Tema: Los territorios de España en la costa africana son objeto de cíclicas reivindicaciones por Marruecos que afectan negativamente a las relaciones bilaterales hispano-marroquíes.

Resumen: El estatuto de las ciudades, islas y peñones de España en África es problemático, particularmente por lo que hace a las islas y peñones. En general, la posición de España sobre las reivindicaciones territoriales marroquíes ha sido reactiva, por lo que ha cedido la iniciativa siempre a Marruecos. En este ARI se propone que España tome una doble iniciativa: (1) diferenciar los estatutos entre las ciudades, por una parte, y los peñones e islas, por otra, con un desarrollo normativo interno específico para este último bloque de territorios; y (2) involucrar a la UE y eventualmente a Marruecos en la gestión medioambiental de las islas y peñones. De esta forma, la UE podría actuar de factor externo dulcificador de los temas territoriales bilaterales, que son los potencialmente más peligrosos para las complejas relaciones hispano-marroquíes.

Análisis

Una relación bilateral conflictiva, condicionada por la UE

Los incidentes de Agosto de 2010 en la frontera de Melilla[1] –que, junto a otros sucesos, llevaron a la anormal situación de un año sin embajador de Marruecos en Madrid– volvieron a poner de relieve los cíclicos problemas que las posesiones de España en la costa africana provocan en las relaciones con nuestro vecino del sur. Es cierto que las relaciones entre España y Marruecos –dos sociedades muy diferentes culturalmente, con malentendidos y aprensiones colectivas–[2] han sido tradicionalmente conflictivas y complejas, desde la independencia de este país en 1956, con ciclos de mayor o menor cooperación y conflicto. Estos ciclos tendrían como hitos la retrocesión de Tarfaya (1958), el conflicto y retrocesión de Ifni (1969), la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid y retirada española del Sahara (1975-1976), los continuos conflictos de pesca, el Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1991, la crisis de 2001-2003 y la normalización iniciada en 2004, que ha llevado a la existencia hoy de una intensa colaboración bilateral con múltiples grupos de trabajo y comisiones mixtas en muy diferentes ámbitos.

De hecho, la mayoría de los aspectos conflictivos de las relaciones bilaterales han sido mediatizados por la participación de España y Marruecos en la UE, España como miembro desde 1986, Marruecos con un estatuto particular o especial, actualmente “Avanzado”. Esta involucración de la UE en lo que anteriormente eran temas puramente bilaterales –como, por ejemplo, los acuerdos de pesca– ha llevado a una sensible reducción de la conflictividad y, por tanto, ha aportado una mayor estabilidad a las relaciones en muchas temáticas.

Con todo, los temas territoriales permanecen enquistados en lo más profundo de estas relaciones, y pueden provocar –como ocurrió en 2002 con el conflicto de Perejil– una súbita escalada de conflictividad bilateral.

Los territorios en África, diversidad y terminología

España posee títulos jurídicos de soberanía, de diversa naturaleza, sobre determinados territorios en África, y que son objeto de permanente reivindicación marroquí. Se trata de la Ciudad de Ceuta, la Ciudad de Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas.

A estas plazas, islas y peñones se suele unir el cuestionado islote de Perejil/Toura o Leila, cercano a Ceuta. Sin embargo, Perejil debe ser dejado al margen de este análisis territorial, ya que no entra en el conjunto de territorios referidos reivindicados por Marruecos, por entender que la isla o islote forma parte desde 1956 de su territorio. Pero, sobre todo tras los penosos incidentes de 2002, tiene desde ese año un régimen especial de no ocupación, con un nuevo estatuto internacional, al ser ahora reconocido por ambos Estados como un “territorio en disputa”.[3]

Por otra parte, las pretensiones marroquíes repercuten en la ausencia de delimitación de espacios marítimos, en particular en el Estrecho de Gibraltar, al estar la delimitación de estos espacios directamente vinculada a la presencia de las plazas y peñones referidos.

Estos territorios son conocidos bajo categorías y denominaciones diferentes. En realidad, se trata de territorios de muy distinta condición, pues tenemos junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, un peñón integrado en la costa marroquí (Vélez), otro peñón (que en realidad son tres islas en una bahía, Alhucemas) y un conjunto de islas cerca de la costa mediterránea marroquí y argelina (Chafarinas).

Para estas áreas del territorio español, las denominaciones que se utilizan son muy variadas, en ocasiones para referirse indistintamente a todos los territorios. Evidentemente, el uso de una u otra denominación no es cuestión neutral, y algunas arrastran la carga histórica, sobre todo militar, de estos territorios; en particular el término “presidios”, en ocasiones diferenciando los presidios mayores de Ceuta y Melilla, y los presidios menores de Vélez, Alhucemas y Chafarinas; “presidio”, prácticamente en desuso, hacía referencia a fortaleza que cumplía entre otras la función de cumplimiento de penas o de confinamiento.

Una denominación muy extendida como denominación genérica, aunque improcedente, es la de “enclaves”; su uso no es correcto jurídicamente, ya que un enclave debe estar completamente rodeado por el territorio de otro Estado, sin otra comunicación exterior que a través de ese Estado: la apertura al mar de las ciudades, islas y peñones, contiguos al territorio español, las excluye de este calificativo, que es aún menos apropiado legalmente si se completa como “enclave colonial”. En fin, aunque hoy constituyen un pleonasmo, ha sido común –así la Constitución española de 1931– referirse a las plazas y territorios “de soberanía”, probablemente para referirse a estas ciudades con estatuto diferente al de otras plazas o ciudades del protectorado español que no formaban parte del territorio nacional.

Marruecos, por su parte, utiliza indistintamente una batería de términos que subrayan un componente negativo o de ocupación ilegítima –enclaves, enclaves coloniales, presidios y territorios marroquíes bajo dominación colonial– o refiriéndose a las ciudades marroquíes e islas usurpadas, ocupadas o expoliadas en el norte del reino.

Además, Marruecos reivindica la existencia de un “contencioso territorial” con España, pretendiendo la retrocesión o al menos la revisión del estatuto de estos territorios.

Denominar el conjunto de los territorios de España en África como “ciudades, islas y peñones de España en el norte de África”, permite visualizar las situaciones diferenciadas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, por una parte; y la de los peñones e islas de Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, por otra parte.

La evolución de los planteamientos de España y de Marruecos

Para España la mayoría de estos territorios forman parte del Reino desde su constitución como Estado, con presencia efectiva y continuada, y aunque en algún período histórico se ha cuestionado internamente su españolidad o propuesto su abandono, el planteamiento constante es el de pertenencia plena al Reino, cuyo territorio no está definido en la Constitución de 1978. Mantienen por tanto el mismo estatuto desde su integración en la Corona (por diversos modos de adquisición del título de soberanía, de origen histórico, cesión, conquista y ocupación de estos territorios, entre los que no figura una previa cesión por la entidad soberana preestatal marroquí); razón por la cual esta condición de parte del territorio nacional no se vio afectada por la existencia del Protectorado.

Hay que señalar que, jurídicamente, la posición española con sus diversos títulos de adquisición de soberanía y tratados de límites fronterizos de los siglos XVIII, XIX y XX, es sólida en Derecho Internacional, y de hecho nunca han sido territorios considerados internacionalmente como colonias o territorios no autónomos. Pese a la diversidad de los títulos de soberanía y de la naturaleza de los diferentes territorios, España mantiene una posición idéntica sobre todos ellos.

Para Marruecos, la no aceptación de sus fronteras fundacionales de 1956 es la consecuencia de un nacionalismo con componentes de irredentismo territorial, en busca de la consecución de las fronteras “históricas” y su “unidad natural” en un “Gran Marruecos”; en este sentido, la Constitución marroquí de 2011 (art. 42) se refiere a las “fronteras auténticas” del Reino de Marruecos. Este planteamiento identitario conlleva una permanente reclamación territorial hacia España, en búsqueda de la integridad territorial (tras Tarfaya, Sidi Ifni y el Sáhara), lo que supone que estos territorios deban volver algún día a la “madre patria” marroquí. Para Marruecos los tratados firmados antes de su independencia son el resultado de una política de fuerza micro-imperialista, por lo que en Derecho interno ha adoptado normas que no reconocen la soberanía ni jurisdicción territorial o marítima española de los territorios en la costa africana; tenemos un ejemplo reciente en la Declaración efectuada al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recordando la marroquinidad de estos territorios y el no reconocimiento de la “ocupación” española de los mismos, lo que motivó una Comunicación española sobre esta Declaración.[4]

El planteamiento jurídico-político puramente descolonizador, reivindicando las “últimas colonias en África”[5] no parece hoy activo. Es cierto que recurrentemente Marruecos ha reivindicado desde 1960 en distintos foros de la ONU su reclamación sobre Ceuta, Melilla y otros territorios. Sin embargo, si Ifni y el Sáhara español fueron incluidos en la lista de territorios no autónomos y por descolonizar, en cambio, las ciudades, islas y peñones nunca han entrado en dicha lista. Marruecos lo intentó formalmente en 1975, aunque el Comité no respondió a esta solicitud, que quedó frustrada; y desde entonces no ha vuelto a plantear abiertamente una solicitud de descolonización ante el órgano competente de la ONU, aunque puede reactivarla en cualquier momento y recabar los apoyos internacionales obtenidos en su día (OUA/UA, Liga de Estados Árabes y Unión Parlamentaria Árabe). En cualquier caso, en el marco del Derecho Internacional, parece jugar más el principio de integridad territorial, reclamado por Marruecos y por España al mismo tiempo, que el principio de libre determinación de los pueblos coloniales.

Es interesante destacar que una línea estratégica de la política exterior marroquí ha consistido en comparar las situaciones de Gibraltar con las de Ceuta y Melilla; pero esta comparación parece ahora abandonada. Se trata probablemente de una consecuencia colateral del desarrollo del gobierno autónomo gibraltareño y de la constatación de la necesidad de la autodeterminación interna en las negociaciones hispano-británicas, problemática que probablemente no es de interés proyectar tal cual sobre Ceuta y Melilla.

La reivindicación marroquí reiteradamente ha manifestado que busca una solución por medios pacíficos y no por la fuerza, en negociación bilateral con España. Aunque esta línea se rompió con la ocupación militar de Perejil en julio de 2002, parece recuperada en la fase actual de las relaciones, en la que Maruecos apuesta por un “diálogo honesto, franco y abierto sobre el futuro” que “garantice nuestros derechos de soberanía y que tenga en cuenta los intereses de España”, como afirmó el Rey Mohamed VI en 2007. En cualquier caso, España siempre se ha opuesto a tratar bilateralmente la temática territorial con Marruecos en negociaciones directas sobre las ciudades y, en particular, rechazando la creación de la “célula de reflexión” propuesta por el rey Hassan II en enero de 1987 y reiterada en la ONU en 1995.

En la evolución histórica, la entrada de España en las Comunidades Europeas/UE y la aplicación del Derecho comunitario en Ceuta y Melilla, expresamente previstas en el Acta de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (Arts. 25 y 155 del Acta de Adhesión y Protocolo nº 2), ha objetivamente reforzado la condición de estos territorios bajo soberanía española. Por lo que hace a las islas y peñones, aunque no se mencionaron en el Acta de Adhesión, forman parte de la UE desde el momento de la integración del “Reino de España”, por lo que al conjunto de los territorios se aplica el Derecho Comunitario, con especificidades. Además, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha determinado la aplicación al territorio del Reino de España (y por tanto también a todos sus territorios en el norte de África) de la cláusula de defensa mutua del Art. 42.7 TUE, lo que abre el paraguas de protección ya existente en el marco de la OTAN a Ceuta y Melilla. Igualmente, la adquisición del Estatuto de Autonomía de las ciudades en 1995 ha reforzado su particular condición en el seno de la organización territorial española.

