No es fácil describir la súbita alegría del importante miembro del Gobierno con quien almorcé el miércoles. Las pupilas de sus ojos emitían destellos chispeantes, la sonrisa se le ensanchaba buscando las orejas y los dedos se le hacían huéspedes en pos de los mensajes de móvil que desde la sede del PSOE valenciano le informaban puntualmente de la progresión de Camps hacia el acantilado de su indignidad.

Inmediatamente antes de recibirme a su mesa había hablado con Zapatero y Rubalcaba y un rayo de luz se abría de repente paso entre su cielo entoldado. Después de la masacre electoral del 22-M y de estas humillantes semanas batiéndose en retirada, el PSOE había encontrado al fin un argumento letal, quien sabe si toda una killer application, para pasar al contraataque. Porque si Rajoy había convencido a Camps de que se declarara culpable para eludir la propaganda adversa del juicio de los trajes en plena campaña de las generales, eso no sólo significaba que -como acababa de enfatizar EL MUNDO- la Comunidad Valenciana pasaba a tener un «Molt honorable mentiroso y delincuente», sino que el propio Rajoy había engañado a los españoles al proclamarle una y otra vez inocente a sabiendas de que no lo era.

Mi interlocutor, curtido en mil lizas electorales, se frotaba literalmente las manos, ensayando ante mí los argumentos del próximo mitin. Rajoy se erigía así como un amo despótico suplantando a los tribunales en el trance de impartir justicia. Camps había sido inocente hasta el mismo momento en que Rajoy había decidido lo contrario. El líder del PP era un cínico egoísta empeñado en defender lo indefendible hasta el mismo momento en que había dejado de convenirle. Ni la dignidad de los valencianos, ni los intereses de los españoles le importaban un bledo. Su ambición ciega por llegar a La Moncloa arrumbaba cualquier otra consideración y lo que estaba ocurriendo con Camps no era sino el último ejemplo. «Me apuesto lo que quieras a que en estas circunstancias no se atreve a debatir con Alfredo».

Además estaban los suculentos efectos colaterales. «Supongo que si Ricardo Costa se declara culpable en el sumario de los trajes también lo hará en el de la financiación ilegal del partido… ¿O es que va a hacernos creer que al negarlo todo ha mentido en lo uno y ha dicho la verdad en lo otro?». La imagen de la cúpula del PP valenciano condenada por aplicar las técnicas de extorsión de Filesa a través de El Bigotes y su clan encandilaba ya al eufórico ministro cuando le llegó el mensaje de que Camps acababa de abortar su peregrinación a los juzgados, ordenando a su abogado retirar el escrito por el que se aquietaba en una ominosa sentencia de conformidad.

En un primer momento mi interlocutor vio en ello la exasperación del conflicto: Camps desafiaba a Rajoy y se atrincheraba en la Generalitat, después de que dos de sus colaboradores ya le habían dejado en evidencia, al reconocer ante el juez que les regalaban los trajes. El ministro levitaba. Yo no lo veía tan claro y menos cuando supimos que el aún presidente acababa de anunciar una inesperada comparecencia para las cinco de la tarde. Nos despedimos con la incertidumbre flotando en el ambiente pero en su última mirada ya no afloraba el instinto del cazador enfilando a su presa sino el temor a verla desvanecerse entre la bruma.

Así fue. Todo había sucedido en Valencia tan embarulladamente como los demás actos del drama desde que Camps se metió en el lío de los trajes, dejándose llevar por lo que Rita Barberá acaba de definir como su «bonhomía» y cualquier observador neutral tildaría como mínimo de estupidez. Pero al final, quien osara comparar hace dos años ante las Cortes Valencianas su resistencia con la de Churchill, comprendió, en un imprevisto brote de realismo, que si trataba de evitar la dimisión mediante la indignidad de declararse culpable, se quedaría para siempre con la indignidad y no evitaría la dimisión.

Es imposible saber en qué medida fue la última conversación telefónica con Rajoy la que le sacó de su error. Pero es obvio que la negativa del líder del PP a garantizarle su apoyo para seguir en la Generalitat bajo el baldón de haber admitido el cohecho impropio y la sombra del artículo de los Estatutos del PP que impone la expulsión de todo condenado por delito doloso, precipitaron el desenlace.

¿Era ya consciente Camps en el momento de su patética comparecencia final de que, cual burlador burlado, había caído en la trampa urdida por Federico Trillo y Juan Cotino con la santa desvergüenza de los mejores agentes dobles? Probablemente sí porque sólo el shock intenso de quien descubre que se le ha tendido una celada cuando ya es demasiado tarde y sólo queda cubrirse el rostro con la toga para expirar con dignidad sobre la silla curul, explica su risa floja mientras se declaraba «harto» de que los logros de la Comunidad Valenciana quedaran relegados en los medios de comunicación por los de su sastre.

Fue en todo caso su insistencia en replicar a nuestro editorial y aferrarse en términos de conducta y empeño a su condición de «Molt Honorable» lo que me llevó a rebobinar su comparecencia, quitándole el sonido y poniendo en su boca las palabras que realmente Camps quería pronunciar. En primer lugar para describir la dimensión de su «sacrificio» en el momento de la inmolación:

«Retiro de mi cabeza este peso abrumador, de mi mano este cetro incómodo, de mi corazón este orgullo real; lavo el óleo que me ha consagrado con mis propias lágrimas; entrego mi corona con mis propias manos; anulo mi poder sagrado con mi propia lengua; asiento con mi propio hálito todos los juramentos de obediencia; abjuro toda pompa y toda majestad…»

Pero sobre todo para explicar el motivo profundo de su rectificación in extremis:

«Tú mandas en mi vida pero no en mi honra; mi deber es consagrarte la una, pero mi buen renombre, que a despecho de la muerte me sobrevivirá en la tumba, no tienes poder para arrojarlo al negro deshonor».

Aunque el destinatario final de unas y otras palabras sea obviamente Rajoy, nadie como Trillo para calibrar su significado y trascendencia pues ambas citas de Ricardo II figuran en las páginas 128 y 374 de su libro El Poder Político en los Dramas de Shakespeare. En el primer caso es el propio rey derrocado el que habla; en el segundo, Mowbray, duque de Norfolk, negándose a admitir su culpabilidad.

¿Cuál ha sido el papel del propio Trillo, instalado en la vivienda de Camps, acampando como enviado de Rajoy y hermano en la fe, en el sancta sanctorum de su conciencia moral? Sin duda el del obispo de Carlisle cuando se dirige al monarca tambaleante: «No temáis, milord: la potestad que os hizo rey, tiene potestad para conservaros rey a despecho de todo» (pag. 149).

Ese fue el mecanismo del autoengaño inducido que llevó a Camps a creerse invulnerable, blindado frente a cualquier eventualidad por el respaldo de Rajoy: «El soplo de los simples mortales no puede desposeer al diputado elegido por Dios… que opone a favor de su Ricardo uno de sus ángeles gloriosos… Sólo la mano de Dios puede desposeernos de nuestra lugartenencia…» (pag. 152).

El problema es que Camps creía estar alojando al ángel de la guardia y tenía en casa al ángel exterminador. Tras casi dos años en los que había permanecido instalado en esa «magistral inactividad» que en tiempos de Shakespeare se atribuía a la reina Isabel (pag. 120), el líder del PP había llegado a la correcta conclusión de que, una vez consumada la acusación del juez Flors, su apoyo a Camps se convertía no sólo en un peligro para él sino en un impuesto injusto sobre las bases del PP y en un obstáculo intolerable para la alternancia democrática. Había que removerlo, pero debía hacerse, como siempre, a modiño.

Rosa Estarás recordaba el otro día su mezcla de estupefacción y espanto cuando tuvo que asistir en los albores de su carrera política a la fulminante decapitación de Gabriel Cañellas por Aznar en una implacable secuencia de apenas 48 horas. Con un liderazgo mucho menos asentado que el que actualmente detenta Rajoy, aquel bisoño jovenzuelo del bigote se zumbó a uno de los dos únicos presidentes autonómicos que tenía el PP mientras literalmente se fumaba un puro. Muy poco antes yo había coincidido con ambos en el AVE de vuelta de Sevilla tras la boda de la Infanta Elena. Eramos los únicos pasajeros en aquel vagón y Aznar se instaló lo más lejos posible de Cañellas sin dirigirle la palabra para que constara su desaprobación a los chanchullos del túnel de Soller, de mucho menor calado sin duda que los de la Gürtel.

Nada que ver con este otro modelo de solución de conflictos. Rajoy ha mantenido a Camps durante estos dos años oscilando entre el sí pero no y el no pero sí. Aunque en privado le mandaba mensajes crípticos, en público no dejaba de respaldarle -«No voy a liquidar la carrera política de nadie por tres trajes», me dijo en febrero en Veo7- y Camps sólo escuchaba lo que le interesaba oír. Hasta que llegó su hora.

El último traje de Camps ha sido su mortaja pero se equivoca gravemente Trillo al pavonearse de haberle tomado las medidas como aquellos enterradores del Far West siempre prestos para la ocasión cuando se mascaba la tragedia. Su gira del día siguiente de emisora en emisora evocaba también la tarjeta de visita de Harvey Keitel en Pulp Fiction: «Soy el señor Lobo. Soluciono problemas». O incluso el momento en que el hijo mayor de Tito Andrónico le informa de la ejecución de uno de sus enemigos en un pasaje que el ex ministro de Defensa olvidó consignar en su suculento libro: «Mirad, padre y señor, como hemos cumplido nuestros ritos romanos. Los miembros de Alarbo han sido cercenados y sus entrañas alimentan el fuego del sacrificio, cuyo humo perfuma el cielo como incienso».

El riesgo de Trillo que, por cierto, se negó a entregar su acta de diputado como hubiera sido pertinente cuando su subordinado el general Navarro fue condenado por las falsas identificaciones de las víctimas del Yak, reside en el hecho de que Rajoy no puede quedar tampoco como el jefe inhumano que ordena acabar con quien se interponía en su camino hacia el poder. Suele decir que él también «tiene corazón» y no me extrañaría que cualquier día hiciera suyas las palabras que Enrique IV dirige a aquel a quien encargó ejecutar a su antecesor:

«Aunque le desease muerto, odio al asesino y amo al asesinado. Recibe por tu trabajo los remordimientos de tu conciencia… Ve a errar con Caín a través de la sombra de la noche y no muestres jamás la cabeza al día ni a la luz» (pag. 305).

Pero no adelantemos acontecimientos. Para el PP bien está lo que bien acaba. Camps nunca debió ser candidato a la reelección. Sin embargo ahora ha pagado cumplidamente por sus errores políticos declinando un cargo por el que tanta fascinación y apego sentía. Eso implica que la presión ha cambiado ya de bando, los sitiadores se han convertido en sitiados y a mi anfitrión del miércoles, que tan felices se las prometía, debieron atragantársele enseguida las lentillas. Seguro que a estas alturas el PSOE del Faisán y de los ERE estará ya arrepentido de haber convertido la exigencia de dimisión de Camps en el eje principal de su acoso al PP. Y eso que solo yo escuché al aún presidente valenciano musitar las últimas palabras que Mortimer conde de March dirige antes de morir al bando contrario en una reciente versión libre de Enrique IV:

«Ese es el peligro de remover la tierra; amigo y enemigo están tan enraizados, que cuando arrancas el cuerpo de un adversario detrás siempre desentierras el de un amigo».

El PP de la Comunidad Valenciana concurrió a las elecciones del 22 de mayo con un programa que incluía la promesa de un modelo plurilingüe en las escuelas basado en la «presencia equilibrada» del valenciano y el castellano y en la incorporación del inglés como lengua vehicular. Consecuentemente, en los primeros días de junio el consejero de Educación de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, dio a conocer un proyecto de decreto destinado a poner en práctica su promesa electoral.

Visto desde fuera, resulta evidente que en este proyecto hay cosas que no cuadran. De hecho, la posible generalización del plurilingüismo tal como lo entiende Font de Mora plantea dudas jurídicas bastante graves. En primer lugar, la generalización de este modelo sería difícil de conciliar nada más y nada menos que con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Apurando las posibilidades de la sintaxis, el artículo 6 del Estatuto reconoce el derecho «a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano». Si el Gobierno de Camps piensa seguir los pasos de Núñez Feijóo en Galicia e implantar su modelo de plurilingüismo en todas las escuelas de la comunidad, debería explicar a los ciudadanos en qué va a quedar el derecho de «todos» a recibir la enseñanza en valenciano reconocido por el Estatuto y validado por el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, la posible generalización de este modelo también siembra dudas respecto de su compatibilidad con la ley de uso y enseñanza del valenciano, según la cual los alumnos, cuando finalicen sus estudios, «han de estar capacitados para utilizar el valenciano en igualdad con el castellano». El consejero Font de Mora pretende ignorar que en determinados contextos la «presencia equilibrada» del valenciano y el castellano puede hacer peligrar este objetivo de bilingüismo terminal.

Aunque técnicamente los estatutos de autonomía sean leyes orgánicas del Estado, podríamos decir que estos dos reproches incumben al Gobierno valenciano. Pero hay un tercer aspecto que compete directamente al Gobierno español. El Reino de España ratificó en su día la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y al hacerlo se comprometió a «prever» una educación preescolar, primaria y secundaria en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes. En su último informe sobre España, el Comité de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta se expresó de modo tajante sobre el caso valenciano: excepto el modelo de plena inmersión, ninguno de los otros modelos aplicados hasta ahora en la Comunidad Valenciana «alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por el Gobierno español». Ante esta tesitura, el Comité de Expertos alentó a las autoridades competentes «a establecer modelos educativos fundamentalmente en valenciano para todo el programa escolar de la enseñanza primaria, así como para la enseñanza secundaria». El Gobierno español acaso debería decir algo sobre este asunto, porque es obvio que la «presencia equilibrada» del valenciano y del castellano que promete Font de Mora no es el modelo «fundamentalmente en valenciano» que piden los expertos del Consejo de Europa para que el Reino de España honre sus compromisos internacionales.

