El Ebro en Zaragoza pasa estos días con un caudal espléndido; entre el puente de Piedra y el del Pilar, peatones y ciclistas parecen gozar de la proximidad del río paseando entre algunos árboles que recuerdan lejanamente un soto. Parecería que el río finalmente se ha integrado en la ciudad.

Sin embargo, leo en la prensa que esto no es así. El ayuntamiento va a gastarse más de 40.000 euros en dragar el río para que puedan subir y bajar barcas de la ciudad al antiguo recinto de la Expo. Que el canal de aguas bravas de la Expo no se sabe si este año va a abrir por problemas económicos. Que el concesionario de las playas no quiere pagar el canon por ser demasiado caro. Y aguas abajo del punto en que me encuentro, el azud construido para la Expo sigue interrumpiendo el curso del río. La realidad muestra que, en los aspectos relacionados con el río que pasa por Zaragoza, la Expo del 2008 ha generado más problemas que soluciones. Los paseos de ribera son más un maquillaje ecológico que un verdadero plan de recuperación del río.

Por otra parte, el recinto de la Expo es ahora, casi tres años más tarde, una sombra de lo que se pretendía. Los ecos de la Expo del Agua se han perdido; su legado para el futuro, la Carta de Zaragoza, suena como un documento de buenas intenciones cuyo fin primordial (aunar conservación con desarrollo) parece haber sido olvidado. Así lo demuestran las propuestas de futuro de la política del agua de Aragón, que van en sentido contrario de lo que en aquel documento se propone.

Un ejemplo nítido de esta contradicción es el empecinamiento que se muestra en querer aprobar el estudio de impacto ambiental del embalse de Biscarrués, en el río Gállego, para interrumpir otra vez el curso de este río. Parece que considerar los ríos como ecosistemas o como un patrimonio vivo (como se dice en la Carta de Zaragoza) no incluye al Gállego, pues de nuevo se pretende interrumpir el curso de este río con otro embalse. Se va a destruir uno de los pocos cursos de agua pirenaicos vivos, un río que aún meandrea, donde se puede ver cómo la fuerza de las aguas modifica el curso, un río que mantiene, en la zona del embalse, un buen estado ecológico y que es fuente de riqueza para la gente de la comarca. Sin duda, un caso en el que están convergiendo la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

¿Por qué este empecinamiento en destruir el río? Si es para garantizar los riegos del Alto Aragón no tiene sentido, pues se ha demostrado que pueden obtenerse sin necesidad de un embalse que cuenta con un estudio de impacto ambiental negativo (Cedex). Hay alternativas mucho menos caras e impactantes para permitir el desarrollo agrícola de la región que destruir la fuente de vida y negocio que es el Gállego medio en estos momentos para los que no riegan.

Solo se puede entender esta verdadera burrada hidrológica por la inercia de una política que sigue anclada en el siglo XIX. Justamente estos días en Zaragoza hay una exposición sobre Joaquín Costa, prócer aragonés del siglo XIX que predicaba (en una España muy diferente) la regeneración de la política española y, entre otras cosas, abogaba por una política de desarrollo de regadíos. Todavía se usa su nombre para reivindicar nuevos regadíos. Seguramente, Costa, si viviera, tendría una visión bastante diferente del tema. Hoy sabemos que muchos de estos regadíos son ineficientes, que envían grandes cantidades de sales río abajo, que muchos de estos campos no tienen mucho futuro porque la sal los va invadiendo y en ellos se acaba sembrando solo alfalfa. Sin duda, hay que repensar el regadío en Aragón y es la hora de cambiar el modelo actual, basado en el crecimiento de la oferta y la destrucción de los pocos ríos que nos quedan.

