¿Son tan transparentes los resultados electorales del pasado 20 de noviembre como a primera vista parecen? Sin duda lo son en cuanto al poder que inmediatamente reparten. Pero, aparte de ello, en una elección se ventilan otras cuestiones que atañen al futuro menos inmediato. ¿Qué nos dicen al respecto las recientemente celebradas?

Se discute mucho en estos días acerca de los suelos y los techos respectivos de los dos partidos principales. Llama la atención el que con un derrumbe tan aparatoso del suelo electoral del PSOE, el techo del PP se haya elevado mucho menos. En efecto, el PSOE ha conseguido esta vez apenas un 20,3% del voto sobre censo -todas las referencias que siguen se refieren al voto computado en la noche electoral; si incluimos el voto de los residentes ausentes, dada la insignificante participación registrada tras la reforma de la Ley Electoral al respecto, el suelo sería aún más bajo- que es la penetración electoral bruta más baja de todo el periodo democrático. Hasta en 1979, cuando la participación fue incluso menor que ahora, los votos del PSOE (un 30,4% del voto válido) supusieron una proporción ligeramente mayor del censo (20,4%). También toca suelo en la métrica de uso más común, el porcentaje sobre voto válido, puesto que hasta esta ocasión (28,7%) su porcentaje más bajo había sido el 29,3% que consiguió en 1977.

Por su parte, el PP alcanza también su techo en las dos métricas relevantes: el 44,6% del voto válido supera en una décima su anterior techo de 2000, y el 31,5% de voto sobre censo es superior en medio punto a su resultado de 2000.

Ahora bien, al margen de esta relación de suelo y techo con sus respectivos mínimos y máximos históricos, lo que más importa es cómo se relacionan con la elección anterior. Y en esa dimensión, el contraste de las respectivas elasticidades resulta aun más llamativo. El PSOE ve comprimida su cuota electoral bruta un 38%, mientras que la del PP se expande un 5%. En términos de cuota neta, la compresión del PSOE es del 34% y la expansión del PP del 11%. De todo ello resulta la contracción en más de 10 puntos porcentuales (un 12,4%) de la cuota acumulada de los dos partidos.

¿Cómo hay que entender esta asimetría? Algunas interpretaciones en clave ideológica apuntan a que el votante de la derecha es más tolerante con el partido que la representa, mientras que el de la izquierda sería más exigente. Con más base empírica, teorías como la que elaboró (y parece estar en trance de rectificar) el economista César Molinas en torno a la izquierda volátil apuntan a que cierto voto de izquierdas cuesta más de mover (y de fijar para el PSOE) de lo que le cuesta al PP encolumnar electoralmente a la derecha. Pero el propio Molinas -a la vista de la evidencia- admite ahora que también la disputa por el centro entre el PSOE y el PP (más UPyD, como nuevo jugador en ese espacio) puede ser más determinante (“La izquierda sigue decidiendo, pero…”, EL PAÍS, 23 de noviembre).

El quid de la cuestión está en el mensaje que el resultado electoral envía en cuanto a la relación de los respectivos soportes electorales de la izquierda y la derecha en la medida en que algo querrá decir sobre la vigencia (o falta de ella) de ese eje como fractura política esencial. Y en ese sentido, lo primero que salta a la vista es que las dos formaciones de izquierda de ámbito nacional (PSOE e IU) suman en este proceso apenas el 35,7% de los votos válidos. Es, de largo, el peor resultado histórico de la izquierda en el ciclo democrático, pero lo más llamativo es que -con la excepción de 2000, en que la suma de estos dos partidos descendió al 39,6% del voto válido- en todos los demás procesos entre 1986 y 2008 esa suma era prácticamente la k de los resultados, una constante electoral, puesto que apenas se movió en todos esos años: el máximo fue el 48,7% de 1986 y el mínimo el 47,5% de 2004.

Parecería pues que, conforme al conventional wisdom, la izquierda padece más que la derecha el absentismo electoral (y, por ello, sus peores resultados coinciden con los episodios de baja participación, especialmente 2000 y 2011), lo que daría algún apoyo a la teoría de Molinas en su versión original. Pero, sin duda, es más importante lo segundo (a su vez, aval a la teoría revisada del economista), a saber, que la porosidad electoral entre la izquierda y la derecha ha aumentado significativamente en esta elección.

En efecto, según mis cálculos -revisables, naturalmente, cuando dispongamos de encuestas poselectorales- el trasvase de votos del PSOE al PP ha rondado en esta ocasión el millón de sufragios, algo más de lo que estima Molinas y algo menos de lo que calcularon Toharia, Ferrándiz y Llobera de acuerdo a los datos de Metroscopia (Fidelidad y fuga, EL PAÍS, 27 de noviembre). Y no solo eso. Siempre según mis cálculos, más de 500.000 de los nuevos votantes de UPyD eran votantes del PSOE en 2008 (este fenómeno se comprueba de forma muy gráfica en Madrid, donde UPyD ha pasado de tener sus mejores resultados en distritos y municipios de fuerte hegemonía del PP a conseguirlos justamente en aquellos donde el PSOE es relativamente más fuerte). Es decir, que el PSOE habría cedido a su derecha relativa casi el 15% de los votos que tuvo en 2008.

Lo que no solo implica que, en efecto, la porosidad del voto socialista ha sido más alta que nunca, sino que además ese giro del voto se ha producido en unas condiciones económicas y sociales extremadamente tensas, y asociada con una abstención que -sin ninguna duda- ha percutido mucho más sobre los anteriores votantes del PSOE que sobre cualesquiera otros. Dicho de otra manera: que para una amplia franja de su base electoral no ha funcionado en absoluto la idea-fuerza de la peleona campaña de Rubalcaba, la del PSOE como único garante del Estado de bienestar.

A partir de todos estos elementos, ¿es cierto, como apuntan algunos, que entramos en un ciclo de baja competitividad, es decir, que el PP se ha “ganado” al menos dos legislaturas con sus resultados (y, sobre todo, con los del PSOE) del 20-N? Sería temerario afirmarlo. Los elementos de excepcionalidad de esta última cita electoral (especialmente la generalizada percepción de una desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno anterior) obligan a la cautela.

Pero de todo lo anterior, lo que me parece más importante por sus implicaciones de futuro, especialmente para el PSOE, es una revisión crítica de su posicionamiento espacial. Me ha llamado la atención en ese sentido que Juan Moscoso (Proyecto, credibilidad y partido, EL PAÍS, 15 de diciembre), en un análisis por lo demás de muy buena factura sobre el descalabro del PSOE, afirme que la derrota socialista se ha producido “sin trasvase de votos significativo a la derecha”. Si no se empieza por ver dónde está la herida, la venda se puede poner donde no sirve de nada. Es cierto que la izquierda en toda Europa sufre un cierto proceso de crisis de identidad, pero de ahí no se deduce necesariamente que toque a la socialdemocracia un giro a la izquierda. Si algo demuestran estas elecciones, en lo que al campo de la izquierda se refiere, es que el mensaje de siempre ya no llama a los de siempre.

Mientras Mariano Rajoy toma posesión como nuevo presidente del Gobierno, el PSOE se prepara para acometer su labor de oposición inmerso todavía en los variados análisis que especulan sobre los motivos de su derrota en las últimas elecciones generales. Los socialistas abren una nueva etapa política escuchando el ruido que generan las muchas llamadas a establecer un diagnóstico correcto de lo ocurrido para poder operar con una terapia acertada. Me parece, sin embargo, que no son coincidentes los diagnósticos y por ello son diferentes las terapias propuestas. Creo que estas diferencias remiten a lecturas de la realidad que están muy influidas por distintas experiencias generacionales. Algo de ello vivimos ya durante la campaña electoral y algo de ello está también detrás de los nombres que se barajan como posibles candidatos a liderar el partido en el futuro inmediato.

Existe una primera experiencia generacional que remite a lo vivido en los años 80. Para los protagonistas de aquel periodo, aquellos fueron los años gloriosos, cuando el PSOE obtenía una mayoría absoluta en 1982 con 202 diputados y mantenía una hegemonía que sólo comenzó a resquebrajarse en 1993. Con la fuerza que imprime la nostalgia recuerdan aquellos momentos como los mejores de su vida. Lograron la consolidación de la democracia, la modernización del aparato productivo, la reconversión industrial y el ingreso en la Comunidad Económica Europea. La UCD había desaparecido, el Partido Comunista había quedado reducido a cuatro diputados, y la oposición la lideraba Manuel Fraga. El PSOE podía ocupar el espacio de la burguesía liberal y Alianza Popular, a pesar de los esfuerzos por aunar en su seno a democristianos como Alzaga y a neoliberales como Schwartz, estaba condicionada por la personalidad de un líder que, teniendo un suelo electoral muy sólido, nunca lograría superar un techo determinado. La situación era ideal para el PSOE, y si hiciera falta algún acuerdo parlamentario siempre cabía recurrir al entendimiento con los nacionalismos vasco y catalán.

Han pasado muchas cosas desde entonces, pero los líderes de aquella época se resisten (a fin de cuentas son humanos) a abandonar la escena, máxime cuando han seguido siendo requeridos para protagonizar actos de campaña. No en vano, son los únicos capaces de movilizar al electorado socialista y son convocados para poner las cosas en su sitio y volver a diseñar un proyecto político sólido, sin ocurrencias ni turbulencias, consistente y bien fundamentado. No es extraño que, en estas circunstancias, el líder máximo de aquella época dijera una y otra vez que estaba encantado de hacer una campaña apoyando a un líder con el que realmente sintonizaba. Con uno de los suyos. Por fin el orden volvía a casa.

La pregunta es si ese mundo de los 80 puede volver. No entro ahora en la cuestión de si aquellos líderes embellecen su paso por la historia, y olvidan la crisis de la democracia española de mitad de los 90; es comprensible humanamente que así sea y que hagan un serio esfuerzo por no recordar el final político de aquella generación. Nada se entiende, sin embargo, de lo ocurrido en los años de Zapatero sin comprender el agotamiento al que había llegado aquel proyecto.

Y aquí es donde viene la segunda lectura generacional. Es la que comienzan a realizar con gran timidez y llenos de cautela algunos de los que protagonizaron los últimos años. Saben que hoy están en el punto de mira pero también que antes o después tendrán que reaccionar si no quieren ser borrados de la historia; tardan en reaccionar porque se les caracteriza como seres inconsistentes, volubles, ocurrentes, como gente superficial dispuesta a confundir la política con las buenas intenciones, prestos al llanto y a la lágrima fácil. Observan cómo algunos de los críticos más duros con los líderes de la generación anterior, arrepentidos por los excesos a los que llegaron, para salvar el legado de aquellos años 80 se ceban en la frivolidad y la inconsistencia de la generación de Zapatero. Si pudieran la borrarían del mapa como si realmente estos años no hubieran ocurrido; a su juicio, llegaron al poder por los efectos imprevisibles de un atentado, y toda su nefasta labor ha consistido en poner en cuestión los fundamentos de la Transición.

A favor de enterrar el legado de Zapatero han estado, durante la campaña electoral, tanto los que sustentaron el proyecto socialista en los años 80 (que no parecen soportar la levedad del zapaterismo) como algunos de los que lo criticaron entonces y hoy lo añoran.

Todos al unísono clamaban por pasar página y volver al pasado glorioso. Todos menos muchos electores que no estaban por la labor, quizás porque no añoran aquellos años, quizás porque eran muy jóvenes cuando se produjeron aquellas gestas, quizás porque no están ni por la nostalgia de los 80 ni por avalar la política desarrollada en los últimos años.

Y es aquí donde radica el quid de la cuestión. Por más que a los defensores del liberalismo conservador les repugne, el hecho es que Zapatero volvió a ganar en 2008, después del Estatuto de Cataluña, de la negociación con ETA, de la memoria histórica y del combate por la laicidad. Volvió a ganar, pasando de 159 a 169 diputados, porque muchos votantes de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana, del BNG, de CiU y del PNV estaban preocupados ante una victoria del PP y optaron por concentrar todos sus apoyos en el único partido que podía impedir la victoria de los populares.

¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? La debacle ha llegado por una razón muy clara. Hay dos Zapateros: el anterior al 10 de mayo del 2010 y el posterior. Antes del 10 de mayo muchos electores de izquierdas se habrían quedado sorprendidos e irritados si alguien les hubiera dicho que el PSOE y el PP eran lo mismo. Bastaba con recordar las manifestaciones por las calles de Madrid durante los años de la primera legislatura para ver que muchas personas de derechas mostraban una hostilidad al presidente del Gobierno como no se había visto nunca en España. El problema para el PP consistía en que cuanto más le odiaban los manifestantes, más reforzaban su imagen entre los electores progresistas.

Pero llegó la crisis. Esa crisis financiera, generada en EEUU, que supuestamente no iba a afectar al sistema financiero europeo; esa crisis que no sólo acabó afectando al sistema financiero europeo y español (¿recuerdan cuando nos decían que nuestro sistema era completamente solvente?) sino que se trasladó a la economía real, que provocó el endeudamiento de los estados y que generó, al final, nada más y nada menos, que una reforma constitucional, avalada por los dos grandes partidos.

Un giro tan radical se paga. Después de la huelga general de los sindicatos en septiembre de 2010 y de las movilizaciones del 15-M, era muy difícil convencer a la base social de izquierdas de que había grandes diferencias entre el PSOE y el PP. Se intentó pero la apresurada reforma de la Constitución del pasado agosto acabó por echar por tierra la credibilidad de ese proyecto.

A partir de la derrota se plantea el gran problema de futuro. Las grandes fuerzas mediáticas ya le han asignado al PSOE el papel que le corresponde: contribuir en todo lo que sea necesario a la gobernabilidad, no poner en cuestión los dogmas de la actual construcción europea y asegurar el consenso en la política económica y en la política exterior. Se trata de lograr que el PSOE sea consecuente con la deriva del último Zapatero, del Zapatero posterior al 10 de mayo del 2010 y que avale todos los cambios que sean necesarios, cuesten lo que cuesten.

Esa posición está ahí y en ella pueden coincidir, más allá de las diferencias generacionales, muchos de los que añoran los años 80 del pasado siglo y muchos de los que suscribieron la nueva vía del socialismo. Pero frente a ellos hay un clamor que pide otra cosa; es el clamor de los que le están diciendo, a una y a otra generación, que con estas políticas se están cargando el modelo social europeo, que así no podemos continuar, que los recortes están poniendo en cuestión las instituciones democráticas y erosionando las conquistas del Estado del Bienestar.

Tras ese clamor está la base social de la izquierda o, mejor dicho, de las izquierdas, en plural. Está el sindicalista que lucha por la escuela pública, y el médico que defiende una sanidad de calidad para todos; está el trabajador en paro y el joven que sólo ha encontrado empleos precarios; están también muchas personas de convicciones religiosas que recuerdan que el modelo europeo nació de un pacto entre socialistas y democristianos y no ven por ningún lado los valores de la solidaridad y de la fraternidad. Muchos de esos ciudadanos votaron alguna vez al PSOE, en otras ocasiones votaron a Izquierda Unida, en otras muchas prefirieron no votar; militan en sindicatos y en movimientos sociales y no se sienten a gusto ni con la nostalgia del proyecto socialista autónomo ni con las dos orillas; no están incondicionalmente apegados a unas siglas; para muchos de ellos la derrota de la socialdemocracia en Europa permite visualizar algo mucho más grave: estamos ante el fracaso de lo mejor del proyecto ilustrado. Y ante esto piensan que es imprescindible resistir y combatir, articular la protesta y demostrar que otro modelo social es deseable y es posible. Es en ellos, más allá de una u otra generación, en los que está encarnada la esperanza de una renovación del socialismo.

Desde que España volviera a la normalidad democrática, en 1977, el PSOE ha obtenido su peor resultado en las pasadas elecciones del 20-N. Mientras se va digiriendo este resultado, es necesario intentar explicarlo.

La mayor parte de los análisis parecen sugerir que el resultado se debe, fundamentalmente, a la crisis económica. El argumento sería el siguiente: en todas aquellas capitales europeas en las que ha habido elecciones desde que estallara la crisis, los partidos en el gobierno las han ido perdiendo de forma sistemática. Lo que ha pasado en España no sería sino la confirmación de esta regla general: partido que gobierna, partido que cae cuando hay elecciones en medio de la crisis.

Sin embargo, esta explicación no resiste ni un mínimo análisis comparado. En efecto, desde 2010, ha habido elecciones en 15 países de la Unión Europea. Es cierto que en la mayor parte de los casos el partido en el Gobierno salió derrotado. Pero al menos en cuatro casos (Suecia, Finlandia, Polonia y Estonia, es decir, en el 27% de los casos) el partido o la coalición en el gobierno se mantuvieron en el poder. Merece la pena detenerse en alguno de estos casos para comprobar que la crisis no puede ser la única explicación de los resultados electorales.

En Polonia hubo elecciones generales en octubre de este mismo año. La liberal Plataforma Cívica, dirigida por Donald Tusk, revalidó la mayoría que había obtenido en 2007 y sigue por tanto gobernando. Crucemos estos resultados con los datos económicos que presenta el país. Es verdad que Polonia no ha sufrido las consecuencias de la crisis de la misma manera que las han sufrido otros países europeos. De acuerdo con los datos de Eurostat, el país creció en 2009 al 1,6% del PIB, y en 2010, el año anterior a las elecciones, al 3,9%. Con respecto al desempleo, éste fue del 8,2% y del 9,6%, respectivamente. Es un buen dato, teniendo en cuenta que se trata de un país que ha llegado a tener tasas del 20% de desempleo. Polonia sería un ejemplo que parecería apuntalar, a contrario, el argumento de la crisis como explicación: cuando hay crisis, se tumba al gobierno. Pero cuando no la hay, el partido que gobernaba se mantiene en el poder.

El caso sueco, sin embargo, pone el contrapunto al anterior argumento. En Suecia ha habido elecciones en 2010. La coalición gobernante, la Alianza, se mantuvo en el poder, e incluso mejoró los resultados de las anteriores elecciones. A diferencia de lo ocurrido en Polonia, en Suecia las consecuencias de la crisis económica sí que se hicieron notar entre las dos elecciones (2006-2010). Por ejemplo, en2008, este país tuvo un crecimiento negativo (-0,6% del PIB). Ese dato fue todavía peor en 2009, año anterior a las elecciones, cuando Suecia presentó un crecimiento del -5,2%. Con respecto al desempleo, este alcanzó la tasa del 8,3% en 2009. Ya quisiéramos para nosotros ese número, me dirán. Pero según el Banco Mundial, el peor dato de desempleo que ha tenido este país, desde 1980, fue en 1997, cuando alcanzó al 10% de la población. Por tanto, el desempleo en 2009 fue visto por los electores suecos con mucha preocupación, y de hecho el tema de la situación económica fue central en la campaña electoral de 2010; aún así, la coalición gobernante revalidó su mayoría, como ya hemos indicado.

Estonia es también un caso interesante. Las últimas elecciones tuvieron lugar en 2011, y el partido en el Gobierno, el Partido Reformista, mejoró sus resultados con respecto a las anteriores elecciones, mientras que el principal partido de la oposición los empeoró. Es importante recordar que Estonia ha sufrido, casi como ningún otro país de la UE, los embates de la crisis. Así, en 2009, la tasa de crecimiento del país fue del -14,3% del PIB. En 2010, Estonia experimentó una cierta recuperación económica, ya que creció al 2,3%. Pero si nos fijamos en las tasas de desempleo, tanto las del año 2009 como las del 2010 fueron dramáticas. En efecto, mientras que en 2009 había un 13,8% de parados, el desempleo alcanzó el 17% en 2010. De todos los Estados de la UE en los que ha habido elecciones desde 2010, Estonia está, al igual que España, entre los países que presentan peores cifras de empleo. Sin embargo, en Estonia el partido en el Gobierno se mantuvo en el poder, mientras que en España, lo perdió.

A los elementos anteriores, cabría añadir que el argumento de la crisis como explicación no permite entender, tampoco, las diferencias tan notables que se han producido en aquellos países en los que efectivamente el partido en el poder ha sido desalojado del Gobierno. Aquí merece la pena echar un vistazo a los casos irlandés y portugués.

En Irlanda, se produjeron las elecciones generales en 2011, es decir, en medio del rescate de este país por parte de la UE y el FMI. El partido gobernante, el Fianna Fáil, perdió estrepitosamente estas elecciones, por más de 16 puntos. En Portugal también se produjeron elecciones en medio del rescate de este país. El partido en el Gobierno, el Partido Socialista, perdió las elecciones, pero la diferencia fue de 10 puntos, es decir, muy inferior al resultado que obtuvo el Fianna Fáil en Irlanda.

En conclusión, la tesis de la crisis no consigue explicar por qué algunos partidos se mantienen mientras que otros caen cuando hay crisis económica. Y tampoco consigue explicar, cuando los partidos en el gobierno caen, qué es lo que explica, siendo las situaciones económicas muy similares, diferencias tan abrumadoras en los resultados. Es evidente que hay cuestiones endógenas que sin duda afectan al resultado. En el caso español, la falta de coherencia entre lo que se decía que se iba a hacer y lo que efectivamente se hizo (incomprensiblemente amplificada durante la campaña) es un elemento clave en la explicación de los resultados. A su vez, este problema de incoherencia ha generado una fuerte sensación de falta de credibilidad en relación con todo lo que viene de este partido político.

Para resolver el problema de credibilidad que tiene actualmente el PSOE, este partido tiene que hacer al menos tres cosas. Todas ellas tienen que ver con la palabra “renovación”. Primero, tiene que renovar su liderazgo. Segundo, tiene que renovar el propio partido. Y tercero, tiene que renovar su ideología. Los tres elementos son importantes, pero de los tres, el último es el crucial puesto que, como ya he señalado, la falta de coherencia entre ideología y acción política está en la base de la situación en la que la socialdemocracia española se encuentra ahora. Este proceso de revisión ideológica debería orientarse alrededor de la idea de “socialismo activador”.

En este sentido, la socialdemocracia tiene que ser capaz de reactivar la ilusión y la esperanza de los ciudadanos en que el futuro será mejor, mucho mejor, que el presente. Y en segundo lugar, la socialdemocracia tiene que pasar de una formulación meramente reactiva de sus políticas a una formulación mucho más proactiva.

Si la socialdemocracia no se toma en serio su propia renovación, lo que hoy parece el resultado de la coyuntura puede acabar convirtiéndose en una verdadera tendencia.

Nunca una ausencia de programa explícito había conducido a una victoria tan espectacular en las urnas. Sin embargo, el triunfo vastísimo del PP no invita a demasiadas especulaciones sobre qué política aplicará. El tono taciturno y galaico del inminente presidente nunca ocultó a nadie lo que se avecina. Habrá recortes masivos en el gasto público, inclusos los de sanidad y escolarización, amén de los sueldos de los funcionarios, un notorio desinterés por la negociación con los sindicatos, privatización de servicios públicos, disminución de inversiones en cultura y ciencia. Se revisarán leyes de convivencia -tal el reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo y la norma para la interrupción voluntaria del embarazo- a las que ese partido les tiene visceral ojeriza. Se recrudecerá la hostilidad contra los poderes de gobiernos siempre vistos como regionales. A los catalanes no es menester que se les recuerde que el recurso contra el Estatut fue interpuesto y nunca retirado por los ahora vencedores. Cabe preguntarse, ante la transparencia de lo supuestamente opaco, por qué tanta lamentación sobre la imaginaria falta de programa de la derecha española.

Se constatan dos cosas: la primera es que a la mayoría de votantes les parece estupendo que venza una derecha centralista. No se les puede escapar que es el partido del privilegio, las finanzas, la privatización a ultranza y la protección de los ricos y, en el mejor de los casos, el paternalismo hacia pobres y parados. Aunque los políticos conservadores menos duros, que son minoría, no estén contra una prudente medida de asistencia estatal. Por eso pueden ustedes estar seguros de que no quitarán pensiones, aunque, eso sí, las congelen. Un buen sistema de prudentes subsidios calma al pueblo y evita engorrosas agitaciones. Mientras, una retórica liberal sobre el esfuerzo, el mérito personal y las recompensas sociales (leáse ganancias) para los triunfadores siempre ayuda. ¡Como si la izquierda estuviera contra el mérito o la libertad! Pero conviene a la derecha repetir este infundio. Hasta que se lo crea a pies juntillas la parte menos ilustrada y simplista de la misma izquierda.

La derecha ha ganado tan esplendorosamente las elecciones en buena parte porque los socialistas se lo han permitido. Sigue pendiente, además, la explicación de por qué en todas partes un sector muy importante de las clases que teóricamente deberían votar a la izquierda vota a partidos que no le van a favorecer. (Así, salen victoriosos alcaldes, en toda Europa, o partidos de extrema derecha -xenófobos- en barrios que hasta ayer mismo votaban a los comunistas). Al igual que la culpa de Berlusconi en Italia la tuvo su patética izquierda -con el valioso apoyo de la Iglesia a aquel histrión-, en España la ha tenido la incomparable incompetencia del Gobierno saliente. No soy ducho en hacer leña del árbol caído. Más bien me repugna. Así, en las páginas de este acogedor diario tuve ocasión de expresar mis dudas cuando Rodríguez Zapatero iniciaba su mandato. Sin entrar en la hemeroteca, recuerdo el escepticismo con el que expresé aquí mis prevenciones ante su promesa de apoyar sustancialmente la investigación científica en España (su Gobierno la ha recortado). También su anuncio formal urbi et orbi de abrazar la filosofía política republicana (ya que no, naturalmente, la forma estatal republicana, que la Constitución excluye). Zapatero arregló su imaginario republicanismo invitando a un profesor extranjero a que le diera una conferencia y luego le pidió que redactase un bien sufragado informe sobre los avances presuntamente republicanos de su Gobierno. Está disponible. Lástima grande que el filósofo no supiera castellano ni conociera mínimamente este país. Vaya experto. Vaya consultor, vaya consultoría.

Un presidente del Gobierno que no reconoce un toro cuando tiene delante su cornamenta, ni una crisis económica cuando la ve hasta el más tonto del pueblo, causa estupor. Si no se tratara de una situación económica gravísima, sería de sainete o zarzuela. (Con minúscula, por favor, que hablamos de un presidente saliente con ínfulas republicanas). Que se vaya en buena hora. Que en los combates internos que se avecinan en su maltrecho partido cunda más el esfuerzo por la elaboración de una praxis progresista digna del siglo XXI, en Europa, que la lucha por apoderarse, quienes fracasaron, de la máxima responsabilidad política. Tuvieron que gobernar, bien lo sabemos, en condiciones económicas particularmente adversas. Pero no supieron estar a la altura de las circunstancias, a practicar esa virtud republicana que consiste en el coraje del político en decir la verdad. «Cueste lo que cueste», dijo el presidente hoy saliente. Lo dijo cuando era ya demasiado tarde para que le creyéramos.

En todo partido político, ante una derrota electoral, surgen voces que reclaman una reflexión. Le sucedió al Partido Popular en 2008 y lo estamos viendo estos días en el Partido Socialista. Casi siempre, las voces más críticas piden algo similar a una catarsis. Es fácil escuchar reclamaciones del tipo: “debemos empezar de nuevo”, “tenemos que cambiar todo” o “hay que dar un giro completo”. De repente, nada de lo que se ha hecho hasta ese momento sirve.

En el caso del PSOE, a la derrota hay que añadir la situación actual de la izquierda. Llevamos un par de años debatiendo sobre la supuesta crisis de la socialdemocracia. Todo analista que se precie utiliza frases como “debemos devolver el protagonismo a la política” o “la socialdemocracia debe redefinir su proyecto”. Este tipo de afirmaciones, a base de repetirlas, se han convertido en lugares comunes carentes de propuestas concretas.

Pero lo cierto es que si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que no es necesario practicar un haraquiri colectivo. Desde finales de 2008, fecha en la que estalló la Gran Recesión, se han celebrado 19 elecciones en las principales democracias parlamentarias y solo tres Gobiernos han sobrevivido. En casos extremos como Irlanda o Hungría, el partido en el poder perdió casi 25 puntos porcentuales.

Del análisis de las elecciones en otros países extraemos que el color del Gobierno no ha influido en el descenso de votos. Izquierda y derecha han perdido apoyos solo por el mero hecho de estar en el poder. Además, el impacto de la economía sobre los resultados electorales se ha multiplicado. En la actualidad, la suerte de un Gobierno depende mucho más del crecimiento económico y del paro que antes de que la crisis llegase a nuestras vidas. (Larry Bartels, Ideology and retrospection in electoral responses to the Great Recession).

Ahora bien, lo que sucede en el resto de democracias no justifica cualquier derrota electoral. No es lo mismo perder 2,6 puntos respecto a las anteriores elecciones, como le sucedió al Partido Laborista Australiano en 2010, que perder unos 15 puntos, como le ocurrió al PSOE el 20-N. La magnitud de la derrota exige saber dónde han estado los problemas.

Si se analiza la evolución de los apoyos electorales del partido socialista en la última legislatura, se observa que gran parte de las pérdidas se concentran en sus votantes más próximos, los que se definen de izquierdas. En la encuesta preelectoral del CIS, menos del 50% de estos ciudadanos manifestaban su intención de votar al PSOE, 17 puntos menos que en 2008.

Además de la ideología, laeducación también es importante para entender el comportamiento electoral. Si comparamos las encuestas preelectorales de 2008 y de 2011, vemos que el mayor descenso del PSOE se produce en los grupos con mayor nivel educativo.

Por lo tanto, se puede decir que el Partido Socialista se enfrenta a un problema ideológico, por un lado y por otro, a una falta de conexión con las capas más formadas de la sociedad española. Dos dificultades que implican soluciones distintas.

Desde el punto de vista ideológico, el relato del PSOE en los últimos años se ha centrado en exceso en cuestiones de derechos civiles y libertades. En cambio, el objetivo redistributivo ha desaparecido del discurso. De hecho, el último informe de la OCDE sobre desigualdad avala que esta ausencia es algo más que retórica. Varios pueden ser los motivos.

En primer lugar, el haber construido un Estado de bienestar equiparable a las democracias de nuestro entorno, puede haber conducido a algunos a la autosatisfacción.

Es cierto que se han incrementado las ayudas sociales, por citar dos ejemplos, las políticas de dependencia o las becas de estudio. Pero se ha hablado muy poco de la capacidad del Estado de bienestar para generar igualdad, Si comparamos nuestro gasto social con el del resto de democracias, descubrimos que es uno de los menos redistributivos.

En segundo lugar, parece haber triunfado la idea -ampliamente extendida entre los economistas- de que los impuestos no redistribuyen, sino que solo deben generar los ingresos necesarios. Así, se ha tolerado la existencia de numerosas figuras impositivas que permiten a los más ricos pagar un porcentaje menor de impuestos que el resto de ciudadanos.

La redistribución siempre ha formado parte de los objetivos prioritarios de la izquierda y, en cambio, se habla muy poco de ella en los últimos tiempos. Es cierto que el discurso socialdemócrata invoca en muchas ocasiones a la igualdad de oportunidades. Pero redistribuir es algo más que garantizar las mismas oportunidades para todos, también significa mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen.

Un segundo componente necesario para mejorar el discurso de la izquierda es la calidad de la democracia. Ha sido necesario el 15-M para recordarnos que nuestros sistemas políticos no son tan perfectos como creíamos. Pero no es solo una cuestión del sistema electoral. De hecho, todo el debate que se ha generado en torno a este es secundario. Hay más aspectos que deberían preocuparnos.

Un ejemplo de déficit democrático lo observamos en la cesión de soberanía que vienen haciendo Gobiernos y Parlamentos hacia instituciones de dudoso origen democrático. Esta renuncia a su poder está provocando que muchas de las decisiones políticas se escapen al control de los ciudadanos. Además, está siendo aprovechada por numerosos grupos de poder económico y financiero para ganar influencia.

En cuanto a la pérdida de conexión con los grupos más formados de la sociedad, esta está muy relacionada con el modelo de funcionamiento interno de los partidos. En principio, no parecen muy atractivos para atraer a los mejores. Por ello, deberían explorarse nuevas formas de participación en las formaciones políticas.

Este divorcio entre personas cualificadas y partidos políticos nos ha llevado a una falsa diferenciación entre tecnócratas y políticos. Así, da la impresión que un profesional no puede dedicarse a la política. O que un político no puede tener una profesión. Es un falso dilema que debería corregirse atrayendo a más personas cualificadas a las formaciones políticas.

En definitiva, es cierto que al Partido Socialista le ha sucedido lo mismo que a la inmensa mayoría de Gobiernos democráticos. No obstante, la magnitud de la derrota implica cambiar algunas cosas. Detrás de los resultados electorales del PSOE hay una pérdida de confianza entre el electorado de izquierdas y una falta de conexión con los grupos de mayor nivel educativo.

Esto obliga a repensar el proyecto socialista en varias de sus dimensiones. No estamos ante una catarsis, pero los cambios van más allá del liderazgo y trascienden la última etapa del PSOE.

El socialismo español siempre ha tenido la necesidad de tener un proyecto reconocible. Ya a principios de los noventa se hablaba del Programa 2000. Quizás, comience a ser más necesario analizar cómo funciona, por ejemplo, nuestro Estado de bienestar o nuestros partidos políticos, antes de comenzar a hacer propuestas.

Sin unos buenos diagnósticos de nuestra sociedad y de nuestro sistema político, cualquier idea o proyecto puede acabar siendo una generalidad.

La victoria del Partido Popular en las elecciones del 20-N no es el resultado de la hegemonía ideológica de la derecha en España. Los populares ganan en un país que apenas ha variado sus ideas políticas. El triunfo del PP tampoco responde a la superioridad de ese partido: tanto el líder como la organización llegan al poder a pesar de la mala valoración ciudadana. Pero si no es por la ideología, ni por el líder, ni por el partido, ¿por qué han ganado los populares?

La explicación de la debacle socialista se resume en dos palabras: crisis y paro. Ahora bien, el razonamiento de cómo ambas cuestiones provocan las mayores ventajas de los conservadores en nuestra democracia, tanto en votos (casi 3,9 millones) como en escaños (76), es algo más complejo. Dos factores confluyen.

Por un lado, la percepción en el electorado, especialmente en el de bajo perfil político (el de centro y el del grupo que no tiene ideología), de que el PP es más capaz que el PSOE de gestionar la economía y crear empleo (incapacidad). Por otro lado, la convicción de los progresistas de que en la reacción a la crisis se ha diluido seriamente la identidad del proyecto socialdemócrata (incoherencia ideológica).

La conjunción de incapacidad e incoherencia ideológica del PSOE es especialmente lesiva en el electorado joven, en el que la brecha entre los dos principales partidos es muy amplia. En los jóvenes predominan dos estereotipos: el pragmático, de talante liberal, que vota al PP en busca de soluciones para los suyos y para sí mismo; y el idealista que expresa con su voto a partidos pequeños o con la abstención que otro mundo es posible. Algo importante une a ambos grupos: las dificultades para abrirse camino, mucho mayores que las que sus padres sufrieron y enormemente agravadas por la crisis.

Las consecuencias de la percepción de incapacidad y de incoherencia ideológica no son similares. La primera provoca muchas menos fugas electorales en el PSOE que la segunda, pero también es la que permite un cierto crecimiento del voto al PP. En todo caso, las dos explican el hundimiento del partido.

¿Qué deberían hacer los socialistas para recomponer su electorado? El primer reto consiste en mejorar su capacidad. Se trata de un propósito factible. Los ciudadanos son muy volubles en lo que respecta a la competencia que atribuyen a los partidos a la hora de gestionar la economía: en otros momentos, como en las elecciones de 1993 y de 2008, era el PSOE el que se imponía en esta dimensión.

Al margen de que sea la imagen de capacidad del PP la que se deteriore en los próximos tiempos como consecuencia de la crisis, los socialistas tendrían que apostar por equipos que transmitan la máxima solvencia, lo que implica incluir en las primeras filas a los más preparados y mejorar la comunicación de los mensajes.

El segundo reto radica en recuperar la sintonía con los electores progresistas, un objetivo mucho más complejo. Es probable que, tras cuatro años de Gobierno popular, los ciudadanos perciban que sí existen diferencias nítidas entre los dos principales partidos, sobre todo en el empeño por reducir las desigualdades. Sin embargo, esto no será suficiente. Para alcanzar una sintonía amplia con la sociedad, el PSOE tiene que adentrarse en nuevos territorios: no basta con defender el Estado de bienestar. Es necesario abordar la brecha que existe con los jóvenes. Y aquí las soluciones deben ser más rotundas.

A lo largo de su historia, la socialdemocracia ha combatido las desigualdades de clase, primero, y las de género, después. Ahora le toca afrontar una nueva forma de desigualdad: la que se produce entre generaciones y que, según los datos del CIS, es ya mayor que la que se da entre hombres y mujeres.

Los jóvenes de hoy se encuentran en una situación de discriminación sin precedentes con respecto a sus propios padres. Y lo están por una acumulación de factores: porque es incomparablemente más costoso para ellos acceder a una vivienda, porque es mucho más difícil que encuentren empleo (pese a contar con mucha mejor formación), porque cuando lo logran las condiciones son casi siempre precarias, y porque, en última instancia, para disfrutar de su pensión tendrán que trabajar más años que sus padres.

Por ello, los jóvenes, a diferencia de sus mayores, no se conformarán ni con el retorno a las esencias de la socialdemocracia, ni tampoco con la formación de un equipo de personas que transmitan competencia. Exigirán mucho más. Primero, que se llame al problema por su nombre reconociendo que no solo hay conflictos de clase, sino que, hoy por hoy, también hay un conflicto entre generaciones. Y, segundo, que se articule un proyecto integral que corrija esta nueva fuente de injusticia, removiendo aquellos obstáculos que impiden a los jóvenes elegir la vida que realmente quieren llevar.

En España, como en otros países, los socialdemócratas han sabido siempre defender los intereses de los más débiles: de las clases trabajadoras, en primer lugar, y de las mujeres, en segundo. Ahora es necesario que se dé el tercer salto, volcando toda la energía en los jóvenes. Es en la búsqueda de soluciones a la desigualdad generacional donde quizás los socialistas españoles se jueguen su futuro.

A principios de 2008 un conocido periodista preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero por el balance de su implicación en el tema del Estatuto de Cataluña: ¿no habría sido una frivolidad formular por anticipado aquella promesa de que “apoyaré el Estatuto que venga de Cataluña”? Sin negar que hubiese pronunciado dicha frase, el presidente dio al responder tres interpretaciones sucesivas de su pasada posición. Una, habría dicho “que apoyaría que el Parlamento de Cataluña hiciera un nuevo Estatuto”. Otra, “lo que yo apoyaba es que el Estatuto se reformara”. Y por fin, su declaración había sido: “Apoyaré lo que se pueda apoyar y no apoyaré lo que no se pueda apoyar”. Lo opuesto, en este último caso del apoyo terminante efectivamente pronunciado. Con cierta irritación, ZP añadió: he explicado esto mismo “doscientas treinta y seis veces”.

Al margen de lo que la declaración tiene de ejercicio de marear la perdiz, convirtiendo una proposición inequívoca en una tautología, el episodio refleja muy bien un rasgo definitorio del estilo de gobierno de Zapatero: el rechazo visceral de toda responsabilidad en los errores cometidos por la adopción irreflexiva de decisiones importantes, luego sostenidas contra viento y marea. Recordemos el “crisis, ¿qué crisis?”. Volver sobre ello a estas alturas puede parecer inútil, cuando Zapatero no va a gobernar. El problema concierne ahora a su partido, que tras las dos derrotas electorales se encuentra abocado a una refundación. Solo que para abordarla una primera exigencia consiste en tomar conciencia de que lo ocurrido no es solo efecto de la crisis mundial. La ruptura con la pauta de enmascaramiento impuesta por Zapatero resulta imprescindible.

En la campaña electoral, el candidato Rubalcaba creyó necesario mantener la guardia alta, sin concesiones a la autocrítica. Pero si el PSOE aspira a evitar la larga travesía augurada por Rajoy, tendrá que poner en claro ante la opinión pública cuáles han sido sus responsabilidades, desde la línea general de la política económica a auténticos disparates como no tomar nota de la irracionalidad del boom del ladrillo, los 400 euros, asistir a la proliferación insensata de aeropuertos o no prever que en el AVE a Cuenca los trenes irían vacíos. El PP tuvo también responsabilidades, y hora es que se conozcan (desde el palacio de la cultura en Santiago, made in Fraga, al despilfarro del Ayuntamiento de Madrid por el sueño olímpico), pero a fin de cuentas quien dirigía el país era el PSOE. Es este partido quien tiene paradójicamente que luchar contra el olvido, si aspira a recuperar la confianza de cara al futuro.

