Cuando supe lo que había hecho  Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un gesto tan insólito, tan audaz, tan temerario, que podía escribir con seguridad: he ahí un comportamiento heroico. Acostumbrados a que sin espectáculo no hay heroísmo, ¿cómo definir la honradez y la dignidad, en un entorno de silencio y vacío? Un idiota, con suerte y un móvil, está en condiciones de alcanzar ese momento de gloria que le consentirá vivir, y cojonudamente, a costa de la memez social. Es decir, que el principio de la autenticidad de una denuncia podría reducirse a algo tan sencillo y tan arriesgado como atreverse a decir que no, y que nadie, salvo los propios denunciados, se enteren.

Eso es exactamente lo que hizo Yves Díaz de Villegas en Santander hace apenas un mes, para pasmo de nadie, puesto que los que nos enteramos ha sido por casualidad.

A los 36 años, Yves Díaz de Villegas, hijo de un catedrático de caminos de la Universidad de Cantabria, ingeniero él mismo, había conseguido una de esas canonjías para toda la vida que acaban, por poco talento que se tenga y con la ayuda de hacer la vista gorda, aportando una fortunita. Los empresarios de Cantabria, respetuosos con las formas después de muchos avatares habían encargado a una sociedad independiente que les buscara un secretario general para la CEOE-Cepyme de la región. Y así apareció Yves Díaz de Villegas. Un currículo impecable.

Pero hete aquí que después de tres años contemplando lo que cualquier ciudadano español sufre cada vez que abre el periódico, y en verdad os digo que entre la realidad y lo que trascriben media un abismo, un día, exactamente el 22 de febrero, hizo llegar a los miembros de la junta directiva de la CEOE-Cepyme de Cantabria una carta en la que se denuncia los amaños, colusiones, trampas y desfalcos variados que lleva perpetrando con absoluta impunidad el representante de los empresarios, por buen nombre Miguel Mirones, hostelero y constructor, con amplio historial, incluida quiebra fraudulenta. No deja de ser llamativa la tendencia que tienen los empresarios españoles por darse representantes gremiales que bordean la delincuencia, al mismo tiempo que se muestran intransigentes hacia cualquier comparación entre ellos y la clase política. Deberían hacérselo mirar y pensárselo un poco antes de sacar pecho. Cuando las sociedades son corruptas, no se libran ni las monjas de clausura, y si no que se lo pregunten a las hermanitas del convento zaragozano de Santa Lucía.

Lo más expresivo, desde el punto de vista teatral y literario, es la reacción de la junta directiva ante la carta de denuncia – 12 folios implacables-.”¡Eso, joven ingeniero, no se puede afirmar sin pruebas!”. Momento en el que, me aseguran, el tal Díaz de Villegas pidió permiso para ausentarse, que le fue concedido, y volvió arrastrando una maleta con ruedas y dijo: “Aquí están las pruebas”. Como en una comedia de Molière, todos saltaron y gritaron: “no se le ocurra abrirla. Vaya compromiso. Que se haga cargo una auditoría interna”.

Y la auditoría, por más interna que fuera, no pudo menos que encontrarse con tal cantidad de irregularidades que aún hoy siguen sorprendiendo a los escasos interesados en el tema. Tratándose de personas de notoriedad cabría pensar que los diarios, los partidos y, cómo no, los sindicatos, pusieran el grito en el cielo. Quizá en el cielo sí, pero en la tierra no. Un silencio espeso, lleno de incidentes dignos de Berlanga y Dashiell Hammet, ha cubierto el caso. Apenas un escandalillo provinciano, hasta que lo entierren los tribunales. Muchos jueces españoles deberían ser nombrados presidentes honorarios de Pompas Fúnebres. ¡Nadie como ellos entierra los delitos con tal riqueza retórica!

Si arañamos un poco, descubrimos que nuestros estados se suponen erigidos sobre los restos de sus héroes patrióticos – una falsedad manifiesta-,mientras que nuestras sociedades llevan pasablemente y sin mayores tormentos el estar dirigidas por gentes con querencias mafiosas. La dosis Berlusconi. ¿Qué proporción de Berlusconi tienen nuestros dirigentes? No son Berlusconi, por supuesto, pero esa inclinación, esa pasión fatal por el poder, si es posible, absoluto, ¿quién está libre de ella? Nadie sale del poder por voluntad propia; en algunos casos le echan, en otras no puede seguir, y en casi todas se van con la convicción profunda e inconfesa de volver. Tiempos espesos los nuestros, ahora que al pensamiento se le denomina “líquido”.

