus derrotas. No se ocupa de ello en El Príncipe sino en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, concretamente en el capítulo XIV, cuyo título ya resulta elocuente: «Efecto que producen durante una batalla las nuevas estratagemas y las voces inesperadas».

Leamos ese fragmento del padre del pragmatismo político: «Todo buen general debe inventar algún ardid para asustar al enemigo y estar prevenido contra los que éste invente, para descubrirlos y contrarrestarlos. Así lo hizo el rey de la India con Semíramis. Al ver esta reina los muchos elefantes de aquél, para asustarle, probándole que aun de estos animales tenía ella mayor número, los imitó con pieles de búfalo y de vaca puestas sobre camellos, haciendo a éstos marchar delante. Pero el rey conoció el engaño, y no sólo fue inútil, sino perjudicial para Semíramis».

Obviamente no se trata de un diagnóstico moralista, inimaginable en el pensador florentino. Maquiavelo no pone ningún reparo ético al recurso al engaño en la conducción de una batalla o en la gestión de un Estado sino que distingue entre engaños útiles y beneficiosos y engaños inútiles y perjudiciales. ¿Para qué ponerse, pues, declamatorio sobre la presunta traición de Rajoy a la palabra dada a sus electores al subir el IRPF, cuando ya disponemos de elementos de juicio para sopesar la inteligencia de la medida y su probable grado de eficacia? No es nuestro honor sino nuestro bolsillo el afectado. El fin tampoco justifica los medios de la política económica, pero lo esencial de un debate sobre miseria y prosperidad no es cómo comienza sino cómo concluye.

Aferrémonos, pues, al compromiso explicitado por Montoro en la Cope de que al término de esta legislatura no sólo habrán cesado los recargos «temporales» de los ejercicios 2012 y 2013 sino que todos pagaremos menos impuestos que los vigentes antes del devastador Consejo de Ministros del 30 de diciembre. Eso es poner las cartas boca arriba porque el cumplimiento de tal objetivo no sólo daría satisfacción a nuestro legítimo egoísmo sino que sería la prueba de que el sacrificio habría merecido la pena porque la economía española estaría de nuevo creciendo y creando empleo a buen ritmo.

El problema es que el ministro de Hacienda, tan competente como locuaz, también dijo otra cosa que complementa y aclara el «no quedaba otra opción» de Rajoy. Fue el momento de las «nuevas estratagemas», de las «voces inesperadas». Cuando yo objeté que si hubiera sido un gobierno socialista el que elevara de la noche a la mañana en siete puntos el tipo máximo del IRPF, habríamos tildado la medida de «confiscatoria y colectivista», a él se le iluminó la cara, reaccionó con el orgullo de quien ve reconocido su mérito y sonrió abiertamente. Como notara que a mí no me hacía ninguna gracia, se sintió obligado a aclararlo. «Me río de lo siguiente: hemos desconcertado a la izquierda porque hemos hecho un ajuste equitativo, sí señor. De eso se trataba. La izquierda ha gobernado en este país y no es capaz de hacer lo que hemos hecho». Y enseguida añadió con el mismo jovial desparpajo: «Así es la política… es una competencia».

Es decir, que la decisión tuvo un componente político -lo cual implica que sí había otras opciones, ¿cómo no iba a haberlas?- y que se adoptó desde la perspectiva de que no hay como utilizar las armas del enemigo para adentrarse en su territorio. O sea, hagamos pasar nuestros camellos por elefantes y conquistaremos la India; démosle un tinte socialista al ajuste y neutralizaremos el conflicto.

Si Zapatero dijo que bajar los impuestos era de izquierdas, ahora Rajoy nos dice por boca de Montoro no sólo que subirlos es de derechas sino que cuanto más «progresivamente» se ceben en quienes más ganen, más consecuentes serán con un gobierno que llegó al poder defendiendo la libertad, el esfuerzo y el mérito. Puesto que la incautación por el Estado de una parte creciente de las rentas del trabajo, hasta llegar al 60% en las comunidades que cobren también por patrimonio, es para un sedicente gobierno liberal lo «equitativo», habría que concluir que elevarla hasta el 90% sería ya directamente libertario. De forma que nada nos emanciparía tanto como ser completamente esclavos, trabajando de sol a sol para el fisco salvo el cuarto de hora del bocadillo.

Sí, es otra vez la maldición de la neolengua orwelliana por la que la guerra puede ser la paz, el odio el amor y la mentira la verdad. Contra ese baile de máscaras advirtió Aznar en el pasaje más célebre de su discurso durante el controvertido congreso de Valencia en 2008: «Tenemos que ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles. No el partido que les gustaría a nuestros adversarios. Tenemos que ser una alternativa creíble frente al socialismo. No una alternativa a nosotros mismos».

Es de justicia aplazar las conclusiones hasta que la receta de este Gobierno se complete a través de las reformas laboral y financiera y, sobre todo, de los Presupuestos que se aprobarán en la última semana de marzo, inmediatamente después de las elecciones andaluzas. Pero nadie negará que si congeláramos en este momento la imagen, el PP parecería hoy exactamente eso: un partido en conflicto con su pasado próximo y remoto, un grupo humano en contradicción con su doctrina y con su praxis, una opción política disfrazada «con pieles de búfalo y de vaca» para fingir asemejarse a su principal contrincante.

El calendario político andaluz tiene mucho que ver con ello. Aunque Soraya lleve la gestión al modo del consejero delegado de una compañía del Ibex, el verdadero vicepresidente del Gobierno es Javier Arenas. Ha colocado al menos a cuatro personas muy cercanas en el gabinete y está condicionando todos los pasos de Rajoy para contrarrestar la estrategia de Griñán de apurar los plazos para que la votación se produzca cuando ya haya motivos para castigar al PP por sus recortes sociales. No es difícil imaginarle llevando un poco más lejos el mensaje de su pupilo Montoro, diputado por Sevilla, y proclamando en el apogeo de la campaña que Rajoy es el único que se ha atrevido a subirles los impuestos a los ricos.

Hay que subrayar que la de Arenas es la más digna de las causas. Tanto por su tenaz compromiso personal como por la conveniencia democrática de consumar la alternancia en una comunidad en la que el episodio del chófer cocainómano con el dinero de los ERE que distribuía el alto cargo corrupto al que transportaba, no es sino el último síntoma de la putrefacción de 30 años de califato socialista. Bienvenida fuera, de hecho, esa parte del recargo «temporal» en el IRPF que podríamos denominar como el tramo Arenas si garantizara la extensión a Andalucía del vuelco político del 20-N, pues todos nos beneficiaríamos a medio plazo de que la cultura del clientelismo y el subsidio pasara a mejor vida en una parte de España con tanto peso en el PIB.

El riesgo que, sin embargo, veo es el de que la estratagema no cuele e incluso tenga un efecto bumerán porque no aplaque a ningún sector de la izquierda y desmovilice a votantes decepcionados de la derecha, en número no muy grande pero sí suficiente como para hurtarle al PP la imprescindible mayoría absoluta. Eso es lo que le sucedió a Semíramis cuando a quienes «desconcertó» no fue al ejército indio sino a parte de sus jinetes que sintieron que se les empujaba a luchar de un modo que no era el suyo.

Números cantan: el peso de la recaudación adicional por IRPF dentro del plan de ajuste de 40.000 millones anunciado por Rajoy ante su grupo parlamentario no pasará en ningún caso del 10%. Más o menos lo que debía suponer la vanguardia de camellos disfrazados de elefantes respecto del conjunto del ejército asirio. Si de lo que se trataba el 30 de diciembre era de dirigir un mensaje contundente a los mercados bien pudo haberse recurrido a anticipar cualquiera de los otros renglones, mucho más representativos del modelo de austeridad del PP, que necesariamente irán aflorando en las próximas semanas hasta completar el 90% que resta por sacar de algún sitio.

De igual manera que unas pieles de búfalo y de vaca a lomos de las primeras filas nunca convertirán a los ágiles camellos en pesados elefantes, el ensañamiento fiscal con las nóminas más altas tampoco transformará a un partido liberal en socialista. Lo que podría ocurrirle al PP es lo que le pasó a Semíramis en aquella batalla aciaga: que en el entretanto no sólo no adquiera la envergadura de los impostados elefantes sino que pierda también la movilidad de los preteridos camellos. No hay nada menos recomendable como dejar de ser tú mismo cuando llega la hora de la confrontación política.

Tanto han terminado por interiorizar su tacticismo nuestros nuevos mandamases que un miembro del Gobierno me decía el otro día que en el fondo las críticas de EL MUNDO al impuestazo les venían bien porque hacían más patente el giro social hacia la equidad que había querido imprimir Rajoy. Si ése fuera el rasero utilitario, cabría deducir también que nada resultaría más inconveniente para la propaganda gubernamental como que Esperanza Aguirre materializara anticipadamente el programa del partido y procediera a bajar el tramo autonómico del IRPF.

El problema de este juego del escondite es que implica aceptar que el partido se celebre en el campo del adversario porque detraer una parte de la renta disponible de los asalariados y especialmente de los profesionales y emprendedores es gripar el motor de una recuperación basada en la libertad económica y el modelo de sociedad que preconiza el PP. Y, lo que es peor, implica asumir que la vara de medir cuando toque juzgar todo lo que venga después sea la de la solidaridad dentro del Estado de Bienestar que de forma tan demagógica y onerosa despliegan siempre el PSOE e Izquierda Unida.

Volvamos a Maquiavelo y fijémonos en el otro ejemplo, complementario al de la derrota de Semíramis, que emplea para criticar los engaños contraproducentes para sus artífices: «Peleaba el dictador Mamerco contra los fidenates, quienes para asustar al ejército romano dispusieron, en lo más empeñado de la batalla, que salieran de Fidenas numerosos soldados con fuego encendido en la punta de las lanzas, a fin de que los romanos preocupados por aquella novedad se desordenaran».

El primer efecto de esa inesperada y aparatosa salida en tromba fue desde luego tan desconcertante para el enemigo como lo ha sido para la izquierda que el PP subiera el marginal del IRPF nada menos que siete puntos. «Pero acudió el dictador diciendo a sus soldados si no les avergonzaba huir del humo como las abejas y los hizo volver contra los fidenates, gritándoles: «Suis fiammis delete Fidenas». ¡Con sus propios fuegos destruid Fidenas! Cuidado, amigos, no vaya a ser que estéis distribuyendo las antorchas entre quienes intentarán llevaros a la hoguera.

Las informaciones que nos ofrecen los medios de comunicación sobre la crisis de las finanzas públicas en algunos países (empezando por el país líder, Estados Unidos) a menudo sepultan bajo una montaña de términos y análisis técnicos una realidad muy antigua y muy simple: el rechazo de las élites a contribuir a las arcas públicas y a los gastos comunes.

En sociedades como la española ese rechazo viene de muy atrás y tiene raíces muy profundas: la cultura religiosa propiciada por la Iglesia católica, que se ve a sí misma como la única sociedad perfecta, tiende a deslegitimar o a colocar en un plano inferior las instituciones estatales y, por tanto, la obligación moral de contribuir a su sostenimiento. Entre nosotros resulta incomprensible la frase que pronuncia en un determinado momento el personaje interpretado por Clint Eastwood en El Gran Torino referida a los que evaden el pago de los impuestos, a los que equipara con los ladrones.

Pero no es solo la cultura religiosa la fuente de esa legitimación social de la evasión de impuestos, que ha terminado colocando a nuestro país en un lugar destacado en el ranking del fraude fiscal y del dinero negro. Las élites españolas no acaban de desprenderse de una tradición estamental que se remonta a los siglos imperiales, cuando uno de los atributos de las clases privilegiadas era la exención de las cargas fiscales.

El llorado Francisco Tomás y Valiente lo expresaba muy gráficamente al referirse a esa sociedad española del siglo XVII en la que tantos buscaban, bien en las filas de la Iglesia, bien mediante la compra de cargos públicos o de hábitos de las órdenes militares, un refugio frente al fisco: “¿De qué huyen estos clérigos sin vocación, estos fabricantes dolosos de sus propios antepasados hidalgos? Huyen de la condición de pecheros, se evaden del pago de impuestos, adquieren la calidad de exentos del pago de contribuciones…”.

A algunos les parecerá excesivo retrotraer la baja moral fiscal de la sociedad española actual, que tan bien ejemplifican las andanzas financieras del yerno del Rey, a la herencia de una sociedad nobiliaria de tres siglos atrás, ya fenecida. Pero el paralelismo entre la crisis fiscal actual y la del siglo XVII español ofrece enseñanzas que justifican este esfuerzo por activar la memoria histórica.

En el siglo XVII los gastos militares generados por las continuas guerras y el mantenimiento de ejércitos permanentes excedían sistemáticamente unos ingresos fiscales adaptados a otros tiempos, en los que las necesidades de los monarcas eran infinitamente menores. Hoy, los gastos del denominado Estado de bienestar (el gasto público empleado en asegurar a la población unos niveles aceptables en el disfrute de bienes como la educación, la sanidad o la vivienda) están empezando a exceder también sistemáticamente la capacidad recaudatoria de unos sistemas fiscales que han evolucionado a la baja en las últimas tres décadas. De ahí el recurso obligado a la deuda.

Pero los parecidos no se agotan ahí. También hay un paralelismo en la retórica retro con que se justifican los privilegios fiscales. Entonces, en la España del siglo XVII, en un clima social que ha sido descrito como de “refeudalización”, se desempolvó la vieja retórica medieval que eximía a los caballeros de la contribución a las cargas comunes con el argumento de su responsabilidad en las tareas militares; cuando ya hacía tiempo que el papel de las milicias nobiliarias había entrado en franca decadencia frente a los ejércitos permanentes sostenidos con dinero procedente de los impuestos (o de la deuda pública).

Los argumentos contra el pago de impuestos por las clases altas también tienen hoy un sabor rancio e invocan realidades en claro retroceso. En este caso, la figura del emprendedor individual al que hay que estimular aliviando su carga fiscal o sus obligaciones contractuales para con sus empleados, en un momento en que el papel de esa figura se ve relegado por el peso de las grandes corporaciones. Estas ejercen cada vez más el papel director de nuestra vida económica y son las mayores beneficiarias de la globalización en que aquella se ha embarcado y de la retórica antiimpuestos; dos fenómenos, por otra parte, estrechamente conectados.

Algunas consecuencias de esta huida de la fiscalidad también son similares en los dos episodios que estamos comparando, como son el crecimiento exponencial de la deuda y el consiguiente riesgo de impagos y de pánico de los prestamistas. En cuanto a otras esperemos que las lecciones de la historia no caigan en saco roto. Porque aquella fuga fiscal protagonizada por la España del seiscientos se saldó, como es sabido, con el más espectacular declive económico que ha conocido la historia europea.

Por todo ello y porque nos permiten tomar distancias respecto a ese consenso tan generalizado que apunta a los niveles del gasto social como el origen de todos nuestros males (y a los recortes en estos capítulos como la panacea) los paralelismos establecidos en los párrafos precedentes pueden aspirar a ser leídos como algo más que un puro ejercicio de erudición histórica.

Somos el tiempo que nos queda. Ante la excepcional situación económica que nos asola, ésa parece haber sido la consigna del nuevo Gobierno para abdicar de sus planteamientos programáticos. El 4 de octubre de 2010 publiqué un artículo en estas páginas titulado Sobre la necesidad de subir el IRPF, en el que advertía acerca del drástico recorte del gasto público que requería nuestra economía y la inevitable subida del IRPF en todos los tramos de la tarifa, y también para las rentas del capital, si se quería cumplir con el objetivo de déficit propuesto por Bruselas en el año 2013 (3%). Lamento no haberme equivocado. Quizás porque no soy economista, y ya saben que el éxito de éstos no consiste en acertar sino en explicar por qué se han equivocado.

Pero tampoco era necesario gozar de grandes dotes predictivas cuando en el mejor momento de la recaudación en España, las autonomías, que ingresaban ingentes sumas de dinero por variados conceptos impositivos así como por transferencias de las participaciones en los ingresos del Estado, tenían ya en su mayoría un gran agujero, al gastar muy por encima de sus posibilidades. Causa sonrojo comprobar cómo quienes fueron responsables de esas políticas autonómicas, que nos han encaminado a la situación tan comprometida en la que nos hallamos, disfrutan de todo reconocimiento social e incluso siguen siendo hoy los máximos responsables de las finanzas en algunas comunidades, encargados, valga la paradoja, de sacarnos de una crisis de la que fueron autores materiales principales o, cuando menos, cooperadores necesarios silentes.

Del amigo, como del dinero, hay que conocer su valor antes de gastarlo, decía Séneca. Y me consta que el nuevo ministro de Hacienda sabe muy bien que el particular es quien mejor puede decidir el buen uso de sus recursos, pero en política nada es lo que parece. En política, como afirmara Romanones, «jamás» quiere decir «por ahora», porque los compromisos públicos, como los amorosos, son eternos mientras duran. ¡Cómo vencer la tentación en estos momentos de cantar esa jocosa coplilla andaluza que dice «entre azules cortinas y verdes rejas/ estaban dos amantes dándose quejas/ y se decían/ que sólo con la muerte se olvidarían/ y eso no es cierto/porque se han olvidado y no se han muerto»!

No seré yo quien loe la subida de impuestos aprobada, pero con toda seguridad las medidas que se han adoptado no podían ser otras, dada la gravedad de la situación y la herencia recibida. Seguramente no se ahorrarán críticas al nuevo Gobierno por parte de quienes no supieron embridar una realidad que primero negaron y luego les superó, pero cuando esos reproches son injustos, la única respuesta es aceptar la receta que Juan Ramón Jiménez ofrecía en Ética y Estética, es decir, la de anteponer siempre que se pueda «espíritu a injenio, hallazgo a truco, invención a eco y acento a charlaría».

Decía Maquiavelo que el primer juicio que nos formamos de la inteligencia de un gobernante parte del examen de los colaboradores que tiene a su alrededor; cuando son competentes se le puede tener por sabio, pero cuando son de otra manera, hay siempre motivo para formar un mal juicio de él, puesto que su primer error ha sido precisamente el elegirlos. No creo que se pueda dirigir objeción alguna al presidente Rajoy a este respecto, y dice mucho de sus hechuras políticas el que haya tenido el arrojo de contrariar su propio compromiso electoral y el discurso de investidura, ante una responsabilidad histórica gravísima, ineludible y absolutamente inaplazable. Es más, a esta subida impositiva le seguirán otras en el IVA y en los Impuestos Especiales. Hubiera constituido un grave error, en unidad de acto, aplicar al enfermo terminal toda la farmacopea disponible, sobre todo cuando se le ha estado diciendo durante tres largos años que bastaba un placebo para la remisión de sus males, pero era imprescindible atajar la situación, teniendo en cuenta que las próximas e inevitables subidas vendrán acompañadas de medidas de estímulo y de reformas de calado que, a buen seguro, atemperarán la situación e irán paliando los graves problemas de esta economía desahuciada que entre todos hemos de levantar. Ya se hizo en su día, y se volverá a hacer.

Resulta necesario, sin embargo, un mensaje mucho más claro a la ciudadanía en la disciplina del gasto, pues el mejor predicador es fray ejemplo, y no parece tampoco muy estético pedir sacrificios como los recientemente aprobados cuando hay tantas televisiones autonómicas de nula utilidad, y otros muchos entes prescindibles, amén de un desmesurado parque móvil de vehículos oficiales y órganos replicados por 17, y tantas otras cosas. Por cierto, no estaría de más tampoco solicitar alguna explicación al Gobierno saliente, condecorado con las más altas distinciones de la Nación, acerca de la enorme desviación del compromiso de déficit, porque estoy seguro de que no a mucho tardar la responsabilidad política no se medirá únicamente con el cartabón de la simple derrota en las urnas, sino que habrán de emplearse otras medidas más acordes con la evolución de una sociedad madura que ya sabe que la esencia de la democracia no consiste siempre en ponerse de acuerdo, sino en convivir a veces en desacuerdo, pero que no se contenta tampoco con la simple liturgia de depositar su voto cada cuatro años. En esta exigencia de esa otra responsabilidad política hemos de avanzar rápidamente, sabiendo que aquí, al contrario de lo que dijera Calderón, no suele la memoria morir a manos del tiempo, y que la formación política que lidere este tipo de iniciativas y las ponga en práctica coherentemente estará llamada a liderar a la sociedad española por mucho más tiempo de lo que ella misma sospecha.

El 2012 será un mal año para la economía, el empleo y las condiciones de vida de muchos españoles. La causa es la mala gestión que han hecho los gobiernos de la zona euro de la crisis de la deuda. Con su sesgada política económica, centrada única y obsesivamente en la austeridad, han provocado una segunda recesión que no era en modo alguno inevitable.

Si repasásemos ahora los pronósticos que sobre la evolución de la crisis se hacían en el 2010 por parte de los organismos públicos y privados nacionales de predicción económica, veríamos que el 2012 aparecía como el año de la consolidación de la recuperación que se había iniciado en el 2010.

Sin embargo, como habrán leído y escuchado a lo largo de las últimas semanas, la economía de la eurozona se ha estancado y camina ahora hacia la recesión. Ni la propia Alemania escapa a este panorama. En el caso de España, la recesión es ya una realidad.

Y no satisfecho con el desorden existente, nuestro nuevo Gobierno se aplica con celo a introducir recortes más intensos y más rápidos. El déficit de cierre del 2011, mayor del previsto y pactado con las autoridades europeas, es la causa que justifica esas medidas, que, a decir de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, solo son «el inicio del inicio».

Las estimaciones más prudentes señalan que esos nuevos recortes de gasto público y aumento de impuestos tendrán un fuerte impacto en la economía y el empleo. Acentuarán más el penoso panorama recesivo que padecemos. Esto, a su vez, hará imposible reducir el déficit previsto para el 2012, lo que obligará a mayores reducciones de gasto y muy probablemente a aumentos del IVA. De nuevo, el efecto será acentuar la recesión y el paro.

Estamos metidos en un círculo vicioso infernal del que nuestros gobiernos no parecen saber ni querer salir.

Llegados a este punto, hay que insistir otra vez, y tantas veces como sea necesario, en que el déficit público inicial de nuestras economías no fue la causa de la crisis, sino su consecuencia. La crisis financiera y económica del 2008 provocó una caída brutal y repentina de los ingresos fiscales y, a la vez, un aumento de los gastos públicos como consecuencia de la necesidad de salir al rescate de los bancos y de la economía. El resultado fue la aparición de un fuerte déficit público en el 2009.