Sobre la base de que la refundación solo puede venir de un congreso, el principal obstáculo puede ser esa renuencia a asumir el pasado, en la línea del citado juego de palabras sobre el Estatut de ZP. A ello se une la práctica desaparición de usos democráticos en la vida del partido. A la hora de tomar decisiones, el PSOE proclamó siempre su superioridad sobre un PS francés con diversas corrientes enfrentadas. Solo que tampoco fue bueno, según pudo verse en estos últimos tres años, que entre los socialistas la expresión pública respondiera siempre al argumentario monolítico impuesto desde La Moncloa. Recuerdo hasta qué punto era penoso en 2008 encontrarse en debates con economistas del PSOE, sin duda conscientes de la realidad, pero obligados por su militancia a evitar las palabras “crisis” o “recesión” y repetir eufemismos falaces, del tipo “desaceleración”. La presión del PP fue la eterna coartada para evitar la vida política interna, que en estos momentos resulta imprescindible restaurar, si se quiere que el partido recupere la vinculación con la sociedad española. Un congreso continuista, manipulado desde arriba por el actual grupo dirigente, del cual aún Zapatero no ha desaparecido, sería la consagración de la impotencia, a no ser que todo se juegue a esperar el fracaso del Gobierno Rajoy.

A pesar de la entidad de la crisis, que temporalmente nos obliga a renunciar a nuestra soberanía económica, resulta preciso que el PSOE intente relanzar un proyecto reformador, algo bien diferente de una sucesión de propuestas populistas, como las que han salpicado la campaña electoral. No basta con grandes palabras que apenas transforman la realidad: el impuesto sobre el patrimonio debió asociarse a medidas que de verdad impusieran la carga fiscal sobre las grandes fortunas. Era tan inútil en estos tiempos pedir moratorias a Europa, como soñar con el retorno a políticas fundadas sobre el incremento del déficit público. Pero el equilibrio presupuestario no impide proponer una política de equidad que acabe con las bolsas de corrupción y con los privilegios del gran capital, por vía de exención o de evasión fiscal, compensando los sacrificios que a corto plazo sea necesario realizar. De ahí que el planteamiento de un proceso de reforma de la estructura financiera de la UE parezca tan imprescindible como la reflexión sobre el reajuste del Estado de las autonomías, al cual la política oportunista de Zapatero sobre Cataluña (Estatut) y Euskadi (marginación del PSE, desastre vía TC en las legalizaciones), por no hablar del descontrol financiero, ha proporcionado tal vez un golpe de muerte. Hay que cambiar.

Aunque todavía es pronto para determinar con detalle de qué modo se ha desplazado el voto en las elecciones del 20-N, parece haberse impuesto entre analistas y expertos en demoscopia la idea de que el PSOE ha perdido presión, más que nada, por su costado derecho. De los cuatro millones y medio de sufragios cedidos, un millón son ahora propiedad de los populares; cerca de setecientos mil se han desviado a IU, otros tantos al partido del Rosa Díez, y cerca de ciento cincuenta mil a CiU. Del resto da cuenta la abstención o la desaparición física de los que habían apoyado la marca socialista en las legislativas de 2008. En resumen, y haciendo balance: la disminución en beneficio del centro o centro-derecha supera al trasquilón recibido por la izquierda en una proporción de tres a uno. La consecuencia que de aquí se ha sacado es que Rubalcaba erró en el planteamiento de su estrategia, orientada sobre todo a protegerse por el lado de babor. No disiento de este dictamen, ni discuto que Rubalcaba se haya desempeñado durante la campaña con muy poco tino. A la vez, me parece de justicia introducir una eximente parcial. No habría bastado con que Rubalcaba, en lugar de hacer demagogia, se hubiese ceñido a la ortodoxia económica y al realismo político. Habría sido necesario, además, que se le creyera. El caso, sin embargo, es que carecía por completo de credenciales para infundir confianza, dijera lo que dijese. No había liderado un movimiento de opinión dentro del partido; no llevaba, adherido a su nombre, una visión concreta sobre los intereses generales; tan siquiera venía legitimado por la sanción de un proceso congresual abierto. Rubalcaba, alumbrado por un golpe de palacio, no representaba una idea sino un compromiso entre fuerzas cuyos móviles sólo podía entender el iniciado en las turbulencias orgánicas de Ferraz y sus delegaciones regionales. La propuesta era demasiado débil, y sobre todo demasiado oscura, para un momento en que la pasión dominante entre los ciudadanos es el desconcierto o la angustia, o mejor, la suma de ambos. Y ocurrió lo que ocurrió: un derrumbe de los socialistas sin precedentes en la democracia.

Pronto sabremos cómo gestiona el partido del puño y la rosa la derrota severísima. Sea como fuere, permanece el dato que se ha aventurado líneas arriba: a saber, que los españoles se han inclinado con claridad hacia siglas partidarias —no hablo de los programas, que no lee nadie— difíciles de identificar con una defensa peronista del gasto social. El fenómeno es especialmente elocuente en lo tocante a CiU, cuya enérgica política de recorte de las prestaciones públicas no ha impedido que se convirtiera en la fuerza más votada de Cataluña. No hay que ser un lince para llegar a la conclusión de que la gente no desea promesas sino seguridades, y de que ha preferido apostar por la firmeza, demostrada o potencial, antes que por garantías retóricas que intuye que no se podrán respetar en la práctica. La pregunta que a partir de estos hechos yo me formulo, y probablemente se formulan muchos españoles, es qué habría pasado si el PP, en lugar de refugiarse en el sigilo o la confusión, se hubiese arrancado a ofrecer una explicación franca de los enormes sacrificios que bajo su mandato todos deberemos compartir.

La pregunta, por supuesto, carece de respuesta efectiva, puesto que nos envía a premisas que, de hecho, no se han cumplido. El caso es que el PP ha optado por la estrategia que en teoría de la decisión racional se conoce como «minimax». El que abraza esta estrategia elige, no la opción que en principio pueda dar más frutos, sino la que encierra menos riesgos. Rajoy ha hecho lo posible por exponer una superficie mínima a la demagogia de Rubalcaba, y este acuerdo, a la vista de los resultados del 20-N, le ha salido bien. Habrá de pagar, no obstante, un precio en diferido. Habrá de anunciar medidas durísimas sin la asistencia, o la legitimidad, que proporciona formular un plan de acción antes de conseguir el voto. No es difícil imaginar qué argumentos esgrimirá el jefe de los populares llegado el instante de dirigirse a la nación. Uno, y no dudo de que las cifras le avalarán objetivamente, consistirá en explicar que las cosas están aún peor de lo que se presumía. Es lo que ya se ha hecho en Castilla-La Mancha, donde la situación, es cierto, era bastante peor de lo que oficialmente se había admitido. El otro argumento serán las exigencia europeas. Que Europa no nos va a dar margen es algo que consta a cualquier observador medianamente avisado, y es algo también que sabía, y sabía a la perfección, el candidato socialista cuando, en el vis-à-viscon Rajoy, propuso, con desfachatez asombrosa, que solicitásemos una moratoria a la Unión en materia de ajuste. Lo que es un secreto a voces, en fin, no es un secreto, y está en parte descontado por el elector. Pese a todo, no es lo mismo hacer lo que se ha dicho que se iba a hacer que rectificar sobre la marcha. No es tarde para recordar que Zapatero se destruyó a sí mismo en mayo de 2010, al justificar su nueva política con el alegato de que en realidad no era suya, sino de la Comisión Europea y de la canciller Merkel. Los costes serán menores para Rajoy, máxime porque no necesitará contradecirse, sino solo precisarse. Pero esos costes van a existir, y pueden ser coyunturalmente importantes.

La cortesía, la cautela y el sentido común obligan a esperar lo mejor de un nuevo presidente de Gobierno mientras no haya dado muestras inequívocas de que la esperanza es infundada. La cortesía, el sentido común y la cautela no son óbice, sin embargo, para adelantar algunos consejos, o, cuando menos, tal cual reflexión en voz alta. A mi entender, los españoles son plenamente conscientes, aunque no dominen todavía los detalles, del trance gravísimo que atraviesan y de la aspereza de los años por venir. Creo, sinceramente, que son mejores de lo que los políticos profesionales estiman, y que no se perderá nada revelándoles la verdad. Es cierto que el zapaterismo ha obrado calamidades sin cuento ante unos ciudadanos aparentemente pasivos. Se han perpetrado calamidades en el País Vasco, y se ha infligido una herida atroz al Estado en Cataluña, sin que los responsables políticos de esos desafueros sufriesen el castigo correspondiente en las urnas. Sí, esto es así, y esto arroja una luz mortecina sobre la calidad media de nuestra democracia, tanto en las capas altas, como a pie de obra. Ahora bien, aun en la peor de las hipótesis, sigue siendo cierto que los españoles sabemos sumar dos y dos, al menos, en lo que afecta a nuestros intereses personales y a los de nuestras familias. No comprendimos ciertas cosas porque se nos habían explicado mal, o porque estaban envueltas en el velo y la culta latiniparla de las consideraciones y escrúpulos constitucionales. Pero sí comprendemos que la tasa de desempleo entre los jóvenes es intolerable, o que el paro está tocando niveles asombrosos. Comprendemos, en una palabra, que así no se puede seguir. Estamos preparados para oír mensajes ingratos, siempre y cuando no equivalgan a un certificado de defunción sino a una invitación a fajarse y mejorar. La democracia sólo extrae de sí sus esencias superiores cuando se ejerce a fondo. En una democracia, la gente es la única alternativa. No apostar por la única alternativa que existe es como ponerse a caminar en el agua, o a chapotear en medio del llano.

Muchos de los análisis que se hacen estos días acerca de las últimas elecciones generales giran en torno a la crisis económica, con todas sus ramificaciones, como principal factor explicativo del resultado. Sin desdeñar la relevancia de este aspecto, se echa en falta un análisis que, con algo más de perspectiva, incorpore otras claves que ya se manifestaron en 2008 y que ahora son necesarias para interpretar el 20-N y sus consecuencias.

Por lo que se refiere al PP, hay que recordar antes de nada que el resultado que obtuvo en las elecciones generales de 2008 fue excepcional para un partido derrotado, tanto en términos absolutos (cerca de 10,3 millones de votos) como relativos (casi un 40%).

La principal implicación de este, a veces olvidado, resultado tan notable es que en 2011 una subida relativamente modesta del número de apoyos recibidos ha servido al PP para ganar más de 30 nuevos escaños y casi 5 puntos porcentuales.

Sorprendentemente, la moderación de este ascenso ha llevado a algunos analistas y dirigentes socialistas a restar importancia, o al menos relativizar, el mal resultado, insistiendo en que la clave de la victoria del PP reside más en el descalabro del PSOE que en el avance popular. En su opinión, así lo reflejaría que el número de votos obtenido (10,8 millones, a falta del CERA) sea claramente inferior al logrado por el PSOE en 2008 (11,3 millones), un resultado que entonces se tradujo en “solo” 169 escaños frente a 186 que ahora tiene el PP.

Sin perjuicio de lo que enseguida diré sobre el PSOE y su resultado, hay tres razones poderosas para no subestimar el rotundo apoyo logrado por los populares.

La primera es que el PP acredita haber consolidado un elevado suelo electoral. Así, en las últimas cinco elecciones generales, desde 1996 a 2011, se ha movido siempre por encima de los 9,7 millones de votos. Y lo ha hecho con distintos candidatos, en ocasiones desde el Gobierno y en otras desde la oposición, con victoria o con derrota, y empleando muy diversas estrategias (“crispación” en 2008 y “prudencia” en 2011, por ejemplo), lo que sin duda reafirma la solidez del apoyo.

En segundo lugar, hay que recordar que, a pesar de la baja participación (tras el recuento del CERA quedará en torno al 70%), el PP ha incrementado su apoyo en prácticamente todas las comunidades autónomas (en porcentaje y en la mayoría también en votos), con avances sustanciales en territorios tradicionalmente menos favorables como Andalucía (más de 260.000 votos adicionales respecto de 2008) o Cataluña (más de 100.000).

Y, tercero, hay quien piensa que la mera acción de gobierno, en un contexto económico tan complicado, va a producir al PP un importante e inexorable desgaste en un corto espacio de tiempo. Y, sin embargo, los recortes que han comenzado a aplicar las comunidades autónomas en

siguientelos últimos meses no le han pasado factura alguna al PP (ni a CiU) en las elecciones generales; al contrario, en un territorio emblemático como Castilla-La Mancha ha subido más de seis puntos porcentuales.

Por su parte, el resultado obtenido por el PSOE en 2008 también merece la calificación de excepcional: en número de votos fue el mejor de la historia y en porcentaje alcanzó un nivel casi equivalente al que en 1986 o 2000 se había traducido en una holgada mayoría absoluta.

Decir que ese resultado de hace tres años fue engañoso es seguramente exagerado, pero conocer sus claves es imprescindible para ahora interpretar de forma adecuada la dramática derrota socialista. La idea fundamental es que el triunfo del PSOE en 2008 se basó, más que en arañar votos al PP por el centro, en su capacidad para movilizar a su propio electorado y atraer votos de la izquierda y de ámbitos nacionalistas gracias al éxito de determinadas políticas (la social, señaladamente) y del recurso al miedo a las políticas regresivas del PP. Esa capacidad de los socialistas para aglutinar fuerzas dispares explica entonces su fortaleza, pero al mismo tiempo apuntaba ya su debilidad… como han demostrado las recientes elecciones.

Dejando a un lado el inevitable desgaste que supone gobernar en un contexto de crisis económica devastadora que ha llevado el desempleo a cotas insoportables, el PSOE debería tener claro que lo más preocupante para su futuro es que la gestión del Gobierno de Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura ha resquebrajado dos pilares fundamentales de su estrategia política y electoral: el papel central de la política social en el discurso y el miedo al PP como factor de movilización.

Esta mala gestión explica, desde luego, que el desgaste provocado por la crisis se haya convertido en una verdadera sangría de votos. Pero el asunto es aún más preocupante, porque haber incurrido en errores estratégicos tan graves puede tener serias consecuencias para el futuro en todas las direcciones. Hasta el punto de que no es disparatado pensar que podríamos estar en el inicio de un largo periodo de hegemonía del PP en el que este será siempre el partido más votado, de manera que el PSOE solo podría aspirar a que los populares no obtuvieran mayoría absoluta. En este sentido, el PSOE corre el riesgo de convertirse en una fuerza secundaria que se movería entre un 20 y un 30% del voto y sería incapaz, en consecuencia, de “valerse” por sí sola no ya para gobernar, sino para aspirar a ello.

Para evitar este proceso que ya se ha iniciado en ámbitos autonómicos concretos (Madrid es un buen ejemplo), el PSOE tiene que recuperar la credibilidad ante los ciudadanos. Ello pasa por realizar un ejercicio sincero de autocrítica sobre la acción de gobierno y sobre la organización del partido en estos últimos años; y, a partir de ahí, presentar a la sociedad un proyecto que restablezca las señas de identidad (no meros gestos) socialdemócratas, que apueste por el factor redistributivo como pieza fundamental del discurso y que contribuya a recuperar el terreno que la economía ha arrebatado a la política.

A la vista de la reacción del partido tras la debacle electoral, no parece que este sea el camino escogido. Al contrario, el PSOE parece enfrascado en luchas personalistas que lo único que revelan es la esclerosis que sufre el partido.

Hay que felicitar al Partido Popular por su indiscutible victoria y por la importante mayoría absoluta que ha obtenido. Mariano Rajoy es una persona moderada, sensata e integradora que si no cede el timón de dirección pilotará con mesura la salida de la crisis, siempre que se mantenga en los contenidos de sus palabras en la noche electoral y controle a sus gentes más radicales y más integristas.

El PSOE ha tenido una indudable y severa derrota, la más amplia desde los orígenes de nuestra democracia en 1977. Hay mucho que rectificar y nuestros militantes merecen un esfuerzo de creatividad y de fortaleza para iniciar una senda de reconstrucción. Los mimbres necesarios para esa tarea están presentes y el punto de partida se hace desde un número de diputados 10 veces mayor que el de Izquierda Unida y 20 veces que el de UPyD. Parece difícil que pretendan sustituirnos, pero el relanzamiento socialista exige coraje, inteligencia y decisión.

Con independencia del resultado electoral y del triunfo del Partido Popular, se pueden hacer reflexiones que tienen un valor general y que producen unas conclusiones que exceden de ese resultado. Tienen diversos orígenes y diferentes argumentaciones. Afectan a los nacionalismos excluyentes y soberanistas, a Izquierda Unida y al Partido de Rosa Díez.

Los nacionalistas excluyentes, ya existentes, y el nuevo que es Amaiur, viven de una hipótesis que nunca van a realizar plenamente. Podrán tener mayor o menor repercusión y resultados según que España esté o no en progreso y desarrollo suficiente sobre todo económico, pero nunca podrán alcanzar su meta última que es la independencia del fragmento del Estado que cada uno representa (Cataluña o País Vasco). España con Francia e Inglaterra es uno de los países que antes alcanzaron un Estado unitario en los orígenes de la modernidad y que solo tuvo dos soberanos desde que este concepto expresa la unidad del poder moderno, la soberanía a partir de su construcción teórica para Jean Bodino en Los seis libros de la República 1576. En el Estado absoluto el soberano era el rey que estaba por encima de las leyes, y en el liberal, a partir de la Constitución de 1812, el soberano fue la nación, entendida como el conjunto de los ciudadanos. El separatismo en España es una ilusión imposible y un esfuerzo inútil. Ya en la Constitución de Cádiz en 1812, Cataluña y las provincias vascongadas, como se llamaba a los tres territorios forales, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, están descritos como formando parte del territorio de las Españas, mientras que Andalucía aparece diseminada en las provincias que hoy la componen y, por ejemplo, Sevilla no es mencionada. Habría que decir a los separatistas el lema que encabeza el libro sobre el infierno de la gran obra de Dante La divina comedia “lasciate ogni speranza” (abandonad toda esperanza). Izquierda Unida ha tenido un muy buen resultado que pone de relieve que sus dificultades no están en el sistema electoral, sino en sus propios problemas. No sepuede olvidar que su núcleo originario, el Partido Comunista de Santiago Carrillo, tuvo más de 20 diputados en 1977.

A Izquierda Unida, heredera del alma del Partido Comunista, hay que descubrirle sus contradicciones, sus obsesiones y sus acciones, que son como una maldición que les impide el sosiego y afrontar los temas con realismo y sentido común. A lo largo de la historia ha tenido una fijación con el Partido Socialista con diversos rostros y justificaciones. Todas ellas consecuencia de una gran frustración. Nunca han conseguido matar al padre. La primera versión está en el propio origen del Partido Comunista, cuando el PSOE no quiso incorporarse a la III Internacional ni aceptar las 21 condiciones que sometían a los partidos miembros a la disciplina de Rusia y de los dirigentes comunistas, Lenin y los que vendrían después. Lo cuenta Fernando de los Ríos en su pequeño y excelente libro Mi viaje a la Rusia Sovietista. La gran discrepancia está en el tema de la libertad, es decir, de la realización del socialismo desde la democracia y el Estado de derecho. Cuando Fernando de los Ríos pregunta por la libertad, Lenin le responde con otra pregunta: “¿Libertad para qué?”. Y De los Ríos contesta tajante: “Libertad para ser libres”. En esa radical diferencia está el origen del Partido Comunista.

La segunda fase está en la Guerra Civil, cuando un pequeño Partido Comunista en el origen, en 1931, crece con el levantamiento militar, y con el apoyo de Rusia a la República, abandonada pronto por los Gobiernos de las democracias occidentales. Hace todo lo posible por crecer a costa de los socialistas, unificando a las juventudes bajo el mando comunista, de un dirigente con tradición socialista acreditada, Santiago Carrillo, hijo de Wenceslao Carrillo, un prestigioso e influyente socialista. Después de muchos avatares, tampoco esa unificación forzosa tuvo éxito.

Si prescindimos de los oscuros tiempos del franquismo, con la Transición tuvieron la misma obsesión de superar a los socialistas, lo que no conseguirían en las elecciones del 15 de junio de 1977. Aun así, ya en el Parlamento, no abandonaron los esquemas de su frustración, aunque el debate constitucional y la grandeza de su representante Jordi Solé Tura permitieran un tranquilo periodo de colaboración.

La tercera fase se produjo con la política de Julio Anguita de las dos orillas de apoyo al PP, para situar al PSOE entre dos fuegos cruzados. Era tan ridícula aquella política iluminada de Anguita que tampoco tuvo éxito, aunque incentivó el antisocialismo y lo mantuvo vivo. El apoyo de los parlamentarios comunistas a la candidatura del PP en Extremadura supuso la proclamación de José Antonio Morago como presidente de la Comunidad y, aunque Cayo Lara no estuvo de acuerdo, ahora ante las elecciones generales del 20-N ha dicho que es agua pasada.

Por fin la cuarta versión de esa actitud se ha producido en estas elecciones. Ahora no se apoya al PP, pero se descalifica y se intenta destruir el prestigio del PSOE como partido progresista y de izquierdas. Son, según Cayo Lara, lo mismo que el PP. El desprecio de fondo no cambia, solo tiene matices que varían con los tiempos, pero siempre destruyendo.

El fenómeno de UPyD es diferente, tiene una dirigente que lo era porque pierde las elecciones para la Secretaría General del PSOE y al poco tiempo se va por ese agravio, que no le impidió tener sueldo socialista hasta el final. Creo que la mayoría de sus dirigentes y militantes son personas progresistas y de izquierdas, aunque en caso de duda siempre apoyan a la derecha, pero no es sano dirigir un partido nuevo desde el rencor y la envidia al Partido Socialista en el que militó tantos años. Construir desde la frustración y desde la destrucción es una tarea imposible.

En los grandes problemas con los que España se va a enfrentar en estos próximos años, el PP ganador y el PSOE perdedor tienen que hacer una piña de lealtad y de compromisos por el interés real de España.

Remontemos el vuelo. Observemos el acontecimiento desde las alturas que habitan las águilas. El resultado del domingo pasado supone la culminación de una serie histórica, amagada en 1993 e iniciada en 1996. Lo ocurrido desde entonces ha venido a materializar la quimera de la «mayoría natural» que Fraga formulaba entre befas de todo tipo en los 80 y la profecía de la «Segunda Transición» que sirvió de título a un libro de Aznar en vísperas de su llegada al poder.

En 2015 se celebrará el 40 aniversario de la muerte de Franco. Si Rajoy culmina la legislatura y continúa en el poder entonces -algo altamente probable teniendo en cuenta su holgado margen en el Congreso-, podrá decirse con toda propiedad que así como durante los primeros 20 años de democracia la sociedad española tendió a escorarse a la izquierda, las siguientes dos décadas habrán adquirido un nítido sesgo de centro derecha.

Si el PSOE gobernó en 13 de los 20 años posteriores al óbito del dictador, el PP lleva camino de hacerlo en otros tantos de la veintena subsiguiente. Pero con la diferencia de que así como los años de la UCD de Suárez, anteriores al histórico triunfo felipista del 82, han de interpretarse como una magistral pista de aterrizaje, una especie de hábil preámbulo que amortiguó la trayectoria pendular del retorno de una izquierda enraizada en la Segunda República, estoy seguro de que la cuña de los siete años de Zapatero, incrustada entre las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy, va a ser percibida como una alteración de la sociología electoral subyacente, vinculada a la masacre del 11-M y a la originalidad política de su protagonista.

Números cantan: en ninguna de las cinco elecciones generales celebradas en estos últimos 15 años el PP ha bajado ni del 37,7% de los votos ni de los 9.700.000 sufragios. De hecho, en el 2004 perdió con 50.000 votos más de los que obtuvo cuando ganó en el 96 y en el 2000 Rajoy se convirtió en el primer y único perdedor de nuestra historia con el apoyo de más de 10 millones de votantes. La prueba más elocuente de la estabilidad del respaldo popular del PP es que entre su mejor y peor resultado a lo largo de esta década y media en la que, insisto, ha logrado dos mayorías absolutas, hay una distancia de menos de siete puntos, mientras las oscilaciones a la baja del PSOE con el 34,1% del 2000 y el 28,7% del 2011 implican una volatilidad superior a 15 puntos.

Dos circunstancias muy singulares corroboran o más bien acentúan la preferencia de la mayoría de los españoles por el PP como instrumento adecuado para ejercer sus derechos de participación política. La primera, es la de que todos sus porcentajes, incluidas esas dos cimas por encima del 44% -ciertamente notables en elecciones parlamentarias mediante el sistema proporcional-, se han obtenido con el lastre de unos resultados siempre inferiores a la mitad de ese apoyo en Cataluña y el País Vasco. La segunda, la aparente falta de carisma, telegenia y tirón electoral de sus dos líderes: el primer jefe de Gobierno con bigote de la Europa democrática y el primer jefe de Gobierno con barba de la Europa democrática.

Si el PP hubiera obtenido en Cataluña y el País Vasco el mismo resultado que en el resto de España, habría superado el 49% de los votos y pulverizado el récord absoluto de 202 escaños de González. Pero esos cinco puntos adicionales, que hubieran convertido la mayoría absoluta en imperial, no van a estar al alcance del PP mientras gran parte de su electorado potencial se sienta bien representado por los nacionalistas de PNV y CiU. En pocos momentos como durante esta semana, con Artur Mas aprobando medidas que sirven de heraldo a las de Rajoy y el PNV pactando los presupuestos de la Diputación de Vizcaya con el PP, se ha visualizado tan nítidamente que los tres partidos defienden los mismos intereses. Fantasías aparte, casi podríamos decir que la mayoría de los votantes de CiU y PNV son votantes del PP, disfrazados por mor de su lugar de residencia.

Estamos ante una mayoría sociológica que respalda sin ambages el liberalismo económico y político, se aferra a una identidad cultural cristiana y rechaza como tópicos vacíos los valores que dieron a la izquierda la hegemonía intelectual a finales del siglo pasado. Si la catastrófica gestión de la crisis ha redundado mucho más en el hundimiento del PSOE que en el auge del PP, es porque el partido de Rajoy -ése es su mérito- ya estaba muy alto. UCD gobernó de hecho en las dos primeras legislaturas con porcentajes muy inferiores a los obtenidos por el PP derrotado tanto en 2004 como en 2008.

Estamos ante un desplazamiento hacia la derecha del centro de gravedad de nuestro mapa político, mucho menos coyuntural de lo que parece, muy en línea con lo sucedido en las demás democracias desarrolladas desde la caída del Muro de Berlín. Con el cambio operado en España, los cinco grandes estados europeos van a tener gobiernos del mismo signo.

El hecho de que el único bálsamo con que el PSOE parece lamerse sus heridas sea la hipótesis de que la crisis -con ayuda de la calle, claro- se lleve por delante antes de tiempo al Gobierno de Rajoy muestra tanto su actual indigencia ideológica, como el pánico cerval a que, por segunda vez en una misma generación, la seriedad de los populares sirva para arreglar los desaguisados fruto de la frivolidad y la incuria socialista. Si los líderes europeos son capaces de dar los pasos necesarios para enderezar la economía, convirtiendo la Unión Monetaria en una Unión Fiscal caracterizada por el rigor presupuestario y la solvencia financiera, y Rajoy interviene activamente en ese proceso, el PSOE puede despedirse de volver a gobernar durante mucho tiempo.

Incluso su propia hegemonía en la izquierda puede verse amenazada en futuras elecciones por sus dos flancos como consecuencia del auge de Izquierda Unida y UPyD, de modo que pasemos a una oposición con forma de tridente frente a una fuerza gubernamental cohesionada por la acumulación de poder municipal, regional y nacional. Y es que además de por su incapacidad de responder con una mínima consistencia a los desafíos de la crisis, el PSOE se ha hundido, y ha abierto espacios alrededor, por sus vaivenes e incongruencias respecto a la identidad nacional y el modelo de Estado.

Si el PP se ha encontrado con un tope en Cataluña y el País Vasco, pero con un margen de confianza prácticamente ilimitado en el resto de España, al PSOE le ha sucedido a la inversa todo lo malo y nada de lo bueno. Sus veleidades gobernando como si tal cosa con fuerzas independentistas en tres comunidades autónomas y la temeridad de una negociación política con ETA, que ha devuelto a la banda a las instituciones sin otra contrapartida que la promesa de dejar de matar, le han acarreado un duro castigo por doquier en beneficio del PP y la invasión de sus espacios electorales por los nacionalistas.

Sólo Bono acierta en el diagnóstico de las raíces profundas de los problemas del PSOE cuando recomienda olvidarse de los territorios y empezar a pensar en las personas. No comparto ni de lejos el ferviente deseo de la cúpula del PP de que Rubalcaba se quede al frente de la oposición pues lo conveniente es que haya alguien capaz de dar réplica a un gobierno con mayoría absoluta sin que cualquier piedra que lance se vuelva como un bumerán contra el techo de cristal de su pasado. Rubalcaba les vendría igualmente bien a todos los dirigentes derrotados de su partido que no tendrían que temer por el asiento en el que calientan el trasero, le vendría bien a Blanco que conservaría la protección política ante el Tribunal Supremo y les vendría bien a los alicaídos poderes fácticos del viejo felipismo que ante todo anhelan tener a un procurador de sus intereses jugando al do ut des. Pero le vendría mal a España.

¿Cómo contentarse, sin embargo, con que las alternativas deban ser una Carme Chacón con incurable síndrome de Estocolmo ante los nacionalistas o no digamos el Boabdil vasco que, por cierto, acaba de dar un paso de gigante para ver colmado su anhelo de entregar cuanto antes las llaves de la plaza al enemigo? Tendría gracia que la verdadera ganadora del congreso de febrero del PSOE fuera la misma Rosa Díez aplastada en el del 2000, sólo que esta vez desde otro partido. Hoy por hoy eso es lo probable.

No nos distraigamos en todo caso de lo esencial. Rajoy hizo un discurso de estadista la noche electoral, designó a Soraya como vicepresidenta in péctore para coordinar el traspaso de poderes, dio garantías a la señora Merkel de que hará lo que debe hacer, se reu-nió con Zapatero para perfilar la estrategia europea durante estas semanas y comenzó una ronda de encuentros con banqueros que se baten el cobre en el frente de batalla de la liquidez. Por utilizar sus propias expresiones con ocasión de una visita a Zapatero, está claro que debió empezar esos contactos «preocupado» y debió terminarlos «muy preocupado», porque entre tanto los mercados siguieron zurrando la badana a nuestra deuda.

Una cosa es que haga bien conservando la calma y no tome ningún atajo, anticipando nombramientos o medidas antes de ser formalmente presidente con la vana ilusión de amansar a las fieras de los parqués, y otra que no deba ser consciente de que su obligación es aprovechar su investidura para hablarles claro de una vez a los españoles: ésta es la inmensa magnitud del problema, ésta es la desagradable medicina que ineludiblemente tendremos que engullir.

Tal y como pronostiqué el domingo, la victoria no ha sido amarga, sino ácida. A diferencia de lo que le pasó a Aznar en el 96, la aritmética que le ha aguado la fiesta a Rajoy no ha sido la del recuento electoral, sino la de la reacción del Ibex: un 6,86% de caída en sus tres primeros días como presidente electo. Cualquiera diría que en el bautizo de los triunfos de los líderes del PP siempre ha de irrumpir un hada de mal agüero con negros presagios bajo el brazo. Pero también tenemos ya un precedente de cómo los hombres de carácter son capaces de hacer de la necesidad virtud y el tiempo demostrará cómo a la hora de gobernar entre Rajoy y Aznar habrá más similitudes que diferencias.

El nuevo presidente tiene un mandato claro -la canciller alemana se lo recordó como si fuera lectora de EL MUNDO- y todos los apoyos necesarios para llevarlo a cabo. Ya sólo le falta una divisa sobre el dintel que le motive cada mañana al cruzar la puerta del despacho. Como el día de la presentación de El Primer Naufragio le dediqué la consigna del mejor Danton -«Audacia, audacia y Francia estará salvada»- lo congruente sería proponerle ahora la máxima originaria de Virgilio: «Audax fortuna iuvat». Pero preparando mi pregón para el Salón del Libro Antiguo, que se inauguró este jueves, topé con una frase de Séneca aún más apropiada: «Avida est periculi virtus» («el valor está ansioso de peligros»).

¿Valeroso Rajoy? ¿Amante del peligro Rajoy? Al margen de que los hechos le han dado hasta ahora la razón a él y no a quienes auguramos en el 2008 que no lograría remontar su segunda derrota y consolidar su liderazgo en un entorno de grandes dificultades, podríamos decir que ya que son las circunstancias las que le han elegido como gobernante y no a la viceversa, más le vale aprovecharse emocionalmente de ellas.

Estamos hablando del heroísmo de los sitiados. «El precio da valor al diamante, la dificultad a la virtud, el dolor a la devoción y la acritud a la medicina», escribió Montaigne. Puesto que la tarea que aguarda a Rajoy es tan difícil, parece justo que él sepa que, volviendo a Séneca, todos sabemos que «los padecimientos que ha de soportar son parte de la gloria» («quoniam etiam quod passura est gloriae pars est»).

Dicho esto, yo tampoco me opondría a que, sin tener que viajar tan lejos en el tiempo, la divisa que hiciera suya y pusiera en un cartel bien a la vista de todos sus colaboradores se ciñera a las cuatro palabras con que el joven Camilo José Cela abordó la tarea de escribir su primera obra maestra: «Se acabó el divagar».

El jueves pasado publiqué un artículo en estas páginas en el que advertía que, dada la catastrófica situación económica de nuestro país, se debería prever un procedimiento más urgente del previsto en circunstancias normales, para que hubiese un Gobierno lo antes posible. El primero que se dio cuenta de lo que yo advertía fue Ruiz-Gallardón, que probablemente será el próximo presidente del Congreso.

Después siguieron, por parte de muchos otros, las elucubraciones sobre este tema, aumentando considerablemente las mismas tras conocerse los resultados de las elecciones. Mi propuesta era que el periodo de transición de un Gobierno a otro se podría acortar, al menos, en unos 20 días, puesto que el cómputo que hace el Ejecutivo en funciones sitúa hacia el día 24 de diciembre la probable constitución del nuevo. Esto es, un mes, en el que cada día seguiremos perdiendo millones de euros por no tomar las medidas adecuadas que nos exigen los mercados y los organismos europeos.

Pues bien, ante mi asombro, en primer lugar, el prestigioso jurista, todavía ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, dijo, muy envarado, que no era posible porque los plazos para la constitución de las Cámaras los señalan la Constitución y las leyes, y que hay que respetar las normas. Argumentación, en segundo lugar, que volvió a repetir el todavía presidente del Gobierno en funciones, en su conferencia de prensa del pasado lunes. En otras palabras, cuando están a punto de irse los actuales gobernantes, les ha entrado un enorme prurito por respetar la Constitución y las leyes, cuando habría que señalarles que carecieron de él durante los siete años y medio que han estado en el poder. Por mostrar dos ejemplos, recordemos que apoyaron un Estatuto para Cataluña totalmente inconstitucional o también que la proclamación del estado de alarma se tomó mediante un Real Decreto, firmado por el Rey, pero refrendado por el ministro de la Presidencia, y no por el presidente del Gobierno, como exige la Constitución. Pero da igual, porque estas y otras irregularidades, son ya fruto de la historia. Sin embargo, Zapatero podría hacer prueba de su talante, tan predicado en otros tiempos, para salir de la escena con toda elegancia, porque además el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno establece que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno», lo cual, en las actuales circunstancias, significa que debería dar todas las facilidades para que hubiese cuanto antes un nuevo Ejecutivo. Pero Zapatero no quiere, porque se lo prohíben -dice él- las normas que regulan los plazos.

Lo cual no es exacto, porque sin violar ninguna norma de la Constitución o de la ley, podríamos conseguir, según los pasos que regula la ley electoral en los artículos 103 a 112, que entre hoy y el día 6 de diciembre pudiesen estar acabados todos ellos, con lo cual ese día se podría constituir el Congreso de los Diputados y, según el artículo 3 de su Reglamento, tras la creación de la Mesa de edad, se leería la lista de los diputados electos y de los recursos contenciosos-electorales que todavía no se hubieran resuelto. A continuación, se procedería a elegir al presidente y a la Mesa. Al día siguiente, ya bajo la batuta del nuevo presidente del Congreso, se podrían constituir los diferentes grupos parlamentarios (entre ellos uno de UPyD). La única condición para lograr esta urgente anticipación, que es legalmente posible, no sería sino aprobar un Real Decreto, que cambiase la fecha del 13 de diciembre por la del 6 de diciembre, que señala el Real Decreto de 27 de septiembre de 2011. Tal medida la ampara el artículo 68.6 de la Constitución, cuando señala que «el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones», es decir, en este caso, sería el día decimosexto, y no el vigesimoquinto, agotando el plazo como si no pasara nada, según el deseo de Zapatero. Así ya habríamos acortado nueve días.

A continuación, el artículo 5 del Reglamento del Congreso señala que «dentro del plazo de los 15 días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura», o sea el día 7 de diciembre. Al día siguiente, el Rey, en una jornada, podría realizar las consultas, esta vez puramente protocolarias, con los representantes de los grupos, para proponer después el candidato a la Presidencia del Gobierno. En 24 horas, se podrá proceder ya a la investidura del presidente. El cual expondría su programa de Gobierno y, al mismo tiempo, comunicaría la lista de sus ministros y, tras el debate con la intervención de los portavoces de los grupos, se procedería a la votación para investir al nuevo presidente. Para ello, siguiendo lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Congreso, su presidente podría tomar las medidas adecuadas para aligerar los tiempos.

De esta forma, el Gobierno estaría funcionando el día 10 u 11 de diciembre, es decir, 15 días antes de lo que quiere Zapatero. Pero, en cualquier caso, no debería olvidarse que el artículo 62 de la Constitución indica, entre las funciones del Rey en tanto que poder moderador, la de «convocar» las Cortes. Aunque, como es lógico, necesita el refrendo del presidente del Gobierno, puesto que es un acto debido del Rey. Pero, sea lo que fuere, bastaría una indicación del Monarca para que Zapatero cambiase de opinión. Porque, a todo esto, la famosa prima sigue subiendo, nuestros recursos bajando y sigue habiendo cinco millones de parados…

Curiosas elecciones las del 20-N. El PSOE se desploma y pierde 4,3 millones de votos y 59 diputados respecto a 2008. El PP alcanza una mayoría absoluta muy holgada, pero incrementa sus votos solo en 0,56 millones, menos que UPyD (0,8 millones) e IU (0,7 millones). ¿Cómo interpretar lo que ha ocurrido? ¿Dónde han ido los votos perdidos del PSOE?

Hace ya cuatro años, en 2007, publiqué un artículo en EL PAÍS titulado El poder decisorio de la izquierda volátil. La tesis del artículo era que las elecciones en España no se ganan o pierden en el centro político, sino en la izquierda “volátil”. Si definimos a los electores “centristas” como aquellos que en unas elecciones generales han votado al PSOE y en otras al PP (es decir, los definimos por cómo votan, no por cómo se autodefinen en las encuestas), el artículo estimaba que en España había un número muy reducido (0,6 millones) de estos electores y que eran prácticamente irrelevantes. Si definimos a la izquierda “volátil” como el conjunto de los electores cuyo voto oscilaba entre el PSOE, IU y la abstención (ahora se tendría que añadir UPyD), el número resultante era mucho más alto (2 millones). La sístole-diástole de estos electores -y no la de los centristas- ha determinado hasta ahora la alternancia en el poder en nuestro país. En lo que sigue, en primer lugar, haré algunas precisiones sobre los números del 20-N y utilizaré los modelos cuantitativos del artículo de 2007 para discutir adónde han ido los 4,3 millones de votos perdidos por el PSOE. Y, en segundo lugar, junto con algunas conclusiones, discutiré hasta qué punto el trasvase de votos habido el 20-N entre el PSOE y el PP puede estar anunciando el declive del modelo de la izquierda volátil en nuestro país y el principio de la consolidación de un núcleo de electores centristas que provoque la alternancia en el poder oscilando entre los principales partidos de centroizquierda y centro-derecha.

Comencemos por los números del domingo pasado y, de entre ellos, por la tasa de participación en las elecciones. Dicha tasa resulta difícil de calcular a pocas horas de cerradas las urnas porque no se conoce el resultado del voto residente en el extranjero (censo CERA, casi 1,5 millones de electores). Ello provoca que en las cifras publicadas por los medios de comunicación y, curiosamente, por la web del Ministerio del Interior se comparen peras con manzanas, es decir, la tasa de participación del censo residente en 2011 con la tasa de participación del censo total de 2008. Este error distorsiona mucho las cosas porque la abstención en el censo CERA es muy elevada, casi un 70%. Una comparación más informativa sale de utilizar solo los censos residentes para 2011 y 2008. Sobre esta base la tasa de participación en la jornada pasada fue el 71,69% y en 2008 fue el 75,35%. Es decir, que la caída ha sido el 3,66%. Utilizando los modelos cuantitativos mencionados en el artículo de 2007, este descenso de la participación sería responsable de una caída de 2,2 puntos porcentuales en el voto al PSOE en el total de votos a candidaturas (es decir, excluyendo de los votos emitidos los nulos y los votos en blanco).