Lo cierto es que Marruecos parece preferir ahora el término “anacronismo” para reclamar la finalización de la ocupación española, en lugar de “descolonización”, si bien en ocasiones utiliza mediáticamente el comparativo colonial: así en noviembre de 2007 con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, el primer ministro de Marruecos se refirió a la descolonización pendiente, comparando la Palestina ocupada con las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas mediterráneas.

Por tanto, hay que contar con que siempre, dado el planteamiento territorial marroquí en el que la recuperación de Ceuta y Melilla es un “objetivo nacional”, se tratará de un tema abierto, y condicionado por factores internos e internacionales, abocado a provocar períodos de conflicto y cooperación en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, aparte de su utilización por Marruecos como medio de presión al hilo de otros asuntos. En este orden de ideas, hemos de asumir en la actualidad y previsible futuro un planteamiento marroquí que conjuga la reivindicación simbólica y, al mismo tiempo, la cooperación con España. Ejemplo de este planteamiento podríamos verlo en las protestas referidas por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007, seguidas a los pocos meses de la IX Reunión de Alto Nivel, con la celebración del calificado como mayor acuerdo financiero jamás suscrito por España.

Y aunque los planteamientos de Marruecos no van a alterarse, en el caso de España se puede introducir una dimensión diferente de acción exterior para incorporar estabilidad y seguridad en este decisivo componente de las relaciones bilaterales.

Separar el estatuto legal de las ciudades, del de las islas y peñones

La estabilidad hispano-marroquí en estos temas territoriales sólo puede venir de la mano de alternativas que exploren iniciativas, en un tema muy incómodo para España, pero que dada la reivindicación permanente marroquí, España puede y debe afrontar. En este campo se han barajado académica y políticamente muchas hipótesis.

La que en estas líneas se propone es la de diferenciar los territorios legalmente en dos bloques, y la de introducir en la gestión de uno de ellos a la UE, y, eventualmente, a Marruecos.

Así, se trataría en primer lugar de llevar a cabo unilateralmente un replanteamiento interno de nuestros territorios en África, diferenciando los estatutos internos, por una parte, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que son ya entes territoriales sui generis con un estatuto particularizado –y que no es formalmente el de Comunidades Autónomas–, y, por otra parte, de los peñones e islas (Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, Perejil excluido), sin estatuto legal evidente.

Este punto de partida obedece a la realidad jurídico-política diferente de ambos bloques de territorios y a una urgente necesidad de actuación española, pues el “bloque” de los peñones e islas tienen un estatuto internacional delicado y una muy endeble regulación en Derecho interno español.

En efecto, la posición española tiene un flanco discutible o polémico en el estatuto internacional de los peñones e islas. En particular, e independientemente de su manifiesta vulnerabilidad, plantean inconvenientes graves de delimitación terrestre –en el caso del Peñón de Vélez la creación de un istmo de arena en 1934 creó un problema de delimitación fronteriza por tierra con Marruecos– y marítima. A esto se añade una de por sí difícil explicación y justificación política, habida cuenta de su proximidad a la costa marroquí (Islas Chafarinas a dos millas de la costa, y Peñón de Alhucemas con sus dos islotes deshabitados a una distancia entre 200 y 800 metros de tierra firme), o incluso su integración en el mismo territorio terrestre (caso del Peñón de Vélez), aparte de la inexistencia de actividad económica ni población civil, y hoy única presencia militar. Aunque estas evidencias geográficas y militares tienen buena defensa desde el Derecho, la lógica de los medios de comunicación y de los foros intergubernamentales puede ir en contra de la lógica jurídica que España pueda esgrimir.

Pero, sobre todo, las islas y peñones son un caso único en España, pues tienen un indefinido estatuto jurídico interno. No sólo la Constitución no los menciona, sino que están completamente fuera de la organización territorial del Estado –autonómica, provincial, municipal y de las Ciudades Autónomas– con expresa exclusión en 1995 de las Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos de Ceuta y de Melilla.[6] Así, el déficit regulador es aún más llamativo desde la entrada en vigor de los Estatutos de las dos ciudades, que han dejado a islas y peñones, por exclusión, dependiendo única y directamente del gobierno central. En realidad, se trata de territorios que no figuran explícitamente como “españoles” o “de España” en ningún texto relevante, siendo áreas del territorio que integran el Reino, administradas directamente por el gobierno/administración central.

Sin duda, la regulación más detallada es (o era) la militar, pero incluso aquí se observa un progresivo retraimiento normativo de Defensa en su regulación, que ya no contempla expresamente a las islas y peñones. No obstante, es cierto que las Islas Chafarinas tienen la especificidad normativa de constituir un Refugio Nacional de Caza,[7] que tras ser administrado por el ICONA, hoy lo es por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien gestiona la administración, conservación y uso público desde Madrid. Pero en la práctica es el Ministerio de Defensa la única administración efectiva y sobre el terreno sobre todos estos territorios.

Este vacío regulador en Derecho español de los peñones e islas provoca incertidumbre en muchos ámbitos: el reconocimiento y delimitación de espacios marinos y de aguas jurisdiccionales o de seguridad, la jurisdicción interna española aplicable –aparte de la militar– y la no previsión legal de actuación administrativa o de protección del medio ambiente en los peñones de Alhucemas y Vélez.

Así, para encarar estratégicamente el problema de los territorios de España en África, primero debería confirmarse claramente un estatuto jurídico diferenciado de los peñones, islas e islotes, con un nuevo régimen común regulador para Vélez, Alhucemas y Chafarinas; quedaría así contrapuesto a lo anterior, el estatuto diferente que de hecho actualmente poseen las dos Ciudades Autónomas.

Además, un diferente régimen jurídico interno para los peñones e islas tendría un efecto de compartimentación legal y política; ayudando, por ejemplo, a prevenir que, de entrada, un pequeño incidente, eventual crisis o cuestionamiento de estos territorios “menores” afecte directa y automáticamente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, al no tener España claramente diferenciado el estatuto territorial interno de las islas y peñones en África.

La involucración de la UE

En segundo lugar, la separación de regímenes puede abrir la vía a la intervención de alguna forma de la UE en las islas y peñones, pues el marco interno diferenciado podría permitir una actuación de la UE específica, en particular en materia de medio ambiente. Incluso podría por hipótesis contemplarse una cierta asociación institucional de Marruecos en la gestión y aplicación transfronteriza de las normativas medioambientales de Marruecos, España y la UE a estas islas y peñones y su entorno –sin incluir a Ceuta y Melilla–.

De hecho, en materia medioambiental ya se aplica normativa europea en las Chafarinas, dado su altísimo valor ecológico, pues es un espacio natural protegido designado en 1989 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) al amparo de la Directiva 79/409/CEE. Además, desde 2006 es un Lugar de Interés Comunitario (LIC).[8]

Pero la temática territorial ya ha incidido negativamente en una mayor protección de Chafarinas, pues su constitución como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM-SPAMI), promovida en 2003, fue rechazada, argumentando la Secretaría del Convenio de Barcelona[9] que esta propuesta debía de ser formulada conjuntamente, por ser un área transfronteriza o sometida a una cuestión territorial; se trata de la evidencia de la necesidad de articular una cooperación con Marruecos, aunque sólo sea a efectos de protección medioambiental de estas islas. Igualmente nos encontramos con otro ejemplo de afectación negativa de la protección del medio ambiente en la decisión de excluir las Chafarinas del borrador de la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente que establece la primera red de protección de aves marinas.[10]

Pero una estrategia de participación de la UE en la gestión compartida –sin afectar a la soberanía española– necesita, claro, un cierto acuerdo político con Marruecos. Sin embargo, éste no requiere forzosamente de tratados internacionales; tampoco es necesario acudir al instrumental de soft law que hemos desarrollado con el Reino Unido para el caso de Gibraltar, y con los que se ha tratado, mediante declaraciones y comunicados conjuntos, de establecer soluciones de cooperación práctica. Basta acudir a los medios que nos proporciona la Política Europea de Vecindad para desarrollar una cooperación transfronteriza en el marco de la acción exterior de la UE con el socio privilegiado que es Marruecos. De hecho, existe una tradición de cooperación transfronteriza en el marco europeo a través de varios Programas (MEDA, INTERREG, principalmente), en particular desde Andalucía.

El marco actual de la cooperación transfronteriza con Marruecos viene constituido por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que es el que permite encuadrar programas operativos conjuntos de cooperación. En este marco se nos ofrecen instrumentos y procedimientos de cooperación y gestión compartida, que de hecho están aplicándose en el Programa IEVA de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea 2007-2013, en el que participa España pero no Marruecos.[11] Este instrumental y estructura de gestión y administración común del IEVA son particularmente de interés para eventualmente localizar una cooperación hispano-marroquí medioambiental –materia que es prioritaria en el IEVA– en las islas y peñones.

Precisamente las cuestiones territoriales parecen ser las que han impedido que Marruecos acepte colaborar en los programas transfronterizos propuestos por España (Proyectos Andalucía-Área del Estrecho-Marruecos Norte y Costa Atlántica-Canarias-Marruecos Sur) en este marco de la IEVA. Los programas no fueron presentados en plazo, probablemente tanto por la inclusión de Ceuta y Melilla como zonas elegibles en el Norte, como por las salvedades de la Comisión respecto a las regiones del Sáhara en el proyecto del Sur de Marruecos. Las dotaciones fueron entonces reconducidas[12] al instrumento FEDER del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013.[13]

Estas experiencias demuestran que Marruecos está dispuesto, por cuestiones territoriales, a renunciar a la cooperación con España y con Europa, ya en el marco internacional de protección del medio ambiente, ya en el marco UE de Vecindad y Cooperación transfronteriza. Igualmente que España renuncia a articular medidas internas de protección del medioambiente en “el territorio jurisdiccionalmente español en el Norte de África”[14] por razón de las reclamaciones marroquíes sobre estos territorios.

Precisamente, una mayor claridad de la posición legal interna sobre las islas y peñones y una abierta propuesta española de cooperación conjunta podría cambiar esta situación, y permitir una específica cooperación bajo normativa europea, iniciativa española que podría incluso llevar a crear un instrumento específico ad hoc para esta puntual cooperación transfronteriza hispano-marroquí. Esto podría permitir focalizar una actuación específica de cooperación y gestión común, por ejemplo, medioambiental, en las islas y peñones, lo que introduciría la novedad de un vector de intervención europea en lo que hasta ahora es una pura cuestión territorial bilateral. De esta forma, podría promoverse con Marruecos una específica cooperación en este grupo de territorios de las islas y peñones de España con estatuto interno español diferenciado y de alguna forma vinculado a la UE. Esta cooperación –no con las ciudades, sino con las islas y peñones– extraería de la dinámica puramente bilateral este aspecto de la cuestión territorial, incorporando así un cierto factor añadido de estabilidad para estos territorios.

Conclusión: Las pretensiones marroquíes otorgan a nuestros territorios en África un condicionante conflictivo único en nuestra política exterior. El caso de Perejil ilustra la sorprendente facilidad con que Marruecos y España asumieron tanto el empleo de fuerza armada como los consiguientes riesgos de escalada. La cuestión territorial confiere además una permanente inseguridad e inestabilidad al conjunto de las relaciones hispano-marroquíes. No obstante, la estrategia española –incluida la Estrategia Española de Seguridad–[15] no parece ser la de encarar explícitamente y sin complejos el problema.

En nuestra opinión, tomar la iniciativa legal de regular diferenciadamente nuestros territorios en África, y de involucrar a la UE –y en su caso a Marruecos– en el ejercicio de ciertas funciones en estos territorios, puede ofrecer un futuro marco de cooperación y estabilidad en las relaciones hispano-marroquíes.

La compartimentación normativa de las ciudades, islas y peñones en dos bloques con estatutos diferentes, podría ofrecer respuestas diferenciadas ante las reclamaciones marroquíes: si hoy por hoy la posición española sobre Ceuta, Melilla, islas y peñones es muy similar, un deslinde de territorios en la costa africana podría llevar a afrontar el espinoso pero inevitable aspecto de la reivindicación territorial marroquí, por una parte aislando la situación de las Ciudades Autónomas, plenamente integradas en la estructura autonómica, y, por otra parte, ofreciendo un marco de cooperación focalizado en islas y peñones, con intervención europea.