El Gállego todavía podría ser un ejemplo de futuro si en lugar del embalse se quitaran o disminuyeran de cota algunos de los embalses actuales. La construcción de algunos embalses laterales, que se llenarían con las crecidas extraordinarias, podría permitir no solo la garantía para el riego, sino reservar los aproximadamente 60 hectómetros cúbicos por año que se necesitan para generar las avenidas de primavera que permitan el mantenimiento de las características hidromorfológicas y el buen estado ecológico del lugar de importancia comunitaria (LIC) de la parte baja. Los muchos azudes presentes ahora deberían ser provistos de escaleras de peces para eliminar el efecto barrera. Esto es lo que hacen los países que ya están en el siglo XXI (casi mil presas eliminadas en Estados Unidos en los últimos años). Si se construye el embalse de Biscarrués iremos en la dirección contraria e hipotecaremos el futuro de la región. Construir este embalse es andar un camino totalmente contrario al que se propuso en la Expo y demostrar que esta solo fue un escaparate mediático y que la apuesta por la sostenibilidad era solo una excusa para seguir manteniendo las mismas políticas que antes. Parece que vamos a tropezar de nuevo con la piedra hidráulica y destruiremos un nuevo río. ¿O vamos al fin a ser capaces de ver la piedra y no caer de bruces?

Jordi Hereu nunca agradecerá suficiente la persistencia en el error de Alberto Ruiz-Gallardón, pues si los sueños olímpicos de Barcelona han resucitado se debe a la desaparición, por inanición, de la candidatura de Madrid. En su momento ya advertimos de que no había sido Jacques Rogge, presidente del COI, quien había engañado a Madrid en su imposible pelea contra Río de Janeiro, sino una mezcla de desmedida ambición política, sordera ante los consejos realistas y erróneo cálculo estratégico del alcalde capitalino. Madrid jamás pudo conquistar los JJ OO del 2016, pero podría haber sido la gran favorita para el 2020. Habría bastado comparecer en Copenhague encajando la derrota con deportividad y lanzar de inmediato la apuesta potente por la siguiente edición. No fue así y desde entonces siguió una carrera de despropósitos culminada ayer con el anuncio de Barcelona-Pirineus, una precandidatura que nace porque Madrid se ha diluido. Como el gas, Hereu ha ocupado el espacio que Gallardón ha dejado disponible.

Más que cualquier otra, la gran fuerza que puede tener el proyecto barcelonés reside en que Europa posee una alta probabilidad de albergar los Juegos blancos del 2022. Recordarán lo ocurrido con Río 2016 y las lecciones de geoestrategia política que dejó el COI hace unos meses en Copenhague. Para comprender algunas de esas claves, repasemos las últimas citas olímpicas: Sydney acogió los JJ OO del 2000; Salt Lake City, los invernales del 2002; Atenas, los de verano del 2004; otra ciudad europea, Turín, los de invierno del 2006, y Pekín, los recientes del 2008. El ciclo muestra que los anillos olímpicos han viajado la última década de Oceanía a Norteamérica pasando por Asia y recalando dos veces consecutivas en Europa, pero alternando la modalidad Verano-Invierno. Lo interesante es analizar que el ciclo se repite milimétricamente en esta próxima década que acabamos de inaugurar: en cuatro semanas se disputarán los Juegos invernales de Vancouver; los de verano del 2012 serán en Londres; a continuación, otra ciudad europea, la rusa Sotchi, recibirá los de invierno del 2014; Río de Janeiro acogerá los del 2016, y apuesten con fuerza que la edición blanca del 2018 será para la ciudad surcoreana de Pyeongchang (no confundir con Pyongyang, capital de Corea del Norte). Así, las ediciones de esta década repetirían ciclo: Norteamérica, Asia, dos veces consecutivas Europa (de nuevo, Verano-Invierno) y Suramérica como nuevo gran jugador del panorama mundial, supliendo a Oceanía.
¿Qué nos dicen estos ciclos? Que muy probablemente Europa acogerá dos ediciones consecutivas: la de Verano en el 2020 y la de Invierno en el 2022, continuando la década con África en el 2024 (con Suráfrica, cabría matizar), Estados Unidos en el 2026 y una ciudad asiática en el 2028, 20 años después del exitoso Pekín. Por tanto, el 2020 y el 2022 son las grandes opciones europeas. De ahí el grave error de Madrid, donde ya ni existe unanimidad política para optar a una tercera candidatura. En palabras de un alto cargo deportivo, «el momento de Madrid ya ha pasado; esto se ha deshinchado». El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha renunciado a un gran proyecto para ayudar a Gallardón a decidirse: albergar en Valencia la Sesión del COI del 2013, una asamblea histórica pues significará el adiós de Rogge, la elección de su sucesor y la elección de los Juegos del 2020. Solo había un problema: el país que alberga una sesión no puede presentarse a los JJ OO que se eligen. España tenía ganada dicha sesión, pero Blanco se retiró hace dos semanas para no perjudicar a Madrid 2020. El sacrificio del COE ha sido respondido por Gallardón con un silencio que equivale a un entierro.