¿Cuántas dosis de berlusconismo tienen nuestros dirigentes? Hagan la lista. Desdeñen lo de las velinas porque eso es carnaza para cándidos. El sexo en política no es más que un aditamento del poder. Para no ponerme a pisar huevos, valga la expresión, y huyendo de la actualidad, bastaría el apasionante caso de Mitterrand, ese modelo de político para profesionales sin escrúpulos – los profesionales con escrúpulos nunca alcanzan la categoría de profesionales-y concluir que la doble o la triple vida nos ayuda, con el tiempo, a asimilar lo mucho que gusta a la gente la total ausencia de valor.

Pero ¿qué es un héroe en nuestro tiempo? Aquel que osa decir que no y que se niega a ser cómplice. A esto hemos llegado. Reconocerán que desde Homero hasta acá media un trecho que no favorece al entusiasmo. Si un ingeniero de Santander es capaz de asumir su responsabilidad como profesional, y como ciudadano, para denunciar a unos empresarios corruptos, y en solitario, estamos ante un callejón. Todos esos instrumentos de los que aseguran se ha dotado la sociedad para defenderla de los abusos, llámense partidos, sindicatos, medios de comunicación… no valen un carajo si no es para asegurar el condumio de los suyos. De donde cabría deducir que hay que volver a empezar, y que esas supuestas instituciones que no están muertas, sino moribundas – es decir, que sobreviven porque cobran-,habría que ir pensando en transformarlas, y que en situaciones tan peculiares como las que vivimos no hay otra opción que reivindicar el valor de la gente que dice no, los individuos que dicen no, y sobre todo aquellos que osan hacerlo en la sórdida soledad de su provincia, de su pueblo, de su trabajo.

Una situación como la nuestra, donde la única posibilidad de protesta y denuncia no la encabezan más que escasos individuos y ninguna organización, se vivió hace siglos y se conoce con el nombre de Ilustración o Iluminismo, pero no tiene nada que ver. Porque entonces  aún existía la servidumbre legal, pero ahora nos domina la servidumbre social, esa invención magnífica y rentabilísima, según la cual, decir que nos están tomando el pelo, y que además nos lo venden (nuestro pelo) constituye una falta de respeto a lo políticamente correcto.

Ya que se empeñan, volveremos hacia atrás, y por tanto volveremos a la muerte como venganza, y al papel del individuo frente a la injusticia. Han conseguido liquidar las organizaciones, las han corrompido tanto que no sirven para nada que no sea mantener los privilegios. No se puede impunemente burlarse de todo el mundo, extorsionarle, y luego, encima, hacerle pagar los intereses. Como veo que esto acabará explotando, y que los tertulianos harán goyerías para divertir al personal, deberíamos estar muy atentos y muy sensibles ante gestos como el de Yves Díaz de Villegas y su negativa a ser cómplice de la corrupción. Sólo ejemplos como él podrán salvarnos de la quema, porque las cosas se están poniendo muy duras, tanto, como llegar a optar entre Sicilia o el Erial. Porque el Erial no es Sicilia, pero Sicilia son ellos.

Siento respeto, pero también piedad, por Yves Díez de Villegas, como lo sentí hace ya algún tiempo por aquel ingeniero asturiano, Francisco Redondo, que dijo no a una contratación irregular en la administración y pagó por ello. Esos son los héroes contemporáneos de una sociedad que se empeña en considerar heroico el trabajo magníficamente pagado de cualquier cantamañanas. La autocensura me impide poner nombres.

A lo largo del mes de agosto han venido sucediéndose las noticias sobre un conflicto pesquero entre Cantabria y el País Vasco. En lo dicho por unos y por otros se echa de menos algún dato referente a la legalidad aplicable. Al fin y al cabo, más allá de las cuestiones técnicas o de los intereses afectados, se trata de una actuación de los poderes públicos.

Es una lástima que circulen conceptos como «veto a los pesqueros cántabros en las aguas interiores vascas» (EL CORREO, 23-8-08) sin que ninguno de los actores intervinientes se tome la molestia, al parecer, de explicar lo que sucede y de demostrar que, como es de esperar, la actuación de la Administración autonómica está plenamente ajustada a la ley y al derecho… o todo lo contrario, en su caso.

