“Nuestras vidas son los ríos…”. Eso escribió Jorge Manrique en sus celebérrimas Coplas a la muerte de su padre durante sus correrías por las tierras de Castilla La Nueva, que hoy se llaman Castilla-La Mancha. Él le daba un sentido metafórico, pero la frase es literalmente verdad: nuestra vida depende de los ríos, del agua; sin ella, todo es desierto.

Por eso, cuando ya en 2004, planteé la necesidad de reformar nuestro Estatuto de Autonomía, vinculé esa reforma al agua, a la necesidad de acabar con un agravio histórico, porque siempre la planificación hidrológica nacional se había hecho sin contar con nosotros, sin pensar en nuestras necesidades, como si estas tierras y sus habitantes no existiéramos.

El ejemplo más evidente es el trasvase Tajo-Segura. Llevarse el agua de aquí para entregarla en otro sitio, lo que ocasionaba el éxodo de las personas hacia los lugares en los que se planificaba el desarrollo. Por políticas así, Madrid se convirtió en una gran ciudad rodeada de un desierto. Esto me lleva a algunas consideraciones: ¿El modelo territorial que queremos para España es el de una periferia superpoblada y completamente urbanizada y un interior desértico con el oasis de Madrid? ¿El desarrollo rural que deseamos pasa por impedir el mantenimiento de la población en nuestros pueblos?

La Castilla polvorienta de Machado, La Mancha que significa “La Seca”, no forma parte de la España húmeda. La escasez de agua es un factor limitante del desarrollo, y ahora que la región crece en población y aumenta sus empresas e industrias, y los agricultores plantean sus legítimos deseos de ampliar sus regadíos, nosotros queremos utilizar también el agua.

Hasta ahora se han tramitado diversas reformas estatutarias y en todas ellas se ha hablado de agua. Sin embargo, al tratarse de nuestro Estatuto, se ha planteado que el agua debería desaparecer del texto. ¿Por qué precisamente ahora tanta supuesta coherencia estatal y tanta apelación a la Constitución para evitar que se hable del agua en nuestro Estatuto? No comprendo la doble vara de medir y no me parece aceptable que se diga una cosa aquí (en las Cortes de Castilla-La Mancha) y la contraria en otros sitios (en Murcia y en el Congreso). Quiero recordar que la propuesta de reforma del Estatuto fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en las que sólo están PSOE y PP. Quiero recordar que la señora De Cospedal votó a favor en Toledo, pero luego no se atrevió a defenderlo en la tribuna del Congreso en el debate de su toma en consideración, tal vez porque ya su condición de secretaria general del PP nacional se lo impedía o porque, como han demostrado, en ese partido, en los temas del agua, mandan Camps y Valcárcel.

El apoyo del PP para aprobar el Estatuto es imprescindible porque, al tratarse de una ley orgánica, necesita de una mayoría absoluta de la que no dispone el PSOE por sí solo. Hemos negociado durante dos años hasta el último minuto. Hemos flexibilizado nuestra postura, desde exigir la caducidad del trasvase hasta establecer una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos, creyendo que al haber sido aprobada esa fórmula ya en el Estatuto de Aragón no habría problemas. Pero nos hemos encontrado con que el compromiso, la palabra y el voto de la señora Cospedal ha sido papel mojado. Mojado como el agua que nos niega.

Cuando los lectores de este diario vean estas líneas se habrá producido un hecho objetivo.

En el Parlamento de Castilla-La Mancha, el presidente de la Junta de la Comunidad y secretario general del PSOE castellano manchego, José María Barreda -el mismo que recomendó a José Luis Rodríguez Zapatero cambiar su Gobierno y reducir los ministerios y que, tres días más tarde, votaba en contra de cambiar su propio Gobierno y reducir tres consejerías- habrá votado para que se retire el Estatuto de Castilla-La Mancha; mientras, el Partido Popular y yo misma habremos votado para que se apruebe.