Desentendido Madrid del olimpismo, el tablero queda en manos de París o Berlín y eso acota las opciones para las candidaturas invernales del 2022. A priori, la gran rival de Barcelona-Pirineus sería Múnich… a menos que Berlín conquiste los Juegos de verano del 2020 y desaparezcan de un plumazo todas las opciones de la ciudad bávara. Múnich posee un proyecto muy sólido, en el que se han fijado los rectores barceloneses: una candidatura con dos clusters, uno situado en el propio Múnich, con los deportes de hielo; y el otro, en Garmisch Partenkirchen (la estación donde se disputan los saltos de trampolín el primer día de cada año), apenas a 75 kilómetros, perfectamente enlazada por carretera y tren y con unas magníficas instalaciones de nieve. Un proyecto que teóricamente debe perder los JJ OO del 2018 para ganar los del 2022, salvo que se interponga una carambola paradójica: que el error de Gallardón retirando a Madrid de la que era su gran opción (2020) cuele por esa rendija a Berlín y elimine de una tacada la opción invernal de Múnich aupando la de Barcelona-Pirineus. Para ello, primero habrá que cuajar un proyecto competitivo, con instalaciones serias que cumplan unos requisitos nada fáciles en materia de nieve y reparar también las heridas producidas en Zaragoza-Jaca, 20 años en la lucha y avisada por la prensa de que tiene un rival.

Poco antes de las Navidades, dos novedades político-lingüísticas ocuparon fugazmente los titulares. Por un lado, Marcelino Iglesias cumplió su promesa y las Cortes de Aragón aprobaron finalmente la ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. Por el otro, el Gobierno de José Montilla decidió enviar al Parlament el proyecto de ley del aranés.
La comparación entre estos dos documentos resulta bastante instructiva. Ambos desarrollan los respectivos estatutos de autonomía, que de entrada ya son muy diferentes entre sí. Aunque sea en un artículo aparte del que dedica al catalán y al castellano, y con una preposición diferente, el Estatut d’Autonomia de Catalunya establece que la lengua occitana, denominada aranés en Aran, «es oficial en Catalunya». En cambio, el Estatuto de Autonomía de Aragón se limita a reconocer que «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés» y a anunciar que una ley de las Cortes de Aragón se ocupará de regular su uso.