En cuanto Font de Mora habló, determinados sectores sociales y políticos de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana se lanzaron en tromba contra su propuesta con el argumento de que el plurilingüismo que propugna el PP va en detrimento de la lengua propia. Estos sectores tienen buenas razones para dudar de las intenciones del PP respecto al valenciano, y para muestra basta un botón. En su programa electoral, el PP dice que «apuesta decididamente por el uso de nuestra lengua y su normalización en todos los ámbitos», e incluso llega a decir que el objetivo lingüístico más importante es «favorecer que utilicemos el valenciano en la comunicación pública». Sin embargo, no predica precisamente con el ejemplo: es inútil buscar en la página web del PP la versión en valenciano del programa que contiene estas grandilocuentes afirmaciones.

Pero incluso aceptando estas buenas razones para dudar de las intenciones del PP, ciertas reacciones catalanas resultan poco edificantes. En Catalunya, un argumento habitual a favor de la inmersión lingüística es que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, que se traduce en amplias mayorías parlamentarias de los partidos que defienden este modelo. Si el modelo plurilingüe de Font de Mora goza también del apoyo ciudadano, acaso debería merecer un mayor respeto entre los demócratas catalanes. No es posible olvidar que el programa electoral del PP obtuvo el respaldo de casi el 50% de los votantes (más de 1.200.000 personas), que dieron a Camps una holgada mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. Si la mayoría de valencianos prefieren implantar un modelo de «presencia equilibrada» en lugar de otro «fundamentalmente en valenciano», aunque esto termine siendo perjudicial para la lengua propia de la comunidad, ¿cómo iríamos a impedírselo?

Hace tiempo que a los valencianos no nos van bien las cosas. No es extraño, porque el Consell del PP está más preocupado por solucionar sus causas judiciales que en defender nuestros intereses. Sea cual sea nuestro color político, esta situación es mala para todos porque, entre otras razones, influye negativamente en los resultados de nuestra economía. La tasa de paro es hoy del 23,83%, casi cuatro puntos porcentuales superior a la española. En 2009, nuestra renta per cápita se ha desplomado hasta el 89,47% de la media nacional. En educación, exhibimos uno de los peores fracasos escolares de la OCDE. En Alicante, por ejemplo, ya han salido las primeras promociones de alumnos que nunca han pisado un colegio de verdad: han recibido toda su enseñanza en barracones. Reparar el destrozo producido por el conseller Font de Mora en nuestro sistema educativo nos llevará toda una generación. Tenemos servicios sanitarios deficientes que, comparados con los de otras comunidades autónomas, ocupan el último puesto en la clasificación que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Este panorama es poco honorable, como también lo es que, mientras tenemos que hacer frente a la deuda autonómica más elevada de España (16% del PIB) y a las facturas milmillonarias de proyectos calamitosos como Terra-Mítica, el Consell se dedique a gastar con pólvora de rey y que, además, muchas empresas tengan serias dificultades en cobrar sus facturas de la administración autonómica. El Consell está en su derecho a endeudarse, pero siempre que deje a nuestros hijos y nietos una mayor dotación de capital público con la que crecer y poder devolver la deuda. Por eso, nos produce una tristeza infinita ver cómo el gasto del Consell, en lugar de ser destinado a inversiones prioritarias dirigidas a proteger a nuestra gente, lo despilfarra enterrándolo literalmente en negocios ruinosos que pagamos entre todos. En cambio, tenemos que poner a disposición de los valencianos los medios que necesiten para que lleven un tipo de vida que valga la pena ser vivida. Esto significa invertir más y mejor en educación, en universidades e investigación de vanguardia, en formación profesional, y en sanidad e infraestructuras. Inhibirse, como hace el Consell, constituye un obstáculo directo para que podamos decidir libre y responsablemente sobre la construcción de nuestras vidas, y contribuye a que nos desentendamos de la vida política.

Esta es la lamentable herencia de “bienestar” material que nos deja el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y en otras comunidades autónomas. Aunque el deterioro económico sea grave, aún nos hace más daño recibir del Consell un legado moral poco honorable: un president bajo sospecha y toda una trama de corrupción que salpica incluso a otras partes de España, sin que por ello Mariano Rajoy mueva un dedo. No entro en el plano jurídico, ya dictarán los jueces sentencia con arreglo a derecho. Pero, me parece reprobable la actitud del president Camps en el ámbito político, entendido éste como la construcción de un mundo moral fundado en el derecho. Es profundo el daño causado en el espacio público y social sobre el que se asienta el juego político, porque transforma la política en mero espectáculo y trivialidad, y niega a los adversarios políticos sus más elementales derechos.

Además, la negligencia de Mariano Rajoy otorga patente de corso a Camps, genera en el ciudadano desafección hacia la política, y le coloca en la mismísima frontera de una situación predemocrática. Si los valencianos queremos hacer frente a esto y defender nuestros derechos civiles, tendremos que recurrir al activismo político. La sospecha de que el PP de Mariano Rajoy y de Camps se financia con la caja B debe esclarecerse. De confirmarse, ello impediría a la oposición competir en igualdad de condiciones en las elecciones autonómicas. Además, no se puede amordazar a la oposición controlando férreamente los medios de comunicación, puesto que tenemos derecho a una información veraz, sobre todo, cuando se trata de la televisión pública.

Los valencianos hemos visto al president, junto con Rajoy y la plana mayor del PP, darse golpes de pecho ante el apóstol Santiago y ser hisopados por las autoridades eclesiásticas. También le vemos arrodillarse a menudo, incluso ante el propio Papa, en lo que es una actitud digna en un hombre de fe. Sin embargo, como representados suyos, le exigimos que, previamente, practique las genuflexiones a las que le obliga la política, no olvide que “la verdadera política no puede dar un paso sin haber antes rendido pleitesía a la moral (entendida como la construcción de un orden de derecho), pues toda política debe doblar su rodilla ante el derecho” (Kant). Por eso, está obligado a recibir con humildad las sentencias del Constitucional y otras que puedan llegarle en el futuro.

Nuestro president, como muchos cargos públicos del PP, está bajo sospecha. Ni juega limpio, ni respeta las reglas de la transparencia democrática socavando, de este modo, los cimientos de nuestra convivencia. Los valencianos somos gente honrada que no se merece tanta ignominia. Por eso, en las próximas elecciones autonómicas muchos votaremos a aquel candidato que, además de president, sea Molt Honorable.

La potestad legislativa, el control del Gobierno y el impulso político a la acción del poder ejecutivo son las funciones esenciales que dan sentido a los parlamentos democráticos. De cómo se ejerzan depende, y mucho, la calidad de las formas de gobierno basadas en la democracia representativa. En el juego institucional de frenos y equilibrios (check and balances) que caracteriza a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, el control del primero sobre el segundo juega un papel decisivo para que la institución parlamentaria acredite su condición de órgano depositario de la soberanía popular, con independencia de que el Gobierno goce o no de una cómoda mayoría parlamentaria para dirigir la política del Estado y aplicar las leyes.

Sin ignorar que la evolución institucional de los sistemas democráticos ha ubicado al Parlamento en una posición no precisamente hegemónica, lo cierto es que en la lógica del sistema representativo, ya sea en los sistemas presidencialistas (Estados Unidos), semipresidencialistas (Francia,) o parlamentarios (España), el Parlamento tampoco puede comportarse como un mero correveidile del Gobierno. Y el ejercicio de la función de control es un buen test para demostrar que no le va a remolque. Porque en ello está en juego la relevancia del derecho fundamental a la participación política que ejercen los parlamentarios en nombre de la soberanía popular o, lo que es igual, la efectividad del ius in officium, esto es, el derecho al ejercicio del oficio representativo.

Esta reflexión general sirve como necesario preámbulo al comentario que suscita la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, 44/2010, de 26 de julio, por la que ha anulado diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes valencianas, que desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de dicha mesa por las que se inadmitían a trámite algunas preguntas formuladas al Gobierno valenciano por el Grupo Parlamentario Compromís (Esquerra Verda y Bloc Verds), y también una proposición no de ley presentada por el mismo grupo. El tribunal ha resuelto que las decisiones negativas de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno del Parlamento valenciano, carecían de motivación, es decir, de una mínima justificación, razón por la cual violaban el derecho a la participación política en condiciones de igualdad del artículo 23.2 de la Constitución.

De las cuatro preguntas rechazadas por la mesa, dos de ellas versaban sobre la eventual realización de contratos por diversas consejerías del Gobierno con una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el llamado caso Gürtel; una tercera se refería a unos vertidos tóxicos, y la última, a unas adjudicaciones de licencias de radio y televisión y a un plan de emergencia exterior. Por su parte, la proposición no de ley pretendía proponer el reconocimiento público a Francesc Bosch i Morata, que fuera consejero de Cultura del Consejo Provincial de Valencia durante la Segunda República. Respecto de las preguntas, el tribunal reconoce que la mesa no motivó su rechazo, limitándose a transcribir de forma lacónica y estereotipada los artículos del reglamento parlamentario, «sin especificar por qué procede su aplicación al caso concreto». E idéntica falta de justificación se produjo respecto de la proposición no de ley, al argüir, sin más, que su contenido no era propio de este instrumento de impulso a la acción del Gobierno, de tal manera que las Cortes, dice el tribunal, «desde la óptica de la representación democrática estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las diversas fuerzas políticas» sobre dicho tema.

La facultad de formular preguntas al Gobierno es una de las formas habituales del control parlamentario sobre el Ejecutivo. Como recuerda el tribunal, se trata de una actividad del diputado o senador que «pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, pues la participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno y su presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan constituyen manifestaciones relevantes del ius in officium del representante». Si ello es impedido con una manifiesta ausencia de justificación por parte del propio órgano de gobierno de la Cámara, no solo se viola el derecho de participación política del representante electo, sino que, implícitamente, también queda enervada la base democrática del sistema, que nunca puede permitir que sus instituciones actúen de forma arbitraria. Como ha reiterado el tribunal, el derecho de participación política de todos los ciudadanos queda vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado o perturbado en el ejercicio de sus funciones.

Dado que la legislatura de las Cortes valencianas no ha terminado, el derecho que el tribunal ha reconocido a los diputados de Compromís habrá de permitir que sus iniciativas sean estudiadas seriamente –ahora sí– por la Mesa de las Cortes y sus servicios jurídicos, a fin de reparar el daño causado.

Meninfot es como se conoce en Valencia a quien todo se le da una higa. Palabra ad hoc que bien puede aplicarse a la izquierda valenciana y su base ciudadana, sumidas desde hace lustros en la sima de una perpetua oposición. Secas como el cauce del río Turia.

Mientras la izquierda de la ciudad de Valencia, y del País Valenciano en general, es más bien meninfot, la derecha se dedica a sus negocios, privados y/o públicos. Algunos, como Terra Mítica, parque temático ubicado en un secarral, pierden millones con alegre despreocupación. Otros, como la visita del Papa en 2007, han supuesto el despilfarro de 84 millones de euros del erario público.

La punta de lanza de la actual derecha política valenciana es la burguesía agraria que llegó desde las comarcas a las ciudades con el talante de un llauro (labrador) a lo Paco Martínez Soria. Se mudaron con su subcultura y son los que hoy mandan.

La progresía, entre tanto, lleva años mesándose los cabellos sin entender cómo el AVE de la historia puede ir para atrás, pues en menos que canta un gallo se pasó de celebrar que la ciudad de Valencia había sido capital de la II República en su etapa postrera a fastos papales y marianas procesiones dignas de una superproducción de Cecil B. de Mille.

Fuera de aquí la gente se pregunta: ¿cómo es posible que el PP valenciano lleve 19 años seguidos sin perder las elecciones autonómicas y municipales? ¿Ha cambiado algo desde que se reventara ese forúnculo de merendones que es el caso Gürtel? ¿Son los votantes de Castellón inmunes el caso Fabra y los de Alicante inmunes al caso Ripoll? ¿Cómo es posible que, pese a todo lo que se sabe de Paco Camps, tantos de sus votantes le estén agradecidos por la oportunidad que les ha brindado de asarse al sol los domingos en las gradas sin techado del puerto para disfrutar de la fórmula 1 y de Fernando Alonso en acción?

Los socialistas valencianos ven cómo siempre les adelanta un PP de tono chulesco, que aprendió el inestimable valor político del golpe de efecto, los fuegos artificiales tan queridos en las tierras valencianas. El populismo político valenciano del siglo XXI es una mascletá, como las risotadas de la alcaldesa Rita Barberá ante las acusaciones de que El Bigotes le compró el bolso. La edil exhibe una mueca a lo Millán Astray, y con la cabeza echada hacia atrás, parece decir: “Da igual lo que penséis, de aquí no nos moveremos”.

Todo comenzó a torcerse para la izquierda a finales de los 80 cuando el conocido popularmente como búnker barraqueta comenzó a avivar el anticatalanismo y fabricó de la nada un monstruo secesionista, el blaverismo, que logró divorciar este país perplejo de sus primos naturales del norte. Apareció una caricatura salida de un sainete de Bernat i Baldoví llamado Vicente González Lizondo para enarbolar el pendón anticatalán y con un remake del Vivan las caenas y otro del Muera la inteligencia, el blaverismo empezó a subir como la espuma.

La burguesía urbana ilustrada fue acorralada por una clase venida del campo y extremadamente conservadora. Al principio, el PP sudó tinta para frenar el populismo de los blaveros, pero luego llegó el llamado Pacto del Pollo que disolvió Unión Valenciana en las filas del PP. Lo que catapultó a Rita Barberá a la alcaldía de Valencia en 1991, y ahí sigue.