Esta propuesta permitiría a España tomar la iniciativa en estas cuestiones, en lugar de la política tradicionalmente seguida, que es reactiva: posición inmóvil a la espera de acontecimientos que luego obligan a una reacción y escalada. El tradicional planteamiento español no afronta la realidad de que se pueden producir cambios en la situación de las dos ciudades, por ejemplo, con la reconversión y modificación de sus respectivos Estatutos en Comunidades Autónomas (como prevé la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución) o con el traspaso de alguna competencia de gestión sobre las islas y peñones. Y que, de todas formas, dado el carácter esencial para la identidad marroquí de esta reclamación, el tema será objeto de reivindicaciones y escenificaciones constantes, con el riesgo de potenciales conflictos. Además, esta problemática territorial puede verse fácilmente contaminada por otros factores internos o internacionales, como la evolución de la situación del Sáhara o la puesta en marcha del nuevo proceso de “regionalización” en Marruecos, sin olvidar el impacto de la evolución de las controversias sobre Gibraltar, referente diferente pero inevitable.

La secuencia histórica de las relaciones bilaterales con Marruecos nos indica que la involucración de la UE en determinados temas dulcifica las asperezas bilaterales, haciendo descender la conflictividad hispano-marroquí allí donde entra el Derecho de la UE. Se trataría, por tanto, de introducir el aspecto territorial –que es el más conflictivo– en esta dinámica y, dentro de los temas territoriales, seleccionando los peñones e islas que ofrecen el flanco más problemático, planteando un marco nuevo y de futuro a estos fragmentos de Estado que cambie el sentido político y estratégico de su mantenimiento por España que, hoy por hoy, únicamente parece ser el de barbacana política de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones marroquíes. En suma, esta alternativa persigue una inteligencia de involucración de otros actores y de disminución de riegos, lo que puede plantear un futuro de mayor estabilidad al aspecto más problemático y voluble de nuestras complejas relaciones bilaterales con Marruecos.

[1] Comunicado 58-2010 del 2/VIII/2010 del MAEC en respuesta al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos sobre un incidente ocurrido en el paso fronterizo de Tarhana en Melilla, http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/58comunicado20100802.aspx.

[2] Expresión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, del 4/VII/1991, BOE del 26/II/1993, Principio General 8, http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/26/pdfs/A06311-06314.pdf.

[3] Comunicado de prensa conjunto hispano-marroquí del 22/VII/2002, hecho público por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

[4] BOE nº 274 del 13/XI/2009, pp. 95491-95492, Comunicación de España del 10/IX/2008. relativa a la declaración formulada por Marruecos el 31/V/2007.

[5] Intervención del presidente de gobierno marroquí en la Asamblea General de la ONU, 29/IX/1995.

[6] Se suprimieron las referencias a Perejil y al Peñón de Vélez del Art. 2 del Estatuto de Ceuta, tras la Nota Verbal marroquí del 5/I/1987, que ya no aparecen en la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo (BOE nº 62 del 14/III/1995); también se suprimieron las referencias a las Islas Chafarinas y a Alhucemas en el Estatuto de Melilla (Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, BOE nº 62 del 14/III/1995).

[7] Creado por el RD 1115/82, BOE nº 130 del 1/VI/1982.

[8] Conforme a la Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, designándola la Comisión europea como LIC (ES6300001) en julio de 2006.

[9] Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, ratificado por España en Noviembre de 1998, BOE del 18/XII/1999.

[10] http://www.marm.es/es/biodiversidad/participacion-publica/PP_borrador_orden_zepa_marinas.aspx.

[11] Aunque está prevista su intervención, Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea aprobado por la Decisión de la Comisión C (2008) 4242, del 14/VIII/2008. Marruecos se ha adherido al Programa pero no ha firmado el Convenio de financiación (www.enpicbcmed.eu).

[12] Para no perder las dotaciones financieras y permitir la continuidad de la cooperación anterior 2000-2006, principalmente del Programa INTERREG III-A España-Marruecos, que incluye el Proyecto de la Creación de la Reserva de la Biosfera Transcontinental CRBT Andalucía-Marruecos, presentada a la UNESCO como primera reserva transcontinental del mundo, www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web.

[13] www.poctefex.eu.

[14] Expresión del Consejo de Estado, “Informe sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales y órganos de la administración general del Estado en materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegida”, Informe nº E 2 /2005 del 19/VII/2006, p. 31.

[15] Estrategia española de Seguridad- una responsabilidad de todos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24/VI/2011

Se cumple un lustro de la crisis inmigratoria que situó a las fronteras de Ceuta y Melilla bajo el foco global de atención informativa. A finales de septiembre de 2005, centenares de inmigrantes subsaharianos trataron de acceder a la UE a través de los perímetros terrestres de las dos ciudades norteafricanas. Cinco de ellos cayeron víctimas de los disparos de las patrullas fronterizas. En total murieron 11 inmigrantes, y muchos más resultaron heridos por el material cortante que coronaba las vallas.

La envergadura inusitada de los intentos de entrada, así como la de la fuerza utilizada por los guardias fronterizos, impactaron de lleno en el debate político-mediático nacional e internacional. Ahora, los cinco años de perspectiva ponen de manifiesto que lo acontecido representó un punto de inflexión histórico con respecto al tratamiento de la inmigración en el contexto de la UE.

En primer lugar, los sucesos evidenciaron de forma cruda que, en plena era de la globalización, grandes cantidades de personas persiguen entrar en otros países en búsqueda de refugio y/o de una vida mejor, pero no lo consiguen. Avalanchas, asaltos y ataques a las vallas fueron algunas de las metáforas guerreras utilizadas para narrar lo sucedido. Sin embargo, a aquellos inmigrantes no les movía la violencia, sino una compleja mezcla de esperanza y desesperación. Sus intentos de entrada deberían ser interpretados como un cri de cour contra el blindaje de una parte del planeta donde no son bienvenidos, y que ilustran nítidamente las vallas de los enclaves africanos de la UE. Con dolor, lo acaecido en 2005 puso de relieve que la gestión de los flujos migratorios debía trasladarse a la cima de la agenda política Europea.

En segundo lugar, lo ocurrido marcó el inicio de un nuevo ciclo en cuanto a la política de fronteras exteriores de la UE se refiere. Ceuta y Melilla son ahora los dos puestos fronterizos de la Unión más intensamente securizados. Además, sorprendentemente, Marruecos contribuye con ahínco a la vigilancia de unas fronteras que considera ilegítimas y coloniales. Fue en 2005 cuando la UE emprendió la carrera hacia la militarización de su perímetro. Durante el lustro transcurrido, se ha avanzado a gran velocidad hacia la creación de un cuerpo europeo de guardias fronterizos y el presupuesto de Frontex se ha acrecentado de forma exponencial. Sin lugar a dudas, el perfil exterior de la UE no ha vuelto a ser el mismo.

El régimen fronterizo de la UE discrimina a la gente sobre la base de su procedencia. Si se analiza la lista de países a cuyos ciudadanos se les exige un visado para entrar en la UE, y que con frecuencia no consiguen, sorprende ver que en ella aparece un número significativamente alto de países musulmanes y/o en vías de desarrollo. Así, de manera implícita, existe una fuerte inclinación hacia el filtraje en función de la religión y del nivel de riqueza del forastero. La existencia de esta lista conlleva que ciertos inmigrantes sean arrojados al saco de la irregularidad y sean vistos como una carga a repartir entre los Estados miembros de la UE. No obstante, ser irregular o ser una carga no son rasgos innatos de nadie. Son los Gobiernos quienes definen y construyen estas categorías. El estrangulamiento de las vías de entrada a la UE genera un círculo vicioso entre el incremento artificial de los irregulares y el incremento del pánico moral entre la población. De dicho círculo se nutren los políticos populistas a la caza de votos y, en esta tesitura, el clima antiinmigración se extiende por toda Europa. Así lo atestiguan la creciente popularidad de la extrema derecha ultranacionalista y la coincidente retórica discriminatoria con respecto a los inmigrantes en general, y a los musulmanes en particular, que recorre países como Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca e Italia, o, por otra parte, prácticas como la deportación de gitanos rumanos en Francia.

Asimismo, a nivel global, desde 2005 el blindaje frente a la inmigración ha pasado a ser una estrategia copiada por otras potencias occidentales, a menudo conectada de forma sospechosa con la retórica de la guerra contra el terror. Se han levantado nuevos muros entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, e Israel y Palestina. Pero la estrategia de fortificación frente a ciertas categorías de inmigrantes es moralmente errónea, puesto que discrimina en función del lugar de nacimiento, y no de las aptitudes y competencias que se poseen. Además, la estrategia ha demostrado ser ineficaz, ya que el número de cruces ilegales no ha disminuido, sino que ha aumentado.

El cierre del paso a través de Ceuta y Melilla fomentó el desarrollo de un perverso juego del gato y el ratón entre inmigrantes y guardias fronterizos, y canalizó los flujos hacia nuevas rutas más peligrosas. En protesta por el silencio que acompaña a las muertes de inmigrantes indocumentados fallecidos en su intento de acceder a la UE, el recuento de muertes es realizado por organizaciones alternativas, como United Against Racism o No Borders. Estimaciones aproximadas indican que el número de muertos, desde el cierre de las fronteras exteriores del espacio Schengen en 1993, ronda los 13.000.

Mientras tanto, en Ceuta y Melilla, sobre el terreno y en contradicción con la retórica de invasiones criminales que acompaña en ocasiones a la dinámica inmigratoria, se está forjando otra realidad territorial. Esta se caracteriza por una vívida y creciente interacción transfronteriza. Da cuenta de ello la intensificación de los flujos de trabajadores y consumidores que discurren entre las ciudades españolas y las provincias marroquíes de Tetuán y Nador. Así, la cotidianeidad en torno a las fronteras de la UE en África se ha convertido en una suerte de ejercicio acrobático. El día a día en estos escenarios fronterizos oscila entre la política de reforzamiento del perímetro diseñada por la UE e implementada por España, y el deseo de las ciudades autónomas de interrelacionarse con un entorno marroquí cuya economía se encuentra lista para el despegue.

Sin embargo, pese a las nuevas transformaciones que se manifiestan sobre el terreno, la militarización del perímetro fronterizo no parece que vaya a disminuir, a razón del sentimiento antiinmigración que anida en la UE. Cada vez más, el régimen fronterizo de la UE combina la liberalización de la movilidad laboral para los ciudadanos de la Unión en las fronteras interiores con la selección estratégica de inmigrantes de fuera de la UE, dando la bienvenida preferiblemente solo a los que añaden valor económico. Así, más que a la tan cacareada metáfora de la fortaleza, la UE empieza a parecerse a una gated community. Es decir, adopta el perfil de una comunidad cerrada, un complejo residencial en el cual, impulsados por el miedo al crimen y la percepción de una potencial pérdida de bienestar e identidad cultural, los acaudalados se atrincheran, separándose del resto de la sociedad. De este modo, la UE no ayuda a reducir las diferencias de desarrollo, sino que las incrementa. De igual forma, aviva lo que ella misma ha definido como un problema, la inmigración ilegal, y cimienta un régimen de apartheid global.

Han transcurrido cinco años desde que 11 inmigrantes perdieron la vida cuando trataban de cruzar los perímetros terrestres de Ceuta y Melilla. En gran medida, la reacción de España y de la UE en su conjunto se fundamentó en el endurecimiento de los controles y de la instalación securitaria. En paralelo, cada vez más, la migración global es percibida como una amenaza, y no como una invitación al replanteamiento de la responsabilidad global de la UE. Ante el recuerdo de los sucesos de 2005, desearíamos poder decir: ¡Nunca más! Sin embargo, tememos que solo podemos concluir de forma pesimista. Nos asusta pensar que, en cuestión de tiempo, el episodio puede repetirse en algún otro segmento del ahora reforzado y elevado contorno exterior de la UE.