Que los consejeros responsables de Agricultura y Pesca de las comunidades limítrofes «vayan de la mano» siempre es positivo. Que las cofradías respectivas intercambien todo tipo de conversaciones, también. Pero lo esencial será que la Administración, cuando actúe, lo haga de un modo transparente, comprensible, eficaz y ajustado al ordenamiento jurídico (Art.103.1 de la Constitución española).

En este sentido, alguna explicación habrá de ofrecerse a la opinión pública por parte de ‘quien corresponda’ diferente a la reiteradamente aparecida sobre un hipotético «veto a los pesqueros de Cantabria en aguas interiores vascas», porque semejante cosa, dicha así, no resulta aceptable desde el punto de vista legal ni moral y por eso mismo es tan llamativa (o demagógica).

Habría que explicar, por ejemplo, que cuando hablamos de las ‘aguas interiores’ estamos refiriéndonos a la finísima franja de agua comprendida entre la línea de bajamar real y la llamada línea de base recta (definidas para todo el territorio nacional en el Real Decreto 2510/1977 de 5 de agosto) a partir de la cual se comienza a medir el mar territorial (de 12 millas). Más allá de tan escuetos límites no hay ‘aguas vascas’ ni ‘aguas cántabras’ sino ‘mar territorial español’ y después de éste viene la ‘zona económica exclusiva’ (hasta las 300 millas) que ya ni siquiera es objeto de la soberanía nacional.

Esta franja costera de anchura variable, aunque breve en todo caso, queda en efecto bajo la competencia exclusiva de las comunidades autónomas ribereñas, que ejercerán en ella la ordenación pesquera, tal y como establece el artículo 148.1-11 de la Constitución española y consecuentemente el artículo 10.10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en cuyo desarrollo se aprobó la Ley 6/1998 de 13 de marzo, de Pesca Marítima.

Esta ley, similar a su correspondiente norma estatal (Ley 3/2001 de 23 de marzo, de Pesca Marítima) pretende una explotación adecuada y racional de los caladeros que sea compatible con la conservación de los ecosistemas marinos, para lo que determina (Art.11) que el Gobierno vasco podrá adoptar medidas tendentes a la fijación total del número de embarcaciones que puedan faenar, así como reglamentar el empleo de las diversas artes de pesca, los períodos y vedas, los tamaños mínimos, etcétera.
Dicho de otro modo. Que, sin que quepa efectuar por ello reproche alguno, la administración responsable deberá atender al interés general (protección de los recursos naturales y del ecosistema) controlando y limitando el esfuerzo pesquero en las zonas que le correspondan. Nada puede, entonces, oponerse a algún tipo de disposición normativa o de actuación administrativa en ese sentido. Nada. ¡en principio! pues, como ocurre con tantas otras cosas, la razón que se tenga sobre el ‘qué’ puede llegar a perderse a través del ‘cómo’.

En efecto, cualquier medida administrativa limitativa de los derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares (como es, por ejemplo, la retirada de las licencias de pesca profesional en determinadas zonas) debe llevarse a cabo a través de una resolución motivada «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho» (Art. 54 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Huelga decir que tal resolución deberá ser, además, escrita y pública.

Si todo esto se ha cumplido en el presente caso, como cabe esperar, alguien debería darlo a conocer (en la página web del Gobierno vasco, desde luego, no aparece reseña alguna) y de ese modo ‘desfacer el entuerto’ que supone contemplar cómo aparentemente las medidas que se adoptan para la protección de medio ambiente marino en las costas de Vizcaya son de aplicación ‘a los de fuera’ pero no ‘a los de aquí’.
Las empresas son por naturaleza competitivas, incluidas las dedicadas a la pesca. Los pescadores, como todos los demás, deberían actuar en el ejercicio de su profesión guiados por una clara conciencia ecológica, pero la conciencia es algo deseable, no exigible. Las cofradías, a pesar de su (arcaica) consideración como corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, no son en realidad otra cosa que patronales de las que no cabe esperar un comportamiento propio de ONG. Las cofradías persiguen su particular interés, ni más ni menos.

La defensa de los intereses generales recae, para bien o para mal, en los hombros de la Administración. Son los gobiernos (cántabro y vasco en este caso) los obligados a realizar el interés general, no los intereses de ‘los suyos’. Que los pescadores, profesionales o aficionados, si no se pusiera coto a su actividad, esquilmarían el mar es evidente. Que las medidas para evitarlo deben ser, además de eficaces, justas y no discriminatorias, también.