Ese es un hecho, no una opinión. Él votará para que ya no se tramite el Estatuto y nosotros habremos votado a favor de que el Estatuto se mantenga en el Congreso de los Diputados y se apruebe. Es fácil extraer la conclusión: nosotros queremos que el Estatuto se apruebe y José María Barreda, no. Él sabrá por qué.

Pero, lejos de asumir su propio fracaso, José María Barreda viene hoy, en este mismo periódico, a echar las culpas al PP y, en concreto, a la que suscribe, en otro ejercicio de irresponsabilidad y de totalitarismo propio del que lleva 29 años (¡!) en un gobierno autonómico.

Me da pena por muchos votantes socialistas de mi tierra que confiaron en él y ahora les ha engañado. José María Barreda hablará de traiciones, de contradicciones, pero la única verdad es que él ha renunciado a garantizar 4.000 hectómetros cúbicos de agua para Castilla-La Mancha y a que el resto del agua se siga llevando a donde se necesite.

La propuesta del Partido Popular tiene la fortaleza de apoyarse en una postura nacional en materia de agua y un discurso válido en todo el país.

El PSOE tiene mayoría suficiente para aprobar el proyecto de Estatuto en el Congreso de los Diputados.

¿Por qué entonces José María Barreda echa la culpa a los demás? Él habla de sometimiento a otras comunidades o culpa a la oposición.

¿Acaso no ha oído lo que opinan la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, advirtiendo a José María Barreda de que tenía que buscar el consenso para que se aprobara el Estatuto de Castilla-La Mancha?

Lo que demuestra Barreda es su extrema debilidad porque es el único presidente de una Comunidad Autónoma que ha retirado su Estatuto después de llevarlo al Congreso.

Nosotros, en cambio, hemos presentado una gran propuesta, que fue aplaudida por muchos socialistas responsables. Y Barreda dijo que no. Y ni siquiera fue capaz de venir al Congreso de los Diputados a buscar un acuerdo. Esa es la verdad.

Lo único que me cabe decir, finalmente, es que dentro de un año, cuando yo sea presidenta de Castilla-La Mancha -si los ciudadanos así lo deciden-, aprobaré el Estatuto de autonomía por consenso. Atrás quedará un gobierno de 30 años que nunca supo resolver el problema del agua en Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, afirmó recientemente: «Murcia no puede pretender crecer con un recurso lejano y ajeno». Se refería al agua, un recurso productivo que los regantes castellanomanchegos y madrileños han vendido -no se trata de transferencias gratuitas- a los regantes levantinos, a beneficio de ambas partes, durante los últimos 30 años.

Las palabras de Barreda recuerdan a las habituales proclamas de los separatistas y nacionalistas catalanes, que argumentan que el resto de España -y, en particular, sus regiones menos desarrolladas- crece y se desarrolla gracias a un recurso lejano y ajeno que se trasvasa desde Cataluña: el dinero. Esta lógica se sustenta en el discurso de los territorios y de las balanzas territoriales, y lleva en última instancia a defender que los castellanomanchegos tengan la sanidad, la educación y la sanidad que se puedan permitir con el dinero que recauden en su territorio. A muchos españoles esa lógica nos parece antigua y empobrecedora.

Con su proyecto de Estatuto de Autonomía, Barreda ha adoptado esta lógica territorial y pretende acabar con el Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha funcionado razonablemente bien con los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y José María Aznar.

El problema de Barreda es que ese discurso político puede volverse peligrosamente en contra de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una región que recibe abundantes y copiosos trasvases del resto de España.

A través del sistema de financiación autonómica, Castilla-La Mancha recibe cada año trasvases financieros muy superiores a su recaudación. La educación, la sanidad, los servicios sociales y muchos otros servicios públicos que reciben los castellano-manchegos son sufragados en parte con los recursos generados por otros ciudadanos españoles, trasvasados a Castilla-La Mancha.