Empezó la larga marcha por el desierto de la izquierda del País Valenciano. Muerto Joan Fuster, diluidos los periódicos impulsados por la burguesía urbana progresista como Diario de Valencia, situada en la marginación la izquierda nacionalista (Acciò Cultural), el terreno estaba libre para el peor de los escenarios posibles: un urbanismo salvaje impulsado por la derecha ruralota. Hoy la destrucción del litoral valenciano es tal que Benidorm es casi un parque ecológico. Entre 1997 y 2006 se construyeron en el país perplejo 750.000 viviendas, lo que supuso la desaparición de 180 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Y esta insaciable clase dominante barrunta ya, con el beneplácito de Paco Camps y su Consell, unos planes de ordenación del territorio que suponen añadir 718.000 viviendas en tan solo 57 municipios. Se expande la pesadilla a lo Mad Max.

Los socialistas valencianos también tienen su responsabilidad. Gobernaron la ciudad y la comunidad a finales de los setenta y comienzos de los ochenta y tomaron algunas decisiones relacionadas con la actual situación. La más vistosa fue el modelo de la televisión pública autonómica: el actual híbrido entre ramplonería folclórica y desfachatez partidista nació con ellos. Bajo mandato socialista, Canal Nou fue diseñado como una botiga para marujas a fin de no enfadar a los blaveros.

Valencia no siempre fue así. El historiador Ramiro Reig escribe que en los primeros lustros del siglo XX, durante la Feria de Julio, el pueblo pedía a la banda municipal que tocara La Marsellesa, y que el Viernes Santo los concejales republicanos paseaban en tartana por la ciudad contra la orden que lo prohibía. Valencia era laica, liberal y progresista hasta el punto de que en las elecciones de abril de 1931 la candidatura de Alianza Republicana alcanzó porcentajes superiores al 75% en los distritos populares.

Pero la Valencia de hoy continúa seca como el Turia bajo el cruel sol de julio. Ni siquiera parece interesada en recuperar su espíritu extraviado.

En torno a 1920, José María del Palacio, conde de Las Almenas, construyó en la cima de un monte de la Sierra de Guadarrama un pintoresco edificio que ha venido a ser conocido como el Palacio del Canto del Pico. Esta peculiar casa-museo la proyectó el mismo conde a partir del ensamblaje de fragmentos arquitectónicos, adquiridos y extraídos de arquitecturas representativas del arte español entre los siglos XII y XVII.

El resultado de aquella afición desmedida del conde por la arquitectura, fue algo más cercano a la obsesión del doctor Frankenstein por crear un nuevo ser humano a partir de restos de cadáveres, que a la canónica versión restauradora de los especialistas en el Patrimonio. Aún así, y de manera sorprendente para los criterios actuales de la ortodoxia teórica, aquel monstruo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1930.

El Palacio del Canto del Pico cobró relevancia popular cuando, tras la Guerra Civil española, su creador y propietario lo regaló al general Franco, convirtiéndose entonces en casa-refugio y lugar de recreo del dictador. Ya en manos de sus herederos sufrió una larga decadencia hasta su venta a la empresa Stoyom Holding Limited.

La historia del curioso monumento atrajo de nuevo la atención pública cuando la Comunidad Autónoma de Valencia reclamó el claustro de Valldigna, con la intención de reintegrarlo a su lugar original, objetivo que logró, tras largos trámites administrativos, en el año 2007.

En el intermedio, a la administración responsable del Patrimonio de la Comunidad de Madrid se le planteó un interesante problema jurídico: autorizar el desmontaje de una parte del Monumento Histórico sin caer en la responsabilidad del expolio. La situación se solventó rebajando el nivel de protección del Palacio, mediante el prolijo itinerario administrativo previsto en la legislación.

No ha pasado tanto tiempo para que el gobierno valenciano se enfrente ahora a una acusación de expolio, el que supondría la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma de Cabanyal-Canyamelar.

La paradoja resultante es que, ahora, la misma administración, la valenciana, que declaró bien de interés cultural al barrio del Cabanyal mediante un Decreto del año 1993, intenta defender su autonomía mediante otra resolución que anule la anterior, tramitada de manera apresurada y mediante un procedimiento de dudosa legalidad, e inicia, de manera provocadora, las demoliciones. La cuestión de fondo, la de que la aplicación del Plan constituye un expolio del conjunto histórico queda relegada por el debate de competencias.

Porque lo que justifica la intervención del Ministerio es la constatación de que el Plan Especial no responde a la protección del bien de interés cultural sino a permitir la realización de la apertura del Paseo del Mar, una amplia avenida que implica la demolición de una parte sustancial del barrio protegido, y, sobre todo, supone nueva configuración ajena a las características morfológicas del conjunto histórico preexistente.

En los últimos años parecen prodigarse las tensiones por las distintas interpretaciones sobre la distribución de competencias entre las distintas administraciones en relación con el Patrimonio, en los criterios sobre las intervenciones restauradoras, o en las advertencias de la Unesco sobre el Patrimonio de la Humanidad reconocido en el territorio español. Síntomas indudables de que un tema, tan sensible en la consideración pública actual, ofrece lagunas suficientes para el debate y un cierto grado de discrecionalidad.

Hay que señalar el doble origen que determina la complejidad de la idea de Monumento; si por un lado el término monumentun tiene, en el momento de su formulación en la República romana, la referencia de las fuentes escritas y materiales que aquellos coleccionistas, (los anticuarios, o archaiologos), reunían con el objetivo de fijar una tradición, la valoración de lo antiguo en el proto-renacimiento tiene como justificación el que constituye un modelo estético. De ahí la dualidad, nunca resuelta, entre el valor documental del patrimonio y su dimensión artística. Y también orienta sobre la contraposición, en el comienzo de una específica cultura de la tutela, entre la posición de un Ruskin, cercana a la voluntad de embalsamar el cadáver, toda vez que el monumento, su valor, está ligado a la sugestión misteriosa de lo que fue y de lo que perdió, y la de Viollet-le-Duc, convencido de poder restablecer un estado unitario que puede no haber existido en ningún momento.

Años más tarde, Riegl, Boito o Brandi, intentaron dar solución a este doble requerimiento de una manera equilibrada, mediante unos principios de carácter genérico que podrían resumirse en la idea de intentar recuperar la cualidad persuasiva y el significado del monumento, su valor permanente, sin falsear la materia original, donde reside su verdad documental.

Prácticamente todas las legislaciones actuales de protección del Patrimonio recogen, de manera más o menos rígida, esta defensa de la autenticidad, aunque traducirla a normativa legal resulta siempre decepcionante y empobrecedor. Así, el artículo 39.2 de la actual Ley del Estado español, mucho menos flexible que el de la Ley de 1933, ha dado origen a una serie de sentencias judiciales contrarias a los criterios de muchos especialistas.

Sin duda la más notable y conocida fue la del Tribunal Supremo sobre la intervención de los arquitectos Grassi y Portacelli en el Teatro Romano de Sagunto, que ha venido a detectar alguna de las insuficiencias de la Ley estatal del Patrimonio Histórico.

Desde esta perspectiva debió de entenderse el informe que sobre El impacto de la Torre Cajasol sobre los edificios declarados Patrimonio Mundial en Sevilla, elaboramos la comisión de expertos designados por el Ministerio de Cultura.

La primera, y obvia, constatación fue la de la obsolescencia de la Declaración en 1987 por la Unesco, donde se clasifica como Patrimonio Mundial a sólo tres monumentos, (la Catedral, el Alcázar, y el Archivo de Indias), con lo que, además de la inconsecuencia de aislar un conjunto histórico, relativamente pequeño, de un paisaje urbano sin cuyo contexto los edificios singulares pierden una gran parte de su significado, limitaba, también, los instrumentos de protección que la necesaria ampliación del ámbito declarado permitiría.

Hay que insistir que esta nueva extensión del marco patrimonial, determinado por la categoría de paisaje histórico urbano, va más allá de la noción tradicional de centro histórico, pues define un sistema dinámico, que incluye no sólo la edificación, sino también el carácter del lugar, su topografía y su perfil, el espacio público y sus elementos vegetales, y las infraestructuras que articulan su relación con el territorio.

Y, como es lógico en una visión holística que intenta dar razón de una realidad que cambia con el tiempo, esta transformación debe regirse por una lógica que respete su vitalidad, pero, de igual forma, prevenga de los riesgos de su destrucción o de su embalsamamiento, con lo que también acepta, incluso necesita, la presencia de la arquitectura contemporánea, siempre que ésta responda con la cualidad adecuada al medio donde se inserta.

Entre las posiciones metafóricas, y radicalmente opuestas, de un doctor Frankenstein que intenta conseguir una nueva vida a partir de los despojos de lo que ha perdido cualquier síntoma de vitalidad, y la del embalsamador de cadáveres, cuya ideología sólo permite convertir estos paisajes históricos en parques temáticos de sí mismos, existe la posibilidad de una evolución urbana, que concilie la tradición y la innovación arquitectónica.

Cosa que, desgraciadamente, no consigue un Plan Especial como el del Cabanyal en Valencia, que amenaza con la destrucción de un barrio, cuyas características morfológicas le hacen ser considerado como digno de protección en su frágil condición paisajística y sociológica.

Cualquiera que oiga la historia de un paseo que va a llegar al mar puede pensar que es una buena noticia: la ciudad que se reencuentra con el Mare Nostrum, el paseo soleado que permite acceder a la playa. Y puede incluso recordar la operación urbanística de la Barcelona olímpica, saneando tejidos obsoletos y generando espacios públicos, equipamientos y áreas residenciales. Un nuevo escenario para un tiempo nuevo. Tal vez.

Pero la experiencia urbana nos dice que una receta no sirve para todas las circunstancias. Que una ciudad no es igual a otra, ni debe serlo, y que el análisis de todos los datos resulta imprescindible para acertar en una intervención sobre la ciudad. Es el caso de Valencia.

Valencia nació y creció a orillas del Turia, no del Mediterráneo, aunque ahora lo reclame. Ya ven, el Turia, un río al que traicionó y envió a las afueras creyendo que así se salvaba de él. Pocas ciudades con sentido han renunciado a su origen sin pestañear.

Mientras, junto al mar, hacia el año 1722, nacía un poblado marinero. Creció así, con sus calles paralelas a la orilla generando un tejido singular y una construcción popular: primero de cabañas y luego de arquitecturas modernistas, eclécticas, también singulares. Las teorías provenientes de Bolonia nos ayudaron a valorarlo. No tienen interés sólo los monumentos, decían los sabios, también los conjuntos. Y eso es el Cabanyal, un poblado que compone un conjunto de interés reconocido al que calificaron como Bien de Interés Cultural. Hasta ahí, no hay conflicto. Y hace poco más de cien años aquel poblado pasó a ser un barrio de Valencia.

Pero la ciudad huele el negocio y, de pronto, sueña con llegar al mar. No crean que para eso pide permiso, se informa, analiza su entorno. Nada de eso; desempolva un viejo proyecto de 1883 para prolongar un paseo, perpendicular al mar, que no toma en consideración las preexistencias urbanas del Cabanyal, que también son ciudad.

Ese paseo se ha ido construyendo y ahora, para llegar al mar, ha de atravesar el barrio marinero de interés reconocido. Y aparecen dudas, debates, concursos. Hasta que un Ayuntamiento -elegido democráticamente, lo sé- decide prolongar el paseo de una manera lineal y brusca, afectando a 400 arquitecturas y más de 1.600 viviendas. Los sueños de una ciudad chocan con los sueños de la ciudad.

Empiezan las batallas jurídicas, con un penúltimo episodio favorable al barrio. De un lado, el empeño del Ayuntamiento; de otro, un grupo de vecinos agrupados alrededor de la plataforma Salvem el Cabanyal que agudiza la imaginación y vincula el arte con la movilización ciudadana, la reivindicación con los recursos legales. Así hasta hoy, once años de conflicto y con un barrio degradado por el bloqueo al que está sometido.

El Ayuntamiento mueve pieza y empieza una política de demoliciones puntuales dividiendo la posición de los vecinos y dañando aún más el medio, con la esperanza de asustar a los que se oponen; un deterioro inducido que no se puede después utilizar como justificación de nada.

Ésta es la historia resumida. No siempre querer llegar al mar es una buena noticia.

Dentro del conflicto hay varias cosas objetivas, que forman parte de la información.

Los valores del barrio nadie los discute. Es un barrio de interés singular, deteriorado, que necesita ser rehabilitado como patrimonio de sus habitantes y de una ciudad que no se entiende si se destruye una parte de ella.

La oposición ciudadana también es incuestionable. Todos estos años de reivindicación lo demuestran y la manifestación de hace unos días explicitó con contundencia el apoyo ciudadano que tiene el barrio.

Hay un tercer dato: el altísimo coste social del proyecto resulta obvio. Afectar a 1.600 familias, con todas las consecuencias que ello conlleva, puede ser motivo suficiente para replantear el proyecto. La ciudad siempre es gente y no se puede marginar a esa población precisamente en nombre de la ciudad.

Y el último punto objetivo es la dificultad que encierra una financiación desproporcionada, lastrada por el peso de las expropiaciones, y que la hacienda pública municipal no puede abordar dada su poca solvencia, hipotecada por eventos repetidos.

Es decir, estamos ante un plan muy caro, que afecta a un barrio de interés reconocido, con un coste social muy relevante y que cuenta con una oposición fuerte de afectados y de ciudadanos.

Pero hay otra versión, la del poder local, que se apoya en una teoría curiosa afirmando que la prolongación del paseo atravesando el Cabanyal tiene poca afección sobre el barrio y sin embargo garantiza su revitalización. La conexión, dicen, eliminará su deterioro y le hará volver a vivir momentos de gloria y esplendor. Incluso llega a afirmar que esa avenida, perpendicular al mar y con una afección de más de 100 metros de ancho, ya forma parte del Cabanyal. Insólito.

Esta teoría se apoya en la bondad de la apertura de grandes vías higienistas, decimonónicas, vinculadas a otra manera de concebir la ciudad, y nos recuerda a Haussman, personaje que reivindica estos días la alcaldesa de Valencia, sin darse cuenta de que pertenece al XIX y que hoy en día, en la manera de planificar, pesa más el respeto y la conversación que la imposición. Por otro lado, esta teoría el urbanismo moderno ya la desahució hace años por ineficaz, dado que destruye pero no revitaliza más que un entorno muy inmediato y abandona el resto del barrio fragmentándolo y dejando su interés por los suelos. Los paseos así son todos parecidos, aquí o allí; sin embargo, el barrio afectado es único y forma parte de la identidad urbana de Valencia.