Una vez descartada la oficialidad del catalán y del aragonés en Aragón, estaba por ver hasta dónde alcanzaría la generosidad del legislador a la hora de extraer consecuencias prácticas de su reconocimiento. Ahora ya estamos en condiciones de afirmar que esa generosidad no es mucha y en todo caso se sitúa por debajo de las previsiones de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En su último informe sobre la aplicación de la Carta en España, el comité de expertos del Consejo de Europa, que preside el alemán Stefan Oeter, recordaba que los compromisos elegidos por el Gobierno español, además de un «modelo bilingüe estructurado», conllevan ofrecer asimismo «modelos de enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias».
Pues bien, la ley aragonesa no solo no plantea un modelo de plena inmersión, sino que ni siquiera prevé un «modelo bilingüe estructurado». Todo lo que garantiza la ley es lo que de hecho ya existe, a saber, el derecho a la enseñanza voluntaria del catalán y del aragonés (no en catalán ni en aragonés). Naturalmente, este apartado de la ley aragonesa ha servido para poner en evidencia al partido de Mariano Rajoy, que en su programa del 2008 sostenía que los españoles «tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos»; ahora sabemos que para este partido los únicos españoles que tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos son los españoles castellanohablantes. (Menos en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo acaba de proponer algo tan inaudito como que el idioma en el que educar a los hijos se decida mediante una votación entre los padres.)
En el caso del aranés, el proyecto de ley regula su uso como «vehículo de expresión normal de las actividades docentes y administrativas de los centros docentes del Aran». Si la ley aragonesa se queda por debajo de la Carta Europea, este proyecto de ley sin duda la rebasa. En el informe antes citado, Stefan Oeter y sus colegas loan el modelo de plena inmersión, pero no se olvidan de advertir que este sistema «no debe ser obligatorio para todos los niños». En otras palabras, en lugar de experimentar con modelos de educación trilingüe, parece que el proyecto de ley establecerá a escala aranesa el monismo vehicular que rige en Catalunya, con el agravante de que en Aran el aranés solo es la lengua habitual del 23% de la población.
Más allá del caso de la educación, es interesante contrastar los derechos lingüísticos de las 2.000 personas que hablan habitualmente aranés en Catalunya con los de las más de 30.000 que hablan catalán en Aragón. En Aragón, estos 30.000 ciudadanos solo podrán dirigirse en catalán a la Administración en las «zonas de utilización histórica predominante» de esta lengua. Los 2.000 hablantes habituales del aranés, en cambio, gozarán de unos derechos lingüísticos ante todas las administraciones en el territorio de Aran, pero también ante la Generalitat «arreu de Catalunya». Por lo demás, los aragoneses que se dirijan en catalán a la Administración recibirán una respuesta bilingüe; los araneses la recibirán solo en aranés, como corresponde a una situación de genuina opción lingüística.

Y hay más: los 2.000 araneses tendrán el gozo de leer en aranés una versión oficial de todas las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, cosa que no podrán hacer en catalán los 30.000 aragoneses con las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón. (Un detalle revelador es que al Gobierno de Iglesias no se le ha ocurrido publicar la ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón en las lenguas propias de Aragón.)
Aquí hay algunas ideas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (o el de Mariano Rajoy, tanto da) podría copiar si algún día conviene retomar aquello de la España plural. Poder dirigirse en catalán/valenciano a la Administración del Estado «arreu d’Espanya» y recibir la respuesta en catalán/valenciano. ¿Se lo imaginan?

Finalmente, el pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la ley de lenguas con los votos del PSOE y de la Chunta Aragonesista (CHA). El PP y el Partido Aragonés (Par) votaron en contra, y también IU, en este último caso porque la considera una ley de mínimos.
En 1975, aún en vida del general Franco, los directores y principales miembros de la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, ante una controversia aparecida en la prensa valenciana sobre el origen de la lengua, declaraban que la lengua valenciana era una variante dialectal del catalán, y lo hacían extensivo a los demás territorios de habla catalana y a la Franja. No solo hacían esta declaración, sino que amonestaban y censuraban a todos aquellos que claramente utilizaban sus propios prejuicios como fuente de autoridad científica, mientras pretendían ridiculizar e, incluso, insultar a personalidades que, por su trabajo, merecían el respeto de todos, y en primer lugar de los firmantes. También denunciaban que negar la lengua catalana en estos territorios tuviera que ver con la realidad, y aseguraban que eso era algo suficientemente claro para la filología y la historia.

Tras más de 30 años de democracia, en algunos aspectos hemos dado marcha atrás como los cangrejos. Ante las controversias surgidas en el País Valenciano y ahora en la Franja de Ponent, u Oriental como la llaman desde Aragón, no hemos visto ninguna declaración parecida por parte de los miembros de estas insignes academias que marque el camino por el que deben ir los políticos. La redacción y tramitación de la ley de lenguas, en gran parte, ha estado en manos de políticos, muchos de ellos castellanos, sin formación y sin ningún asesoramiento de personalidades entendidas en la materia. Y así, movidos por apasionamientos y prejuicios anticatalanes, han soltado las mayores aberraciones.
En las tierras de la Franja de Ponent el catalán no apareció porque sí, sino porque en su día fueron pobladas principalmente por catalanes que trajeron su lengua. Desde el punto de vista civil, en ciertos momentos de la historia estas tierras pertenecieron a Catalunya, igual que desde el punto de vista eclesiástico. Recordemos que, hasta hace pocos días, una gran parte de las parroquias de la Franja pertenecían a la diócesis de Lleida. No entremos a debatir si estas tierras deben pertenecer a Aragón o a Catalunya. Esto no viene al caso y corresponde a sus habitantes decidirlo. Ahora solo pretendemos constatar una realidad.