El señor don Ignacio Sotelo en un artículo de opinión publicado en este periódico el pasado 14 de septiembre bajo el título Recomponer las relaciones con Marruecos, abogaba por iniciar un proceso de diálogo con Rabat con el fin de entregar Ceuta y Melilla al reino alauí. Dos eran sus argumentos principales para sostener esta postura: las dos ciudades autónomas son elementos de fricción en las relaciones de España con nuestro vecino del sur y, además, decía, nos cuestan dinero. Defendía, por tanto, el señor Sotelo una visión práctica de las relaciones internacionales e introducía una especie de teoría mercantilista de la territorialidad, invitándonos a tomar en consideración “únicamente los intereses de ambos países en el momento actual”.

Pero no creo que la historia y el derecho puedan obviarse a la hora de abordar una cuestión referente a la territorialidad o la soberanía, y mucho menos resolver un asunto de esta naturaleza arrojándonos en brazos de una visión práctico-mercantilista, a la que de paso confiamos la suerte de las relaciones entre España y Marruecos. Simplemente, y permítanme el símil, porque un padre no echa a su hijo de casa porque ponga en riesgo su tranquilidad o porque le dé más de lo que recibe de su parte. Y sí, efectivamente, del mismo modo que la sangre y los sentimientos hacen que ni tan siquiera un padre se planteé echar a su hijo de casa, la historia y el derecho son argumentos suficientes para justificar la soberanía de un territorio.

Las reclamaciones soberanistas no deben obtener, por tanto, carta de naturaleza por el mero hecho de que una de las partes las utilice como motivo de división. Ni las fronteras las marcan los violentos, ni los derechos de los ciudadanos vienen condicionados por la diferencia entre ingresos y gastos. O dicho de otro modo, acabar con las divisiones no nos puede llevar a enterrar el legado histórico, ni la Constitución Española, ni los derechos de los más de 150.000 españoles de Ceuta y Melilla.

Ceuta es una ciudad española porque así lo dice la historia, que, además, es compartida con el resto de España desde el mismo nacimiento del hecho hispánico, porque siempre lo ha sido, porque lo era mucho antes de que ningún reino o entidad territorial se constituyera en el norte de África, porque lo eligieron así los ceutíes por voto popular en 1640 (tras la dominación portuguesa iniciada en 1415). Ceuta es española porque así lo dice la Constitución y, discúlpeme señor Sotelo, porque así lo quieren los ceutíes sin distinción de raza, credo u origen étnico, y así lo gritaron masivamente en las calles el 5 de noviembre de 2007 con motivo de la visita de sus majestades los Reyes.

Soy consciente de que hay quienes pueden abordar esta cuestión desde la óptica que el diario EL PAÍS definió hace unos años en un editorial como “el efecto psicológico del mapa”, pero a quienes puedan tener esta visión les animo a despojarse de ella profundizando en la historia. Pero soy igualmente consciente de que la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario comparten mi visión y defienden la integridad territorial de la Nación española y por tanto la irrenunciable españolidad de Ceuta y de Melilla.

No comparto en absoluto que Ceuta y Melilla sean un problema. Ambas ciudades aportan al conjunto de España su rica diversidad cultural, su manera de afrontar el reto de la convivencia y su capacidad para el encuentro, para fomentar las buenas relaciones con el entorno y en particular con el vecino Marruecos.

La historia y el derecho no pueden ser obstáculos para el entendimiento. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y me niego a pensar que asuntos que interesan a España y a Marruecos como son el control de la inmigración ilegal o la lucha contra el terrorismo, o incluso el incremento de la ya notable presencia española en el país vecino a través de las iniciativas como la creación de universidades politécnicas o cualquier otra de similar índole, tal y como señalaba el señor Sotelo, dependan de la bandera que ondeé en las dos ciudades españolas en el norte de África. Y mucho menos cuando Marruecos es un Estado asociado a la Europa comunitaria de la que formamos parte. Ceuta, que es orgullosamente España en África, desde luego, desea y defiende -e incluso contribuye en la medida de sus posibilidades- unas buenas relaciones entre España y Marruecos, que considera, deben estar basadas en la sincera colaboración y en el respeto mutuo, y que deben servir para el progreso de ambos países. Ese es el camino que debemos seguir. Ese debe ser el futuro. Y así lo exigen nuestros pueblos.

Me temo que a los mismos a los que les saca de quicio el nacionalismo catalán o vasco, incluso tal vez a algunos de los que denuncian el nacionalismo como la estupidez que más males ha causado en el siglo XX, les pueda irritar una disquisición sobre Ceuta y Melilla que no considere eterna la pertenencia a España. Son plazas de soberanía española y sería un crimen de lesa patria poner en duda la integridad territorial de la nación. No somos pocos, sin embargo, los que pensamos que el verdadero crimen lo cometen los fanatismos de todo tipo que bloquean la reflexión que ponga en tela de juicio dogmas sagrados.

Melilla está bajo dominación española desde 1497 y Ceuta, después de la independencia de Portugal, elige en 1640 permanecer española. Empero no vale apelar a la antigüedad de la presencia española para defender una indefinida, ni tampoco el hecho de que el Reino de Marruecos sea posterior suprime el derecho a reclamarlas. La historia ya se encarga de estudiar el papel que estas plazas desempeñaron en los siglos XVI y XVII en la lucha contra la piratería y la amenaza musulmana, o en las ambiciones colonialistas en la segunda mitad del XIX y los dos primeros decenios del XX. Dejemos el estudio del pasado a los historiadores y ocupémosnos de lo que ahora importa, el papel que Ceuta y Melilla -centros de comercio informal, a la vez que puntos de fricción- juegan en las relaciones con Marruecos.

Nada dificulta tanto la solución de litigios internacionales o nacionales como sacar a relucir los llamados “derechos históricos”. No se puede ser crítico a que el nacionalismo periférico los invoque, y traerlos a colación ante Marruecos, para luego negarlos a los que sueñan con la reconquista musulmana de Andalucía. Recomponer a la larga las relaciones con Marruecos supone dejar a un lado la discusión histórica y jurídica de los derechos de España y de Marruecos sobre las dos ciudades, tomando en consideración únicamente los intereses de ambos países en el momento actual.

Desde una racionalidad que aspire a obtener resultados, al tratar de nuestras relaciones con Marruecos, debería ser obvio empezar por dilucidar la relación existente entre los costos de mantener la soberanía en estas ciudades y los beneficios que se derivan para España, y no solo para unos cuantos cientos de comerciantes y funcionarios. Llama poderosamente la atención que al enfrentarnos a los ya frecuentes conflictos con Marruecos, permanezca en un trasfondo oscuro la reivindicación de estas dos ciudades, que en Marruecos ocupa un lugar preferente. No parece descabellado pensar que la causa del silencio español sea el viejo nacionalismo, que algunos se empeñan en atribuir en exclusiva a nuestros connacionales del norte, que es el que impide que nos preguntemos, si beneficios y costes, tanto de la permanencia, como de una posible salida negociada, avalan o no, la política que se lleva a cabo. Incluso si el tema no incidiera en las relaciones con Marruecos, y evidentemente no es el caso, podríamos llegar a la conclusión de que convendría ir pensando en retirarnos, simplemente como una forma de eliminar gastos superfluos por la presión de intereses muy particulares y vanos afanes de prestigio.

Aunque, como me temo, el balance fuera claramente negativo, tanto por la carga económica que representa para España, como porque abre una espita que Marruecos podría aprovechar en cualquier momento de debilidad, nadie en su sano juicio propondría el abandono inmediato, ni siquiera a corto plazo, de estas plazas de soberanía. Si seguimos sin hacernos cargo del problema, en una situación de emergencia habría que temer más bien una salida precipitada: de ello tenemos antecedentes, y no solo en el Sáhara occidental. En vez de ofuscarnos con mitos del pasado, lo racional sería iniciar negociaciones con Marruecos para encontrar una solución a largo plazo, digamos en 20 años, tiempo imprescindible para poder ir acoplando los distintos intereses de los españoles en ambas ciudades, pero también los de los marroquíes del entorno.

Encontrar una salida adecuada conviene a España, no solo por el aspecto financiero -nunca tiene sentido un gasto innecesario, que se justifica en prejuicios obsoletos- sino, en primer lugar, porque unas negociaciones inteligentes permitirían estrechar las relaciones políticas, económicas y culturales con Marruecos, que nos son cada vez más importantes. En un mundo globalizado, en el que las fronteras nacionales cuentan cada vez menos, la vecindad adquiere una nueva significación. Somos más interdependientes de cada parte del mundo, pero sobre todo de nuestros vecinos, al norte de los Pirineos y al sur del Estrecho. En el fondo, deberíamos considerar el desarrollo socioeconómico de Marruecos una cuestión de política interior, al depender de ella asuntos de tanta envergadura, como el control de la inmigración, o la amenaza terrorista, vinculada al islamismo radical.

Marruecos, como España, tienen su mayor mercado en la Europa comunitaria, y las relaciones con la Unión Europea es un tema central que nos vincula de manera positiva, si sabemos cooperar, o negativa, si las planteamos como una competencia desleal. Marruecos es el país que más se ha beneficiado de “la política europea de vecindad”, pasando de la “cooperación” a la “asociación”. En vez de despotricar por las exportaciones marroquíes, deberíamos aprovechar el envite, para no solo mejorar nuestra productividad agrícola, sino reconvertirla en una industrial que amplíe el mercado al otro lado del Estrecho. Contribuir al desarrollo socioeconómico de Marruecos es una forma de desarrollarnos nosotros mismos como país exportador de capital y tecnología.

Pese a tan largos lazos históricos, cualquiera que viaje por Marruecos comprueba la escasa presencia del español y la muy limitada de nuestros productos. Cambiarían significativamente las cosas si, además de la excelente labor de los institutos Cervantes, fuéramos capaces de patrocinar, por ejemplo, una Universidad Politécnica con profesores españoles, que contribuyera a expandir nuestra tecnología. No se trata ahora de hacer sugerencias de colaboración mutua, pero las posibilidades son muchas y muy variadas.

No se me ocultan los obstáculos que para la cooperación entre los dos países provienen de la parte marroquí, el mayor, que sea una democracia deficiente que se trasluce en corrupción, bajo nivel cultural y alta desigualdad social. Ello limita considerablemente, qué duda cabe, una política eficaz de desarrollo, pero el Marruecos de hoy no se diferencia mucho de la España de los años cuarenta y cincuenta, y logramos salir del pozo. He observado una cierta simpatía de los marroquíes por los españoles, siempre que sepamos respetarlos como se merecen. Pese a nuestra herencia árabe, en todo caso, conviene no olvidar que son tan orgullosos, pero mucho más astutos, que nosotros.

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Le responde Juan J. Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta (EL PAÍS, 21/09/10): Sobre el futuro de Ceuta.

El buen entendimiento es la característica principal en las relaciones de la UE y de España con Marruecos. El último paso ha sido la concesión del “Estatuto de socio avanzado”, en octubre de 2008, para premiar las reformas económicas y sociales emprendidas por el Reino alauí. También son fluidas las relaciones de vecindad de Ceuta y Melilla con las contiguas Regiones Administrativas de Tánger-Tetuán y la Oriental gracias al recíproco interés de los ciudadanos en mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los cambios económicos y comerciales por la entrada de Marruecos en la zona euro-mediterránea de libre comercio y las inversiones en el norte del país, están produciendo efectos negativos para Ceuta y Melilla. En concreto, la fuerte caída de sus ingresos comerciales y por consiguiente en su financiación, a través del impuesto indirecto local específico de las ciudades autónomas, el IPSI. Estas consecuencias se irán acentuando a medida que se complete la liberalización comercial de Marruecos (2012), con el aumento en las ciudades autónomas de su dependencia económica y financiera del Estado. Su autonomía y cohesión interna serán más frágiles, por lo que necesitarán nuevas formulas de financiación. Algunas de ellas serán concretadas en el nuevo modelo de financiación territorial, como por ejemplo el denominado fondo de solidaridad.