Cuando hay razones objetivas en contra, y sólo una teoría hilvanada y decimonónica a favor, parece que debería primar la cautela, la prevención y el consenso; evitar el riesgo de destruir lo irrecuperable y buscar nuevas fórmulas que permitan resolver el conflicto.

Porque hay otras alternativas para llegar al mar sin criterios esquemáticos y obsoletos. Se trata de primar la escala humana, social, proporcionar los espacios, aprovechar lo existente, tratar al barrio con dulzura, preguntarle. Y darle al paseo lo que es del paseo, un trazado acabado que empieza en los Jardines del Real, un pulmón histórico relevante para la ciudad, y acaba en el Cabanyal, un barrio singular. No sé qué más se le puede pedir a un paseo que unir dos hitos urbanos de máximo nivel.

Y, sobre todo, rehabilitar el barrio, recuperar su esplendor sin avenidas impuestas; ésa ya es una manera de llegar al mar, de disfrutar de él. Una manera más barata, sin coste social y que aplaudiría la mayoría, incluso los vecinos que hoy defienden el paseo, que los hay, más por resignación que por convicción. La ciudad ya llega al Cabanyal ahora, y el Cabanyal ya llega al mar. No hace falta atravesarlo. Valencia no puede luchar contra ella misma.

Ésta es una ciudad de dilemas, y, ante ellos, han sido sus hombres y mujeres los que han puesto cordura y sentido común salvándola. Una ciudad que hoy, de no ser por esa ciudadanía rebelde, tendría una autopista en lugar de los Jardines del Turia y una urbanización mediocre en lugar del Parc Natural de L’Albufera; sería una ciudad mucho peor. Los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad dan lecciones de urbanismo mientras el poder hace otros planes. Ahora se repite la historia.

Tal vez todo esto suene extraño y queden lectores incrédulos imaginando que son exageraciones. Basta con acercarse al Cabanyal para entender la urgencia de la rehabilitación y el despropósito que supone partir el barrio en dos.

No crean, no es sentimentalismo ni pensamientos románticos, no es pensar en el ayer con nostalgia. En realidad, es defender el futuro de verdad basado en la ciudadanía, la sostenibilidad y la cultura colectiva.

No hace mucho tiempo decir que en un país mandaban los empresarios era ponerse a temblar. Privatización por encima del servicio público, intereses personales subyugando el bien colectivo, cortedad de miras frente a visión estratégica… Todos estos eran argumentos esgrimidos para combatir la posibilidad de que un país fuera pensado, gestionado y administrado por quienes piensan, gestionan y administran su empresa. Pues bien, en Valencia, hoy, mandan los empresarios. Pero mandan en otro sentido al que habitualmente se tiene en mente. El contexto ha cambiado tanto en estos dos o tres últimos años que publicar hoy un documento con un título como “Pilares de un nuevo modelo de desarrollo” se asemeja más al movimiento de un grupo rebelde que a la actuación de una reunión de empresarios, como es en realidad, pues se trata de un documento emitido por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) hace bien poco. De la misma manera, lanzar al debate público un texto como “Reforma del modelo económico valenciano” es sustancialmente, en la Valencia de hoy, un acto revolucionario.

Este acto subversivo lo ha realizado la Confederación Empresarial Valenciana (CEVCEOE). A estos dos documentos, deberíamos añadir un tercero que subraya los problemas a otra escala: “El desarrollo del Arco Mediterráneo Español.

Trayectoria y perspectivas”, dirigido por Francisco Pérez (Instituto Valenciano de Investigación Económica) y presentado en Murcia en el mes de enero.

¿Y ante este despliegue de señales rojas, dónde está el Gobierno? Esta es la cuestión. La situación económica valenciana es de emergencia nacional (nacional valenciana). El índice de producción industrial de la Comunidad Valenciana ha descendido un 20% en el periodo enero-septiembre del 2009 en comparación con el mismo lapso del año anterior. Durante el tercer trimestre del año, los visados de construcciones de vivienda nueva cayeron un 72% en términos interanuales.

El comercio al por menor valenciano, por ejemplo, en septiembre del 2009, descendió un 7,7% en comparación con el 6% negativo de la media española y la exportación de las empresas de Castellón (uno de los motores del sector exterior valenciano) ha caído un 30% en el 2009 respecto al 2008. ¿Hacen falta más datos? La sensación que muchos valencianos tenemos en nuestra nuca, sensación fría y húmeda, es que Valencia no se mueve, se desliza.

Esta percepción es muy preocupante. Y no hay que ocultar que el contexto económico mundial es adverso y que a Valencia, la falta de algunas cosas que dependen del funcionamiento del Estado (infraestructuras de comunicación como el eje mediterráneo, financiación per cápita insuficiente, capital público por debajo de la media fruto de escasas inversiones, incluso un poco más de agua) la ha encontrado en el peor momento posible. Pero esta tormenta perfecta sería menos dañina si, en contraposición, se percibiera una reacción decidida del Ejecutivo valenciano a la altura de las circunstancias. Un mensaje claro de presidencia del Gobierno, del señor Camps, sobre la necesaria confianza en la gestión gubernamental y en un amplio sentido de coalición moral entre sectores diferentes del país. ¿Se ha planteado el señor Camps llamar a consultas a los líderes de las distintas opciones políticas valencianas, al señor Alarte, al señor Morera? Es preciso recentrar los objetivos de la política valenciana, concentrar esfuerzos en objetivos asumibles.

Señor presidente, ¿podemos pensar en discursos nuevos para este tiempo de crisis? ¿Está dispuesto a liderar la agitación moral que los valencianos necesitan?

Hoy, la luz del país la marcan los empresarios valencianos y los medios académicos con sus propuestas, que podrán ser criticables o mejorables, pero que, hoy por hoy, son las únicas que están encima de la mesa. No nos extrañe que alguien, de buena fe, se pregunte quién manda en Valencia. Para mandar no sólo hay que producir decretos ley o exhibir una hiperagitación mediática. La sensación de buen gobierno no se consigue, precisamente, con golpes apocopados, sino con la tranquila, constante y coherente melodía diaria en todos los ámbitos de la vida pública. Necesitamos saber que el gobierno autonómico está ahí. Eso es lo que Valencia necesita. Y claro, contención del gasto, priorización de actuaciones, reforma del modelo económico, eje mediterráneo como vía de conexión con Europa. El estudio citado de Francisco Pérez muestra que el denominado Arco Mediterráneo Español (Catalunya, Valencia, Murcia, Baleares y Andalucía), por vez primera desde 1986, dispone de una renta per cápita inferior a la media española. Mal dato. La crisis ha golpeado duro a las zonas dinámicas de España y para Valencia, para el eje mediterráneo, pero también para España, es una mala noticia. Ante el silencio gubernamental y la alerta empresarial, ¿deberíamos pensar que tal vez haya llegado la hora de privatizar, incluso, la gestión del más alto poder ejecutivo de la Comunidad Valenciana? Se precisa una rectificación.

Lo mejor que le puede pasar a Catalunya y a la Comunidad Valenciana es que sus relaciones se debatan de forma racional y pragmática y se aporten vías positivas de desarrollo a una relación que es, al mismo tiempo, compleja e inevitable. Y si las visiones que se aporten van en el mismo sentido que las dinámicas que ocurren fuera de nuestras fronteras (y no colisionan con ellas), es decir, si se adecuan a las tendencias reinantes en el resto de Europa y del mundo occidental, mejor todavía. A mi entender, esta es la ventaja principal de reinventar, con la expresión Commonwealth valenciano-catalana, la relación entre nuestras dos sociedades.

Pero además, tiene cuatro virtudes fundamentales.

En primer lugar, acudiendo a la propia definición original de la palabra como se puede comprobar en cualquier diccionario de inglés, defiende un sentido de “riqueza compartida”, de “beneficios mutuos” para sus integrantes.

Mucho antes de que los restos del imperio británico pensaran en esta expresión como forma de vehicular sus relaciones, esta definición ya existía. Y creo que es la que deberíamos defender en primer lugar.

Me avanzo a decir que, contra el tópico reinante en una parte de la sociedad valenciana, Barcelona en contadas ocasiones ha desempeñado, respecto a Valencia, el papel que Londres ha tenido respecto a Delhi.

En segundo lugar, la expresión Commonwealth permite explicar los procesos que han ocurrido durante el siglo XX entre las sociedades catalana y valenciana: la articulación de una región económica sólida, de aventuras empresariales compartidas, de creación de flujos demográficos y de mercancías poderosos, de elaboración de discursos sobre acuerdos y particulares beneficios. Sin tratado fundacional ni acuerdo escrito, empresarios, ciudadanos y pensadores han contribuido a crear una gran región económica y social en esta parte de España, incluso en momentos políticos más duros y críticos que los actuales.

En tercer lugar, la expresión Commonwealth remite también al futuro: ¿en qué basar estas relaciones? En los intereses materiales, los beneficios mutuos y los pasos, lentos pero seguros, de explicación de los auténticos intereses de cada sociedad. Los procesos de construcción autonómica y la propia Constitución española han impuesto dinámicas mentales y legales que han hecho que cada comunidad sea responsable de su propio territorio y de muchos aspectos de su sociedad (cultura, lengua, universidades, espacios audiovisuales). Sin embargo, nada impide que gobiernos, ciudadanos y empresarios, mediante acciones de todo tipo, avancen en una visión compartida, en una estrategia interregional negociada y entre iguales. Que se planteen, en definitiva, dónde se está y dónde se quiere estar en un mapa global. En estas mismas páginas, Jordi Valls, presidente de la Autoritat Portuària de Barcelona, afirmaba que, desde China, la distancia entre Barcelona y Algeciras era insignificante. No digamos, pues, entre Valencia y Barcelona. Debemos ser conscientes de que, en el futuro, el mapa de Europa será el de grandes megarregiones y que estas serán juzgadas y evaluadas en función de sus infraestructuras internas y de conexión exterior, de su calidad de vida, de sus mecanismos económicos y de la formación educativa de sus sociedades. Todo ello nos debe impulsar a adoptar estrategias de “regionalización” de nuestro mapa mental.

En cuarto lugar, ymuy ligado con este último punto, la Commonwealth catalano-valenciana es nuestra respuesta particular a la reflexión que está aflorando en algunos países, como por ejemplo, en Francia y en Estados Unidos (atención a la blogosfera liberal, en el sentido norteamericano, como la de The Washington Post,con Ezra Klein), donde se está abogando por repensar (¡y recortar!) el poder de los “cuerpos intermedios”, es decir, de los estados como California, Arizona u Ohio, aprisionados entre Barack Obama y Michael Bloomberg. Aunque aparentemente pueda parecer una contradicción, este debate se debe ganar en nuestro ámbito por elevación y no por enroque. Para decirlo más claro, ir más allá de las fronteras autonómicas (o nacionales) catalanas buscando complicidades robustecería el cuerpo social, económico y cultural de Catalunya. En cambio, encerrarse en sus límites geográficos e históricos y ensimismarse en sus propios procesos (lo mismo se puede aplicar a Valencia) pondría al país a los pies de los caballos de quienes comienzan a dudar de la escala intermedia entre el Estado y el espacio metropolitano y urbano.

Hay que moverse y el siglo XXI necesita esquemas y paradigmas del siglo XXI, por mucho que duela tener que reajustar otras entrañables narrativas.

Tengo que reconocer que hacía mucho tiempo que una evocación histórica no me producía tanta perplejidad como la empleada por Francisco Camps el martes para equiparar lo que se jugaba Hitler atacando Inglaterra con lo que para Zapatero significa la Comunidad Valenciana: «En los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial, Churchill dijo que Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perdería la guerra. Zapatero sabe que o gana esta Comunidad o perderá [las elecciones generales]». Toma del frasco.

Mi estupor no proviene de que Camps le ponga el bigotillo nazi al jefe del Gobierno, ni siquiera de que se vea a sí mismo haciendo la uve de la victoria y pidiéndole el puro prestado a Rajoy -que en este baile de carnaval tendría que hacer de Roosevelt-, sino de la total ausencia del más mínimo contexto que justifique el paralelismo. Entre otras cosas porque Zapatero ha ganado ya dos elecciones generales, perdiendo por goleada en Valencia.

Tal es la falta de lo que en el cine se llama racor que, inducido de esta manera a pensar qué es lo que habría dicho de verdad Churchill sobre lo que desde hace unos días está pasando en Valencia, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es aquel corte que le dio a un joven diputado que incurrió en la ingenuidad de preguntarle si al discurso que acababa de pronunciar como novato no le habría faltado, tal vez, un poco de «fuego»: «No, lo que a usted le ha faltado es tirar ese discurso directamente al fuego».

Y es que después de haber oído de todo durante más de 30 años de democracia recuerdo pocas intervenciones políticas tan desafortunadas como ésta de Camps en la que sostuvo que «aquí no se está debatiendo la autonomía valenciana sino el futuro de España»; se jactó de que «el PP ve en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana una referencia de buenas prácticas, buenas cosas y buen gobierno»; advirtió que «yo no gobierno para un partido ni para los conciudadanos de hoy, sino para los valencianos del futuro»; y denunció que «hay una estrategia montada para generar discrepancia y distorsión en la Comunidad» que implica que los mismos que «nos quisieron quitar el agua, ahora nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos». Caray.

Nada de esto tiene absolutamente nada que ver con la explicación que Camps debía y sigue debiendo al conjunto de la opinión pública después de que la Policía haya acusado a su organización de montar «una Filesa en Valencia». EL MUNDO no utilizó por casualidad esa expresión en su portada de hace 10 días. Nuestros lectores saben de sobra a qué tipo de prácticas nos referimos. Por eso creemos que las aclaraciones de Camps son doblemente imprescindibles ante quienes hasta ahora le hemos concedido el beneficio de la duda y hemos respaldado la decisión del Tribunal Superior de Valencia de archivar la acusación de cohecho impropio por el regalo de los trajes.