Las posiciones sobre el catalán de la Franja por parte del PP y del Par están ancladas en lo más rancio del puro franquismo. Pese al gran esfuerzo que estas dos formaciones políticas han realizado, a través de entidades civiles, para llevar la polémica a la calle, no han tenido éxito. Las encuestas de periódicos, a través de internet y por otros medios, dejan bien claro que la lengua que se habla en la Franja es el catalán. Los habitantes de las comarcas de la Franja saben muy bien que la lengua que hablan es la catalana, porque se dan cuenta de que es la misma que hablan, pongamos, los de Lleida, Tortosa y Barcelona. Está claro que hay algunas diferencias, pero son mínimas. Las pocas personas que niegan en la Franja la catalanidad de la lengua lo hacen por la presión política y por el caciquismo impuesto por los dirigentes del PP y del Par, y pocas veces por ignorancia. Años atrás, cuando mandaba el PP en la Diputación General de Aragón, en un acto organizado por una entidad cultural en la Franja contra la unidad de la lengua, un ponente declaró: «El concejal de Cultura nos ha dado dinero para meter ruido contra el catalán». Con eso está dicho todo.
Muchos de los dirigentes del PSOE de Aragón han nacido en las poblaciones de la Franja y tienen plena conciencia de la lengua que hablan, pero, por haber consensuado algunas enmiendas con el Par en el momento de desarrollar la ley, pueden llegar a cometer graves errores. La ley de lenguas que presentó el grupo socialista es una ley de mínimos, porque no prevé la oficialidad de la lengua y ni siquiera la plena escolarización. Rebajarla un poco más significaría que no serviría de nada. No hace mucho, el Consejo de Europa daba un toque de atención al Gobierno de Aragón por no tomar medidas cara a la protección del catalán y el aragonés.

Pese a que la ley deja claro que es catalán, negar la unidad de la lengua sería un error. El intento de emular en Aragón al País Valenciano con la creación de una academia de las lenguas es una gran tontería. En Valencia, muchos filólogos que forman parte de la Academia Valenciana también son miembros del Institut d’Estudis Catalans. Las contradicciones en que incurren son importantes, pero eso no les importa mucho porque ser miembro de la Academia Valenciana les reporta una importante fuente de ingresos y ser miembro del IEC les justifica su prestigio como filólogos.
Como se ha hecho hasta ahora, Aragón debe regirse por las normas del IEC, como así lo aconsejaron en su día los miembros de la Real Academia Española. Esta ley, pese a no reconocer la oficialidad, es un paso adelante. Siempre que se interprete al alza y con seny.

Cuando hay dos bandos de opinión tan acalorados como los que están enfrentando a fuerzas políticas, instancias mediáticas y colectivos ciudadanos de Aragón y Cataluña por la reclamación de los bienes de las parroquias que un día dependieron de la diócesis de Lleida y ahora pertenecen a la de Barbastro-Monzón, es difícil ser imparcial y hasta para los profesionales resulta imposible pretender ser objetivos. Con todo, dos museólogos: uno aragonés y otro catalán, intentamos consensuar algunas ideas a la luz del código de deontología del ICOM y de otros litigios patrimoniales acontecidos recientemente.