Hasta ahora, la política del gobierno de España ha estado dirigida más a reafirmar la españolidad de las ciudades autónomas frente a Marruecos, que a plantearse un futuro viable para dichas ciudades. Sin embargo, los cambios actuales y las perspectivas de futuro exigen adoptar un enfoque distinto. Es preciso que las autoridades españolas intervengan inmediatamente con inversiones que permitan ir alcanzando niveles de vida comparables a las de otras CCAA. Es preciso mejorar sustancialmente las infraestructuras que ayuden a paliar el incremento del desempleo, de por sí más alto, que está generando la crisis internacional. Hay que compensar el alto índice de natalidad y la presión migratoria, elevando los indicadores de desarrollo que las sitúan a la cola del país, como son el déficit formativo y de educación, el acceso a las nuevas tecnologías, los servicios sanitarios, etc. Si por el contrario, se optara por prolongar la situación actual o persistir en la pasividad política, es muy probable que se produzca un rápido agravamiento de la situación en estas ciudades, mayor si cabe por la crisis económica que atravesamos.

Ahora bien, las actuaciones no sólo deben depender del Estado. También las ciudades autónomas tienen que aprovechar los desafíos que suponen los cambios económicos, las oportunidades creadas por la Unión por el Mediterráneo y el marco liberalizador adoptado por Marruecos. La entrada en la Unión Aduanera Europea, manteniendo ciertas especificidades, y el aumento de políticas de co-desarrollo de estas ciudades con el norte de Marruecos, pueden ser parte de la solución.

Leer artículo completo (PDF). Publicado en la Fundación Altermativas.

El viaje de los Reyes de España a Ceuta y Melilla se enmarca en la más absoluta normalidad institucional y así queremos que lo entienda el Gobierno marroquí. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero visitó las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en enero de 2005 (después del viaje de Adolfo Suárez en 1980, ningún otro jefe de Gobierno había vuelto a las ciudades autónomas), los ceutíes y melillenses transmitieron al presidente su deseo de recibir a los Reyes de España. Era su derecho y ahora, el presidente Zapatero y Sus Majestades han cumplido con ese compromiso.

La visita real se produce en el mejor momento de las relaciones entre España y Marruecos, basadas en la cooperación y el respeto mutuo. Y ello, tras las sucesivas crisis políticas con el reino Alauí protagonizadas por los gobiernos de Aznar -baste recordar que estuvimos a punto de desencadenar un enfrentamiento muy serio con Marruecos por el islote de Perejil-.

Hemos necesitado algo más de tres años para recomponer nuestro clima de confianza. El giro positivo que ha experimentado nuestra relación con el país vecino durante esta legislatura se caracteriza por resultados tangibles en áreas de crucial importancia para nuestro país: la cooperación contra el terrorismo, el control de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas, la cooperación judicial, la promoción de inversiones españolas, el establecimiento de vínculos crecientes entre las respectivas sociedades civiles, turismo, pesca, etcétera.

La llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno, en marzo de 2004, posibilitó un entendimiento personal fluido con el rey Mohamed VI que ha resultado crucial para el desarrollo de la relación bilateral en todos los ámbitos. Sobre esta base, el Gobierno, en su acción exterior, ha dedicado una atención prioritaria al reino alauí. Marruecos fue, así, el destino del primer viaje del presidente del Gobierno al extranjero, en abril de 2004, volviendo en noviembre de 2005 para asistir a la conmemoración del 50º aniversario de la independencia de Marruecos.

La cooperación bilateral en materia de flujos migratorios es el área que presenta los resultados más positivos: reducción de entre un 50% y un 60% de la inmigración irregular y desarticulación de más de 380 redes mafiosas en territorio marroquí. Además, en la segunda parte de la legislatura se ha incrementado sustancialmente la inmigración legal, alcanzando ésta el 145% en 2006, con un total de 6.000 contrataciones. El proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo en España en el año 2005 ha convertido a la comunidad de trabajadores marroquíes en la más numerosa de nuestro país.

La cooperación de Marruecos es ejemplar en cuanto a la repatriación de sus propios nacionales emigrados ilegalmente a España, desplegando a sus fuerzas de seguridad tanto en la costa mediterránea como en la fachada atlántica, con la consiguiente reducción en el número de embarcaciones que se hacen a la mar.

A la espera de la conclusión de un acuerdo de repatriación con la Unión Europea, también hemos de agradecer al Gobierno marroquí la mejora sustancial del control de sus fronteras.

La cooperación migratoria se ha extendido al ámbito multilateral en el que, conjuntamente con Francia, España y Marruecos patrocinaron la primera Conferencia UE-Africa sobre Migración y Desarrollo, que tuvo lugar en Rabat en julio de 2006. La conferencia reunió a los países de destino, tránsito y origen de los flujos migratorios, sentando las bases multilaterales para un enfoque global e integral de los mismos, incluido un Plan de Acción de cuyo desarrollo quedó encargado un Comité de Seguimiento en el que participan Marruecos y España junto a otros países y la Comisión Europea.

Cabe también destacar como resultado de la buena relación bilateral, la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas a través de un trabajo intenso y fluido entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de ambos países. Además, se han establecido magistrados de enlace en las respectivas embajadas, y se ha profundizado sustancialmente en los canales de cooperación entre los Consejos Generales Judiciales, Fiscalías Generales y Escuelas Judiciales.

En el área económica, España se ha convertido, en esta legislatura, en el segundo inversor en Marruecos después de Francia. El número de empresas españolas presentes en el país vecino ha aumentado sensiblemente (hasta un total de unas 500), participando algunas de ellas en un número creciente de grandes proyectos marroquíes, principalmente en energías renovables, infraestructuras y construcción.

Marruecos, finalmente, ratificó en 2006 el nuevo Acuerdo de Pesca con la UE, que beneficia sobre todo a la flota española.

Además, España es el segundo proveedor de Marruecos. Las exportaciones españolas han crecido muy por encima de la media de nuestras exportaciones totales, alcanzando en 2006 los 2.562 millones de euros (15% de crecimiento). La cuota de nuestros productos en el mercado marroquí creció hasta el 15,2%, siendo nuestro principal mercado de exportación en Africa (37% de las ventas al continente).

Asimismo, la ayuda española al desarrollo hacia Marruecos ha aumentado significativamente durante la actual legislatura (una media de 35 millones de euros anuales), alcanzando los 50 millones en 2006, convirtiendo a España en el tercer donante tras la Unión Europea y Francia.

Podemos añadir un último ejemplo ilustrativo de la colaboración hispano-marroquí: la decisión de Marruecos de acompañar el destacamento español a Haití en 2005 con un contingente militar marroquí, bajo mando español.

Resulta, por lo tanto, más que evidente que nuestro compromiso mutuo es el más fructífero de la historia de las relaciones hispano-marroquíes.

La discrepancia que se ha puesto de manifiesto con la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla debe resolverse en ese marco de respeto y confianza.

España y Marruecos son dos países aliados y amigos que se necesitan y quieren entenderse. Es precisamente esa sólida relación la que permitirá superar este roce, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y estamos convencidos de que nuestra relación seguirá fortaleciéndose con una colaboración más intensa y una cooperación sostenida que consolidará esta buena amistad.

Los tristes acontecimientos que nuestras ciudades de Ceuta y Melilla están viviendo por los intentos de invasión de ciudadanos provenientes de los países que hace años un famoso autor calificara como desheredados de la tierra” han dado origen a no pocas reflexiones. El hambre, la miseria, la ausencia tanto de condiciones mínimas de vida cuanto de libertades cívicas son causas de un penoso peregrinar y de un desesperado riesgo de la vida. Los detalles son de todos conocidos. Algo que debiera golpear, con fuerza llena de vergüenza, a los países ricos del primer y segundo mundo. Ni Ceuta ni Melilla pueden cargar con las culpas de todo el profundo drama de nuestros días y el egoísmo de la llamada globalización, con la sociedad de consumo como única ideología.

Pero, sentada esta condolencia a la que, claro está, acompañará siempre la legítima defensa de su territorio por parte del Estado que experimenta la anormal invasión, pienso que lo ocurrido tiene otra triste consecuencia. Ha sido por una gran desgracia por la que gran parte de los ciudadanos y gobernantes españoles han dirigido sus ojos a estas dos ciudades que forman parte, por muchas razones, de la indisoluble unidad de la nación española. Mucho, demasiado, han tenido que esperar. Y no pocas las vallas que han tenido que construirse por obra de una insólita despreocupación.

Con la atención puesta en la ciudad de Ceuta, el caso que mejor conozco y siento por diversas razones (entre otras por haber nacido y vivido en aquella hermosa ciudad), a la vez que se resuelva este gran problema y las vallas pierdan su protagonismo, lo que esta ciudad necesita son, fundamentalmente, dos cosas.

En primer lugar, conocimiento. De muchas cosas. De su exacta situación a pocos minutos de la vecina Algeciras. De una convivencia multicultural que no ha podido borrar su semejanza, en costumbres y sentimientos, con cualquiera otra ciudad del sur de Andalucía. ¡Lamentable error no haberla incluido en el Estatuto de esta parte de España!

LA IDIOSINCRASIA de sus habitantes con su formas de hablar y comportarse similares a los gaditanos o malagueños. Sus fiestas patronales, su bellísima Semana Santa, su solemne celebración del Corpus. Conocimiento de que Ceuta nunca (repito, nunca) perteneció al vecino reino de Marruecos, sencillamente porque éste no existía como Estado ni antes ni después del momento histórico en que Ceuta, al separarse Portugal de Castilla, opta libremente por pertenecer al reino de Castilla, es decir, a España: ¡voluntad libre que supone siglos de españolismo! Y, claro está, ejemplo singular para alguna otra parte de la península en la que ser español constituye un usual insulto. Conocer una ciudad rodeada de mar que la embellece e ilumina (“isla de luz para la luz nacida”, como la definiera el gran escritor Alonso Alcalde). Y, en fin, saborear sus magníficas vistas desde los dos miradores que la ciudad posee. Todo esto y mucho más, hay que conocerlo y vivirlo.

Y, en segundo lugar, ayuda, atención y hasta cierto grado de aprecio. Ceuta fue durante muchos años la Cenicienta del régimen español. El último rey que la visitó fue Alfonso XIII, en compañía de Primo de Rivera. Después, absolutamente nada. Franco, que desde uno de su montículos contempló el paso por el Estrecho de sus tropas al comienzo de la guerra civil, jamás se dignó luego poner un pie en la ciudad en la que, además, había vivido como militar. Y su mal ejemplo ha sido seguido luego por la actual Monarquía. Nadie de la familia real ha tenido a bien una visita, que en la ciudad se espera como muestra de reconocimiento de soberanía y como prueba de interés. Alguna visita ministerial, sobre todo para revisar las tropas y, ¡por supuesto! algún político que otro a pedir el voto. ¿Tanto hay que sacrificar para “no molestar” al vecino? En los años del protectorado, ignorancia hacia la ciudad, personificada, sobre todo, en el nefasto García Valiño. Únicamente la figura y el aprecio de ese gran militar español llamado Alfredo Galera destacó en los años 60. Luego desapareció la figura del teniente general y se redujo notablemente la tropa allí existente: ¡otro gran error!

SE NEGÓ la denominación de comunidad autónoma que la actual Constitución expresamente permite y que bien vendría ahora. Sin embargo, a pesar de todo, Ceuta, como ha podido, se ha modernizado y ha mejorado notablemente todo su terreno, que es terreno de la España a la que siempre ha querido y sigue queriendo pertenecer como parte inseparable. Ésta es la Ceuta a la que preocupa las vallas por las que tristemente es constante noticia en nuestros días. Una bella ciudad que muchos llevamos en el corazón como un ancla de unión que nunca nos da tregua. Por fortuna, naturalmente.