En primer lugar porque, como sin duda recordará, ese respaldo tenía su propio rebus sic stantibus a través de una cláusula suspensiva explicitada el 12 de julio en esta página: «Si Camps manipuló algún concurso, modificó alguna norma como lo hizo Chaves a favor de la empresa de su hija o ayudó de algún otro modo a la trama de Correa y Pérez a obtener contratos a cambio de los trajes u otros regalos, aplíquesele el artículo 420 del Código Penal y castíguesele con entre uno y cuatro años de cárcel o al menos con entre seis y nueve de inhabilitación». Esto es lo que la Fiscalía Anticorrupción sugiere que puede suceder cuando habla en su recurso ante el Supremo de que está por ver cuál será el delito que finalmente termine imputándosele a Camps.

A mi entender, los trajes «a cambio de nada» no eran nada, pero los trajes en el contexto del tinglado descrito por la Policía se convertirían -de ser todo ello cierto- en una prueba de cargo con nuevas derivadas. Ni la primera hipótesis (manipulación de concursos), ni la segunda (modificación de alguna norma) están hoy por hoy sobre la mesa, pero sí la tercera, una vez que se ha descubierto la triangulación por la que contratistas de la Generalitat pagaban a Orange Market por unos servicios bastante dudosos y El Bigotes anotaba que destinaba ese dinero a compensar gastos del PP valenciano.

Pero es que además de lo que atañe a la implicación personal del presidente valenciano, esta denuncia policial supondría -caso de confirmarse- la reedición a pequeña escala de las peores prácticas corruptas del felipismo en un área tan esencial para el juego limpio democrático como la financiación de los partidos. Los valores constitucionales, los fundamentos mismos de nuestro Estado quedarían en almoneda si consintiéramos que los políticos aprovecharan las adjudicaciones de las administraciones públicas en beneficio de los partidos a los que representan.

Robar para el partido sería igual de grave e inadmisible que robar para el propio peculio: lo dijimos en el 91 y lo repetimos en 2009. Cuando EL MUNDO destapó las corrupciones de aquel PSOE uno de sus protagonistas, Carlos Solchaga, tuvo la caradura de alegar que «sabíamos que en el franquismo había que pagar las estructuras del Movimiento y de la organización sindical que salían de los Presupuestos del Estado», por lo que «el país era consciente de que si en la dictadura el aparato político tenía un coste, en democracia había de tenerlo». Si ese cinismo era inaceptable entonces, doblemente lo es ahora cuando las asignaciones públicas a los partidos son uno de los renglones presupuestarios que más se ha disparado en los últimos años.

Volviendo a Churchill, para mí es tan poco agradable escribir este artículo como le resultó a Sir Winston trinchar un pavo de Navidad cuando le dijeron que era uno de los que se habían criado en su casa de campo de Chartwell. Dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa y se lo explicó a sus invitados: «No puedo comerme un ave a la que he tratado socialmente».

Soy consciente de que es la Policía de Rubalcaba la que nos ha puesto esta pieza en la cazuela y no me cabe duda de que Camps -una persona a la que conozco y aprecio- no se ha embolsado un euro, sigue viviendo más o menos como vivía antes de ser presidente de la Generalitat y es probable que no estuviera al tanto de muchos de los detalles de la trama que iba gestándose alrededor. Pero él es el responsable político y como tal debe rendir cuentas de lo que ocurría en su organización.

A juzgar por los detalles incluidos en ese informe policial cualquiera diría, remedando el torpedo que Churchill dirigió a sus ex compañeros tories cuando se pasó a los liberales, que «el Partido Conservador se ha transformado en una conspiración». Esas idas y venidas de Álvaro Pérez entre el despacho del secretario general Ricardo Costa y el del vicepresidente Rambla, siempre con la pasta de por medio, producen una sensación de bochorno indescriptible y sólo pueden entenderse si contaba con el mismo tipo de patronazgo que permitía a Rasputín hacer y deshacer en la corte de los Romanoff.

Viendo a Camps y sus dos más directos colaboradores hechos unos pimpollos en sus escaños de las Cortes, eludiendo dar explicaciones o asumir responsabilidades y saliéndose por las más inauditas tangentes, se me ocurre aquello que Churchill comentó en 1945 en la Cámara de los Comunes sobre los líderes polacos: «Hay pocas virtudes que no poseyeran y pocos errores que no cometieran».

No cabe descartar que estemos ante un montaje o al menos ante una exageración de la Policía a partir de las manipulaciones financieras de El Bigotes, pero el problema para el PP valenciano es que, al parecer, la contabilidad de Orange Market casa a la perfección con la de las empresas que abonaban las facturas. ¿Qué motivación podían tener esas compañías cuyos ingresos dependían de la Generalitat para contratar a un fulano que llega a Valencia con lo puesto y sin un mal perro que le ladre, pero con el mejor de los contactos?

No sé si será fácil acreditar que ese dinero terminaba pagando gastos del PP, pero demostrar que Álvaro Pérez facturaba a precios desorbitados por servicios irrelevantes o incluso inexistentes será coser y cantar para una Fiscalía Anticorrupción encabezada -desde que fuera promovido al cargo por Jesús Cardenal cuando gobernaba el PP- por el mismo Antonio Salinas que llevó el peso de la acusación pública en el caso Filesa. Seguro que al topar con un modus operandi tan similar se habrá pintado en su rostro una sonrisa impregnada de melancolía: estos chicos no aprenden…

Lo peor que puede hacer ahora el presidente Camps es continuar comportándose como, según Churchill, lo hacía su antecesor Stanley Baldwin cada vez que «tropezaba con la verdad pero inmediatamente se levantaba y salía corriendo como si no hubiera pasado nada». Entre otras razones porque, como también alegaba Churchill a propósito de otro de sus predecesores, Arthur Balfour, «la dignidad de un gobernante, como la virtud de una dama, no es susceptible de disminuir parcialmente».

Camps no puede atrincherarse en que todo esto es mentira porque cada día que pasa hay más ciudadanos en su Comunidad y en el conjunto de España que se dan cuenta, de acuerdo con otro de los más clásicos epigramas churchillianos, de que, en efecto, «hay una terrible cantidad de mentiras circulando por el mundo, pero lo peor de todo es que la mitad de ellas son verdad».

Camps tiene la obligación de deslindar esa mitad que es verdad de la otra que no lo es, aclarando con todo detalle qué hizo y qué no hizo, qué sabía y qué no sabía. Depurando y asumiendo las responsabilidades que correspondan; haciendo un sincero examen de conciencia seguido de su correspondiente acto de contrición; pidiendo disculpas a los valencianos en todo lo que sea pertinente; poniéndose, en fin, una vez colorado para no seguir 100 días amarillo. Este diario está a su disposición si quiere hacerlo. Él mismo se comparó con el Clinton del escándalo Lewinsky -por lo de los trajes, no por lo de la becaria-, pero como no reaccione pronto, se le irá poniendo la cara de Nixon en el Watergate.

Comprendo que al presidente de la Generalitat le pase lo que Churchill dijo una vez del ministro de Hacienda laborista Stanford Cripps: «Su pecho es una jaula en la que se pelean dos ardillas: su conciencia y su carrera». Y que, como el joven Winston escribió en sus memorias de juventud, My Early Life, sienta que «aunque uno siempre está preparado para el martirio, lo deseable es posponerlo el mayor tiempo posible».

Sólo él sabe hasta dónde llega su propio grado de culpa en todo esto, pero incluso si encarar la verdad con todas sus consecuencias implicara poner su cargo a disposición del partido o apartarse durante un tiempo de la primera línea -cosa que al día de hoy no veo inevitable-, eso no tendría necesariamente que significar el final de su brillante carrera. Y no lo digo porque ya en 1920 Churchill advirtiera que «la principal diferencia entre la guerra y la política es que en la política te pueden matar muchas veces», sino porque el resto de su vida pública probó empíricamente que eso era cierto. Y si queremos un ejemplo más contemporáneo, ahí está el caso de Peter Mandelson, acusado de cosas más embarazosas que las que flotan sobre Camps, pero redimido una y otra vez por el arte de saber dimitir a tiempo.

Que Camps no se llame a engaño. Sus problemas no derivan de que tal grupo mediático le tenga enfilado o tal director de periódico se empecine, como viene ocurriendo desde hace 30 años, cada vez que cree haber topado con un indicio de corrupción. Siempre habrá cabeceras dispuestas a hacer el mismo papelón que otros cumplieron con el felipismo. Sus problemas provienen de que cometió graves errores de juicio al meter a ese Rasputín de guardarropía en las alcobas del partido y de que es probable que luego otros abusaran de su confianza. Hasta Rajoy se ha dado cuenta de que lo que distingue la trama madrileña del caso Gürtel de su derivada valenciana es lo mismo que Churchill le explicó al primer ministro irlandés que separaba sus dos países: «Nuestra situación es seria pero no desesperada, la suya no es seria pero sí desesperada».

Y, en fin, ¿cómo no terminar diciendo que quien en una circunstancia así tenga que optar «entre el deshonor» que implica eludir el problema y «la guerra» que supone afrontarlo, y cometa el error garrafal de fiarlo todo al apaciguamiento del paso del tiempo o, no digamos nada, a la huida hacia delante del victimismo populista, «tendrá el deshonor y no podrá evitar la guerra»?

Los valencianos tenemos ya hace años (quizá siglos) un grave problema sin resolver, entre la metafísica y la teoría del conocimiento. Un desajuste muy serio entre la realidad, su percepción y los conceptos y términos que se supone que la reflejan.

Por ejemplo, cuanto más atrás vamos en todas las listas de renta per cápita, inversiones públicas, productividad, educación, salud y otros detalles, más ciudadanos hay perfectamente convencidos de que somos la envidia de España, de Europa y del mundo entero. La región que “avanza en marcha triunfal”, según reza la letra del himno oficial; la “comunidad líder”, según la propaganda insistente del PP y de sus brazos armados en la prensa y en la televisión. Ya somos de los últimos en todo, del pelotón de los retrasados y los pobres, pero la mayor parte del electorado sigue imaginando que somos muy veloces y muy ricos. Según como se mire, es un problema que circula entre la crítica de Kant y el surrealismo.

“La pintura abstracta vuelve la espalda a la realidad; el surrealismo no; el surrealismo la presenta con una perfidia indecorosa, la priva del último y más pequeño prestigio que le quedaba: la verosimilitud”. Eso afirmaba Joan Fuster en El descrèdit de la realitat, un libro que no se explica cómo pudo escribirlo un joven abogado de Sueca allá por el 1955. Medio siglo después, el surrealismo, en el país de Fuster, ha pasado directamente a la política, y a la visión que el país recibe de sí mismo.

Porque en el País Valenciano parece que la realidad no cuenta, al lado de la propaganda: la realidad ha perdido todo crédito, comparada con la alucinación. Retrocedemos en casi todo, hasta en la ética y la estética, mientras la propaganda afirma que avanzamos ejemplarmente y sin cesar. Éste es nuestro surrealismo, que presenta la realidad como irreal y, por tanto, “la priva del último y más pequeño prestigio que le quedaba”. Y los ciudadanos, plácidamente alucinados, votan una y otra vez por la “perfidia indecorosa”.

Y pasando del surrealismo a la filosofía, quienes recuerden algo del Kant que estudiaron (poco) en el bachillerato, recordarán también aquello de los juicios sintéticos a priori. Siempre se ha dicho, explica Kant, que los juicios han de ser o bien analíticos, y por tanto a priori, o bien sintéticos y a posteriori.

En los primeros, hacemos una afirmación basada en un análisis previo conceptual, como cuando decimos: “Los políticos honestos no aceptan regalos interesados”. En realidad, no afirmamos nada que no supiéramos de antemano, ya que la definición de “político honesto” incluye el hecho o condición de no aceptar tales obsequios. En los segundos, el juicio se basa en laobservación empírica de los hechos: miramos qué pasa, y después -a posteriori- lo relacionamos, y podemos asegurar, por ejemplo: “Algunos políticos valencianos han aceptado regalos interesados”. Con ello, si realmente es fruto de la experiencia, habremos ganado algún conocimiento nuevo sobre la realidad.

El problema, cavilaba Kant, es si hay también juicios que sean medio y medio, una cosa y otra, es decir, sintéticos y a priori: que sean resultado de la razón y que al mismo tiempo nos digan algo nuevo sobre el mundo.

La cosa es un poco complicada, o lo parece de vez en cuando, y, de hecho, ha dado pie a mucha literatura. Incluso literatura divertida, como la que aplican Daniel Klein y Thomas Cathcart, filósofos de Harvard, en un libro, Platón y un ornitorrinco entran en un bar, que es un pequeño manual de filosofía explicada con ayuda de historietas y chistes. Uno de los cuales, en el capítulo dedicado a Kant, muestra lo que puede pasar cuando se confunden las afirmaciones sintéticas a posteriori con las analíticas a priori.

Eso era, pues, que un señor se prueba un traje hecho a medida y le dice al sastre: “Necesito que me acorte esta manga: ¡es cinco centímetros demasiado larga!”. “No, ya verá, doble el brazo así, y la manga le sube”, dice el sastre. “De acuerdo”, dice el cliente, “pero ahora, fíjese en el cuello: ¡cuando doblo el brazo, el cuello me sube hasta el cogote!”. “No pasa nada”, dice el sastre, “levante la cabeza y échela hacia atrás: ¡perfecto!”. “Pero ahora el hombro izquierdo me queda 10 centímetros más bajo que el derecho”, dice el hombre. “Ningún problema”, dice el sastre, “incline el tronco a la derecha y los hombros se le igualarán”. El hombre sale de la sastrería con el traje puesto, un brazo doblado hacia afuera, la cabeza echada hacia atrás y el tronco inclinado a la derecha, caminando de manera espasmódica. En ese momento lo ven dos transeúntes, y el primero dice: “Mira ese pobre hombre contrahecho: ¡se te encoge el corazón!”. “Sí”, dice el segundo, “pero su sastre debe de ser un genio: el traje que lleva le sienta maravillosamente bien”.