El miedo al déficit provocó a mediados del 2010, cuando surgió el problema de la deuda griega, una reacción instintiva y poco racional desde el punto de vista del análisis económico por parte de los gobiernos de la eurozona. Se pactó o, mejor dicho, se obligó a los gobiernos de los países con problemas a seguir un plan demasiado intenso y demasiado rápido de reducción del déficit para el 2011 y el 2012. Un plan que no dejaba espacio alguno para el crecimiento interno.

Como, paralelamente, los países que no tenían problema de déficit y deuda también adoptaron la política de la austeridad, el resultado fue que se cerraron todas las ventanas al crecimiento en la eurozona. Y sin crecimiento, como en otras ocasiones les he dicho, no se pueden pagar las deudas.

¿Cómo explicar esta obcecación en la austeridad compulsiva sin resquicio al crecimiento? Nuestros gobiernos europeos y los expertos a quienes escuchan no acaban de entender la relación entre austeridad y crecimiento. Defienden con celo religioso la idea de la «austeridad expansiva». Les aseguro que es un cuento de hadas. La austeridad solo ha llevado al crecimiento en aquellos casos en que las economías pudieron devaluar y crecer por el lado de las exportaciones. Pero eso en el euro no es posible.

¿Hay algún indicio que nos pueda hacer pensar que nuestros gobiernos serán capaces de salir de ese círculo vicioso? Quiero ser optimista. La hay. El inicio del nuevo año ha traído una buena noticia, que apunta a que algo parece estar cambiando. En la reunión que tuvo lugar este lunes entre la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, la novedad fue que hablaron de la necesidad de colocar un «segundo pilar» para la política económica destinado a potenciar el crecimiento y la creación de empleo. En la cumbre europea del 30 de este mes habrá que darle contenido.

No es mucho. Pero se admite que es necesario cambiar esa cultura política del sacrificio social inútil. La primera medida tiene que ser romper esa estrategia equivocada de reducción demasiado rápida y demasiado intensa del déficit, que nos aboca a la recesión prolongada y, como daño colateral, a la reforma impulsiva, parcial y desordenada de la mayor innovación social del siglo XX: el Estado del bienestar.

Es como si un arquitecto se pusiese a rehabilitar un noble edificio necesitado de cambios, pero sin plan general de reforma. Un desastre. Pero de esto hablaremos otro día.

Los múltiples y variados factores que inciden en la grave crisis que viene padeciendo España desde finales del año 2007 hacen que una reforma del mercado de trabajo, de por sí, resulte insuficiente para eliminar los efectos de la misma, pero no cabe duda que sin ella difícilmente se podrá reducir la enorme cifra de desempleo que nos viene singularizando a nivel mundial.

Es cierto que en el pasado año 2010, y también en el 2011, proliferó una actividad legislativa tendente a adecuar el mercado de trabajo, gravemente dañado, a las exigencias impuestas por la desbordada crisis económica-financiera que elevó la cifra del paro laboral a cotas desproporcionadas y muy alejadas de las existentes en otros países del entorno europeo. Pero la realidad ha demostrado que esas reformas legislativas han resultado muy poco operativas y que, a día de hoy, ni ha aumentado la contratación laboral, especialmente la de los jóvenes, ni se ha logrado detener la sangría del paro, que sigue en aumento y origina, a su vez, una disminución de afiliaciones a la Seguridad Social, con el consiguiente riesgo para el régimen de pensiones de los trabajadores jubilados.

En estos momentos, en los que se abre un nuevo y esperanzador ciclo político en España, resulta apremiante, pese a la muy difícil situación existente ya, el realizar un esfuerzo innovador en el que se ponga en juego no solo la actividad del nuevo equipo de gobierno, sino también la cooperante actuación de las asociaciones empresariales y los sindicatos, en orden a la consecución de una normativa laboral que conjugue la posible seguridad en el empleo con un margen de flexibilidad que permita atender las ineludibles exigencias de productividad y de competitividad de las empresas.

Se ha de ser consciente de que el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que, con múltiples y muy importantes reformas, sigue siendo la norma básica de regulación del mercado laboral en nuestro país, ha quedado ya superado, porque no en vano han transcurrido más de treinta años desde su promulgación y los presupuestos socio-económicos que lo determinaron han cambiado manifiestamente.

El Derecho de Trabajo de nuestros días ha evolucionado desde entonces, por cuanto el contrato laboral en la actualidad tiene que experimentar un notable cambio en función de las nuevas coordenadas dentro de las que, inevitablemente, se desenvuelven las empresas en el marco de un mundo globalizado y tecnificado que oliga a diseñar fórmulas de contratación distintas de las tradicionales, pese al diferente plano en el que, inevitablemente, se sitúa el trabajador respecto al empleador. Paralelamente, es lo cierto que, a día de hoy, se constata la existencia de un número importantísimo de pequeñas y medianas empresas, que sustentan una parte muy considerable del empleo en nuestro país y que se hallan en una situación de lamentable posicionamiento económico y financiero.

Es, por tanto, el momento de abordar un cambio sustancial en la regulación del mercado de trabajo que permita un mayor margen de flexibilidad en el origen, en el desarrollo y en la finalización del contrato laboral. No se trata de dejar en manos de la empresa la configuración y el desenvolvimiento de la relación laboral, sino de propiciar un régimen regulador que permita una holgada contratación que se compagine con las exigencias de productividad y competitividad que la empresa requiere en cada caso y momento, y de modo muy singular en una etapa de crisis como la que se está viviendo.

Si no se proporciona a todo el entramado empresarial una adecuada y segura financiación y al propio tiempo no se le dota de un régimen laboral que le permita desenvolverse sin encorsetamientos ni estrecheces, es muy difícil que se llegue a salir de la crisis que se viene padeciendo y que el empleo vuelva a un ritmo normal de desenvolvimiento que nos aleje de la abrumadora tasa de paro actualmente existente. Desde esta perspectiva, habrá de insistirse en una renovación de la negociación colectiva que supere los niveles alcanzados en el vigente Real Decreto 7/2011 de 10 de junio, y que no tenga el menor reparo en acercarla a las concretas exigencias y necesidades de cada empresa en particular, adaptándola a las cambiantes circunstancias del mercado y procurando un mayor protagonismo en la misma de la representación unitaria de los trabajadores. En otro aspecto, la nueva regulación laboral, necesariamente, ha de contemplar medidas de flexibilización y ajuste de la jornada y del horario de trabajo, así como de moderación salarial, la suavización de las derivaciones inherentes a la extinción del contrato con una más proporcionada secuencia indemnizatoria en función de la antigüedad y una especial atención a la formación que posibilite la contratación de los jóvenes, que son, sin duda, el sector más castigado por la crisis.

Desde otro punto de vista, y dado el fracaso de algunas modalidades de contratación laboral de las que se esperaban óptimos resultados, tal vez ha llegado el momento de configurar un renovado modelo de contrato de trabajo que resulte ambivalente tanto para la creación de empleo como para conseguir un equilibrado coste por su extinción.

Por otra parte, el trabajador habrá de concienciarse de su implicación en un común proyecto empresarial del que depende, en definitiva, el mantenimiento de su relación laboral. De aquí que medidas como el incremento salarial en relación con la productividad, y no en función del índice de precios al consumo, deben ser acogidas en una futura regulación de la negociación colectiva, como así se ha hecho en otros países europeos, con resultados claramente positivos.

Estas breves reflexiones tal vez puedan parecer a algunos la expresión de un puro liberalismo en el marco laboral que desconoce conductas empresariales bien poco edificantes, por cierto —pese al posible marco de legalidad que llegue a ampararlas—, y que se pusieron de manifiesto con ocasión de las obligadas fusiones de entidades de ahorro, pero es hora de decir, también, a las empresas que habrán de establecer un severo recorte en sus legítimas aspiraciones de reparto de beneficios, dadas las circunstancias de extremada crisis que se atraviesa, por cuanto, si bien es cierto que el artículo 38 de la Constitución de 1978 proclama el principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, no lo es menos que el artículo 1 de dicho texto fundamental define al Estado como Social y Democrático de Derecho, y, por su parte, el artículo 40 prevé la promoción del progreso social y económico y, de manera especial, una política orientada al pleno empleo.

La entrada en escena del Gobierno Rajoy fue tan fulgurante que logró transmitir la sensación de saber perfectamente lo que hacía. Pero la ilusión duró menos de una semana, hasta el siguiente Consejo de Ministros. El golpe de efecto inicial, con sus recortes e incrementos impositivos, ha dado paso a un ritmo más contenido en la toma de decisiones. No podía ser de otra forma. Toca esperar a las previsiones económicas de la UE, a la reunión de su Consejo a finales de mes; pero también al aterrizaje de los ministros en sus respectivos departamentos, a los primeros sinsabores en los mercados y a comprobar si la alternancia propicia cambios en la conducta de los actores principales de la economía, incluidos los protagonistas del diálogo social. Casi todas las preguntas que puedan formularse al nuevo gobierno remiten al mes de marzo. Para entonces el Ejecutivo de Rajoy y su partido se habrán percatado de lo difícil que es operar en la incertidumbre y de lo complicado que resulta administrar el inmenso poder político que el PP acumuló entre las elecciones de mayo y las de noviembre del 2011. Marzo será también el momento para emitir un primer dictamen sobre hasta qué punto los populares estaban en condiciones de gobernar. También será entonces cuando se vea si Rajoy y su partido cuentan con una salida propia para España.

El cierre del ejercicio anterior con un 8% de déficit ha justificado las drásticas medidas adoptadas por Rajoy. Pero, como ocurre con los ajustes aplicados por el gobierno Mas en Catalunya, no es fácil saber cuánta improvisación y cuánta alternativa de fondo encierran esas medidas. Actuar al dictado de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional o de las necesidades inmediatas de liquidez tiene sus ventajas. La explicación de cada acto remite a la existencia de un imperativo superior o, a lo sumo, de un compromiso ineludible, cuyas cláusulas parecen tan incontrovertibles como enigmáticas. Pero lo que acaba pesando políticamente es que esas cláusulas sólo pueden cumplirse de una manera: en la forma en que lo establezca el intérprete gubernamental de las apreturas presupuestarias. Así quien ejerce el poder se defiende reproduciendo los dos mecanismos básicos del dogmatismo: creer que los principios y objetivos que se persiguen –en este caso, contener el déficit y restablecer el equilibrio presupuestario– sólo se pueden lograr de una manera –aquella por la que opte el gobierno de turno– y convencerse de que quien ejerce el poder –gobierno, partido o líder– actúa como debe hacerlo, adecuándose siempre apropiadamente a unas circunstancias cambiantes.

Esa doble casamata argumental tras la que se atrinchera la acción de gobierno encuentra en las urgencias del momento la justificación definitiva de su inapelable rectitud. El imprescindible logro de resultados inmediatos, de credibilidad exterior y confianza interna, permite soslayar tanto el debate sobre la corrección de las medidas que se adoptan como la evaluación posterior de su eficacia. No es tecnocracia sino una versión devaluada de la misma. Quien gobierna acaba creyendo que así define una salida propia a la crisis, cuando en realidad se deja llevar por una dinámica alienante. Actuar al dictado tiene sus ventajas. De entrada, evita pensar en la posibilidad de una salida propia. Le está pasando al Gobierno de Rajoy, que cuenta con la inestimable ayuda de una oposición socialista más inclinada a una contestación a bulto, a cuenta del concurso de frases con doble sentido en que se ha convertido la disputa entre Rubalcaba y Chacón, que a pergeñar su particular salida a la crisis tras un zapaterismo de ida y vuelta.

Una vez anunciado que la próxima cumbre europea será precocinada por Merkel, Sarkozy y Monti, una vez demostrado que la alternancia política no despeja las turbulencias financieras que acechan a España, el Gobierno Rajoy debería esmerarse en definir su propia salida a la crisis. Claro que ello exigiría a los populares un tiempo de reflexión que el prurito gobernante y el riesgo de que afloren divergencias internas tienden a desdeñar. El incremento que ha introducido en la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y del capital obliga al Gobierno Rajoy a tener en cuenta que tal medida transfiere la carga de la deuda pública a una ciudadanía ya endeudada. Lo que recuerda que el Ejecutivo popular ha sido emplazado por sus propios votantes a decidir sobre el futuro de todo el sector público ateniéndose a criterios de rentabilidad social. Dirigir las culpas hacia las autonomías es un recurso demasiado fácil para enfrentarse al ineludible reto de ofrecer una salida propia a la crisis.

Debo de reconocer que erré en mis predicciones acerca de cuáles serían las primeras medidas de ajuste que tomaría el nuevo Gobierno a efectos de reducir el déficit público. No atiné en la valentía que el Gobierno mostraría en lo que a subidas de impuestos se refiere. Mis predicciones apuntaban en la línea de incrementar el IVA, pero en su lugar ha subido la tributación del IRPF.

Es una medida valiente, máxime si tenemos en cuenta los elevados tipos impositivos que ya existían previamente para rentas más bien bajas, y sobre todo en Catalunya. Subir el IRPF entre 0,75 y 7 puntos porcentuales supone, en la práctica, que las rentas superiores a 300.000 euros tributen en Catalunya a un tipo del 56%, medida que en estos tramos de renta me parece del todo razonable y en los que incluso se podría haber incrementado todavía más. Pero, por desgracia, el incremento de presión fiscal no se circunscribe a dichos tramos de renta, sino que afecta a todos los escalones y creo, sinceramente, que las rentas medias soportan una tributación excesiva.

La pregunta que cabría formularse es: ¿no hubiese sido una medida mucho más social elevar los tipos impositivos de los últimos tramos? Es decir, el comprendido entre 120.000 y 175.000 euros, el comprendido entre 175.000 y 300.000 euros y, por último, el nuevo tramo superior a 300.000 euros, con un incremento de entre 8 y 12 puntos. Ello mitigaría la subida que se ha producido en los tramos inferiores a estos. Posiblemente, el incremento recaudatorio habría sido similar, pero se habría enfocado en mayor medida hacia los que más capacidad económica manifiestan.

En lo que se refiere al aumento de la presión impositiva sobre el ahorro y plusvalías, no cabe objeción, salvo la que afecta a los dividendos. Dicho incremento es excesivo, máxime si tenemos en cuenta la doble imposición que los dividendos soportan, ya que la entidad pagadora de los mismos tributa previamente a través del impuesto sobre sociedades al tipo del 30%. Si resulta que a su vez el socio persona física que los recibe vuelve a tributar al 27%, extremo que se produce cuando los dividendos recibidos exceden de 24.000 euros anuales, la imposición económica efectiva acumulada que sufre el perceptor de los mismos es de un 50%, equivalente a la que soportan el resto de rentas de la escala general cuando exceden de 120.000 euros. Lo que debería haberse planteado el Ejecutivo es, en estos casos, coordinar los tipos impositivos efectivos de dichos dividendos, considerando la doble imposición económica que soportan, con los tipos impositivos con los que se gravan el resto de las rentas.

Respecto a la subida del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), me parece desacertada porque los inmuebles ya tienen una tributación adicional con el reinstaurado impuesto sobre el patrimonio. Por ello, el ya de por sí castigado sector inmobiliario se va a ver todavía más penalizado y, obviamente, eso no ayuda a una futura recuperación del mismo.

No obstante, echo en falta una fuerte subida de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos, lo cual no solo serviría para reducir el abultado déficit público, sino que también nos acercaría a la fiscalidad que soportan nuestros vecinos comunitarios. Además, dicha medida serviría adicionalmente para desincentivar estos consumos que tienen tan elevado coste sanitario.

En todo caso, bienvenida sea la subida de impuestos que el nuevo Gobierno propone si esta sirve para rebajar nuestro elevado déficit público y, desde luego, si se corrigen las imperfecciones que hemos comentado en la próxima ley de presupuestos del 2012, prevista para la primavera.

Aunque no olvidemos que los presupuestos del próximo año con toda seguridad vendrán acompañados de un segundo paquete de medidas, entre las que posiblemente nos encontremos con una modificación de las plusvalías en la que se establezca la tributación actual de las mismas únicamente para las generadas en más de un año o, quizá, de dos, tributando el resto de las plusvalías según la escala general.

También es posible que se establezca la eliminación de la exención de que gozan las indemnizaciones por despido que excedan de los 300.000-400.000 euros. Esta última medida se hace del todo necesaria si el Ejecutivo quiere calmar el creciente malestar social que produce que ciertos directivos que perciben indemnizaciones millonarias por despido queden exentos de tributación.

Parece lógico que cuando el trabajador pierde su empleo la indemnización que percibe no esté sometida a tributación, siempre que esta no supere los 45 días por año trabajado, pero cuando dicha indemnización es superior en muchas ocasiones a la cantidad que un trabajador medio recibe por trabajar toda su vida, no gravar dicha renta puede servir de excusa perfecta para que cualquier colectivo de indignados se indigne, y con razón.

Cuando la marcha del progreso, que percibimos como imparable, hace una inflexión y nos vemos amenazados por males ya superados, aceptamos cualquier explicación, excepto una: que nuestra suerte es también la consecuencia de nuestras faltas. Por eso, si queremos que los derechos sociales no queden estancados y se pudran, es menester superar antes un importante obstáculo. Un error que nos impide entender qué son las prestaciones sociales. Pues hemos mezclado dos conceptos: el derecho que todos tenemos a una asistencia sanitaria o una educación de calidad con su gratuidad universal, sin que importe el nivel de renta de sus beneficiarios. Desenfoque que muchas veces hace que los pobres subvencionen a los ricos.

Un ejemplo de esto es el cheque-bebé, pues Zapatero no se conformó con crear un subsidio para corregir nuestra baja natalidad, apoyando a aquellas ciudadanas que la falta de recursos las disuade del embarazo, medida que hubiera sido inobjetable; sino que, por puro prurito ideológico, lo universalizó y extendió también a las mujeres con ingresos elevados, cuya decisión sobre ser o no madre no guarda relación con su peculio. El descarrío costó 4.000 millones de euros y tan necesaria ayuda para muchas familias se suprimió.

Esta concepción de que todo debe ser universal y gratuito hace que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pague casi todo el importe de las prescripciones farmacéuticas, quizá con el fundamento de que los ciudadanos no pueden hacer frente a su coste. Pues bien: en 2010, mientras el SNS atendía una factura de 11.644 millones de euros por las recetas de sus asegurados, los estancos vendían 12.061 millones de euros (los montos de Canarias, Ceuta y Melilla están excluidos de ambas cifras). En concreto en Cataluña, donde no se están haciendo recortes sino una reforma sanitaria subrepticia y en solitario, el SNS pagó por las medicinas 1.842 millones de euros y se expendió tabaco por valor de 2.226 millones. Los números siguen siendo elocuentes, pese a que un 35% de nuestras labores las adquieren turistas.

Aún doy otro dato: si cada usuario pagase sus medicinas con un precio inferior a tres euros, el SNS se ahorraría unos 600 millones de euros al año (¡que podrían dedicarse a la Dependencia!). Reflexión parecida puede hacerse sobre los libros de texto. No se entiende que, ahora que los españoles no tenemos más de un hijo, haya CC AA donde todos los estudiantes los reciben gratis, seguramente a algunos deberían comprárselos sus padres.

Si nos guiara la razón y el afán de equidad, podrían fijarse porcentajes de cofinanciación en función de la renta y no de la edad. Esto moderaría la demanda y ahorraría al erario una parte de aquellas prestaciones que, salvo excepciones, cada cual puede atender -según sus posibilidades- sin mayor esfuerzo. Pero se prefiere el subsidio universal, olvidando el fundamento más nuclear de los derechos sociales: garantizar que nadie carezca, por falta de medios, de lo básico, que es algo distinto a dar gratis lo esencial a todos. Esta inepcia hace que algunas prestaciones estén sobrevaloradas a costa de ignorar otras, o que no lleguen a los que de verdad las precisan porque se abusa de ellas. Además, se logra que se estime poco lo recibido.

Ya no es momento para el debate sobre el copago, sino para otro distinto como ha ocurrido en los países más avanzados. Por eso, hemos de interiorizar que los recursos para las prestaciones sociales son limitados y compiten con otras actividades -como la ciencia o la conservación del medio- que el Estado necesita mantener para que nuestro progreso continúe. Y debemos aceptar que los recursos públicos ni están para hacer galeotes del pupitre a aquellos estudiantes que no quieren aprender, porque se decidió que todos deben ser bachilleres; ni para subvencionar, sin cortapisas, universidades mediocres que solo embodegan jóvenes para, luego, licenciarlos en un campo en el que nunca ejercerán.

Quizá, en una sociedad tan heterogénea como la actual, se eche en falta un Estado de bienestar más flexible y capaz de ayudar en las verdaderas necesidades de cada ciudadano, y no solo las que han planificado terceros. Es un sinsentido mantener el sistema de protección social al borde del colapso por obstinarnos en perpetuar soluciones universales, enlatadas y gratuitas, propias de tiempos pretéritos. Que, luego, no resuelven algo tan patente y actual como la pobreza, consecuencia de un desempleo intolerable, que impide a muchos atender el recibo de la luz o llenar el carro de la compra. Además, por mero utilitarismo, debería prestarse más atención a las necesidades de la extensa clase media, pues está cansada de oír salmodias sobre derechos de los que apenas se beneficia y de ver cómo sus impuestos se malgastan en superfluidades.

Se trata, por tanto, de cambiar el paradigma, esto es, convertir el viejo Estado paternalista, empeñado en darnos a todos camisetas de talla única, en un Estado que esté más pendiente de la calidad y variedad de los servicios sociales; y nos deje elegir y ser corresponsables -como ciudadanos adultos que somos- de las posibles soluciones para esas necesidades incuestionables que a (casi) todos nos superan.

Ya sabemos que el 2012 va a ser un año muy duro en lo económico. Asumido que hemos caído por el abismo y que todavía pueden pasarnos cosas más graves debemos intentar que esta crisis, profunda, larga y dolorosa, sirva para algo. Es hora de rearmar los valores que deben cimentar nuestra convivencia.

El dinero es el principal referente del éxito social, nos guste o no. Pero de igual modo que hemos aprendido a repudiar el dinero del narcotráfico o de las mafias deberíamos proceder igual con el dinero fácil de la especulación. No tiene el mismo valor el yate de Bill Gates, creador de un imperio con sus innovaciones y su visión empresarial, que el de un especulador, trabaje con derivados en Wall Street o recalificando terrenos en la costa. El trabajo, el esfuerzo y las ideas deben prevalecer sobre el dinero fácil.

De igual modo hemos de profundizar en la equidad en los esfuerzos. Colectivamente queremos y deseamos un Estado del bienestar. Los europeos no estamos preparados genéticamente para ver sufrir en exceso a nuestros semejantes. En EEUU, a quien no tiene seguro médico no se le trata en urgencias. ¿Estamos dispuestos a ver morir emigrantes sin papeles o parados de larga duración en la puerta de un hospital por no tener dinero para pagarlo? Yo no.