Examinemos ahora los efectos del voto a IU. Esta formación y sus equivalentes autonómicos obtuvieron un incremento de 0,71 millones de votos respecto a 2008, un 3,15% del total de votos a candidaturas. El modelo de la izquierda volátil estima una elasticidad unitaria respecto al voto al PSOE, es decir, que por cada punto porcentual que sube el voto a IU pierde el PSOE un punto porcentual y recíprocamente. Por tanto, el incremento del voto a IU explicaría una caída del 3,15% del voto al PSOE.

¿Cómo tratar el aumento de votos a UPyD? Este partido no había concurrido a elecciones generales en 2007, cuando se estimó el modelo de la izquierda volátil. Relativo a 2008 ha experimentado un incremento de 0,8 millones de votos, un 3,5% del voto total a candidaturas. No existe horizonte temporal para estimar empíricamente una elasticidad del voto a UPyD respecto al voto al PSOE, pero se debe suponer que la formación de Rosa Díez ha captado votos tanto del PSOE como del PP, pero muchos menos del último que del primero. Por ello me parece razonable suponer que la elasticidad podría estar en la zona del 0,8. Con este número el incremento de votos a UPyD explicaría una caída del voto al PSOE de un 2,8%. El aumento del voto nulo y en blanco también supone pérdida de votos para el PSOE. Entre ambos tipos de voto el aumento respecto a 2008 ha sido un 0,9% del voto total a candidaturas. Dado que el PSOE es el único partido relevante que pierde votos en términos netos, parece razonable atribuir este incremento de manera íntegra a exvotantes del PSOE.

El PSOE perdió el 20-N 4,3 millones de votos respecto a 2008. Perdió votos en todas las comunidades autónomas: 0,75 millones tanto en Cataluña como en Andalucía, 0,5 millones en Madrid, 0,4 millones en Valencia, 0,3 millones en Galicia… Estas pérdidas representan un 15,14% del voto total a candidaturas. A continuación, examino hasta qué punto el modelo de la izquierda volátil puede explicar esta caída tan pronunciada. Esto implica sumar los efectos del incremento de la abstención (2,2%), del incremento del voto a IU (3,5%) y del voto a UPyD (2,8%) y del voto nulo o en blanco (0,9%). La suma da el 9,4%. Quedan sin explicar 5,7 puntos. ¿Dónde han ido los votos que faltan? Obviamente, al PP y a CiU, y eso no lo explica el modelo de la izquierda volátil.

El PP ha obtenido 10,82 millones de votos, 0,56 millones más que en 2008, pero 0,47 millones menos que los que el PSOE obtuvo en 2008. En ese año los socialistas ganaron, pero sin mayoría absoluta. Los populares han obtenido mayoría absoluta, con menos votos que el PSOE en los anteriores comicios, por la gran fragmentación del voto de la izquierda y porque nuestro sistema electoral castiga severamente la fragmentación. Los votos al PP en 2011 representan el 44,6% del total de votos a candidaturas. Esta última cifra es solo una décima superior al 44,5% obtenido en las elecciones generales de 2000. En términos relativos al tamaño del censo, el PP ha vuelto a tocar su techo histórico, pero no lo ha superado de manera contundente.

CiU ha conseguido un aumento de 0,24 millones de votos relativo a 2008, un 1% del voto total a candidaturas. Las barreras ideológicas en el electorado catalán hacen suponer que la mayoría de los votos procede del ala más nacionalista del PSC. Este movimiento tampoco lo explica el modelo de la izquierda volátil

Examinados someramente algunos de los números del 20-N, llega el momento de extraer algunas conclusiones. En primer lugar, parece razonable suponer que en estas últimas elecciones ha habido más trasvase neto de votos del PSOE al PP que en ocasiones anteriores. Este trasvase podría ser muy similar al incremento total de votos que ha tenido el PP (0,56 millones). Esta cantidad es una proporción pequeña (el 13%) de los 4,3 millones que ha perdido el PSOE. Cabe señalar que, si ese trasvase no hubiese tenido lugar, es decir, si los populares hubiesen tenido 0,56 millones de votos menos y los socialistas 0,56 millones de votos más, el PP también hubiese ganado las elecciones del 20-N, aunque quizás sin mayoría absoluta. Esto me lleva a concluir que la izquierda volátil sigue siendo decisiva en España para desencadenar la alternancia en el poder. Esto, como escribí en 2007, nos sigue diferenciando de nuestros principales socios en la Unión Europea en los que los cambios de partido en el Gobierno los provocan los votantes centristas. Dicho esto, algo puede haber comenzado a cambiar en estas últimas elecciones: el número de votantes centristas -los que votan a veces al PSOE y a veces al PP- puede haber crecido de manera significativa. En el artículo de 2007 estimaba yo ese número en 0,6 millones y en 2011 podría haber crecido hasta rebasar el millón de electores. Sigue siendo una cantidad pequeña, pero de ser cierta mi suposición, debería tener consecuencias muy relevantes para la estrategia electoral de los dos partidos mayoritarios españoles. Esta estrategia la definía yo en 2007 como “el objetivo principal de una campaña electoral, de cualquier campaña electoral, en España debe ser para el PP que no vayan a votar los que le detestan y para el PSOE que acudan a las urnas los que le desprecian”, lo que lleva al PP a centrarse en las campañas y al PSOE a radicalizarse. Si aumentan los votantes centristas, populares y socialistas deberán competir en alardes de centrismo.

El pueblo ha votado el cambio y nuestra obligación es realizarlo”. Así empezará Mariano Rajoy su discurso de investidura. Después de una introducción al uso, dirá: “Nos encontramos un panorama económico ciertamente difícil. Pero también es cierto que afrontaremos los problemas con el respaldo de la mayoría política de que disponemos”. Y desgranará sus prioridades: “Primero, combatir el paro, para lo que emplearemos todos nuestros instrumentos disponibles… Segundo, luchar contra los desajustes y disfunciones acumulados en el sector público, para reducir el déficit”.

Las elecciones del 20-N se asemejan algo a las de 1982. Con el eslogan Por el cambio, Felipe González cosechó más de 10 millones de votos en unas elecciones también anticipadas que llevaron a los socialistas al poder por primera vez tras la Guerra Civil; era el cambio para realizar una transformación social del país, para construir una España en libertad. Casi 30 años después, el cambio vuelve a ser el lema de éxito, esta vez para otorgar a Mariano Rajoy y a su partido el mayor número de votos y escaños de su historia.

¿Hacia dónde cambian los que en su día cambiaron en busca de un país en libertad?

El de arriba no será el discurso de Rajoy, pero no solo porque es el que pronunció González en su investidura, sino además porque hay rasgos de aquel 1982 que la historia ha superado.

Las del 20-N son las elecciones en las que se ha producido uno de los trasvases de voto más importantes de la democracia, y su análisis arroja luces para entender el cambio del cambio.

El domingo el PSOE llevó al que ya era su débil suelo (el número de votantes fieles, es decir, quienes le votan pase lo que pase) más abajo incluso de los siete millones, viajando así de su cota máxima a casi su mínima en poco más de tres años.

Pero lo interesante es que esta vez el votante socialista no ha aplicado a su partido el castigo que tradicionalmente aplicaba, el de la abstención, sino que ha decidido ser todavía más explícito, inclinándose por un partido diferente de aquel en el que un día pusiera sus aspiraciones. Solo menos de la cuarta parte de los socialistas que se van han querido sancionar a su partido en silencio, quedándose en casa en espera de la recuperación. El resto ha buscado en otra parte.

Los resultados del domingo confirman así un rasgo del que el votante español lleva años avisando: es un votante que premia y castiga más que antes, que inercia su voto ideológicamente menos y que, en consecuencia, está más abierto a alternar así como a fijarse en los resultados de gestión.

Más de medio millón de votantes socialistas se han pasado al Partido Popular. Esta cifra es menor de lo que apuntaban las encuestas, pero su localización hace de ella algo suficientemente relevante como para que tanto quien los pierde como quien los recibe les preste atención especial. El PP, que reduce algo -poco- su voto en Madrid y Valencia (quizá porque sus fieles votantes se tranquilizaron ante tan buenas encuestas, porque se desanimaron por la desagradable lluvia o porque les atrajo más UPyD), localiza su principal crecimiento en Andalucía y Cataluña.

El análisis estadístico de encuestas publicadas sobre este votante socialista2008/popular2011 arroja un perfil sugerente: es alguien que pone mala nota al Gobierno por el que optó en 2008, así como a su líder. Pero lo interesante es que no solo le suspende por una mala gestión económica o del empleo, como era de esperar; tampoco solo por una mala gestión de la política exterior, del Estado de las autonomías o de las infraestructuras. Este votante exsocialista, que tampoco pone buena nota a Rajoy y que considera que el PSOE lo haría mejor que el PP solo en política antiterrorista, suspende a su partido de antaño incluso en educación, sanidad, seguridad ciudadana, vivienda, inmigración, políticas sociales y políticas de igualdad hombre/mujer. En este trasvase hay, por tanto, algo más que una pura motivación económica; se aprecia un descontento con el modelo de sociedad y de país, así como con la falta de eficacia en los modos de proceder.

Es posible que también en una valoración negativa de gestión se encuentre la fuga del voto socialista a Izquierda Unida (unos 700.000) y a CiU (aquí no está tan clara la cantidad, pues el crecimiento de este también se debe a ERC). Evidentemente, la dirección del cambio indica objetivos muy distintos. Los primeros, que también puntúan muy negativamente las políticas sociales del Gobierno por el que optaron en 2008, son aquellos por cuya retención luchó denodadamente Rubalcaba mostrando su adhesión al Estado de bienestar. Los segundos parecen estar dispuestos a otra cosa, a juzgar por su trasvase a un partido que ha cifrado la eficacia de su primera etapa de Gobierno autónomo en importantes ajustes sociales.

La sangría del PSOE ha podido alimentar incluso a Amaiur, cuyo crecimiento no parece proceder solo del voto de la izquierda abertzale, que en otra época se quedó en casa porque no tenía por quién votar.

Interesante es el trasvase del voto socialista hacia UPyD y otras fuerzas políticas que hacen de este Parlamento el más fragmentado de la democracia. Manifiesta, grosso modo, que al votante le ha movido aquello de “hacer política de otra forma”. Si se atiende además al dato de que la suma del voto en blanco y el voto nulo del pasado domingo es la más alta de todas las elecciones generales, lo que se apunta es la necesidad de una canalización del descontento y protesta que hay respecto a la representatividad de los partidos.

Con el 20-N España se ha vuelto a sumar al cambio. Pero es un cambio que, a pesar de las coincidencias que se aprecian en la cita del comienzo de este artículo, se mueve por derroteros distintos a los de 1982. Entonces, González tuvo que avisar de que “como las polémicas recientes y el oscurantismo interesado de tiempos pasados pueden confundir a muchos, debo reafirmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y al pasado”.

Hoy hay que concentrarse en el futuro. Ya no es un problema de reconstruir la España en libertad. Ya no hay miedo a pasarse al Partido Popular, al menos en algunos socialistas, los suficientes como para determinar unos resultados electorales; los suficientes, por tanto, para que el PSOE se replantee su estrategia de la división. Esto se hace necesario, pues no hay democracia que camine bien sin una oposición estable.

Dibujar las líneas del cambio es el reto del nuevo Gobierno, que tiene ahora mucho por hacer: generar la confianza que se necesita para lograr el esfuerzo que reclama la presente situación. Hacer esto con un Parlamento fragmentado exige un gran trabajo además de una enorme visión de Estado. Los resultados del 20-N demuestran que la democracia española está fuerte y, con ello, que hay que conducir de manera firme el cambio del cambio.

EL desenlace de unas elecciones, y más si se trata de unas generales, no es nunca el producto de un único factor. El entramado de intereses, anhelos, rechazos y frustraciones que concurren en la determinación de cada uno de los votos hace que resulte vano cualquier intento de simplificación. Aun así, en las elecciones que se celebraron anteayer en España, todos esos factores concurrentes parecieron subsumirse en uno solo: el estado de necesidad. El cambio al que se sumaron una inmensa mayoría de los españoles o, lo que es lo mismo, el castigo que infligieron al partido que hasta entonces había gobernado sus destinos tuvo una causa cardinal: la crisis y su mala gestión. De ahí, sin duda, que el gran vencedor de estos comicios, Mariano Rajoy, pusiera en el eje de su primer y excelente discurso como presidente «in pectore» del Gobierno estos cuatro enemigos a los que combatir: el paro, el déficit, la deuda excesiva y el estancamiento económico. Y de ahí también que la racanería del voto se cebara tan solo en quienes, desde el Gobierno del Estado y de no pocas Autonomías, se negaron primero a reconocer la existencia misma del problema para después, una vez admitido este y tras diluir su responsabilidad de gobernantes en instancias superiores, si no etéreas, optar por reformas de salón que en nada contribuían a mitigar el desempleo y a devolver la confianza a inversores y consumidores. Prueba de ello es que el Partido Popular, pese a mandar desde el pasado mes de mayo en buena parte de las Comunidades Autónomas y en los principales ayuntamientos del país, no se ha visto en absoluto afectado por ese ejercicio del poder, o que Convergència i Unió, cuyos recortes en ámbitos vinculados al Estado del bienestar tanto revuelo han levantado últimamente en Cataluña, no ha sufrido tampoco erosión alguna. Al contrario, lo mismo unos que otros han obtenido unos resultados históricos. Será que la gente prefiere que le cuenten la verdad, por dura y desagradable que esta sea, y se aborden de una vez sus problemas, a que la engañen con trampantojos y falsas promesas.

Pero, aun cuando la situación económica haya concentrado y vaya a seguir concentrando, como es natural, todos los afanes y preocupaciones de gobernantes y gobernados, las elecciones del domingo dejaron también otros mensajes. Por ejemplo, el que deriva del rotundo fracaso del PSOE y se concreta en la aparente defunción del bipartidismo. No hay duda que el batacazo socialista ha sido de pronóstico y que, por más congresos ordinarios que la dirección tenga a bien convocar, la crisis de liderazgo es un hecho. Con un secretario general en retirada, un candidato destrozado por las urnas y una candidata en expectativa que ha sido derrotada donde menos se esperaba, no parece que el futuro pueda estar en ninguna de estas cabezas. Añadan a lo anterior la imprescindible renovación ideológica y programática a que van a verse abocados los socialistas si pretenden consolidarse de nuevo como alternativa de poder y convendrán conmigo en que el porvenir al que se enfrentan —y sobre el que se cierne, no vayamos a olvidarlo, el nubarrón amenazador de las autonómicas andaluzas— dista mucho de ser halagüeño. Pero, con todo, su concurso resulta absolutamente necesario. La atomización del voto de izquierda y el consiguiente crecimiento de Izquierda Unida y de las opciones nacionalistas hacen, si cabe, todavía más necesario su pronto fortalecimiento. La situación del país va a requerir grandes pactos. Mariano Rajoy insistía la otra noche en que será necesaria la colaboración de todos y que con todos piensa contar. Hay que celebrarlo. Pero, como cualquier acuerdo depende de ambas partes, no está de más recordar que la correspondiente al principal partido de la oposición no puede quedar en modo alguno vacante.

Máxime si se repara en el descenso experimentado por la suma del voto de PP y PSOE con respecto a la registrada en pasadas legislaturas —y que no es sino la consecuencia del hundimiento socialista, hundimiento que el auge popular no alcanza a compensar—. En concreto, diez puntos porcentuales menos que en 2008. Lo que significa que, incluso contando con el concurso del principal partido de la oposición, esos grandes acuerdos de Estado van a sufrir una merma considerable en cuanto a representatividad. ¿Soluciones? No parece que esa Izquierda Unida que asegura haberse convertido en el «partido de los pobres» mientras trata de incorporar a su proyecto las escurriduras del 15-M —y cuyo resultado, por cierto, merece ser también destacado— vaya a estar por la labor. Lo suyo es la calle y la confrontación, más que el Parlamento y la avenencia. Sí pueden estar por la labor, en cambio, los nacionalismos moderados, y especialmente el catalán, que es el de mayor peso. Pero ya se sabe que esa clase de nacionalismos no suelen atender a razones otras que las propias del canje o del chantaje. Vaya, que el altruismo y la grandeza de miras no se les suponen. Con ellos, o caen más competencias y más dinero, o no hay acuerdos. Y como la generosidad del Gobierno del Estado para con esas fuerzas políticas ha sido más que notoria en estos últimos años, ya casi no queda nada en el zurrón con que saciar sus previsibles demandas —como no sea, claro, la independencia misma—.
Así las cosas, no parece existir otra opción para completar el pacto y tratar de acercarlo al porcentaje de las últimas legislaturas que la encarnada por Unión, Progreso y Democracia. El partido de Rosa Díez posee la enorme ventaja, con respecto al resto de los candidatos, de coincidir en muchos de sus principios programáticos con los del propio Partido Popular. Y, muy principalmente, en lo que atañe a cuestiones como la estructura territorial, el terrorismo, la lengua o la educación. O sea, en ámbitos todos ellos relacionados con la igualdad de derechos de los españoles, en tanto que ciudadanos de una misma Nación. Es verdad que UPyD no tiene más que cinco diputados y cerca de un 5 por ciento de voto. Pero ese porcentaje corresponde a un millón largo de sufragios, lo que convierte a la formación en la cuarta más votada del Congreso. Para adquirir un protagonismo acorde con su representatividad, sólo le falta disponer de grupo parlamentario propio. Según el reglamento de la Cámara, le separan tres décimas de su objetivo, lo que constituye sin duda una soberana injusticia, sobre todo si uno toma en consideración que UPyD supera en más de 100.000 votos a una coalición como CiU y en prácticamente 800.000 a una como Amaiur —que van a contar, ellas sí, con grupo parlamentario—.

Pero ello tiene arreglo. Basta con modificar el reglamento. Al PP le conviene y debería hacer lo imposible por lograrlo. Ante el desembarco de los «abertzales» de Amaiur, UPyD puede ejercer una eficaz labor de contención. Y luego está una cuestión de la que poco se habla de momento y que merecería, por sí sola, un nuevo artículo. De nada servirá empezar a salir del pozo en que nos encontramos si no emprendemos, a un tiempo, una profunda reforma de nuestra educación. De la enseñanza y de los valores que la informan. Hay que situar de nuevo el esfuerzo, el mérito, el conocimiento, la autoridad y la tradición en lo más alto de nuestro sistema social. En las aulas y, a poder ser, en casa. Hay que hacer pedagogía, pero de la buena. Y en esto, que es algo en lo que el PP ha estado siempre comprometido, un aliado como UPyD podría resultar de gran ayuda.

Proposals for voting strategies proliferated in the runup to Sunday’s general election in Spain. People wrote “ballot box” on drains and toilets; others suggested cutting out the middlemen and depositing votes directly into bank machines. This campaign of ballot spoiling wasn’t a subcultural anarchist prank, but a reflection of extraordinarily widespread popular disaffection. A typical sight during a pre-election protest was a respectable middle-aged man with a cigarette in one hand and a marker pen in the other going from municipal bin to municipal bin writing “Vote here” on the lids.”They don’t represent us” and “They are all the same” – the slogans of the indignados (the Spanish progenitors of the Occupy movement, who have mobilised hundreds of thousands across the country) – are now mainstream.

In contrast to the political parties, the indignados (the “outraged”) say: “They want your vote; we want your opinion.” They question the very legitimacy of electoral politics, seeing a hollowing out of representative democracy that the eurozone crisis is rendering critical. In their words, “the polls are in the safe custody of the European Central Bank”.

On election day the indignados got protest-voting trending on Twitter with a three-pronged strategy: to abstain, spoil one’s ballot, or attempt to break out of the bipartisan system by voting for a minority party. Rather than just staying at home, people actively registered disgust at the choices on offer, and the number of spoiled ballots on Sunday was double that of the last election in 2008 – numbering, with abstentions and blank votes, 11 million: more than voted for the rightwing victors, the Partido Popular.

Electoral disaffection reflects the harsh economic climate of Spain, with an unemployment rate of 46% for those under 30. Since the crisis voters have seen the socialist PSOE government renege on social policies and adopt the harsh austerity programmes of the right; as with New Labour, its traditional voter base turned away in disgust. It wasn’t so much a case of the PP winning a mandate on Sunday, but of the PSOE losing 4.5 million voters.

Meanwhile the rhetoric of the indignados – that democracy is being eroded by the markets – has received unwelcome validation as the world of finance pummels Spain. Just before the election, borrowing costs had jumped to a 14-year high. In the words of Carlos Delclós, a Barcelona indignado: “[The incoming prime minister] Mariano Rajoy’s task, at this point, is to try to guess what Merkel or the IMF want him to do before they tell him, so that his decisions look more like his own brilliance, and not the imposed will of dominant supranational institutions. The movement knows this, and I don’t think they’re going to be fooled into thinking that these elections change anything besides, perhaps, the scale of repression the government is willing to impose.”

Leónidas Martín, artist, activist and professor at the University of Barcelona echoes this concern: “The results are perverse, a reflection of the disaffection with democracy.” Martín perceives a real danger in this popular disaffection, however. He is “worried by the model of technocratic governments imposed by the markets as in Italy and Greece,” he says, because “the markets are incorporating the popular disaffection into their own interests. They say: ‘You don’t like politicians? You don’t like democracy? Very well, we understand you, and we want to help you. Just leave everything to us. We are experts.’”

In the short term, the reality of a rightwing government may well dampen the mood of the indignados. But it is also setting the stage for a massive new wave of protest that will strengthen the movement. By next spring those made unemployed by the crisis will start running out of unemployment benefits. This, combined with stringent new austerity measures and angry unions – whose hands had been tied by their connections to the socialist government, but can now come out fighting – will usher in what looks to be an enormous and potent wave of direct action.

The indignados are playing the long game. Inspiring Occupy tactics in other countries, they have been taking over empty bank-owned properties across the country from Galicia to Andalucia and Madrid to Barcelona. The general assemblies of the encampments they held in the summer are now devolved to local neighbourhoods; the occupied buildings are being used to hold assemblies through the winter months and house those evicted through mortgage defaults. “The answer to the crisis is not apathy or cynicism,” says Kike Tudela, a historian and activist. “We have four years of struggle and resistance ahead, and the question is: what will we have after four years? Do we want the socialists back with more neoliberal policies, or something new?”

The indignados are now exploring ideas that go far beyond party politics or even changing electoral law, such as participatory budgets, referendums, election recalls and other forms of citizen-initiated legalisation. “It’s a debate we have to have within the movement, but perhaps we can create new political forms from below. We are interested in Latin American models,” Tudela says, referring to governments that have resisted the onslaught of neoliberalism in tandem with social movements that hold them to their promises.

This new form of politics that creates effective pathways between social movements and government is vastly ambitious. But as the indignados say: “We are going slowly, because we are going far.”

No esperaron ni a los datos oficiales. Los socialistas se despeñaron de tal manera anoche en las urnas que, tras hacerse públicos en TVE los datos provisionales de los sondeos a pie de urna, tardaron apenas cinco minutos en salir a dar la cara para despejar cuanto antes las dudas -y las esperanzas de quienes aún las albergaran- y certificar su tremenda derrota. Ese fue el signo primero y más dramático de lo ocurrido ayer en España. Las palabras de Elena Valenciano dieron fe pública recién pasadas las ocho de la tarde de que la izquierda socialista había fracasado en su intento de detener la hemorragia de votos que se venía augurando desde el comienzo de la campaña. Nunca en la historia de la democracia española el PSOE se había arrastrado por un suelo tan bajo y la pérdida de nada menos que 59 diputados será un elemento determinante para la marcha del país además de para el futuro del partido.

Ya entrada la noche fue el hasta ayer candidato y hoy ya nada en concreto del Partido Socialista quien certificó su derrota y la de su partido con él. El anuncio de su deseo de convocatoria de un Congreso del PSOE, que hay que suponer que hizo después de haber recibido la autorización de quien desde hoy es el único líder del PSOE, esto es, José Luis Rodríguez Zapatero, hace pensar que Pérez Rubalcaba no va a renunciar a encabezar el partido. Si fuera así, si insistiera en presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE, la magnitud de su fracaso le pondría tanto plomo en los zapatos como el que ha llevado durante todos los días de campaña a causa de la gestión del Gobierno al que él perteneció como vicepresidente hasta hace cuatro meses. Pero el PSOE tiene la obligación de hacer oposición y el riesgo ahora es que su debilidad parlamentaria le lleve a refugiarse en la apelación a lo que Rubalcaba llamó ayer «los valores de la izquierda» y de ahí pase directamente a la radicalización para poder disputarle a Izquierda Unida ese medio millón de papeletas que se han ido al partido de Cayo Lara. Pero tampoco por esa vía hay alivio ni consuelo posible a tan brutal fracaso como los socialistas han padecido: al PSOE ha perdido más de cuatro millones de votos y esa enormidad es una sangría política de la que cualquier partido sale necesariamente anémico, como el propio Rubalcaba diría, y que no deja opción al disimulo. Los electores no les han abandonado por IU. Sencillamente, les han abandonado.

El otro dato, este sí que absolutamente determinante para el futuro de España, resultó más espectacular aún que el de la derrota del PSOE, y eso a pesar de que era esperado. La dimensión de la victoria obtenida por el PP es inmensa y abre de par en par las puertas al nuevo Gobierno para afrontar con toda la seguridad que todo dirigente necesita la tremenda crisis en la que estamos atrapados. Ahora, con todo el poder en sus manos, se le puede exigir a Mariano Rajoy y al equipo de ministros que él nombre que, además de la solidez política que le acaban de proporcionar los electores, haga también demostración inmediata de pulso firme y de valentía. Porque es obligado recordar que en estos momentos el Partido Popular tiene el mando absoluto sobre España entera, que se dice pronto, y ejerce el poder en todos los niveles de gobierno. Va a mandar con mayoría absoluta en el Congreso, manda con mayoría absoluta en la mayoría absoluta de las comunidades autónomas y manda también con mayoría absoluta en la mayoría absoluta de las capitales de provincia y de las grandes ciudades. Y es en esa misma medida de la inmensidad de su poder en la que hay que colocar la inmensidad de su responsabilidad. Tiene todo el apoyo, un apoyo como nunca jamás tuvo un dirigente en nuestro país, para cumplir un encargo dramático: meterse de lleno en la tormenta y hacer lo imposible por enderezar el rumbo hasta conseguir llevar a España a aguas más tranquilas.

La profundidad y la dureza de ese encargo parece haberlas entendido bien Mariano Rajoy, que ayer esperó hasta que el escrutinio pasara del 90% para hacer una comparecencia distinta. Una intervención que nada tuvo que ver con las tradicionales de un partido ganador en unas elecciones. Como dato puramente formal pero muy significativo, Rajoy no anunció su aplastante victoria desde la plataforma montada en el balcón de la calle Génova ni entre los vítores del público allí concentrado. Fue una declaración de la máxima formalidad, un compromiso solemne asumido ante todos los ciudadanos, leído ante un atril y escuchado por los suyos en un silencio sepulcral. Fue un discurso de presidente, lleno de compromisos pero también de anuncios de dificultades y esfuerzos. La fiesta del balcón no vino hasta después, cuando ya lo importante estaba dicho.

Las circunstancias económicas son tales que probablemente el de anoche haya sido el único resquicio temporal para que el gran ganador se entregue a las celebraciones. No hay tiempo para los brindis más allá de lo que el equipo directivo popular pueda concederse en estas horas que son históricas en la medida en que ese altísimo número de escaños, 186, constituye un éxito extraordinario para las fuerzas de Mariano Rajoy, que superan así el listón conseguido por el propio Aznar en el año 2000. Pero es que, además, el PP ha barrido en Andalucía, donde le ha sacado más de ocho puntos y ocho diputados al PSOE, que ha perdido nada menos que 11 escaños. Algo insólito en la historia democrática andaluza, algo que apunta a una segunda debacle a cargo de las autonómicas que José Antonio Griñán se empeñó en no convocar hasta el próximo mes de marzo. Y, por lo visto ayer, parece que son vanas sus esperanzas de que las medidas que empiece a tomar el nuevo Gobierno le sirva en bandeja la victoria al PSOE andaluz. Las andaluzas son las únicas elecciones que el PP tiene pendientes de ganar para controlar en términos absolutos la vida política española.

Pero éste es un éxito condicionado por una clara voluntad popular, no expresada formalmente pero sí de modo implícito. Los electores no ignoran de ninguna manera que el nuevo Gobierno va a meterse inmediatamente en una estrategia de ajustes implacables que van a escocer, y mucho, al cuerpo social. Es verdad que Rajoy ha eludido hasta ahora enumerar con detalle las más amargas medicinas que vamos a tener que tragar, pero también es cierto que el candidato socialista ha dedicado todo su tiempo en esta campaña en advertir de lo que se venía encima si ganaba el PP. Y, sabiendo eso, o temiendo eso, el PP ha ganado con una mayoría inapelable. Vamos a ello, le acaban de decir los electores a Rajoy, y que Dios reparta suerte.

Hay otros ganadores, claro, en una noche en la que el gran perdedor, el perdedor sin paliativos, ha sido el Partido Socialista. Izquierda Unida acaba de dar un salto muy importante y ha recuperado una posición intermedia entre lo que fueron sus mejores tiempos -años 79 y 96- y los momentos más infames, cuando en la pasada legislatura tuvo que sobrevivir en el Congreso con un humillante par de escaños. Convergència i Unió, por su parte, ha comprobado con alivio -como lo ha comprobado el PP aunque todavía no se ha puesto a gobernar- que sus electores entienden y respaldan las duras medidas de ajuste adoptadas. Los temores de la coalición a ser desbordada por el PP en Cataluña se disiparon desde el comienzo del recuento. Pero lo más llamativo es que los nacionalistas de Mas han roto el maleficio histórico de no sacarle nunca ventaja a los socialistas en unas elecciones generales. El monumental descalabro sufrido por el PSC, que ha perdido 11 escaños, incluye la pérdida de la primogenitura que siempre, siempre, ha tenido ese partido frente a los convergentes en todos los comicios de ámbito nacional. Carme Chacón no va a tener por lo tanto ni siquiera el último, aunque débil, argumento al que se habían aferrado hasta anoche los socialistas catalanes: que, aún perdiendo, el PSC seguía siendo el partido más votado en Cataluña. Pues ya no, CiU les ha sacado la delantera. Esta vez, a pesar de los recortes, de las protestas, de las tensiones, lo han logrado. Durán tiene desde hoy motivos para seguir cantando rancheras antes de regresar victorioso al Congreso con sus 16 diputados, seis más de los que tenía. Un éxito indiscutible. Por lo que se refiere al partido de Rosa Díez, UPyD tiene motivos también para dar saltos de alegría: ha pasado de uno a cinco escaños. Una hazaña.

Y, finalmente, aparece otro ganador que va a generar serias preocupaciones en las Cortes en esta legislatura que ya comienza. Y es que los electores que han apoyado a ETA durante tantos años se han unido para respaldar a Amaiur, que va a tener grupo parlamentario propio. Conviene recordar, de todos modos, que en 1989, gobernando Felipe González con una raspada mayoría absoluta, la suma de Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna dio seis escaños, uno menos que los que ayer consiguió Amaiur. Son algo más de 300 mil votos, pero son la punta de lanza de una operación política que va a tener su cenit en las próximas elecciones autonómicas vascas. Esta apuesta de los radicales va a ser de largo plazo y, precisamente por eso, es de la máxima gravedad y requiere de la máxima inteligencia y de la máxima firmeza. Las mismas cualidades que, para actuar sobre un panorama que nada tiene que ver con la radicalidad política sino con la emergencia económica, el pueblo español le reclamó con contundencia anoche a Mariano Rajoy.

EL hombre tranquilo ya no dispone de margen para la pausa. Después de una larga carrera política de fondo caracterizada por una sosegada gestión de los tiempos, Mariano Rajoy ha llegado a la meta en un momento crítico, en medio de una severa emergencia nacional que obliga a un proceso urgente de decisiones sin respiro. Va a disponer de un poder sin precedentes pero no tiene tiempo de paladear el éxito ni siquiera para detenerse en el análisis de su victoria; el deterioro de las condiciones financieras está a punto de bloquear el ejercicio mismo de la soberanía. El amplio mandato popular deposita en él una trascendental responsabilidad histórica. Ha sido investido de una holgada confianza para sacar al país del marasmo en unas circunstancias tan comprometidas que su misión requiere sentar las bases no sólo de la recuperación socioeconómica sino de una reconstrucción integral de los fundamentos del Estado. La contundente mayoría absoluta, fruto de una mezcla de hartazgo y de esperanza, no sólo expresa una inequívoca voluntad de alternativa de poder consolidada en la opinión pública a lo largo de los dos últimos años; significa una demanda clamorosa, casi desesperada, de cambio integral de rumbo.

Crisis sobre crisis, España se halla en una encrucijada global, al borde del descalabro. La gravedad de los problemas causados por una etapa de frivolidad institucional y de liderazgo incompetente otorga al programa de reformas pendientes el carácter de una cierta refundación democrática. La crisis ha puesto en evidencia el significativo desgaste del mecanismo productivo y laboral español, pero también ha hecho crujir las costuras del modelo político y administrativo. La herencia del zapaterismo es desastrosa. Deja un país empobrecido y en quiebra social, desmoralizado por una inaceptable tasa de paro, asfixiado por las deudas públicas y privadas e irritado ante la falta de respuestas políticas. A ello se suma la pérdida de cohesión del proyecto nacional, desatornillado en su estructura autonómica y sometido a fuertes tensiones soberanistas; un sistema judicial averiado por el descrédito y unos servicios públicos básicos amenazados de inviabilidad financiera. Por encima de todo eso flota un estado de ánimo colectivo caracterizado por la desconfianza. Una profunda depresión sociológica que ha triturado en muy poco tiempo la autoestima de los españoles y sembrado el pesimismo sobre su capacidad de afrontar el futuro.

Ese múltiple colapso —económico, social, político, institucional, administrativo y moral— exige del nuevo Gobierno una respuesta de mayor envergadura y dimensión que las medidas apremiantes requeridas por el shock financiero y la parálisis de la competitividad. Lo que el Partido Popular y su líder tienen delante no es sólo el esfuerzo de estabilización imprescindible para salir del estancamiento y restablecer el prestigio de la marca España, sino la necesidad de abordar una tercera Transición que redefina las pautas de funcionamiento del país para como mínimo una década. En circunstancias dramáticas, Rajoy ha recibido el encargo de dirigir un proceso de regeneración que trascienda su propio mandato mediante reformas de largo alcance que suturen las heridas abiertas en el Estado tanto por la erosión del modelo a lo largo de treinta años como por la acelerada pérdida de vigor de la etapa zapaterista. Y ha de cumplir ese cometido asentando en primer lugar la confianza y el liderazgo del presidente del Gobierno; en segundo término mediante el planteamiento de un new dealo nuevo pacto social que supere divisionismos ideológicos y ofrezca a los ciudadanos un horizonte claro hacia el que dirigir sus inevitables sacrificios; y por último estableciendo acuerdos transversales que recuperen los consensos básicos rotos en los últimos ocho años por una política ideologizada, banderiza y rupturista.

A la vista del resultado electoral, el consenso puede no ser necesario para respaldar las decisiones inmediatas destinadas a cortar la hemorragia socioeconómica, pero responde a un anhelo ciudadano y resulta imprescindible para las reformas estructurales que garanticen una transición hacia el futuro y creen un marco institucional apto para cualquier alternancia. También para frenar tentaciones autoritarias propias de las mayorías absolutas como la obtenida ayer por el PP. El papel del Partido Socialista en la estabilidad del Estado no puede quedar minusvalorado por su abrumador revés electoral, consecuencia del calamitoso fracaso de su etapa de poder. La recomposición de su liderazgo y la formación de un núcleo dirigente capaz de conducir tanto la oposición parlamentaria como el propio tránsito interno del partido se perfila como necesidad perentoria no sólo para una izquierda ahora más fraccionada ante el crecimiento de IU, sino para el sistema en su conjunto, necesitado de una articulación política responsable y con visión integradora.

Sea quien fuere el encargado de asumir la dirección del PSOE, de su actitud dependerá en gran medida que España camine en los próximos años por una vía sólida de progreso compartido o vuelva a encerrarse en la tradicional y perniciosa dinámica de turnismo y tabla rasa. La legítima tentación de provocar el rápido deterioro del nuevo Gobierno deberá compaginarse con la responsabilidad de establecer acuerdos válidos para el conjunto de los ciudadanos. Una eventual inflamación de protesta callejera en respuesta al ajuste de los próximos meses constituye una hipótesis más que verosímil, que de ninguna manera puede mermar o torcer la voluntad de Rajoy y su equipo para abordar las reformas que considera necesarias y a las que el respaldo electoral otorga un aval inexcusable.

Pero ese esfuerzo reformista deberá contemplar también la recomposición del modelo de Estado, desencajada por el vértigo centrífugo del zapaterismo. Las dos comunidades de mayor sensibilidad nacionalista han resistido la oleada del PP, lo que obligará a un fino ajuste de relaciones políticas. La honda insolvencia financiera heredada por el Ejecutivo catalán necesita una interlocución fluida entre las instituciones autonómicas y estatales que garantice el anclaje en el proyecto nacional de una Cataluña imprescindible para arrancar el motor de la economía española. La identidad ideológica entre PP y CiU debería favorecer a priori un entendimiento que de ninguna manera puede quedar soslayado por planteamientos maximalistas de ninguna de las partes.

El otro gran reto territorial de Rajoy, el del País Vasco, está en gran medida vinculado al post-terrorismo, el proceso de reconversión de ETA y su correlato político. La amplia representación electoral lograda por los continuadores del proyecto etarra es sin duda la peor noticia de la jornada y va a condicionar sobremanera el futuro de la autonomía vasca. La fuerte implantación de Amaiur augura la posibilidad de una mayoría soberanista en Euskadi a medio plazo, cuyo evidente peligro requiere de un delicado esfuerzo de diálogo para sujetar las veleidades secesionistas del PNV y mantenerlo en la legalidad constitucional.

El pilotaje de esta tercera Transición hacia una España reconstruida representa para el Partido Popular y Rajoy un desafío a la altura del que ejecutaron Suárez y la UCD en los albores de la democracia. Más complejo y empinado que los impulsos de modernización desarrollados por González en los años 80 y por Aznar en los 90. Para llevarlo a efecto el presidente electo ha recibido un mandato contundente y explícito, pero no debe malinterpretarlo como un cheque en blanco ni olvidar que el veredicto popular contiene tanta voluntad de pasar página como de desapegado castigo hacia el Gobierno saliente. La dureza de las dolorosas medidas que habrá que implementar a corto plazo augura un horizonte conflictivo de malestar social que puede volver extremadamente volátil la flamante mayoría. Es el momento de comprobar si el largo aprendizaje ha forjado en el flemático Rajoy un temperamento de líder con el temple y la determinación suficientes como para merecer su histórica victoria.

Las hilanderas de la fábrica textil del pueblecito de pescadores noruegos cantan a la rutina de su resignación e ineficiencia. La jefa del taller les insta a esmerarse haciendo lo de siempre: «¡Hilad! ¡Hilad! ¡Hilad! ¡Aplicaos, muchachas! ¡Buena rueca, zumba y suena!».

Todas siguen su consigna menos la soñadora Senta, que permanece ensimismada contemplando el retrato de «un hombre pálido» con un barco agitado por la tempestad detrás. «¡Siempre ante el cuadro!», le reprocha la jefa. «¿Quieres pasarte tu joven vida soñando frente a este retrato?». Senta le devuelve la pelota: «¿Por qué me diste noticias suyas, por qué me contaste su historia?».

Pronto ella misma canta la balada del Holandés errante, ese capitán blasfemo condenado a vagar por los mares durante toda la eternidad o hasta que consiga que una mujer le sea de por vida fiel: «¡Yohohohé! ¡Yohohohé!… Cómo brama el viento… Cómo silba entre las jarcias…». Al margen de la irónica misoginia que Wagner deslizó en su disyuntiva al sugerir que la infidelidad femenina trascenderá al fin de los siglos, es en este segundo acto de su ópera donde plantea la esperanza en el porvenir y el valor del idealismo como palanca para cambiar el mundo.