Siguiendo la exposición de los autores, y añadiendo un poco de literatura, podemos observar qué fácil es confundir los términos de la cuestión. Para los transeúntes que lo ven, afirmar que el sastre es muy bueno porque el traje le sienta tan bien a un cuerpo contrahecho es un juicio sintético, derivado a posteriori de su experiencia. Para el sastre, afirmar que el traje que ha hecho es perfecto para el cliente también deriva, aparentemente, de la experiencia, pero de donde procede en realidad es de la idea de que cualquier traje que él haga será, a priori, perfecto, ya que será el cliente quien adapte el cuerpo al traje.

Eso mismo debe de pensar cierto político valenciano, muy honorable, cuando asegura que aquello que ha recibido como obsequio (trajes de alta sastrería, por ejemplo: un ejemplo elegido al azar) no puede afectar a su propia honestidad. Porque la honestidad propia es incompatible con la aceptación de regalos interesados, sean trajes o no. Pero como es un político honesto, la constatación empírica de la existencia del obsequio tiene que ser efecto de una confusión en los términos: o los trajes no pueden ser regalo (¿los pagó?) o han de ser un regalo de tal especie (¿amistad pura y desinteresada?) que no sea incompatible con la honestidad del político. Es cuestión de saber qué cuenta más, si el análisis o la síntesis, a priori o a posteriori, y cómo se combina todo junto. Ustedes quizá no lo vean claro, pero es clarísimo. Tan claro como un cuadro surrealista. Y el resultado, según dicen, es que el PP valenciano aumenta sus expectativas de voto. Kant no tiene la culpa. Los surrealistas tampoco.

La valenciana es la única de las cinco comunidades autónomas con lengua propia de España que no tiene un partido nacionalista en el Gobierno (y a duras penas en el Parlamento autonómico). A mucha distancia de Catalunya, su tejido político es bipartidista. Ello se debe tanto a la nefasta barrera del 5% de los votos a escala regional como a los propios errores del nacionalismo local. Pero más allá de este hecho y con un mérito indudable, la Comunidad Valenciana no es en absoluto una “Nueva Castilla”, ni tampoco la tierra de promisión que algunos sueñan con redimir. El error se halla en equiparar política y sociedad de forma automática. Valencia, en esto, también es muy italiana. Y compleja. Que, pese a todo, la valenciana es una sociedad singular, lo demuestra el barómetro del 2007 de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura para el País Valenciano, que Salvador Cardús presentó hace poco. Sus datos muestran que, hoy, la elite del país es valencianohablante. El 26% de estos asisten a exposiciones, contra un 15% de los castellanohablantes. El 18% de los primeros (por sólo el 11% de los segundos) es consumidor habitual de espectáculos, y casi un tercio de quienes hablan usualmente la lengua propia (contra el 19% de los que se expresan sólo en castellano) va a conciertos. Incluso entre los lectores de libros, los valencianohablantes superan en cinco puntos a los castellanohablantes. El dato es toda una novedad. Hace cuarenta años, el prestigio social se asociaba al castellano. Hoy, en cambio, los valencianohablantes son un grupo dinámico e impulsor de modas y tendencias. Junto a ello, empresas como Mercadona y Consum, líderes de la distribución alimentaria, utilizan el valenciano de forma habitual en su política comercial y en el club de baloncesto de la división de honor, el Pamesa Valencia, que muestra su página web en valenciano. Las instituciones, como siempre, van más despacio.

Hasta cierto punto, Joan Fuster puede descansar en paz: sus ideas han permitido crear una elite que ha alterado sustancialmente la percepción generalizada sobre quienes hablan a sus hijos en valenciano. Pero Fuster se equivocó al no ser capaz de proponer un método para entroncar esta elite emergente con la raíz popular que fue, no lo olvidemos, la que permitió sobrevivir a esta singularidad valenciana durante siglos.

Estos años deberían haber sido suficientes para entender que la valenciana no podrá (ni tal vez quiera) ser una sociedad como la catalana. Pero tampoco se extinguirá su singularidad produciéndose su disolución en el magma de matriz castellana. Desde un punto de vista social y cultural, la Valencia de hoy no se parece en nada a la de hace cuarenta años. Pero, curiosamente, desde un punto de vista político, las diferencias con la Valencia de hace un siglo son mucho menores, y ello explica muchas cosas de la política actual y del éxito electoral de quien gobierna, visionario de este hecho. Ha habido un cierto malestar con España. Rectifico: con el papel que España ha reservado siempre a la sociedad valenciana. Desde principios del siglo XX, subyace en ella lo que Blasco Ibáñez definió como la “agitación moral de los valencianos: pelear por sentimientos mal razonados, pero hondamente sentidos”, agitación que se manifestaba ante el abandono de Valencia, su falta de infraestructuras y las escasas inversiones recibidas por el Estado. El calor regionalista nacido de aquella “democracia impetuosa, igualitaria y enamorada de los ideales nuevos” (frase con la que Blasco Ibáñez definió a la Valencia de 1907) ha anidado en esta sociedad, y quien gobierne en Valencia (el PP) y en Madrid (el PSOE) tendrá que lidiar con este hecho. La novedad valenciana es que, por primera vez, junto a este sentido de reivindicar lo justo y necesario para la “región”, un sentimiento netamente anticentralista en lo económico, existe ahora una elite leal a la lengua propia y habituada a un entorno cultural activo.

El gran experimento valenciano, el proyecto más ambicioso de los próximos años sería el de aunar ambos componentes. Suena regeneracionista, pero es verdad: hacia dentro y hacia fuera. Y tal vez podría servir de ejemplo para alguna de las otras cuatro comunidades “particulares”, legalmente hablando, que tiene España.

El agua, al salirse de su cauce natural y estancarse, se convierte en charco. Valencia, que ha sido tierra sabia en administrar sus aguas y ahí está su milenario Tribunal como testimonio, se halla en el centro de un torbellino causado por discrepancias con sus vecinos aragoneses, catalanes y castellano-manchegos. La regulación que de su patrimonio hídrico hacen los respectivos estatutos de autonomía, queriendo cada uno de ellos llevar el agua a su molino, es el origen de ese charco judicial en el que se oye un desconcertado croar de ranas en forma de demandas, alegaciones y considerandos. Un barullo que tiene su causa en el hecho de que el Estado ha renunciado a disciplinar para todo el territorio nacional el agua de sus ríos olvidando lo que la Ley de Aguas -ley impulsada por el Gobierno socialista- señala desde 1985, a saber que «las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico». Claro como el agua. Se advertirá que pocos ejemplos como éste avalan de una manera más patente la tesis que he defendido (con Igor Sosa Mayor) en el libro El Estado fragmentado. Para recomponer los fragmentos se llama al Tribunal Constitucional, obligado a hacer volver las aguas a su cauce con sus razonamientos jurídicos. De momento, el pasado mes de diciembre, ya ha roto aguas.

Y ha producido una argumentación meditada, a la que se han añadido votos particulares trabados con brillantez. El debate ha sido sin duda, en el seno de la institución, de altura. Ello debería ser garantía de acierto porque espero que nuestro Tribunal Constitucional nunca haga verdad el comentario ácido formulado por Ernst Forsthoff en febrero de 1957 ante la sentencia del caso Elfes, un asunto que coleaba desde 1953: «A los jueces de Karlsruhe, cuanto más piensan una sentencia, más mediocre les sale».

Las palabras de nuestro Tribunal son siempre importantes pues nos va mucho en ellas. Deben tener como punto de mira la coherencia del Estado, no las vacuidades de la España plural y la nación de naciones.

Uno de los puntos conflictivos que se han suscitado es el de la relación entre los estatutos de autonomía con las leyes orgánicas anunciadas por la Constitución. Para aclarar el asunto a quienes no están obligados a conocer estas escabrosas intimidades, se trata de saber qué vale más, si lo que diga sobre el Poder Judicial el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, o la ley orgánica específica que sobre el Poder Judicial apruebe el Parlamento en virtud del artículo 122 de la Constitución. El tema no es baladí porque está en juego el alcance del Poder Legislativo del propio Estado. Pues bien, el Tribunal nos ha dicho algo importante y es que «los estatutos de autonomía no pueden desconocer los criterios materiales empleados por la Constitución cuando reenvía la regulación de aspectos específicos a las correspondientes leyes orgánicas, pues dichos criterios, referidos a materias concretas para cada ley orgánica, determinan el ámbito que la Constitución les reserva a cada una de ellas, ámbito que, por tal razón, se configura como límite para la regulación estatutaria». Es decir, que vale más la ley concreta del Poder Judicial, por seguir con nuestro ejemplo.

Lástima que, a renglón seguido, se añada que «no puede desconocerse tampoco la diferente posición de los estatutos respecto de las leyes orgánicas [...] (lo que) determina la superior resistencia de los estatutos sobre las leyes orgánicas, de tal forma que éstas no pueden modificarlos formalmente». Y termina: cuando exista colisión entre estatutos y leyes orgánicas, será el Tribunal que interpreta la Constitución el llamado a decidir, extremo éste que ya sabíamos porque para eso están los jueces.

La vía hacia nuevos embrollos está anunciada. Todo ha quedado pues en agua de borrajas.

Mayor contundencia emplea el Tribunal para reducir las ínfulas constituyentes de los nuevos estatutos. Han incorporado éstos su lista de derechos fundamentales al modo como lo hacen las constituciones. Tal proceder no constituiría un peligro si España viviera integrada en su Constitución de 1978. Como no es así, porque existen partidos que planean violarla de la manera más grosera, defendiendo el ejercicio del derecho a decidir, ha hecho bien el Tribunal en precisar que tales derechos «necesitarán para adquirir plena eficacia del ejercicio por el legislador autonómico de la competencia normativa que le es propia [...] (por lo que son) directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos».

Buen quiebro el del Tribunal para evitar la proliferación de constitucioncitas. Sólo que esto no es lo que dicen literalmente los estatutos, pues el de Valencia alude expresamente a la regulación de «los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos valencianos». Tal forma de resolver la cuestión por parte del Tribunal conecta con las teorías que defienden el derecho a interpretar de forma distinta a la permitida por la letra, es más, que ven en la propia letra una suerte de espejismo a disolver entre las interpretaciones probables (cualquiera que haya leído a Perelman conoce estas habilidades). Pero quienes se han aventurado por estos parajes resbaladizos saben que se impone limitar las posibilidades de interpretación que así se abren, pues resultan demasiado imprecisas. Para ello se recurre, por ejemplo, al contexto, que sería el lugar donde encontraría acomodo una palabra y se descubriría la función que cumple un vocablo. Este habría sido el camino interpretativo elegido, de forma consciente o inconsciente, por el Tribunal, y ha llevado a un lugar seguro.

En fin, el último punto es el referido al artículo 17 que «garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal». Este precepto, que continúa aludiendo al derecho a «gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura…», es una muestra elocuente de la forma fragmentada de elaboración de los estatutos. ¿Cómo se puede aludir al derecho al agua de una cuenca excedentaria que no está en el territorio de la comunidad que tal derecho invoca? ¿Qué pasa si la comunidad vecina, donde pueda hallarse ese agua que se reclama, se niega a ello? Yo puedo declarar mi derecho a todo lo que le sobre a mi vecino, pero si mi vecino no tiene pareja inclinación ¿cuál es la eficacia de mi declaración? Para salvar este escollo se recurre en el Estatuto valenciano a la «legislación estatal»: se ostenta el derecho tan sólo en los términos de la ley del Estado. Por donde descubrimos que el Estado sirve para algo. Y a esta referencia tranquilizadora se aferra el Tribunal para declarar la constitucionalidad del texto.

Pero esa referencia hace al precepto sencillamente superfluo. ¿Qué diríamos si mañana el Estatuto de Murcia proclamara que la comunidad tiene «derecho a la explotación e investigación de los fondos marinos de la plataforma continental de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre el derecho del mar»? Nos parecería un despropósito. Aunque, como sostenía Oscar Wilde, lo superfluo es magnífico, pues lo necesario ya lo tiene todo el mundo, lo cierto es que éstas son paradojas aptas para un salón. En las leyes es un vicio y así lo declaró el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989 que anuló -justamente por superfluo- el artículo 5 de la Ley de Régimen Local.

En el agua de estos conflictos se refleja la silueta de la indecisión.

El martes se cumplieron 30 años de la mayor manifestación celebrada nunca en Valencia. Más de medio millón de personas salimos a la calle tras el lema unitario Ara, volem l’Estatut. Me resistí tanto como pude a secundar aquella convocatoria, esa es la verdad. Joan Fuster, que era el santo de mi procesión, había manifestado su intención de no mezclarse con “la tribu fascista, el búnker barraqueta y Alianza Popular, que todos son unos y los mismos”. Pero allí estuvimos –dicen que también Fuster– en cordial algarabía, la mayoría saltando al son de Paquito el chocolatero –”sense blau, sense blau”– y otros –los otros– confesando que su presencia en tal tumulto era “para ofrendar nuevas glorias a España”. “Como todas las aglomeraciones unitarias”, escribió el mismo Joan Fuster días después, “la del 9 de octubre se asentaba sobre un quid pro quo”. Podía haber nacido de un pacto; pero no lo hubo.
Aquel 9 de octubre de 1977 marcó un punto de no retorno para el País Valenciano. Los periódicos de la derecha –los únicos que se imprimían– habían bendecido, aunque a regañadientes, la vía autonómica, y franquistas confesos como Vicente Giner Boira salieron a la calle del brazo de la alegre progresía catalanista, y hasta de comunistas que ellos mismos habían denunciado pocos años antes. Un amable espejismo. Pero en Valencia la transición había sido impugnada de raíz meses atrás con la creación, por parte de las fuerzas ultraconservadoras, del blaverismo, un salvaje enfrentamiento civil que propició agresiones diarias contra intelectuales y políticos de izquierdas. El anticatalanismo fue el gancho de aquel movimiento, y el catalán –o peor aún, el valenciano catalanista–, su chivo expiatorio. Su base social la constituyeron las clases medias enriquecidas durante el franquismo, que intuían un cierto peligro ante la inestabilidad democrática que se avecinaba. Sus componentes básicos, junto al anticatalanismo, fueron la xenofobia, el autoodio y un orgulloso antiintelectualismo.
La explotación de la ignorancia y los prejuicios, y la falta de protagonismo social en aquel tiempo de cambios de la burguesía ilustrada –que haberla, la había– abonaron el terreno para la expansión del blaverismo en la sociedad valenciana. Algunas fuerzas políticas se frotaron las manos: “De l’embolic, a traure’n profit”, pensaron los que vieron en aquel tótum revolútum un fértil granero de votos. La UCD de Abril Martorell, Emilio Attard y Manuel Broseta, y la complicidad de Alfonso Guerra y el aparato socialista, fueron artífices de este golpe ideológico que sigue envenenando hoy a miles de valencianos.