Las cotizaciones sociales generadas en esta comunidad son notablemente inferiores a las pensiones que reciben los jubilados de la región. El déficit se cubre con trasvases financieros anuales procedentes de otras regiones españolas.

La sanidad madrileña atiende de forma gratuita a decenas de miles de castellanomanchegos todos los años.

La agricultura manchega recibe cada año trasvases millonarios de recursos financieros a través de la PAC, que hacen viables muchas explotaciones de la comunidad. Ese dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes, incluidos los agricultores levantinos, cuyas explotaciones no reciben subvenciones de la PAC. Con buen criterio, ninguna asociación agraria levantina ha afirmado que Castilla-La Mancha pretende sustentar su agricultura en unos recursos lejanos y ajenos trasvasados en forma de subvenciones agrarias.

La quiebra de Caja-Castilla La Mancha a manos de un negligente equipo directivo nombrado y tutelado por el socialista Barreda ha generado un agujero patrimonial de entre 1.000 y 2.500 millones de euros, que se va a tapar con un trasvase multimillonario desde el resto de España.

El discurso del trasvasismo asimétrico esgrimido por Barreda, además de ser inconstitucional y asimilable al de los nacionalistas más radicales, como el político catalán de ICV que lanzó en julio de 2008 la lamentable iniciativa de «apadrinar un niño extremeño» porque no les basta «el 8,7% del PIB catalán», es potencialmente contraproducente para Castilla-La Mancha.

Así lo ha advertido el presidente del Gobierno regional de Extremadura, también socialista. Fernández Vara ha dejado claro que, con planteamientos como el de Barreda, las regiones españolas que reciben la solidaridad del resto de España corren el riesgo de acabar dando la razón a los nacionalistas y separatistas, a través de una quiebra del sistema de solidaridad interterritorial. Agua para hoy, y hambre para mañana.

Lo más sensato es, sin duda, devolver el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha al terreno de la constitucionalidad y de la sensatez. Hablemos de construir nuevas infraestructuras de transporte del agua para esta región y para el resto de España, de un mercado nacional del agua abierto a todos. Ganaremos con ello todos los españoles, incluidos nuestros queridos compatriotas castellanomanchegos.

Tomo prestado el título de la novela de Carlos Fuentes, ese gran habitante del territorio de La Mancha, según definición propia, porque en Castilla-La Mancha queremos seguir impulsando la transparencia.

Por eso, presentaremos en las Cortes una Ley de Transparencia y Buen Gobierno que complemente las prácticas que ya nos hemos impuesto hace algunos años.

Pero merecen la pena algunas reflexiones que enmarcan este propósito. El vocablo transparencia, que no formaba parte del lenguaje político tradicional, se ha convertido en un concepto de uso frecuente. Su evocación positiva es evidente. Sin embargo, su manejo abusivo conlleva el riesgo de banalización, sin incidencia política y administrativa. Conviene, pues, ubicarlo en su específica historia para mantener su sentido originario.

Si vinculamos transparencia a la elemental idea de pulcritud y publicidad en el uso del poder, habría que señalar que la democracia estadounidense fue pionera en librar de reservas y secretos a los actos de gobierno. En esa línea ha habido retrocesos y avances, como muestra que Obama restableciera la publicidad de la agenda presidencial que Carter había implantado y que Bush escamoteó. En España, estos días hemos leído que la Casa Real ha comenzado a hacer pública la agenda.

La experiencia de Gorbachov revela la fuerza subversiva que la transparencia tiene frente a los poderes que necesitan la oscuridad. El presidente de la URSS puso de moda la glasnot, cuya traducción se corresponde con transparencia y publicidad; y, si bien no culminó con éxito su proyecto democratizador (la famosa perestroika), su glasnot operó como un poderoso disolvente de aquella dictadura. Los dictadores, como el príncipe de las tinieblas, no aguantan la luz del día.