Senta sueña con redimir por el amor al capitán maldito y dotar a su vida de nuevos horizontes. El momento clave en que se explicita su conflicto con el conformismo de cuantos la rodean llega cuando su prometido Eric le reprocha que se haya dejado arrastrar de nuevo por su fantasía: «¡Hoy has vuelto a cantar esa balada!». Le afea, pues, su reincidencia, su recaída en el error, su disposición a tropezar mil veces en la misma piedra, su contumacia en creer en el milagro de la primavera cuando les envuelven las brumas de la noche perpetua. Es, como escribió Enrique Gavilán hace unos meses para el programa del Real, «la imagen de un permanente retorno que disuelve el tiempo lineal».

Comprendo que aún más difícil pueda parecer preservar la fe en la democracia y en el poder transformador de la política legitimada por las urnas, teniendo en cuenta las circunstancias que determinan hoy la realidad de España. Todo parece concurrir para alimentar la desconfianza o el cinismo hacia nuestro modo de gobierno: si miramos hacia su interior percibimos la endogamia y esclerosis que facilitan la corrupción; si nos asomamos al exterior vemos instituciones supranacionales, gobiernos extranjeros y poderes fácticos que condicionan nuestras vidas y escapan no ya a nuestro control sino a nuestra mera capacidad de influencia.

Son tantos los argumentos que avalarían el desentendimiento de quien se encoge de hombros, se da la vuelta y se aleja de la escena e incluso la beligerancia activa y radical de quien formula una enmienda a la totalidad contra el sistema, que habría que catalogar en el rango de lo prodigioso que más de 20 millones de españoles tengan ya decidido desplazarse a lo largo del día de hoy a unas dependencias más bien lóbregas para introducir dos volantes ensobrados en la rendija de unos recipientes de plástico.

En la antigua leyenda nórdica a la que Wagner dio forma musical, la oportunidad de volver a puerto se le presentaba al Holandés errante cada siete años. Nuestra Constitución prevé legislaturas de cuatro años pero la fuerza de la costumbre asocia ya, aquí y en los países regidos por normas similares, la duración de los proyectos políticos a los dos mandatos: el primero alienta el entusiasmo con que siempre es recibido un triunfador, el segundo nutre la decepción fruto de sus fracasos. Todos los presidentes de nuestra democracia, excluido el efímero Calvo-Sotelo, ganaron al menos dos veces en las urnas. En esta ocasión la irrupción, auge, gloria, estancamiento, hundimiento y ocaso del ciclo liderado por Zapatero ha coincidido con el septenato del mito wagneriano.

Después de la caída de González, envuelto en la infamia del crimen de Estado y la corrupción, y después del trauma que supuso el 11-M y la marcha de Aznar entre injustas acusaciones de mentiroso y asesino, parecía imposible que un gobernante pudiera terminar peor su mandato democrático. Sin embargo, este jueves negro en el que la prima de riesgo superó los 500 puntos y el Tesoro tuvo que pagar un interés inasumible para colocar nuestros bonos a 10 años se hizo patente la magnitud del desastre que lega Zapatero. Sólo faltaba la irrupción en las ondas de la inefable Calamity Helen protestando por que se dijera que habíamos pagado un 7% cuando en realidad sólo había sido un 6,97% -«psicológicamente es importante»- para que la hechura de la tragicomedia quedara debidamente niquelada.

Si hemos llegado a esta situación que en la práctica supone que nadie quiere prestarnos dinero porque hay serias dudas de que estemos en condiciones de poder devolverlo, la culpa no es ni de los errores de diseño de la Unión Monetaria, ni de los mercados, ni de las agencias de rating, ni de las vacilaciones de la señora Merkel y el Banco Central Europeo. «La culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos».

En mi intervención del propio jueves por la tarde ante varios centenares de ex alumnos de CUNEF bajo el lema Para que no naufrague la democracia exhibí tres gráficos muy sencillos que me pasó hace unos días el sabio económico de nuestro Consejo Editorial Manolo Lagares. El primero muestra cómo el gasto público subió entre 2007 y 2010 del 38% al 47% del PIB; el segundo, cómo los ingresos del Estado cayeron en el mismo periodo del 42% al 35%; y el tercero, cómo se abrió una inaudita brecha con forma de panza de burro que llegó a bordear el 12% de déficit cuando en mayo del año pasado la Unión Europea dijo «¡basta!» a Zapatero.

Ahí están el abrir y cerrar de zanjas del Plan E, los 400 euros de devolución fiscal, el cheque-bebé, los 13.000 millones adicionales entregados a las autonomías para estimular sus dispendios o la fantasiosa Ley de Dependencia que en algunos lugares ha creado un segundo PER. Y ahí está por consiguiente la emisión de deuda pública a una velocidad e intensidad sin precedentes, la desviación hacia el Tesoro de los escasos recursos financieros disponibles, el ahogo del crédito al sector privado, la parálisis del consumo, el estancamiento económico y el ajuste de un mercado laboral bloqueado por la estulticia sindical, no a través de los salarios como hubiera sido lógico, sino a través del empleo.

¿Quién le va a prestar a un país con cinco millones de parados que destina ya más del 5% del PIB a la cobertura del desempleo y al propio servicio de la deuda y se ha mostrado incapaz de insuflar confianza vía estímulos fiscales a la economía productiva? ¿Quién le va a prestar a un gobierno que yerra hasta un 40% en sus modestas previsiones de crecimiento y lleva semanas aplazando pagos y guardando facturas en los cajones para maquillar una desviación en el cumplimiento del objetivo de déficit que en todo caso superará el 20% de lo prometido?

Éste es el círculo vicioso que ha disparado la prima de riesgo hasta los 525 puntos. Todo es bastante más sencillo de lo que a veces parecemos empeñarnos en creer. El diagnóstico político se resume en el certero título del libro de Santiago González: Lágrimas socialdemócratas. Hemos sido víctimas de la política del gimoteo autocompasivo que con el pretexto de la defensa del «Estado del Bienestar», con todos sus latiguillos demagógicos y falazmente solidarios, ha antepuesto el bienestar del Estado, es decir de la clase política clientelar y endogámica que lo ocupa, al de los ciudadanos que lo componen.

En esto ha desembocado la «salida social» de la crisis que un tozudo, mal preparado y peor rodeado Zapatero se empeñó en ensayar durante dos años fatídicos, tildándonos de «nostálgicos» a quienes -su propio ministro de Industria incluido- propugnábamos una reedición de los acuerdos de La Moncloa, contando con un calendario despejado de citas electorales y la propia personalidad pactista del jefe de la oposición.

¿Cómo es posible que el «presidente del talante» ni siquiera intentara construir el consenso reformista que a esas alturas del partido habría salvado a España de la debacle? Pues porque los hechos han demostrado que aunque el PSOE se vista de seda -y hay que reconocer que lo hizo, que su túnica resultó muy agradable al tacto-, PSOE se queda. Lo que Zapatero presentó como el nacimiento cargado de ilusiones de una nueva izquierda no ha resultado ser sino un maquillaje bastante superficial de la vieja. Tanto las revelaciones sobre la pauta de conducta, a horcajadas entre lo cutre y lo delictivo, del aún ministro portavoz y número dos del partido como el tono de la hosca campaña de Rubalcaba y sus patéticos muertos vivientes, prueban que la izquierda española necesita de una refundación en toda regla.

Basta contrastar la evolución de los mercados durante estos días con las propuestas del candidato socialista, básicamente consistentes en que sean otros los que paguen nuestras deudas, para darse cuenta de lo nefasto que sería para España que Rubalcaba fuera capaz de quedarse con Ferraz tras fracasar su asalto a La Moncloa. Eso supondría que tendríamos un líder de la oposición intelectual y anímicamente mucho más cerca de los indignados que anhelan cambiar las reglas del juego mediante la presión de la calle, que de una izquierda parlamentaria a la alemana. Y cuanto más la observo más se empequeñece también, por cierto, la figura de una Carme Chacón encerrada en el rinconcito de su hiperdependencia del nacionalismo catalán.

Comprendo que el placer de ver morder el polvo a quienes tanto daño han causado a España sea uno de los pocos homenajes que puedan darse hoy muchos ciudadanos. Pero el ejercicio de la democracia no es sólo un ajuste de cuentas sino también y sobre todo la formulación de un nuevo encargo a plazo fijo que implica apostar por que el Gobierno entrante lo hará mejor que el saliente y dejará por lo tanto una herencia mejor que la que recibe.

Por segunda vez en una generación, un encantador flautista de Hamelín de pies ligeros va a ser sustituido hoy por un contable sensato y responsable. Aunque todo indica que será bastante más amplia que la del 96, Rajoy también vivirá esta noche una «amarga victoria» o al menos una victoria acibarada por la responsabilidad de hacerse cargo del Gobierno en el epicentro de una crisis mucho más grave que la de entonces. Ese precedente va a ser sin embargo un estímulo tanto para él como para sus votantes: los problemas que crea o agrava la política se pueden resolver o al menos atenuar desde la política.

Rajoy tiene sus defectos pero es un hombre de una pieza. Y si no engañará a los ciudadanos es porque él mismo tampoco se va a llevar a engaño. Le ha tocado empuñar el timón cuando el barco está para el desguace y navega al filo mismo de los acantilados. Si no hubiera hoy elecciones, el Gobierno de Zapatero habría sido sustituido ya por un equipo de gestión como en Grecia o en Italia, una fórmula que sólo puede ser provisional en la medida en que debilita la legitimación popular de quien manda y coloca a la democracia al borde mismo del naufragio.

Estoy seguro de que Rajoy empezará mañana mismo a tomar decisiones y de que Zapatero se prestará lealmente a implementarlas durante el periodo legal de traspaso de poderes. No me cabe duda de que el líder del PP se va a entregar en cuerpo y alma a la tarea, de que gobernará desgastándose, «como Dios manda», y de que tendrá un equipo mucho más competente que el actual. Creo firmemente que con suerte saldremos deprisa de la crisis y que sin ella tan sólo tardaremos un poco más. Estoy convencido en suma de que terminaremos esta década mucho mejor de como la empezamos… Sí, ya sé, queridos escépticos con los pies en el suelo, que como Senta estoy cantando otra vez «esa balada». Me pasa desde el 77. Es la «balada» del Gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La prefiero a cualquier otra. Hoy es el momento de entonarla. «¡Cómo brama el viento… cómo silba entre las jarcias!».

En ese gran taller de Dios que es la Historia, como le gustaba decir a Goethe, los renglones se han vuelto a escribir torcidos. Aquel Mariano Rajoy de 2004, llamado a ser presidente de la mano de Aznar, ha tenido que pasar su particular travesía del desierto para aparecer hoy ante los españoles como un hombre más hecho, más maduro y con la inestimable enseñanza de la derrota. Perder es, probablemente, la pedagogía más útil del ser humano, cuando deriva y se convierte en marca de humildad. Aquel Rajoy que pudo gobernar un país de economía pujante, se enfrentará, con casi toda probabilidad, a uno de los tiempos más duros que nos ha tocado vivir. Sin embargo, tengo para mí que puede convertirse en una gran oportunidad para España, si, como dijo en su día el candidato popular, se gobierna con determinación para abordar las cuestiones difíciles que deben ser tratadas; se dirige la acción de gobierno con rigor y realismo; y todo ello se lleva a cabo con la mano tendida al adversario político.

La obra que le queda por delante al futuro presidente de España es ímproba. Y teniendo enorme importancia el aspecto material de su gestión, no lo es menos el hacerlo con criterios basados en valores, que permitan de nuevo restablecer el consenso democrático, tan fracturado en el intento de demolición del Estado español que protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero. No estamos, por tanto, ante una crisis. Estamos ante una transformación. La España actual es un país en descomposición, donde todos nuestros récords son negativos. Muy a nuestro pesar.

Determinación, rigor, realismo y mano tendida. Está bien como declaración de intenciones. Pero hace falta más. Conviene que el nuevo presidente escuche a la ciudadanía y que trate de entender cómo nos gustaría ser gobernados. Claro que hay que prestar oídos a la indignación que sacude a casi toda la sociedad española. La indignación, de hecho, es un distintivo de la clase media, que cuando se exagera, deriva en fascismo. Pero será bueno que el nuevo presidente preste oídos al afligimiento de la España real. Y lo haga con interés, atención y humildad. Se sabe que vanidad y poder, sobre todo cuando se ejerce a lo largo de muchos años, suele ser una pareja indestructible. La historia nos enseña que toda gran figura tiene su Waterloo, que todo Fouché termina solo en el destierro, que a todos los presidentes les surgen por generación espontánea colaboradores corruptos; que a todo Gobierno de izquierdas le explota un GAL, y a todo Ejecutivo de derechas le embarranca un Prestige. Humildad y sentido de lo provisional.

¿Y qué pide la España real? Por encima de todo, trabajo. La necesidad perentoria de sentirse útil, de generar valor y de encontrar la justa recompensa a su esfuerzo personal. España necesita empleo. Y todos los afanes deben ser orientados en esa dirección.

España quiere educación. Conocimiento para ser competitivos ante los desafíos de una sociedad exigente, veloz y global, en la que nada podemos ser sin la palanca de generaciones formadas en el complejo armazón de la sabiduría del nuevo tiempo.

España clama por una racionalización administrativa que nos haga más eficientes. Organizarse para reducir el gasto público, bajo el principio de austeridad en todo aquello que no sea esencial.

España demanda que se restablezca la división de poderes y que la Justicia recupere la autonomía que la hace menos manipulable. Que el Legislativo recupere aires de libertad y creatividad para servir de verdad a quien representa.

España precisa ilusión. Aspira a un horizonte de progreso y avance, al mismo tiempo que se abandona el pesimismo, y ese aire trágico de lo cotidiano que nos ha acompañado en los últimos tiempos. Los españoles queremos políticos que se muevan por esa vocación del bien común y respondan a aquella máxima de San Agustín, en la que solicitaba que en lo esencial, unidad; en la duda, libertad; y en todo, amor. Es eso, exactamente eso, lo que deseamos los españoles: unidad para sacar al país adelante, para sentirnos fuertes en la adversidad, para demostrar que, por encima de todo, somos un país de 47 millones de habitantes y no la suma de 17 autonomías. En otras cuestiones menores, muchas de ellas vinculadas al espacio privado e íntimo, queremos libertad. Y en todos los casos, aspiramos a hacerlo en un ambiente de tolerancia, fraternidad y respeto mutuo. Viejas palabras, todas ellas, que adquieren nueva dimensión y fuerza en el momento crucial que vivimos.

De ahí que no se podrá entender, tras la jornada de hoy, que la calle esté contra el Parlamento. Porque en muchas ocasiones, y conviene denunciarlo sin ambages y sin complejos, la calle es ocupada por una minoría que pretende imponerse a la mayoría que de manera aplastante se pronuncia en las urnas. A la espera de conocer la aritmética final de esta jornada, no se entenderá bien que el nuevo Gobierno tenga enfrente una calle alterada, tras un respaldo unánime de la sociedad española.

Por eso va a ser crucial el estado en que quede el PSOE. España más que nunca necesita un Partido Socialista comprometido con el futuro de los ciudadanos. Un partido que, sin abdicar de la leal y necesaria fiscalización de la acción del Gobierno, ofrezca a los españoles su mano tendida para aprovechar lo que puede ser una gran oportunidad de recuperar la posición que habíamos alcanzado en el arranque de la primera década de este siglo.

Los tiempos no le van ayudar a Mariano Rajoy, en caso de que finalmente los ciudadanos depositen en él la confianza para capitanear esta nave que se mueve en aguas tan procelosas. Justo o no, esa es la realidad. Mas no debe cejar en su empeño. Ni aunque le planten una oposición extraparlamentaria en la calle. O con Europa haciendo la pinza, sin pretenderlo.

Que nadie espere, tampoco, un efecto benéfico inmediato. No todo se arregla cambiando a Zapatero por Rajoy. O al PSOE por el PP. Usted y yo también tenemos responsabilidad. Incluso en esa necesaria vuelta a la austeridad en lo privado. Saldremos, seguro. Pero la convocatoria es universal: para el nuevo Gobierno, para la oposición y para todos y cada uno de nosotros que debemos saber que la democracia no es una sopa boba para vagos y que estamos obligados a mantener una actitud activa, responsable y crítica.

Los renglones torcidos de Dios le ofrecen a Mariano Rajoy la oportunidad de regenerar España. Tal vez le haya ocurrido como a Churchill, que toda su vida haya sido una preparación para asumir la responsabilidad de salvar a su patria. Sólo desde la ejemplaridad se puede convocar a esa tarea a los ciudadanos. Es por ello que debe hacerse desde un rearme espiritual y moral. Tendrá que apelar a los grandes valores metafísicos, desde la trascendencia del hombre, y es así como se pueden hallar fuerzas y empuje moral para salir del atolladero.

Excelentísimo señor:

¡Cómo es posible que las personas que han dilapidado, que han gestionado mal, que han despilfarrado estos últimos años tanto dinero abusando de los cargos de confianza que se les han confiado, no tengan que rendir cuentas! El Estado, en lugar de indagar los orígenes del problema -como, por ejemplo, se hace en la muy recomendable película Margin Call-, respalda y refrenda la legitimidad de los responsables de forma pública y notoria, aportando a los bancos el dinero que es del conjunto de los contribuyentes. Las ganancias de la economía dirigida por los bancos se privatizan, pero las pérdidas se nacionalizan.

¡Cómo alguien puede ser obligado a entregar a los bancos su casa y, encima, tener que seguir pagando la hipoteca de Cinco metros cuadrados! El Parlamento Europeo y la Comisión dictan normas de austeridad a todo el mundo, pero sus miembros gastan sin control. ¿Por qué no se rebajan los sueldos y se reúnen siempre en el mismo local en vez de andar paseando de un lado para otro con el enorme derroche que ello conlleva?

Los mandamases de las cajas, valiéndose de los privilegios que les otorga su puesto, hacen cosas que, tal vez sean legales, pero que a vista de todos resultan inmorales. La ley y la moral se dan, muchas veces, de patadas y se vuelven la espalda. Dicen algunos: «Son personas normales que cobran esos despidos o finiquitos porque así está estipulado en los estatutos y en sus contratos». El peligro está, precisamente, en que se vea como gente normal a quienes hacen estas cosas. Lo terrible es que, como dijo Hannah Arendt, «la maldad cometida por gente corriente es la norma». Por eso la gente se siente desprotegida. Si la legalidad es el criterio de los medios, la Justicia es el de los fines.

Se oye con frecuencia: «La casta política me da asco», no porque las masas no amen la Justicia o detesten a los líderes, sino porque el mundo que habitamos se parece, cada día más, a un artilugio hecho a la medida de políticos, banqueros, mafiosos, narcotraficantes, financieros, jueces. Dice una regla de sentido común que los privilegios de unos no se pueden mantener a costa de los derechos de otros. «La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción [entiéndase corrupción] en que vivimos es, sin duda, la regla»: W. Benjamin.

¿Para qué mantener varias instituciones para hacer las cosas que una sola de ellas puede hacer sin dificultad? Con las autonomías se han duplicado, triplicado y multiplicado los entes sin necesidad, lo cual, según la escolástica y el sentido común, es una estupidez. El proceso de crisis convierte con frecuencia las instituciones en reliquias de lo que fueron y pierden su razón de ser. Algunas instituciones han dejado de cumplir la función que les asigna la Constitución y se han convertido en puras alegorías de lo que fueron. Las alegorías en el reino de las instituciones son lo que las ruinas en el reino de las cosas; se conservan para garantizar un seguro de empleo y un retiro dorado a políticos eliminados de otras listas.

Muchos diputados, durante toda la legislatura, no hacen más que sentarse en su escaño del Congreso y levantar o esconder la mano cuando su jefe de filas se lo ordena, como si fueran autómatas. Y sólo por ello disfrutarán de un retiro dorado. Hay que limitar el número de diputados, reglamentar sus actuaciones y exigirles responsabilidades por sus actuaciones irresponsables. El sentir de buena parte del pueblo español es que se suprima el Senado porque, en lo que va de democracia, se está revelando como una institución perfectamente prescindible.

Con el coste del mantenimiento de varias universidades provinciales, a todas luces innecesarias, se podría potenciar la calidad de otras universidades y dar becas a los estudiantes que viven lejos de cualquiera de éstas. Algunas universidades y algunos centros de investigación sólo sacan a concurso plazas en los momentos oportunos para colocar en ellos a sus pupilos, lo que los convierte en nidos endogámicos nefastos para el progreso científico. Con la disculpa de fomentar la investigación de base, se subvencionan proyectos carentes del más mínimo interés para nadie. Con el único objetivo de satisfacer el prurito del autor, se editan libros con dinero público cuyo destino será ser atalayas de ratas en sótanos de edificios públicos.

En todo se puede meter la mano menos en Educación, Sanidad, pensiones e investigación. Pero los gastos en estas partidas se deben racionalizar. Los coches oficiales, las comidas de trabajo pagadas con dinero público y otras fruslerías son, en su mayoría, una corrupción y un despilfarro. A los políticos les preocupa menos ver a miles de jóvenes borrachos tirados en las calles que verlos reunidos protestando y sacándoles los colores. El Movimiento ciudadano 15-M es un grito popular contra la corrupción y refleja enormes deseos de participación. Lo demás es pura fanfarria. Hay que reforzar las células base de la sociedad, maltrechas por maltratadas, cuya función social es insustituible. Las medidas que se tomen no pueden ser fruto de la improvisación sino del estudio y la reflexión.

La gente no puede vivir sin ver una posibilidad de salida, al albur de las ocurrencias de sus dirigentes, quienes muchas veces dan por solución una frase cursi sacada de novela rosa de ínfima calidad literaria. Es impresión general que los políticos se burlan de las pequeñas necesidades de la gente. «Esta ignorancia, común a todos ellos, porque sólo miran hacia dentro y desde dentro, los disculpa de comprenderlas», me dijo tiempo atrás un filósofo. Han de atreverse a contrastar y cruzar sus pareceres y sus visiones de las cosas con los que vienen y proceden de horizontes diferentes. Sin este contacto, los políticos estarán siempre incapacitados para atisbar lo importante y se dejarán llevar sólo por lo urgente.

Las sentencias que afectan la vida diaria de los ciudadanos son ajustadas a derecho, pero, es sospecha común, que las sentencias de consecuencias políticas se dictan bajo presión del poder. Criticar con argumentos las sentencias es justo y necesario pero no obedecer a los tribunales de Justicia, cosa que proclaman harán algunos políticos, es delictivo. Algunos bandidos despiertan simpatía en las masas porque traen a la memoria colectiva la imagen de Prometeo que luchó por dar a la humanidad lo que era exclusivo de los dioses; porque le hacen sentir la alegría de la ilusión de ser libres. El derecho considera al bandido, porque en realidad lo es, un peligro para el estatu quo.

No haga, por favor, como aquel personaje de Los miserables: «Estuve a punto de preguntarme: quién es ese hombre [él mismo] pero le tuve horror» y pregúntese por qué los españoles consideran a la clase política como uno de sus graves problemas. Los españoles les detestan por la corrupción y por los privilegios que se otorgan.

Es cierto, el poder de los políticos es cada día menor frente a alianzas de instituciones poderosísimas. Gracias al divorcio del poder y la política por desplazamiento de muchas funciones, antaño políticas, la soberanía está fraccionada entre varias organizaciones. Pero, al menos aparentemente, existe una coordinación perversa entre el capital financiero y las clases dominantes, entre el liberalismo salvaje y el poder. ¿Quién está detrás de las poderosas agencias de evaluación?

Usted no puede saber qué errores vayan a cometer sus designados antes de que éstos actúen. Pero en su mano está elegir para su Gobierno a gente de conducta ética y moral intachable, y de excelente formación, que sepan gestionar bien los recursos a su disposición y puedan hablar con solvencia y defender los intereses de nuestro país en los foros internacionales. No tenga miedo a que le hagan sombra. No hay recetas de acción infalibles. La buena imagen no es fruto de una comunicación ingeniosa sino de una buena y eficaz gestión.

Su labor será muy compleja por la crisis económica y porque cada ciudadano es libre para el bien y para el mal. Mi responsabilidad es mirar el mundo y hablar sobre él, la suya la que los españoles le van a encomendar porque confían en usted. Su éxito será el de todos.

Lo que le espera al PSOE en España dentro de unos días es al parecer una catástrofe sin paliativos. No es una catástrofe terminal, pero es una catástrofe política, es decir, relativa y reversible. Contra lo que parece, sin embargo, lo va a ser también para el resto de la izquierda: va a recuperar diputados, o los va a ganar nuevos, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, y con eso aludo al guirigay de siglas que algunos electores tenemos por delante para saber qué votamos si nuestro voto va a la izquierda del PSOE. Sin embargo, la operatividad de ese resultado mejorado bajo la hegemonía de un PP desbocado equivale a bien poca cosa en términos políticos, legislativos o de poder. Tradicionalmente, la mejor guía ha sido la actitud de El Mundo, y una vez más ese periódico está tratando con mimo envenenado a los partidos a la izquierda del PSOE porque sirve fundamentalmente para rebajar todavía un poco más su expectativa electoral y aumentar la de Izquierda Unida o la de Equo sin dañar, evidentemente, la victoria masiva del PP.

El peor momento electoral para la izquierda es quizá también el mejor para hacerse algunas preguntas y tomarle la palabra a Rubalcaba (y a buena parte del socialismo histórico) a propósito de un cambio de coordenadas en relación con la izquierda en España. Mientras el PP siga siendo la única derecha española activa; mientras el PP sea capaz de contener el impulso secesionista de su extrema derecha, el PSOE seguirá siendo un partido con muchos números para gobernar pactando con su izquierda o con su derecha, como ha sucedido tantas veces. Esa izquierda ha de tener, como ha tenido con Llamazares, vocación de acuerdo o de complicidad con la izquierda poco ideologizada que suele dar las victorias al PSOE. La salvedad atípica en el sistema español son las derechas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco como garantías de gobernabilidad: la expresión misma es delatora, porque en el fondo blinda al PSOE contra un pacto a su izquierda que refuerce su ya de por sí débil naturaleza socialdemócrata.

Sin embargo, esta última es una hipótesis ilusa desde hace muchos años porque hace muchos años que la izquierda vive un comportamiento circular o una especie de ley de inversión de expectativas. Consiste en un sencillísimo mecanismo que abate el voto que está a la izquierda del PSOE cuando el PSOE tiene expectativa de poder, y reanima ese mismo voto cuando el PSOE es un semicadáver político, como ahora. La ley es implacable y como casi todas las leyes implacables, es también injusta. Pero el resultado práctico es la inviabilidad efectiva de acuerdos de poder o de gobierno entre las izquierdasa escala nacional (pero habitual a escala municipal) porque el PSOE cuando es caballo ganador prefiere -o ha preferido- negociar con la derecha nacionalista catalana y vasca incluso con antelación al resultado de las mismas elecciones.

Ninguna izquierda viva o real hoy puede sentir ni tranquilidad ni conformidad con la victoria aplastante que anuncian las encuestas públicas y las privadas. Excepto en Cataluña y el País Vasco, por cierto. Dentro de la esperable catástrofe de la izquierda en España, la resistencia socialista o de izquierdas es algo mayor en esas comunidades y el PSC y el PSE aguantarán mejor la tracción rebajadora de la crisis. No exactamente porque no haya crisis en el País Vasco o Cataluña, claro está, sino porque la presión social y mediática del PP es allí más baja y menos tóxica que en el resto de España y desde luego que en Madrid.

La catástrofe podría servir para una recomposición de lugar que pasase por interiorizar en el PSOE, y desde mucho antes de cualquier periodo electoral, una actitud más generosa y colaboradora con los partidos a su izquierda. La merma de la hegemonía conservadora sería más factible, a semejanza de lo que sucede en el País Vasco y Cataluña. La fortaleza de IU, o de la versión que pueda aglutinar a la izquierda del PSOE, es una buena noticia para el PSOE incluso si el PP mantiene posiciones fuertes en muchos lugares. El mecanismo de compensación de la crecida conservadora podría ser la sensación generalizada en el votante de izquierda de un horizonte útil para su opción ideológica, tanto si se destina al PSOE como si va a la izquierda del PSOE. Pero la utilidad no consiste en una hegemonía total del PSOE, sino en la confianza en un programa básico de acuerdo, de complicidad o de respaldo mutuo entre las distintas izquierdas: la mayoritaria del PSOE y la minoritaria a su izquierda, se llame como se llame. La crisis monumental a la que llega el PSOE puede prestarse a este tipo de cábalas y pasa necesariamente por poner en circulación, y no solo de boquilla, la reforma del sistema electoral después de treinta y tantos años de democracia.

Esa expectativa renovadora perjudica al PP en la medida en que un electorado de izquierdas se sentiría más estimulado o cuando menos esperanzado con una izquierda capaz de negociar y acordar cosas entre sí. La pasividad del PSOE ante la reforma electoral no solo es una grave y cicatera carencia democrática del partido, sino que además añade una nueva adversidad: la de carecer de aliados posibles fuera de la derecha descarada (aunque nacionalista). Ha sido conmovedor leer a Dario Fo diciendo que mientras Berlusconi es y ha sido un trilero hasta el final, Zapatero se ha comportado desde la decencia ética (pese a la traición ideológica). Pero sería más conmovedor todavía que la arrogancia o el autismo del PSOE dejase de arruinar parte de sus mismas posibilidades de gobernabilidad negando el espacio a su izquierda y que esa izquierda renovada hallase los canales de confianza en el PSOE para crecer por su cuenta. El interés debería ser mutuo y en esa nueva tesitura podrían fraguarse las condiciones para estimular un voto que hoy vive ética e ideológicamente desactivado y, de momento, hasta más ver.

If polls prove correct, the leader of the conservative People’s party, Mariano Rajoy, will win the elections in Spain with a landslide. And yet he has been running such a low-key campaign that one commentator asked whether he intended to take office without anybody noticing. That may be an exaggeration, but if Rajoy is not becoming PM by stealth, he is certainly doing so by default. The economic crisis has made the ruling Socialists unelectable, and the rather uninspiring Rajoy happens to be the only man around. It’s as simple as that.

Even the Socialists seem to agree. They haven’t really tried very hard to win back the confidence of the electorate, and you can understand why: they themselves don’t know what they want. A year and a half ago, Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero made the decision to turn his own agenda upside down and began implementing an austerity plan which was, actually, that of his conservative rivals. He didn’t have much of a choice, as this was forced upon him by the US and Europe (meaning Germany). But when you carry out your rivals’ policies you are left with little to say in the next election – especially when those policies fail.

Consequently Zapatero couldn’t bring himself to face the electorate. His replacement, the eloquent if unconvincing Alfredo Pérez Rubalcaba, made a halfhearted attempt at rallying support to his left, but to no avail. More of a spin doctor than an ideologue, and a former deputy PM at that, he wasn’t credible. He often sounded as if he was criticising his own government’s track record (and that was convincing). Better advised was his effort to provoke the elusive Rajoy into saying at least something about what he intends to do once in office; also to no avail. Rajoy, a man who reads everything he says from paper, even in a televised debate, has mastered the art of “Don Tancredo”, a lesser known form of bullfighting in which the “bullfighter”, all in white like a statue, stays put and does absolutely nothing until the bull gives up, bored.

To Rajoy’s credit, it has worked. The Spanish people have given up too. By electing him they will be choosing an even stronger dose of the very same policies which made them so angry with Zapatero in the first place. Many know that, but they cling to the naive belief that this is a crisis of management, and that new people will provide new answers. Let’s call it the “football coach theory”: change the man at the top and everything will be alright. It only works for dictatorships, and not always then.

And there are, of course, more things in heaven and earth than the economy. I refer to Rajoy’s People’s party as conservative for the sake of familiarity, but rightwing would be more appropriate. Swing voters who believe they’re just electing a new CEO are in for a shock. In fact the economy may be actually the one area in which Rajoy will have little chance to make his mark.

Spain is among those eurozone countries whose borrowing costs are becoming unsustainable. Our fate depends on the European Central Bank buying our bonds, so it will be Brussels setting the agenda in Madrid.

The fantasy that the markets would stop attacking Spain’s sovereign debt once it was clear the country would be likely to have a Conservative government evaporated as bond yields hit record highs. The markets have voted already, and they have chosen “turmoil”, with an absolute majority. Welcome to the hot seat, Rajoy. “Don Tancredo” may consider getting himself a sword and a red rag.

But the irony doesn’t stop here. In the same way that Zapatero has been forced to implement Rajoy’s economic policies, Rajoy may soon have to implement Zapatero’s. The drive towards austerity is clearly stifling growth. Unemployment in Spain is worsening precisely in those sectors targeted by the austerity cuts. Soon we will be hearing calls from Brussels to stimulate the economy. Will Rajoy then be as amenable as Zapatero has been? I think he will. Though we can no longer devalue our currencies in the eurozone, there is still something that can be devalued: the power of our elected governments.

Estamos en una situación de emergencia nacional que sólo se puede esquivar si ganamos tiempo al tiempo. En efecto, lo que está sucediendo con respecto a nuestra lamentable economía era sin duda previsible, y la única manera de escapar del borde del precipicio en que nos encontramos ahora, según dijimos algunos en su momento, era haber disuelto las Cortes en agosto y haber celebrado elecciones en octubre. Así hoy tendríamos ya un Gobierno que estaría tomando las medidas que no supo tomar el desastroso Gobierno de Zapatero.

Pero no se hizo así, por lo que alguien tendría que responder de ello, puesto que llevamos tres meses con una absurda y estéril campaña (o precampaña) electoral, que no hace sino empeorar las cosas y retrasar la existencia de un Gobierno sólido en España. Mientras tanto la prima de riesgo alcanza ya los 462 puntos, porque, como subrayan los analistas, nuestro país sigue tristemente inmerso en dicha campaña, y existe la convicción, por tanto, de que mientras no se forme un nuevo Gobierno los mercados seguirán penalizando la incertidumbre y la ausencia de confianza en nuestro país.

Ciertamente, la pesadilla puede empezar a disiparse el próximo domingo con la cita electoral, pero para ello hace falta que se den dos condiciones sine qua non: por una parte, que el PP alcance una mayoría absoluta que sea lo suficientemente holgada para no necesitar la ayuda de ningún partido, salvo si acaso la de UPyD, que puede remar en la misma dirección. Las mayorías absolutas, en sí mismas, no son ni buenas ni malas, sino que dependen del uso que se les vaya a dar. Un cuchillo puede servir tanto para cortar lonchas de un jamón de Jabugo como para asesinar a alguien. Ahora bien, lo que ocurre en nuestro caso es que, a la vista de cómo está nuestro país, es necesario «un cirujano de hierro», como diría Joaquín Costa, que sea capaz de cortar por lo sano y evitar que sigamos los pasos de Irlanda, Grecia, Portugal e Italia. Por supuesto, el ideal sería que hubiese una voluntad unitaria de todos los partidos para llevar a cabo esta misión, pero por si acaso no la hay, es conveniente que el PP obtenga una mayoría absoluta que pase por encima de los nacionalismos identitarios que nos llevan al desastre, y de unos sindicatos trasnochados que no saben todavía lo que hay que hacer para favorecer a la clase trabajadora. En tal sentido, hay que lanzar una llamada de atención a fin de evitar que muchos ciudadanos se crean, a pies juntillas, las cifras que han señalado las últimas encuestas electorales. En efecto, todas ellas dan por descontado que el PP obtendrá una mayoría absoluta, más o menos amplia, que le permitiría gobernar sin necesitar ningún apoyo. Sin embargo, ya se ha dicho hasta la saciedad que la única encuesta verdadera es la que se consigue a través del voto en las urnas, la única que tiene consecuencias inmediatas, y por ello se debe excluir todo exceso de confianza que retraiga a muchos electores de acudir a votar. España, al margen de ideologías y partidismos, se juega mucho en estas elecciones, por lo que habría que conseguir que vote el mayor número posible de los ciudadanos indecisos y de los que están siempre disponibles para votar la opción que ellos consideren la mejor para su país.

Pero decía también que hay una segunda condición para que podamos salir del pozo en que nos hallamos. Esto es, no basta únicamente con que el PP obtenga la mayoría absoluta, sino que además es necesario acelerar el paso para evitar que el nuevo Gobierno no pueda tomar medidas hasta dentro de un mes, pues una de las pocas verdades que ha dicho Rubalcaba en su exótica y caótica campaña electoral es que en política una semana es una eternidad. Ateniéndonos a esta idea, podríamos decir así que entonces un mes sería la eternidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, voy a exponer los cinco puntos, a mi juicio, en los que es necesario avanzar a toda vela, si hacemos todo lo posible para que el viento vaya en la dirección que nos interesa.

En primer lugar, debe haber un acuerdo del actual Gobierno, o de lo que quede de él, junto con los demás partidos políticos para que la Junta Electoral Central dicte unas instrucciones dirigidas a la organización de todos los pasos del proceso electoral, a efectos de que los resultados oficiales de las elecciones, con las posibles impugnaciones resueltas cuanto antes, se puedan conocer lo más pronto posible. Dicho de otro modo, allí donde la LOREG establece plazos, por ejemplo de tres días, que se acelere para que en un día o dos se pueda anticipar las conclusiones.

En segundo lugar, una vez que se conozcan los resultados electorales se debería acelerar la formación de las nuevas Cortes. De forma absurda, el Real Decreto de 27 de septiembre, disolviendo las Cortes, señala que la sesión constitutiva de las nuevas será el día 13 de diciembre a las 10 horas, pero creo que en razón de la situación actual habría que acortar este plazo, señalando la sesión constitutiva el dia 1 o 2 de diciembre, mediante un nuevo Real Decreto. De este modo, tras la votación requerida, facilitada por la existencia de una mayoría absoluta, se podrá elegir al nuevo presidente del Congreso de los Diputados, el cual tendrá a su cargo un papel decisivo para abreviar más los plazos, dada la urgencia que exige el interés nacional. En tal sentido, debería convocar la solemne sesión de apertura de la legislatura en un día o dos, respetando lo que señala el artículo 5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y de acuerdo con la Casa Real.

En tercer lugar, disponiendo de esa mayoría absoluta, se puede acortar igualmente el requisito que establece la Constitución en su artículo 99.1, cuando señala que «después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno». Estoy seguro de que la Casa Real haría todo lo posible para despachar rápidamente un acto que, con mayoría absoluta, se convierte en puramente protocolario, y que se podría hacer en un solo día, quemando así etapas para que se constituya lo antes posible el Gobierno.

En cuarto lugar, aunque sean posibles diversas interpretaciones de lo que señala el artículo 99.2 de la Constitución, acerca de que «el candidato elegido por el Rey debe exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar, solicitando la confianza de la Cámara», creo que en la situación actual, en aras de la mayor brevedad, debería hacer pública la lista de su Gobierno en el discurso de investidura. De este modo, una vez que haya obtenido la confianza de la Cámara, de forma automática gracias a la mayoría absoluta, el Gobierno debería prepararse para tomar las medidas que se requieren, y que, a mi juicio, son de dos tipos: unas de manera inmediata y otras, a corto plazo, una vez que se establezca la vida parlamentaria normal. En cuanto a las medidas inmediatas, no soy el más indicado para proponerlas, porque son todas de carácter económico y laboral. Como ha dicho un prestigioso economista, «hay que lanzar un gran plan de choque inmediato que levante los ánimos y demuestre la capacidad de España para responder cuando se le exige». Según el mismo economista, «el primer día en La Moncloa el nuevo presidente deberá introducir reformas clave en el sistema financiero, el mercado laboral y la financiación autonómica y local, que son ahora mismo la causa de que el déficit esté descontrolado. Y días después habría que dar a la reforma de la educación la prioridad absoluta». Por supuesto, este cambio tiene que llegar a la calle en el acto, para que todos sean conscientes de que el statu quo ha cambiado radicalmente. Es muy probable que se intente llevar a cabo una huelga general, que probablemente ya deben de estar esculpiendo los sindicatos. Pero como dice este economista, Luis Garicano, hay que tener en cuenta lo que ha dicho el ex primer ministro holandés Wim Kok, quien aconseja entrar a gobernar decididamente, aun sabiendo que se va a declarar una huelga general, y dejando bien claro que esas reformas se van a hacer quieran o no. «Más tarde -dice Kok- ya puedes sentarte a negociar, porque si negocias antes de actuar nunca harás nada».

por último, respecto a las reformas a corto plazo, que creo son obligadas, me refiero a la reconstrucción de nuestro Estado, lo que exige una reforma profunda de la Constitución. Esta reforma debe afectar especialmente a una remodelación racional del Estado de las Autonomías, pero también a otros aspectos como la inclusión de nuevos derechos, la modificación de instituciones que no funcionan adecuadamente, empezando por el Tribunal Constitucional, y para qué seguir. Es claro que estas modificaciones no podrán realizarse mientras no se derogue el artículo 168 de la Constitución, que establece un procedimiento agravado para modificar varios artículos que no hay más remedio que cambiar. Sigo insistiendo en lo que ya he escrito en este periódico: mientras no se derogue el artículo 168 no se podrá modificar en profundidad la Constitución porque, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo, cuestiones que afecten a la Corona, como por ejemplo la posibilidad de que sea Reina la primogénita de los Príncipes de Asturias, aunque nazca un varón, es imposible que se pueda realizar. Ciertamente, el procedimiento agravado significa que las reformas deben ser aprobadas por dos tercios de cada Cámara, después disolverse las Cortes, a continuación las nuevas Cortes deberán aprobar también por dos tercios la reforma, para acabar teniendo la última palabra el pueblo mediante referéndum nacional. No creo que ni el más ingenuo de los analistas políticos pueda pensar que un Gobierno con una amplia mayoría decida llevar a cabo una reforma, teniendo que disolver las Cortes, sin que tenga garantías de que va a volver a obtener la misma mayoría. La actuación de un Gobierno que se comportase así sería tan insólito como el millonario que ofrece su fortuna a una agrupación de ciudadanos para que, una vez realizada una buena acción, le devuelvan íntegro su dinero. Los cuentos de hadas no tienen nada que ver con el Derecho Constitucional.