Asumidas y conscientemente aceptadas las líneas rojas de nuestra sociedad, hay mucho camino por andar. Las medidas tomadas por el Consejo de Ministros del 30 de diciembre del 2011 consagran que algunos ciudadanos españoles tributarán por más de la mitad de sus ingresos (51%) y si además residen en Catalunya legarán al 55%. ¡Por fin semos europeos! Tenemos impuestos suecos. En marzo, con los nuevos presupuestos, veremos cómo el IVA sube al 22% o más y el tabaco y el alcohol alcanzan la estratosfera impositiva. ¡Fantástico! Pero si pagamos como europeos deberíamos tener servicios equivalentes y, también, equidad fiscal.

Lo de los servicios está por ver, tenemos una sanidad pública excepcional pero una justicia sin medios. Pero donde no hay discusión es en que la equidad es manifiestamente mejorable. Si las clases medias asalariadas están acorraladas por un impuesto que raya lo abusivo este solo se puede aceptar si el esfuerzo fiscal es equitativo. Convivimos con situaciones simplemente amorales, que no ilegales, que se pueden / deben atajar con firmeza:

Elusión fiscal. Las rentas realmente altas tienen muchos caminos para escapar de la presión impositiva, pero ¿no es amoral que una empresa que opera en España tribute en Holanda o en cualquier otro país con fiscalidad blanda? ¿Cómo se puede calificar a quien tiene un barco de recreo matriculado en Luxemburgo (país sin mar, por cierto)? ¿O qué sentido tiene la proliferación de petroleros en Liberia?¿Somos conscientes del tratamiento fiscal de las sicavs?

Confusión empresa-particular. Muchas, que no todas, pequeñas empresas, profesionales y autónomos confunden su vida con su empresa. Desgravan comidas, viajes particulares y pequeñas compras. Todo el mundo lo sabe, tanto que hasta hay ofertas de telefonía para mezclar domicilio y negocio. ¿Por qué no ponerle freno?

Abusos. ¿Cuántas personas se han empadronado en España para usar nuestra sanidad gratuita? ¿Qué derechos se usan de manera abusiva?

Salarios públicos. En 1984, Felipe González limitó la retribución de los directivos de las empresas públicas a lo que ganaba el presidente del Gobierno. El entonces presidente de SEAT, Juan Miguel Antoñanzas, su auténtico salvador, dimitió. No aceptaba la limitación salarial que se le imponía por ser el INI su accionista. Ambos fueron coherentes.

Pero acabamos de ver, sin sonrojarnos cómo las cajas de ahorros nacionalizadas o con préstamos de salvación del FROB, reparten salarios estratosféricos a sus directivos. Es verdad que son de mercado, pero de empresa privada, no intervenida. Los bancos y cajas sin ayudas pueden pagar a sus directivos lo que los consejos, respaldados por sus asambleas y juntas de accionistas, tengan a bien. Pero quien debe un euro al FROB no puede compararse. La retribución de los presidentes de estas entidades debería ser, por ejemplo, similar a la de los presidentes de Navantia o de Loterías y Apuestas del Estado, ni un euro más.

Quien apuesta por la función pública sabe que estará mal retribuido y sometido a críticas. El presidente del Gobierno es registrador y su vicepresidenta, abogada del Estado. El titular de Economía es reconocido en el sector financiero y se podría colocar por, al menos, 10 veces lo que gana como ministro. Quien quiera dirigir un banco público, y las sociedades con ayudas del FROB lo son, debería pensar de manera semejante. Es verdad que a algunos gestores se les llamó para reestructurar, pero debemos recordar lo que ganaban hace cuatro años y no olvidar los ejemplos de Antoñanzas o del mismo Luis de Guindos. En lo público se está por vocación, no por retribución.

Vivimos tiempos excepcionales. Ojalá nos sirvan para poner en su sitio el esfuerzo, los méritos y la excelencia. Si no, será sufrimiento baldío y eso duele aún más.

Por mucho que he buceado en fuentes diversas no he logrado averiguar por qué a los libretistas de la opereta de Franz Lehár La Viuda Alegre se les ocurrió bautizar como Pontevedro el país imaginario en cuya embajada parisina transcurre la acción. A lo más que he llegado es a la hipótesis de que, puesto que estos dos señores, llamados Léon y Stein, y el propio compositor húngaro se inspiraron en la comedia L’attaché d’ambassade de Henri Meilhac y éste a su vez fue quien escribió los diálogos de la Carmen de Bizet, se produjera una especie de contagio de la explotación escénica del exotismo español.

Queda descartado que ninguno de ellos conociera Galicia y pretendiera emular o parodiar su folklore. De hecho, cuando en la versión cinematográfica que hizo Lubitsch toda la primera parte se desarrolla en la «madre patria», queda claro que se trata de un principado centroeuropeo, o más bien balcánico, repleto de zíngaros y militares de abigarrados uniformes del estilo de los que dibujó Hergé para la aventura de Tintin El cetro de Ottokar. De ahí que también resulte verosímil que el único motivo por el que eligieron ponerle Pontevedro fuera porque sonaba muy parecido a Montenegro.

El caso es que, desde su estreno en Viena en 1902, La Viuda Alegre (Die Lustige Witwe) ha sido uno de los mayores éxitos de la historia de la ópera cómica y reaparece constantemente en la programación de los mejores teatros del mundo. Según las estadísticas de Operabase entre 2005 y 2010, ocupó el lugar número 22 entre las producciones más representadas. No es de extrañar, por lo tanto, que cuando la prensa internacional se hizo eco del triunfo de Rajoy como la culminación de la carrera política de «un señor de Pontevedra», algunos amigos alemanes hicieran enseguida la broma de relacionar una cosa con otra, remitiéndose al comienzo de la opereta.

El telón se levanta en la legación parisina de ese país amenazado por la suspensión de pagos y el embajador, Barón Mirko-Zeta, se presenta: «Soy padre de la patria per procura/ y así se conmueve mi patriotismo/ puesto que en mí se encuentra in figura/ ¡Pontevedro en París!». Tras repetir tan pegadizo estribillo entre los vítores de sus invitados, el embajador explica que el futuro financiero del principado depende de que la acaudalada señora Glawari no retire sus fondos del banco nacional y que sus colaboradores y él tienen encomendada la alta misión de hacer todo lo posible, mentiras y suplantaciones incluidas, por complacerla durante su estancia parisina.

Ni que decir tiene que mis amigos alemanes asociaban esa relación de dependencia del embajador de Pontevedro respecto a la «viuda alegre» con la del «señor de Pontevedra» respecto a la señora Merkel y su prima de riesgo. Pero no imaginaban que la actuación política del nuevo gobierno español iba a verse envuelta tan deprisa en una atmósfera de opereta como la que adquirió cuando quien había ganado las elecciones prometiendo no subir los impuestos, procedió a subir brutalmente los impuestos nada más ganar las elecciones.

Escribí en su día que, teniendo en cuenta la situación límite que iba a heredar, «lo único sorprendente sería que Rajoy no sorprendiera» al llegar al poder a quienes venían caricaturizando su pasividad o indolencia. Pero claro, pese a haber hablado con él horas y horas sobre sus planes y propósitos, nunca imaginé que la sorpresa fuera a ser ésta y menos aún que su escenificación sólo iba a dejarnos el margen de reír por no llorar.

Rajoy puede alegar que él nunca nos prometió un «jardín de rosas», que siempre existió un sobreentendido por el que se asumía que no tendría más remedio que adoptar medidas impopulares que desencadenarían una fuerte contestación social. El problema es que nunca dio la menor pista de que fueran a ser de esta índole. Todo lo contrario.

Como recordé hace unas semanas, el propio Condorcet al contestar a la pregunta de si es «conveniente engañar al pueblo» absolvió de los pecados de omisión a aquel aspirante a gobernante que no desvelara toda la crudeza de los problemas cuando su conocimiento prematuro por el público pudiera perjudicar las posibilidades de abordarlos más adelante con éxito. Pero habría que recurrir al mismísimo Maquiavelo para encontrar a alguien dispuesto a justificar lo que prima facie se presenta como una flagrante falsedad de alguien que, además, ha venido haciendo de su compromiso con la verdad un timbre de honor.

La única ambigüedad de Rajoy en materia tributaria consistió en eludir durante la campaña toda precisión sobre cuándo y cómo bajaría los impuestos. Pero nunca dejó ni siquiera abierta la puerta a subirlos. Tanto sus referencias expresas a lo dañino que sería para la economía hacerlo, como sus constantes alusiones al precedente del 96, cuando Aznar demostró que las cuentas podían cuadrar con reformas que estimularan el crecimiento e incrementaran la recaudación sin subir los tipos e incluso bajándolos, permitían descartar lo que acaba de suceder.

¿Cómo se explica entonces que Rajoy haya traicionado tan de buenas a primeras lo que casi podría decirse que constituía el núcleo duro del contrato con sus electores? La referencia expresa en el discurso de investidura todavía desconcierta más. Es cierto que dijo que «su intención» era no subir los impuestos. Pero en ese momento ya no tenía ninguna necesidad de fingir y sabía de sobra que la desviación en el déficit iba a ser importante, tanto por parte de las autonomías que su partido controla hegemónicamente, como de la Seguridad Social, habida cuenta de la caída de afiliaciones.

No, la idea de la sorpresa macabra al hacer arqueo no cuadra en absoluto con lo que todos hemos vivido como una sucesión de alarmas y sospechas sobre el déficit oculto que, cuando se explicitaban, merecían recurrentes acusaciones de estar erosionando nuestra credibilidad ante los mercados. Por otra parte, la subida de impuestos jamás apareció en el vademécum de Rajoy como solución de emergencia ante una brecha fiscal insoportable y la prueba es que cuando en 2010 el déficit era del 11%, no sólo no la propuso, sino que tildó el incremento del IVA de «insulto a los españoles».

Hagamos por cierto aquí un paréntesis sobre la conducta irresponsable de quienes como Zapatero y Salgado, Montilla, Barreda o Camps han generado esas desviaciones presupuestarias que ahora lastran terriblemente nuestro futuro, pues el hecho de que ese descuadre estuviera cantado, no lo hace menos grave. El 90% de los españoles que pide sanciones para los gobernantes que gasten mucho más de lo asignado por los respectivos órganos legislativos debe saber que el derecho castellano incluía la figura del llamado «juicio de residencia» por el que debían pasar los virreyes -¿qué otra cosa son los presidentes autonómicos?- y demás altos funcionarios en el momento de dejar el cargo.

Las audiencias públicas de los «juicios de residencia» eran acontecimientos sociales, con testigos hablando a favor y en contra de la gestión del saliente. Al final se le exoneraba de toda responsabilidad y podía así proseguir su carrera o se le condenaba a inhabilitación o multa. Las Cortes de Cádiz sustituyeron los «juicios de residencia» por la rendición de cuentas parlamentarias, de forma que el nuevo Gobierno no tomaba posesión hasta que el anterior se justificara; y los lectores de El Primer Naufragio podrán observar cómo al patético ex ministro Roland, cornudo y apaleado, al menos en su imaginación, se le denegaba una y otra vez la autorización para abandonar París, porque la Convención no había visado aún sus gastos.

Si algo no concuerda en nuestro caso con el agujero «extraordinario» que dice haber encontrado el Gobierno entrante, son los agasajos ordinarios en forma de condecoraciones con que se ha despedido al cesante. Todas esas grandes cruces son banderillas de fuego en el lomo de quienes ahora pagamos el pato. Entre tanto, nada ha impedido a Montilla convertirse en senador o a Barreda en diputado y sólo la acción penal arrancó a Camps del bólido en el que huía hacia delante arruinando a los valencianos. La falta de consecuencias del despilfarro, siquiera en el plano simbólico de la reprobación política, contribuye a convertir la «difícil situación heredada» en una mera coartada para el incumplimiento de las promesas electorales, como si fuera verdad el aserto de Kierkegaard de que «el pueblo quiere que se le engañe», como si estuviera ya descontado en el ritual del cinismo que todos los políticos son, en efecto, embaucadores profesionales en pos del poder.

Rajoy no es consciente del estado de shock en el que han quedado sus electores ante este pésimo comienzo en el que el único pájaro en mano del que se ha apropiado la voracidad gubernamental son nuestras rentas del trabajo; y entre tanto las reformas estructurales siguen siendo el ciento volando del diálogo social -fatídico burladero- o las negociaciones con la banca para la reestructuración financiera.

De repente están en cuestión las dos columnas de Hércules en que parecía asentarse la nueva etapa fruto de la mayoría absoluta del 20-N: la consistencia política del proyecto económico del PP y la consistencia personal de su líder. Y lo inaudito, lo que me deja atónito, lo que me hace aún frotarme los ojos con incredulidad, es que esta desviación esencial del guión no haya ido acompañada de una explicación en primera persona, en la que el presidente diera sus razones mirando a la cara a la Nación.

Este primer caso de absentismo laboral de un presidente en el trance de comunicar algo tan relevante para la vida de cada persona como que el Estado se va a apropiar de buenas a primeras de hasta un 7% más del fruto del sudor de tu frente, es lo que de hecho ha transformado al Gobierno en un elenco de vodevil como el de La Viuda Alegre, pues el príncipe de Pontevedro tampoco está nunca en escena si no es en la fría solemnidad de su efigie. Como allí todo se hace per procura o sea, «por delegación», los diplomáticos y demás personal de la embajada corren de un lado para otro como pollos sin cabeza, tejiendo enredo tras enredo en su afán de cortejar a la señora Glawari.

Ya la comparecencia de los cuatro ministros de aquel viernes dejó una sensación bastante caótica, pues venía a poner de relieve la falta de auctoritas económica de la vicepresidenta. Las declaraciones descoordinadas de los titulares de Economía y Hacienda, la extravagante irrupción del ministro del Interior con su propia estimación del déficit o la nada velada oposición del presidente del PP de Andalucía al control previo de los presupuestos autonómicos han contribuido luego a la ceremonia de la confusión. Y entre tanto, a pesar de las buenas palabras con que el Gobierno alemán correspondía a los esfuerzos del gabinete español por acumular méritos ante la señora Merkel, la prima de riesgo ha escalado más de 60 puntos en seis días. ¿Pero no habíamos quedado en que la subida impositiva era el único antídoto posible para que eso no sucediera?

Al día de hoy tenemos más preguntas que respuestas y tanta perplejidad como zozobra. Pero lo justo es esperar acontecimientos, permitir al Gobierno que vaya moviendo las fichas sobre el tablero y confiar en que Rajoy dé la cara esta misma semana. Si necesita un empujón para recortar gastos, plantarse ante los sindicatos y ejercer el liderazgo con todas sus consecuencias, que vaya a ver la película sobre la vida de Thatcher. Lo esencial no es cómo empiece el partido, sino lo que vaya ocurriendo a continuación. La arremetida a nuestra cartera no tiene pase, pero más nos vale aferrarnos a la idea de que en el repertorio del bel canto -que me corrija Gallardón- no hay una sola opereta que, de una manera u otra, no termine bien. Porca miseria.

En la época remota de la peseta se decía que el puesto de ministro de Economía implicaba algunas duras servidumbres lingüísticas, muy especialmente el deber de negar hasta el último momento que el Gobierno pensara devaluar la peseta, lo que en no pocas ocasiones suponía mentir a la opinión pública y a los inversores el día previo a la devaluación. En la modernísima época del euro, estas servidumbres de los responsables de las finanzas públicas se mantienen en el fondo -hay que defender siempre la solvencia del Estado y del país-, pero han girado en cuanto al contenido concreto y en cuanto a los destinatarios. Estos últimos son los mercados y lo que le corresponde defender a un ministro de Economía (si es posible en inglés) es que se va a cumplir el objetivo de déficit público hasta el día previo al de un Consejo de Ministros en el que se adopten duras medidas para atajar las desviaciones sobre unas previsiones que se habían mostrado un tanto exageradas. Nuestro flamante y brillante ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha tenido que realizar esa amarga representación porque, como todo el mundo sabe, a él solo le ha correspondido dar fe de que el déficit real del Estado en 2011 fue del 8% del PIB, mientras que fue la anterior ministra, Elena Salgado, la que tuvo que repetir hasta el último momento que el déficit estatal sería del 6%.

Pero como hay que apaciguar una y otra vez a los mercados, el ministro Guindos ha hecho unas declaraciones al Financial Times en las que explica cómo va a lograr que las comunidades autónomas recorten su déficit, algo sin duda verdaderamente necesario si queremos que el Estado cumpla con su compromiso europeo. Como se trata de una entrevista a un diario financiero inglés -o mejor, global- que lógicamente no está por las sutilezas jurídicas, el ministro ha hecho unas declaraciones que todo el mundo entiende y que, traducidas al román paladino, suponen que los Presupuestos autonómicos necesitarán antes de aprobarse la “luz verde del Gobierno central”. Es decir, que él se encargará de evitar las fantasías contables de algunas autonomías. Un mensaje muy tranquilizador para los mercados y para las agencias de calificación: una persona seria y preparada toma el mando.

Sin tener en cuenta alguna imprecisión jurídica menor (el Gobierno no aprueba leyes, sino proyectos de ley), lo cierto es que esa afirmación tomada al pie de la letra parece imposible de encajar en el entramado legal del Estado autonómico, donde no se puede suprimir de un plumazo la autonomía presupuestaría de las Comunidades, como rápidamente ha señalado el portavoz de la Generalitat. Es verdad que el Estado tiene la competencia para las bases y la coordinación de la planificación de la economía (149.1.13 CE) y también es verdad que el Tribunal Constitucional ha considerado que el Estado puede poner límites presupuestarios a las comunidades (STC 134/2011, de 20 de julio). Pero el Estado no es el Gobierno, como precisamente señala una y otra vez esta STC 134/2011, en donde se reconocen las competencias de control que la Ley de Estabilidad Presupuestaria atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano estatal con representación de las comunidades. Algo muy distinto al Gobierno. Y como estoy seguro de que el Gobierno no va a aprobar ninguna norma inconstitucional, tengo para mí que el ministro de Economía ya ha realizado su primer servicio lingüístico a la solvencia de España, servidumbres del cargo.

Hace unos días el presidente de la CEOE planteó la posibilidad de implantar en España los “empleos reducidos” que existen en Alemania como una fórmula para crear puestos de trabajo y reducir el paro. ¿Se trata de una buena idea o no? Examinemos primero cómo se regulan; después, qué nos dicen los datos; a continuación, qué efectos han producido; y, finalmente, si es recomendable importar esta modalidad de empleo.

¿Qué son los empleos reducidos? En Alemania, existen dos modalidades “precarias” de contrato a tiempo parcial: los miniempleos y los midiempleos. Aunque ya existían desde los años 1970, la regulación actual entró en vigor en 2003 modificando algunos aspectos de los primeros e introduciendo los segundos. Las características de los miniempleos son las siguientes: el importe salarial máximo son 400 euros/mes; no hay límite al número de horas por las que se puede contratar al trabajador (hasta 2003 había un máximo de 15 horas a la semana); el empleador paga una cantidad equivalente al 30% del salario (desde julio de 2006) en concepto de cuotas sociales e impuestos (este porcentaje fue del 25% en 2003-2006 y más bajo anteriormente); el trabajador no abona cuotas a la Seguridad Social ni impuestos, aunque de forma voluntaria puede pagar un 4,9% de su salario para adquirir o no perder derechos al seguro de pensiones; son compatibles con prestaciones no contributivas por desempleo y otras ayudas sociales; y pueden compatibilizarse varios miniempleos así como un empleo regular con un miniempleo.

Por lo que respecta a los midiempleos, su importe salarial oscila entre 400 y 800 euros/mes; los empleadores abonan cuotas a la Seguridad Social completas (20%) y los trabajadores, reducidas (positivas pero inferiores a las de los empleos regulares y proporcionales a los ingresos salariales: del 4% al 21%).

¿Qué nos dicen los datos? En cuanto al volumen, en 2011 más de siete millones de personas estaban ocupadas en empleos reducidos: más del 20% de los asalariados alemanes. La mayor parte de aquellas (casi el 90%) lo estaban en miniempleos (el resto en midiempleos) y, de los primeros, la mayoría (dos tercios) solamente trabajaban en un miniempleo (el otro tercio en uno como trabajo secundario de otro regular o en varios miniempleos). Además, los empleos reducidos han aumentado de forma relevante: entre 2003 y 2010 en casi 1,6 millones (un 27% de incremento frente a un 8% del empleo total). Como consecuencia, la proporción de trabajadores de bajos salarios (ingresos inferiores a 2/3 de los ingresos mensuales medianos) ha pasado del 15% en 1995 al 22% en 2005. Los empleos reducidos están más concentrados entre los trabajadores de 45-50 años, entre las mujeres (casi dos de cada tres ocupan un empleo reducido) y en Alemania Occidental: en algunos distritos más del 40% de los puestos ocupados por mujeres corresponden a esta modalidad contractual. Por ocupaciones y sectores, aunque se encuentran en todo tipo de puestos, empresas y ramas de actividad, se concentran más en trabajos de baja cualificación y en sectores como comercio minorista, restauración y hostelería, sanidad y limpieza y mantenimiento de edificios, en algunos de los cuales suponen casi la mitad de los puestos. Finalmente, la mayor parte de los empleos reducidos son marginales (menos de 15 horas), el ingreso salarial medio se sitúa en torno a los 200 euros al mes, la mayoría de los trabajadores optan por no pagar voluntariamente para tener derecho a pensión en el futuro y una parte de los mismos (el 10%) compatibilizan el empleo reducido con la percepción de una prestación no contributiva.

¿Qué efectos han generado? Aunque la idea original era afectar a la oferta de trabajo (incrementando los ingresos netos de los trabajadores poco cualificados e incentivando el tránsito hacia la ocupación de los parados), es probable que su influencia más relevante se haya producido sobre la demanda de trabajo (al hacer más atractiva la contratación para las empresas al reducir los costes laborales, y sobre todo, al eliminar la restricción sobre las horas de trabajo semanales). Los estudios realizados distinguen entre los efectos individuales y los efectos agregados. Los primeros se refieren a las consecuencias sobre las trayectorias de empleo de las personas, y los estudios sugieren que los efectos sobre la oferta de trabajo (participación) fueron moderados. Los incentivos para tener un segundo empleo secundario aumentaron entre los varones solteros, mientras que los incentivos para participar en el mercado y tener un solo empleo reducido se elevaron (a largo plazo) entre las mujeres casadas. Además, este tipo de empleo no sirve de puente para facilitar el acceso de los parados al empleo ordinario: el tipo impositivo marginal, cuando los ingresos aumentan por encima de 400 euros/mes, es tan elevado que desincentiva el incremento de la oferta de horas de trabajo. Por tanto, tiende a reducir el paro de los individuos en la medida en que aumenta la ocupación en empleos reducidos, pero no aumenta el tiempo de contratación en empleos regulares. Algunos estudios incluso encuentran que estos trabajadores sufren más paro a medio plazo que los desempleados que no ocupan empleos reducidos.