El derecho a la transparencia se vincula a la calidad de la democracia y a la lucha contra la corrupción. Pero, que ésta haga buena pareja con las dictaduras no libra de su influjo a la propia democracia.

No resulta extraño que la ONG Transparencia Internacional tenga, entre sus actividades más reseñables, la elaboración de Índices de transparencia en sus informes sobre la corrupción, en los que destaca la correlación existente entre ésta y la baja calidad democrática de las instituciones, incluidos los partidos políticos.

La falta de publicidad, el oscurantismo, favorecen las conexiones ilícitas en las que prolifera la corrupción. La falta de participación ciudadana, privada de información útil y saturada de eslóganes, favorece el enquistamiento de los grupos de poder y las redes clientelares en las que se agotan los impulsos democratizadores.

Por eso, alarma que una Audiencia pueda condenar a periodistas por informar verazmente sobre datos que no deben ni pueden ampararse en el secreto; datos que revelan cómo la corrupción compromete la democracia cuando en los partidos se forman quistes malignos insertos en el funcionamiento de las instituciones.

Desde ámbitos doctrinales, en un afán de entronizar la transparencia frente a las deficiencias del sistema democrático, se ha llegado a proponer que el gobierno y la administración que éste dirige se conviertan en una casa de cristal. La metáfora tiene su fuerza: todo ha de estar a la vista de la ciudadanía. Quizá en el alcance de la propuesta radique también su debilidad. Por una parte, porque puede quedar afectada por el síndrome del licenciado Vidrieras, que, salvo dictar juicios sobre todo, no hacía nada por temor a romperse; y, por otra, porque no se puede encontrar en la transparencia el bálsamo de Fierabrás, sanador de todas y cada una de las patologías de nuestro sistema democrático.

Por esa senda totalizadora caminaríamos al mismo tiempo por todas direcciones y no llegaríamos, quizás, a ninguna parte. La clave es buscar, a través de la práctica de la transparencia, una conexión del gobierno con la ciudadanía a cuyos intereses sirve y cuya participación ha de promover para hacerlos realidad. Sólo es posible el todo por el pueblo si se logra contar con el pueblo. El despotismo nunca es ilustrado.

De la metáfora de la casa de cristal tomaría un aspecto que poco destaca su doctrina: la transparencia de esas paredes vidriadas no sólo permiten que te vean, sino que también permiten ver desde dentro lo que sucede fuera de los despachos del poder y las oficinas administrativas. Si la voluntad es de servicio público, la transparencia ayuda a poner en práctica el principio de la cercanía entre gobernantes y gobernados.

Sin transparencia y sin cercanía no hubiéramos podido gobernar en Castilla-La Mancha desde 1983, porque, entre otras cosas, nunca ejercemos el gobierno desde el sectarismo político o ideológico, sino desde el estricto criterio de servicio a los intereses de la Comunidad.

Los castellano-manchegos saben que, en medio de una crisis financiera y económica, lo que más se necesita es un gobierno que no sea sectario, que se enfrente a una realidad tan dura que tiene fuerza para disolver los lazos que dan cohesión social a una comunidad.

Cuando se creó Transparencia Internacional, en mayo de 1993, en Castilla-La Mancha aprobamos la Ley de Transparencia y Control de los Intereses Privados de los Gestores Públicos. Su aplicación significó que los políticos de la Junta pasaban a tener los bolsillos de cristal. Si hubiera de hacerse un balance de aquella medida legislativa, bien puede concluirse que el hecho de que ningún alto cargo del Gobierno haya incurrido en prácticas corruptas no puede ser ajeno a ese acierto normativo y a su aplicación. Es más, tengo para mí, que si en el PP de Castilla-La Mancha están más libres de las tramas corruptas que implican a sus correligionarios de Madrid, Valencia o Baleares es también debido a ese clima que desde el Gobierno y desde la Ley hemos creado frente a la opacidad.