PERO ELLOS y nosotros asistimos a la manifestación en perfecta confusión carnavalesca, a pesar de que el blaverazo ya se había presentado a cara descubierta en los artículos de Manuel Broseta publicados en el diario Las Provincias, un medio de comunicación inmune a los aires democráticos, como se confirmó una vez más la aciaga noche del 23 de febrero de 1981. Los artículos Catalanismo y anticatalanismo I y II calentaron el otoño de 1977 y su epílogo, La paella dels Països Catalans, de febrero de 1978, sentaron las bases definitivas de aquel demoníaco invento del posfranquismo valenciano. La oficialización de la simbología particularista en el Estatut de 1982, y el arrinconamiento de valiosos e incómodos políticos como Vicent Ventura y Francesc de Paula Burguera ya anunciaban lo que se avecinaba. La denominación Comunidad Valenciana para designar un territorio geográfico es un indicio de la gran confusión conceptual –y de lenguaje– que aqueja a nuestra clase política desde hace décadas. Los partidos mayoritarios y de obediencia centralista compartieron la gestión de aquel capital social para alimentar un autoengaño colectivo –el del consenso– que llega hasta hoy mismo. Un consenso –perdón, un quid pro quo– de mutua conveniencia y sobre el que han navegado todos los gobiernos autonómicos, socialistas y populares, tanto monta monta tanto. Como traca final, los reacios al autogobierno en aquel confuso año 1977 ocupan ahora todos sus resortes institucionales. Entusiasmados, han descubierto el valor de la autonomía como elemento proteccionista de sus intereses parroquiales.

Y DE REPENTE, muchos de los que llevábamos cirio en aquella procesión nos sorprendemos reclamando el derecho (y el deber) de injerencia de las instituciones globales (estatales, europeas) ante los desmanes que se ciernen día a día sobre nuestro solar (digo, territorio) por las perversiones del autogobierno. En contra del autogobierno entendido como solidaridad y cohesión social que reivindicábamos tras la pancarta Ara, volem l’Estatut, los actuales dirigentes hacen un uso estrictamente instrumental de las competencias autonómicas. Por ello, en momentos de pasajera lucidez, nos descubrimos revisando las convicciones más profundas que nos movían en 1977. El uso incorrecto de la libertad genera reacciones contra la libertad y pone en peligro su existencia, nos enseñó Karl Popper. La gestión de esta autonomía genera problemas ecológicos, territoriales, sociales y económicos tan serios que también pueden destruirla, al menos tal y como nosotros la entendemos.

La Vanguardia suele dedicar cierta atención a lo que pasa en Valencia. Los artículos y comentarios de Enric Juliana, Antoni Puigverd, Xavier Bru de Sala, Carles Castro o Salvador Enguix permiten a los propios valencianos como yo, observar con atención nuestra imagen ante una buena parte de Catalunya. Y lo dice una persona que conoce, estima y ha defendido muchas veces a Catalunya y a los catalanes ante un sector de la sociedad valenciana.

Valencia es una sociedad compleja y dinámica, poco dada a los detalles. Cierto que vamos como una moto, aunque a veces no sepamos adónde. El caso es que nos movemos. Con todo, pese a la cercanía, a veces se consolidan ideas preconcebidas, mitos que deben ser combatidos. Éste es el objetivo de este artículo, destinado, sobre todo, a catalanes.

La Comunidad Valenciana es de derechas. Falso. Es un error recurrente pensar que el voto de las elecciones del 2007 ha sido un voto ideológico, como en Madrid. Más bien ha sido un voto sociológico. Las manifestaciones antigubernamentales del PP en Madrid contra la política antiterrorista o la educación no se han reproducido nunca en Valencia. Que hay gente disconforme con el Gobierno es evidente, pero más con la sensación de abandono de Zapatero (de Madrid, en general). Además, el PP de la Comunidad Valenciana ha sabido proporcionar un mensaje a los valencianos que aunaba lo global y local (en acertada expresión del sociólogo Gil-Manuel Hernández) y que les daba un puesto bajo el sol de la globalización. Se podrá criticar más o menos la forma, pero es indudable que, a diferencia de las izquierdas, sólo el PP ha explicado a los valencianos dónde están y, sobre todo, dónde pueden estar en un mapa mundial de citas deportivas y mediáticas. El optimismo y la confianza venden. La resignación y la resistencia desgastan.

La Comunidad Valenciana monopoliza el discurso hiperbólico. Falso.

A los amigos catalanes, y sobre todo a los barceloneses, habrá que recordarles que la ciudad que primero inventó la idea de la comparación superlativa fue Barcelona.

“Barcelona, la millor botiga del món”, fue un lema usado con profusión.

Sus Juegos Olímpicos fueron “los mejores de la historia” y ahora mismo la capital catalana invita a los niños a vivir “les millors vacances del món”. ¿Por qué se ve la viga en el ojo ajeno y no en el propio? Al fin y al cabo, es la misma viga. ¿Acaso no ha sido la 32. ª la mejor Copa del América de su larga vida desde 1851?

El Gobierno del PP benefició a la Comunidad Valenciana. Falso. Hablemos de infraestructuras. En el periodo duro de Aznar (1996-2001), la tasa de variación de la inversión en infraestructuras (datos del BBVA), por ejemplo aeroportuarias, fue del 6,2 % en Catalunya frente a apenas un 2,7% en Valencia, siendo muy semejantes en ferrocarriles (sólo medio punto a favor de Valencia) y obras hidráulicas (una décima a favor de Valencia), aunque superiores, eso sí, para Valencia en infraestructuras viarias (1,3% solamente). La inversión en el periodo más reciente no ha debido de ser tan enorme cuando las dotaciones de carreteras por km2de la Comunidad Valenciana son peores que las de Catalunya (2005, anuario de Fomento).

La Comunidad Valenciana es la versión más elaborada del discurso sobre la unidad de España. Falso. El PP valenciano no es el de Salamanca. El PP valenciano es un PP bávaro,regional y regionalista. Y Valencia no es el granero castellano del PP sentado sobre el sepulcro del Cid. Es, por el contrario, la idea más viva de la España regional de principios de siglo XX. Para nación, España, y para patria, la valenciana, como cantan los seguidores de la Mare de Déu dels Desemparats cada año.

Catalunya y Valencia se abocan a los Països Catalans. Falso. La teoría de los Països Catalans no nació de Joan Fuster, aunque él la defendió a partir de los años sesenta. Entonces, valía la pena intentarlo. Catalunya era más dinámica, potente y avanzada que la Comunidad Valenciana. Y España, un desastre. ¿Y ahora? Déjenme hacer una pregunta a los defensores de la idea: en 1962, la capital de los Països Catalans hubiera sido Barcelona, pero hoy en día, si fueran un Estado independiente, ¿cuál sería su capital, Valencia o Barcelona (o Palma)? La pujanza económica valenciana merece repensar los ideales colectivos que guían las relaciones entre nuestras sociedades. Nuevos tiempos, nueva relación, nuevo ideario.

Entre Catalunya y la Comunidad Valenciana, la cultura es lo único importante. Falso. ¿Adivinan los lectores qué tema ha propiciado la única reunión oficial entre consellers de ambas autonomías en el último año? Las infraestructuras (diciembre del 2006 en Valencia, con presencia, además, de los presidentes de los rivales puertos de las respectivas capitales). ¿Y cuál ha generado cumbres empresariales entre el Círculo de Empresarios catalán y la Asociación Valenciana de Empresarios? Las infraestructuras y el agua. ¿En qué están de acuerdo Josep Piqué (antes de dimitir) y Eliseu Climent? En el corredor mediterráneo ferroviario de ancho europeo.

Valencia es instrumento fundamental de la política radial. Falso. Las políticas radiales y neocentralistas no pueden consentir, por definición, más de un centro. Cualquier infraestructura que promueva otros puntos de la red romperá la estructura radial. En Catalunya se debería saber que cuanto más se refuerce a Valencia, menos posibilidades tiene de triunfar la concepción neocentralista de España. Entre otras cosas porque Valencia querrá también conexiones con Murcia, Zaragoza y Barcelona.

Los valencianos se mueven sólo por el pan y el circo. Falso. Al menos, no más que otros. La celebración de la 32. ª Copa del América en Valencia ha sido percibida como una especie de compra de voluntades. Es posible, pero al menos, los valencianos no hemos debido pagar (directamente) una entrada, como sí hicieron quienes querían ver el Fòrum 2004. En ambos casos se ha recuperado una porción de la fachada marítima, se han abierto nuevos espacios de ocio y se han sentado las bases para una nueva relación con el mar. ¿Tanta diferencia hay entre una cosa y otra?

Valencia está absolutamente castellanizada. Falso. La Universitat de València cuenta con una demanda global de clases en valenciano/ catalán que llega casi al 40%, las líneas en valenciano agrupan 150.000 niños y el valenciano/ catalán está presente en la mayor parte de las políticas comunicativas de las instituciones (y cuando no, se recurre al Síndic de Greuges; doy fe) y de algunas empresas (Mercadona y El Corte Inglés o los pequeños hornos de barrio). El panorama dista del de una sociedad absolutamente castellanizada, o al menos, mucho más que otras ciudades importantes de Catalunya. Otra cosa es que se pudiera hacer más y mejor.

La valenciana es una sociedad desestructurada. Falso. Es una sociedad líquida, transversal. Posiblemente el mejor ejemplo de una sociedad posmoderna, pero en la que las comisiones (el nombre es indicativo) falleras son un ejemplo de vida comunitaria, los voluntarios tienen una de las tasas más elevadas de España y las numerosas bandas de música del país ejemplifican la idea de ritmo acompasado y uniforme, sometido a las reglas de la interpretación.

La Comunidad Valenciana es, en esencia, anticatalana. Falso. O al menos, no más que otras comunidades. El principal cliente de la economía catalana es la valenciana y viceversa (los grandes datos se nutren de pequeñas y medianas empresas y de empresarios individuales que comercian). Además, diez años de Euromed (nacido en 1997 como respuesta a una necesidad) han permitido más de diez millones de viajes entre Valencia y Barcelona.

En resumen, sólo arruinando los tópicos estaremos en condiciones de relacionarnos con nuevos horizontes. Y éstos son: el arco mediterráneo (recogido por cierto en el nuevo Estatut d´Autonomia valenciano, artículo 59.4. ¡Léanlo!), la Renaixença (el sustrato cultural común en el que todos están de acuerdo y que nos permite empezar de nuevo en este aspecto) y el marco común de un proyecto: una España diversa y regional (reforcemos el espléndido nombre conjunto de la España del Este,del geógrafo Pierre Deffontaines) y una Europa igualmente diversa e interregional. Y comprendiendo, en Catalunya, que sólo reforzando y apoyando el crecimiento de estructuras paralelas (hablo de la lengua, pero podría hablar de otras cosas) en nuestros dos países se llegará a la posibilidad de abordar alguna vez políticas comunes. Crezcamos, unos junto a los otros, que nos veremos cuando seamos mayores y tengamos necesidad, que, dada nuestra geografía, economía e historia, será más bien pronto.

La amenaza del cierre de las emisiones de TV-3 en el País Valenciano por parte de la Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular, ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que valdría la pena abordar, aunque sea de forma sumaria y al margen de la posible solución que se encuentre, si es que se encuentra alguna. Como verán, aquí no se trata únicamente de discutir el ámbito de emisión de una televisión autonómica, sino que entramos de lleno en uno de los asuntos más espinosos que quedaron sin resolver durante la transición: la posible articulación de un área de influencia que abarcara todos los países de lengua catalana.

EL PRIMER elemento que hay que valorar es lo que significa TV-3 para los valencianos. Para una amplia mayoría, TV-3 es “la catalana”, la televisión en la que “no hacen programas del corazón” y en la que “explican muy bien el tiempo”, según algunas opiniones recogidas por un servidor. No es una cadena que tenga grandes audiencias, pero sí suficientes como para que Canal 9 forzara en su día a que se apagaran las retransmisiones de fútbol de TV-3, por la cantidad de televidentes que preferían “la catalana”, o para que un diputado de Esquerra Unida hiciera una intervención en el Parlament reclamando programas de calidad en Canal 9 y pusiera como ejemplo la audiencia que tenía entre los valencianos el programa Sense títol, de Andreu Buenafuente. Cuando empezó la guerra de Irak, los informativos de Canal 9 sufrieron una fuerte caída de audiencia. Muchos de sus seguidores se pasaron a los de TV-3, ya que se tenía la percepción de que explicaban mejor la realidad.
Además de todo esto, TV-3 es el medio que en el País Valenciano da voz a los que no la tienen, es decir, a la minoría nacionalista, pero también a una larga nómina de activistas, intelectuales, escritores y artistas en general que le resultan incómodos al PP. Uno de los escritores que vende más en lengua catalana, Ferran Torrent, apenas es invitado a Canal 9. Si tenemos en cuenta esto, no nos tiene que extrañar que 2.000 personas salgan a manifestarse en Castellón convocadas por SMS. A muchos de ellos, la desaparición de TV-3 les dejaría sin ningún medio de referencia, sin el lazo que los une a la comunidad catalanohablante. Ellos, precisamente, son los que viven en el ambiente más hostil.