Pues bien, si se siguen estas recomendaciones, imponiéndose así el sentido común y la responsabilidad de todos los partidos políticos e instituciones, España podría tener, quemando los plazos que he expuesto, un Gobierno para antes de la Navidad que comenzase sin pausa con la ardua tarea que le espera. Sería, sin duda, el mejor regalo que nos podían traer anticipadamente los Reyes Magos a los españoles.

Adivina adivinanza: un partido político que, como se espera que haga al PP, gana las elecciones con el 45% de los votos y con más de 10 diputados por encima de la mayoría absoluta, ¿es posible que sólo acabe durando dos años en el Gobierno?

Veamos. Cuando Mariano Rajoy llegue a La Moncloa, además de encontrar las tradicionales facturas impagadas y después de decir aquello de “la situación está peor de lo que esperábamos” (¡que predecibles son todos los políticos de todos los colores!), tendrá que trabajar para que España sea solvente y no tenga que ser rescatada. Y eso sólo sucederá si hace las cosas bien. Si no, acabará como Grecia. Me explico. Un país es solvente si la proyección futura de la capacidad de devolver el dinero es superior a las deudas. La capacidad de devolver el dinero, por su parte, es la diferencia entre los ingresos fiscales del Estado y los gastos ineludibles. Para ser solvente, pues, uno tiene que asegurarse de que el Estado tiene suficientes ingresos futuros y que no tiene demasiados gastos comprometidos.

¿Qué deberá hacer, pues, Rajoy? Lo primero es afrontar el problema del paro. De los 160.000 millones de euros que ingresa el Estado español, el subsidio a los 5 millones desocupados se come casi 40.000 millones. Por tercera vez en democracia, una crisis dispara la tasa de paro por encima del 20%. Además de un drama humano sin parangón en el mundo civilizado, esta lacra social es una sangría fiscal que hay que contener. Para ello, hay que reformar el sistema de las negociaciones colectivas (aunque los sindicatos lo presenten como un “logro social”, ésa es una herencia del franquismo) y hay que acabar con el mercado dual donde los insiders tienen privilegios a costa de dejar sin protección a los outsiders, es decir los parados y los jóvenes que no han tenido nunca trabajo.

La reducción de compromisos fiscales también debe incluir recortes de gasto. No hace falta decir que hay que eliminar el gasto inútil o repetitivo (diputaciones), el obsoleto (Correos) y el que se hace para ganar votos y favores (no tengo suficiente espacio). El resto se tendrá que recortar teniendo en cuenta los efectos sobre el crecimiento económico, priorizando las inversiones en la productividad de los trabajadores (educación, infraestructuras productivas, tecnologías, etcétera).

El aumento de la recaudación, por su parte, requiere dos tipos de acciones: por un lado, un nuevo sistema fiscal que, además de redistributivo, también sea eficiente. Es decir, no todos los impuestos tienen los mismos efectos sobre los incentivos a invertir por lo que se tienen que escoger los menos distorsionadores. Por otro lado, se debe fomentar urgentemente el crecimiento económico con medidas de oferta como, por ejemplo, una regulación que no desincentive la eficiencia y la competencia, un sector público que no se considere enemigo de la empresa y un sistema educativo que promueva la creatividad, la innovación y la actitud emprendedora.

Finalmente, hará falta hacer frente a la crisis del sector financiero recordando que, tras la explosión de su burbuja inmobiliaria, Japón tardó una década en sanear sus bancos (España ya lleva cuatro años) y eso hizo que la crisis que empezó en 1990 todavía no haya terminado… ¡21 años después!

Cuando Rajoy tome posesión de su cargo, tendría que recordar tres cosas. La primera es que no habrá ganado las elecciones por el mérito de sus propuestas (entre otras cosas porque no las ha presentado) sino por incomparecencia del contrario. Después de negar la crisis durante años y de equivocarse en el diagnóstico, el PSOE ha generado una devastación económica tan cósmica que nadie quiere que siga gobernando. Más que una gran victoria del PP, lo qué se prevé para el día 20 es una gran derrota del PSOE.

La segunda es que las reformas mencionadas serán dolorosas y comportarán malestar social. Ese malestar será acentuado por un partido socialista que, ya sin responsabilidad de gobierno, se envolverá en la bandera demagógico-populistoide de los indignados, protestará todas y cada una de las decisiones que tome el PP y acusará constantemente al Gobierno de estar al servicio de los ricos. Si ya lo ha hecho durante la campaña electoral mientras mandaba, ¡imagínense qué no hará cuando esté en la oposición!

La tercera cosa que tendrá que recordar Rajoy es la historia reciente de Grecia. La recesión empezó cuando la derecha de Kostas Karamanlis estaba en el Gobierno. En el 2007, la crisis ya se avistaba pero Karamanlis logró camuflarla y ganar la reelección (¿les resulta familiar?). Pero la situación llegó a ser insostenible y adelantó las elecciones (¿les sigue sonando?). Ganó Giorgos Papandreu con el 44% de los votos y 160 diputados, 10 por encima de la mayoría absoluta subiendo en 58 diputados mientras Karamanlis perdía 60 (¡ahora el parecido ya da miedo!). Era octubre del 2009. Una de las primeras decisiones de Papandreu fue la de salir a la prensa y decir aquello de “la situación está peor de lo que esperábamos”. ¡Que predecibles son todos los políticos de todos los colores! Eso generó una pérdida de confianza inmediata, cosa que hizo subir la prima de riesgo de manera irreparable. Esto, sumado a su incapacidad de hacer reformas que generaran crecimiento económico hizo que Grecia pasara a ser insolvente y que Papandreu, a pesar de su flamante mayoría, tuviera que dimitir en noviembre de 2011. Y he aquí la respuesta a la adivinanza: si no se hacen las cosas bien, una abrumadora mayoría absoluta puede dar lugar a un gobierno de dos años.

Ya estamos una vez más en la cuaresma demoscópica, el ayuno y abstinencia forzados que la Ley Electoral (no hay manera de que esto cambie, por muchas reformas de la ley que se hagan) impone a la difusión pública de encuestas electorales en los cinco días anteriores a la votación. Parece un momento adecuado para recapitular lo que estas encuestas nos han dicho y qué pueden valer sus vaticinios.

Hace tiempo que no había en nuestro país un consenso tan cerrado sobre el resultado que las encuestas proyectan. Algún malicioso podría pensar que se ha cumplido una norma que enunció un buen amigo (omitiré su nombre, porque fue en un espacio privado) en ocasión no muy lejana en que las encuestas -incluidas las que dirigía quien esto escribe- fallaron con cierto estrépito (1996): “Las empresas han preferido la seguridad de equivocarse juntas al riesgo de acertar por separado”.

En efecto, todas avanzan idéntico resultado político: la mayoría absoluta del PP. Tomando como referencia las 10 últimas encuestas de alcance nacional difundidas entre el viernes 11 y el lunes 14, tenemos que la media de la ventaja del PP es casi exactamente de 15 puntos mientras que la mediana es de 14,6 puntos. Idéntica convergencia entre ambos datos estadísticos respecto a los escaños de diferencia: 71 tanto en la media como en la mediana. Sin embargo, esto no quiere decir que, aunque no se note por la identidad de la previsión política, no haya diferencias de cierta entidad por los extremos: un mínimo de 11,3 puntos de ventaja del PP y un máximo de 19 serían vistos como estimaciones muy diversas, de no ser, como digo, por la aparente falta de incertidumbre en cuanto al desenlace político de la elección.

Ahora bien, lo que importa -más que la precisión y el acierto de las estimaciones, que solo estaremos en condiciones de verificar el propio domingo- es reparar en los elementos de incertidumbre que pesan sobre aquellas. Y en ese sentido hay que fijarse en la letra pequeña de las encuestas y acudir a los antecedentes para buscar algo de luz.

El antecedente más próximo, 2008, se considera, correctamente, como un ejemplo de acierto predictivo de las encuestas. Pero no sirve de gran cosa como término de comparación: aunque ya había cambiado el clima económico, no se vislumbraba la gravedad de la crisis que vino detrás y todos los ingredientes coincidían en apuntar a una elección de continuidad. 2004 no sirve por el impacto de los atentados del 11-M. Más relevantes son los antecedentes -antitéticos- de 1996 y de 2000. En el primer caso, las encuestas fallaron porque los analistas no tuvimos en cuenta el fenómeno de espiral de silencio que hacía callarse a casi un tercio de los votantes socialistas y porque, además, la movilización de esa minoría silenciosa tuvo lugar en los últimos 10 días y no fue recogida por las encuestas. En el segundo caso, ocurrió cabalmente lo contrario: descontamos una movilización socialista de última hora que en realidad no se produjo.

Pero las diferencias contextuales respecto a esas elecciones son enormes. En 1996 el PP no había gobernado nunca y la activación del temor a un retroceso democrático resultaba más verosímil para el elector de izquierdas. En 2000, dominaba la sensación de que el PP había gobernado bien y la situación económica era boyante, lo que permitió a buen número de votantes socialistas entregar -mediante la abstención- la mayoría al PP.

Hoy estamos ante unas elecciones de cambio (que, casi siempre, aparejan alta participación) y ante el entorno económico más tenso de los últimos 30 años. ¿Se quedarán en casa ese casi 20% de votantes socialistas que se manifiestan aún indecisos sobre el sentido de su voto? La proporción en que lo hagan o hagan lo contrario es la que establece la diferencia entre una catástrofe electoral para el PSOE y, simplemente, un pésimo resultado. No parece haber mucho espacio para otra cosa, salvo que se repitiera una situación de espiral de silencio que, en las actuales circunstancias, nos parece harto improbable.

Hay otras dos dimensiones que, a mi juicio, dan mucha verosimilitud al consensus forecast de las encuestas. Una es la estabilidad que las mismas registran: las estimaciones seriadas apenas reflejan cambios desde hace cuatro meses, tras el fugaz repunte de la intención de voto socialista que trajo consigo la renuncia de Zapatero. Pero, a nuestro juicio, lo que da más fundamento a este pronóstico es que los indicadores de las encuestas muestran -aparte de las estimaciones de voto, en las que cada maestrillo tiene su librillo- una notable coherencia interna. Diríamos que, mientras las estimaciones se han mantenido en lo esencial estables, el resto de pistas que los sondeos contemplan se han ido alineando en el mismo sentido. De suerte que todos esos indicadores (partido que les gustaría que ganase, líder preferido, partido más capacitado para hacer frente a la crisis económica) muestran ahora perfiles que favorecen al PP.

En fin que, una vez más, el domingo veremos si la profesión demoscópica se pone la medalla o hay que dar explicaciones. Por el bien de la tribu, espero que sea lo primero.

Mayoría holgada, más que probable. Herencia imposible. Alto nivel de exigencia… Para afrontar el día después, conviene conocer las causas del éxito popular y de la debacle socialista. Todavía en condicional: si se cumple el pronóstico unánime… He aquí el centro y eje del asunto: los mercados financieros envían señales concluyentes y la opinión pública dicta sentencia inapelable contra los gobernantes incapaces, ya sea en versión agónica, histriónica o meliflua. Si lo prefieren, se llaman Papandreu, Berlusconi o Zapatero. Entre nosotros, también pasa factura al PSOE una política sectaria y oportunista, incapaz de asumir el sentido más noble de la política como compromiso al servicio del interés general. Menos mal que, acaso demasiado tarde, han llegado acuerdos razonables que anticipan la entrega de las llaves y deben prolongar su vigencia en beneficio de todos. Triste final para un presidente en funciones, al margen ya del presente y del futuro. Aunque, no se olvide, el 20-N por la noche continuará siendo secretario general de su partido. Truenos en el horizonte: candidato premoderno, casi seguro fugaz; aspirantes posmodernos, muy lejos de cuajar; ayuno y abstinencia en el poder nacional, autonómico y local. Si les sirve de consuelo, en democracia siempre hay otra oportunidad, que el PSOE debería aprovechar porque la España constitucional necesita una izquierda a la altura de las circunstancias. ¿Pronóstico? Más vale no hacerse ilusiones, porque los antecedentes no invitan al optimismo. Ojalá me equivoque.

El filósofo Ronald Dworkin, un liberal en sentido americano, publicó hace años un libro muy influyente, «Taking rights seriously», traducido al español como «Los derechos en serio». Otro ejemplo, esta vez literario: Oscar Wilde es autor de una célebre pieza teatral, «The importance of being earnest», conocida entre nosotros con el título ambiguo de «La importancia de llamarse Ernesto». Valgan ambas referencias para sostener una tesis: los españoles exigen a los políticos que gobiernen en serio y reclaman gestores eficientes y diligentes de los asuntos públicos, buenos conocedores de la «lex artis» en el sector de su competencia. Políticos sólidos, pues, con el apoyo de funcionarios capaces, gente que lea los papeles y sepa hacer las cuentas. Esto es, personas que gocen de prestigio y no se presten a la burla despectiva. En suma, todo lo contrario de los equipos improvisados a fuerza de ocurrencias, amiguismos y cuotas de variado signo. Una rémora en tiempos de bonanza, ese lastre conduce al naufragio cuando se trata de dar respuesta a una crisis de dimensión universal. El fracaso estrepitoso del socialismo «light» es la referencia negativa para unos ciudadanos que ya no hacen caso a los juegos malabares de Rubalcaba y no quieren saber nada de Felipe González y su baúl de los recuerdos.

El contraste salta a la vista. El secreto de Mariano Rajoy se llama sentido de la responsabilidad. Mucha gente se siente a gusto con un político sereno y honrado a carta cabal. La desilusión sobre la vida pública es una enfermedad grave para la legitimidad del sistema. Se cura a base de rigor y esfuerzo, pero también de una imagen impecable en el terreno personal y patrimonial. Nadie le ha mezclado nunca con intereses siniestros o maniobras turbias, mérito notable para un veterano de este duro oficio en el que asciende ahora a la cumbre del escalafón. Rajoy ha mantenido la velocidad de crucero durante una larga travesía, a veces una auténtica guerra de nervios y de presiones, por no hablar de cosas peores. Sabemos desde Locke que la confianza entre gobernantes y gobernados es la esencia del régimen representativo. Por eso, la democracia mediática, forma de gobierno contemporánea, no significa que todo vale si se envuelve bajo el disfraz engañoso del sedicente carisma. Aquí y ahora, una mayoría contundente del PP significa mucho más que un cambio de turno. La soberanía nacional (léase, el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado) ejerce la función que le otorga en exclusiva la legitimidad democrática. El mensaje incluye, sin duda, «regeneración», en el sentido amplio del término. Pero, insisto, contiene principalmente un mandato inequívoco: hay que gobernar en serio.

Llega, pues, la hora del pueblo soberano. «Ya no hay protagonistas, sólo hay coro», escribe Ortega en «La rebelión de las masas». Rajoy habla con frecuencia de la «gente normal». Es una forma de entender la vida, en tono prosaico, sin estridencias, lejos del alboroto y la crispación. Apela a la realidad cotidiana de muchos millones de ciudadanos. Todo un acierto, porque ahí está la mayoría. El éxito de la España constitucional reside en la fortaleza de las clases medias. Un secreto a voces, porque lo comparten todos los países civilizados. La democracia occidental funciona gracias a esas buenas gentes machadianas que viven, laboran, pasan y sueñan… Sueñan, en efecto, pero se levantan temprano y trabajan duro para pagar la hipoteca, aprobar el examen y buscar una vida mejor para los suyos. Siempre han tenido buenos principios. Desde hace unos años, gozan también de cierta holgura económica, ahora en grave peligro por culpa de una gestión nefasta. Clase media forjada a base de esfuerzo, que no desea aventuras o saltos en el vacío ni gusta de extravagancias. Accede a una vida digna, pero nunca fácil: sabe bien cuánto cuesta cada gramo de prosperidad. He aquí el destinatario del mensaje popular. Se llama, repito, mayoría social, y por eso el PP va a ganar el 20-N. Parece que el PSOE no lo comprende. Desplazado del centro, pretendió gobernar a partir de la yuxtaposición de minorías, real o supuestamente oprimidas. Es una opción respetable, pero contraria a la lógica: la media estadística siempre suma más que la excepción. Cosas de los fragmentos posmodernos, barridos por el vendaval de la crisis…

Hace tiempo escribí en esta Tercera acerca de una nueva generación de «políticos laboriosos», fiel reflejo de esa sociedad mesocrática que pone sus esperanzas en el mérito y la capacidad. Sembrar la discordia es, sin duda, un mal negocio político. Pero, aparte de la memoria histórica y la ingeniería social, el PSOE se hunde sobre todo porque Zapatero y los suyos no saben gobernar. Con excepciones honrosas, que podemos buscar con el candil de Diógenes, y algunas aparecen entre las tinieblas. No demasiadas, me temo… Lección para el futuro. Por seguir con la Grecia clásica, a mucho mayor nivel, algo recuerda en el ambiente a los tiempos de «vértigo social» que denunciaba Platón. En esta coyuntura, el centro-derecha tiene que asumir su responsabilidad. Grandeza y servidumbre de quien apuesta por la honradez y la virtud política y no solo por el ejercicio efímero del poder. Como es notorio, las perspectivas electorales son muy favorables. En la política, espejo de la vida, también gana el que sabe invertir en valores seguros.

De entrada, no es extraño que en la campaña electoral los partidos políticos no aludan a sus opciones de política exterior, ni en sus actos públicos ni en los debates en los medios de comunicación. No hay reproche en esa constatación, pues es comprensible que lo que angustia a la ciudadanía en estos tiempos es el empleo y la economía.

Ahora bien, en los programas electorales la política exterior es «una herramienta potente, fundamental e imprescindible… para sacar a España de la crisis…y para contribuir activamente a un nuevo modelo de crecimiento, desarrollo y gobernanza mundial» (PSOE); o, como señala el PP, «la poca atención dispensada en España a la política exterior nos ha hecho más vulnerables y menos competitivos poniendo en riesgo los avances de nuestra sociedad».

En el debate televisivo a cinco nadie mencionó las relaciones exteriores. En el tedioso cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba la política exterior estaba prevista para el último bloque: el candidato socialista, como sólo se sabía el programa del PP, no hizo referencia a sus propias y cuidadas propuestas en materia exterior. Rajoy le dedicó al asunto cuatro minutos de reloj; consciente de que es caballo ganador y se le debía ver como hombre de Estado, hizo una declaración formal sobre la importancia «capital» de la política exterior y su relación con el crecimiento, mencionó la pérdida de liderazgo y el olvido que, en su opinión, ha tenido el Gobierno para con América Latina (con un volumen exportador inferior a otros estados europeos), o la escasa capacidad de relación y exportaciones hacia los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Insistió en la relación entre la política exterior y el crecimiento al reprochar a Rubalcaba que, por estar distraídos con la Alianza de Civilizaciones, no habían aprovechado las oportunidades de la globalización para afrontar la crisis económica; en ese momento el aspirante del PSOE mencionó «lo exterior» al acordarse de la silla que nos prestan como observadores (que no miembros) en el G-20, apostillando literalmente que ese puesto había sido el mayor logro de la política exterior… pobres alforjas para tan largo viaje de ocho años.

Claro que no es exacto decir que sólo hubo esos cuatro minutos finales. El debate sobre política exterior entró de soslayo en las frases iniciales de ambos candidatos al expresar sus condolencias por el militar «muerto en combate» (Rajoy), «asesinado» en Afganistán (Rubalcaba). Amén del conflicto interno entre el Estado afgano y los talibán, hay también un enfrentamiento armado internacional, autorizado por la ONU, entre fuerzas extranjeras y talibán, con batallas intensas, sostenidas y organizadas. Hay unas partes contendientes que son objetivos militares legítimos y cuando el combate es abierto y organizado (sin uso de medios terroristas o prohibidos) las muertes de uno y otro lado son muertes en combate y no asesinatos, excluidas por tanto de los códigos penales. Es la lógica jurídica de los Convenios de La Haya para los conflictos armados. Las calificaciones divergentes de Rajoy y Rubalcaba son la última página del largo debate sobre la participación española en Afganistán, en una guerra que nunca existió para el Gobierno de Zapatero. La guerra de la que todos se van a retirar más tarde o más temprano; todos menos España, claro, pues como no hay guerra allí, será la última que se marche. Esperemos que se note el cambio tras las elecciones y nos retiremos antes o al tiempo que EEUU y otros participantes.

Continuemos. Los programas de los cuatro partidos de ámbito nacional incurren en demasiados tópicos y declaraciones hueras, y en el caso de IU en un deleznable estilo panfletario (exigen «la disolución de todas las bases norteamericanas en el mundo» o la eliminación del Consejo de Seguridad y piden la renuncia a la guerra cuando esa petición ya se cursó formalmente en 1928 y la guerra es ilícita desde esa década de los felices años 20…).

Sobre la política europea de España, el programa del PSOE es, con diferencia, el más completo y centrado en el papel de Europa en la salida de la crisis, si bien no hay grandes divergencias en las cuestiones generales, bien resueltas también por PP y UPyD con «más y mejor Europa» (si acaso el claro apoyo del PSOE al ingreso de Turquía y la ambigua «participación en las negociaciones» por parte del PP).

Todos dedican algunas líneas al Sáhara. Claro que el PSOE lo hace en un contexto de adulación a las superficiales reformas democráticas emprendidas por Marruecos, en las que durante su etapa de Gobierno ha querido enmarcar la solución al conflicto saharaui con un reino alauí maquillado como Estado democrático. A la vista de la repugnancia que la política de Zapatero causó entre su electorado y la opinión pública, muy sensible hacia la causa saharaui, Rubalcaba se distancia en su programa y, mientras estén en la oposición, apoyarán «un acuerdo entre todas las partes, y el respeto a la legalidad internacional», incluido el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, posición que comparten PP (que reconoce «la responsabilidad histórica» de España) y UPyD, amén de IU. El partido de Rosa Díez quiere «un papel activo” de España en el apoyo de la autodeterminación saharaui, involucrar a la UE y una protección activa de sus derechos humanos. Impecable, pero no estarán en el Gobierno.

Sobre Cuba, el PP sabe que hay que ser posibilista y dialogante cuando se llega al poder y guarda la ropa al declararse «comprometido con que el pueblo cubano pueda decidir libre y democráticamente su futuro», pero no anticipa una política defensora de los derechos humanos en la que, por el contrario, UPyD se siente muy activa. IU denuncia la existencia de cinco presos cubanos en EEUU e ignora a los cientos de retenidos en cárceles de la propia Cuba, defendiendo al tiempo con carácter general que «en los acuerdos comerciales de la UE se exija de forma real el cumplimiento de los derechos humanos»; tan es así que la UE no suscribe acuerdos con Cuba.

el único programa que toma posición sobre Gibraltar es el del PP, declarando que «recuperaremos el proceso de Bruselas» o negociaciones directas bilaterales, rehusando el llamado proceso de Córdoba de 2006 iniciado por Moratinos, basado en concesiones gratuitas e inútiles, además de haber considerado a Gibraltar como una parte más. En realidad, este mismo año el Gobierno de Zapatero ha dado por cerrado y fracasado ese proceso a tres bandas.

Sólo UPyD tiene memoria histórica para Guinea Ecuatorial y propone de forma sensata ayudar a la evolución del país africano hacia un régimen libre y representativo. Mirando para otro lado (la política aduladora de Zapatero en los últimos años) o demonizando al régimen sólo estaremos dando la espalda a un pueblo tan cercano a nosotros como es el ecuato-guineano. Lo que debe hacer el futuro Gobierno de España es volcarse en preparar a la ciudadanía de ese país para una evolución democrática y una gestión de sus recursos orientada a su progreso material.

Sin embargo, pedir que la UE suscriba acuerdos con África en materia migratoria como lo hace UPyD es harto difícil -si no imposible- por la negativa de los propios estados africanos. Precisamente el Plan África y los acuerdos bilaterales con 11 países africanos han sido uno de los pocos éxitos de la política exterior de Zapatero. Ningún Estado de la UE, ni tan siquiera Francia, tiene nuestra red de acuerdos migratorios.

Aunque hay menciones a los BRIC en los programas del PP y del PSOE, destaca la propuesta socialista de reforzamiento de las relaciones con Brasil, como nuevo pivote, mediante «estrategias de triangulación» entre España, Brasil y resto de Latinoamérica. Subyace a ambos programas el papel decisivo que puede tener Iberoamérica en la salida de la crisis europea al no estar alcanzadas sus economías.

Es casi un tópico el apoyo a la Primavera Árabe, así como el ofrecimiento de la experiencia de la Transición española. Palabras. No necesitan políticos ajados contando batallitas sino las inversiones de las multinacionales españolas… El PP aboga por «la diplomacia económica para favorecer la internacionalización y la competitividad de nuestras empresas-país, así como para establecer nuevas relaciones comerciales» y llegar a tener «implantación en los mercados y sociedades de Asia». Que así sea.

En conclusión, la política exterior no es una materia prescindible e irrelevante, ni siquiera en tiempos de crisis.

Puesto que desde la escena del desayuno de Ciudadano Kane, en la que Orson Welles representa la incomunicación humana alargando progresivamente la mesa que separa a los indiferentes cónyuges, no se había visto tanta frialdad y distancia escénica entre dos actores mal maquillados, a Campo Vidal se le debería haber permitido insuflar algo de vida en el debate del lunes mediante la técnica de la pregunta secreta. Es decir, planteando a Rubalcaba y Rajoy algo inesperado que les cogiera desprevenidos, les obligara a salirse del guión preparado con sus asesores e incluso les llevara a desvelar su verdadero yo.

Fue una idea que se me instaló en la cabeza a medida que, tras la estéril salida en tromba del candidato socialista, el fútbol especulativo en el centro del campo se fue apoderando de los 90 minutos del encuentro entre los simétricos bostezos de la grada y la tribuna: aquí la única manera de que pase algo es que el moderador les pille con el paso cambiado. Incluso pensé que la pregunta que yo les hubiera hecho, caso de hallarme en esa situación y ser lo suficientemente insensato para afrontar las acusaciones de dinamitero, habría sido la misma que Federico II de Prusia dirigió en 1778 a los intelectuales europeos a través de la Real Academia de Ciencias de Berlín: «Señores Rubalcaba y Rajoy, antes de entrar en este último bloque, permítanme que les plantee algo muy concreto que sin duda será del interés de los telespectadores… ¿Creen ustedes que es conveniente engañar al pueblo?».

No es difícil imaginar el silencio que se habría hecho en el plató, la súbita atención de los 12 millones de almas pendientes de la pantalla, las gotitas de sudorcillo embarrado brillando sobre la frente de quienes no venían preparados para responder a algo tan simple, y finalmente lo que, una vez deshecho el repentino nudo en sus gargantas, habrían dicho el uno y el otro.

De labios de Rubalcaba habría surgido un «no» rotundo, inequívoco y hasta ofendido. Por favor, ¡engañar al pueblo! ¿Como podría ni siquiera planteárselo alguien como él que ya dijo en su día aquello de «España necesita un Gobierno que no mienta»; y encima en unas circunstancias como estas, en las que hay tanta gente pasándolo mal? Y a esa claridad en la respuesta habría sucedido la misma claridad en la recepción del mensaje por parte de cualquier observador con conocimiento de causa: puesto que este hombre pertenece a la tribu de los mentirosos, sus palabras son acordes con sus hechos. Tan evidente es para todos el perfil de Rubalcaba que la mala pasada de su subconsciente cuando dijo «ahora el que miente es usted», quedó poco menos que amortizada a beneficio de inventario.

Por su parte, Rajoy habría titubeado más de la cuenta y finalmente habría contestado: «Me pregunta usted si es conveniente engañar al pueblo… Mire usted, yo no lo haré». O sea algo muy parecido a lo que comentó en un determinado momento sin necesidad de que se lo preguntaran. Y como todo el mundo sabe que Rajoy pertenece a la tribu de los que dicen la verdad, a partir de ahí habrían comenzado las especulaciones sobre si lo que quería decir es que él no engañaría al pueblo porque no lo creía conveniente, no engañaría al pueblo porque aun creyéndolo conveniente no se sentía capaz de hacerlo, o no engañaría al pueblo porque al no tener un criterio claro sobre si sería conveniente o no, en la duda prefería no hacer nada.

Todo esto es mucho más que un juego de palabras. Baste como prueba de la complejidad de la cuestión que el premio de aquella competición entre filósofos, remedo de los concursos de trovadores medievales, fue otorgado ex aequo a un defensor del «sí» y a otro del «no» y el propio Federico II que tres décadas antes había publicado su Contra Maquiavelo, criticando el utilitarismo oportunista que impregna las páginas de El Príncipe -y en especial su capítulo XVIII De cómo deben los príncipes mantener su palabra- terminó alineándose con las tesis maquiavélicas y aportando un texto en el que defendía engañar al pueblo por su bien.

Sin embargo, la ponencia que ha pasado a la Historia no fue ninguna de esas tres, sino la que elaboró para la ocasión, sin llegar luego a remitirla, un señor de ademanes aristocráticos, inteligencia poliédrica y corazón indómito ante cuya estatua, delante de la Maison de la Monnaie, me detengo en señal de admiración cada vez que paseo en París por la orilla izquierda del Sena. Me refiero a Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, máxima cima intelectual de la Revolución que contribuyó a engendrar y por la que fue devorado en circunstancias especialmente crueles y conmovedoras.

Otro día volveré sobre la vida y muerte de Condorcet -protagonista sólo episódico de El Primer Naufragio- pero lo que viene hoy a cuento es la brillantez de su refutación de la doctrina de la «noble mentira» que se remonta nada menos que a Platón y ha tenido después apóstoles tan significados como Max Weber o Leo Strauss. Uno de los argumentos clave de Condorcet, tal y como lo resume el especialista en su obra Miguel Catalán, es el de que «nadie puede asegurar que el poderoso no utilizará la mentira para hacer el mal una vez se le haya permitido emplearla para hacer el bien».

Esa es la moraleja del felipismo, ya que ahora reaparece tan farruco el jefe de la banda. El fruto de la combinación de la falta de controles democráticos y la ausencia de escrúpulos morales. El umbral que se traspasa cuando el gobernante sigue la instrucción de Maquiavelo y se muestra «dispuesto a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal, caso de necesitarlo».

En esa escuela se forjó Rubalcaba, convencido de que, como decía el pensador florentino, «todos ven lo que pareces, pocos tocan lo que eres y esos pocos no se atreverán a enfrentarse a la opinión de los muchos que tienen además la Majestad del Estado de su parte». Así se escribió la historia del enmascaramiento de los crímenes de los GAL, hasta que algunos de «esos pocos» sí nos «atrevimos» a perseguir y desencadenar la catarsis de la verdad. Así se sigue escribiendo aún la mentirosa versión oficial del 11-M, pese a que sus cimientos se resquebrajan ya hasta en los autos de algún digno miembro del Ministerio Fiscal.

Si observamos la trayectoria del candidato socialista en sus distintas etapas en el poder y su propia conducta durante el debate del lunes y la entrevista del jueves en Antena 3, cualquiera diría que ha tomado por divisa el célebre epigrama en verso de Goethe: «¿Debe engañarse al pueblo? Desde luego que no. Mas si le echas mentiras, mientras más gordas fueren resultarán mejor».

Se comprende, por lo tanto, que quien no parpadeó al defender la inocencia de Barrionuevo y Vera, arremetiendo contra la propia sentencia que les condenó, tampoco sienta el menor empacho en poner la mano en el fuego por Blanco, arrastrando, por cierto, desde el ámbito de la guerra sucia al del tráfico de influencias la esquizofrenia, consistente en decir al mismo tiempo que todas las acusaciones son falsas y que si algunas fueran verdaderas tampoco tendría importancia, porque en definitiva «todos lo hacen».

A este respecto, no deja de ser más que cómico, esperpéntico constatar cómo han cambiado las tornas y los mismos que se burlaban de los argumentos del PP sobre la rutina social del regalo para soslayar las consecuencias políticas de la acusación penal que se cernía sobre Camps, se aferran ahora a la tesis de que en realidad cualquier cargo público dedica parte de su jornada a hacer gestiones a favor de amigos y conocidos. Con dos diferencias: primero que mientras el cohecho impropio sólo está castigado con multa, el tráfico de influencias que aprecian tanto la juez como el fiscal -por no hablar de los presuntos pagos a Dorribo- está penado con la cárcel; y segundo que así como a Camps le cercaban los indicios y testimonios ajenos, lo que ha puesto la soga al cuello de Blanco han sido sus propias llamadas y mensajes de móvil a su protegido -y supuesto protector- Orozco.

Si Rubalcaba puede reducir con total desparpajo el relato de lo ocurrido en la gasolinera a «los detalles de un empresario que está en la cárcel» -cuando sabe perfectamente que no es así- o el elocuente intercambio telefónico sobre la licencia de Sant Boi durante dos meses y medio a un mero «caso electoral» -porque cuenta con que el Supremo no imputará a Blanco antes del 20-N-, ¿qué freno de ningún tipo podría impedirle decir lo contrario de lo que piensa con intención de engañar sobre la situación económica?

A quienes le vimos el año pasado atrincherarse en el desmentido a la noticia de que la juez del 11-M había dado un ultimátum de 10 días a Interior para entregar los documentos que le requería, incluso cuando EL MUNDO había exhibido ya el inequívoco auto de su señoría, no puede sorprendernos escucharle decir que la salida de la crisis pasa por una moratoria de dos años en la reducción del déficit o que un impuesto sobre las grandes fortunas y otro sobre la banca proporcionarían los recursos para crear empleo para los jóvenes. Puesto que casi podría decirse que mintió poco para lo que es él, no merece la pena ni subrayar lo que le ha pasado a Berlusconi por retrasar el ajuste no dos años, sino dos semanas, o echar las elementales cuentas que desarbolan su ofensiva fiscal contra los «ricos».

¿Y Rajoy? Mucho más preocupantes que la abierta demagogia de quien no va a gobernar resultaron los deslizamientos hacia ese mismo territorio de quien sí lo va a hacer. O sea que el líder del PP diera la impresión de que reprochaba a Zapatero y Rubalcaba la supresión del cheque-bebé y el Impuesto sobre el Patrimonio, se comprometiera a no hacer recortes en las principales partidas del gasto público y no mencionara en ningún momento las palabras prima de riesgo, rescate o intervención. Es decir, que tampoco él nos situara ante la verdad amarga de una situación límite en la que no habrá otro remedio que adoptar decisiones muy desagradables, si queremos seguir siendo dueños de nuestro destino.

¿No es omitir la verdad otra forma de «engañar al pueblo»? Sí y no. Debo decir que Condorcet introduce en la segunda parte de su respuesta a Federico II y Maquiavelo un significativo matiz que viene como anillo al dedo al dilema que Rajoy ha debido afrontar como candidato: «Sería peligroso decir las verdades cuando no cabe esperar que hacerlo así sea útil antes de que sean adoptadas por una mayoría de los hombres y cuando, alertando a quienes se ven perjudicados por ellas, se ponen más obstáculos para el progreso de esas verdades en lugar de conseguir que se hagan más comunes».

Condorcet aprobaría pues que Rajoy no esté haciendo durante la campaña anuncios de medidas necesarias cuya explotación demagógica podría menguar el margen electoral que precisa para llevarlas a cabo. «En ese caso es preferible dejar cautiva la verdad sin que tampoco se la suplante por el error», ya que «un general no debe publicar sus planes de ataque».

Ahora bien, este respaldo desde la mejor atalaya de las Luces a la ambigüedad calculada tiene un límite que Condorcet sitúa en la percepción que los seguidores de ese general puedan tener de sus actos. Si pudiera bajarse de su pedestal de piedra y se sentara entre Arriola y Moragas en una reunión de estrategia en la calle Génova no hay duda de cuál sería su consejo: «No hagáis nada que un hombre sensato pueda tener como prueba de que creéis lo que no creéis. La línea que supera la prudencia de la hipocresía es aquí muy fácil de traspasar, pero es mejor quedarse más allá y ser imprudente que no hipócrita».

Por eso, quizá con la salvedad del error que supone renunciar a priori a la alternativa del copago sanitario, creo que Rajoy está haciendo lo correcto al mantener su hoja de ruta económica envuelta en una nebulosa durante la campaña. Pero también por eso, a medida que pasan los días, y no digamos nada después de la presentación electoral de los propósitos y pretensiones de la banda, me horroriza más y entiendo menos su declaración de que ETA ha puesto fin a la actividad armada sin que hayan mediado «concesiones políticas». ¿Y qué pensará el «hombre sensato» medio -empezando por ese que el propio Rajoy lleva dentro- de los piropos que los asesinos encapuchados dedican a su conducta «responsable»? Yo es que soy muy de Condorcet, oigan.

Dentro de unos días se celebrarán elecciones generales en España, y sabemos que estamos sumergidos en la madre de todas las crisis, una crisis que se lleva por delante empleos, empresas, Gobiernos e ilusiones, y que encima depende mucho de cosas que suceden fuera. Parece que todo da igual y que además todo es un asco. Sobre todo para vosotras que lo vais a tener tan crudo en el mundo laboral y no digamos ya, si, como nos gustaría a la mayoría, nos hacéis abuelas o tías abuelas. Así que ¿para qué ir a votar?

Con la autoridad que nos da la edad, o sea poca, y apoyadas en que las encuestas del CIS señalan que un 3,5% de la población se considera feminista y que a más del 30% le preocupa la igualdad, consideramos que votar es absolutamente imprescindible. Y más en estas elecciones a las que la derecha se presenta unida como una piña, después de haber conseguido casi todo el poder territorial. La izquierda, en cambio llega fragmentada y desconcertada por la crisis y las políticas de ajuste y hay un enorme descontento que propiciará la abstención o el voto en blanco. En las manifestaciones del 15-M se hacen llamadas a esa abstención coreando el lema de “PSOE-PP la misma mierda es”.

Nuestra posición es que este enfoque es peligroso, y especialmente en lo que se refiere a la consideración del papel de las mujeres en la familia y la sociedad, y a nuestros derechos.

Uno de los cambios más reales que se ha producido con la democracia en España ha sido el de la situación de las mujeres: en formación, en participación en el mercado laboral y en la política. Además, hemos avanzado mucho con leyes que protegen nuestros derechos y establecen políticas de igualdad. La ONU reconoce a España como uno de los países más avanzados en esta materia. Antes no era así, sino al revés. Las mujeres españolas íbamos en el furgón de cola. Vuestras abuelas y algunas de nosotras mismas necesitábamos el permiso de los maridos para cualquier asunto legal, ellos tenían la patria potestad y bastantes ocupaciones y estudios estaban prohibidos a las mujeres. Las niñas tenían menor escolarización, estaban separadas de los niños en colegios y clases diferentes, y los métodos anticonceptivos se consideraban un delito incluido en el Código Penal.

Todo eso ha ido cambiando, en algunos casos con grandes dificultades y la oposición sistemática de la derecha política española. Sin ir más lejos, el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional leyes como la de la despenalización del aborto de 2010 (también había recurrido la de 1985 la antigua Alianza Popular), el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Ley de Igualdad.

Una de las razones de esta oposición es el peso de la jerarquía de la Iglesia católica, no tanto entre la ciudadanía, sino entre una parte importante de las élites políticas conservadoras. Podremos manifestar nuestra europea superioridad sobre los países en los que impera el fundamentalismo religioso, pero nuestra sociedad también dispone de sus propios gérmenes integristas que pretenden extenderse por ella, a través de medios de comunicación o de los colegios, e imponer como obligatorias sus creencias, mediante la acción de gobierno y la legislación.