Entonces acertamos a concretar un aspecto donde la transparencia resultaba clave. Ahora valoramos esas virtudes que nos sitúan como la Administración autonómica más transparente: casi todas las decisiones políticas se hacen sobre la base del diálogo social; hacemos públicos todos los planes, las subvenciones y sus beneficiarios, y el contenido de las actas y acuerdos adoptados por las comisiones de ordenación del territorio y urbanismo; rendimos cuentas del grado de ejecución de nuestro presupuesto; los ciudadanos participan en las evaluaciones de impacto ambiental, y todos los altos cargos estamos sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades y hacemos pública nuestra declaración de bienes, rentas y actividades.

Sin duda, la transparencia contribuye a un mejor gobierno y a una administración más eficaz de los intereses públicos. El aspecto esencial de la transparencia es la información. Estamos en un tiempo marcado por una crisis cuya dimensión financiera hace complejo el diagnóstico y el tratamiento, y también la información económica y política. En la convulsión de una economía cuarteada, en la que se agudizan todas las dificultades sociales, se acrecientan también déficits de las instituciones democráticas que se basan en el principio de igualdad de todos los ciudadanos. La información ha de comprometer también a las entidades financieras y no sólo a los poderes públicos, como ha señalado el gobernador del Banco de España.

La transparencia es «el flujo de información de carácter económico, social y político accesible a todos los ciudadanos, para que evalúen lo que les aportan las instituciones y puedan fundar su propia opinión política», como ha escrito Manuel Villoria.

Me inquieta que la información veraz sobre la crisis económica se difumine en el alarmismo interesado de la oposición que juega al cuanto peor, mejor.

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: «Una participación significativa en los procesos democráticos requiere de participantes informados»; salir de la crisis requerirá no sólo la acción decidida y clarificadora de los gobiernos, sino también la de ciudadanos bien informados, no alarmados, no traumatizados por las dificultades.

La clave de la transparencia hoy es satisfacer la necesidad de información útil sobre la crisis y las instituciones públicas y privadas que operan sobre ella para hacerla comprensible a la opinión ciudadana; de este modo, puede lograrse la participación cívica necesaria para superarla.

Reconocer la auténtica dimensión de la crisis es imprescindible; pero ahora ya no basta. En mi ámbito de responsabilidad promuevo la elaboración de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno que pretende plasmar las claves actuales que unen ese principio con el impulso democrático que nos exige la lucha contra la crisis y la necesaria remodelación del sistema productivo, pues las economías que más sufren son las que se han incorporado más tarde al desarrollo. Es el caso de Castilla-La Mancha.

Esta ley articulará el derecho de los ciudadanos a la información y a su participación individual, colectiva e institucional en la toma de decisiones políticas que les afecten. Obligará a todos los gestores y servidores públicos a actuar de forma eficaz, austera, transparente y accesible a todas las personas, por medio de la elaboración de un Código de Ética Pública y evitará que en las decisiones públicas prevalezcan intereses particulares sobre el interés general.

Con ocasión de acudir a las urnas en 2007 por primera vez como candidato a la Presidencia, publiqué Castilla-La Mancha, en el corazón y en la cabeza; en cierto modo, el título del libro era mi tarjeta de presentación. Cuando en 2011 vuelva a presentarme podré decirles: he gobernado estos cuatro años teniendo la cabeza y el corazón puestos en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, y he usado mi corazón y mi cabeza, no para enfrentarme a la oposición, sino para enfrentarme a la realidad.