Este litigio se puede analizar desde infinidad de puntos de vista, algunos muy difíciles de abordar por su especificidad, como por ejemplo el derecho eclesiástico, y otros más inefables o subjetivos como las cuestiones identitarias y los derechos sociales sobre el patrimonio cultural. En el mundo, en España, en Cataluña y Aragón ha habido en los últimos años casos sonados de reclamación, restitución o reparto de colecciones (negro de Banyoles, Museo Clarà de Barcelona, etcétera), a partir de los cuales los museólogos podemos ir extrayendo lecciones que, si bien no son generalizables, quizá puedan servirnos para enmarcar el presente. Estas experiencias nos demuestran que los litigios en patrimonio casi nunca se resuelven a gusto de todos, y que acaban por no complacer a casi nadie si se dictan resoluciones políticas unilaterales o se opta por la vía legal, que a menudo lleva a eternizar el conflicto. En todo caso, desde un punto de vista estrictamente técnico, parece obligado recordar lo que nos dice el código de deontología del ICOM al respecto. Este código es un documento fundamental para los museos de todo el mundo. En él se establecen las normas mínimas de conducta y desempeño profesional para los museos y su personal. Fue aprobado en Buenos Aires (1986), modificado en Barcelona (2001) y revisado en Seúl en 2004. Recoge la experiencia de sus miembros así como la actualización de las “buenas prácticas” de los profesionales de museos. En distintos apartados se tratan principios básicos de la actividad museística, pero el capítulo 6 aborda claramente el tema de origen de las colecciones y la devolución de bienes culturales.

A partir de la lectura de estos principios básicos, cada uno de los dos bandos en litigio cree ver refrendada su posición en algunos términos; también debemos tener en cuenta que el código pretende ser universal y es fruto de un contexto internacional determinado en el que surge y perfecciona: el tráfico ilícito de bienes culturales, la expoliación patrimonial del Tercer Mundo, la restitución de patrimonio a las comunidades indígenas en América del Norte, etcétera; por eso, aunque sea difícil, queremos exponer algunos puntos de vista comunes, como posible camino a un acuerdo necesario:

1. El patrimonio de zonas culturalmente próximas debería ser un lazo de unión y de cooperación por encima de propiedades y situaciones coyunturales de disputa. Es accesorio (aunque debe tenerse en cuenta) saber de quién es cada cosa, pues parece más positivo pensar qué podemos hacer para difundir, conservar y comunicar mejor el patrimonio cultural. En todo caso, no hay que olvidar que los bienes en liza son de la Iglesia católica, y en su origen no eran propiedad ni de Aragón ni de Cataluña, sino de las parroquias de la Franja, por lo que seguramente lo más apropiado sería que estas piezas no estuvieran en museos de Barbastro ni de Lleida, sino en las parroquias para las que fueron creadas o algún otro emplazamiento situado propiamente en la Franja. No parece del todo mal encaminada la propuesta consensuada por parte de los respectivos gobiernos autónomos, de establecer un patronato de gestión común de estos bienes. Ahora bien, llama la atención que en aquella propuesta de acuerdo se especificase puntillosamente qué cargos e instancias quedarían representados en dicho patronato con voz y / o voto; pero entre los cuales no había ningún representante de los ciudadanos o asociaciones de la Franja.

2. Los generosos gastos que ambos gobiernos están realizando en beneficio de dichos museos, no deberían hacerse en mera competición a ver quién ofrece mejor escaparate para así reclamar con más fuerza los bienes en litigio. En general, a la hora de invertir dinero público en patrimonio (edificado y mueble) propiedad de la Iglesia o de cualquier entidad privada, debería preservarse la propiedad de la inversión y la reversibilidad de ésta respecto a la administración que la realiza. No deberían ofrecerse tantas inversiones públicas sin contrapartidas en la propiedad y / o gestión de las instituciones y colecciones favorecidas por las mismas. En Cataluña y Aragón se han emprendido en los últimos años grandes reformas de los museos diocesanos y otros enclaves del patrimonio eclesiástico a costa de los presupuestos públicos, tanto en la infraestructura como en la gestión, mientras que los obispados, en la mayoría de los casos, desempeñan la dirección de los centros resultantes sin aportaciones económicas significativas para su mantenimiento, e imponiendo condiciones de acceso al público que cargan precios de entrada, a menudo sin las rebajas y gratuidades de las que deberían beneficiarse colectivos profesionales y sociales que normalmente las disfrutan en los museos públicos.