En este sentido el debate sobre la educación en España, por ejemplo no se limita a la proporción entre escuela pública y privada concertada, en la que somos el segundo país europeo con más enseñanza privada de la UE, con un 33%. Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de la educación privada en España es católica.

Mucha gente piensa que da igual lo que se vote, y que el margen de maniobra de cualquier Gobierno en esta crisis interminable, que puede ser no solo una crisis sino un cambio de época, es nula. Este razonamiento se basa en el fracaso del “sistema” en su conjunto y en que unas elecciones no solo no resuelven la situación, sino que apuntalan la misma farsa en la que el rescate a los bancos convive con dejar en la cuneta a millones de personas. Por tanto, no solo da igual a quién se vote, sino que lo mejor que se puede hacer es no votar, votar en blanco o votar a partidos que no tienen la mínima posibilidad de gobernar. Con este escenario los programas de las formaciones políticas carecen de significado. De hecho son papel mojado, listas interminables de buenos propósitos o, en el caso del PP, de indefinición, una indefinición que busca no ahuyentar el voto.

Pero con indefinición y todo, el programa del Partido Popular da unas cuantas pistas interesantes. En cuanto a estructura por ejemplo: el aborto se trata en el epígrafe dedicado a la familia, con una nítida propuesta de reforma de la actual ley, en el sentido de garantizar el derecho a la vida. Regreso a 1985, o quizá a tiempos más remotos.

En cuanto al capítulo de igualdad, es de una levedad extrema recuperando el discurso de la conciliación entre vida familiar y laboral, que, sin servicios públicos de apoyo, se reduce a que cada una se lo monte como pueda. El epígrafe se remata con una propuesta de modificación de la Ley contra la Violencia de Género, sin detallar en qué consiste la modificación propuesta.

En política económica se combina la oferta imposible de bajada de impuestos, con el mantenimiento sin recortes de servicios y la contención del déficit. Y, por lo que vemos en los Gobiernos autónomos del PP, los recortes se están produciendo ya.

No cabe duda de que el sector público deberá prescindir de lo superfluo y mejorar en eficiencia, pero al conjuro de la austeridad como única vía de salvación se pueden deteriorar sin remedio los sistemas públicos de sanidad y educación, o el apoyo a las personas en situaciones de dependencia. Esto supone un peligro para todo el mundo, pero también una sobrecarga para vosotras en el futuro, ya que las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras de la familia y no es indiferente que haya escuelas infantiles o ayuda en la atención de personas mayores.

Sois probablemente la generación de mujeres mejor formadas y preparadas de la historia de nuestro país, pero salís al mercado laboral con una nueva recesión en ciernes, que sería doblemente penosa con un retroceso en los derechos y las libertades que vosotras tenéis, y no tuvieron vuestras abuelas.

Ya que otras cosas son más nebulosas en el programa del PP, detengámonos en la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta 1985, fue un delito, que se despenalizó parcialmente en determinados supuestos. Antes de esa fecha las mujeres con medios económicos viajaban al extranjero, y las que no los tenían recurrían a métodos inseguros que comprometían su salud, además de su libertad. La despenalización se concretó en los casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones fetales graves. Como en el caso de peligro para la salud de la madre no se especificó plazo, la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producían por causas psiquiátricas. Y así entre 1985 y 2010, o sea durante 25 años, más del 90% de las interrupciones se produjeron por causas psiquiátricas o mentales. Un especialista certificaba el trastorno mental de la mujer.

La diferencia determinante con la ley de 2010, es que pasando de un modelo de “indicaciones” o excepciones en la penalización, a uno de plazos, se permite que hasta la decimocuarta semana de gestación el aborto no sea delito, y que la mujer pueda tomar la decisión. Este sistema se ha demostrado eficaz en otros países para disminuir el número de abortos tardíos y también el número total de abortos. Los datos en España parecen confirmar la experiencia internacional.

¿Cuál es la razón por la que el PP propone cambiar la ley? No queda más remedio que temer la influencia de la integrista jerarquía católica en las filas conservadoras, que con una composición exclusivamente masculina, está tan a favor de la autonomía, la representación y los derechos de las mujeres en la sociedad civil, como en su propia organización.

No son lo mismo unas propuestas políticas que otras, y no votar, regalar el voto o votar a quien nunca gobernará, puede ser una salida que agrave todavía más la difícil situación de la mayoría y desde luego la de las mujeres.

A mediados de septiembre, es decir, alrededor del mítico día 11, los dirigentes de CIU estaban convencidos de que, por primera vez en la historia de la democracia, iban a ser en Catalunya el partido más votado en unas elecciones generales. Más que euforia, lo que mostraban era seguridad. Y sus razones tenían.

Efectivamente, en los comicios autonómicos y municipales del pasado curso político, CIU obtuvo muy buenos resultados, resurgió de su difícil travesía del desierto, mostró que sin Jordi Pujol seguía siendo un gran partido. Artur Mas, un líder muy distinto a Pujol, se había afianzado entre los suyos y estaba empezando a ser respetado en la sociedad.

A su vez, el PSC estaba pasando por el momento más confuso de su historia y ERC seguía devorando a sus dirigentes, una rara afición, no se sabe si genética o freudiana. La Casa Gran del catalanismo, que parecía un esoterismo semejante a la Alianza de las Civilizaciones, en la práctica empezaba a hacerse realidad. Desde la concepción convergente de la vida y de la historia, las cosas volvían a su lugar natural: Catalunya no les podía fallar, al final Dios siempre protege a los suyos.

Además, a diferencia de cuatro años antes, Duran Lleida fue elegido esta vez como indiscutible cabeza de lista. Al parecer, sin disputas internas. El tándem entre Mas y Duran parecía funcionar. La pasada legislatura ha consagrado a Duran en Madrid: en todos los sondeos aparecía como el político mejor valorado de España, para que luego digan que los españoles nos tienen manía.

Pero algo malo empezó a sucederle a CIU en pleno agosto: Oriol Pujol, el hijo, declaró públicamente que aspiraba a ser el número 2 de la lista de CIU en las elecciones generales, algo que no entraba en los planes de Duran, quizás tampoco en los de Mas. Agosto es mes de vacaciones y los debates se cierran con rapidez. Pero no era normal que el actual portavoz en el Parlament de Catalunya aspirara a semejante puesto. Algo raro pasaba: ¿desconfiaba el núcleo duro de Convergència de lo que Duran podía hacer en Madrid? Pactar, pactar: ¿a costa de qué?, ¿en beneficio de quién? En fin, ¿pactar con el PP, ese enemigo declarado de Catalunya, como todos sabemos? ¿Hasta dónde podemos llegar, hasta participar en un gobierno del PP? Este Duran es peligroso, hay que marcarle de cerca.

La cosa no prosperó y Pujol hijo renunció a sus aspiraciones madrileñas. Pero sucedió otra cosa notable. También en torno al 11 de septiembre, Artur Mas pronunció una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue algo sonado. El actual presidente de la Generalitat tiene fama de puritano y sostiene, por lo visto, que hay que decir lo mismo en Barcelona que en Madrid, algo que nunca se le había pasado por la cabeza a Pujol, a Pujol padre. Mas andaba, además, irritado con Zapatero y Rajoy porque habían pactado una reforma de la Constitución sin contar con ellos, un mal augurio en estos complicados tiempos. Así pues, Mas largó en Madrid que el consenso constitucional se ha roto, que ya no pueden confiar en España, que el pacto fiscal va en el mismo sentido del concierto económico vasco y que, tal como están las cosas, si no se les da lo que piden, están dispuestos a marcharse, a abandonar España aunque, por supuesto, no la Unión Europea. A las pocas horas, según me han contado, casi ningún embajador de los más importantes países de la UE asistió, como era habitual, a la recepción que tradicionalmente ofrece el delegado de la Generalitat en la capital… Primer aviso, esta vez desde el exterior. ¿Hay que plegar velas? ¿En qué lío nos hemos metido?

El segundo aviso les vino desde el interior, contado por este periódico. En el sondeo de Noxa Consulting publicado en La Vanguardia del 9 de octubre, el PSC perdía en Catalunya, pero no tanto (se quedaba en 18-19 diputados), a cierta distancia le seguía el PP (13-14 diputados) que sobrepasaba por muy poco a CIU (11-12 diputados). O sea: en un mes habían pasado de ser los primeros a ser los terceros. Y de forma humillante: por detrás del PP, ese enemigo recalcitrante de Catalunya… con quien Duran quiere pactar y Trias ya lo ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona. El escalofrío que recorrió a CIU fue importante. ¿Qué hacer?

Desde entonces los nervios han dominado la campaña de CIU. Duran no se parece a Duran, va dando tumbos con un discurso en el que no cree y se le nota: ya no es el político más valorado. CIU se ha quedado con el discurso de la Liga Norte italiana: el de España nos roba, nuestro dinero se va y no vuelve, deseamos un pacto fiscal para reducir “nuestra solidaridad”, no pretendemos privilegios pero queremos ser como los vascos ¡que son unos privilegiados! En fin, que piden lo imposible, como los de Mayo del 68. El mismo Pujol padre acaba de publicar un grueso tomo de reflexiones recientes en el que se muestra decidido partidario de la independencia.

El votante moderado empieza a sentir vértigo. Un amigo me decía: “Voté a CIU el año pasado para acabar con el tripartito y cambiar de alcalde, no para que nos metan en nuevos líos”. CIU está perdiendo centralidad y eso explica lo que le está pasando.

Diez palabras. Mi equipo lleva dos semanas buscando diez palabras. Diez palabras que actúen como la punta de un sable, que den el golpe definitivo a la campaña electoral…». Así inicia el cierre del debate el presidente estadounidense Jed Bartlet en la serie de ficción El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Bartlet mira a su rival. No lleva las diez palabras, su equipo no ha dado con ellas. Se ha preparado concienzudamente, ha ensayado las preguntas más difíciles, ha analizado las encuestas,… pero llega al duelo sin las mágicas diez palabras. Ha tenido además un problema con la corbata: rechazó la que le seleccionaron estilistas profesionales porque prefería «la de la buena suerte»; pero su mujer, en un arranque de nervios, se la trasquila, por lo que el candidato entra en el plató con la corbata de un asesor, sin comprobar si la tonalidad de ésta es procedente.

Asesorado por quienes ocuparon la Oficina de Comunicación de la Presidencia estadounidense, el magnífico Aaron Sorkin escribe un guión en el que combina el deber ser, aquello a lo que los políticos deben aspirar, con la compleja realidad en la que estos desempeñan su trabajo.

El debate celebrado el lunes entre Rajoy y Rubalcaba ha propiciado que periodistas, políticos y analistas hablemos sobre lo que debe ser un debate, qué hay que hacer para ganarlo y cómo puede influir en el voto. Un juicio está presente: se ha subrayado la importancia de la imagen, y con ella, la de que los candidatos lleven unos determinados colores, miren adecuadamente a la cámara o muevan las manos para mayor elocuencia. Y una pregunta: pero, ¿realmente influyen algo estos debates? ¿Qué puede haber supuesto el duelo entre quienes compiten por la Presidencia de Gobierno el próximo 20 de noviembre? Sin contar todavía con estudios ad hoc, lo siguiente no es más que algunas consideraciones al amparo de lo que se sabe en la investigación académica sobre los debates electorales.

El del lunes ha sido sólo el quinto debate en 11 elecciones generales y casi 40 años de democracia. La modificación del formato merece un primer juicio positivo. Es sólo ligera, pues mantenemos el modelo francés que sienta a los dos candidatos frente a frente. Un modelo lleno de rigideces, que limita la expresión corporal de los contendientes (no pueden pasear por el escenario) y con algo de frialdad (están solos en el plató, sin la compañía de una audiencia a quien dirigirse, como sucede en los cálidos debates anglosajones).

Aun con todo, y comparando con los debates de 2008, la posibilidad de que esta vez los candidatos se interpelaran entre sí ha introducido dinamismo y tensión narrativa. Las cifras de audiencia son este punto elocuentes: 12 millones de espectadores sintonizaron el debate, que se ha convertido así en el segundo más seguido de la democracia. En cualquier caso, todavía queda mucho para consolidar la cultura del debate en España, dando mayor flexibilidad en tiempos y temas, así como protagonismo a los periodistas y ciudadanos.

Para aventurar cómo el debate puede haber influido en los votantes, es preciso dibujar el perfil de su espectador. Los datos que acaba de hacer públicos el CIS (barómetro de octubre) consolidan tendencias. El espectador del debate está preocupado gravemente por el futuro de su puesto de trabajo (las cifras son todavía más contundentes, y suben hasta un 80% el número de quienes mencionan el empleo y la economía como principal preocupación, seguida de la clase política en un muy lejano 8%). El votante evalúa a los líderes según la capacidad de gestión y resultados, y premia y castiga independientemente de cuál sea el partido por el que optó (así, votantes del PSOE ponen mala nota a la gestión del Gobierno socialista y a su líder; y entre estos, el PP aparece como el partido que solucionará mejor varios de los problemas por los que se pregunta). Del resto del barómetro se desprende un votante desesperanzado y lleno de incertidumbres.

Los datos de intención de voto completan el cuadro: el PP aventaja al PSOE con mayoría suficiente para gobernar; mientras que el PP tiene casi un 90% de fidelidad, poco más de la mitad de quienes votaron al PSOE manifiesta tener la intención de votarle de nuevo (la fuga de votos se ha incrementado respecto a julio, y una buena parte de ellos irán al PP); entre los socialistas hay el triple de abstención que entre los populares, así como el cuádruple de indecisos; finalmente, Rajoy y Rubalcaba tienen valoraciones medias similares (los dos por debajo del 5), si bien entre los suyos Rajoy encuentra valoraciones más altas que Rubalcaba.

Con estos datos, los dos candidatos han tenido que imaginar a un espectador en busca de aquél en quien depositar la confianza; alguien que merezca no sólo el voto sino también los esfuerzos que exige el complicado futuro. Aplicando además la teoría clásica de los debates (por la cual en contextos electorales definidos el debate interesa principalmente a quien pierde), Rubalcaba tenía algo que ganar y Rajoy debía retener lo ya ganado.

La estrategia del perdedor facilitó la suya al ganador. En sintonía con su precampaña y campaña, Rubalcaba recurrió de nuevo a lo que los estudiosos llaman la estrategia de la división (Smith, 1994), que consiste en colocar al rival la etiqueta de lo que la mayoría rechaza y posicionar el propio mensaje en el extremo opuesto. Esta estrategia falla cuando la división que se intenta crear entre el mensaje rival y el propio está pasada de moda, cuando no sintoniza con las verdaderas necesidades y percepciones del votante o cuando el ataque es poco creíble. Si falla, se produce un efecto bumerán: la consecuencia negativa recae sobre el partido que ataca, por adoptar unas técnicas que el espectador puede considerar demasiado agresivas.

Rubalcaba cumplió con su eslogan, «Pelea por lo que quieres»: agarrado al programa del rival, confió de nuevo en la apelación al miedo a la derechona y peleó con repetidas y machaconas preguntas, porque quería mostrar la agenda oculta, las oscuras intenciones de quien va a gobernar privatizando lo público y sólo en favor de los ricos. No calibró bien el efecto rebote: inquirir agresivamente es más propio de la oposición que del Gobierno. Por eso, su actitud ha facilitado los símiles que estos días circulan por la Red: el debate se pareció a una sesión de control parlamentario, a una entrevista al presidente de Gobierno por parte de un belicoso periodista.

El debate habrá reforzado además la decisión de los decididos. Por efecto de lo que los estudiosos llaman percepción selectiva (el ciudadano se expone al debate electoral prejuiciado por sus propias tendencias políticas), el votante tiende a ignorar lo negativo de su candidato y lo positivo del rival, así como a agrandar lo positivo del propio y lo negativo del contrincante. En consecuencia, traduce las informaciones en evaluaciones que coinciden con sus preferencias políticas, y habla de ellas con amigos, familiares y colegas.

Tanto en lo que dicen los medios de comunicación como en las encuestas sobre quién fue el ganador del lunes puede haber efecto de percepción selectiva, así como de espiral del silencio: el votante, inseguro de su capacidad de juicio, se pone con la mayoría (que absorbe en una espiral las opiniones minoritarias, silenciándolas), dando la victoria a quien la dan los demás. Por tanto, puede que todo el efecto del debate se reduzca a reforzar en el votante la decisión previamente tomada (está por ver si ha influido en los indecisos, en cuáles y hacia qué dirección).

pero si se considera este resultado en relación al perfil del espectador que he referido arriba, no es éste un efecto despreciable sino todo lo contrario. Porque la adscripción partidista del votante es una adscripción débil. Los datos revelan que los partidos cada vez más tienen que trabajarse el voto (y no pueden confiarse a la inercia); porque el resultado del 20-N puede ser histórico por cuanto alcance la cota máxima de la democracia de personas que tengan en su haber un voto de alternancia,… reforzar al decidido se va a convertir en un objetivo relevante de las campañas electorales.

Para hacer una consideración sobre la importancia que en todo esto tiene la imagen me limitaré a contar el desenlace de Bartlet. «He buscado diez palabras y… aquí están». Señala a su republicano rival, que acaba de decir como colofón a su intervención: «Bajaremos los impuestos, porque creemos que el ciudadano americano sabe mejor en qué gastar su dinero que el Gobierno federal».

«Diez palabras», arranca seguro Bartet, «Si usted logra decir en diez palabras cómo va a hacer eso yo retiro mi candidatura. Pero creo que este país es demasiado grande para reducirlo a diez palabras».

No es la corbata, ni la sonrisa, ni las manos, ni diez palabras… Lo que sentencia un debate son los años de gestión que le preceden. Por eso, hay que debatir -si no, no se refuerza a los decididos, y mucho puede pasar hasta que se abran las urnas-, y hay que debatir bien. Pero hay que gestionar mejor. La crisis económica está modificando el modo en que los ciudadanos juzgan la política y a los políticos. La confianza que reclaman se construye con ideas y proyectos; el escenario solamente acompaña.

Antes y después del 20-N tenemos diversos asuntos pendientes, y de gran calado, que deberemos ventilar públicamente, libres de lo políticamente correcto. Quisiéramos, por nuestra parte, señalar cuatro de ellos. Puede haber más, y pueden ser diferentes, pero desde nuestro punto de vista estos son necesarios.

1. Es necesario decir la verdad. Llevamos demasiado tiempo escondiéndola, conformándonos con medias verdades o instalados en la falsedad. La verdad sobre los recursos disponibles, sobre la situación de las empresas y las administraciones públicas, sobre las prácticas económicas, políticas y sociales que nos han llevado a la situación actual. Parece que los políticos sólo saben moverse entre el nuevo conservadurismo que sólo entona la elegía reivindicativa por el Estado de bienestar (y que confunde todas sus prestaciones actuales con derechos) y la severa adustez de quien aplica sacrificios sin más horizonte que la reiteración de su necesidad. ¿Qué pueden ofrecer hoy los políticos? Por de pronto, la verdad. Inteligible, creíble, y sin correr un tupido velo sobre algunos actores de la comedia convenientemente entrenados en el arte de escurrir el bulto. Si es amarga la verdad, qué le vamos a hacer. Pero no se trata de instalarnos en una gran depresión emocional. Sólo desde la verdad podremos dar nombre a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades, a nuestro potencial: porque también forman parte de la verdad. Pero hay que dar, tanto a los sacrificios como a las potencialidades, un horizonte de transformación y cambio con sentido. No podemos seguir con el implícito de que se trata de volver a como estábamos antes. Nada volverá a ser como antes. Decir que aquello fue una fiesta insensata forma parte de la verdad. Y es necesario, entre otras razones, porque quienes ahora denostan a los mercados callaban pudorosamente cuando los mismos mercados nos/les pagaban la fiesta.

2. Es necesario saber quién va a cargar con los costes y a cambio de qué. Si nada será como antes, esto implica que hemos de debatir sobre cómo vamos a encarar el futuro. Nos gusta repetir la frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si el mensaje sólo se centra en el cómo (recortar, sobrevivir, cuadrar los números…) la vida se vuelve insoportable y la realidad social inaceptable. Alguien tendrá que enarbolar la bandera de algún porqué significativo. Por eso la cohesión social es un bien público a preservar. Pero, nos gusta añadir, la cohesión social basada en la justicia. No podemos actuar como si los excluidos fueran una especie de daño colateral inexorable para salir de la crisis. Esto supondría añadir indecencia a la injusticia. Pero habrá que cuidar también que el reparto de cargas no generen una creciente desafección de las clases medias, porque el Estado de bienestar no puede sostenerse sobre el incremento de esta desafección que, por cierto, ya sabemos qué traducción política ha tenido en el pasado. En Catalunya nos hemos encariñado con el mito del ascensor social, pero empezamos a descubrir que los ascensores no sólo suben, sino que también bajan. Dicho en lenguaje fiscal: hay que aclarar si el peso lo van a soportar las rentas del trabajo. Y hay que añadir algo más: en Catalunya indignarse por los recortes y callar sobre el déficit fiscal es propio de un cinismo sinvergüenza, por decirlo de manera amable.

3. Es necesario reivindicar la ejemplaridad. No se trata de puritanismo ni de nada que se le asemeje. Se trata de prácticas. De maneras de proceder. En el ámbito político, económico, social; en el espacio público. La suite de Merkel y Sarkozy en Bruselas cuesta 891 euros; la de Berlusconi, 4.500. La ejemplaridad es una forma preeminente de respetar y cuidar el espacio público. La crisis es económica y política, pero también de valores. Y no se pueden promover valores sin promover y reconocer a referentes. Necesitamos una sociedad con menos famosos y más referentes. Nietzsche al revés: un porqué no resulta creíble sin un cómo; un lenguaje sólo resulta creíble si refleja una forma de vida que valga la pena. Y, por cierto, la ejemplaridad supone también que quienes (personas y/o organizaciones) son corresponsables de la situación actual no pueden salir impunes de esta. No se trata tanto de un ajuste de cuentas cuanto de ventilar determinados comportamientos tóxicos y de no premiar a los listos y aprovechados con el silencio. Se da, pues, una cierta conexión interna entre decir la verdad, afrontar el reparto de los costes sociales y promover la ejemplaridad

4. Pero en Catalunya es necesario algo más. Es necesario combatir la tentación de las pseudoprioridades. El debate sobre las pseudoprioridades es el gran debate de fondo que viene. Catalunya es una combinación de desarrollo económico, cohesión social (con justicia), identidad y voluntad de mayor autogobierno. La gran tentación que viene es un debate entre quienes consideren que ahora debemos priorizar alguno de estos cuatro puntos (cualquiera de ellos) en detrimento de los otros, que pueden quedar para más adelante. Y en esta tentación van a caer muchos actores, y va a gozar de potentes altavoces. Y lo que hay que plantear con fuerza, decisión y convicción es que sin la afirmación simultánea de los cuatro vectores no es posible una salida de la crisis en clave catalana. Quizás sí en otras claves. Pero no en clave catalana.

Alfredo Pérez Rubalcaba tiene una bien ganada fama de «inteligente» dentro de la política española de los últimos veinte años. Es leyenda que Felipe González, en los buenos y viejos tiempos de los triunfos inapelables del PSOE, confiaba en Rubalcaba para que «saliera de los embrollos en los que él mismo (Rubalcaba) se metía», y solía meter al gobierno de González con los medios informativos. Siempre en un segundo plano, detrás de los jefes y los líderes, pero dejándose ver con ellos (y en el primer plano), ha manejado con destreza —dentro de la torpeza general que parece ser una característica de nuestros políticos— los hilos ocultos de la intriga, la componenda, el «consenso» y, por supuesto, la división, la pelea con el adversario y el pariente ideológico. No sé yo si finalmente es de los socialistas que todavía siguen creyéndose que la izquierda, y sobre todo la que ellos representan dentro y fuera del PSOE, tiene una superioridad moral histórica sobre la derecha y todos los demás, enemigos ideológicos que los consagra —a los socialistas del PSOE— como los elegidos de los dioses para reinar sobre el paraíso del Estado del Bienestar, que ellos ayudaron en gran medida a instalar en España.

Se atribuye a Rubalcaba una supuesta o real —yo no lo sé, esa es la realidad, pero me inclino a pensar que es verdad— maniobra «móvil» que pudo ayudar a reorganizar el voto socialista en las elecciones inmediatas al atentado de los trenes de Atocha, en la aciaga primavera de 2004. «España», ese fue su lema entonces (insostenible, hoy, como sabemos) «se merece un gobierno que no le mienta». De modo que, si esto es así, el activismo oculto —aunque paradójicamente ante la vista de todo el mundo— de Rubalcaba en aquellas jornadas, el candidato socialista de las próximas elecciones generales fue uno de los grandes responsables políticos de que Zapatero llegara a ser presidente del Gobierno de España. Como portavoz de los socialistas en el Congreso no pasa de ser un parlamentario combativo, con tics y costumbres (y discursos) siempre iguales o muy parecidos (el estilo Rubalcaba, dicen los que lo quieren mucho), que lo único que consigue con precisión es desviar los golpes dirigidos al presidente del gobierno y lanzarlos al firmamento sin que dañe ni al Gobierno ni al partido que lo sustenta… Pero, ¿es esa una característica de la inteligencia en política o es la mezquina condición del zorro que, en cuanto se da su adversario la vuelta, va y le clava la daga en la espalda como si fuera el aguijón de un alacrán?
Cuando el candidato salta al ruedo, evita las primarias (tan cacareadas en el seno del propio PSOE) como mal mayor y se desembaraza de Carme Chacón como hipótesis de enfrentamiento, se habla (se inventan algunos) del llamado «efecto» Rubalcaba. Como casi todo en Rubalcaba, el «efecto» es puro humo: es una fogalera momentánea que no llega en ningún modo a ser una explosión que llame la atención del electorado y lo disponga a replantearse el voto de castigo que ya tenía preparado, y en silencio, desde hace muchos meses, tal vez años. Hasta mayo del año pasado, el tenue Zapatero era visto por sus feligreses como un dios liberador que se merecía el Premio Nobel de la Paz. Un científico relevante, elevado por Zapatero a ministro, Bernat Soria, lo declaró en público: «Zapatero es merecedor del Premio Nobel de la Paz». Más aceite da un ladrillo. El ataque de euforia incontenible del científico elevado a ministro por la gracia del dios tenue presidencial parió un ratón: la realidad es cruel como la vida misma. Y Zapatero cayó de lo alto del caballo como Saulo en Damasco, sometido a los vaivenes que su adanismo cotidiano y su optimismo antropológico no habían ni siquiera podido imaginar. De entre todas esas ruinas, como un método de esperanza ilusoria, crece y se lanza al estrellato el llamado «efecto» Rubalcaba.

Hasta el instante en que queda proclamado públicamente único candidato a la presidencia del Gobierno español en las próximas generales por su partido, el PSOE, Rubalcaba se había empeñado en mantener un perfil medio, un perfil que lo mantuviera a ser posible entre las sombras, el silencio y la líneas ocultas, donde es un genio malabarista que adopta siempre el rostro de la inocencia (y el yo no fui). Un perfil, llamémoslo por su nombre, que lo mantuviera de perfil, siempre de lado, y de este modo librarse de la quema que caía sobre el Gobierno y sobre el PSOE. Porque, como dice el verso de Valente, también aquí sobre las ruinas de aquel dios tenia que fue Zapatero brilla la «inteligencia» superviviente de todos los profanadores. Así, Rubalcaba desdice en cuanto puede y quiere al Gobierno de Zapatero, que lo desdice a él inmediatamente, para que él desdiga al Gobierno. Y así sucesiva y diariamente en esta precampaña indescifrable, donde nadie enseña sus armas secretas y de hipnotización masiva del voto hasta no sé sabe dónde y cuándo.

Ahora el rey Rubalcaba está desnudo: se ven sus costuras y sus defectos por todos lados. Su discurso delata una pedagogía primaria que da un poco de vergüenza incluso a los suyos. Su cotidianidad es grave como los tropezones de sus palabras, la vuelta atrás hoy mismo de lo que dijo ayer, mañana de lo que dijo hoy. Entre sus votantes, hay muchos que ya han decidido, nada más verlo salir de entre las sombras, que no van a repetirle el voto. Entre sus feligreses más fieles, a los que va dedicada cada una de las torpezas de cada uno de sus discursos (como si todos fuéramos niños recién llegados al colegio de primera enseñanza), hay una especie de desconfianza ante la repetición de viejos estereotipos que no ofrenden ninguna garantía de esperanza. ¿Es Rubalcaba inteligente, lo era, lo fue, lo sigue siendo, qué entienden por inteligente los que dicen que Rubalcaba es inteligente? Y, sobre todo, en comparación con quién es Rubalcaba inteligente. ¿En comparación con Rajoy, por ejemplo? ¿Es inteligente decir, como dicen sus acólitos periodísticos, que Rajoy está mucho menos valorado por los votantes que Rubalcaba, al referirse a encuestas a las que luego restan toda credibilidad porque dan al PP de Rajoy quince puntos de ventaja? ¿Se cree Rubalcaba esa distancia o, como es inteligente, ya sabe que lo que le espera es recoger los restos del naufragio en el que los ha metido el dios tenia presidencial, sumido hoy en una depresión nerviosa cada vez que se mira al espejo?

«Yo soy así, como soy», ha contestado Rubalcaba ante las peticiones de sus supuestos asesores de imagen y campaña, con el objetivo de que se colocara una funda en la dentadura para hacer más estética su sonrisa de animal inteligente. Ese, tengo para mí, es otro de los defectos de Rubalcaba: que es así, tal como es, y no más que lo que viene demostrando una vez que salió de la oscuridad y la luz. Como a los vampiros, la luz le dio de frente en su propia frente. Al fondo del cuadro, paciente, sonriendo y cociéndose ansiedades contenidas, espera José Bono los restos del naufragio, ocho años más tarde de su verdadero turno.

La generación del PSOE que gobernó con González no nominó a Rubalcaba candidato para ganar las elecciones, sino para evitar una mayoría absoluta que finalmente puede acabar produciéndose, porque el partido no ha entendido que estas generales no son sobre candidatos (si así fuera Rubalcaba las ganaría), ni sobre políticas para salir de la crisis (no se dilucidan en las elecciones de un Estado miembro de la UE salvo en Alemania) sino sobre la credibilidad, cohesión y energía de los equipos de gobierno y cuadros de cada partido, y donde el PP lleva ventaja. Nadie duda del oficio de Rubalcaba, pero ofrece una imagen de tremenda soledad: ¿Quién es su Cospedal? ¿Su Sáenz de Santamaría? ¿Su Gallardón? Incluso, ¿su Montoro? El problema del PSOE no sólo era Zapatero.

El PSOE tendrá que aprender con urgencia a ejercer la oposición. Pero, como el partido que más años ha gobernado España, dispone de poca experiencia: un tercio de la que, en tan triste predicamento, ha acumulado el PP. Veamos de qué ejemplos dispone.

La oposición de González fue más institucional –consolidación de la democracia–que estrictamente socialista, por tanto de poca utilidad como guía de actuación. Con una excepción: la importancia de señalizar renovación de ideas y valores. La izquierda, en cuanto que agente de cambio, necesita ofrecer más certeza ideológica, más pistas del futuro, que la derecha, agente de un statu quo que todos conocen. La vaguedad e inanidad de la campaña del PP no la hubiera de sostener el PSOE. Para ser creíble, González tuvo que abandonar el marxismo en su XXVIII congreso. Sin una convención ideológica, el PSOE no podrá dejar atrás los años de Zapatero, en que dejó de ser un partido preocupado por las condiciones materiales de existencia para convertirse sólo (y el problema está en el sólo) en un partido idealista, superestructural, de derechos cívicos.

El aprendizaje en la oposición de Zapatero, acortado dramáticamente hacia la mitad de previsión de acceso al poder, se dio en un contexto de bonanza, por tanto no aplicable hoy, salvo por la habilidad de Zapatero para apalancarse en “la calle”, en su caso las manifestaciones contra la guerra de Iraq. Pero se equivocaría el PSOE en apoyarse en el 15-M –que tiene más de anarquista que de regeneración democrática–. Para el PSOE opositor el mejor ejemplo de uso de la calle contra el PP en Moncloa está en Chile. Hace menos de un año el presidente Piñera –quien, como Rajoy, gusta hablar en nombre del sentido común– contaba con los mayores índices de aprobación. Tras meses de protestas estudiantiles para defender la gratuidad de la enseñanza su reputación está seriamente tocada. Las movilizaciones más eficaces siempre son las estudiantiles, porque visualizan que la derecha ya discrimina en la educación, el pool de salida de la movilidad social (si esto es cierto, o no, es tácticamente irrelevante). Con una posible ventaja colateral: el PP puede caer en un error típico: sobreactuar la “ley y orden”.

Cuenta el PSOE con el ejemplo del Rajoy opositor: gastar el mínimo capital político y esperar. Pero tiene dos riesgos. Uno que conoce bien Rajoy, los impacientes en el propio partido. Dos, aquel del que advertía Maquiavelo cuando sostenía que la iniciativa, la audacia, es lo que permite reducir el papel de la caprichosa Fortuna. Por su racanería política Rajoy siempre ha estado en manos de “la forza del destino”, que le arrebató en el 2004 la presidencia con el 11-M, se la devolverá en unos días por una crisis económica global, y que quizás se la vuelva a quitar si la crisis persiste, que persistirá, y el PSOE acierta en su estrategia (seguro lo primero, incierto lo segundo).

Queda como posible modelo de oposición Aznar, el primer presidente español que entendió que oposición significa conflicto máximo, que toda campaña es permanente, y ha de basarse en la descalificación política y, clave, moral del adversario. Este tipo de oposición (y estilo permanente, pues la continuó una vez en el Gobierno) ya lo practicaron sus tres ídolos –Thatcher, Reagan, Wojtyla–, los grandes “repudiadores” de la socialdemocracia, el consenso como método de decisiones y el liberalismo cultural, pero también los grandes renovadores de las tácticas políticas y mediáticas. En política siempre acaba ganando quien habla en nombre de la ética, de la superioridad moral, porque sólo desde ahí se dispone de la voluntad y capacidad de fricción necesaria. Desenfocado, el PSOE ocupa a sus economistas en defender la socialdemocracia, a sus filósofos en repensar la democracia, pero la gran pregunta que el PSOE ha de responder es: ¿en qué es moralmente superior la izquierda a la derecha? (si realmente lo es, o no, es cosa suya, admirado y paciente lector). Sin respuesta a esta cuestión, en esta crisis, no hay oposición viable.

Ya han comenzado las presiones para que el PSOE ejerza una oposición subordinada –de consenso, de unidad la llaman–. Tal estrategia podría llevarle a 8 años de oposición. O más, cuando Rajoy traspase a Gallardón el liderazgo del PP (probable). El modelo es Aznar, y si es indigerible para el PSOE tomarlo como ejemplo, que no se preocupe, que lea a Saul Alinsky, el mejor autor de la izquierda sobre fricción política y al que, por cierto, la derecha nunca ha tenido escrúpulos en seguir.

Tener casi cinco millones de parados como le ocurre a España es una tragedia para cualquier país, y, sobre todo, para una sociedad que hace apenas ocho años era la historia feliz de Europa, un país de una economía pujante que muchos envidiaban y un ejemplo flagrante -para América Latina en particular y el Tercer Mundo en general- de que, con estabilidad, democracia y políticas acertadas un país puede quemar etapas y, en un periodo relativamente breve, alcanzar altos niveles de trabajo y bienestar.

Nadie duda de que en las cifras escalofriantes del desempleo español ha tenido un efecto la crisis financiera que desde hace más de tres años padece el mundo occidental. Pero nadie puede ser tan ingenuo de creer que esa es la única causa, ni siquiera la principal, de semejantes niveles de paro, pues, si fuera así, ¿por qué el resto de Europa no padece un fenómeno parecido? Ni Grecia, en su descenso imparable a los abismos, alcanza un desempleo semejante. De otro lado, una reciente investigación comprueba que en la actualidad España es el país de la Unión Europea donde las diferencias económicas son más grandes (es decir, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres) y que el altísimo paro juvenil -un 48%- difícilmente podría empezar a disminuir antes de tres años.

La razón principal de semejante desastre es una política económica errática, imprudente, y la obstinación del Gobierno socialista en negar la existencia de la crisis a lo largo de más de un año, lo que le impidió tomar las medidas correctivas que hubieran moderado la caída y acortado el periodo de recuperación de la economía. Los pronósticos sobre lo que esta tardará varían, pero todos coinciden en que el año que se avecina será todavía más duro que el que se va.

El Gobierno español va a ser sancionado en las elecciones del 20 de noviembre por este fracaso y es natural que así sea. Vale la pena recordar que solo en las democracias estas sanciones electorales son posibles y, también, que, por fortuna, pese a los quebrantos económicos, la democracia española goza de excelente salud. Las encuestas dicen que el principal partido de oposición, el Partido Popular que lidera Mariano Rajoy, volverá al poder y, casi seguramente, con mayoría absoluta.

Me alegro de que sea así porque creo que el Partido Popular cuenta con el mejor equipo de economistas y las ideas más claras para enfrentar el difícil y sacrificado reto que será llevar a cabo las reformas radicales necesarias. Esperemos que cuente también con el coraje que hará falta al próximo Gobierno si de veras quiere sacar a España del marasmo económico en que se encuentra, devolverle el dinamismo que tuvo durante los ocho años del Gobierno de José María Aznar, y la confianza en el futuro que esta crisis ha hecho añicos.

Pese a todo ello, en estas elecciones no votaré por el Partido Popular sino por Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, por razones que me gustaría explicar en este artículo.

Tengo una desconfianza instintiva a las mayorías absolutas, que pueden alentar iniciativas arbitrarias y hasta autoritarias en los gobiernos que las detentan. En el caso español, me preocupa que, si el PP la obtiene, su ala más conservadora, impulsada por razones religiosas, empuje al Gobierno de Rajoy a deshacer, o aguar hasta vaciarlas de contenido, las reformas sociales más avanzadas aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que, a mi juicio, han hecho progresar la cultura de la libertad en España, como la ley que autoriza los matrimonios gays, la ampliación de la ley del aborto y los derechos de la mujer, temas en los que hoy España se encuentra a la vanguardia. UPyD es un partido claramente comprometido con reformas genuinamente liberales de esta índole y estoy seguro de que las defenderá con convicción en el Parlamento. Por eso, si el PP no obtuviera la mayoría necesaria para gobernar solo y necesitara de alianzas, UPyD sería el aliado ideal. En todo caso, preferible a los partidos nacionalistas, cuyo apoyo se hacen pagar carísimo y, siempre, con concesiones favorables a su idea fija, la independencia, es decir, la desintegración de España. Como estoy absolutamente convencido de que, si ello ocurriera, la causa de la libertad retrocedería tanto en el País Vasco como en Cataluña, y de que este será el problema más serio que deberá enfrentar España en el futuro inmediato, creo importante apoyar a un partido que, como UPyD, tiene sobre este asunto posiciones absolutamente lúcidas.

Desde que nació como organización política, ha combatido al nacionalismo -a los nacionalismos- con resolución y sin complejos. Y ha sostenido que, tal como funciona en la actualidad el régimen de las 17 autonomías, aquel riesgo de desintegración se va acentuando. Y que, por ello, debe ser reformado, sin poner en peligro la descentralización, pero recuperando el Estado algunas competencias como las relativas a la educación, la salud y la justicia, sin las cuales es quimérico que haya una política coherente y homogénea a nivel nacional, y recortando las burocracias que conducen a la anarquía administrativa, el despilfarro fiscal y el deterioro de los denominadores culturales y sociales que sostienen la cohesión nacional.

Por otra parte, UPyD es el único partido en estas elecciones que ha incorporado a su plan de gobierno una cláusula comprometiéndose a apoyar a la oposición democrática que lucha por liberar a Cuba de 52 años de dictadura. También en este campo es imprescindible rectificar la política del Gobierno socialista que, en lo que concierne a la tiranía cubana, ha sido de una tolerancia rayana con el celestinazgo cuando, a cambio de la liberación de algunos presos políticos, intentó (sin éxito, felizmente) que la Unión Europea retirase las moderadas sanciones que aplica a la satrapía caribeña.