El titular correcto hubiera sido “Nosotros, ¿con quién estamos?, o mírenos a los ojos, señor Moltó”, pero en verdad que resulta un poco largo y hasta confuso. Vayamos por partes. Desde que empezó esto que dan en llamar crisis, a secas, para la que cada cual tiene su adjetivo preferido, a nosotros, a los que escribimos en los diarios, periodistas por tanto, parece como si nos hubieran ungido con el dedo del espíritu santo financiero, que lo hay, y este hubiera depositado en nosotros todas sus esperanzas. En verdad que todos estamos acojonados, pero los periodistas alcanzamos un grado tan superlativo de acojone, que por eso hacemos creer todo lo contrario. Nunca ha sido tan grande la distancia entre lo que pensamos y lo que escribimos; incluso diría más, nunca ha sido tan evidente la diferencia entre lo que sabemos y lo que contamos. Y por eso la pregunta de “¿nosotros, con quién estamos?” no es más que una formulación retórica. Nosotros estamos con quienes nos pagan, y quienes nos pagan están en crisis, por tanto nuestro deber de empleados es el de disimular la crisis local y magnificar la crisis externa.

Formamos parte del voluntariado del estímulo y la discreción. De algún modo, y casi sin darnos cuenta, nos han colocado a todos en las oficinas de Relaciones Públicas Industriales y Financieras, una entidad con ánimo de lucro y muy sensible últimamente a las debacles de la especulación y del mercado, ay, tan semejantes. Cada mañana nos recitan la jaculatoria del Gran Hermano que nos dice “Bajo esos hombros recios, muchacho, tienes dos manos que escriben para sostener nuestro mundo, no lo olvides”. Y aquí nos tienen haciendo malabares con las palabras y las cifras, auténticos profesionales de la prestidigitación.

Apenas vuelto de Argentina – les amenazo con una serie de artículos porteños-,me he encontrado de bruces con uno de esos tipos que creía desaparecido para mi bien y el de la humanidad, y que respondía al nombre de Juan Pedro Hernández Moltó. Los políticos son un gremio al que en general juzgamos – poco, todo hay que decirlo-y apenas por sus actos, sin embargo, hay un puñado de ellos a los que es inevitable también valorarlos por sus palabras. Hernández Moltó pertenece, en mi clasificación particular, al tipo de canalla despreciable especialista en ensañarse con los vencidos, los derrotados, los juguetes rotos que algún día le habían hablado por encima del hombro y a los que ahora tiene la oportunidad de ver hechos piltrafa. Hernández Moltó pertenece, en mi clasificación particular, al mismo tipo de canalla político que el popular y opusdeísta Martínez Pujalte, o aquel ya retirado en oscuros negocios pero inolvidable, Luis Ramallo, ambos del PP. Los tres comparten las mismas querencias: ejercen de mastines con el perdedor, de babosos ante sus jefes y, cosa significativa, de amistosos colegas con los periodistas del ramo; cultivan a la prensa con la misma atención que sus fortunas.

Nadie que lo haya presenciado podrá olvidar nunca la intervención del diputado socialista Hernández Moltó contra Mariano Rubio, a la sazón director del Banco de España, pillado en el escándalo Ibercorp, y al que llevó a la cárcel el fiscal Bermejo, el ministro furtivo. Ocurría en 1994 y la sesión la pasaron por todas las televisiones. Aún está fija en mi memoria la sensación de estupor y vergüenza ajena que uno sentía al escuchar a aquel energúmeno ejerciendo de inquisidor general, exigiendo con saña y parsimonia a un Mariano Rubio desarbolado, con esa mirada turbia y lejana que producen la medicación y la derrota: “Míreme a los ojos, señor Rubio”. Fue un ejercicio de estriptis mórbido donde Hernández Moltó se iba quitando pieza tras pieza, sin rubor, ante un público estupefacto por el espectáculo del fiscal energúmeno y la miserable víctima asumiendo su papel de saco de boxeo para que se entrenaran los de su partido.

Nos hemos hecho muy viejos y muy pendejos y quizá eso explique que el currículo de Hernández Moltó señale que se trata de “un socialista de toda la vida”, y la verdad es que entró en el PSOE después del congreso de 1976, cuando Franco llevaba tiempo muerto y estábamos en plena transición, y él ya había cumplido de sobra los 25.