En la rueda de prensa conjunta de los jefes de Gobierno de España y Marruecos, un excelente profesional del periodismo hizo una incómoda pregunta al primer ministro de Marruecos, y el presidente del Gobierno de España guardó un imprudente silencio. Perdió una excelente ocasión para reafirmar lo que la inmensa mayoría de los españoles querían oír: que Ceuta y Melilla son españolas, como lo son las Islas Canarias, como reza en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Finalmente tuvo que aclara su postura a destiempo, cuando el desasosiego y la intranquilidad se habían instalado en la opinión pública, especialmente en las dos Ciudades Autónomas. El problema es que cada vez que se plantea un asunto espinoso, que preocupa a la ciudadanía, el presidente del Gobierno, lejos de crear el clima de tranquilidad desde el liderazgo exigible a cualquier líder político que tenga responsabilidades del máximo nivel, genera tensión, intranquilidad y falta de confianza. Este síntoma empieza a ser reflejo de una enfermedad crónica de este Gobierno y de su presidente, que sólo reacciona cuando se desbordan los temas y se convierten en polémicas ácidas, por carecer de la solidez y rigor mínimos exigibles a quienes ejercen tarea de gobierno en una democracia avanzada.

Las relaciones con nuestro vecino no son una cuestión sencilla, lo que no obsta para que Marruecos haya sido y sea siempre una prioridad estratégica para nuestro país. Sin embargo, esta relación fundamental no se puede construir a costa de la defensa de los intereses legítimos de nuestro país y de sus ciudadanos, llevarse bien no es incompatible con la defensa de nuestros intereses. Sin embrago, el Gobierno socialista ha fundamentado sus relaciones hacia Marruecos en la perpetua y constante cesión. Cabe preguntarse ¿qué hará el Gobierno socialista para llevarse bien cuando ya no le quede nada en que ceder? Las relaciones sanas, equilibradas y fundamentadas en el respeto mutuo se logran desde la transparencia, la cordial y exquisita discrepancia y en la sinceridad respecto de nuestros propósitos.

Por esa misma razón, el presidente del Gobierno no puede permitir que se genere una duda sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no puede ser corresponsable de crear un clima de inquietud y de preocupación, y de demostrar que no se tienen las ideas claras sobre política exterior. Melilla es española de forma ininterrumpida desde 1497; Ceuta, que fue una posesión portuguesa, pasó a manos españolas al heredar Felipe II el reino de Portugal a la muerte de su madre, Isabel de Portugal, en 1585. Cuando en 1640 nuestro vecino readquiere la independencia, se pregunta a los ceutíes a qué reino deseaban seguir vinculados, y hace 365 decidieron, seguramente por la comodidad de la proximidad, seguir bajo la Corona española; la cuestión es que decidieron. ¿Alguien pone en duda el carácter turco de sus territorios europeos que incluyen buena parte de su principal ciudad, Estambul? ¿Se puede cuestionar la soberanía sobre la base del constante ir y venir de las fronteras a lo largo de la historia? Por esa regla de tres, el Reino de Granada sólo forma parte de la Corona desde 1492 y sólo ultraconservadores, ultrarrigoristas y los islamistas radicales se atreven a reivindicar la reconquista de Al-Ándalus; Navarra, desde su definitiva incorporación en 1515 tras la boda de Fernando el Católico con Germana de Foix en 1512. Los argumentos no se tienen de pie, y lo que es peor, es que generan tal crisis de credibilidad en él las instituciones, que nos afecta a todos, y eso es un desastre para el sistema, no sólo para quienes aspiramos legítimamente a sustituir al actual Gobierno.

El haber permitido que se instalase la duda sobre una eventual negociación que llevase a la cosoberanía es de una preocupante irresponsabilidad; las rotundas negativas llegan tarde y con cajas destempladas, tampoco es de extrañar, puesto que uno de los asesores áulicos del Gobierno para la «alianza de civilizaciones» abogaba por la devolución -¿devolución o más bien entrega?- de las Ciudades Autónomas a Marruecos. ¿Entonces, qué podíamos pensar de los irresponsables silencios presidenciales? Si tanta influencia tiene ese asesor, ¿por qué no se puede creer que este mismo asesor ha podido influir también en el hecho de plantar eficazmente la duda en el Gobierno sobre la españolidad de nuestras Ciudades Autónomas? Lo extraño es que nadie hubiese hecho esa lectura. Por cierto, en un reciente congreso de juventudes celebrado en Venezuela bajo los auspicios del régimen de Hugo Chávez, representantes de los Ayuntamientos de Córdoba y de Sevilla suscribieron un comunicado final en el que se calificaba a Ceuta y Melilla de territorios ocupados que debían ser reintegrados a Marruecos. Quizás el alcalde de Sevilla y el PSOE de Andalucía, así como la alcaldesa de Córdoba y su partido, debieran explicar a la opinión pública cuál es su verdadera postura al respecto, para que todos sepamos a qué atenernos.

Ceuta y Melilla tienen una alta proporción de población española de origen musulmán, que son ciudadanos de la Unión Europea y de un país que en la últimas cifras disponibles tiene una renta per cápita de en torno a 23.000-24.000 euros. No creo probable que dejen de sentirse miembros de una comunidad que es tan suya como nuestra, y entre muchas otras, la prosperidad del país seguro que tiene su peso. Hemos visto recientemente cómo tomaba posesión de su escaño una diputada ataviada con el hiyab (el pañuelo islámico de cabeza), el consejero de Presidencia de Melilla es musulmán, y en las Ciudades Autónomas se ha dado una buena convivencia entre cristianos, agnósticos, musulmanes de origen beréber o árabe, judíos e hindúes. Estas polémicas artificial e irreflexivamente provocadas no deben ser alentadas desde el Gobierno, que acaba de debilitar, en otro tema más, la credibilidad y solidez de la Nación española.

Los asaltos masivos a la valla de Ceuta y Melilla no son sólo un problema de seguridad y no se van a resolver sólo con medidas de seguridad. Su causa es muy diferente y también su solución. Simplemente, esas vallas delimitan la frontera más desigual en términos económicos de la Unión Europea o de la OCDE. El PIB per cápita de España multiplica por 15 al de Marruecos, cuando el de Estados Unidos multiplica sólo por seis al de México. En todo el mundo, sólo hay otras cuatro fronteras más desiguales que las hispano-marroquíes, aunque todas implican a países de muy escasa fiabilidad estadística y que no están sometidos a normas contables internacionales o a la vigilancia de Eurostat. Dicho con claridad, la frontera hispano-marroquí es la más desigual del mundo, considerando sólo las de estadística fiable. Desde ese punto de vista, lo extraño no son los asaltos a Ceuta y Melilla, sino que la valla todavía se tenga en pie.

La tentación es demasiado grande para los emigrantes. Por ejemplo, una casa en Marruecos de nueva construcción se puede comprar por 6.000 euros (la casa entera no un metro cuadrado), apenas un año de salario mínimo en España. Con la misma cantidad se pueden comprar dos fincas agrícolas en Mauritania o cuatro en países subsaharianos como Malí, un país donde cada ciudadano produce anualmente bienes por un valor medio inferior a 500 dólares. Frente a la magnitud de esta tentación, España está condenada a seguir elevando las vallas de Ceuta y Melilla, y a reforzar la guarnición de guardias civiles. Pero esto no resolverá el problema. Los emigrantes no saltan la valla porque les parezca fácil, ni porque el régimen migratorio les asegure su permanencia en España. Saltan la valla impulsados por la miseria que dejan atrás. Y cuanto mayor sea la diferencia económica que les separa de España mayor será también el impulso.

En la frontera entre EE UU y México, donde la diferencia económica no llega a la mitad que el caso hispano-marroquí, han aplicado desde hace décadas todo el arsenal concebible de métodos de seguridad incluyendo vigilancia electrónica, vallas electrificadas e incluso patrullas de civiles armados que vigilan por su cuenta, muy a menudo asesinando a los emigrantes. Todo ello, con un régimen migratorio extremadamente rígido que apenas ofrece esperanzas a los ilegales de regularizar su situación. Pero este enfoque de seguridad ha sido inútil. Los latinos siguen llegando y, por cierto, hoy ya son la principal minoría del país, desplazando a los afroamericanos. El problema de las fronteras hispano-marroquíes debe de ser abordado considerando que uno de los problemas es el diferencial de desarrollo con nuestro vecino. Algo que hacen los propios melillenses, cuyas principales instituciones se han unido para crear una Fundación para el Desarrollo Hispano-marroquí que lleve prosperidad más allá de la valla. Analizándolo como un problema de desarrollo, lo primero que salta a la vista es que esto no es un problema español.

Se trata de un problema europeo, pues esa frontera es la más desigual de Europa. Curiosamente existe un Comisario Europeo a cargo de Desarrollo. Pero resulta sorprendente que no haya caído en la dimensión de vecindad de este asunto. Marruecos es uno de los principales destinos de la ayuda europea, pero Bruselas otorga la ayuda independientemente de su localización. En este momento, colabora en la construcción de una descarga de residuos en Essaouira, al sur del país. Si esa descarga se construyera en Nador, Marruecos se iba a beneficiar igual, aunque la situación medioambiental de Melilla mejoraría de forma notable y el escalón económico que separa a esta ciudad de Marruecos se atenuaría. Pegadas a la famosa valla desde el lado marroquí hay miles las bolsas de basura que anuncian las diferencias atroces con el otro lado.

Resulta sorprendente que Bruselas no haya encontrado algún mecanismo para privilegiar las ayudas a Marruecos cerca de su frontera con Europa. Mucho más pensando que este mismo problema de vecindad se da en muchas fronteras exteriores de la Unión Europea, entre las que la hispano-marroquí no es la única con un escalón superior al que separa Estados Unidos de México. Ya sea entre Grecia y Macedonia (escalón de 8,3) o entre Hungría y Ucrania (6,2) se trata de un problema generalizado, que emana del éxito de la Unión Europea. Simplemente, los miembros se desarrollan más, y más rápido que los no miembros. Por este motivo, un cinturón de desigualdad rodea la Unión Europea.

Como es natural, también sería razonable que España privilegiara la cooperación con Marruecos en torno a las fronteras de Ceuta y Melilla. España no va a percibir en lo más mínimo los efectos de un proyecto localizado en el sur marroquí, pero Ceuta va a reducir las tensiones que sufre si se ejecutara en Castillejos. Y desde luego parece sensato dotar con recursos a las entidades que están especializadas en esa frontera y tienen un compromiso específico con su desarrollo. Y las hay tanto del lado marroquí como del español. Pero esto sólo aliviaría alguno de los síntomas. No resolverá el problema que es el muy escaso desarrollo comparativo de Marruecos. Es cierto que la situación actual de nuestro vecino es de su entera responsabilidad y que España ha logrado insertarse entre los países más ricos del mundo por sus propios esfuerzos.

Pero por mucho que el subdesarrollo marroquí sea culpa de Rabat, la desigualdad ha alcanzado un nivel tan atroz que el perjudicado no sólo es Marruecos, también España sufre las consecuencias. La única forma de afrontarlas es compartir una parte de esa riqueza con Marruecos por medio un plan sensato de desarrollo que ofrezca a los ciudadanos marroquíes, y no sólo a alguna de sus élites, la posibilidad de un destino mejor. De otro modo, los asaltos a Ceuta y Melilla tienen más posibilidades de agravarse en los próximos años que de atenuarse.

La decisión del Gobierno español de elevar una nueva valla de separación entre Ceuta y Melilla y Marruecos, como medio para impedir nuevos asaltos de emigrantes, daría risa a Buñuel y podría ser un tema de película para Passolini, dado lo surrealista e innoble de la medida.

Surrealista, porque unos cuantos centenares de metros más de alambres y tubos no detendrán la marea de africanos que el hambre trae a los lindes de Europa. Innoble, porque será el último de los monumentos que el racismo y la mezquindad europeos eleven en tierras africanas. También una nueva expresión de estolidez, pues recluidos en su voluntaria ceguera rehúsan ver la realidad y aprender de la experiencia de Estados Unidos.