El segundo tipo de efectos tiene que ver con los resultados del mercado de trabajo. A corto plazo, el incremento observado en el empleo en los meses siguientes a la reforma de 2003 no pudo atribuirse completamente a la misma: una parte se debió a razones estacionales mientras que otra tuvo que ver con la afloración de empleos de la economía sumergida (en especial en los hogares privados que emplean personal) y redefiniciones de empleos de falsos autónomos. A medio y largo plazo, algunos estudios señalan que se produjeron importantes “efectos sustitución”, de modo que empleos regulares a tiempo parcial fueron reemplazados por empleos reducidos. Además, el uso de esta modalidad se extendió por todo tipo de actividades y ocupaciones, incluyendo las tareas altamente cualificadas: las empresas la integraron dentro de sus plantillas de forma permanente. Entre 2002 y 2005 la reducción del empleo regular fue mucho mayor (unas cuatro veces más) que el incremento del empleo reducido.

¿Hay que implantar estos contratos en España? Algunos aspectos de la realidad lo desaconsejan. Aunque no hay una modalidad contractual igual, los empleadores disponen de una variedad enorme de contratos (temporales de varios tipos, fijos discontinuos, a tiempo parcial -cuyas cuotas empresariales se encuentran bonificadas al 100%-, etcétera). Si bien el porcentaje de asalariados que trabajan a tiempo parcial en España es inferior al de Alemania (15% si se utiliza como fuente la EPA o 20% si se utiliza la encuesta de coyuntura laboral frente al 26%), la cantidad de contratos de este tipo que se firman es relevante: en un año recesivo como 2011, de los 13,3 millones firmados, 4,1 millones (un 31%) lo fueron a tiempo parcial. Además, la incidencia del empleo de bajos salarios es comparativamente elevada en el mercado de trabajo español: por dar un solo dato (procedente de la Estadística del mercado de trabajo y pensiones en fuentes tributarias de 2009), el número de personas que perciben unos ingresos anuales iguales o inferiores al SMI fue de 5,7 millones, el 31% de los ocupados.

Resumiendo, aunque los empleos reducidos pueden contribuir al ahorro de costes y a aumentar la flexibilidad para las empresas (siempre que el proceso productivo pueda ser distribuido fácilmente entre varios trabajadores), también pueden generar problemas de tipo económico y social que no deben desdeñarse, como el atrapamiento de los trabajadores en dichos puestos, la precarización de las relaciones laborales, el mantenimiento de la dependencia de las mujeres de los ingresos del cónyuge o de las transferencias públicas, el incremento de la desigualdad, la reducción de la base de cotización de la Seguridad Social o la disminución de la acumulación de derechos de pensiones de los trabajadores.

El nuevo Gobierno de Rajoy ha señalado ya el camino a seguir: ajuste, severidad y restricción. Quizá le ha faltado el toque final, a lo Churchill, mostrando que, a la salida de este túnel de lágrimas y tensiones, nos aguarda un futuro mejor. Pero en todo caso, sea cual sea su visión, lo que de forma inmediata nos espera ya está parcialmente decidido. Además, tras lo sucedido esta semana con la Generalitat de Valencia y los anuncios del Gobierno central señalando a las autonomías como las grandes culpables, nos esperan mayores recortes: en sueldos de funcionarios, en IVA e impuestos especiales, y en obra pública.

Pero no todo son malas noticias. Entre las positivas de estos últimos días navideños destaca el muro de liquidez con el que el BCE ha inundado el sistema financiero de la eurozona: nada menos que casi 490.000 millones de euros prestados a unos 520 bancos europeos, a un plazo de tres años y al módico tipo de interés del 1%. Con ello el BCE pretende varias cosas, todas ellas imprescindibles para mejorar la situación actual.

La primera, facilitar la refinanciación de los créditos que los bancos europeos deben devolver este 2012: la friolera de unos 700.000 millones, de los que casi 300.000 corresponden a este primer trimestre. Por ello, la banca europea ha dejado el grueso de ese crédito a buen recaudo en el mismo BCE, para irlo utilizando a medida que lo necesite.

En segundo lugar, conseguir que la banca de cada país pueda financiar sus sistemas públicos, comprando deuda y, con ello, ayude a estabilizar la crisis en la eurozona. En nuestro país, y recogiendo este proceso, ya vimos en la semana previa a Navidad cómo los tipos de interés de las letras del Tesoro a tres meses, que en noviembre se emitieron por encima del 5%, habían caído a escasamente el 1,2%. Y lo mismo ha sucedido en Italia. Y, finalmente, ayudar a la banca europea a reconstituir sus márgenes de beneficio, para, de esta forma, contribuir a su saneamiento.

Esta medida del BCE y otras del mismo calado que se esperan para los próximos meses deberían servir para estabilizar lentamente la situación de las finanzas públicas de la eurozona y de sus sistemas financieros. Porque, y este aspecto es novedoso en esta crisis, existe una profunda interrelación entre los problemas de la deuda soberana del sur de Europa, Francia incluida, y los de sus respectivos sistemas financieros, como las caídas de la bolsa de estos valores desde el pasado verano han puesto de relieve.

Además, el próximo 9 de enero, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy reemprenden sus conversaciones mensuales para terminar el trabajo decidido el pasado 9 de diciembre. Para sorpresa de todos aquellos que critican la lentitud europea, el borrador del acuerdo intergubernamental ya está encima de la mesa de los distintos gobiernos. Finalmente, estos días se ha de poner en marcha el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con lo que la capacidad de intervenir en los mercados de deuda de los países en dificultades se amplía, a la espera de que, el próximo junio, entre en vigor el fondo permanente, que añadirá a los actuales 250.000 millones de euros otros 450.000 millones. En suma, los históricos acuerdos del 8/9 de diciembre pasado se están desplegando como cabía esperar, para irritación y pérdidas de aquellos que especulaban contra el euro y contra los títulos de deuda de algunos países.

¿En qué nos atañe todo esto? Mucho más de lo que el lector pueda suponer. El pasado verano España estaba iniciando una tímida, y costosa, recuperación tras los estragos provocados por la crisis financiera del 2008 y el 2009 que siguió al colapso de Lehman Brothers. Lastimosamente, cuando nuestra economía comenzaba a alzarse con lentitud, otro tsunami exterior, esta vez provocado por nuestros amigos italianos dirigidos por el inefable Berlusconi, nos arrojó de nuevo contra las rocas. Ha destrozado empleo y tejido productivo, ha deteriorado dramáticamente la confianza y nos ha dejado tirados en la playa, tiritando de nuevo. Ahí es donde estamos ahora. Y, por ello, es tan crítico que las medidas europeas comiencen a restaurar la maltrecha confianza. Si lo hacen, si en estos próximos meses los griegos, o los italianos, no nos envían otra ola gigantesca que nos aplaste, en la próxima primavera cabría esperar unas expectativas mucho mejores que las que hoy se contemplan. Si todo va bien, quizá solo habremos perdido un año, y en el verano del 2012 estaremos en una situación similar a la que nos encontrábamos en julio del 2011.

Pero los factores externos nos afectarán positivamente si, en el interín, nosotros avanzamos en los ajustes pendientes. Ayer, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, adelantaba la disponibilidad sindical a reconsiderar su oposición a recortes salariales o en la jornada laboral, si ello ha de redundar en menores pérdidas de empleo. Son buenas noticias para todos. Quizá el próximo verano no será el principio del final de la crisis, sino solo el final del principio. Pero ya estaríamos contentos de que fuera así.

El pasado día 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que, radicalmente, se reducía el gasto público y se aumentaban los impuestos. El argumento esgrimido fue que el déficit, para el conjunto de Administraciones Públicas, sería del 8% del PIB durante 2011, cuando el objetivo de estabilidad presupuestaria para ese año fue fijado en el 6%. Eso es verdad. Además, se culpó al anterior Gobierno de tal desvío. En nuestra opinión, eso es solo verdad a medias.

¿Por qué decimos eso? Cuando el objetivo de estabilidad presupuestaria para el 2011 fue fijado, también se fijaron objetivos para cada una de las Administraciones. El objetivo de déficit de la Administración central era del 4,8%; el de las comunidades autónomas, del 1,3%, y el de las entidades locales del 0,3%. Por otra parte, la Seguridad Social tenía un objetivo de superávit del 0,4%. Estos objetivos ya eran muy permisivos con las comunidades autónomas y las entidades locales, ya que la Administración central se ha hecho cargo de las liquidaciones de las entregas a cuenta del año 2009 a liquidar en el 2011. Esto supone que del 4,8% de déficit de la Administración central, 2,3 puntos porcentuales, corresponden en realidad a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Pues bien, si finalmente llegamos al 8%, cosa que parece probable, no será porque la Administración central, responsabilidad directa del Gobierno saliente, se haya desviado de su objetivo, sino porque en las comunidades autónomas se habrá hecho en más de un punto porcentual. Todo parece indicar que las comunidades registrarán un déficit cercano al 2,5%. Es decir, casi el doble de lo reflejado en el objetivo de estabilidad.

¿Es responsabilidad del Gobierno saliente el déficit de las comunidades autónomas? Sí. Este siempre pudo tomar medidas drásticas que obligasen a las comunidades a cumplir el objetivo. Pero de nuevo, solo a medias. La mayor parte de la responsabilidad recae, por definición, en los gobiernos autonómicos. Estos han mostrado una irresponsabilidad sin precedentes. Y ahora afrontan, como acaba de demostrar el auxilio del Gobierno central a la Comunidad Valenciana, enormes dificultades para financiarse.

Pero no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. El problema principal es otro. Las comunidades, por la creciente descentralización del Estado, son responsables de gran parte del gasto público. Sin embargo, la información que tenemos sobre su estado de cuentas es mínima, la recibimos con mucho retraso, es muy heterogénea y fácil de manipular por los propios gobiernos autonómicos. Para cubrir ese hueco, en la fundación Fedea hemos creado una unidad de seguimiento de las comunidades. La próxima semana publicamos el primer informe (al que seguirán otros) que analiza las cuentas autonómicas hasta el tercer trimestre del año y hace una proyección de déficit para el conjunto del 2011.

¿Qué podemos aprender con dicho informe? Primero, que el Gobierno está en lo cierto y, que dado los números hasta el tercer trimestre, todo parece indicar que el déficit del conjunto autonómico será bastante mayor que el objetivo. Segundo, que el sospechado incumpliendo del objetivo de déficit por parte de las comunidades va a ser bastante heterogéneo. Por un lado, tenemos la Comunidad de Madrid que, con casi toda seguridad, mostrará unos numero envidiables y, por el otro, se encuentran Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana que todo parece indicar que tendrán unos déficits muy por encima del objetivo. Así, ¿es justo que el Gobierno central suba el IRPF a los madrileños cuando estos no son los culpables del incumplimiento?, ¿no sería más justo que gobiernos autonómicos como los de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana fueran los que aumentasen sus impuestos dado que son ellos los que están causando el desvío?

Empezamos el mágico año bisiesto con unas perspectivas económicas inciertas. España se encamina de nuevo hacia otro periodo de recesión. Eso está claro. Así lo acaba de reconocer el nuevo ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos. De la misma forma, creemos que en los primeros meses del año 2012 proseguirá el decrecimiento de la producción entrando, pues, nuestro país oficialmente en recesión. Y sólo en el segundo semestre, si se toman en marzo las medidas fiscales correctas, España tendría una pequeña oportunidad de empezar a recuperarse. En caso contrario, el desempleo crecerá notablemente.

Hemos dicho en otras ocasiones que la crisis de 2008 es sistémica y que cuenta con los condicionantes básicos para provocar una gran depresión global, muy similar a la de 1929. Cambiará, ciertamente, la Historia de la economía y la geoestrategia mundial. Una de sus características matrices es su capacidad de adaptación al medio, su facilidad para evolucionar y transformarse. Por eso es sistémica. Estamos ante una crisis que empezó siendo bancaria, pero mutó en crisis de la economía real, curiosamente en los países desarrollados. La falta de liquidez y la restricción del crédito llevaron a los gobiernos de muchos países a promover ayudas económicas de proporciones nunca vistas anteriormente para rescatar a las entidades financieras, evitar el pánico bancario y sostener el sistema financiero. Las consecuencias para el gasto público fueron nefastas, dando lugar a un efecto dominó (más deuda y más déficit públicos) que creó una incómoda situación respecto a la consolidación fiscal en las cuentas públicas de numerosos países, que quedaron gravemente afectadas. Consecuentemente, el colapso financiero contagió a la economía real produciendo un doloroso incremento de la desigualdad , de la pobreza y del desempleo. En cada zona del mundo la crisis tomará una forma diferente.

Pero nuestro país tiene un problema que no tienen otros: el altísimo índice de paro. Ayer se conocieron los últimos datos: el desempleo ha subido un 7,8% en 2011 y se cierra con más de 4.420.000 parados registrados. Por eso, creemos que se debe establecer un gran Plan de Política Económica (PPE) para España, con objetivos e instrumentos adecuados para lograrlos. Un Plan que tenga amplia acogida política y social.

España debe reformar su mercado de trabajo, sí, pero para corregir el problema de la entrada en el mercado y no tanto el de la salida. Se debe ser positivo y transmitir a la sociedad una imagen de ilusión y confianza. No de tristeza. Defendemos, pues, que sería muy efectivo un nuevo tipo de contrato laboral que fomente el empleo y que, ayudando a las Pymes y emprendedores, les libere de los costes de la Seguridad Social al contratar los primeros tres empleados nuevos. Contrato que llegaría a ser indefinido al cabo de tres años, periodo en el que se podría comprobar la viabilidad del proyecto empresarial y la obtención de beneficios.

España tiene una economía sumergida de más del 20% de su PIB (200.000 millones de euros) lo que representa una enorme situación improductiva y despilfarradora de recursos para la Hacienda Pública. Con una reforma laboral que posibilite la entrada en el mercado de trabajo recuperaríamos fuerza laboral y optimizaríamos nuestra frontera de posibilidades de producción.

Un asunto al que se debe prestar especial atención son las relaciones internacionales, imprescindibles para consolidar el prestigio de España. Hace apenas unos días, la víspera de Nochebuena, en la bella ciudad de Praga tuvo lugar el funeral de Estado de Vaclav Havel, uno de los grandes estadistas del siglo XX y el intelectual que acabó con la dictadura comunista de la antigua Checoslovaquia. A las exequias acudieron el ex presidente de EEUU Bill Clinton y su mujer, Hillary, actual secretaria de Estado, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico David Cameron, entre otros muchos dirigentes mundiales. Pues bien, por parte de España no acudió ningún representante de relevancia internacional. Es sólo un ejemplo, pero al mismo tiempo un gran error.

España debe ser tremendamente seria y rigurosa en la imagen que proyecte al exterior. Esa imagen debe ser la de un país moderno y ambicioso, de país que posee una tecnología competitiva. No está mal mirar hacia Japón, un país con grandes problemas financieros y una deuda pública descomunal, pero que se mantiene con un paro del 5%, por ser una nación muy avanzada en industria y tecnología. Nosotros debemos emular el ejemplo de aquellos países que se desarrollan adaptándose a los cambios. El secreto de China, Japón, Brasil y otros emergentes es que tienen muy claro tanto su modelo de crecimiento como la necesidad de la excelencia en la diplomacia internacional. Emulemos, pues, lo que funciona.

La Universidad es una pieza imprescindible en el desarrollo de un país. Hace una gran labor social, potencia y desarrolla el capital humano y el conocimiento científico. La colaboración Universidad-empresa privada, a la manera americana, el patrocinio de las investigaciones de todo tipo y la alianza con otras naciones que posibiliten el intercambio de conocimientos son las claves para situar a España en el siglo XXI. España debe establecer nuevos y amplios acuerdos preferenciales de intercambio comercial, técnico, cultural y universitario con los países hispanoamericanos. Eso es clave para nuestro sector exterior y para dar salida a nuestras exportaciones, porque en Europa todos los países de la Eurozona estarán en nuestra misma situación.

El camino de la industria, tecnología, investigación y desarrollo científico es el adecuado para ser más competitivos. El modelo económico de España debe evolucionar, poco a poco, al sector tecnológico. Es labor de años. No obstante, hay que recuperar al sector inmobiliario y apoyarlo fiscalmente para crear empleo a corto plazo. Eso lo está haciendo correctamente el Gobierno. Y también debemos invertir en educación, investigación y potenciar nuestro desarrollo humano y el avance científico en todas las áreas para ganar en competitividad.

Ninguna política económica funcionará sin una financiación adecuada. La reestructuración del sistema financiero debe completarse antes del primer semestre de 2012. Los bancos tienen miedo: el crédito no fluye porque no se prestan en el interbancario. No se fían unos de otros. Pero no lo hacen porque nadie sabe donde está el contagio en el negocio bancario. La parte sana y la tóxica. Eso debe arreglarlo España inmediatamente.

Alguna vez hemos hablado de separar en los bancos el negocio comercial del de inversión, de establecer cortafuegos que impidan la exposición al riesgo. En España existe el problema de la toxicidad en las entidades financieras por la exposición al ladrillo que han sufrido bancos y cajas de ahorro. Y cuando se cree un fondo/banco para esos activos tóxicos se debe hacer sin costes de ningún tipo para el sector público. No debe haber dinero público para ese banco tóxico. La principal tarea económica del nuevo Gobierno será esa reestructuración bancaria. Y a partir de ahí volverá el crédito, se quitarán las restricciones, aumentará la liquidez y se animará la economía.

España tiene ya en su Constitución el compromiso de lograr el equilibrio presupuestario: la regla de oro. Pero eso no quiere decir que se renuncie a los logros del Estado del Bienestar. Antes bien, significa hacerlos posibles. Y garantizarlos. Y significa hacer inversiones (productivas) públicas que produzcan externalidades positivas: es decir, efectos económicos a terceros generadores de crecimiento, riqueza y capital humano para la población española. El ahorro debe complementarse con la inversión productiva para que la economía crezca. Otra idea que sugerimos puede ser la creación de un Fondo Presupuestario Contracíclico (FPC): un fondo que sirva para equilibrar fiscalmente las fases bajas del ciclo y generar empleo.

En conclusión, vivir para ver. Estados Unidos, país de origen de la crisis financiera, con un déficit público que supera el 10% del PIB y una deuda pública de más de 14 billones de dólares (90% del PIB), según nuestras previsiones está en riesgo de recesión, lo que significaría una desaceleración global para 2012. La falta de crecimiento será, también, el principal problema para reactivar el flujo de crédito en la zona euro. Que España se recupere puede parecer difícil. Y lo es. Condición sine qua non para crecer es tener un sistema financiero saneado. Nuestro déficit público en 2011 estará en torno al 8%. Y la cosa se complica porque a finales de 2012 habrá que llegar al 4,4% y al 3% en 2013.

En todo caso, el primer objetivo de la política económica española debe ser la reducción del paro y un mayor bienestar económico de los ciudadanos. Precisamente por eso la equidad, la igualdad, la progresividad y la eficiencia tendrían que ser el camino a seguir para los Presupuestos de 2012.

Y lo demás, como dice el Evangelio, se nos dará por añadidura. Es mucho lo que nos jugamos.

Nunca falla. A pesar de que he explicado mil veces que la profesión de economista no consiste en predecir el futuro, cada día 1 de enero la gente me pregunta qué pasará en la economía mundial durante el año que empieza. Si no tengo ganas de hablar, los remito a una web de profesionales del futuro (www.tarot.es). Y si tengo, no les explico lo que pasará sino lo que está pasando. Como hoy tengo ganas de hablar, comentaré cuatro aspectos importantes de la economía a día 1 de enero del 2012.

Primero, el 2012 empieza con la misma debilidad económica con la que ha acabado el 2011: la periferia de Europa vuelve a estar en recesión (es decir, con crecimiento económico negativo) y Estados Unidos sigue anémico. Tanto allí como aquí, gobiernos, bancos y familias están inmersos en un proceso de desendeudamiento (o desapalancamiento, que se dice ahora) que los lleva a recortar gastos, cosa que reduce la demanda de la economía y provoca contracción económica.

A eso se suman dos fenómenos nuevos: la burbuja inmobiliaria china ha explotado, aunque está por ver si la caída será catastrófica o lenta y cómo afectará al resto de los países emergentes. Además, la crisis económica de la periferia se ha contagiado al centro de la eurozona y países como Alemania y Holanda pueden acompañar a España, Italia o Grecia por la senda de la recesión.

Segundo, todo apunta a que se nos están acabando las balas para luchar contra la crisis. La bala fiscal no se puede utilizar porque los mercados financieros no quieren prestar a los gobiernos. Las balas para dar confianza a la economía y animar así la inversión también escasean: cada vez que, tras anunciar las “medidas definitivas” para arreglar la crisis, los políticos se reúnen en una cumbre fallida, su credibilidad se reduce al dar la sensación de que no saben lo que hacen. Las balas para reparar el sector financiero que comporten ayudas a bancos levantan un rechazo popular cada vez más generalizado, y eso dificulta su utilización.

Parece que sólo quedan balas en el arsenal monetario, lo que nos lleva al tercer punto: la “gran esperanza” hoy es el Banco Central Europeo (BCE). Hasta ahora ha habido una tensión constante entre los países del centro que iban bien (y que, por lo tanto, querían una política monetaria restrictiva que impidiera que el BCE comprara deuda soberana) y los de la periferia que iban mal (y que querían que el BCE imprimiera euros para facilitar el crédito entre los países de la unión). La novedad del 2012 es que el centro ya no va tan bien y eso, paradójicamente, ¡es bueno para la periferia! La razón es que, a partir de ahora, a todos nos convendrá lo mismo: una política monetaria expansiva. De hecho, durante diciembre del 2011, el BCE ya ha imprimido centenares de millardos de euros y, aparte de calmar a los mercados durante unas semanas, eso ha hecho bajar el euro. Si el euro se sigue depreciando durante el 2012, los productos que se venden en euros (es decir, los nuestros) también se abaratarán. El consiguiente aumento de las exportaciones puede ser la locomotora que nos saque de la crisis.