3. La polémica sobre los bienes de las parroquias de la Franja puede ser positiva si hace que aragoneses y catalanes sean más amantes del patrimonio artístico, incitándoles a valorar y visitar los muchos museos, exposiciones, y bienes culturales de su entorno. Pero desgraciadamente, más bien está eclipsando la atención sobre muchos otros lugares patrimoniales, incluyendo museos públicos en situación de penuria, o que sólo reciben grandes inversiones para su construcción o reforma, y entran inmediatamente después en crisis para su mantenimiento cotidiano. Si el patrimonio en litigio es importante, el patrimonio que conservan los actuales museos de las respectivas comunidades también lo es; por tanto, deben recibir el mismo apoyo que los dos centros en cuestión. Muchas veces discutimos y gastamos energías profesionales en contiendas inútiles, que no producen ningún efecto beneficioso respecto el patrimonio. En el caso que nos ocupa, los profesionales deberíamos vigilar más para que las inversiones en equipamientos museísticos que se realizan contasen con las garantías necesarias para una gestión pública y sostenible de los equipamientos en cuestión y del patrimonio que quieren conservar y difundir.

4. Por último, y como posible vía de solución, podemos aceptar el criterio de que compartir patrimonio y colecciones entre diversos centros puede ser positivo, y aunque somos conscientes de que también generará algunos problemas (conservación, gestión, recursos, etcétera), en la situación de bloqueo actual quizá podría intentarse. Existen precedentes, como el litigio que (incentivado por enfrentamientos políticos) opuso durante años ante los tribunales a la Tate Gallery de Londres y el Museo Municipal de Arte de Dublín por el legado de Hugh Lane: años después de la independencia de Irlanda se llegó a un acuerdo por el cual ambos museos se repartieron esa colección de pinturas impresionistas, y quedaron algunas piezas en rotación cada seis años entre las dos instituciones. Evidentemente, para llegar a una solución sobre repartos deben tenerse en cuenta estudios técnicos sobre cómo salieron las obras en litigio de las parroquias de la Franja (no es lo mismo que fuesen trasladadas por las autoridades eclesiásticas, o que éstas las adquiriesen en compra venta).

El ambiente de crispación actual no conducirá a nada positivo, los ánimos deben serenarse y se deben tender puentes de diálogo entre las partes en conflicto, especialmente dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero como todo lo celestial tiene consecuencias terrenales, debemos instar a los diferentes bandos en liza a ceder algo en sus expectativas, ya que todos debemos velar por el patrimonio cultural y pensar, en última instancia, en lo que es más positivo para la sociedad, los ciudadanos y el territorio de la Franja: el disfrute y la conservación integral del patrimonio por encima de la propiedad material y perecedera de los seres humanos.

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Código deontológico:

El Código Deontológico del ICOM, en el capítulo 6, Los museos trabajan en estrecha cooperación con las comunidades de las que provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que prestan servicios, dice:

Principio. Las colecciones de un museo son una expresión del patrimonio cultural y natural de las comunidades de las que proceden y, por consiguiente, no sólo rebasan las características de la mera propiedad ordinaria, sino que además pueden tener afinidades muy sólidas con las identidades nacionales, regionales, locales, étnicas, religiosas o políticas. Es importante, por tanto, que la política del museo tenga en cuenta esta posibilidad.

Origen de las colecciones: Cooperación.Los museos deben promover el aprovechamiento compartido de conocimientos, documentos y colecciones con los museos y organismos culturales de los países de procedencia de éstas. Se deben examinar las posibilidades de crear asociaciones con los países o regiones que han perdido una parte considerable de su patrimonio.

Devolución de bienes culturales. Los museos deben estar dispuestos a entablar un diálogo con vistas a la devolución de un bien cultural al país o comunidad de procedencia. Esto se debe hacer de manera imparcial, basándose no sólo en principios científicos, profesionales y humanitarios, sino también en las legislaciones locales, nacionales o internacionales aplicables, que han de preferirse a las acciones en el plano gubernamental o político.