Hay, en ese país, una larguísima muralla de 150 kilómetros, dotada de sensores de calor, videocámaras, rayos láser y sistemas de alarma controlados desde satélites, para impedir que los emigrantes latinoamericanos alcancen el sueño americano. La medida logró disminuir radicalmente el paso por esos 150 kilómetros, pero no por los otros 2.900 kilómetros de frontera.

La muralla tuvo un efecto colateral: elevar el número de víctimas entre los que intentaban cruzar a EEUU. En el año 2000, la cifra de emigrantes muertos fue de 383. Hasta agosto de 2005, la cifra ascendía a 415 muertos. La causa era simple. Mafias y desesperación han abierto nuevas rutas por lugares más inhóspitos del desierto, donde morían de hambre y sed, tras ser abandonados por sus guías o simplemente extraviarse.

Varias ONG, entre ellas Rescate, Coalición de los Derechos Humanos de Arizona y Human Borders, creen que las cifras de víctimas son mayores y que sólo mexicanos han muerto alrededor de un millar, según un informe presentado en mayo pasado.

Un portavoz de las ONG afirmó que el mayor número de muertes se produce en las fronteras de Arizona y Tejas por mordeduras de serpientes, accidentes, hambre, frío y deshidratación. No obstante la mortandad, cada año 2 millones de mexicanos cruzan la frontera y 500.000 se quedan.

Ante el fracaso de muros y patrullas, en el Estado de Arizona han surgido patrullas fronterizas de voluntarios blancos, dispuestos a presentar batalla a los desamparados emigrantes hispanos. La gobernadora ha desoído las protestas de México y dejado la frontera en manos de pistoleros y de los nuevos cazadores de indios. Pese a todo, la marea hispana sigue incontenible, cambiando para siempre el rostro y la lengua de EEUU.

Lo mismo ocurrirá en Europa. Empujados por el hambre y la desesperanza, millones de seres humanos seguirán fluyendo por las nuevas rutas que serán abiertas cada vez que las policías cierren otras, sin más efecto que aumentar el número de víctimas mortales. Y a mayores dificultades, más mafias y precios más altos para pagar por el traslado.

1.400 millones de personas viven con menos de dos dólares al día. El 60% de la Humanidad pasa hambre o sufre calamidades.Más de cinco millones de personas mueren de sida al año. Los países del Norte, por cada dólar que invierten en Africa, extraen 9. Hay 400 millones de niños esclavos… ¿Piensa alguien seriamente que unos metros más de alambres y tubos detendrá el tsunami humano provocado por un orden económico inmoral e injusto?

La solución no son vallas, policías y perros. Es cambiar drásticamente las reglas del juego económico mundial. Distribuir la riqueza, promover la justicia social y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales entre los pobres del mundo. Lo demás es engaño. Querer curar los cánceres con aspirinas. Pretender ponerle vallas al hambre.

El drama era, por desgracia, previsible en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Todo hace pensar que sólo estamos al comienzo del pulso que opone a los solicitantes de asilo, verdaderos o falsos, poco importa, y a las autoridades de los países ricos de Europa. La frontera mediterránea se parece cada vez más a la de Estados Unidos con México: está cada vez más sembrada de víctimas. La opinión pública descubre de forma brutal la realidad: unos seres humanos prefieren morir en vez de seguir viviendo en la miseria y en la humillación. El Gobierno español es puesto a prueba; no vemos cómo puede encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo. La Unión Europea tiene sus exigencias; la geografía convierte a España en el puesto más avanzado de la prosperidad. Las fronteras han desaparecido en el interior de Europa, pero se transforman en campamentos fuera de ella. Así, la metáfora de la fortaleza asediada es más cierta que nunca. Europa ha decidido instalar campamentos en sus fronteras, y empieza a ver lo que cuesta en vidas humanas.

Las últimas avanzadas de esta política de los campamentos se han hecho en África, en especial entre el Mediterráneo y el Sáhara. Así, Marruecos sufre una fuerte presión por parte de la UE para que refuerce el control de sus fronteras, disuada y contenga a los emigrantes subsaharianos y, al mismo tiempo, les detenga en su recorrido migratorio hacia Europa. En definitiva, para que desempeñe el papel de “gendarme” de Europa. La política de readmisión realizada estos últimos años por la UE se inscribe totalmente dentro de esta lógica. En la actualidad, se está negociando un acuerdo de readmisión con Marruecos, que le obligaría a organizar la readmisión no sólo de sus súbditos en situación irregular, sino también de las personas que hayan transitado por su territorio. El desbloqueo de 250 millones de euros dentro de los programas de asistencia técnica y financiera para el control de las fronteras (AENEAS) debería pesar en la balanza…

Podría analizar esta situación desde un punto de vista jurídico pero, en realidad, no sirve de gran cosa ya que es perfectamente conocida por quienes toman decisiones en este ámbito y, por lo general, no tienen que rendir cuentas a nadie.

Veamos más bien la situación sobre el terreno. Es alarmante en los campamentos informales instalados en los bosques de Ben Younes y Gurugú, próximos a Ceuta y Melilla, respectivamente. Un reciente informe de una organización benéfica francesa realiza una descripción de las condiciones de vida de estos emigrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano. Al final de un largo recorrido de unos dos años (travesía del desierto, paso por Libia, etcétera), estas personas se encuentran atrapadas en esos bosques. Los que acaban en los campamentos precarios hechos de cabañas de madera son a menudo los más pobres: no tienen medios para pagar su paso a Europa (papeles falsos, intermediarios, pateras, etcétera). En realidad, una vez que han entrado en Marruecos por Oujda (ciudad del norte fronteriza con Argelia) y principal punto de paso, se produce una “selección” entre los emigrantes: los que tienen los medios para pagar se van a las ciudades para tratar de realizar una travesía en patera (sobre todo hacia las islas Canarias porque el SIVE -Sistema Integral de Vigilancia Exterior- hace que el trayecto sea muy difícil en las costas de Cádiz, Málaga y Algeciras); a los demás sólo les queda la opción de dirigirse al bosque.

De por sí expuestos a las agresiones de “vagabundos y bandidos” cuando se desplazan a pie hasta los campamentos en los bosques, a continuación quedan abandonados a su suerte, totalmente aislados, esforzándose por alimentarse y sobrevivir en este entorno hostil. Aunque estos “guetos” se parecen a “campamentos de refugiados” en la medida en que están “organizados” (los emigrantes han organizado espacios de vida en los campamentos), las condiciones no dejan de ser miserables y las sanitarias son espantosas. Por no hablar del acceso a los cuidados médicos, que resulta imposible por la reclusión y la clandestinidad en que viven. Y ello debido sobre todo a que las autoridades marroquíes disuaden, tanto a las asociaciones como a la población, de que ofrezcan ayuda a estos emigrantes, que permanecen de media siete meses en estos campamentos.

Sólo salen de su clandestinidad para, por la noche, tratar de superar con escalas de madera las verjas y alambres de espino que los separan de los enclaves españoles. Evidentemente, “el ataque a las verjas” es muy peligroso, ya que la frontera está estrechamente vigilada por ambos lados (sobre todo en el lado español, que dispone de un arsenal tecnológico considerable). Para los pocos afortunados que logran saltar las verjas, se inicia un verdadero juego del escondite con la Guardia Civil antes de poder acceder al “campo” (lugar de acogida de los emigrantes y solicitantes de asilo). Pocos son los que lo logran. Pero, sobre todo, cuando son interceptados por la Guardia Civil y devueltos a Marruecos, los emigrantes son en ocasiones víctimas de violencia física (palizas, pelotas de goma, etcétera) y humillaciones (insultados, desnudados). Por desgracia, no son actos aislados. Y algunos no dudan en afirmar que es una estrategia consciente y organizada de represión y disuasión. Esta violencia también existe en el lado marroquí (casos de palizas y torturas). Por otro lado, las autoridades marroquíes organizan verdaderas “cazas al hombre” en los bosques, en ocasiones con la complicidad de civiles marroquíes, para capturar y expulsar a los africanos o magrebíes que viven en ellos. Estas “batidas”, encaminadas a disuadirles, les sumen en realidad en el terror y les obligan a desplazarse incesantemente o a dormir fuera de los bosques.

Reprimidos y acosados por todas partes, privados de cualquier derecho, a estos emigrantes sólo les queda al final la opción de “encerrarse” en estos campamentos, que sin embargo son “abiertos”, ya que no pueden circular, no tienen otras posibilidades para vivir y tampoco pueden hacer valer sus derechos en materia de asilo. Porque la posibilidad de solicitar el asilo sigue siendo un espejismo pese a que Marruecos ha ratificado la Convención de Ginebra y la de la OUA (Organización para la Unidad Africana).

Los arrestos y expulsiones arbitrarias son legión. Además, la mayoría de los emigrantes ignora los trámites para solicitar asilo o no cree en ellos. Los medios humanos y materiales para garantizar este derecho son casi inexistentes. ¡Algunos emigrantes dicen incluso haber visto producirse arrestos delante de la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados! Sin embargo, muchos de estos emigrantes podrían beneficiarse legítimamente de la protección de laConvención de Ginebra o la Convención de la OUA de 1969 que rige los problemas de los refugiados en África. Porque, según varias fuentes, ONG y organizaciones caritativas, más de la mitad de estos refugiados han huido por motivos de persecución política, étnica o relacionados con una situación de guerra (guineanos, liberianos, congoleños, marfileños o senegaleses). Los demás están ahí por motivos económicos y para garantizar la supervivencia de su familia (nigerianos, malienses o cameruneses). Pero en la noche del bosque y la opacidad de los campamentos, ambas tragedias se entremezclan a menudo. Y resulta chocante comprobar que, al igual que en Lampedusa (Italia), estos emigrantes, en su mayoría hombres jóvenes y a menudo con un nivel de instrucción bastante alto, son padres de familia y ejercían una actividad profesional que tuvieron que abandonar.

¿Qué hacer? Están las medidas de fondo: ayuda al desarrollo, acción en las zonas de origen, prevención de los conflictos, etc… Pero hay que actuar ahora, y rápido. En primer lugar, es necesario que Europa deje de exigir a terceros países, como Marruecos, “resultados” en materia de expulsión; y sobre todo que no vincule la ayuda al desarrollo a la aceptación por los terceros países de este papel de gendarme. Porque esto siempre se produce en detrimento de los refugiados, sobre todo en los países donde los derechos humanos son poco respetados. Es mejor reinvertir en programas de reestablecimiento para los refugiados. En cuanto a las autoridades españolas, si bien hay que pensárselo dos veces antes de lanzarles la piedra, porque están obligadas a hacer respetar la ley, deben no obstante someterse a la Convención de Ginebra y garantizar el conjunto de la reglamentación. Deben asimismo realizar un gran esfuerzo en materia de formación de las fuerzas del orden, encargadas del primer contacto con los refugiados. Y castigar con severidad los actos ilegales de violencia cometidos por los agentes del Estado. Lo mejor es, de nuevo, aceptar la presencia permanente de observadores neutrales sobre el terreno, en especial representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Y es necesario que el Alto Comisionado para los Refugiados pueda trabajar de forma concertada con el Estado marroquí, sobre todo para controlar la legalidad de los arrestos y de las expulsiones. Si bien no es posible detener estos movimientos de población, erradicar de la noche a la mañana la miseria y la desesperación que los produce, sí es en cambio posible, e indispensable, hacer que se respeten los derechos humanos. También los nuevos condenados de la tierra tienen derecho al Derecho.