No digo que UPyD sea un partido liberal, pero es lo que más se le parece en el ámbito español. Acaso no tanto en lo que concierne a la economía, aunque su plan de gobierno se orienta a defender una economía libre basada en la competencia, sin privilegios ni populismo, como en sus convicciones democráticas, en sus posturas tolerantes, en la diversidad que admite y fomenta entre sus afiliados -un espectro ideológico que va de la socialdemocracia al liberalismo, pasando por el centro cristiano o laico y hasta con pequeños destellos anarquistas- lo que da a esta formación política un aire fresco, joven, renovador, idealista, sano, desprovisto del cálculo y los apetitos que suele enquistar el tiempo en los partidos políticos.

La mejor credencial de UPyD es Rosa Díez, su portavoz y fundadora, a quien los ciudadanos españoles suelen dar los mejores calificativos entre los líderes políticos. Esta mujer menudita y de ojos efervescentes tiene convicciones muy firmes y ha demostrado a lo largo de su vida pública, como un puñado de políticos vascos democráticos, un coraje a prueba de terroristas y fanáticos que despierta mi admiración. Ha visto el riesgo que representa para la supervivencia de España y de la democracia el nacionalismo identitario, y ha criticado siempre las concesiones que le han hecho los gobiernos y salido al paso a toda política que, a cambio de trapicheos o pequeñas concesiones retóricas, entregue la libertad de comunidades enteras al secuestro colectivista que ese nacionalismo representa.

Rosa Díez es lo que Max Weber llamaba un “político de convicción”. Ella y su partido merecen una presencia mayor en el ámbito nacional. Su empeño es devolver a la política la solvencia moral y la confianza que depositan en ella los ciudadanos de una democracia que ven en la acción política el instrumento más eficaz y menos violento para mejorar el nivel de vida de la gente, corregir lo que anda mal, impulsar la igualdad y la justicia. Esta confianza, tan vigorosa en los años de la transición, se ha ido enfriando en España con la feroz crisis económica, y en las nuevas generaciones va surgiendo un pesimismo que se traduce a veces en un rechazo de las reglas de juego de la democracia.

Esto explica la deriva que ha ido tomando el movimiento de los “indignados”. En un primer momento la simpatía de la opinión pública fue grande hacia esa movilización de jóvenes que, luego de recibir una educación y prepararse, a veces con enormes sacrificios, para entrar en el mercado laboral, lo encontraban cerrado y sin perspectivas de encontrar un trabajo digno por quién sabe cuántos años. Muchos vimos en ese periodo inicial en el movimiento de “indignados” una inyección de energía para la democracia española. Pero pronto el movimiento desbordó sus cauces originales, y, espoliado sin duda por grupos extremistas, ha ido adoptando unas consignas tan anacrónicas como la estatización y el dirigismo económico, y la sustitución de la legalidad parlamentaria por la legalidad de la calle y la acampada. Ese camino solo puede conducir al deterioro y hasta el desplome de lo más precioso que tiene hoy España: la democracia que recuperó luego de 40 años de dictadura.

Las elecciones del 20 de noviembre son una magnífica oportunidad para comprobar que la democracia sí funciona y que es el único sistema que permite renovar los gobiernos, las políticas y las leyes de manera civilizada. Para ello hay que confiar en las urnas y no equivocarse a la hora de elegir.

Puede que Rubalcaba prepare un relato de urgencia, con las viñetas del anuncio de ETA, en el que él y ZP asuman el papel estelar de héroes de la paz para fascinar al electorado en los últimos días de campaña. Puede que el fallido guionista de la niña de Rajoy eche mano de otra fábula con la que contraprogramar el riesgo de retorno a las historias de fibra sentimental en unos comicios que se perfilaban poco propicios a los duelos de personalidad. El problema es si los electores pueden distraer sus noches en esta campaña con los cuentos de la publicidad política mientras la tormenta del paro y los recortes monetarios cala hasta los huesos y hiela las sonrisas.

En los años 80 y 90 múltiples estudios sobre los factores que deciden el voto vinieron a establecer que unas pocas variables económicas y políticas explicaban con facilidad y gran antelación los resultados electorales en las democracias desarrolladas. Bastaba combinar en las proporciones adecuadas los principales índices de la actividad económica y algunos datos sociales como tasas de delincuencia o satisfacción sanitaria para determinar con muchos meses de antelación quién ganaría en las urnas: el grupo gobernante si los datos señalaban prosperidad, o la oposición más relevante, si había síntomas de crisis y retroceso. Buena parte de los científicos de la política concluían, con aire de superioridad ante los comunicólogos, que el ruido de los candidatos y la parafernalia mediática carecían de efecto, y todo lo más producían una nota recreativa para un resultado aburridamente previsible.

Hacia el final de los 90 una serie de académicos matizaron esa visión y reconocieron que «las campañas sí importan», confirmando con análisis más minuciosos la vieja creencia popular de que los medios de comunicación y los despliegues escénicos de los candidatos pueden seducir a los votantes y cambiar las previsiones en unas pocas semanas. El efecto de campaña sería sobre todo crucial cuando la igualdad previa entre los competidores fuera más marcada o las condiciones socioeconómicas no presentaran grandes variaciones. De forma paralela, un ejército de nuevos asesores de imagen y especialistas del marketing político creían haber descubierto la piedra filosofal de la seducción mediática y la movilización política. La llamaron storytelling y se lanzaron a recomponer con ella todas las propuestas y despliegues dialécticos de sus políticos-clientes.

Si el voto ya no mantenía una fidelidad ideológica y los ciudadanos repudiaban las complicadas y soporíferas discusiones de los especialistas, la única vía para captar la atención de las masas era contar algo sencillo de entender y al mismo tiempo sugestivo y emocionante. Contar un buen cuento: en eso consiste el storytelling. De manera que el viejo mantra que algún político obsoleto acuñó de «programa, programa, programa» dio paso con una estilización cada vez más audaz a las historias personalizadas que customizan una oferta política hasta identificarla con héroes político-cinematográficos. El movimiento llegó a su apogeo a escala planetaria cuando un Obama (casi trasunto físico del actor Denzel Washington) vendió su historia de ambiguo chico negro/blanco, que tras pulir su origen humilde en Harvard llegaba con su buenismo de pionero a establecer un paraíso económico sostenible y amable. En España, tan dados a imitar, podíamos presumir esta vez de haber ido por delante, ya que nuestros cuentistas caseros habían creado a ZP en 2004, con historias tan enternecedoras como la peripecia de uno de sus abuelos, de cuyo ejemplo brotaba toda una filosofía política. Por si eso no bastara, sus estilistas habían entretejido el relato de un Bambi que sin pérdida de su tolerancia natural, se había fortalecido en la pedagogía cívica contra los desmemoriados reaccionarios del guerracivilismo.

Con semejantes relatos queda poco espacio para la discusión sobre las complejidades presupuestarias, el engaño de las políticas placebo, el equilibrio entre derechos y responsabilidades y cualquier otro ejercicio de racionalismo en la discusión política. La crisis ha llegado sin embargo como un huracán, dispersando los efluvios simbólicos y el mecer de las baladas. Muchos de quienes se permitían el lujo de votar a la poesía, desde la comodidad de un bienestar inasequible a los malos presagios ahora están desorientados. E incluso indignados; no se sabe muy bien si contra sí mismos por tanta reflexividad desperdiciada, o contra los profetas amigos, que recogen ahora sus bártulos en silencio, dejando que la realidad desbocada ajuste por sí sola las cuentas.

En tal momento cabría predecir que el storytelling queda clausurado. Que la gente común, desentendida hasta ahora de sus responsabilidades políticas, ni siquiera está ya con ánimos para asistir al circo y reírse con los vídeos políticos más estrafalarios. Cuando las pérdidas se explican por sí solas sobran las historias mitificadoras. La abstención o el voto vengativo parecen dos movimientos probables y la vuelta, en todo caso, al cálculo por beneficios individuales inmediatos podría devolver la explicación de los resultados a la elemental asociación estadística con los deteriorados resultados económicos e institucionales. Hasta la irrupción de ETA, al menos, se vislumbraba una notoria reducción del exhibicionismo simbólico, debido también a las restricciones presupuestarias.

La reducción de la fanfarria electoral podría ser una buena noticia para el ideal de un debate riguroso y plural de los asuntos públicos. Pero no está tan claro que la salubridad democrática se mantenga, tampoco, en unas elecciones sin campaña, ya que tan peligroso resulta el debate de los cuentos como la votación silenciosa tercamente aferrada a la experiencia autista de cada ciudadano. La decisión electoral requiere una discusión de razones y propuestas que confronte aciertos y errores comprobables con la viabilidad y consecuencias de las diferentes promesas. La campaña sería entonces el tiempo de la dialéctica, incluso apasionada, pero que no supeditaría el análisis de la planificación, la gestión y los valores al señuelo de los guionistas. Nuestros ciudadanos puede que estén ahora muy enojados, deprimidos y asustados, pero las cifras de seguimiento de una información periodística que merezca tal nombre denotan poca disposición a consumir información compleja sobre la realidad sociopolítica. Antes bien, muchos confiesan que si ya antes se contentaban con el aerosol anecdótico de las cadenas generalistas, directamente prefieren ahora cambiar de emisora para no acongojarse aún más con el tsunami de las malas noticias.

por todo ello la realidad tozuda parece haber endurecido de antemano las decisiones. Y ni bardos ni tecnócratas parecen en situación de influir en un resultado con aspecto de rigidez cadavérica. Pero en procesos electorales, como en fútbol, ninguna ciencia sirve para explicar la sorpresa hasta después de haberse producido ésta (entonces sí, con gran adorno de leyes y axiomas). Frente a la improbabilidad de persuasión durante esta campaña también cabe la opción de nuevas exhibiciones de última hora ante millones de desahuciados que, justamente por su carencia de datos y argumentos contrastados, acaben confiando otra vez en el cuentista más seductor, igual que el arruinado que se juega sus últimos dineros a una combinación de lotería. No en vano, en momentos de aguda crisis algunos mesías desarrollan sus campañas más arrasadoras, aunque la compleja realidad deje sus proyectos, al cabo de poco tiempo, reducidos a cenizas.

Las nuevas herramientas cibercomunicativas alumbran esperanzas de deliberaciones más consistentes y plurales, pero no está claro que en la era de la política pop queden suficientes electores dispuestos a tomarse el proceso con el interés siquiera de una junta de vecinos. Por eso, tras la larga costumbre de las votaciones afectivas, el inicial repudio, esta vez, de los cantos de sirena, podría de nuevo retroceder ante un relato sorpresivo y seductor de última hora. Haciéndonos olvidar que el cuento que debiera ocuparnos es el de la rendición de cuentas.

Hace algo menos de dos meses, se produjo en el Congreso un intercambio dialéctico muy revelador. Estuvo protagonizado por el presidente del Gobierno y el portavoz de ERC, a cuento de una serie de medidas que el nacionalista tachaba de recentralizadoras. En su respuesta, Zapatero le dijo que “la España plural, es plural… pero España”. De una forma oblicua y tardía, intentaba paliar las consecuencias de un debate territorial abierto sin tener en cuenta el objetivo, y buscando aliados poco compatibles con el Estado definido en la Constitución.

Aunque el desconcierto autonómico sea un legado eclipsado por la herencia económica, es evidente que estamos ante una de las asignaturas que el Gobierno saliente deja pendientes. La causa hay que buscarla en el pertinaz error de transformar lo que debiera formar parte de la macropolítica española, en un exponente más de la micropolítica partidaria. La apertura de determinados debates autonómicos no respondió a una necesidad objetiva, sino a una estrategia con la que los socialistas aspiraban a aislar al PP. En términos futbolísticos, Zapatero quería adelantar las líneas para dejar a sus adversarios en fuera de juego. No lo logró, pero sí dejó en el subconsciente político una idea muy nociva que es prioritario corregir: la asociación de autonomismo y descoordinación. De acuerdo con esta equivalencia, el compromiso autonómico no se demostraría con la buena gestión de las competencias o el impulso a una participación más activa de las autonomías en las tareas comunes, sino en un alejamiento progresivo del Estado. Esa anomalía se ha trasladado al lenguaje corriente, como se aprecia en las referencias a la relación de tal o cual comunidad “con” el Estado. ¿Acaso son realidades diferentes?

Semejante visión favorece tanto a la concepción nacionalista de la España autonómica, como al sentimiento nostálgico de una nación centralizada. Para la primera, el Estado es un enemigo al acecho al que hay que mantener a raya. Para la segunda, las autonomías son realidades disolventes de las que es preciso desconfiar. Sin embargo, ambas tendencias son minoritarias en el conjunto de una sociedad española que ve compatible su sentimiento de unidad, con el deseo de pertenencia a una comunidad concreta. El reto consiste en recuperar la máxima de la Transición, y elevar a la categoría de políticamente normal, lo que ya es normal en gran parte de España.

Galicia es un apreciable ejemplo de esa normalidad. Es una nacionalidad histórica con indiscutible identidad, que nunca ha entendido el galleguismo como coartada separadora. Nuestro autonomismo se ha enfocado en una doble dirección: la gestión adecuada de nuestras competencias y la aspiración a participar activamente en todas las políticas de Estado. La idea de que Galicia es Estado, que una comunidad es España, es la política autonómica del PP, que interpreta un sentir generalizado de la sociedad. Cuando se está en vísperas de un cambio de Gobierno, suele decirse que el gran reto territorial de los nuevos gobernantes es satisfacer las demandas de determinadas autonomías. No será el presidente de la Xunta quien niegue la importancia de que estas comunidades se sientan a gusto en la casa común. Sin embargo sería un error reducir a esta cuestión los desafíos futuros de la España de las autonomías. La política autonómica de Rajoy aspira a pasar de la micropolítica practicada por Zapatero, a la macropolítica que se necesita. El objetivo ha de ser mucho más ambicioso.

La siguiente etapa se resume en una palabra: cooperación. No tiene sentido que prediquemos constantemente que la solución para los problemas europeos estriba en la concentración de esfuerzos, mientras que aquí se defiende la dispersión. No es congruente que aquí la conferencia de presidentes se convierte en algo exótico, y las conferencias sectoriales en encuentros poco operativos. Es urgente cambiar ese paradigma al que me refería antes. Autonomismo y cooperación han de ser sinónimos. Autonomismo y descoordinación han de convertirse en términos antagónicos. La poco meditada política autonómica anterior condujo a esa apresurada aclaración de Zapatero que recordábamos al principio. Él y su Gobierno promovieron equívocos y frustraciones que se hace imprescindible corregir. El Estado de las autonomías es también un Estado “con” las autonomías. Si corregimos el rumbo, la España autonómica seguirá siendo uno de los grandes hallazgos de nuestra democracia.

El reto fundamental de toda la sociedad española y, por tanto, del nuevo Gobierno, es volver a crear empleo de forma sostenida.

Los grandes inversores globales tienen grandes expectativas en el Gobierno que saldrá de las próximas elecciones. Este Gobierno tiene, por tanto, una valiosa ventana de oportunidad -quizás la última- para revertir la grave situación por la que atraviesa España y entrar en una senda de modernización, crecimiento y creación de empleo.

Necesitamos una reforma del mercado de trabajo que realmente genere empleo, una reforma fiscal inteligente que incentive la inversión, un control exhaustivo de los excesos de gasto del sector público -estatal, autonómico y local- y un saneamiento a fondo del sistema financiero.

Todas estas medidas deberían ser tomadas en las primeras semanas del nuevo Gobierno, para empezar a romper el círculo vicioso en el que se encuentra nuestra economía: desconfianza de los mercados, estancamiento, paro, déficit público y deterioro progresivo del sistema financiero, y entrar en un nuevo círculo virtuoso de alta credibilidad exterior de España, que facilite la resolución de nuestros graves problemas actuales. Inmediatamente a continuación de las medidas de urgencia habrá que afrontar otras reformas de fondo para modernizar el modelo productivo y asegurar la sostenibilidad del modelo social. Entre ellas destacaría: la reforma energética, para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia exterior, la racionalización del sector público, y una profunda reforma de la educación para promover la excelencia, reducir el fracaso escolar e impulsar la formación continua, así como la investigación y la innovación. Es fundamental implantar una cultura del mérito y el esfuerzo, que arranca desde el proceso educativo.

Es igualmente prioritario imponer los principios y las buenas prácticas en todos los ámbitos de la Administración Pública y de las empresas. Esto exige incrementar la transparencia de las cuentas públicas y privadas y las responsabilidades requeridas a sus gestores. Debemos extremar el rigor frente a las malas prácticas, que no solo son reprobables desde el punto de vista moral, sino que también distorsionan el normal funcionamiento del sistema productivo, perjudicando gravemente a las generaciones presentes y a las futuras.

Se trata, desde luego, de medidas y cambios profundos y difíciles, pero absolutamente imprescindibles. Estoy seguro de que los españoles, como ya demostraron en un pasado no lejano, tendrán la visión y el coraje no solo para asumirlos, sino para apoyarlos. Si lo hacemos así, la crisis acabará convirtiéndose en una gran oportunidad de futuro. En pocos meses se pueden cambiar las percepciones y las expectativas. Y a lo largo del 2013 podríamos ya ver resultados tangibles: más crecimiento y mejora sostenida del empleo.

“La violencia e injusticia de los gobernantes de la humanidad es un mal muy antiguo, y mucho me temo que apenas tenga remedio (…) pero la mezquina rapacidad y el espíritu monopolista de los comerciantes e industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad, es algo que, aunque acaso no pueda corregirse, sí puede conseguirse al menos que no turbe la tranquilidad de nadie, salvo la de ellos mismos”.

Esta cita no proviene de ninguna pintada en un campamento de indignados o de okupas, sino de la respetada biblia del liberalismo económico (La riqueza de las naciones) cuyo autor, Adam Smith, era un profesor de Filosofía que dedicó su ópera prima a la Teoría de los sentimientos morales. Desde su fundación, el capitalismo ha necesitado de reglas que limiten y controlen el funcionamiento de los mercados, y es responsabilidad de los políticos y gobernantes establecer dichas reglas y hacerlas cumplir. Por eso tienen razón quienes señalan que la actual crisis económica es en realidad una crisis política, caracterizada por la ausencia de liderazgo, y también -y sobre todo- una crisis moral, en la que la pérdida de valores no puede de ninguna manera sustituirse por promesas electorales. Pero, además, tiene una dimensión global prácticamente sin precedentes, por la extensión y rapidez con la que se ha producido.

Llama la atención que los candidatos a los comicios del próximo 20-N (una fecha indigna para una consulta de ese género) no hayan hecho el más mínimo intento de reconocer lo que es obvio: ninguno de ellos puede prometer en solitario una solución a nuestros problemas, porque las crisis globales necesitan soluciones globales. No es con medidas arbitrarias del corto plazo como puede salirse de esta situación, y la pérdida de relevancia de nuestro país en las áreas de influencia que más le afectan (Europa, América Latina) dificulta enormemente nuestra contribución a la búsqueda de respuestas a los males que nos aquejan. Pero la política exterior está ausente de los debates, incluidos el fracaso de la Cumbre Iberoamericana en Paraguay, o el hecho de que el directorio francoalemán pretenda constituirse en un poder fáctico europeo, ante el silencio o la complicidad de las instituciones de la Unión y de la mayoría de los gobernantes que acuden a las cumbres, siempre dispuestos a echar la culpa de todos nuestros males a los mercados. Abstracta acusación que evita preguntarse, entre otras cosas, quién era el comisario europeo responsable de vigilar la transparencia y fiabilidad de las cuentas que presentaba Grecia, o cómo es posible que el Banco de España y el Gobierno proclamaran que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo para acabar siendo el que precisa ser más recapitalizado.

Una semana después de que la Unión Europea volviera a amagar y no dar en la batalla por la defensa del euro, los líderes del Grupo de los Veinte se reúnen mañana en la Riviera francesa con la casi imposible misión de implementar medidas que permitan conjurar las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Entre ellas sobresalen las que se derivan de las dificultades para mantener un modelo social basado en el Estado de bienestar. Las debilidades políticas emanadas de un desmedido endeudamiento económico no son ninguna novedad en la historia. Antiguamente, los monarcas tomaban excesivos créditos para sufragar las guerras de conquista o las invasiones colonizadoras. La actual deuda soberana, que en realidad no tiene nada de soberana y acogota las políticas económicas europeas, ancla su origen desde luego en la voracidad de los agentes financieros, pero también en la obsesión de los políticos por asegurarse la reelección mediante el éxito económico, que justifican además con el argumento de que el crecimiento promueve por sí mismo la democratización de las sociedades. Niall Ferguson es uno de los muchos intelectuales que se ha encargado de reflexionar sobre estas cuestiones para llegar a la conclusión (Dinero y poder en el mundo moderno) de que “el dinero no hace girar al mundo” y que más bien fueron los sucesos políticos los que configuraron lo que él considera las instituciones de la vida económica moderna: las burocracias impositivas, los Parlamentos, los bancos centrales y los mercados de bonos (es decir, la deuda).

Los partidos políticos y la democracia representativa se han visto prisioneros de ese cuadrilátero de poder que ellos mismos han contribuido a crear. Mientras florecía la prosperidad parecía que se trataba de una mesa de negociaciones, pero las turbulencias actuales amenazan con convertirlo en un ring. Las grandes depresiones económicas del pasado terminaron en conflictos geopolíticos de inmensa magnitud, y no deberíamos descartar derivas semejantes si los líderes mundiales continúan reuniéndose, como hasta ahora, para establecer planes que luego son incapaces de cumplir. Las esperanzas despertadas por las reuniones del G-20 en Londres y Pittsburg fueron tan grandes como la decepción causada por la falta de implementación de los acuerdos que allí se tomaron. Nos dijeron que era precisa una reforma del capitalismo, un impulso al comercio mundial y un cambio estructural en el sistema financiero y monetario. También se suponía que los ladrones iban a ir a la cárcel. La opinión pública sigue esperando.

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure… ni cuerpo que lo resista, pero esta crisis se prolonga ya cuatro años y va camino de convertirse en estructural, porque los desafíos que presenta son mayores que las oportunidades que genera. La única manera de evitarlo es precisamente retornar a los viejos principios. El primero de todos ellos, decirle a la gente la verdad, aunque electoralmente no sea recompensada. Europa, y con Europa el mundo, no saldrá de esta coyuntura solo con austeridad fiscal. Se necesitan medidas que impulsen el crecimiento, dinamicen la economía, aumenten la demanda y liberalicen el crédito. Inevitablemente, eso significa más inflación. Pero también significa trabajar más, pagar más impuestos, reducir gastos públicos corrientes, moderar salarios y precios y regular el ejercicio de derechos sociales que no podemos financiar. En el caso de España, los problemas se ven agudizados además por una distribución de poder territorial basada en la abundancia que expiró y en la irresponsabilidad fiscal de la mayoría de los Gobiernos autónomos y Ayuntamientos. Nada de eso es posible acometerlo en nuestro caso en un ambiente de confrontación política, falta de cohesión ciudadana y ausencia de liderazgo.

En definitiva, esta crisis es sistémica, y es eso ante lo que se va a encontrar el Gobierno que salga de las urnas a finales de mes. Por lo mismo, debe ser moderado en las promesas y humilde en sus expresiones, cualquiera que sea el tamaño de los apoyos que reciba, pues se ha de dar de bruces con la realidad. Lo que está en entredicho, aunque muchos lo lamentemos, es el principio de universalidad de los derechos, frente a lo que los chinos llaman la convergencia de intereses. El siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín, y el XXI empezaba con la de Lehman Brothers. Los candidatos a gobernarnos deberían explicarle mejor a la gente que de ese grupo de personas reunido mañana y el viernes en Cannes, cuyo poder no está legitimado sino por el ejercicio del poder mismo, depende mucho más la solución al desempleo de los españoles que del cumplimiento de los programas presentados a los electores. Vivimos en un mundo en transición en el que están cambiando los paradigmas. Por primera vez en 200 años, las nuevas generaciones de los países occidentales no abrigan la esperanza de un futuro mejor que el de sus mayores. El desánimo, no solo la indignación, comienza a cebarse en los más jóvenes, presos del miedo a un retroceso histórico. Pero ese es un temor que puede conjurarse si somos capaces de devolver a la política lo que la política ha perdido, su capacidad de representar los intereses, los sueños, la voluntad y los deseos de los ciudadanos. Diciendo la verdad.

Poco, por no decir nada, nuevo en el programa electoral del PP. Predecible todo él: desde la no negociación con ETA al fomento del ahorro, pasando por el apoyo a los planes de pensiones, la bajada de impuestos a las Pymes, el respaldo al derecho a la vida, la homogeneización de los sueldos de altos cargos elegidos, la simplificación de los contratos laborales, la reducción de los tramos del impuesto sobre la renta o el cambio en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Todo ello viene pidiéndolo el PP desde hace años, sin que desde el Ejecutivo ni, todo hay que decirlo, desde la calle se le hiciera mucho caso. Ahora hay que hacérselo porque es el programa del que muy posiblemente será próximo Gobierno. Son ideas generales del pensamiento de centro-derecha tras el despilfarro socialista de los últimos años, que, además, se ajustan al ánimo que reina hoy en Europa y a lo que Bruselas nos reclama. En este sentido, parece una vuelta al sentido común —no se puede gastar más de lo que se gana—, que tan en falta se ha echado en la etapa a punto de terminar.

Se le puede acusar de poco conciso en los detalles. Todo el programa exuda un mensaje de contención, al tiempo que intenta asegurarnos que no se recortarán los capítulos más esenciales, como la sanidad, la educación y el apoyo a los más desfavorecidos, con los parados a la cabeza de ellos. Pero mientras que el candidato del PSOE quiere ayudarles con «nuevos impuestos a los ricos», una frase que siempre suena bien, en especial en tiempo de elecciones, el del PP quiere hacerlo fomentando la economía, bajando los impuestos a las empresas e incluso animando a los parados a que se conviertan en pequeños empresarios o en trabajadores por su cuenta, con las facilidades que se les dan para ello. Pero, repito, sin llegar a concretar, algo que puede entenderse, pues al menor descuido, a la más mínima señal de que van a recortar los «sagrados derechos de los trabajadores» o a «apoyar a los potentados», sus rivales se lanzarán sobre ellos como un lobo hambriento ante un pedazo de carne. Es la última bala que les queda, y ni siquiera está en su recámara. Pues cada vez que Rubalcaba dice: «Voy a subir los impuestos a los ricos para crear empleo», lo primero que piensan los españoles es: «¿Por qué no lo ha hecho usted antes, cuando estaba en el Gobierno, como vicepresidente incluso?»

Puestas así las cosas, la campaña se nos presenta como un pulso entre los que no quieren decir todo lo que van a hacer cuando gobiernen y los que tratan de arrancarles por todos los medios las medidas desagradables que tendrán obligatoriamente que tomar cuando lo hagan, al exigírselo las circunstancias, como se lo han exigido a ellos.

Que el próximo Gobierno tendrá que ir más allá de esas líneas generales y hasta cierto modo autocomplacientes que ha diseñado el partido popular para su programa electoral no cabe la menor duda. La incógnita es si el pueblo español las aceptará o tendremos una auténtica revuelta popular contra ellas, que les impidan alcanzar sus objetivos de estabilidad y relanzamiento económico. Es lo que teme mucha gente, no solo dentro de España, sino también fuera, pues ya hemos comprobado lo interrelacionadas que están las economías. Piensen en los problemas que estamos teniendo con Grecia, y eso que su volumen es un quinto que el de España.

Mi respuesta a esta pregunta puede sorprender a muchos —por lo insólita— y ofender a algunos, si se lo toman personalmente: no habrá levantamiento popular, incluso puede no ser traumático, a poco que se hagan bien las cosas. Seguro que las críticas, las acusaciones, los malos humores serán abundantes en los bares, casas y lugares de trabajo contra las medidas, pero no un alzamiento general. Y no lo habrá porque el pueblo español —a diferencia del griego o del italiano— está acostumbrado a obedecer. Es verdad que hubo explosiones de ira colectiva, que terminaron en guerras civiles. Pero no es ese el ánimo actual, por difícil que sea el momento y duras las circunstancias. Si la crisis se cocina bien en las alturas, no ocurrirá nada grave, como no ocurrió en parecidas ocasiones anteriores. ¿Recuerdan cómo se pasó de la Monarquía a la República en 1931? Los problemas vinieron después, cuando la República empezó a desilusionar a los propios republicanos. ¿Recuerdan las calamidades que nos vaticinaban a la muerte de Franco? Y ya vieron, fuimos un modelo de transición. ¿O cuando se legalizó el partido comunista? En ambos casos bastó que las más altas dignidades, el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, actuaran coordinadamente y dieran las órdenes precisas para que no ocurriese nada. Y sin ir tan lejos, ¿qué pasó cuando el Gobierno Zapatero dispuso hace un año los recortes sociales más amplios de la democracia? Pues maldiciones, críticas, protestas, pero a nivel particular, no general, sin alterarse nunca el orden público. Se me dirá que ha ocurrido bajo un gobierno socialista, con el que los sindicatos tienen excelentes relaciones, por lo que han servido de freno al descontento, mientras que con un gobierno del PP actuarán de acelerador del mismo, con los comandos de «indignados» listos ya a lanzarse a la pelea en la calle, donde ya se encuentran.
Responderé que, siendo verdad, más verdad lo es ese descontento del pueblo español hacia la política y los políticos, que estos han fomentado de manera decisiva, al dedicarse más a mirar por sus intereses o los de su partido que por el bien general.

Hay la convicción general en el país de que se necesitan cambios importantes y recortes dolorosos. El problema es que quien más y quien menos piensa que los recortes tienen que hacerse a costa de los demás, no de él. Y si le llegan, seguro que pondrá el grito en el cielo. O en la calle. La única forma que tiene Rajoy de evitarlo es con el ejemplo. Empezar a hacer los recortes por él mismo y por los suyos, es decir, por la clase política. Anular cualquier tipo de privilegios que tengan sobre el resto de los españoles, que son bastantes más de los que se airean, y recortar la grasa que se ha ido acumulando en un Estado, sobrecargado de administraciones, rebosante de funcionarios, aplastado por consejeros, organismos y servicios prescindibles, si no superfluos. Y hacerlo sin distinciones de ninguna clase, sean personas, partidos o comarcas. Hay que acabar con todos esos aeropuertos sin vuelos, con esos palacios de congresos sin congresos, con esos trenes de alta velocidad sin viajeros, con esos festivales sin renombre, con esos premios millonarios sin obras de calidad, por no hablar ya de los viajes y representaciones en el extranjero de las más ínfimas instituciones del Estado, que no «ponen a nadie en el mapa», como se da como excusa al despilfarro que significan, sino que ponen de manifiesto la cortedad, insensatez y aldeanismo tanto de esas autoridades como de quienes las hemos elegido.

Con cortar toda esa quincalla, bastará para poner de nuevo nuestras cuentas en orden, sin necesidad de recortar en lo realmente necesario: la sanidad, la educación y el fomento del empleo. El problema es si Rajoy se atreverá con ello. Pues, aunque parece de cajón, se tropieza con una de las grandes carencias españolas: que solemos dar más importancia a lo secundario que a lo principal.

Algo cuadra mal en el reality electoral que nos trasladan y repiten a diario. Si legiones de votantes populares aguardan enardecidos la apertura de los colegios el 20-N, resulta bastante extemporánea la desmesurada reacción que ha provocado el comunicado de ETA en el entorno que jalea tan histórica victoria.

Hay demasiada gente más preocupada, incluso enojada, por el hipotético impacto electoral del fin del terrorismo, que aliviada por el adiós a las armas. Ninguna encuesta puede calibrar en serio qué impacto tendrá sobre los electores. Solo el 20-N lo sabe. Pero 17 puntos de ventaja permiten más generosidad y algo menos de testosterona, tanta que hasta las lágrimas de víctimas socialistas dan para hacerse unas risas entre machotes, al viejo estilo.

Mariano Rajoy cree en la certeza de su victoria y en la fiabilidad de su estrategia de ponerse de perfil para no llegar al Gobierno escorado y sin margen de maniobra. Por eso ha manejado el comunicado etarra con inteligencia. Esos que ahora se dicen suyos no confían ni en él, ni en su plan. Si tal apreciación les resulta exagerada, solo tienen que escuchar a Esperanza Aguirre en su minuto de gloria diario en los telediarios. Le adelanta a cada paso que puede para regodeo y alivio de sus huestes. Lo de ETA no ha cambiado nada, profesores e indignados trafican con camisetas verdes y hasta el corredor mediterráneo es una mala noticia. Lo que diga Rajoy y dos huevos duros, es el mensaje. Si él no se atreve, nosotros sí. Rajoy calla y otorga.

La habitual mención a los míticos poderes oscuros de Alfredo Pérez Rubalcaba y la evidente histeria que provocan en amplios sectores de la derecha explican una parte de tanta animadversión, pero no toda. No saben qué va a hacer para revolcar el resultado electoral, ni se les ocurre qué puede hacer, pero se temen que algo inventará y esa espera les está desquiciando. Es cierto. Pero tanto empeño en revivir al zombi etarra, quizá se deba más a la intuición de que aceptar que este sea el final de ETA supone una enmienda a la totalidad del relato que se ha pretendido construir en torno al terrorismo, los socialistas y José Luis Rodríguez Zapatero.

Si todo se había hecho tan mal, si se cedía ante el chantaje de los violentos y se amparaba la vuelta a las instituciones de sus cómplices, ¿cómo hemos llegado hasta semejante final? Si el último capítulo contradice toda la trama anterior, a lo mejor es porque ni Zapatero era tan inútil, ni las cosas se habían hecho tan mal. Por lo tanto, ni puede ser el final, ni algo ha cambiado. Se sigue abdicando ante los asesinos y sus cómplices marcan la agenda. Zapatero no debe redimirse ni siquiera un poco en el último episodio, ni siquiera por casualidad, porque alguien puede pensar que, si en la política antiterrorista las cosas no eran como nos las contaban, a lo mejor en otras políticas tampoco.

Y así, tal vez, las cosas tampoco son como se contaban en economía. El discurso del Partido Popular activa continuamente el recuerdo de su gestión en los años 90. Pero entonces Europa era la solución. Ahora es el problema. Con un gran poder, viene una gran responsabilidad, ya lo advertía el tío de Spiderman.

Con su gran poder autonómico y local, al PP le ha caído encima una gran responsabilidad. Los recortes autonómicos en educación, sanidad o servicios sociales empiezan a constatar algunas evidencias. La primera es que no solo el Gobierno central recorta y cobra impuestos. La segunda es que puede que sea cierto que todos recortan, pero no lo mismo, ni a los mismos. A lo mejor, la música de las políticas suena igual, pero cambian, y mucho, la letra, las prioridades y los efectos.

Todos los estudios de opinión coinciden en algo. La gran mayoría ya es consciente de que esta crisis no será como las demás, va para largo y no se arregla echando a uno para poner a otro. Rubalcaba se agarra a esa percepción y a los indecisos.

Las encuestas nos dicen que tres de cada 10 electores están indecisos. La gran mayoría son exvotantes socialistas. Cada día que pasa, supone un riesgo para Rajoy. Él no puede ganar nada en la campaña. Rubalcaba, sí. Rajoy no tiene indecisos a quien pueda convencer.

Los estrategas socialistas hablan de una leve recuperación entre sus votantes dudosos. De cinco a siete puntos. Puede ser… o no. Quién sabe. Lo cierto es que en esta precampaña no se está hablando de aquellos asuntos más cómodos para quien corre destacado en cabeza. Contrariamente a lo que suele repetirse, las elecciones no las decide el mejor candidato, ni las promesas más espectaculares, ni el márketing más estridente. Las decanta el mejor relato para explicar lo sucedido y cuanto va a suceder. Hasta ahora, el relato más compacto y comprensible lo manejaba el PP. Ahora empieza a tener lagunas. Los socialistas no disponían de nada bueno para contar. Ahora lo tienen.

Que los candidatos a la presidencia del Gobierno no se aclaren demasiado sobre qué harán para arreglar la maltrecha economía si ganan las elecciones no es del todo culpa suya. Y es que la crisis económica es también una crisis de conocimientos. Resulta ser una penosa paradoja, pero lo cierto es que en una época de avances científicos en casi todos los campos hay una excepción: la ciencia económica se encuentra atrasada, como se hace patente cada día con motivo de lo que todo el mundo llama ya la Gran Recesión.

Las recetas de los economistas para sacarnos del atolladero suelen ser contradictorias, sin que los gobernantes sepan a qué carta quedarse. Como ellos no se presentan a las elecciones, son los políticos, muy particularmente los que están en el poder, quienes pagan el pato de la ignorancia, pues la mayoría de los ciudadanos no sabe que a corto plazo no hay o no se conocen soluciones para la crisis y piensa que lo que ocurre es que quienes gobiernan son unos incapaces.

En realidad, no es que los economistas no sepan qué es lo que está mal en la economía y qué es lo que requiere arreglo. Lo que no saben es en qué orden y con qué consecuencias habría que tomar medidas para sanar al enfermo. Diagnosticar la enfermedad es fácil. Lo difícil es prescribir el tratamiento, pues como la patología está muy extendida, cualquier remedio para mejorar una parte dañada hace que empeoren otras. Por ejemplo, es obvio que en España urge atajar el desempleo, ¿pero cómo?

Usar dinero público para obras de infraestructura que diesen trabajo a desocupados, una de las soluciones llamadas keynesianas, no es posible, puesto que condición sine qua non para salir de la crisis es cuadrar las cuentas públicas y reducir el déficit. Estimular la oferta de trabajo del sector privado con incentivos fiscales o subvenciones tropieza con el mimo problema, al igual que aumentar la demanda de los consumidores con menos impuestos o más ayudas públicas.

Una solución distinta sería incrementar las exportaciones para que la demanda exterior sustituyera a la débil demanda interna. Para ello, sin embargo, hace falta más productividad y competitividad, lo que no se logra de la noche a la mañana y donde hay que recuperar años perdidos.

Otro círculo vicioso es el que se registra en la economía financiera. Para que haya crecimiento es esencial que bancos y cajas den más crédito, cosa harto difícil cuando casi todas esas entidades están en mala situación por la morosidad y también por tener mucha deuda soberana, es decir, emitida por los Estados. Esa deuda, antes de la crisis era un activo intachable. Hoy, ha perdido y sigue perdiendo valor, con lo que muchas entidades se encuentran descapitalizadas, no pueden dar crédito, la economía se paraliza, hay menos ingreso fiscal, la deuda pública se sigue debilitando, los bancos se descapitalizan aún más…

¿Qué dicen nuestros políticos ante esa situación? De los candidatos a la presidencia del Gobierno, el muy previsible ganador ha optado por la prudencia e incluso por la indefinición. Una prudencia inteligente, pero una indefinición que no podrá mantener en La Moncloa, donde le esperan tiempos difíciles en los que tendrá que hacer penitencia por haber dicho hasta la saciedad que la crisis se debe a la inepcia de los gobernantes, afirmación que obviamente se puede volver en su contra, cuando pasen los meses y, si Dios o la Unión Europea no lo remedian, la crisis se mantenga o incluso se agrave.

En cuanto a los socialistas, su candidato proclama dos cosas. Una, que tomará medidas concretas que aumenten el ingreso público y reduzcan el gasto no social. Otra, que mantendrá e incluso mejorará el Estado de bienestar. La primera tiene el inconveniente de que, al cuantificarse, todo ello se quede en el chocolate del loro. La segunda promesa, relacionada con el difícil presente y el incierto futuro del Estado de bienestar, es el gran reto de la socialdemocracia. El PSOE tendrá probablemente cuatro años para pensar en ello, lo que debería hacer de consuno con sus correligionarios europeos.

Por lo que atañe al resto de los partidos, los nacionalistas ven la crisis con anteojeras al referirla solo a su nacionalidad, lo que supone un serio inconveniente en unos tiempos de globalización. Por lo que hace a la izquierda minoritaria, su objetivo es tan encomiable como inviable: salir de la crisis y, al tiempo, lograr un orden social y económico más justo. Los indignados del 15-M ni siquiera hablan de la crisis; su meta es hacer una suerte de revolución mundial que acabe con las imperfecciones de este bajo mundo. Ojalá lo consiguieran, pero el simple sentido común obliga al escepticismo.

Ante el próximo 20-N dos datos ganan entidad sobre la mesa del analista político. Primero, Rodríguez Zapatero será el único presidente de la democracia española que ha volatilizado por completo su popularidad. Segundo, las encuestas apuntan que quienes le votaron se están desvinculando de su adscripción partidista: casi uno de cada cuatro votantes socialistas ha decidido cambiar de opción, de los cuales la mitad se pasa al PP, un cuarto a la abstención y el resto a IU, UPyD y otros partidos minoritarios.