Restitución de bienes culturales. Si un país o una comunidad de las que proceden objetos o especímenes piden su restitución y se puede probar no sólo que éstos han sido exportados o transferidos de otra manera, en violación de los principios de los convenios internacionales y nacionales, sino que además forman parte del patrimonio cultural o natural del país o la comunidad peticionarios, el museo interesado debe tomar las medidas rápidas pertinentes para cooperar en su devolución, si tiene la posibilidad legal de hacerlo. (http://icom.museum/ethics_spa.html)

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2005, los primeros elaborados por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, arroja un balance para la Comunidad Autónoma de un 26% menos de inversión respecto a lo previsto para el ejercicio actual. Los presupuestos de 2004 establecen una inversión de 941,6 millones de euros (3,8 atribuibles a las obras del AVE MadridZaragoza-Lérida), mientras que las cuentas del Ejecutivo socialista para 2005, presentadas ayer en el Congreso por el ministro de Economía, Pedro Solbes, dejan esa cifra en 698 millones.

De hecho, la inversión que se prevé acometer en 2005 es inferior a la que se estipuló en los presupuestos de 2003. En ese ejercicio la cifra fue de 931,8 millones de euros, 2,6 de ellos correspondientes a las obras del AVE Madrid-Zaragoza-Lérida. Incluso la comparación es claramente negativa con respecto a 2002. En esa campaña, Aragón recibió presupuestariamente 1.510,8 millones de inversión. Si se restan los 678,8 que pertenecían a obras del corredor de alta velocidad, queda un saldo de 832 millones, lo que es un 16,2% más que lo previsto para 2005. A pesar de estos datos, el Gobierno central se escudó en la finalización del AVE para explicar el recorte presupuestario.

Porcentualmente, el recorte que va a sufrir la Comunidad es el mayor del conjunto del Estado por detrás del de Navarra (45%) y Melilla (39,3%). La Comunidad de Madrid experimenta uno similar (25,6%). Por detrás, dentro también del grupo de Autonomías que pierden peso, figuran Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. En el lado contrario, destacan los crecimientos en Cantabria (58% más respecto a 2004), Galicia (20,38%), Extremadura (18,92%) Andalucía (17,87%) y Ceuta (18,38%).
Compromisos sin partidas

Los presupuestos de 2005 recogen muchas de las promesas electorales realizadas por el PSOE, pero las partidas que se les asigna o las previsiones plurianuales que se contemplan reducen esa aparición a mero testimonio. En todo caso, las planificaciones que se deducen arrojan lejanos finales de obras para infraestructuras muy demandadas. El ejemplo más evidente es el recrecimiento del embalse de Yesa, cuyo año estimado de culminación es ahora 2011. Esa realidad se refleja en el descenso de la inversión directa de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente (los de mayor carga inversora), que es del 7% y 32,5%, respectivamente.

Por lo que respecta al ferrocarril, destaca el freno al Canfranc, que pasa de 6,8 millones a 0,5. Aparece tímidamente el corredor de velocidad alta Mediterráneo-Cantábrico y sólo progresa la alta velocidad Zaragoza-Teruel.

En carreteras, el grueso de la inversión vuelve a ser para el eje Somport-Sagunto, que representa el 80% de todo el dinero destinado a crear nuevas vías. En la autovía Pamplona-Huesca-Lérida sólo avanza la variante de Monzón. El resto de tramos aparecen con consignaciones exiguas y en los que van de Ponzano a El Pueyo sólo figuran 200.000 euros.

Los desdoblamientos de la N-II y la N-232 (Mallén-Figueruelas) se recogen, pero las obras no se prevén antes de 2008. Las variante de El Burgo y Fuentes de Ebro están bien consignadas (sobre todo la segunda), como la autovía Cuenca-Teruel (2,8 millones). El PSOE descarta la mejora de la N232 entre Ráfales y la provincia de Castellón y la autovía Daroca-Calatayud. Además, no recoge en sus presupuestos el cierre del Cuarto Cinturón ni el puente del Tercer Milenio de Zaragoza.