Y cuarto, la competitividad. Cuando vi que Mariano Rajoy convertía al “Ministerio de Economía” en “Ministerio de Economía y Competitividad”, me sorprendió. Por un lado, lo celebré porque el problema más importante de la economía española hoy es la falta de competitividad y es bueno que el Gobierno así lo entienda. Por otro lado, sin embargo, me preocupó que un ministerio pueda caer en la tentación intervencionista en la que han caído tantos gobiernos de todo el mundo: pensar que sólo se puede ser competitivo si se hace I+ D en unos “sectores prioritarios escogidos por el Gobierno” (normalmente telecomunicaciones o biotecnología, aunque en los últimos años se han puesto de moda los sectores verdes y renovables) y eso sería un gran error.

Cuando piense en competitividad el Gobierno debe entender que, al nivel de renta de España, ser competitivo quiere decir innovar. De hecho, quiere decir que todas las empresas de todos los sectores (y no sólo los “prioritarios”) pueden y deben innovar. Al fin y al cabo, las grandes innovaciones empresariales de las últimas décadas no sólo ocurren en los sectores “modernos” sino que también lo hacen en sectores milenarios como el circo (Cirque du Soleil), el vestido
(Zara), los muebles (Ikea), el vino (todo el sector en Australia) o el café (Nespresso o Starbucks).

La pregunta es: ¿Y quién hace esas innovaciones? La respuesta puede parecer sorprendente: sólo el 8% de las ideas empresariales proviene de científicos a través del I+ D formal. El 92% proviene de trabajadores (Amancio Ortega era un vendedor de camisas antes de crear Inditex), estudiantes (Mark Zuckerberg creó Facebook siendo estudiante) o incluso saltimbanquis de calle (como Guy Laliberté, el creador del Cirque du Soleil).

Eso quiere decir que para tener una economía competitiva e innovadora hace falta un sistema educativo que dé los instrumentos para fomentar la creatividad de toda la población (y no sólo de los científicos), ya sean trabajadores o saltimbanquis. Además, se tiene que crear el entorno que facilite (en lugar de que dificulte) la implementación de esas ideas en empresas.

Debilidad económica, el agotamiento de las balas para luchar contra la crisis, el BCE y la depreciación del euro y la competitividad. Yo no sé qué pasará en alguna de estas áreas durante el año nuevo. Lo que sí sé es que estos son cuatro aspectos de la economía que hay que tener en cuenta el 1 de enero, el día que empieza el 2012.

Los llaman tecnócratas, pero son en realidad profesionales cualificados, gentes que han desempeñado altos cargos en entidades financieras públicas o privadas y que, ante la magnitud de la crisis, han sido llamados a ocupar posiciones de poder político en sus respectivos Estados, alcanzando en Grecia y en Italia la presidencia del Gobierno y aquí, en España, el ministerio de Economía. El veredicto ha sido contundente: dando la espalda a la voluntad de los ciudadanos, la tecnocracia ha sustituido a la política, o, por decirlo como nuestro tecnócrata por antonomasia, Laureano López Rodó, los profesionales de la política sustituidos por la política de los profesionales: una prueba más de la herencia franquista que contaminará hasta el fin de los tiempos a esta democracia deficitaria.

¿De verdad han ocurrido así las cosas? ¿De verdad que por haber llamado a expertos en finanzas hemos caído en un estado de excepción económica? Curiosamente, en España, la impresión, antes de la crisis, era más bien la contraria: que la política, o los políticos habían colonizado espacios de la sociedad civil y de la Administración civil del Estado que no les correspondían; y que desde el control de esos espacios habían politizado instituciones clave del Estado de derecho como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o medios de comunicación como las televisiones autonómicas, o servicios públicos, como hospitales y escuelas, por no hablar de teatros, auditorios, museos nacionales y otras sinecuras y bagatelas de nuestro peculiar spoil system.

También las finanzas. Es pronto para olvidar que la mitad del sistema financiero español lo constituían, hasta la crisis, las Cajas de Ahorros y que sus Consejos de Administración estaban fuertemente condicionados por los políticos. Las Cajas servían a las políticas de los Gobiernos de sus respectivas Comunidades Autónomas, sin sentirse atadas por consideraciones técnicas en cuestiones como préstamos a particulares o a partidos. De hecho, los poderes locales y regionales consolidados en los últimos 30 años han crecido a la sombra de las Cajas, siempre dispuestas a echar el resto en envites faraónicos, desde aeropuertos a grandes urbanizaciones, por no hablar de la corrupción subyacente, que encontraba en la composición de sus Consejos de Administración su mejor caldo de cultivo. Sin la política crediticia incentivada por los políticos, la burbuja inmobiliaria no habría alcanzado ni la mitad de su insoportable volumen y quizá no lamentaríamos hoy la vandálica destrucción del litoral mediterráneo.

De manera que sería menester un poco de tranquilidad respecto a los estados de excepción de los que, al parecer, estos profesionales son los heraldos. La relación mercado / Estado es tan vieja como el Estado mismo que, desde su origen, ha alimentado sentimientos de amor y odio hacia los banqueros. Cuenta Carlo Cipolla que Felipe II se subía por las paredes cuando recibía, de los banqueros genoveses, los balances de sus deudas, en ocasiones más del 50% del importe del préstamo, concedido al 15% de interés. No le entraba en la cabeza a don Felipe “esto de los cambios e intereses”, pero los banqueros eran intratables: o pagaba el interés más el riesgo añadido, o cortaban el chorro de oro. Al fin, el monarca, tras esquilmar a sus súbditos, se declaraba en bancarrota, forma habitual de renegociar su deuda.

Mucho han cambiado el Estado y la banca desde aquellos tiempos, pero algo continúa hoy como ayer: finanzas, mercados, o sea, capitalismo, más globalización, están aquí para quedarse. La cuestión no consiste en que profesionales de las finanzas ocupen posiciones reservadas a los políticos, sino en que los políticos se conduzcan, cuando de ingresos y gastos públicos se trata, como auténticos profesionales. Cuando el déficit crece, como en España, de un 34% a un 66% del PIB en tres años, lo que hay que cambiar es de política; y cuando los políticos asisten impávidos a un desbocado endeudamiento privado o lo fomentan con incentivos fiscales hasta magnitudes que superan cinco veces el PIB, lo urgente no es prescindir de los banqueros que aprovechan la ocasión para enriquecerse; lo urgente es cambiar de política, justamente para impedir que los banqueros se forren repartiendo créditos que expolian a sus desprevenidos clientes de sus ahorros y sus viviendas.

En esta crisis de nunca acabar han sido tan determinantes las políticas gubernativas y las instituciones reguladoras como las familias, las empresas y las entidades financieras del sector privado. Por eso, es inútil reclamar más política, menos mercado. En los sistemas capitalistas, las crisis financieras siempre tienen raíces políticas; no por nada, la tríada que va de Marx a Mao pasando por Lenin daba por seguro que el derrumbe del capital arrastraría el fin del Estado. Pero como el futuro, tras ese doble derrumbe, es el presente visible en las exequias del déspota coreano, será mejor aplicar las energías a la reparación del sistema; y para eso no sobrará la contribución de profesionales, a condición, claro está, de que los políticos no renuncien a lo que le es propio dejándose embaucar por la lógica de los mercados, como ha ocurrido con nuestros socialdemócratas mientras se bañaban en las plácidas aguas del republicanismo cívico.

Vaya por delante que me gustaría que mi opinión sobre el nuevo Gobierno español poco tuviese que ver con la historia teñida de tristeza que Charles Dickens narra en su novela Grandes esperanzas, aunque haya utilizado esa expresión en el título de estas líneas para describir muy sintéticamente el cambio que ese nuevo Gobierno ha generado en mis expectativas sobre nuestra economía y en las de la mayoría de los españoles. Grandes esperanzas frente a un futuro económico que hasta ahora se presentaba cargado de negros augurios y que, a partir del discurso de investidura del pasado día 19, comienza a ofrecer perspectivas menos amenazadoras, aunque no hayan desaparecido los graves riesgos que corremos.

Pero basar grandes esperanzas respecto a la economía española solamente en un discurso, por muy bueno y convincente que sea, resultaría como mínimo sorprendente en quien, por su larga trayectoria y oficio, ha escuchado ya muchas piezas oratorias extraordinarias olvidadas sin más al día siguiente. Por eso mis grandes esperanzas respecto a nuestra economía se basan no sólo en las palabras de un buen discurso sino, sobre todo, en tres hechos que enlazan perfectamente con tales palabras. El primero, en la existencia de un amplio y bien ordenado programa de política económica, riguroso y completo, que se trasluce fácilmente en el discurso de investidura. Ese programa se ha ido elaborando a lo largo de los últimos años a partir de las opiniones de un señalado plantel de economistas y a la vista de las muy diversas facetas que iba mostrando la crisis. El maestro Juan Velarde, uno de los integrantes de ese grupo, tuvo la afortunada idea hace poco de pedirnos una opinión amplia sobre «lo que hay que hacer con urgencia» y así lo ha publicado en un volumen con ese mismo título. También el denominado equipo económico ha recogido recientemente, en otro volumen titulado Hacia una nueva política económica española, la opinión de una decena de expertos en política económica. En esas publicaciones y en algunas otras de carácter periódico pueden encontrarse las ideas que constituyen el núcleo básico del programa de este nuevo Gobierno. Creo sinceramente que poco a poco se ha ido gestando un amplio consenso en una parte muy extensa de la profesión respecto a las políticas necesarias para superar la crisis y ese consenso ha inspirado el bien elaborado programa que conocimos el pasado día 19. Un programa respaldado sin reticencias por la mayor parte de quienes opinamos públicamente sobre la economía española.

El segundo hecho que fundamenta mis grandes esperanzas respecto al futuro de nuestra economía lo constituye el historial de quienes van a desempeñar las funciones esenciales de ese Gobierno. En muy pocas ocasiones nuestro país ha contado con un equipo similar. Personas decididas, con historiales académicos brillantes y, en su mayoría, con amplia experiencia profesional en la Administración pública y en las empresas, que llegan a esos puestos con grandes conocimientos a sus espaldas y con unos objetivos claramente definidos, en los que creen fundadamente. Personas que se conocen entre sí y que han trabajado juntos desde mucho antes, por lo que constituyen un auténtico equipo. Nadie mejor que ellos para garantizar a los mercados el cumplimiento de nuestros compromisos y para infundir en los españoles la confianza en nuestras propias fuerzas, garantías y confianza que resultan indispensables para superar la crisis.

El tercero y último hecho que fundamenta mis grandes esperanzas en el porvenir de nuestra economía estriba en la valiente decisión del presidente Rajoy de ponerse directamente al mando del equipo económico, como públicamente ha anunciado. Esta vez no habrá un vicepresidente que lidie, por un lado, con un equipo gubernamental poco disciplinado y que, por otro, tenga que convencer todos los días al presidente del Gobierno para lograr su apoyo en cada una de las batallas que haya de emprender. Hace ya bastantes años viví muy de cerca esa experiencia y conozco bien las tensiones que generan los fuegos cruzados, especialmente cuando no proceden del adversario sino de las fuerzas que deberían proteger tus flancos. Nada de eso se producirá ahora porque las riendas, por su propia voluntad, están en manos del presidente, es decir, de quien tiene el poder para levantar de su asiento a quien no cumpla lealmente con sus obligaciones, lo que no creo que vaya a ocurrir en un equipo ya suficientemente probado. Algunos me dirán que el presidente no es un experto en economía, pero tengo la fundada sospecha de que Rajoy quizá haya aprendido más de economía en sus ocho años de oposición que muchos de nuestros licenciados a lo largo de su paso por la Universidad.

Sin embargo, en la novela de Dickens las grandes esperanzas de su protagonista se ven pronto disminuidas y casi frustradas por el continuo devenir de acontecimientos negativos que le golpean. También en la realidad actual española se vislumbran amenazas temibles que pueden frustrar esas grandes esperanzas. La primera, la de la recesión que ya se intuía en las cuentas nacionales del tercer trimestre de 2011, con un crecimiento nulo del PIB sacado a fuerza de cambios metodológicos en sus cálculos. Ese crecimiento nulo anunciaba tormenta para el último trimestre de este año y mayores descensos para la primera mitad de 2012. A finales de enero conoceremos cuál habrá sido el crecimiento del PIB en 2011, pero tal y como ayer confirmó el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, el nuevo Gobierno iniciará su andadura con una economía en recesión. Y el paro, inevitablemente, tenderá al alza.

La segunda de esas amenazas es muy probable que comience a materializarse el próximo día 30, cuando se conozca el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de este año. Los datos ya publicados, relativos tan solo al Estado, no son buenos y hacen pensar en un déficit de las administraciones para todo el año bastante por encima de los compromisos internacionales adquiridos por el anterior Gobierno, lo que provocaría una fuerte conmoción en los mercados y en las agencias de calificación. Las cifras finales de déficit anual no se conocerán hasta finales de marzo y por eso resulta prácticamente imposible cuantificar hoy cuáles habrán de ser los ajustes que la política fiscal tendrá que introducir en los nuevos presupuestos para alcanzar esos objetivos internacionalmente comprometidos. Probablemente los datos finales de déficit público exijan de acciones mucho más duras y extensas de las que inicialmente se pensaban, lo que hará aún mucho más difícil la labor del nuevo Gabinete en su conjunto pero, especialmente, la muy compleja tarea a que se enfrenta el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Difícil y meritorio papel el suyo, en el que hay que esperar, de su larga experiencia y amplios conocimientos, que el mayor acierto le acompañe.

La tercera y, a mi entender, última y grave amenaza que planea sobre nuestra economía es la que puede derivarse de movimientos callejeros de protesta que, ante las inevitables políticas restrictivas, se articulen por fuerzas sociales insensatas o por corrientes políticas que olviden sus grandes responsabilidades en la situación por la que atravesamos. Esos movimientos, como hemos visto en Grecia y apuntan también en Italia, pueden causar mucho daño y frustrar las grandes esperanzas que suscitan el programa de política económica anunciado, la capacidad del nuevo Gobierno y la clara apuesta personal de su presidente.

Esperemos que la última de esas tres amenazas no se materialice porque, al combinarse adecuadamente con las anteriores, quedaría servida la tormenta perfecta y la economía de nuestro país, si no hundida totalmente, resultaría tocada de gravedad para mucho tiempo. Por tanto, ahí es donde tendría que aparecer de nuevo, como afloró ahora hace poco más de un mes frente a las urnas, el sentido común y la firme decisión de la sociedad española. Pero, sobre todo, la responsabilidad de nuestras fuerzas políticas y sociales. Quedan todavía mucho tiempo y muchas oportunidades por delante para que esas fuerzas puedan ejercitar la legítima discrepancia en el ámbito político y una presión responsable en el plano social. Pero ahora lo que se impone es remar todos en la misma dirección y ayudar a que nuestro país salga de la grave situación en que se encuentra. No van a darse otra vez mejores circunstancias que las actuales para iniciar una acción conjunta, profunda y eficaz contra el paro. Por eso tenemos hoy, quizá más que nunca, la responsabilidad de que más de cinco millones de compatriotas encuentren razones suficientes para creer que vivimos un mundo que, pese a sus enormes dificultades, merece vivirse. ¡Felices fiestas y mejor 2012!

El discurso de investidura pronunciado ayer por Mariano Rajoy conformó un conjunto de primeros apuntes para las reformas y los sacrificios que serán necesarios en la economía española en los próximos meses y años. De un discurso cabe esperar que tenga mensajes y que éstos sean creíbles. Algunos mensajes del futuro presidente permanecieron aún en un plano algo general y con poca concreción, pero también es cierto que la enjundia de algunos de los temas tratados requerirá una explicación detallada en otra ocasión. Los detalles fueron sustituidos por contundentes declaraciones de intenciones en estos grandes temas. Y aunque a estas alturas ya se ha comprobado en múltiples ocasiones que el camino se hace andando y que los mercados sólo juzgan el caminar, las direcciones apuntadas ayer son, cuanto menos, interesantes. Que se transformen en el necesario crecimiento económico en el medio plazo solamente el tiempo lo dirá.

Un primer aspecto destacable es el del reconocimiento de problemas. Decir que en España hay un elevado desempleo no es novedad alguna, pero un repaso a la hemeroteca serviría para corroborar la escasez de un reconocimiento contundente de debilidades en el pasado respecto a temas clave que ayer, con concreción o sin ella, fueron asumidas finalmente sin tapujos. Entre ellas, por ejemplo, las referentes a la necesidad de una reforma laboral más decidida -con ingredientes como la descentralización de convenios, el control del absentismo o la revisión de la Formación Profesional- son cambios en la dirección adecuada que, como parece haberse discutido estos días, se completarán con seguridad con otras medidas tanto o más importantes.

Del mismo modo, se reconoció, y por más esperada no deja de ser noticia, que la valoración realizada hasta ahora del deterioro de activos en el sector bancario se queda corta, que es preciso dar salida a los inmuebles y que es necesario sanear el suelo y las promociones no terminadas en los balances bancarios.

Se anunció la necesidad de más reestructuración y fusiones -para asumir parte de una pérdida esperada que se antoja significativa- y se dejó en puntos suspensivos cómo se instrumentará ese saneamiento y las nuevas necesidades de capital. Será muy importante dejar este punto bien cerrado, con criterios creíbles. Cualquiera que sea el modo de afrontar el saneamiento en el sector bancario -y puede haber muchos- deberá contar con una adecuada valoración de la pérdida no cubierta por provisiones, de las nuevas necesidades de capital y de quién o qué instrumento puede aportar ese capital, asumiendo si es preciso algún tipo de ayuda financiera externa.

También se anunciaron recortes, aunque no se especificaron, en un decreto de medidas urgentes que, al final del año, será el primero de un conjunto de medidas que, inevitablemente, impondrán sacrificios muy importantes al conjunto de la ciudadanía. El objetivo anunciado de reducir el déficit público en 16.500 millones es un primer paso -cuya cuantía suena más bien a una primera acometida-, hacia ahorros y ajustes que desafortunadamente parece que serán más contundentes en el futuro.

Hay aspectos entre los anunciados que, aunque no tan generales, dejan una marca de la casa en materias tan sensibles como la financiación y el impulso de las pymes y los autónomos. Las cuentas fiscales para compensación de deudas pendientes de la Administración con estas empresas o la posibilidad de no abonar el IVA mientras persistan esas deudas de la propia Administración han sido cuestiones demandadas por las pymes durante mucho tiempo. Habrá que leer la letra pequeña de esta iniciativa para ver sus efectos finales. En todo caso, representando las pymes el 60% del empleo en España, se ha apostado porque se apliquen subvenciones a la contratación de los primeros trabajadores o bonificaciones para sus pagos de Seguridad Social.

Las crisis se manejan con actuaciones macroeconómicas pero también con una intensa guerra de guerrillas en aspectos más microeconómicos, aliviando restricciones financieras.

Otros aspectos fiscales -como la desgravación por vivienda- pueden ser más discutibles de acuerdo con la experiencia histórica reciente de nuestro país, que tantas distorsiones en la asignación de recursos ha supuesto. Pero el reto fiscal que sigue presente más allá de las medidas anunciadas es la generación de ingresos para las arcas públicas, que aún no se ha concretado pero que deberá materializarse de forma necesaria porque es casi imposible corregir el déficit sólo por la vía de contención del gasto.

En suma, se van fijando las prioridades y mucho de la música suena a novedad. Faltan los músicos que conformarán la orquesta, poner las medidas en una partitura completa y, sobre todo, dar conciertos primorosos, que llamen la atención de los socios europeos e inversores, atentos desde la platea.

Poco antes de que se celebrasen las elecciones del pasado 20-N, el Círculo de Empresarios proponía a los futuros legisladores la puesta en marcha de un programa urgente de ajuste y crecimiento. Un plan de choque integral y creíble de política económica centrado, de forma inmediata, en tres grandes ámbitos de actuación: la consolidación fiscal, la reforma laboral y la normalización del crédito.

La intervención de Mariano Rajoy al solicitar su investidura como presidente del Gobierno recoge en buena medida estas inquietudes que el Círculo expresaba en su documento, independientemente de que en algunos detalles menores no estemos muy de acuerdo. Considero que la música anunciada corresponde a una partitura correcta y que tendremos que esperar a la interpretación de la misma para saber el alcance de sus efectos.

En principio, nos parece razonable situar el problema del paro como el principal desafío al que hay que hacer frente desde el primer momento. Y también nos parece sensato apelar al diálogo como instrumento para encauzar y coordinar la energía del país hacia el objetivo de la recuperación. Los esfuerzos y los sacrificios que se vislumbran en el horizonte serán más llevaderos con diálogo que sin él, al margen de que el Gobierno deba dar un paso al frente y gobernar siempre que el diálogo se estanque. Al fin y al cabo, las medidas necesarias para salir de la crisis son urgentes y ya hemos perdido mucho tiempo en activarlas. Ese retraso no es responsabilidad de Rajoy, pero sí es responsabilidad suya hacer frente a la situación desde este mismo momento.

Respecto a la estabilidad presupuestaria, lo que ha anunciado no supone ninguna sorpresa con respecto a la reforma constitucional aprobada en agosto para fijar un techo de déficit, y todo lo que procede en este sentido es, como anunció, desarrollar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cuanto a la necesidad de controlar el gasto público, sí hay que reconocer como positivo el anuncio de congelar las contrataciones de funcionarios (con las lógicas excepciones) hasta que salgamos de la actual situación, propuesta que también coincide con la sugerida por el Círculo de Empresarios.

En relación con las pensiones, actualizar su valor es de justicia, como también lo es plantearse una mejora de la tributación de los planes de pensiones, aunque esto no resuelva el problema a futuro. Siguiendo en este ámbito fiscal, no nos parece sin embargo buena idea la de recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual ya que, como hemos dicho muchas veces, esa deducción acaba siendo fagocitada por el precio y no facilita necesariamente la decisión de compra.

Lo anunciado en relación con la reforma laboral suena bien, pero falta concretarlo. Este era un asunto en el que no debíamos esperar concreciones de momento, pues al fijarse el día de Reyes como fecha límite para el acuerdo entre los agentes sociales no parecía razonable decir mucho más, por lo menos hasta que se agote ese plazo. Sí son algo más concretas, y van en la buena dirección, las medidas relacionadas con el Plan de Empleo Juvenil, entre las que destaca la reforma del sistema de Formación Profesional, otro tema ya propuesto en su día por el Círculo.

Quizás lo que más se puede apreciar del discurso desde un punto de vista empresarial es ese reconocimiento de que los motores del cambio, los protagonistas de la reforma, los agentes de la recuperación, son los propios españoles, y que la tarea del Gobierno no consiste sino en coordinar sus esfuerzos y facilitar sus tareas.