Estos datos propician la reflexión sobre qué es lo que de verdad hace popular a un gobierno. En la segunda mitad del pasado siglo, el gran politólogo Dick Neustadt, fundador de la Kennedy School of Government de Harvard y asesor de Truman, Kennedy y Clinton, avisaba de que la «presidencia moderna» empezaba a depender de la capacidad de persuasión: «El poder —dijo— está en relación con el prestigio y la reputación que tenga el presidente».
Una de las derivas de este planteamiento fue el desarrollo de habilidades comunicativas con las que extender los mensajes y ganar la simpatía del votante. Fuimos espectadores de la magia de Kennedy, de los magníficos guiones de Reagan o de la complicidad y cercanía de los discursos de Clinton. Las presidencias, además, desarrollaron todo un aparato con sofisticadas técnicas para evaluar regularmente el rendimiento que en la opinión pública tenían estas actuaciones.
Pero la lección de Neustadt implicaba una segunda parte que algunos presidentes parecen haber ignorado: hay que saber analizar la popularidad, pues ésta puede producir espejismos y ocultar lo que realmente es importante para una sólida y duradera reputación.

Los estudios de popularidad llevados a cabo en democracias occidentales nos permiten interpretar mejor lo que está sucediendo en España. Muestran que la popularidad de los gobiernos sigue unas ciertas pautas comunes a las legislaturas: los gobiernos de nuestro entorno suelen empezar con elevada popularidad (quizá por el áurea que rodea a todo vencedor), atraviesan después un declive (los problemas de gestión erosionan), para luego recuperar a medida que se acerca la siguiente cita electoral.

Así son las curvas de popularidad de los presidentes de Gobierno en España. Pero hay matices importantes. No todos los presidentes empezaron con igual popularidad ni cosechan la misma media; unos entran en declive antes y otros después; unos recuperan temprano y otros más tarde; y unos recobran todo y otros menos… Por ejemplo, Felipe González tardó en bajar, y es el presidente que alcanzó la cota más alta, y además en varias legislaturas, pero también obtuvo una media de suspenso en su última legislatura. José María Aznar es el que empezó más abajo, pero también el único que terminó con una popularidad mayor que con la que comenzó, en su primera legislatura; y su media nunca fue de suspenso. El caso de José Luis Rodríguez Zapatero es ciertamente singular: es el que empieza más arriba, pero también el que termina más abajo; es el único que inicia la caída muy pronto, el único que no remonta, en su segunda legislatura, y es, en fin, el presidente cuya popularidad se dibuja en una línea de continuado declive.

Hay aquí un claro aviso de que los ciudadanos están cambiando su manera de juzgar la política. ¿En qué piensa el votante cuando se le pide que ponga nota a su gobierno? ¿En la seguridad de las calles, en el estado de las carreteras, en su bienestar, en el bolsillo o en la sonrisa del presidente? Depende. Los estudios concluyen que la popularidad de los gobiernos es multicausal y contingente. Y muestran que, hasta ahora, ha predominado un componente partidista: quien era de izquierdas valoraba bien a su presidente de izquierdas, hiciera lo que hiciese; y lo mismo sucedía con quien era de derechas. Sin embargo, la crisis económica está modificando esta tendencia. Al evaluar, los votantes se están guiando cada vez más por las consecuencias que los gobiernos tienen en sus vidas: la factura de la luz, la hipoteca, el colegio de los hijos, la calidad de los transportes…

El análisis de una evaluación reciente sobre lo que el español dice de las políticas públicas manifiesta que el votante ahora premia y castiga mucho más. Al evaluar al presidente le influye, como era de esperar, el empleo y la política económica; pero le influye también la política sanitaria, la política exterior o la educación. En estas políticas centrales no sólo votantes populares sino también socialistas llevan años otorgando una mala nota al presidente que eligieron. Curiosamente, lo que el ciudadano piensa de las políticas de igualdad o de los derechos de los ciudadanos, a las que Rodríguez Zapatero ha prestado gran atención en sus mensajes, apenas influye cuando se pone nota al presidente.

Las consecuencias de la popularidad en el voto se podrán precisar mejor tras el 20-N. Pero parece que continuará la tendencia iniciada el 22-M: en las legislaturas autonómicas 2007-2011 porcentajes importantes de votantes socialistas hicieron juicios positivos de la gestión de gobiernos del Partido Popular, juicios de los que derivaron el voto a favor de éste o el paso a la abstención. Casi dos millones han cambiado de opción, un dato que refleja que la democracia española va asentando la alternancia.

Este dato entraña algo de buena noticia. Abona la tesis de quienes pensamos que es difícil que haya buena comunicación si no hay también buena gestión. Cegado por unos iniciales datos elevados de popularidad, Rodríguez Zapatero pareció creer que comunicar en política es distribuir gestos simbólicos, prestó más atención al relato que a los hechos y se olvidó que el ciudadano también recibe mensaje a través de la realidad que experimenta.

Por eso, «no ha sido sólo la economía, imbécil», reutilizando la célebre expresión de James Carville, asesor de Clinton. La ausencia de visión y proyecto de Estado explica los resultados con que ahora llegamos a término, una vaciedad que ha provocado la crítica reacción ciudadana hacia un gobierno que ha cifrado su comunicación en el sistemático envío de mensajes contradictorios con la realidad.

De aquí se desprenden también los deberes para quienes tengan que dirigir naciones en medio de turbulencias. La crisis económica está obligando a los gobiernos a emplearse a fondo en la gestión (y no confiar en la adscripción partidista de quienes les voten). El ciudadano, a quien ya no le interesa tanto la simpatía del líder, quiere resolución de problemas, aún cuando ésta le exija sacrificios.

Este nuevo escenario obliga también a acertar con la comunicación: a elaborar mensajes que no confundan; a generar expectativas cercanas a lo viable (de forma que el votante sepa lo que puede y debe exigir); a prepararse para los imprevistos; a tomar frecuentemente la temperatura de las tendencias de opinión y a revisar los organigramas para garantizar la coherencia. Asimismo, la situación actual exige escuchar activa y pasivamente lo que sucede en la Red, superar el ritmo obsoleto en que las redes sociales están dejando a los gabinetes de prensa de los ministerios y, en fin, a tener un planteamiento de la comunicación que pase por unir símbolo y acción, relato y gestión. Lo pide el votante, que por fortuna muestra criterio y capacidad de evaluación.

El ilusionante espíritu de consenso político y concordia cívica que alumbró la Transición en 1977 y transformó nuestro país en una de las principales economías del mundo parece haberse perdido, mientras hoy prevalecen sentimientos como la melancolía, el pesimismo y la indignación envueltos en el desencanto.

La melancolía asoma entre quienes hicieron posible aquel milagro español, que contemplan sorprendidos la incapacidad de alcanzar un consenso político y social pese los gravísimos problemas que tenemos, y no comprenden por qué se ha abandonado la fecunda actitud de entendimiento de la Transición.

El pesimismo campea entre quienes han olvidado la perspectiva histórica de nuestro reciente origen y los admirables logros alcanzados en este tiempo. La Transición española, en efecto, asombró al mundo entero y el esfuerzo de modernización fue considerado entre nuestros vecinos europeos como el vigoroso ejemplo de un pueblo en marcha frente a sus propias sociedades, que atravesaban un periodo de estancamiento o decadencia. Los pesimistas solo perciben la magnitud de los problemas que actualmente padecemos sin vislumbrar ningún horizonte de esperanza.

La indignación merece un comentario más amplio aunque no sea el objeto de este artículo. Quienes la sienten se han convertido en un colectivo que orgullosamente reivindica su condición de indignados. A quienes vivimos la Transición nos recuerda aquel estribillo de Jarcha que se cantó en las primeras elecciones: “libertad sin ira, libertad”. El camino de la Transición respondía ciertamente a un espíritu muy distinto al de los indignados. La indignación, la ira, la cólera, son reacciones emocionales, a veces justificadas, incluso necesarias, pero con ellas no se construye nada. Se puede estar indignado, pero no serlo. En todo caso, aquel movimiento inicial que despertó muchísimas simpatías se ha convertido en una confusa amalgama de pacifistas utópicos y violentos antisistema, a los que se suman, desde su desesperanza, verdaderas víctimas de la situación y otros ciudadanos que quieren exteriorizar su descontento. Uno de los lemas que presidía las fachadas de los inmuebles de Sol afirmaba: “La urna es nuestra celda”. Y no se puede simpatizar con este eslogan antidemocrático. Pero sería un gravísimo error no considerar seriamente las causas legítimas que subyacen en el origen de estas protestas, así como querer ganarse las simpatías políticas de los indignados con meros gestos de complicidad retórica o dejar de aplicarles las leyes del Estado de derecho.

En todo caso, con melancolía, pesimismo e indignación no podremos resolver los inmensos retos y problemas que nos amenazan en esta hora, y de ahí que convenga mirar un instante hacia atrás para recordar cómo cristalizó aquel impulso cívico que en 1977 permitió escribir las mejores páginas de nuestra historia contemporánea.

El cimiento sobre el que se asentó el cambio de la Transición fue indiscutiblemente el consenso político, esto es, la voluntad de pacto asumida desde un inteligente y generoso espíritu liberal que reconoce la parte de verdad que tiene el otro en su condición de adversario y no de enemigo. Transcurrido el momento constituyente fue natural que la práctica del consenso declinase y prevaleciera el juego de una alternancia no pactada, aunque sin que se llegase a olvidar que en una democracia siempre hay un momento en el que el pacto político se hace conveniente, si no imprescindible. Pero con el cambio generacional que personificaron José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el consenso pasó de ser una virtud democrática a una práctica desechada, de constituir un gesto de fortaleza moral a una muestra de debilidad ideológica, siendo reemplazado por un sucedáneo de pactos oportunistas para superar determinados trances parlamentarios. Así hasta llegar a la situación actual en la que del espíritu de la Transición, como en el epitafio de Portocarrero, solo queda polvo, ceniza y nada. Pero la coyuntura es de tal gravedad que tras las elecciones del 20-N resulta imperativo recuperar el consenso, como si de una segunda Transición se tratase, si no queremos correr el riesgo de que nuestro sistema político, nuestra convivencia cívica y nuestro bienestar económico embarranquen peligrosamente. La entidad de lo que está en juego demanda unos gobernantes y una oposición que sean capaces de recorrer el próximo tramo de nuestra historia con la altura de los grandes estadistas. Recordemos, muy brevemente, algunas de las cuestiones que definen la naturaleza de esta hora.

En primer lugar, hay que abordar la gravísima crisis económica que padecemos, y que es un reflejo de la profunda crisis internacional que afecta fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. En un sistema globalizado la riqueza se reparte más entre los distintos países, y la competencia se acrecienta. Las sociedades más ricas, como la nuestra, tienen que asumir que parte de su riqueza inevitablemente irá a parar a otras economías emergentes, y que para minimizar los efectos de esta redistribución solo cabe mejorar nuestra productividad, ser más innovadores y, por supuesto, contar con una buena gobernanza o gestión de gobierno. Como bien apunta Kauffmann, esto último representa, en términos económicos, un verdadero valor añadido. Y aquí cabe hacer tanto como no se ha hecho recientemente. El reto es la cuadratura del círculo: hay que cortar gastos e inversiones para reequilibrar las cuentas públicas y privadas, y, al tiempo, salir de la recesión o el estancamiento para que el crecimiento permita disminuir las intolerables cifras de nuestro paro. Pero se puede lograr.

Otra cuestión inaplazable es la de la regeneración de nuestra democracia. El desprestigio de la política y sobre todo de los políticos, venía haciéndose patente en todas las encuestas, sin que los interesados se dieran por aludidos. Hoy los españoles consideran que la clase política constituye su tercer problema, cuando la democracia requiere una clase política prestigiosa por creíble, honrada y eficaz. Es escandaloso que los partidos no se apliquen las normas éticas que exigen a sus adversarios, y también lo es que una clase política que ha sustituido el consenso por la confrontación y descalificación del adversario, solo haya consensuado de manera generalizada un crecimiento urbanístico incontrolado y corrupto que ha destrozado paisajes y ciudades.

También es urgente reemprender la modernización de nuestra sociedad, por ejemplo, reformando en profundidad la Educación, la Sanidad Pública y la Justicia. Mientras estos tres pilares de la sociedad se iban hundiendo día a día, la tarea modernizadora del Gobierno se fijaba en cuestiones no irrelevantes, pero sí secundarias.

Finalmente, parece que ha llegado el momento de afrontar la cuestión peor resuelta de la Transición. Me refiero a la vertebración territorial del Estado. Se estableció un proceso de descentralización abierto, que 35 años después amenaza la integridad del Estado y su buen funcionamiento. Un modelo federal puede, y quizás debe contemplarse. En todo caso se precisa un acuerdo general que implique una definición estable de la estructura territorial del Estado y una racionalidad administrativa, recuperando un sentido de lealtad institucional entre todas las partes que lo conforman. En definitiva, se hace necesario un cambio constitucional como los aprobados recientemente en Alemania y Canadá, que, aun siendo muy distintos, pueden servirnos de referencia.

Es inimaginable abordar todo lo anterior sin un consenso previo entre los principales partidos, no buscando una mayoría aritmética de diputados sino una mayoría que legitime las soluciones políticas que deben adoptarse, como resulta igualmente inimaginable que el definitivo final del terrorismo vasco, que conlleve su desarme, pueda alcanzarse sin esa misma mayoría legitimadora, por muy cercano que ahora se nos presente.

El peso de esta ingente tarea reconstituyente de nuestra democracia va a recaer principalmente en la generación que sigue a la que hizo posible la Transición. Contarán con el apoyo y la experiencia de los anteriores, y deberán también sumar la ilusión y la fuerza de los más jóvenes. Los españoles demostraron ya que son capaces de empeñar sangre, sudor, trabajo y lágrimas para hacer posible un proyecto consensuado, política y socialmente, de libertad y progreso solidario. Y si son debidamente convocados volverán a hacerlo en esta hora de vértigo y esperanza, sobre ese profundo deseo de cambio que recorre nuestra sociedad, para salir de la crisis económica, regenerar la vida política y reformar la Administración del Estado.

A justo un mes de las elecciones generales, se puede asegurar que el Partido Popular las ganará con mayoría absoluta. Hace más de un año que los españoles optaron por el cambio. No quisieron a Zapatero reelegido, pero tampoco quieren al PSOE; por lo tanto, a ningún candidato que este partido pudiera proponer, incluido, como es el caso, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los socialistas en España, y se puede decir que también en comparación con otros partidos de otros países, son los reyes del marketing electoral. Saben vender un candidato, un producto y cualquier idea; pero ante todo a los ciudadanos les pesan las realidades.

No se debe ser dogmático, pero hay veces en que la situación deja muy poco margen de maniobra, y es exactamente lo que está pasando con el PSOE. Los españoles expulsan a los socialistas a la oposición por la situación económica; entienden que negaron la crisis, que no consideraron oportuno tomar medidas y que cuando las tomaron fue demasiado tarde y de forma agresiva e improvisada.

Como éste es el motor del cambio político actual, sólo una constatación de giro evidente en materia económica podrá corregir la fuerza del cambio.

En este punto nada que vaya en este sentido es predecible, teniendo en cuenta además que no sólo es necesario una evolución favorable en la situación económica, sino que, asimismo, se debería notar en los ciudadanos.

La situación económica que vive España es gravísima. Nadie pudo imaginar que llegara a este punto. Todavía no se sabe cómo ni cuándo vamos a salir de esta coyuntura. Prácticamente no hay nadie que no haya resultado afectado por la crisis; algunos de forma leve, otros -demasiados- de forma grave y otros de forma gravísima. Personas que han perdido su empleo, empresas que han cerrado y empresarios que se han arruinado.

Fondos con rendimientos negativos y algunos que han perdido casi todo el capital. Inversiones en Bolsa que por valor medio en términos reales están por debajo de la mitad de su valor antes de la crisis. Inmuebles que ahora valen la mitad que hace unos años; decenas de miles de hipotecas ejecutadas y familias que no sólo se quedan sin la casa, sino que además tienen que seguir pagando parte de la hipoteca. Rebaja de sueldos, disminución de pluses e incentivos y congelación de pensiones. Y, sobre todo, una gran incertidumbre con respecto al futuro. Demasiada gente tiene en estos momentos miedo a perder su empleo y los jóvenes, en su inmensa mayoría, tienen pocas esperanzas de conseguir el primero.

La mayoría de los españoles están amargados y entristecidos como consecuencia de la evolución económica del país, de las empresas y de sus rentas.

El problema de José Luis Rodríguez Zapatero es que tuvo demasiada suerte al principio. Contra todo pronóstico, ganó las primarias del PSOE y después, las elecciones generales de 2004. Confió en que esa suerte le iba a acompañar y decidió que no era necesario actuar ante la crisis, e incluso llegó a alardear de que España iba a superar la misma sin que ello significase renuncias y sufrimiento por parte de los ciudadanos.

Como consecuencia de ello nuestra situación es bastante más grave que la del resto de los países. Se podría aplicar el refrán «si no quieres caldo, toma dos tazas». Y parece que a los españoles nos están dando más de dos.

No es éste el único error de Zapatero. A pesar de decir que era el hombre del diálogo y del talante, desde el principio se negó a intentar y, por lo tanto, a cerrar acuerdos con el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Es una gravísima contradicción, ya que el diálogo cobra todo su sentido si es con tus máximos oponentes. En España la esencia del diálogo tiene que ser entre el PSOE y el PP, de igual manera que si los populares quieren dialogar cuando gobierne, deberán hacerlo fundamentalmente con el PSOE.

Por supuesto, también se debe negociar con los otros partidos, pero no es un ejemplo de diálogo pactar con los partidos pequeños con el fin de arrinconar al PP bajo la presumible estrategia de conseguir perpetuarse en el poder en el máximo tiempo posible. Es decir, no dialogar, sino todo lo contrario, intentar cerrar el paso al Partido Popular.

En este sentido ha sido lamentable la negación al cierre de pactos de Estado en temas tan importantes como son los Estatutos de Autonomía. La falta de entendimiento en materia antiterrorista, e incluso el intento de reescribir la Historia.

Otro error del presidente ha sido intentar, por todos los medios, llevar a término una legislatura fallida. La economía del país ha ido a la deriva, acompañada de la imagen y el desprestigio de un mandatario aislado. Le han dado la espalda la economía en general, el empresariado, los inversores nacionales e internacionales, los dirigentes políticos de gran parte del mundo. La imagen de España ha pasado de ser un país que incitaba envidia y admiración a uno denostado y que en parte se ha transformado como un problema para la Unión Europea y para el resto del mundo.

Los últimos en desvincularse han sido sus votantes, sus militantes y hasta algunos dirigentes del PSOE. La vieja guardia socialista lleva años despotricando de él; y en este tiempo José Luís Rodríguez Zapatero ha estado esperando un golpe de suerte por el que, sin hacer nada, las cosas se solucionaran y le dieran la razón. Esta espera nos está pasando una factura económica al país que tardaremos muchos años en pagarla, y un daño estructural a su propio partido.

Por la crisis y por la actitud del presidente, el PSOE perdió por mayoría absoluta en manos del PP Galicia y se llevaron el peor resultado imaginable en las elecciones catalanas. En este caso hay que decir que el PSC y el tripartito hicieron todo lo que estuvo en sus manos para cooperar en este desastre. Pero donde de verdad destrozaron toda la estructura política del PSOE ha sido en las últimas elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo.

En algunas autonomías y en demasiados ayuntamientos, como ya pasara en 1995, ha habido presidentes autonómicos y alcaldes prestigiados que han sido arrojados del poder por castigo a Zapatero y la política de su Ejecutivo. No han sido conscientes de que a pesar de ser lo más importante, del Gobierno de la Nación se entra y se sale con cierta facilidad; de hecho es previsible que en los próximos 50 años tanto el PSOE como el PP entrarán y saldrán en torno a tres veces.

Pero en los gobiernos municipales y en los autonómicos, más en los primeros, los gobernantes entran para quedarse. Por varios motivos, el voto es menos ideológico, más personal, las decisiones políticas positivas repercuten rápidamente en los ciudadanos, se ven calles nuevas, polideportivos, asfaltados, clara defensa de lo local y cercano, y pocos elementos que generen desgaste, ya que éstos son básicamente de competencia del Gobierno de la Nación.

El PSOE tenía una estructura municipal obtenida básicamente en un magnífico resultado en 1979, reforzado por los pactos de izquierdas con el Partido Comunista, que le hizo acaparar la mayoría del territorio nacional. Algunos de esos alcaldes, y si no en su caso el PSOE, ha gobernado desde aquella fecha hasta ahora. Debemos reiterar que esos alcaldes se han ido con una excelente imagen, pero ahora será fácil para el que le ha sustituido subirse a esa misma situación y, por lo tanto, perpetuarse con facilidad en el tiempo en la ostentación del cargo.

La verdadera estructura de un partido político no gira alrededor del Gobierno de la Nación, sino en cada municipio, en cada provincia y en cada autonomía. Y eso es lo que ha sacrificado Zapatero alejando a sus hombres de demasiados órganos de gestión. Por esperar salvar un Gobierno difícilmente salvable, por intentar ganar las elecciones al Partido Popular en un escenario casi imposible, ha perdido un poder municipal y autonómico que, en términos generales, tardará más de una década en recuperar.

Poder y estructura que, sin duda, influyen en elecciones generales, por lo que tendrá un poco más difícil la vuelta al Gobierno de la Nación.

Se equivocan los que creen que el PSOE puede desaparecer del mapa político español, eso es prácticamente imposible. Por mucho que el partido se lleve un varapalo el próximo 20 de noviembre, seguirá siendo una de las dos alternativas reales de poder en España. Podrá ganar las elecciones generales en cuanto vuelva a estar preparado y el Partido Popular cometa los errores correspondientes. Pero previsiblemente en un horizonte de entre ocho y 12 años.

Lo que sí es cierto es que, hasta ahora, por el peso de la dictadura franquista, al PSOE le bastaba hacerlo regular para ganar unas elecciones o no cometer demasiados errores; pero, en cambio, el PP tendría que aprovechar graves errores del PSOE y, además, hacerlo bien para poder gobernar España. Ahora ya no es así. No sé si ya las posibilidades están equiparables, pero si el PP lo hace bien la próxima legislatura, podremos decir que prácticamente se van a situar en casi condiciones de igualdad. Lo que favorecería la riqueza democrática de alternativas sencillas y cómodas.

Lo mejor de Rubalcaba es su inteligencia. Y lo peor, que parezca demasiado astuto. En política, hoy, la astucia tiene menos reputación, aunque a lo largo de la historia haya sido ensalzada. El listo sobrevive. El inteligente no tiene siempre la suerte que merece. El astuto se mueve de lado, evita el golpe, maniobra y mece la cuna sin que se vea la mano. Alcanza objetivos sin parecer que los ambiciona. Pero en nuestra sociedad, exigente y crítica, el astuto parece menos transparente, supura ocultamiento y genera menos confianza.

En este escenario, y en un contexto de extrema hostilidad demoscópica a la marca socialista, se impone la pregunta fundamental: ¿por qué el astuto Rubalcaba ha aceptado y porfiado para ser candidato del PSOE? La respuesta sea quizá que, decididamente, intentará ganar las elecciones y el congreso de su partido. Pero seguramente no hay plan B para él -ni recompensa suficiente- aunque reciba los honores y las medallas del héroe que se enfrentó (y se sacrificó) frente al destino. En el ámbito de la percepción pública, una derrota dulce o con honor no le garantiza el futuro, solo la prórroga del presente. Aunque en el terreno de la vida orgánica de los partidos nada es descartable.

Algunos de sus compañeros parece que creen que sus posibilidades quedarán abiertas sea cual sea el resultado. Siguen la máxima de Demóstenes, que proclamaba, en un ejercicio cínico y táctico, que «cuando una batalla está perdida, solo los que han huido pueden combatir en otra». Craso error. Los electores no confiarán en el futuro en aquel que no peleó con generosidad y entrega. El cálculo es incompatible con la confianza.

Rubalcaba adorna su personalidad introvertida con una gama de recursos extraordinarios para la comunicación política: pedagogía discursiva, oratoria competitiva, gestualidad descriptiva, rapidez retórica… Ideal para el cuerpo a cuerpo y las distancias cortas. Luchador y fajador en la adversidad. Su timidez se muta en seducción cuando desea un objetivo (y el deseo es una poderosa motivación para superarse o transformarse). Pero tanta superioridad competencial le da, a veces, un aire displicente en el momento de explicarse. Pareciera que le aburre recordar lo obvio, repetir lo evidente, explicar lo que, simplemente, debería ser aceptado (y aplaudido) como más conveniente o más lúcido. Se le nota demasiado que, creyendo que tiene la razón, solo aceptará que se la den. Pero la política no es algo tan racional. Ni pasivo.

Rubalcaba deberá encontrar, en los días que le quedan, la llave que desencadene la reacción de los votantes socialistas que ya no recuerdan lo que fueron, y la de los indecisos que todavía esperan razones para optar, antes de sucumbir a lo inevitable (la victoria del PP) con su abstención resignada o su voto claudicante. Los electores esperan argumentos racionales y emocionales para armarse de valor y votar a un posible perdedor. Convencer de que el auténtico voto útil es el coherente es todo un desafío.

Rubalcaba, preferido por sus competencias, arrastra la pesada losa de su pasado, de la marca socialista y de la gestión de Zapatero. Demasiadas piedras en los bolsillos para andar rápido y sobrevolar la inmensa zanja de desconfianza que se abre, como un seísmo, bajo sus pies. Quizá el único argumento sólido, para remover la calma del destino inexorable, es que sea capaz de hacer ver a los electores que la gravedad de la triple crisis (política, económica y social) de la sociedad española necesita a alguien con criterio propio, autónomo incluso de su partido, alejado de prejuicios ideológicos, para alcanzar acuerdos; al tiempo que se amarra a los valores progresistas que nunca deberían haber menguado y se muestra como el hombre que abre la puerta a lo nuevo, no el que la entorna o la cierra.

Enfrente, Rajoy parece que no garantiza suficientemente su independencia. No transpira autoridad, aunque su control del tempo y de los silencios aparente lo contrario. Pero nadie se confunde, salvo los interesados que guardan sus opiniones a la espera del reparto. Su jerarquía actual no inspira liderazgo, sino habilidad y oportunidad, que no es poco. Cum laude en sobrellevar la presión, flota como nadie en cualquier líquido, sea transparente o viscoso. Y los electores siguen creyendo que hay -al menos- media docena de dirigentes populares mejores que él. Mientras, nadie duda, al menos hoy, de que Rubalcaba es el mejor entre los socialistas.

Aquí puede estar, quizá, el sendero estrechísimo por el que podría transitar Rubalcaba para remover el tedio resignado. La crisis necesita -para afrontarla con determinación- soluciones y propuestas nuevas, sí. Y este marco mental del cambio es poderosísimo y muy favorable para el PP. Pero, sobre todo, se necesitan líderes independientes, no notarios o registradores de las ideas propiedad de otros. Y aquí es donde el desfiladero al borde del acantilado se vuelve angosto. Si Rubalcaba consigue encontrar el camino sin mirar al vacío, tiene opción. Si camina para no caerse, el vértigo del destino quizá pueda con él. Y los electores no salvan a quien está cayendo, sino al que puede -o no- caer.

En estos días nos despertamos, cada mañana, con una noticia peor que la anterior. Y no sólo en lo que se refiere al déficit, la deuda, esa prima que es de riesgo (como casi todas las primas durante nuestra adolescencia) y los recortes sociales, sino en algo más profundo e importante, incluso, que la economía: la Cultura. Puede que siga en vigor el viejo apotegma de primum vivere, deinde philosophare, pero cualquiera que estime que la Cultura es un segundo plato, o una guarnición prescindible en el menú de la supervivencia, desconoce de qué alimentos se nutre el ser humano para conservar ese concepto tan en desuso como es la dignidad.

Un día nos enteramos de que cierran el Centro Niemeyer; otro que se suprime el Premio Torrevieja de Novela; al siguiente que el Ayuntamiento de Madrid aplaza la exposición Camerinos; luego que Valencia elimina su Mostra de cine; después que los gobiernos navarro, balear, madrileño y manchego podan la Educación y la Cultura como primeras medidas; y, por si fuera poco, se suceden informaciones acerca del fin de actividades en centros culturales, fundaciones y universidades de toda España. ¿Qué nos queda? ¿Que no esté garantizada la próxima Semana Negra de Gijón o los mismos Premios Príncipe de Asturias? ¿Que las editoriales dejen de contratar, las galerías de exponer y los auditorios de celebrar conciertos? Pues en eso estamos.

Porque ése es, al parecer, el camino por el que transitan la Cultura y los creadores. Y renunciar a (o recortar) la Cultura es un brindis al sol de los políticos en la falsa creencia de que se trata de algo superfluo. Como explica tan certeramente el gran periodista Antonio Ubero (en el paro, también), «es necesario que la sociedad estime el ingenio y la inteligencia, valore la autoridad del creador y del pensador y supere de una vez por todas ese prejuicio absurdo de confundir instrucción con elitismo. Que la gente se entere de que la Cultura no es sólo vender libros, discos o cuadros. La Cultura significa aprender a vivir».

Una gran reflexión. Tan buena que los dirigentes políticos no llegan a creer en ella. Tal vez sea porque no aporta votos. O puede que los sucesos ocurridos en la SGAE hayan desacreditado a los creadores, que la burla mediática a los de la ceja, que apostaron en su día por un partido concreto, se considere oportuna, graciosa, democrática y justa, o que la concesión de subvenciones a la creación cultural (como existen en todos los países civilizados) duela más que las concedidas a la agricultura, la pesca o la banca. Puede, en fin, que no exista una concepción social extendida de que ser cultos es ser libres o de que, en palabras de García Lorca, «no sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales». ¿Nos suena? O las de Menéndez Pidal: «El lema de la República debe ser: ‘Cultura’. Cultura, porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz».

Sin embargo, nada se está oyendo sobre esto en las propuestas programáticas de los candidatos del 20-N. Y lo que se oye es como para echarse a temblar: Rajoy insinúa la supresión del Ministerio -ya lo hizo Aznar-, y a Rubalcaba sólo se le ha oído recetar, en las conclusiones de la conferencia política socialista, «media hora de lectura diaria con los hijos como medida para mejorar su rendimiento escolar». Y en el Liber apoyar a los editores-empresarios proponiendo la rebaja del IVA al libro electrónico al 4%. ¿Y para los creadores? ¿Qué medidas, propuestas y cauces ilusionadores ofrecen para que no se vean obligados a dejar su oficio para convertirse en «máquinas al servicio del Estado, en esclavos de una terrible organización social»? (Lorca). ¿O es que cabe concebir hoy un mundo sin cine, teatro, música, libros, pintura, series, moda…? ¿Y quiénes crean? ¿Los políticos?

No. Tampoco lo harían los creadores indefensos y hambrientos. Invito a leer el magnífico artículo de Luis Alemany, publicado en ELMUNDO.es el pasado 19 de marzo, titulado Papá, el pobre, es artista, o el publicado hace unos días, ¿Y usted vive de esto?, de Eva Díaz Pérez. Puede que ilustre a los candidatos y que lleve un poco de luz a aquellos ciudadanos que creen que, si en la vida hay algo que sobra, eso es la Cultura. Porque todos sabemos que estamos en una gran crisis, y que a todos nos toca pagar el pato; pero cebarse con la Cultura, que es el imprescindible alimento que alivia, evade, enriquece, enseña, complace y dignifica, «conduce a la agonía del alma insatisfecha, que dura toda la vida» (Lorca). Y esto es, ni más ni menos, lo que están haciendo. Esperemos que comprendan que están a tiempo de rectificar.

Después de medio siglo, se diría que el final de la violencia en Euskadi fuera a ser cosa de las semanas que median hasta el 20 de noviembre. No digo que en cuestión de días no tengamos sobre la mesa el comunicado final, el del cese de negocio de la organización ETA, como apuntan personas tradicionalmente bien informadas como Xabier Arzalluz. Todos aspiramos a que esa intervención que se rumorea a través de la BBC sea el comunicado y vaya más allá del matiz o la adhesión a la reflexión del colectivo de presos (EPPK). Pero, de momento, la gestión de la expectativa también ha estado en medio de todo el asunto, y quienes la manejan con más acierto, a tenor de los resultados electorales y la opinión pública en Euskadi, pueden manejar también la tentación de administrarla a plazo.

En las últimas semanas se han sucedido noticias de calado. Ekin, la organización responsable del control político del MLNV, heredera de aquella histórica Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), apaga públicamente las luces de un negocio que llevaba tiempo sin clientes. La sustitución de su actividad política por el vigente proceso de concentración de fuerzas auspiciado por la izquierda aberzale había vaciado de contenido a Ekin. Es un gesto orientado en la dirección correcta, aunque tiene más contenido desde la perspectiva de la propia izquierda aberzale que incidencia en la realidad política vasca o española.

De igual modo, el comunicado de ETA en el que acepta una comisión internacional de control del alto el fuego se ofrece como antesala de un inminente anuncio definitivo de la banda. Demasiados viajes lleva ese cántaro a la fuente. Tantos, que su única función es romperse porque no acarrea ya agua que merezca la pena beber. Que llegue ya ese final definitivo y se abra la fase técnica de control de desarme y el subsiguiente proceso político, sin ETA, que permita acceder al tuétano de eso que se viene en llamar conflicto vasco, que no se acabará con el fin de la violencia, pero que se podrá afrontar con aire mucho más fresco.

La propia existencia de una comisión de verificación suena ya a terreno conocido. A favor de la que encabeza Ram Manikkalingam juega estar desprendida de un lastre que venían arrastrando los mediadores de Brian Currin: no tiene un vínculo de parte. Si a Currin se le reprochó la función de valedor de la izquierda aberzale ante terceros, el caso ahora es diferente. Aunque choque con las dificultades que el momento político -y electoral- impone para que su función sea efectiva. No hay Gobierno saliente ni entrante dispuesto a aceptar su verificación del alto el fuego de ETA. Lo que debería llevar a la organización a cerrar de una vez la persiana y que esa comisión verifique luego su desarme.

En la montaña rusa de la política vasca ha ganado un espacio propio el lendakari Patxi López. Su decálogo por la conciliación no llega a ser un plan de paz porque carece de hoja de ruta, pero ha atraído sobre sí la atención mediática con su declaración a favor de un cambio en la política penitenciaria y por abogar implícitamente por la legalización de Sortu. Lo nuevo de la reflexión de López es que el secretario general del PSE haga suyo un planteamiento que otros lendakaris antes que él ya abanderaron con severo coste político y personal. Pero nada de lo dicho es ajeno a posicionamientos previos del Parlamento vasco ni desconocido por la sociedad vasca. A instancias, eso sí, del PNV.

En este apartado, se sostiene con dificultad la presunción de que el mensaje de López venga a favorecer la orientación del debate en la campaña de Rubalcaba. Lo digo porque es una tesis sostenida mediática y políticamente desde las filas del PP. La insistente defensa numantina de la fórmula policial para tratar el problema vasco ha sido tan cerrada durante tanto tiempo por parte de PSOE y PP que nadie puede creer ahora que una estrategia de mano tendida fuera a ser premiada por el electorado al que aspira movilizar el candidato socialista.

El carril de la reflexión nos ha puesto en la antesala de las elecciones generales y la expectativa de una notable victoria de Mariano Rajoy. En ella se enmarca la oferta del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, de dar a un Gobierno de la derecha la misma cobertura que se le ha ofrecido a Rodríguez Zapatero para afrontar el final de ETA. Pese a las críticas que esto le ha acarreado desde la izquierda aberzale, esta es consciente de que, si su futuro tiene que desenvolverse en una mayoría del PP, deberá adaptarse a ella. Aunque su discurso electoral no admita ante su base social el ruego privadamente mantenido en los últimos años para que el PNV medie por su supervivencia política ante populares y socialistas.

En toda montaña rusa, el momento crítico para el descarrilamiento son las curvas. La del 20-N apunta a un giro severo a la derecha. Un subsiguiente endurecimiento policial y judicial conllevaría el riesgo de hacer saltar los raíles de este proceso. Porque aunque una mayoría aplastante de la propia izquierda independentista sepa ya que la violencia es su derrota, quedan ciegos suficientes para enjugar su fracaso en dolor ajeno.

Cuentan algunos autores que cuando el candidato a presidente de los Estados Unidos Adlai Stevenson libraba su campaña frente a Dwight Eisenhower, una señora le dijo admirada, después de una reunión, “cualquier persona pensante le votaría”, y que él replicó: “Señora, no es suficiente, necesito una mayoría”. Esta anécdota suele aducirse a cuento del descubrimiento de que, a la hora de votar, las emociones resultan ser decisivas, mucho más que el cálculo racional de lo que interesa. Los economistas que se empeñan en aplicar modelos de utilidad para comprender y gestionar la realidad ni se enteran de lo que pasa ni son buena guía para actuar. La inmensa mayoría de los votantes se orienta por sus emociones. Cosa que, por otra parte, es bastante racional, porque es un despilfarro de energía invertir tiempo en leer programas que nadie piensa cumplir.

¿Qué hacer entonces para ganar las elecciones? En principio, buscar expertos en ciencias cognitivas y neurociencias que nos digan cómo funcionan las entrañas de los ciudadanos, y a continuación escribir un cuento, o varios, que permitan conectar los sentimientos de los votantes con los intereses de mi partido.

Porque el negocio de la política se ha convertido en cosa de partidos, empeñados en optimizar sus recursos para ganar elecciones a cualquier precio. Para lograrlo, curiosamente, no hay que recurrir a lo que conviene a las personas, a su capacidad de calcular qué es lo más útil, sino a saber contarles buenos cuentos, que empiecen con “érase una vez”, continúen con los grandes desafíos a los que tuvo que enfrentarse el partido (gigantes, dragones, encontrar el vellocino de oro) y acaben trazando un horizonte lo más prometedor posible. Tal vez no tanto como “y seremos felices y comeremos perdices”, porque el futuro prometido debe ser un poco creíble por lo menos, pero sí algo ilusionante.

Claro que, como decía García Márquez al principio de su biografía, “la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla”, y si construimos el relato de nuestra vida a la hora de contarla, ¿cómo no se va a construir la leyenda de un partido que quiere ganar las elecciones, buscando un comienzo, una trama y un futuro que emocionen a una parte del electorado lo más amplia posible? También se construye una historia sobre el partido contrario que intenta ser, claro está, una leyenda negra, con un origen tenebroso, unas actuaciones deplorables y un futuro aterrador. Y resulta que lo que acaba estando en juego no son los intereses de los ciudadanos, sino las leyendas blancas y las negras de unos y de otros, leyendas en vez de programas, como si no hubiera problemas que no admiten cuentos.

¿Para qué sirven las historias en estos casos? Para que cada quien se identifique con uno de los equipos que compiten, vista su camiseta y sienta que “esos son los míos”. La necesidad más básica de las personas consiste en integrarse en un grupo, a la intemperie hace demasiado frío. Pero justamente la vida democrática debería ser un juego libre, en que las gentes apoyan a unos u otros según lo reclame la situación, sin adhesiones inquebrantables. Los partidos no deberían ser equipos, con su hinchada incondicional, que no apoya a su equipo porque sea el mejor, sino porque es el suyo. Los partidos políticos deberían ganarse adhesiones coyunturales con sus actuaciones.

Pero si es verdad que la mente humana es un procesador de historias, más que un procesador lógico, si es contando historias como formulamos nuestras expectativas, yo también quiero contar una tal vez fecunda para estos tiempos. La de un país que salió de 40 años de dictadura e inició una Transición hacia la democracia, admirada por propios y sobre todo extraños, hasta el punto de que muchos se apuntan a imitarla. Contábamos para ello con una sociedad civil alérgica a los enfrentamientos, harta de sentirse identificada con el Duelo a garrotazos de Goya, harta del dicho de Machado, “una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Esa es una mala historia, ese es un mal cuento.

Claro que la Transición no fue perfecta, nada lo es en las cosas humanas. Pero todos los partidos políticos y las fuerzas sociales supieron llegado el tiempo de la responsabilidad, el tiempo de detectar los problemas básicos y pactar lo necesario con tal de hacerles frente. Sembrar la discordia hubiera sido criminal, y por fortuna así lo supieron todos con la razón y con el corazón.

Tal vez no sea esta una historia muy emotiva, pero no está de más pensar que cinco millones de parados, sanidad y educación escandalosamente a la baja, gentes que no pueden pagar sus hipotecas, abandono de las personas dependientes, reducciones drásticas en ayuda al desarrollo, recortes en becas y ayudas a la investigación son razón más que suficiente para aunar fuerzas más que para crispar los ánimos por arrancar votos.

Dicen también quienes saben de esto que las historias, para ser efectivas, deben tener al menos algo de verdad. Y si los problemas son tan dolorosamente reales, creo que esta historia es en muy buena medida verdadera.