Conocí a Mariano Rubio, que sí podía decir que era un socialista antiguo, cuando había que buscarlos con candil, y que sufrió por ello. También supo aprovecharse y acabó siendo uno de aquellos mandarines de la transición, cultos e inanes, insoportables en su vanidad y su petulancia, encantadores de serpientes si había señoras, y con tal alto concepto de sí mismos que decidían sobre el bien y el mal. Pero aquella sesión de casquería del “Míreme a los ojos, señor Rubio” fue demasiado; eso sólo es posible cuando estamos ante un trepa desvergonzado que quiere ganar puntos ante unos jefes tan desvergonzados como él.

Y así fue, sólo que llevaba el marchamo de la incompetencia. Por eso tras varios fracasos políticos, acabó en la sinecura autonómica por excelencia. La caja de ahorros local. ¿Se han dado cuenta de que los poderes autonómicos se concentran en tener una televisión – no hay autonomía sin canal-,una caja de ahorros y una cultura autóctona subvencionada? Los tres poderes. Controlar la información, la banca y la cultura de consumo. Así puedes eternizarte en el poder. No hace falta que dé ejemplos. Por eso me parece conveniente referirse a lo ocurrido en Caja Castilla La Mancha, porque está todo ahí concentrado: nuestras mentiras, nuestros negocios sucios, nuestra economía sumergida y hasta submarina, nuestros políticos y sus familias… Todo, como si se tratara de uno de esos bancos norteamericanos en quiebra, sólo que aquí nadie ha echado todavía las cámaras sobre la casa de Ildefonso Ortega, el principal ejecutivo. Yo todavía no he visto ni una foto suya y eso que es, junto a Hernández Moltó, el principal responsable de que entre los directivos y los consejeros se hayan pulido 2.172 millones de euros el pasado año 2007, que no está mal para una caja sin liquidez.

Me parece importante que los quince consejeros de la caja estén repartidos entre el PSOE y el PP, y no es baladí el que entre los consejeros del PP figure, por más que sea desde hace poco, la pareja sentimental – esa cursilada que se dice ahora para designar al novio o al marido de hecho-de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP – lo contó Celeste López en una página par de este periódico-. De donde cabe deducir que el reparto de las prebendas de la caja debió de hacerse con la debida proporcionalidad para que los dos grandes partidos estuvieran contentos. Amí, por ejemplo, me llamaba la atención que hubiera de reunirse el Gobierno y en domingo, para decidir la intervención. Y es que nadie me había contado que los ilustres consejeros de la caja manchega iban a aprobar este martes los presupuestos del 2008 convenientemente afeitados, para seguir la bola, razón por la que fueron destituidos el mismo lunes. ¿Sabían ustedes que los consejeros de la Caja de Castilla La Mancha se indignaron al enterarse de que habían sido intervenidos? Pero nadie, hasta hoy, se ha presentado en sus casas para pedirles cuentas. Y llegamos entonces a las preguntas del millón. ¿Cómo unos tipos despilfarraron los fondos construyendo un aeropuerto en Ciudad Real, con la intención de venderlo a alguien más idiota que ellos? Pero, eso sí, cuentan con un director de marketing, magníficamente pagado imagino, que no por nada es el marido de la alcaldesa, Rosa Romero, del PP. Y no digamos ya lo del casino manchego, y las ayudas al ladrillo golfo.

¿Y qué decir de los ojos del señor Moltó? Que los debe de tener anegados en lágrimas, pero no de llanto, sino de la risa que la habrá sobrevenido cuando le han recordado que la prestigiosa consultora AT Kearney lo situó el año pasado entre “los doce mejores gestores financieros de España”. ¿Existe la figura delictiva de la estafa informativa? Pues si no existe, deberíamos dedicarnos a la tarea, porque la cosa se está poniendo imposible.