Por eso las medidas fiscales de apoyo a emprendedores, pymes y autónomos deben ser bien recibidas. Muchas de ellas están en línea con las propuestas desde distintas instituciones, y desde luego por el Círculo, que en un reciente documento consideró a las pymes y a los emprendedores como claves para la recuperación del crecimiento y del empleo.

Otro asunto sin duda trascendente es el de la reestructuración del sector financiero, con ese cambio en el sistema de regulación y supervisión que evite indecisiones y bloqueos, esa apelación a más fusiones y esa referencia a la venta de inmuebles en manos de las entidades financieras y a una valoración muy prudente de los activos menos líquidos.

En resumen, una partitura agradable de leer que tendrá que interpretar el primer Gobierno de Rajoy en un tempo presto o prestissimo. Ya ni el allegro sirve a estas alturas.

El camino de salida de La Moncloa ha sido para Zapatero más arduo de lo esperado. No sólo porque la contundencia de la derrota del PSOE desatara contra él a los perros de presa del sindicato de intereses que pretende convertir a Rubalcaba en el centinela de su trinchera mientras llegan tiempos mejores. O porque la incertidumbre que rodeó el pasado fin de semana a la cumbre europea y la presión de los mercados amargaran sus últimas semanas en el ejercicio del poder.

No, lo que sobre todo ha mantenido al inminente ex presidente en vilo hasta el último momento han sido los problemas logísticos derivados del cambio de planes sobre su nuevo lugar de residencia. Tantos años soñando con irse a vivir a León, tantas fantasías conectadas con esos tasados viajes en AVE para venir a Madrid a las reuniones del Consejo de Estado, total para encontrarse un día con el plante de sus hijas y tener que recular ante sus argumentos plasmados en una especie de carta abierta a nuestro padre. Ellas no estaban dispuestas a moverse ni a que la familia se separara.

La imagen de Zapatero sentado en La Moncloa ante el ordenador de su despacho y navegando al buen tuntún a través de los portales inmobiliarios para encontrar una vivienda en alquiler lo suficientemente protegida y aislada, y además a un precio asequible para él, compendia tanto su debilidad política -si no ha logrado llevar a su familia donde quería, cómo iba a hacerlo con la nación- como su bonhomía personal.

Nuestro quinto presidente constitucional deja en herencia una España arruinada, deprimida y exhausta, pero al menos está haciendo un relevo bastante ejemplar. Seguro que su sucesor hubiera preferido ser recibido con más dinero en la caja y peores modales, pero ya que la democracia parlamentaria lleva camino de ser vapuleada por los huracanes del malestar social, al menos que no falle la liturgia. Pocas cosas han debido de sorprender tanto a Rajoy estos días como la insistencia de Zapatero en que no faltara la foto simbólica de ambos en La Moncloa.

Desgraciadamente para él, tampoco podrá recrearse en esos detalles protocolarios. Tras sus traumáticas derrotas de 2004 y 2008, habría sido justo que Rajoy hubiera podido disfrutar ahora de una investidura plácida, con un discurso de altura intelectual trufado de ingenio y ocurrencias. Sin embargo, cuando mañana suba a la tribuna a pedir la confianza de la Cámara no podrá evitar la sensación de estar ascendiendo los peldaños del altar del sacrificio. Con cinco millones de parados y camino de una poco menos que inexorable recaída en la recesión, decir que la situación económica es crítica sería quedarse corto.

Rajoy tiene, eso sí, la gran ventaja de que, si excluimos las mañas adquiridas por Adolfo Suárez durante el régimen anterior, va a ser el primer jefe de Gobierno de la democracia que va a llegar al poder con la lección aprendida. La experiencia de sus cuatro carteras ministeriales en los gobiernos de Aznar, depurada y contrastada por su docena y media de debates presupuestarios o de política general como líder de la oposición, va a permitirle de hecho poner desde el primer día a lo que será su reducida y compacta Administración en perfecto orden de combate.

La lucidez con que percibe qué es lo que le espera es otro de los mejores atributos que lleva en su bagaje. De todos los riesgos que corremos, el menor de todos es el de que Rajoy pueda acomodarse en el autoengaño. «Tengo claro lo que hay que hacer y mi única ventaja es que no tengo más alternativa que hacerlo», le comentó este miércoles a un amigo común. «Luego me partirán la cara, pero chico, oye…».

En esos puntos suspensivos de Rajoy, mientras chasca la lengua, gira levemente las palmas extendidas y a veces mueve la pierna derecha como si apretara el pedal de una máquina de coser, anida una mezcla de fatalismo, sentido del servicio público y aire de circunstancias. Cuando los tramoyistas retiren de uno de los árboles del jardín la mueca final del gato de Cheshire, La Moncloa quedará libre de fantasías, carismas y afanes de gloria durante al menos cuatro años. Rajoy llega con plena conciencia de que gobernar es desgastarse y de que sólo los resultados que obtenga al final de la legislatura podrán redimirle de las impopularidades que no tendrá más remedio que cosechar en sus inicios.

No sé qué números aflorarán en su discurso de mañana pero sí los que ha tenido en la cabeza en el momento de prepararlo. Su gran incógnita es si tendrá que recortar el déficit público para 2012 en 16.000, 26.000 o 36.000 millones, dependiendo de que este año nos quedemos finalmente en el 6% como mantiene el Gobierno saliente, lleguemos al 7% como parece bastante previsible o alcancemos el 8% como mantiene algún ministrable pesimista. De los tres afluentes que van a dar a ese río el que más preocupa hoy por hoy a Rajoy no es ni el de la Administración central del Estado ni el de las comunidades autónomas -bastante embridadas desde que el PP se hizo con la mayoría en mayo- sino el de la Seguridad Social pues el hundimiento del número de cotizantes tras el verano hace temer un resultado mucho peor que el presupuestado.

Se encuentre con lo que se encuentre, Rajoy tiene decidido convertir el cumplimiento del 4,4% comprometido para el año que viene con la UE en la prioridad absoluta tanto del paquete de medidas urgentes que su gobierno aprobará en enero como de los nuevos presupuestos que presentará en marzo, probablemente después de las elecciones andaluzas. Sabe que es en ese primer envite en el que se juega la credibilidad ante sus socios y ante los mercados y está dispuesto a actuar sobre cada partida de los gastos -sueldos de los funcionarios incluidos- y de los ingresos -no debe descartarse una nueva subida del IVA- con tal de volver a convertir a España en un alumno modelo en el aula de la disciplina fiscal.

Rajoy también dice estar decidido a hacer sus deberes en el terreno de las reformas estructurales, afrontando con determinación lo apenas esbozado por Zapatero. Debo reconocer que lo que menos me ha gustado de este largo mes de prolegómenos a su investidura ha sido el papel otorgado de nuevo a los tres sindicatos -los dos de los asalariados y el de los patronos- que habitualmente usurpan el protagonismo en el diálogo social en pro de sus respectivos ejércitos de funcionarios. Esperemos que el nuevo margen que Rajoy les ha otorgado hasta Reyes sólo busque cubrir las formas y el PP legisle, abaratando la contratación y el despido y liberalizando los convenios, no sólo si no hay acuerdo entre las partes sino especialmente si lo hay en la dirección contraria de lo que la competitividad de la economía requiere.

Más por lo que calló que por lo que dijo en su único debate de la campaña con Rubalcaba, cabe suponer que la reforma del subsidio de desempleo será otra de sus prioridades pues España no puede seguir destinando 30.000 millones al año a ayudar a una parte significativa de los desempleados a no buscar trabajo e incluso a rechazar ofertas por las que en otros países habría cola de solicitantes. También éste es el momento de introducir en la Sanidad mecanismos que refuercen la eficiencia del sistema como el ticket moderador planteado por Artur Mas u otros elementos de copago que no afectan al núcleo esencial del derecho a la salud. ¿No sería lógico que en las estancias hospitalarias la manutención corriera al menos parcialmente a cargo del paciente? ¿No habría que introducir mecanismos muy estrictos para poner fin al turismo sanitario vinculado a la inmigración?

Más importante aún es la culminación de la reforma del sistema financiero, auténtica patata caliente para el nuevo Gobierno habida cuenta de las desagradables sorpresas descubiertas al abrir el melón de las cajas. ¿Ocurrirá otro tanto con algunos bancos? Rajoy no sabe si el saneamiento del sector requerirá de 20, de 30 o hasta de 50.000 millones y por lo tanto no suelta prenda sobre cuál será la técnica a seguir, pero también es consciente de que ya no hay margen ni para medias tintas ni menos aún para seguir eludiendo el fondo del problema pues si no se reabre el grifo del crédito será imposible recuperar el crecimiento.

La principal sensación de vértigo que le acompaña desde el 20-N no procede sin embargo del temor a no acertar en alguno de estos ámbitos, sino del convencimiento de que aun ejecutando a la perfección todo lo desagradablemente necesario puede que no sea suficiente para sacar a España de su actual ruina. Rajoy sabe que el empujón definitivo no depende de lo que haga él sino de lo que decidan los países que lideran el nuevo impulso a la construcción europea. De ahí su obsesión por integrarse cuanto antes en ese núcleo duro y la trascendencia capital de acertar en la elección de los ministros de Economía y Exteriores como prolongaciones de sí mismo.

El nudo gordiano que Rajoy tiene que romper es el de nuestra asfixia financiera. Aunque el cuadro macroeconómico de Calamity Helen prevé un crecimiento del 2,3% para 2012, suerte será que no se prolongue durante todo el año el probable decrecimiento de este cuarto trimestre pues el primer impacto de cualquier ajuste será deprimir más la economía. Eso implica que entre el nuevo déficit y los vencimientos de la deuda, España tendrá que recabar de los mercados no menos de 160.000 millones sin esperar ninguna sorpresa agradable por la vía de los ingresos.

El primer problema que afronta el nuevo Gobierno es el tipo de interés de esas emisiones. «No te puedes financiar al 7% porque te mueres», le decía Rajoy a nuestro común amigo. Entre otras razones porque si el diferencial con el bono alemán se consolidara por encima de los 500 puntos, como parecía que iba a ocurrir el mes pasado, ni siquiera a ese tipo se encuentra dinero. Y si no que se lo pregunten a los gobiernos de Cataluña o la Comunidad Valenciana, que no han podido colocar las emisiones autorizadas por el Gobierno y han tenido que ser rescatados con anticipos a cuenta para poder pagar las nóminas de diciembre.

En las últimas dos semanas me he reunido con cuatro presidentes autonómicos y todos ellos coinciden en el discurso: estamos recortando todo lo que se puede recortar pero si después no llega la recuperación tendremos graves tensiones en la calle. Por eso Rajoy puso tanto énfasis en pedirle a Merkel que sus esfuerzos presupuestarios y reformas tengan recompensa a través de unas reglas del juego que acaben con la crisis de la deuda soberana.

La cumbre de Marsella ha dejado en este sentido sensaciones agridulces. Por un lado ha supuesto un compromiso concreto para corregir la cojera estructural del euro, completando la Unión Monetaria con una Unión Fiscal que en la práctica debería suponer unificar la política económica de sus miembros a lo largo del año próximo. Pero nada se ha concretado en cambio de cómo, en pura lógica, eso conllevará también la unificación de las respectivas deudas. Se entiende que Alemania no quiera poner la suculenta carreta repleta de eurobonos antes que los sufridos bueyes de la disciplina fiscal, pero es imprescindible que quienes van a sufrir los rigores de una implacable dieta perciban cuanto antes el premio que les espera. La actual inyección de liquidez del BCE ha dado una tregua y eso se ha notado en las últimas colocaciones de deuda pero la situación volverá a deteriorarse si no se despeja pronto el horizonte de la solidaridad europea.

Las variables que más preocupan a Rajoy son las que no está en sus manos controlar. Por ejemplo, la advertencia de François Hollande de que si gana las elecciones no incluirá en la Constitución francesa la regla de oro de la estabilidad presupuestaria. Por ejemplo, la fragilidad parlamentaria y el déficit democrático del Gobierno Monti. Por ejemplo, la falta de garantías a los mercados de que la quita griega no volverá a repetirse. Y lo que queda al final es un diagnóstico preñado a la vez de incertidumbre y esperanza: «O creamos los Estados Unidos de Europa o esto no funcionará».

Se palpa el miedo. La gente busca con ahínco alguna seguridad donde agarrarse. Los periodistas estamos acojonados, reconozcámoslo, porque nuestro oficio corresponde a un período acabado. No sólo a otro siglo, sino algo más evidente, a la artesanía. Por muy mal que escribamos, nuestra esclavitud consiste en trabajar con la palabra, construir frases, en definitiva, artesanía. Hoy, uno puede ser artesano del diamante, de los bolsos de señora, de la cocina imposible, de cualquier cosa que signifique lujo, selección. Pero nosotros operamos con elementos tan evidentes como la realidad, las noticias y un teclado. La pregunta del millón para un gestor se reduce a algo tan brutal como saber cuál es nuestro valor añadido.

Se palpa el miedo. Nadie se exime de la inquietud. Es el tema de conversación madre de todos los diálogos posibles. ¿En qué medida te afecta la crisis? ¿Del todo, en parte, o casi nada? Los gringos, que son especímenes dados a la audacia, han inventado una simbología brillante y eficaz para designar lo que nos ocurre, y han simplificado en la obviedad una situación cada vez más insostenible. Nosotros, la ciudadanía, somos el 99%. Ellos, los poderes financieros, el 1%. Sin embargo ellos tienen el poder de provocar el miedo y nosotros apenas el de aguantar el tirón para contenerlos. Preguntarse cómo hemos llegado a este punto resulta una banalidad, porque siempre ocurrió lo mismo pero quizá nunca de un modo tan insolente. Ahora te lo explican, para que además aceptes su lógica.

Si usted atiende a la conversación del taxista tradicional, llegará a la conclusión de que la quiebra del Estado de bienestar se debe a los innúmeros casos de estafadores de la Seguridad Social, del fisco, o de las empresas de seguros… Pero si este mundo nuestro se ha ido al carajo y se enfrenta al miedo de un futuro inconcebible, no se debe a los millares de listos que aprovechan las listas del paro para “trabajar en negro”, o a los emigrantes que le sacan partido a una sociedad permisiva e indolente. Nosotros hemos quebrado porque hay gente que se ha llevado los fondos. Y cuando uno se refiere al patrimonio, no se trata de los parados tramposos, ni los trabajos en precario, ni las colocaciones nepotistas. Para gastarse la fortuna del Estado se necesita voluntad y apaño, no talento.

El dinero es lo más parecido a la energía. Ni se crea, ni se destruye, sólo se transforma. Cambia de manos. La riqueza sí que se crea, pero aquí se trata de usarla, no de inventarla. Y además los ricos son cíclicos, unos suben y otros bajan, y algunos entran de rondón, pero se necesitan ciertas condiciones básicas. Ayuda financiera o política, que viene a ser lo mismo. La cantidad de libros sobre la transición española y no conozco ninguno que me explique por lo menudo cómo se mantuvo el principio del Gatopardo, según el cual todo cambió para que siguiera igual, o parecido.

¿De verdad fue la burbuja inmobiliaria la que provocó la quiebra del país? No me lo puedo creer porque es inconsistente; hasta habría un argumento escolástico según el cual un efecto no puede ser considerado una causa. Otra cosa es que la ambición de bancos y cajas, que ganaron dinero a espuertas, les hiciera creer que podía seguir el negocio cuando era evidente que el castillo de naipes se venía abajo. Hay cosas que deben decirse porque si no nos moriremos de rabia y de vergüenza. Cuando una caja de ahorros es capaz de conceder créditos fallidos a toda su cúpula directiva y llega a la quiebra, no se puede escribir que ha sido la tal burbuja la que ha llevado al cierre. Es una estafa, y mucho más grave porque es legal; no puede subsanarse ni paliarse, y ni siquiera se puede embargar a los estafadores. Los mismos, además, que se aseguran un retiro de fábula.

Ocurre como con el Estado de bienestar, tan traído y llevado en estas últimas fechas. Si los que han gestionado el Estado de bienestar se han forrado, no podemos decir que el Estado de bienestar corresponde a otra época; sencillamente ustedes han facilitado su quiebra. Deberíamos ponerle nombres a las cosas, porque uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española –no digamos ya la catalana– es que jamás le ponemos nombres a las cosas. Nos limitamos a hacer como los gabinetes policiales: hemos detenido a 40 mafiosos, a una trama de falsificadores, y a una red de proxenetas. Mientras no sepamos cómo se llaman, no es información, es propaganda.

A lo que voy. Hay que explicar cómo es posible que los administradores del Estado de bienestar puedan considerar que eso ya no da más de sí, y al mismo tiempo por qué eso les ha servido para construirse una fortuna. No tiene nada que ver con la demagogia, tiene que ver con el funcionamiento de una sociedad democrática. Y lo que caracteriza a una sociedad democrática no es que la gente vote –acto cada vez más intrascendente, a tenor de sus efectos– sino su transparencia. Cabría pensar en una duplicidad política según la cual quien fracasa en la gestión pública triunfa en el beneficio privado. Y además conserva el prestigio, lo cual anonada. Imagínense el hallazgo: uno pondría su fortuna a gestionar por estos linces, pero jamás se atrevería a hacerlo con los fondos públicos.

Aparquemos las boberías sobre lo líquido y lo gaseoso, la política sigue siendo una tarea mixta de poder y administración, lo demás figura en el terreno de las ideas, donde cada cual mide para qué va a usar el poder y cómo lo va a administrar. Nosotros llevamos años en una nube, entre otras cosas porque a la gente le agrada más vivir en el cielo que bajar a la realidad, y luego porque acepta unos dirigentes impresentables.

Independientemente de cómo le funcione a Italia la experiencia de Mario Monti, la evidencia es que plantea tal cantidad de cuestiones que exigen una reflexión. En primer lugar, una nueva modalidad de estado de excepción. Nosotros sólo conocíamos los estados de excepción por causas ligadas a la violencia, a la inseguridad, a la extrema derecha o a la subversión en general, por usar un concepto arcaico. Ahora hemos de afrontar golpes de Estado de consenso, lo cual parece una tautología. ¿Y los partidos? Salen muy mal parados de la experiencia, porque nacieron y son instrumentos para la gestión del poder, y si no sirven para eso, ¿qué hacemos con ellos? Es grave, porque además son caros. He de precisar que aún son más caros los bancos mal gestionados y las cajas insolventes, que por cierto jamás pasaron por el consenso de las urnas.

¿Cuánto tiempo puede durar el Gobierno de Mario Monti? La respuesta sería obvia: el tiempo que le concedan quienes lo pusieron. Pero esta crisis va para largo, ¿qué harán luego, convocar elecciones, o demorarlas hasta que acabe? No se sale del pozo sin una pelea a muerte, ¿o acaso creen que la gente va a asumir una proporción de castigo superior a la de quienes provocaron la crisis? Hay gente bienaventurada que piensa que eso de la lucha de clases –o la pelea por la vida, que en definitiva es lo mismo– se acabó el día que aparecieron las telenovelas y se descubrió que los ricos también lloran. Lo de Italia es una quiebra institucional sin precedentes. Fascinante, como objeto de estudio y reflexión; llena de ángulos, pero al tiempo preñada de incertidumbres.

O la quiebra o el ricino. Pero habrá que explicar que para el 99% de la población la quiebra es el aceite de ricino. Sin embargo, al 1% restante se le ofrece la mejor de las ocasiones para consolidarse en la nueva coyuntura económica. Estamos ante una crisis del sistema, que en algunos casos, como el nuestro, coincide con una quiebra política, y ante esto podemos hacer muchas cosas, pero hay dos básicas: o explicamos todo lo que sabemos o nos limitamos a ir describiendo los efectos. Los periodistas me temo que hemos perdido el sentido de nuestra responsabilidad, que consiste en noticiar a la gente lo que de otra manera no conocería. Nos hemos vuelto analistas; una variante del telepredicador posmoderno.

Un agujero negro es una concentración de masa que causa tal fuerza gravitatoria que ninguna partícula, ni siquiera los fotones, pueden salir de ella. En la actualidad, la masa de activos de los bancos inmovilizados de una forma o de otra en inmuebles ejerce ese efecto sobre el conjunto la economía española. Aunque son muchas las reformas necesarias -laboral, financiera, de las administraciones, de la justicia, de la educación- la solución de esta cuestión puede ser el primer paso hacia la recuperación.

El problema tiene su origen en la famosa burbuja inmobiliaria, con la peculiaridad de que lo grave no ha sido su explosión sino justamente que sigue flotando, gracias al papel en la misma del sistema financiero. A lo largo de poco más de 10 años los precios de las viviendas subieron en España un 250% y durante varios años se construían en España tantas viviendas como en todos los demás grandes países europeos juntos. La especialidad de la burbuja es que, en 2007, aproximadamente un tercio de todo el dinero prestado al sector privado por entidades financieras españolas lo era a promotoras inmobiliarias. Cuando en la segunda mitad de 2007 se paran las ventas de viviendas y las promotoras no pueden pagar los préstamos, el ajuste no se produce a través del desplome del precio de la vivienda. En un contexto de gran incertidumbre sobre la viabilidad de todo el sistema financiero, las entidades financieras convencen al poder político para tomar otra dirección, la de la ya famosa “patada adelante”. Para que no quiebren los promotores, las entidades financieras llegan con ellos a pactos de refinanciación, que se intentan reforzar con la reforma de la ley concursal. Como los bancos no pueden hacer frente a sus propios vencimientos de deuda, el Estado y el BCE les prestan dinero, y el Banco de España echa una mano relajando las normas sobre provisiones en inmuebles para evitar que las daciones en pago supongan grandes pérdidas en sus balances.

La idea era que se fuera vendiendo poco a poco el stock de viviendas, y que los bancos se fueran recapitalizando con su actividad normal. Desgraciadamente, las consecuencias de esa táctica han sido muy otras, y tremendamente negativas para la economía española. Por una parte las ventas de viviendas no se han recuperado, sino que se han paralizado de forma casi total. A través de daciones en pago, de refinanciaciones o de canje de deuda por acciones de las promotoras, casi todo el stock de suelo y vivienda nueva no vendida está en manos, directa o indirectamente, de los bancos. La relajación en las normas sobre provisiones hace que les interese más mantener los inmuebles en el activo que venderlos a precio

de mercado, lo que mantiene los precios de la vivienda artificialmente altos: la vivienda sigue sobrevalorada en un 30% o 40% comparada con sus valores históricos de precios sobre rentas o sobre ingreso medio familiar. Por otra parte, la enorme masa de deuda ha ido atrayendo hacia la parálisis al resto de la economía, pues la inmovilización de los recursos de los bancos en activos inmobiliarios es un factor fundamental en la restricción del crédito al resto de las empresas, a las que simultáneamente se les ha reducido el crédito y aumentado los intereses.