Entre lo más hermoso de Melilla figura la arquitectura modernista de Enric Nieto i Nieto, quien había colaborado con Antoni Gaudí en la Casa Milà de Barcelona. Desde su primera obra melillense –la Casa Tortosa, en 1914– hasta la última –el Palacio de la Asamblea, en 1948–, pasando por la Casa de los Cristales, la mezquita y la sinagoga –en un ejemplo singular de tolerancia y pluralismo religioso–, son 13 los edificios del arquitecto catalán que confieren una pátina de europeísmo y modernidad a nuestra ciudad situada -­Canarias al margen– más al sur. En eso, quiérase o no, consiste el drama de Ceuta y Melilla: ser la frontera sur de Europa. Al otro lado de la valla que derriban una noche sí y otra también centenares de subsaharianos, se encuentra para ellos El Dorado, ese paraíso donde están proscritas la miseria, la explotación y la falta de libertad. Algo tan obvio parece haberle cogido por sorpresa al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en un alarde de improvisación, ha enviado a la zona de penetración unos efectivos militares carentes de preparación y de medios disuasorios, para acabar siendo corridos a pedradas y mordiscos por los desesperados asaltantes. Menos mal, dicen, que el lugar donde se preparan los asaltos y desde el que se perpetran las impunes incursiones es territorio amigo, o sea, ese Marruecos con el que se lleva de cine el actual Gobierno español. ¿Resultaría peor con un régimen sedicentemente hostil al nuestro? No parece probable. Más bien, los síntomas son los de una tolerancia culpable del país de Mohamed VI, que estaría probando así la debilidad de nuestras defensas y la inoperancia de nuestros políticos en vista a una futura anexión de unos enclaves africanos que nunca le pertenecieron.

SE PODRÁ discutir lo que se quiera sobre las razones de la hambruna africana y de nuestra falta de solidaridad para resolverla. Pero lo evidente es que la entrada masiva de ilegales por la frontera sur del continente, con la complacencia de un Marruecos que se niega a recibirlos de vuelta, no sólo no resuelve el problema, sino que lo agrava. También se podrá pensar lo que se quiera sobre la política inmigratoria del Gobierno español. Lo cierto es que el denominado efecto llamada lo amplifican las televisiones de todo el mundo, al mostrar la humanitaria y noble acogida de nuestros conciudadanos y la ineficacia policial española. Las cosas, quiérase o no, son así. El masivo asalto a Europa de masas empobrecidas y desesperadas no solucionará la penuria del continente africano, sino que puede perjudicar a todos: dificultades de empleo, marginación de los recién llegados abocados a la mendicidad o la delincuencia, crecientes brotes de xenofobia… Se trata, pues, de un problema de la Unión Europea en su conjunto, que exige una política migratoria común y no una legislación dispersa, confusa y contradictoria. Una política, además, que ayude a resolver los problemas in situ, es decir, en la propia África, en vez de importarlos a Europa. ¿Se compadece eso con el plan Marshall pedido por Mohamed VI? No parece probable. La ayuda norteamericana que bajo esa denominación recibieron los países derrotados en la segunda guerra mundial la administraron los gobiernos democráticos de Konrad Adenauer, en Alemania, y Alcide de Gasperi, en Italia. ¿Dónde está la democracia en un continente dominado hoy día por dictadores corruptos, como el guineoecuatorial Teodoro Obiang, capaces de gastarse ellos solos en una semana más que todo el presupuesto anual del país? La ayuda internacional, el flujo de inversiones, la creación de empresas, el aumento de un comercio justo y demás panoplia de medidas necesarias resultan ineficaces si sólo acaban beneficiando a tiranos venales y sin escrúpulos y no van a las infraestructuras, la industria, la educación y el desarrollo colectivo.

CLARO QUE hace falta una masiva ayuda internacional a un Tercer Mundo depauperado. Pero tenemos que encontrar –más bien, crear–los cauces adecuados y hasta ahora inexistentes: unas Naciones Unidas que fomenten la democracia entre sus miembros, unas organizaciones que controlen el uso adecuado de los fondos internacionales, unas empresas que gocen de garantías jurídicas y que no conculquen los derechos humanos en los países donde se asienten, una efectiva aportación de ese 0,7% del PIB de los países ricos (¿por qué sólo ese porcentaje y en la manera actual de aplicarlo?). Si hacemos eso, luego podemos ser exigentes en que se cumpla la ley y contundentes con quienes la conculquen. De paso, evitaremos que Ceuta y Melilla terminen por convertirse en las primeras fichas de dominó de un asalto a Europa por la débil y porosa frontera del sur. Si tal cosa llegase a suceder, todos acabaríamos por arrepentirnos de ello.

La reciente visita del presidente de Melilla al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le ha reclamado la condición de comunidad autónoma para su ciudad y la de Ceuta, pone una vez más sobre el tapete político la irracionalidad de nuestro interminable proceso autonómico.

En efecto, 26 años después de haber sido aprobada la Constitución vigente hoy en España, no disponemos aún del diseño definitivo del Estado descentralizado que propugna la misma. En puridad, habría que hablar más bien así de un Estado autonomista mejor que de un Estado autonómico, en el sentido de que se entiende al Estado como un proceso continuo y creciente de concesiones a favor de las autonomías regionales, en lugar de considerar dichas autonomías como algo ya adquirido y permanente. Cuando Maquiavelo adopta la palabra Stato para definir a la nueva organización política que se vislumbra ya a finales del siglo XV, es para designar una estructura organizativa fija y estable. Sin embargo, esta idea, que ha sido adoptada por la inmensa mayoría de las constituciones de todos los pueblos, no se ha interpretado así en el caso español, sino más bien al contrario. Los constituyentes españoles aprobaron un Título VIII, relativo a la organización territorial del Estado, en el que la autonomía de las regiones no es algo permanente y fijo dentro de unos límites, sino que inventaron el Estado deshinchable, desmontable, móvil y, en definitiva, inestable, es decir, lo contrario que reivindicaba Maquiavelo.¿Es el mismo Estado español el de 1980 que el de 1990 o el de nuestros días? Por supuesto que no, porque se ha asistido, en estos años, a un cambio continuo en las competencias de las llamadas comunidades autónomas que, en algunos casos, no han agotado lo que se expone en sus Estatutos respectivos, mientras que en otros, como en los casos del País Vasco y Cataluña, se esgrime que ya se ha superado lo que se reconocía hasta ahora y hay que ir a un nuevo Estatuto o, como se quiere en el caso de Ibarretxe, a una seudoconstitución. El Stato de Maquiavelo ha pasado a ser, en la mente de las elites locales de algunas regiones (¿o naciones?), un Stato instàbile, un Estado al que hay que despojar continuamente de sus atributos; es decir, como decían los clásicos, nos encontramos ante una verdadera contradictio in terminis difícil de asimilar.

Ahora bien, si los respectivos gobiernos de UCD, del PSOE y del PP hubieran respetado al menos lo que señalaba la Constitución, dentro verdaderamente de una cierta ambigüedad, hoy el estropicio sería menor. Pero es que ni siquiera han hecho eso, sino más bien lo contrario: la Constitución, en su Título VIII, ha sido pasto de políticos, de juristas interesados y hasta de administrativistas y constitucionalistas pretenciosos de originalidad, que han hecho mangas y capirotes del contenido de muchos de sus artículos.De este modo, las competencias exclusivas del Estado no eran tan exclusivas o, mejor aún, eran compartidas, con lo cual se pueden transferir a las comunidades autónomas. Es más: esta característica típica de nuestra Norma Fundamental en su Título VIII es lo que ha permitido que se haya impuesto un curioso sistema de toma y daca, que los partidos nacionalistas han utilizado para apoyar a partidos nacionales que no contaban con mayoría parlamentaria suficiente. Pero, en lugar de servir de materia de pacto ciertas cuestiones de la política económica o de otra índole, lo que facilitaba realmente el acuerdo con los nacionalistas era la promesa de ampliar las competencias de determinadas comunidades autónomas, y esto venía a ser igual que utilizar al Estado como apuesta en el juego político: una verdadera aberración, digámoslo claramente.

Así las cosas, la actual reivindicación del presidente Imbroda de Melilla no viene sino a confirmar más aún este demencial e interminable proceso autonómico de perpetuo intento de despojo al Estado central. Pero, en este caso particular, tanto el presidente autonómico como el presidente Rodríguez Zapatero tienen, en principio, razón: uno al reivindicar la naturaleza de comunidad autónoma para su ciudad, y el otro, como jefe de Gobierno, al aceptar esa petición. La razón es muy simple, ya que los actuales estatutos de Ceuta y Melilla son evidentemente inconstitucionales, puesto que se salen de lo que expone la Constitución. Ciertamente, cuando en su disposición quinta se refiere a estas dos ciudades, se dice, por una parte, que «podrán constituirse en comunidades autónomas» y, por otra, que la vía a seguir es «si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica en los términos previstos en el artículo 144…».

Sin embargo, no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro; es decir, en primer lugar, se les ha denominado ciudades autónomas, cuando esta categoría no viene para nada en la Constitución y, además, se trata también de una falacia, puesto que, si autonomía equivale a autogobierno y éste significa ni más ni menos que el goce de la capacidad normativa, hay que concluir que ambas ciudades no la tienen, pues lo único de que disponen es de cierta iniciativa legislativa para solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Unicamente disponen, por lo tanto, de una concreta potestad reglamentaria, lo que invalida el adjetivo de autónoma con que se las conoce. Y, en segundo lugar, tampoco se siguió el procedimiento previsto en la disposición transitoria quinta y el artículo 144.1, previsto para este supuesto. Es más: ni siquiera, como el resto de las comunidades autónomas, disponen de una ley electoral propia, sino que deben regirse por la ley que regula las elecciones locales.

En ese sentido, sus estatutos no son tales y, por tanto, no forman parte del bloque de constitucionalidad, pues además, a diferencia de las comunidades autónomas, sus asambleas no pueden presentar recursos de inconstitucionalidad en los términos previstos en el artículo 162.1 de la Constitución. Y es que ésta sólo utiliza el término de Estatuto de Autonomía, para las comunidades autónomas, y no para las villas, ciudades y similares. ¿Por qué, entonces, el anterior Gobierno del PSOE tardó años en conceder el Estatuto a Ceuta y Melilla y lo hizo según un modelo fuera de la Constitución? Sin duda, hay varias razones, pero la más importante de ellas era probablemente la de no soliviantar a Marruecos, que reivindica como suyas estas dos plazas que son españolas desde hace siglos.

De esta manera, se les otorgó una caricatura de autonomía, demostrando así a nuestro vecinos que estas ciudades tenían una menor vinculación nacional que otras provincias peninsulares o insulares. Pero, en mi opinión, esta política fue absurda, primero porque no era constitucional y, a continuación, porque no era realista para nuestra política de buena vecindad con Marruecos, como ahora diré. Hoy, por el contrario, me parece oportuna la aquiescencia del presidente del Gobierno para convertirlas en comunidades autónomas, porque, como digo, así lo manda la Constitución y, además, porque supongo que en las magníficas relaciones bilaterales actuales con Marruecos, esta decisión se la habrán comunicado previamente a los dirigentes marroquíes para evitar susceptibilidades de políticos nacionalistas de andar por casa. Cualquier hombre de Estado, que supongo habrá alguno en Marruecos, preferiría sin duda que Ceuta y Melilla, transformadas en comunidades autónomas españolas a todos los efectos y con una legislación económica especial, se convirtieran en focos de irradiación de desarrollo económico en el norte de Marruecos, en lugar de llegar a ser marroquíes pero en plena pobreza y con un paro generalizado.En política, con mucha frecuencia, dos y dos no son cuatro.

Por lo demás, reconozco que la tarea que le espera al presidente Rodríguez Zapatero, concretamente en la labor de culminar el diseño del Estado autonómico, es realmente ciclópea, pues la disyuntiva no es otra que entre la destrucción del Estado español o, por el contrario, el asentamiento definitivo de un Estado descentralizado y estable, que perdure hasta su feliz disolución en unos Estados Unidos de Europa. Se sabe cuál es la diferencia entre un hombre de Estado y un vulgar político: éste trabaja para ganar las próximas elecciones y, a lo peor, las pierde; el primero, trabaja para beneficiar a las próximas generaciones y, a lo mejor, lo consigue. ¿Ha optado ya Rodríguez Zapatero?