Mientras tanto, los bancos españoles seguían dando año tras año grandes beneficios (nada menos que la CAM dio un beneficio de 368 millones en 2010) y repartiendo buena parte de los mismos en dividendos a sus accionistas (7.600 millones de euros repartieron en 2010 los bancos del Ibex). Cabe sospechar que los interesados ya se imaginaban que las refinanciaciones eran imposibles, que las ventas caerían más y los precios también; pero que también pensaron que esa estrategia les permitiría mantener sus puestos y cobrar sus bonus y sus dividendos al menos unos años más, aunque eso perjudicara a la economía, al Estado y a los propios bancos. Aún hoy los bancos siguen ampliando sus secciones dedicadas al sector inmobiliario, con la idea de esperar hasta que los puedan sacar al mercado con ganancias.

El problema no es solo que esto nos parezca mal e injusto, sino que es inviable. Por una parte no volverá a fluir el crédito mientras una gran parte de los recursos de los bancos españoles están presos en unos activos que no se venden ni rentabilizan. Por otra, si tenemos en cuenta el coste real de financiación, la amortización y los costes de mantenimiento, cada año que pasa con el mercado paralizado, la pérdida real del banco aumenta en más de un 10% del valor de esa masa improductiva.

Es absolutamente necesario que el nuevo Gobierno y el Banco de España tomen las medidas necesarias para que en un plazo breve, de dos o tres años, los bancos vendan la totalidad de la vivienda terminada y se termine la iniciada. Se tiene que inspeccionar a las entidades y poner fin a las refinanciaciones totalmente inviables y obligar a la liquidación de stock de las inmobiliarias de forma progresiva. El argumento de que obligar a los bancos a vender a precio de mercado los quebraría es falso al menos en parte, pues a la vista de los supuestos beneficios de los bancos está claro que se podría -debía- haber sido mucho más exigente en materia de provisiones. Incluso la intervención de alguna entidad es un mal menor comparado con la situación actual y sobre todo con lo que sucederá si se deja pasar más tiempo. En caso de intervención, se debe proteger a los depositantes, pero no a los accionistas u obligacionistas, que han asumido el riesgo (y a menudo han obtenido el beneficio) de financiar a esas entidades mal gestionadas. Tomar esas medidas tampoco hará desplomarse en Bolsa a los bancos españoles: de sobra saben los inversores que los balances de los bancos son irreales y por eso la banca española que cotiza lo hace a un valor que solo es entre el 30% y un 70% de su valor en libros.

El efecto de las medidas será la reactivación del mercado inmobiliario y de las actividades conexas, el aumento de la recaudación y la mayor circulación del crédito. Naturalmente, veremos cómo nuestras viviendas valen menos y no nos podemos endeudar a cuenta de ellas, pero eso es algo que a estas alturas también los ciudadanos tenemos descontado.

El límite a partir del cual ninguna partícula puede escapar a la atracción de un agujero negro tiene el enigmático nombre de “horizonte de sucesos”. Si conseguimos reducir la masa de crédito inmovilizado, es posible que el resto de la economía pueda encontrarse fuera de esa línea y empecemos, por fin, a ver otro horizonte.

Asistimos estos días, como en otras ocasiones durante la crisis, a un conjunto de fenómenos financieros y políticos en Europa que nos mantienen a medio camino entre la esperanza, por un lado, y, por otro, la perplejidad y el desasosiego. Hoy tiene lugar una cumbre que estaba llamada a ser el punto de inflexión de una eurozona amenazada y atenazada, con escasa capacidad de resolución política. De hecho, la semana previa a la cumbre había estado impregnada de optimismo y, como si de una victoria adelantada se tratase, los mercados habían dado algo de respiro a las maltrechas finanzas públicas europeas, con una reducción generalizada de los diferenciales de deuda de los países más afectados. Sin embargo, aún no ha comenzado la cumbre y ya hemos topado con la realidad de las incertidumbres, el pesimismo y las dudas.
Mucho ruido, eso es lo que menos necesitaba esta cumbre y, sin embargo, es lo que más está aconteciendo. Y queda por ver si el ruido traerá nueces o, como en tantas otras ocasiones, tan sólo confusión. Tal vez sea ésta una buena oportunidad, a las puertas de la crisis, para preguntarnos sobre la situación de España y en qué medida su devenir está ligado al de Europa o a sus propias acciones. Hay un poco de las dos cosas.

En lo que se refiere a Europa, a la cumbre de hoy se llega en un mar de confusión. Se suceden noticias parciales y ninguna suficientemente contundente o clara para dominar el tono general de la situación e invitar al optimismo. Así, por ejemplo, el Banco Central Europeo reducía ayer los tipos de interés y extendía la barra libre de liquidez para los bancos, dos noticias que hubieran contribuido a animar el entorno financiero de no ser porque, de paso, Draghi sugirió que no es deber del BCE realizar compras masivas de deuda —un elemento clave que el mercado y todos esperamos como una de las pocas soluciones a corto plazo—. Europa se enfrenta a una travesía del desierto muy dura en los próximos años, en el que incluso en el caso del mejor escenario no es para lanzar las campanas al vuelo. Este escenario vendría dado por un pacto fiscal muy orientado a la austeridad (sanciones para los incumplidores incluidas) entre los países de la eurozona, que sólo parece que a medio plazo incorporaría un soporte o garantía sobre la deuda, cuando ya llegara el Mecanismo de Estabilidad Europeo (ESM), bien avanzado 2012 o ya en 2013. Para entonces, algunos países pueden estar ya ahogados por la presión sobre el tipo de interés de sus bonos o por la falta de financiación. Sería un escenario además que impondría una recuperación muy lenta. Si todos los Estados aplican la austeridad a la vez y sin concesiones, será difícil que unos tiren de otros y se estimule el crecimiento. Sólo si el compromiso europeo fuera muy fuerte y viniera acompañado de un apoyo a la deuda común, sería posible compaginar la austeridad fiscal con un impulso a medio plazo de áreas prioritarias para el crecimiento económico. Pero esa panacea parece ahora muy lejana. Resulta difícil de entender, en todo caso, la escasa altura de miras en la gobernanza política europea actual, donde no parece asumirse que la moneda única fue un contrato que unió a sus miembros para bien y para mal y cualquier esfuerzo unilateral no tendrá beneficios para nadie.

En cuanto a España, en estos momentos está sometida a un escrutinio renovado, con un nuevo gobierno con amplia mayoría parlamentaria y con retos fiscales y macroeconómicos de proporciones considerables. Por eso, tal vez una buena premisa para el país sea hacer lo que sea preciso, como se ha dicho tantas veces, tapándose los oídos para no dejarse llevar por la confusión y la cacofonía europea. Que Europa ayude es necesario, pero no suficiente. En Europa se producen tantos acontecimientos parciales y de alcance limitado que todos los países afectados, como España, parecen esperar una decisión que les redima y muestre el camino, en una tensa espera que lo que provoca en muchos casos es que se olvide o pospongan los propios deberes y reformas.

De lo poco que ha trascendido hasta ahora sobre lo que se puede hacer y se hará desde España, la austeridad presupuestaria y la reforma del mercado de trabajo parecen contar con un marcado protagonismo. Desde luego, son pilares importantes para reforzar el compromiso del país con la consolidación fiscal y con los cambios estructurales que las instituciones laborales precisan y que, de forma cruda, tendrán en una reducción de los salarios reales su instrumento más poderoso y triste a la vez. Pero hay que recordar también que, a corto plazo, lo que España afronta es un desafío muy importante de financiación que se estructura en tres niveles: un diferencial de deuda pública elevado; un endeudamiento privado muy significativo, que se reduce de forma demasiado lenta; y, un problema de deterioro de activos bancarios, que es el principal reflejo de los desequilibrios tan importantes que España acumuló en relación al mercado inmobiliario. Este último punto es, sin embargo, la base por la que puede comenzar a recomponerse el puzzle y, por lo tanto, urge su resolución cuanto antes y de forma contundente. Poco ha trascendido sobre los planes del nuevo gobierno sobre este punto, pero seguro que será una prioridad.

Si se afronta el saneamiento de activos bancarios pueden disiparse gran parte de las dudas que la mayoría de los inversores foráneos tienen sobre España, porque éstos estiman que el agujero inmobiliario ha sido muy importante y, sin embargo, aún no se ha resuelto en buena medida. Y con la confianza de los inversores pueden llegar soluciones a distintos ámbitos de la actividad económica. Eso sí, resolver estos problemas —con una fórmula de banco malo o similar, por ejemplo— requiere asumir que tal vez España tenga que plantear alguna forma de ayuda financiera externa, porque los límites al déficit público y los recursos actualmente disponibles para la reestructuración financiera se antojan insuficientes. Evidentemente, Europa puede tener un papel en este contexto, pero en el problema bancario, como en otros deberes de reforma, esperar una solución europea puede ser esperar demasiado tiempo. Incluso resuelto el problema bancario, el camino para España será largo y requerirá importantes sacrificios, será sólo el comienzo de un duro camino. Ese camino supondrá de forma inexorable una cierta vuelta atrás para recuperar parte del camino andado de forma desequilibrada, e incorporará, casi con toda seguridad, elementos tan impopulares como la deflación de salarios y mayor presión fiscal. Eso sí, será más fácil que los ciudadanos asuman estos sacrificios si perciben una recuperación de la confianza externa en España y una senda progresiva, aunque sea lenta, de recuperación económica y del empleo. Con la ayuda de Europa, todo sería más fácil pero no hay tiempo para esperar.

Merkel y Sarkozy han despejado las dudas que pudieran quedar y se han lanzado a salvar el euro aunque ello entrañe la refundación de la UE. Berlín y París han pactado, a falta del debate del viernes en el Consejo Europeo, reformar los tratados de tal modo que se «refuerce y armonice» la regla de oro del déficit. Se avecinan tiempos de fuerte marejada e incertidumbre, de severos ajustes para generar confianza en los mercados. Y en este momento crítico para el euro, uno no puede evitar acordarse de que el Premio Nobel de Economía de 1999 fue concedido a Robert Mundell por, entre otras contribuciones científicas, su teoría del área monetaria óptima. Afirma esta teoría que cuando un grupo de países comparten área geográfica y similares características socioeconómicas, lo ideal es que tengan la misma moneda.

Cuando se creó la zona euro todos sabíamos que las características económicas (y aun sociales y culturales) de los países integrantes no eran suficientemente parecidas para cumplir al pie de la letra los requisitos teóricos de un área monetaria óptima. Y a pesar de todo, la mayoría de los economistas, incluyendo al propio Mundell, apoyaron la decisión de adoptar el euro como moneda común. Al fin y al cabo, lo que la teoría económica determina son condiciones matemáticas perfectas que rara vez se dan, de modo que juzgamos una política económica no por su cumplimiento exacto de las condiciones de la teoría, sino por su grado de proximidad a ellas.

Los países del euro no eran iguales entonces ni lo son ahora. Así, por ejemplo, las diferencias idiomáticas hacen imposible la perfecta movilidad geográfica de la mano de obra, por más que la libre circulación de personas sea un derecho reconocido; y la asincronía del ciclo económico entre los diferentes países de la Eurozona, derivada de la diferencia en sus respectivas estructuras económicas, complica muchísimo el manejo de la política fiscal y monetaria, un elemento esencial para la estabilidad y el crecimiento.

Pero aun sabiendo todo eso, teníamos el convencimiento de que si los países miembros mostraban buena voluntad política, la proximidad a las condiciones ideales era suficiente para constituir un área monetaria, si no óptima, viable. Ahí está el dólar, tras más de 200 años, para probarlo. Y sin embargo, con tan solo 12 años de vida, la continuidad del euro está siendo cuestionada. ¿Qué ha pasado?

Simplemente, que la Convención de Maastricht no fue para la UE lo que la de Filadelfia para EEUU; que, en consecuencia, ninguno de nuestros presidentes ha podido ser Washington; que el euro no tuvo detrás la autoridad que el dólar encontró en Alexander Hamilton; y que sin un Gobierno claro y con un mandato directo de los ciudadanos no se puede funcionar.

Eso está ahí e insistir ahora en ello es como si, habiendo descubierto que no tenemos un buen sistema de alertas, en mitad de un huracán pretendemos reorganizar el servicio meteorológico, cuando lo urgente es tapiar puertas y ventanas. En consonancia con las líneas maestras trazadas por Merkozy, lo que España puede hacer por el euro, y por ella, es arreglarse a sí misma.

En los próximos dos años vamos a necesitar mucho dinero para refinanciar nuestra deuda y estabilizar la economía. No lo tenemos, y tampoco posibilidad de generarlo a base de ahorro interno, de modo que otros deben dárnoslo prestado. Para que eso ocurra no serviría de nada recordarles a Francia y Alemania que ellas, habiéndose saltado el Pacto de Estabilidad por su propia conveniencia, dieron hilo a la excesiva emisión de deuda pública; que en buena parte, además, sus bancos la financiaron sin mayores miramientos; que la burbuja inmobiliaria no habría sido posible sin que hubieran concurrido dos agentes: nuestro sistema bancario, que sentó las bases para ella, y el suyo, que la alimentó; y que está muy mal dar pie a posibles desafectos ciudadanos en la Unión.

Todo eso no les importa nada a las instituciones que gestionan el ahorro internacional. Lo que ellas quieren ver es que a los bonos de España los respalda una economía robusta, capaz de producir el ingreso suficiente para repagar la deuda. Tal como está, no lo es. Esa fortaleza económica sólo podremos tenerla a base de muchas reformas, y el cambio nos va a doler. Hay quien piensa que existe una alternativa: echarles un pulso a los países del norte (en realidad, a Alemania). La idea es que, al final, no se atreverán a trocear la Eurozona. Yo no me fiaría de eso. Es verdad que Alemania tiene hoy lo que dos penosas guerras le negaron: un mercado donde colocar el fruto de su diligente trabajo. Pero un mercado menor, unido al orgullo patrio de no ser tomada por el pito de un sereno, seguramente le basta. Así que conviene evitar las ideas pintorescas.

España debe salir de esta crisis adoptando por sí misma las medidas necesarias para ello, y una vez encauzado el nuevo Gobierno, tras una campaña electoral en la que los dos principales candidatos parecían peleados más por la necesidad de distanciarse entre sí que por sus diferencias reales, todos deberían reconocer que en realidad las medidas necesarias para salir de la crisis no tenían mucha elección. Cometeremos un error si ahora nos dedicamos a poner palos en las ruedas del Gobierno de Rajoy. Porque si queremos recuperar alguna vez el bienestar perdido en la crisis, las reformas que lleve a cabo el nuevo Ejecutivo popular serán inevitables. Y acabar siendo gobernados por alguien que no ha sido elegido directamente en las urnas sería un auténtico bochorno, algo que debería preocupar, y mucho, a cualquier ciudadano sensato.

El diseño de un modelo energético seguro, sostenible y competitivo ocupa un lugar prioritario en la agenda política europea y española. Compartimos unos retos comunes con los países de nuestro entorno que tienen su origen en la necesidad de suministrar de forma eficiente y segura una demanda energética creciente en un escenario de precios al alza, derivados de la evolución de las materias primas y de las restricciones ambientales, que impactan en la competitividad de todos los sectores productivos. Pero, además, confluyen en nuestro país factores diferenciales agravantes; unos de carácter estructural, como la elevada dependencia energética del exterior y el escaso nivel de interconexiones eléctricas y gasistas existente; otros, derivados de decisiones estrictamente administrativas que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes, poco maduras y no siempre respetuosas con el medio ambiente.

Como consecuencia de estas decisiones han crecido exponencialmente las primas a las energías renovables y la cogeneración (el llamado régimen especial) que han elevado significativamente los costes eléctricos. Este aspecto, unido al mantenimiento de las tarifas de suministro oficiales sin reconocimiento de dichos incrementos de costes, ha generado un déficit de tarifa que es equivalente ya al 2% del PIB de nuestro país y que, por contar con el aval del Estado en su titulización, puede afectar directamente a la consideración de la deuda pública.

La necesidad acuciante de abordar los retos energéticos pendientes se produce, además, en un escenario de crisis económica sin precedentes, a cuya solución puede contribuir decisivamente el sector dado su carácter dinamizador del desarrollo económico, industrial y social. Se trata de un sector que invierte en España alrededor de 15.000 millones de euros anuales, destinados al desarrollo de infraestructuras determinantes para la competitividad del país y sin recurrir a los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, y da empleo directo e indirecto a 400.000 personas. Además, realiza compras anuales por valor de 40.000 millones de euros a fabricantes y suministradores, con el consiguiente efecto tractor para el conjunto del tejido industrial.

Es urgente diseñar una estrategia para el sector clara y estable, que haga de la política energética una cuestión de Estado y en la que trabajen de forma conjunta todas las fuerzas políticas, para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad al sector. Además, es fundamental establecer un marco jurídico y regulatorio predecible, que dé certidumbre a las inversiones energéticas y confianza para acometer nuevos proyectos.

Para llevar a cabo los cambios necesarios es esencial que se realice una planificación completa y detallada, que dote de visión de largo plazo y que permita adoptar decisiones sobre las distintas opciones que se plantean.

Esta planificación debe ser la base de un nuevo modelo energético que, a mi juicio, debe tener cinco objetivos principales: en primer lugar, la garantía de suministro, con el fin de asegurar la cobertura de la demanda; en segundo lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según los compromisos de nuestro país en materia de cambio climático; el tercer objetivo es la eficiencia económica, tanto en inversión como en costes, que mejore la competitividad de la economía; el cuarto, la reducción de la dependencia exterior, disminuyendo la vulnerabilidad en términos de riesgos de precio y geopolíticos; y finalmente, garantizar la contribución al crecimiento de la economía española, ya que el modelo energético puede y debe tener un impacto positivo sobre la balanza comercial, así como sobre el desarrollo industrial y la creación de empleo.

El balance eléctrico para 2020 se realizaría partiendo de una demanda nacional estimada en 300 TWh en 2020 (en lugar de los 350 TWh previstos en el PER 2011-2020), con una potencia punta de 55.000 megavatios y un índice de cobertura del 1,1, valor comúnmente aceptado como límite para garantizar la cobertura de la demanda. Además, tendría que cumplirse estrictamente el objetivo de renovables planteado por la Unión Europea para España, cifrado en el 20% sobre el consumo final, en lugar del 20,8% propuesto en el mencionado plan energético oficial, lo que implicaría rebajar la producción renovable de 146 TWh a 126 TWh, priorizando aquellas tecnologías más eficientes en función de su coste de producción e inversión.

El mix de producción resultante sería equilibrado, con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa. Las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos de nueva capacidad ascenderían a 36.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que la cifra prevista en la planificación oficial.

Esta estructura de producción tendría un triple efecto positivo en términos de sostenibilidad ambiental (20% menos de emisiones con respecto al PER); menores costes de suministro (20% inferiores) y menores necesidades de inversión (-20%), un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros y del que se podrían beneficiar otros sectores de nuestra economía.

A este notable incremento de eficiencia en el suministro de energía, habría que añadir los beneficios derivados del hecho de que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional. Ello permitiría el mantenimiento o la creación de cientos de miles de puestos de trabajo estables.

Además, sería necesario destinar más de 19.000 millones de euros a las redes de distribución, tanto para llevar a cabo las inversiones recurrentes como para desarrollar las llamadas redes inteligentes, y cerca de 11.000 millones de euros para las redes de transporte de electricidad, las interconexiones con nuestros vecinos y la evacuación de la energía de las nuevas centrales renovables que se construyan.

Esta propuesta de planificación debe ir acompañada de algunas reflexiones y, en su caso, decisiones regulatorias, dado que, a día de hoy, más de la mitad de los costes incluidos en la factura eléctrica no están relacionados con el suministro de electricidad, sino con decisiones políticas tales como el suministro eléctrico a las islas, la financiación de los déficit de años anteriores, los costes sociales de la minería del carbón o la tarifa social, además de un sinfín de tasas e impuestos de ámbito local, autonómico o estatal.

En definitiva, las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito energético deben ser abordadas desde una visión de Estado que vele por la solidez y la estabilidad del modelo, sin el dictado cortoplacista de las coyunturas económicas y políticas. Como recientemente decía el también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de la perspectiva con la que los gobiernos deberían afrontar la crisis: «el político no puede decidir pensando en las próximas elecciones. Tiene que pensar en las próximas generaciones».

En el año 2005 la iniciativa europea de transparencia lanzaba su Libro Verde, con tres objetivos: la transparencia del lobbying, la lucha contra el fraude y que se implantasen estándares éticos y control de los legisladores. Poco tiempo después, en el Congreso de los Diputados se discutían diferentes iniciativas para avanzar hacia un registro de lobbies, lo que permitiría tener un sistema de incompatibilidades efectivo después del escandaloso paso del señor Taguas de la oficina económica de La Moncloa a Seopan, el grupo de representación y presión de las grandes empresas constructoras del país. Pero dichas iniciativas siempre contaron con el rechazo compartido de PSOE, PP, CiU y PNV. Esos partidos nunca han explicado que la falta de control y transparencia hoy no solo ha supuesto un claro debilitamiento de nuestras estructuras democráticas sino que ha afectado poderosamente a nuestra economía.

Se habla mucho de las debilidades de la economía española: del excesivo déficit público, de los gastos superfluos, de la pretendida rigidez del mercado laboral… Pero si analizamos cada una de esas proclamas, los datos no acompañan lo que se explica.

¿Cuáles son las principales debilidades de nuestra economía? El problema no es la deuda pública (65,2% del PIB, mientras en el resto de la zona euro se llega al 85%), sino el fuerte endeudamiento privado. El problema no es haber invertido de más en el Estado de bienestar (una inversión social que se sitúa en el 74% de la media europea, mientras nuestra renta media está en el 94%), sino el haber sido campeones mundiales, en terminología de Zapatero, en inversiones y en infraestructuras caras e infrautilizadas. El problema de nuestra economía no es la pretendida rigidez del mercado laboral (nuestro mercado laboral arroja cifras que expresan claramente su flexibilidad: somos los segundos de Europa en temporalidad y primeros en precariedad), sino nuestra fuerte dependencia energética. Y dichos problemas tienen mucho que ver con los orígenes de determinadas decisiones y la influencia de tres sectores, el financiero, el de las grandes constructoras y el eléctrico.

La gran debilidad de la economía española para financiarse en el exterior es la excesiva deuda privada, de particulares y empresas, que asciende a un 217% del PIB (47% por encima de la media europea, siendo más de la mitad de esta deuda del sector inmobiliario y de la construcción). El impago de deudas del sector inmobiliario es de 142.000 millones de euros. Y se ha llegado a estos porcentajes porque en los años en que se debía legislar para evitar el sobreendeudamiento hubo quien se negó a regularlo. En los años de crecimiento tampoco se permitió regular las remuneraciones en el sector financiero ni para fijar un límite a los sueldos de los directivos ni para evitar las altas remuneraciones asociadas a prácticas de riesgo. Riesgos que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad, con esa perversa lógica que se aplica de la socialización de las pérdidas precedida siempre por la privatización de las ganancias. Si nunca se avanzó de forma sustancial no es solo por la negativa a regular de la mayoría parlamentaria sino también por la extraordinaria influencia del sector financiero.

La segunda debilidad de nuestra economía no ha sido invertir en exceso en áreas que desarrollaban y ampliaban derechos. En cambio, se ha invertido en enormes infraestructuras infrautilizadas: aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y AVE sin pasajeros. Lo peor es que la previsión es continuar haciéndolo. Vamos a ser el segundo país del planeta en kilómetros de AVE, mientras que en Alemania, con un coste que no llega al tercio del kilómetro construido de AVE, llevan años invirtiendo en trenes que circulan hasta 250 kilómetros por hora, una infraestructura que además de más barata permite compatibilizar transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Hemos construido autovías para que las utilicen menos de 3.000 vehículos al día, con una tasa de rentabilidad negativa todos los días del año (a lo sumo son útiles 10 o 15 días al año). Si esto es así no es por casualidad o por una mayor estupidez de nuestros políticos, sino por el peso de las grandes constructoras en las decisiones que toman nuestros Gobiernos y nuestro legislador. Y como muestra, uno de los últimos botones: en plena crisis se ha conseguido dinero y crédito para ayudar a las concesionarias de aquellas autopistas (las radiales en el entorno de Madrid) por donde no pasan suficientes coches para amortizar las inversiones realizadas, volviendo a la socialización de las pérdidas.

La tercera debilidad es nuestra dependencia energética. Nuestro país es el que más depende energéticamente del exterior en la zona euro, si entre las dependencias contamos el uranio, siendo especialmente vulnerables ante un escenario de subida del precio de los carburantes. Pero las políticas energéticas se basan más en las necesidades de las empresas energéticas que en las necesidades económicas del país. Un ejemplo paradigmático es el debate eléctrico. Se habla del déficit tarifario, en cambio, no se explica que año tras año, por una mala regulación, las eléctricas ganan miles de millones de euros en lo que se conoce como los beneficios caídos del cielo, ya que venden la electricidad generada en instalaciones ya amortizadas (nucleares e hidráulicas) al mismo precio de la tecnología más cara. Pero los diferentes Gobiernos solo hablan de lo que cuestan las renovables, quizás porque hay quien invirtió en ciclos combinados que no funcionan las horas previstas y ahora temen que un mayor impulso de las energías renovables les imposibilite amortizar dichas inversiones. De esta manera pagamos todos, no pudiendo reducir nuestra dependencia energética porque lo prioritario es que las eléctricas amorticen sus inversiones.

He puesto estos tres ejemplos en un contexto, el europeo, en el que quieren que creamos que es necesario tener Gobiernos más tecnocráticos. Lo vemos en el caso de Grecia e Italia: en ambos casos los Gobiernos están formados por exmiembros de compañías como Goldman Sachs, uno de los bancos en que recae parte de la responsabilidad de la crisis. Uno no puede dejar de preguntarse si los antiguos asesores de los pirómanos de la crisis pueden ser sus actuales bomberos. Dudo que los antiguos asesores tomen ahora decisiones contrarias a los intereses de sus antiguos patrones. Pretenden que dichos Gobiernos impongan medidas impopulares, que no busquen el respaldo de las urnas, introduciendo una lógica perversa y alarmante: las decisiones políticas, cuanto menos populares, incluso cuanto menos democráticas, mejores resultarán para la economía. Es otra versión de lo acontecido en la campaña electoral con un PP que ha basado su estrategia en no explicar lo que haría.

Pero los tres ejemplos expuestos, si algo demuestran, es lo contrario: con más transparencia y con mayor independencia, las decisiones defienden más el interés general que el particular. La garantía de que un Gobierno defienda el interés general es que tenga que cumplir y servir a la ciudadanía. Y para que sea posible, lo que necesitamos es más información y mayor independencia, más democracia y no menos, como algunos sibilinamente parecen asumir.

Philip Petit, uno de los filósofos de referencia de Zapatero, decía que el “el Estado tiene el poder, precisamente, para evitar que unos fuertes tomen como súbditos a unos débiles”. Pero la actuación del anterior Gobierno en su política económica se balanceó en una política económica de equilibrios que no ha cambiado la insostenibilidad e ineficiencias de nuestro modelo productivo, siguiendo la estela de otro Petit, Philippe, el funambulista francés que se paseó sobre una cuerda entre las torres gemelas. Lamentablemente, esta manera de gobernar que tiene como última expresión el indulto a un banquero condenado, lo que hizo es desarmar a la izquierda, para que ahora se abra paso una derecha que no lleva ni por asomo en su agenda la mejora del funcionamiento democrático. Hoy, la transparencia, el control e independencia de la política respecto al sector financiero, las grandes constructoras o el sector energético, se ha convertido en una cuestión no solo de supervivencia de la democracia sino en una garantía para la mejora económica del conjunto de la sociedad. Y por mucho que continúe sin estar en la agenda del actual Gobierno, deberíamos conseguir que empiece a estar en la hoja de ruta de la oposición que queda.

Las noches electorales condicionan el desarrollo de cada nueva legislatura no sólo a causa del incontestable escrutinio sino también en razón de esas primeras explicaciones que se ofrecen sobre el resultado de cada sigla. El éxito y el fracaso son sensaciones que dependen de cómo se interprete el recuento de votos en su sentido más teatral. La derrota más evidente de un partido puede quedar atenuada porque sus dirigentes saben relativizarla con una mezcla de descaro y sentido de la oportunidad horaria a lo largo de la noche electoral. El éxito más encomiable puede pasar inadvertido porque sus beneficiarios no exterioricen suficientemente su alegría. Pocas convocatorias electorales han sido menos manipulables en su resultado que los comicios del 20-N. Quizá por eso mismo ni vencedores ni perdedores se han sentido obligados a analizar públicamente su éxito o su fracaso. Siempre con una salvedad: la derrota atrae más la atención crítica que la victoria. De forma que podemos tener una idea aproximada de por qué ha perdido el socialismo, pero parece que importan menos las causas del éxito cosechado por casi todos los demás: el PP, los nacionalismos catalán y vasco, Izquierda Unida e Iniciativa y UPYD.

El panorama resultante ofrece indicios de encuadramiento ideológico, de un voto que se refugia en la autenticidad de una contestación al sistema que explicaría el ascenso de la antaño autoproclamada izquierda real. Permite también suponer que se ha producido otra búsqueda de refugio seguro en el voto a los nacionalismos como opciones de contención frente a las incertidumbres de la globalidad y a la descontada victoria del PP. Incluso cabe interpretar el voto al PNV como una réplica doméstica frente a la ola Amaiur. Pero tanto el trasvase del PSOE al PP como el incremento de las adhesiones a UPYD dan a entender que se han desbordado los diques de contención más doctrinarios para dar paso a nuevas manifestaciones del contrato electoral, más eclécticas y volubles. Manifestaciones que, rascando un poco el barniz superficial de todos los demás votos, podríamos encontrar, en una medida u otra, en cada sufragio.

El advenimiento del crepúsculo o el del final de las ideologías ha sido una constante de los vaticinios más pretenciosos del último medio siglo. La intuición de que algo estaba cambiando mezclada con el deseo de que fuera así. Es probable que el 20 de noviembre se dieran cita la resignación y la indignación como extrañas compañeras de un viaje hacia una meta indeterminada. Es probable que cada elector que decidió cambiar el sentido de su voto, que optó por votar cuando no lo había hecho antes o dejar de acudir al colegio electoral cuando había ido siempre albergara, en proporciones diversas, indignación y resignación. No necesariamente la indignación de los acampados ni la resignación de los indiferentes. Posiblemente se trata de un fenómeno distinto, más de fondo, que nos habla de desafección, de escepticismo, y sobre todo de libre albedrío.

Sería prematuro e injusto imputar responsabilidades a tan libérrimo comportamiento electoral. La resultante final concede un poder omnímodo al Partido Popular en el conjunto de España, con la única salvedad de Catalunya y Euskadi y la provisional excepción andaluza. Pero sería erróneo atribuir a la ligereza o a la esquisitez de algunos miles de votantes el panorama que nos deja el 20-N, sencillamente porque había sido anunciado durante más de año y medio por sucesivas encuestas de opinión. Los electores siempre tienen razón y esta vez acudieron a las urnas a confirmar los pronósticos. Pronósticos que ya avanzaban que muchas personas se mostrarían díscolas respecto a la adscripción partidaria que se les suponía. Se trata de una lección que deben tener en cuenta no sólo los dirigentes de las siglas perjudicadas por tan displicente conducta. Deben tenerla en cuenta también los responsables de los partidos beneficiados por el vuelco mayor y los vuelcos menores que encierra el escrutinio del 20-N. Porque la confianza depositada en una u otra sigla se ha vuelto tan volátil como la cotización en bolsa.

La utilidad del voto no se cifra ya en cuanto a las posibilidades electorales de una determinada sigla. Ni siquiera un partido que estaba llamado a acaparar todo el poder institucional, el PP, ha sido capaz de ganarse la confianza de más votantes que los suyos y otro medio millón. Sin duda porque la mezcla de resignación e indignación ciudadana no sólo afecta a la izquierda, al socialismo, sino que además de facilitar la victoria al PP le advierte de que no podrá actuar como partido único sin atenerse a las consecuencias. Nunca se vio tan poco entusiasmo en un voto tan arrollador.

En Puerto de Vega de Navia, el 27 de noviembre de 1811, agonizaba Jovellanos. Instantes antes de expirar dijo: «¡Nación sin cabeza…! Desdichado de mí…!». Al contemplar la herencia que ahora va a recibir el nuevo Gobierno, agravada por la crisis económica mundial existente, no podemos dejar de unir esas palabras de Jovellanos a otras que había escrito en 1785 en el «Informe sobre el libre ejercicio de las artes» y que continúan teniendo la misma actualidad que entonces: «El comercio, la industria y la opulencia que nace de entrambos son, y probablemente serán, por largo tiempo, los únicos apoyos de la preponderancia de un Estado y es preciso volver a éstos —a la industria, al comercio y a la opulencia que nace de entrambos el objeto de nuestras miras o condenarnos a una eterna y vergonzosa dependencia». Esa dependencia que se había denunciado en su correspondencia política con José Vargas Ponce, en una oda feroz sobre las consecuencias del Gobierno de Godoy haciendo decir a España: «En esto había de parar mi gloria /, mi fin ha de ser éste / y falsías y guerra y hambre y peste / los postrimeros fastos de mi historia».

El riesgo de un colosal fracaso económico estaba bien presente hace doscientos años en Jovellanos, porque comprendía que habían triunfado dos revoluciones gigantescas y simultáneas: la liberal y la industrial. España tendría que ser capaz de superar ambas. Ciñámonos ahora a la Revolución industrial, porque la vigencia de las recomendaciones de Jovellanos, cuando aquella daba sus primeros pasos, siguen vigentes. Y la primera fue, ya en la tertulia de Olavide, y tras haber estudiado a Cantillon, Verri y Adam Smith, que solo la economía es la ciencia en que se deben basar los políticos para resolver todo el drama social que captaba entonces en Sevilla. Mil veces, e incluso de modo bien reciente en España, han tratado los políticos de resolver multitud de cuestiones muy serias basándose en voluntarismos totalmente ajenos a la economía, poniéndose incluso de espaldas a esta ciencia, tratando de ignorar lo que los maestros de ella estaban diciendo.

La segunda fue la necesidad de efectuar reformas estructurales muy hondas, con plena conciencia de que los afectados iban a reaccionar incluso con violencia. Ahí están sus planteamientos desamortizadores del «Informe de la Ley Agraria», que le acarrearon multitud de choques, desde con la Inquisición hasta con los nobles. Hoy estos choques serían con los sindicatos —para alterar la convención colectiva o con los poderes autonómicos— para lograr eliminar multitud de transferencias dañinas, pero el paralelismo es perfecto.

La tercera es su aceptación del teorema de la mano invisible de Smith. O sea, la necesidad de liquidar multitud de leyes intervencionistas, dejando que sea el mercado el que oriente la marcha de la economía. Ahí quedan para siempre estas frases suyas, de apoyo a la libertad del mercado: «Aquella continua lucha de intereses que agita a los hombres entre sí establece naturalmente un equilibrio que jamás podrán alcanzar las leyes», para culminar con aquello que lanza en el «Informe de la Ley Agraria» al decirle al Real y Supremo Consejo de Castilla: «Los celosos ministros que propusieron a Vuestra Alteza sus ideas y planes de reforma en el expediente de ley agraria… no hay alguno que no exija de Vuestra Alteza nuevas leyes para mejorar la agricultura sin reflexionar que las causas de su atraso están, por la mayor parte, en las leyes mismas y que, por consiguiente, no se debiera tratar de multiplicarlas, sino de disminuirlas, no tanto de establecer leyes nuevas como de derogar las antiguas».
La cuarta es exponer el importante papel que tiene el Estado en la economía. Por eso este debe actuar para liquidar los corporativismos herederos del Antiguo Régimen. Solo el poder del Estado puede liquidar esos frenos. Por otro lado, es preciso ampliar los mercados a través de una política estatal adecuada de infraestructuras de transportes y comunicaciones. Lo que Jovellanos dice de la Carretera de Castilla debe ampliarse hoy, y de modo que el rendimiento de estas medidas sea muy alto. Aschauer, hoy, ratificaría ese punto de vista de por dónde debe ir la acción del Estado.

La quinta es una alteración radical del sistema educativo. Tras su informe sobre la Universidad de Salamanca, tras sus recuerdos de la enseñanza que él había recibido, tras la alusión a cómo en la Universidad de Oviedo había provocado un ludibrio el escuchar en un acto académico la palabra «hipotenusa», se lanza a crear un centro educativo radicalmente nuevo, y que cuando se estudia ahora recuerda muchísimo al MIT norteamericano, con el fin de que las ciencias vinculadas con el avance de la tecnología relacionada con la Revolución Industrial resultasen estudiadas. Y eso, al máximo nivel posible. Ahí está la raíz de su creación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, que iba a actuar en tres cursos, con amplias enseñanzas de matemáticas, física, inglés y francés, mineralogía y economía, y abierto a los más capaces y con todo rigor, olvidando privilegios, como expuso en la «Oración inaugural del Instituto»: «Y tú, pueblo laborioso, primer objeto de mis desvelos, tú, clase menos recomendable, a mis ojos portas olvidados derechos que por tales inocentes fatigas, mientras tanto que las continúas en beneficio de todas las órdenes del Estado, envía a tu juventud a educarse en este Instituto». A Siéyès le hubiese encantado este planteamiento de creación de una clase media ajena a la nobleza hereditaria.

La sexta era su reacción durísima ante la corrupción, tanto la económica como la que alteraba valores esenciales de la cultura cristiano-española. Ernest Lluch ha sostenido que Jovellanos tenía un talante jansenista que le obligaba a buscar un orden nuevo, y que le conduce a manifestar su repugnancia cuando es invitado, el día que toma posesión del Ministerio de Gracia y Justicia y observa en el almuerzo que el Príncipe de la Paz, Godoy, tiene —en descripción del propio Jovellanos— a su lado derecho, a la Princesa, su mujer, y a la izquierda, en el costado a «la Pepita Tudó», su amante. Godoy en sus memorias dirá que «Jovellanos abundaba en los principios de una estrecha y severa filosofía». Naturalmente, todo otro tipo de corrupción ligado a los negocios fue por él combatido. Desoyó a su maestro, Campomanes, quien le decía que lo necesario era afianzarse en el poder y, después, desde él, cambiar las estructuras corruptas, pero no antes, porque se le cerraría el acceso al mando, como, por supuesto, ocurrió. Por otro lado, estaba la reacción ante su amigo Cabarrús, siempre dispuesto a aprovechar todos los fallos del mercado posibles para enriquecerse personalmente.

Al mismo tiempo era un patriota, como lo demostró negándose a ser ministro del rey José I y marchando a combatir a los franceses. Su muerte en Puerto de Vega se produce ahí, precisamente dentro de la lucha antifrancesa que tiene lugar en el Principado de Asturias.

De acuerdo con Francisco Comín Comín, las ideas que latían tras estos seis mensajes, y que acabaron, como herederas, en buena parte por triunfar, fueron: 1) Ataque al intervencionismo y busca del imperio del mercado; no en balde Jovellanos comparó en la economía al «teorema de la mano invisible» de Adam Smith con lo que suponía a la mecánica el principio de la gravitación universal de Newton; 2) Primeros escarceos del librecambismo; 3) Desamortización de los bienes raíces en poder de las manos muertas; 4) Desvinculación de mayorazgos y disolución de los señoríos; 5) Acotamiento de las propiedades, consagrando para siempre el derecho de propiedad privada; 6) Disolución de la Mesta; 7) Desaparición del diezmo eclesiástico y creación de un sistema fiscal moderno; Responsabilidad estatal ante la Deuda pública, con lo que se pudo entrar en el circuito financiero mundial; 9) Tras la crisis de los vales reales, la ordenación del sistema crediticio; y 10) Creación, con el artículo 321 de la Constitución de Cádiz, del inicio del Estado del bienestar español.

Han pasado doscientos años desde la muerte del maestro. Pero, de entonces a ahora mismo, ¡qué actualidad han tenido sus mensajes!

El pasado 5 de noviembre, Luis Martínez Noval (exministro de Trabajo) criticaba en la tribuna Contrato único y paro las conclusiones de un reciente trabajo de investigación en el que estudiamos si una menor segmentación contractual en nuestro mercado laboral habría ayudado a evitar parte del desmedido aumento de la tasa de paro durante la crisis. Vaya por delante que, como investigadores, estamos siempre abiertos a la crítica, si está bien fundamentada. Pensamos que este no es el caso.

Conviene repasar brevemente nuestro argumento sobre la necesidad de eliminar la dualidad del actual sistema de contratación laboral. Esta se explica por la gran brecha de indemnizaciones por despido entre indefinidos y temporales, responsable tanto de la fuerte creación de empleo temporal en las expansiones como de su masiva destrucción en las recesiones. Ha ocurrido ahora y ocurrió en 1994, con una tasa de paro similar a la actual (22%). Entonces, pese a la gran creación de empleo posterior, tardamos 13 años en converger a la media europea (8% en 2007). No existe ningún otro país europeo con un mercado laboral tan bulímico. Debido a dicha brecha, la tasa media de conversión de temporales en indefinidos es muy baja, alrededor del 5%, con independencia del rendimiento del trabajador temporal. El resultado es una exagerada e ineficiente rotación entre empleo y desempleo, que redunda en una tasa de paro media muy alta y volátil, baja productividad, escasa movilidad geográfica y la imposibilidad de un horizonte de carrera profesional para los jóvenes.

Tras el fracaso de las reformas a dos velocidades implementadas desde 1984, la introducción del contrato indefinido único parece inaplazable. Las indemnizaciones de dicho contrato deberían crecer lentamente con la antigüedad (por ejemplo, de 8 a 12 días de salario al principio hasta un máximo de 33 a 36, con aumentos anuales de 2 o 3 días). La razón es que la diferencia entre el coste social del despido (capital humano específico perdido, prestaciones por desempleo sufragadas por los cotizantes, etcétera) y el privado aumenta con la antigüedad del trabajador despedido. Con este perfil, el coste adicional para la empresa de prorrogar los contratos se reduciría radicalmente, mientras que la indemnización media por despido percibida por el trabajador seguramente aumentaría pues, pese a recibir una menor cuantía anual que la actual del despido improcedente, la duración de su contrato crecería más que proporcionalmente. Dicho contrato sería además compatible con una mínima gama de contratos temporales (por ejemplo, por sustitución en bajas por maternidad o enfermedad) y con el recurso legal frente al despido discriminatorio.

Pasemos ahora a rebatir las críticas de Martínez Noval. Nuestra investigación analiza cuánto habría aumentado la tasa de paro en España durante la Gran Recesión de haber tenido la brecha de costes de despido de Francia. Allí la tasa de paro también era del 8% en 2007 y sus instituciones laborales son parecidas a las nuestras, incluyendo el coste medio del despido, pero su brecha es la mitad de la nuestra. Martínez Noval afirma que ese efecto habría sido escaso pues, en su opinión, el gran responsable de nuestra hecatombe es el desplome del sector inmobiliario. España tiene un recurso natural (sol y playa) que normalmente implicará un mayor peso de la construcción en el empleo que en otras economías. Sin embargo, es la tercera vez en 35 años que superamos una tasa de paro del 20%, sin que las otras veces se culpara al “ladrillo”. Su conclusión ignora nuestro argumento de que la dualidad del mercado laboral afecta a la especialización productiva, siendo una de las principales causas de la burbuja inmobiliaria. Tras la fuerte caída de los tipos de interés reales durante el acceso al euro, las nuevas inversiones se centraron en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada con contratos flexibles, como la construcción, en vez de en sectores con alto valor añadido pero mayor riesgo, como los de alta tecnología, incompatibles con el uso de rígidos contratos indefinidos. A diferencia de lo que afirma Martínez Noval, nuestras simulaciones tienen en cuenta este efecto indirecto y predicen que, con la brecha francesa, el aumento del paro habría sido bastante menor: del 8% al 15,5% en vez de al 21,5%.

El mismo razonamiento sirve para rebatir la falacia de que la regulación laboral no puede ser responsable del alto paro, porque es incompatible con la enorme diversidad de tasas de paro entre comunidades sujetas a iguales regulaciones -digamos Andalucía y Navarra-. En efecto, mientras que en 1995 el peso del empleo en la construcción era muy similar en ambas, alrededor del 10%, el boom inversor amplió la diferencia a más de 3 puntos en 2007. ¿Por qué? Posiblemente porque en 1995 la proporción de jóvenes que abandonaba la ESO en Andalucía era del 42% frente al 19% en Navarra y porque la tasa de temporalidad andaluza superaba en casi 20 puntos a la navarra. El exceso de trabajo no cualificado y el acceso a la temporalidad fomentaron en parte una especialización productiva diferente. No hay peor ciego que el que no quiere ver.