UNA DE LAS condiciones que ha puesto el Govern valenciano para firmar un acuerdo de reciprocidad es que TV-3 deje de usar la expresión País Valencià. Si nos remontamos a la transición, veremos que País Valencià fue el nombre moderno que adaptaron las instituciones académicas y las organizaciones de izquierdas para referirse al viejo Reino de Valencia, una denominación anacrónica que solo defendían los franquistas nostálgicos. A la hora de negociar el Estatuto se incluyeron las dos en el preámbulo, pero el PSPV (atención: ¡Partit Socialista del País Valencià!) y la UCD pactaron Comunidad Valenciana como nombre oficial. Y ahora reflexionemos: ¿por qué es tan importante el nombre? Joan Francesc Mira lo ha explicado muy bien en La nació dels valencians: “¿Puede existir y puede haber la voluntad de hacer existir un país que se llame comunidad? ¿Tiene las mismas implicaciones y reverberaciones? ¿Tiene el mismo contenido conceptual y expresa el mismo sentido político? Es evidente que no. Porque no se trataba de una simple modificación terminológica, era un golpe decisivo –con plena conciencia de los responsables– contra un proceso histórico que empezaba a dar miedo”. Y continúa: “¿Quién puede gritar en un acto o una manifestación ‘Visca la comunitat’ o ‘Co-mu-ni-tat va-len-ci-a-na!’ con un mínimo de conmoción patriótica? ¿Quién puede creer o sentir que ‘la Comunidad’ es su país o patria?”.

UN TERCER aspecto que ha quedado al descubierto es el de la falta de relaciones normales entre Valencia y Catalunya. Algo bastante insólito si tenemos en cuenta que, desde el punto de vista eco- nómico, el País Valenciano es el principal cliente de Catalunya y también su principal proveedor, y al revés. Entre los dos concentran casi la mitad del total de exportaciones españolas. Se trata de dos economías altamente interrelacionadas, pero eso no tiene traducción en el ámbito político. ¿Por qué? En el caso del PP, es evidente que mientras piensen que el anticatalanismo les puede servir para ganar un puñado de votos no tendrán ningún interés en normalizar las relaciones. Y en el caso de Catalunya, porque empeñados en figurar en el pool de las grandes regiones europeas (los famosos cuatro motores de Europa) ha dejado de lado las relaciones con los socios que tiene más cerca, y con los que le unen más cosas. Es lo que Josep Vicent Boira ha calificado como “diplomacia a media distancia”. El País Valenciano es el socio ideal para sumar esfuerzos con Catalunya en los ámbitos español y europeo.
Finalmente, habría que apuntar aquí la importancia de TV-3 para consolidar un mercado cultural que se exprese en catalán. Por eso, TV-3 no se puede limitar a ser una televisión autonómica más. Tiene que ser la televisión de referencia de una comunidad de 10 millones de hablantes, nuestra BBC. Y justamente por eso molesta tanto.

Es fácil de imaginar cuál sería la posición que adoptarían los diputados del PSOE si el PP presentara en el Congreso de los Diputados una proposición en favor del reconocimiento del llamado diseño inteligente, última versión del creacionismo religioso que pretende cuestionar la validez de la evolución. Dada la deriva integrista social y religiosa del PP no es una hipótesis que rechazar en absoluto. Estoy convencido de que los diputados socialistas, incluidos aquellos adscritos al Partit dels Socialistes (PSC), no tendrían la más mínima duda, harían una férrea defensa de la ciencia y manifestarían claramente que la ideología y la política no deben interferir en las cuestiones que son objeto del análisis y el método científicos.

Cuando no es así se corre el riesgo cierto de hacer el ridículo. Así, en 1897 la Cámara baja del Parlamento de Indiana aprobó por 67 votos a favor y ninguno en contra “una nueva verdad matemática” que establecía que el número pi valía exactamente 3,2. En el artículo de Ramon Pascual publicado en La Vanguardia el 7 de diciembre de 1998 se completa la historia: enterado del desaguisado, el matemático C. A. Waldo pasó a informar a sus señorías de que el número pi es un número irracional, con infinitas cifras decimales (de hecho se han calculado cientos de miles de ellas), como consecuencia de que, dado un círculo cualquiera, es imposible escribir el lado de un cuadrado que tenga la misma superficie mediante números racionales. En definitiva, la insolubilidad de la cuadratura del círculo, que los ignorantes parlamentarios pretendieron resolver por vía legislativa. Los miembros de la Cámara alta corrigieron el error.

Pues bien, el Congreso de los Diputados español se ha puesto exactamente a la misma altura que su correspondiente Cámara de Indiana. Bien, no exactamente, ya que no todos los diputados votaron a favor de que el valenciano sea declarado idioma. No lo hicieron, entre otros, los de Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, que también cuentan entre sus miembros a catalanes y valencianos.

La primera reacción ante la similitud de ambas decisiones sería la de confiar en que los senadores de las Cortes Generales recibieran la información científica académicamente contrastada (la pueden obtener de cualquier universidad del mundo, insisto, cualquier universidad) y corrigieran la barbaridad perpetrada por sus colegas diputados.

No lo creo posible, sin embargo, ya que, a diferencia del lejano acuerdo de 1897, los diputados españoles, del PP y del PSOE, estaban perfectamente informados en el momento de la redacción del texto y de su votación. También eran conscientes de sus consecuencias. Por tanto, nada espero de ellos.

¿Se imaginan la reacción de los parlamentarios españoles ante una declaración del idioma argentino o de cualquier otra modalidad del castellano? Yo hubiera esperado la misma de los catalanes.

Hubiera resultado muy sencillo tener la claridad que recogen los estatutos de las universidades valencianas, contra los que una y otra vez se ha recurrido ante los tribunales y una y otra vez han sido confirmados por ellos, en el sentido de referirse a la lengua propia de los valencianos como la denominada académicamente catalán y tradicionalmente valenciano. Una denominación que siento fuertemente como mía y la de los míos.

En su edición de ayer, este periódico publicó un artículo del profesor Martínez Sospedra, titulado La conveniencia de leer las leyes, en el que venía a concluir que quienes sostienen una determinada conclusión que, obvio es decirlo, el profesor no comparte (que si no se reforma por acuerdo de los dos grupos parlamentarios la Ley Electoral vigente antes de las elecciones autonómicas de 2007, el número de diputados a elegir será el que fije el decreto de convocatoria de las elecciones), no han leído o, al menos, no lo ha hecho con cuidado, la reforma del Estatut aprobada por el Congreso de los Diputados y la Ley Electoral Valenciana.

En atención a su discrepancia, el profesor no sólo calificaba de iletrados a quienes sostienen esta tesis sino que, además, les (nos) llamaba "juanito-sí-señor" (en mi caso, si el Profesor me permite la licencia, "pepito-sí-señor").

Efectivamente, es conveniente leer las leyes, incluyendo algunas que el Profesor no parece haber tenido presentes como el Código Civil y, en especial, dos de sus artículos a los que unánimemente les atribuimos los juristas un valor cuasi constitucional, a saber:

De un lado, el artículo 1.2, que establece el principio general de jerarquía normativa -que, a su vez, garantiza el artículo 9.1 de la Constitución- al disponer que "carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior".

De otra parte, el artículo 2.2 que establece el principio general de que "las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que, en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior".

El sistema electoral aplicable para la elección de los diputados de las Cortes Valencianas está compuesto por dos tipos de normas: las contenidas en el Estatut (esencialmente, en su artículo 12) y las contenidas en la Ley Electoral Valenciana. Estas últimas, necesariamente, deben ajustarse a lo establecido en el Estatut, que es norma jerárquicamente superior a la Ley Electoral Valenciana, so pena de carecer de validez, como indica el artículo 1.2 del Código Civil.

En su redacción vigente, el Estatut incluye dos mandatos normativos que delimitan el sistema electoral en las elecciones autonómicas:

El primero, recogido en el artículo 12.1 del Estatut, según el cual los diputados a elegir no serán menos de 75 ni más de 100, lo que permite una concreción posterior por la Ley Electoral, cuyo artículo 11.1 fija en 89 los Diputados a elegir.

El segundo, más preciso que el anterior, contenido en el artículo 12.2 del Estatut, que dispone que "para poder obtener escaño y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o coaliciones que obtengan un número de votos superior al 5 por ciento de los emitidos en la Comunidad Valenciana".

En atención a esta precisión, el artículo 12.b) de la Ley Electoral, al regular la fórmula aplicable a la asignación de escaños, dice que "no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 por ciento de los votos emitidos en la Comunidad Valenciana".

La reforma del Estatut, tal y como fue aprobada el pasado 9 de febrero por el Congreso de los diputados, introduce dos modificaciones importantes a este sistema.

En primer lugar, el nuevo Estatut ya no fijará un número máximo y un número mínimo de Diputados, sino tan sólo un número mínimo: 99 diputados.

En segundo término, elimina la concreción de la barrera electoral, dejando tal concreción a lo que establezca la Ley Electoral.

Estas dos modificaciones estatutarias tienen dos consecuencias sobre la Ley Electoral Valenciana vigente.

Primero, en cuanto al número de diputados a elegir, produce -artículo 1.2 del Código Civil- una pérdida de validez sobrevenida del artículo 11.1 de la Ley Electoral con el Estatut, ya que este precepto de la Ley Electoral, al fijar en 89 el número de Diputados, contradice al futuro artículo 23.1 del Estatut, que fija en 99 el número mínimo de Diputados.

Segundo, respecto de la barrera electoral, permite que el artículo 12.c) de la Ley Electoral pueda ser modificado por las Cortes Valencianas, las cuales podrían establecer una barrera diferente del 5 por ciento en cómputo autonómico.

Sin embargo, que las Cortes Valencianas puedan modificar la actual barrera electoral no implica que esta barrera haya perdido su vigencia. Efectivamente, aplicando el artículo 2.2 del Código Civil, la reforma del Estatut ni deroga expresamente el artículo 12.b) de la Ley Electoral, ni lo hace tácitamente, ya que la barrera electoral prevista por dicho precepto no es incompatible o contradictoria con el nuevo Estatut.

De esta forma, si la Ley Electoral Valenciana no se modifica antes de las elecciones autonómicas del 2007, es jurídicamente cierto que regirá la barrera electoral actualmente vigente, del 5 por ciento en cómputo autonómico.

Mayores dificultades interpretativas se plantean, por el contrario, con el número de diputados a elegir, puesto que el artículo 11.1 de la Ley Electoral perderá su validez como consecuencia de la aprobación de la reforma del Estatut.

Para resolver estas dudas, debemos partir de 3 premisas:

1. Las elecciones deben celebrarse, necesariamente, el 27 de mayo de 2007 (artículo 42.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

2. Las elecciones deben celebrarse para elegir un número determinado de diputados, con un mínimo de 99 (artículo 23.1 del Estatut reformado).

3. Las elecciones se convocan mediante decreto del president de la Generalitat, quien debe especificar "el número de Diputados a elegir en cada circunscripción" (artículos 14.1 y 14.2.c) de la Ley Electoral Valenciana).

Por tanto, si las Cortes Valencianas no modifican la Ley Electoral Valenciana, fijando un número de diputados a elegir que no sea inferior a 99, ¿cuántos diputados se elegirán?

Como el ordenamiento jurídico no lo establece ni expresa ni tácitamente, se produce lo que en Derecho se conoce como una anomia, una laguna que afecta exclusivamente a la Ley Electoral.

A rellenar esa laguna debe enderezarse el decreto de convocatoria de las elecciones, que no es una norma -como sostiene el profesor Martínez Sospedra al invocar el principio de reserva de Ley en su artículo-, sino un acto administrativo, un acto debido de aplicación de la Ley, siendo lo más prudente que las elecciones se convocaran para 99 diputados.

Por ende, si por cualquier razón las Cortes no modifican la Ley Electoral, el ordenamiento jurídico ofrece la solución -la única solución jurídicamente posible y válida- para que las elecciones se celebren en condiciones de plena legitimidad democrática.

El profesor Martínez Sospedra finalizaba su artículo de ayer preguntando "a quien corresponda: ¿sabe leer? ¿lo ha leído?".

Por lo que a mí concierne, Profesor: sí, sé leer; sí, lo he leído.

Leer un texto antes de hablar del mismo es ciertamente una actividad recomendable, hablar de un texto sin haberlo leído no es solo, ni principalmente, un error intelectual y moral, cuando el texto de que se trata es un texto legal hablar de él sin haberlo leído es, además, un error político. Mucho me temo que es la ausencia de lectura lo que puede conducir al actual Gobierno de la Generalitat a organizar una ceremonia de la confusión de proporciones monumentales con una cuestión sumamente sensible: la disciplina de las próximas elecciones autonómicas. Y todo por no leer, o al menos por no leer con cuidado, los textos legales que se apadrinan.

De todos es conocido que el nuevo Estatuto en tramitación cambia la composición del Parlamento Valenciano y que, en conexión con esos cambios, exige la producción de una nueva ley electoral. Asimismo, está en el dominio público que la ley electoral debe ser adoptada por mayoría de dos tercios de los diputados (art.24), y que ese quórum de decisión ha sido impuesto por el partido que gloriosamente nos rige, lo que aquí y ahora significa que sin acuerdo entre el PPCV y el PSPV-PSOE no hay ley electoral. La lógica y el sentido común indican que siendo las cosas así lo procedente sería sentarse a hablar desde ya para pactar una ley electoral, a ser posible algo más presentable que la que, Dios mediante, desaparecerá del ordenamiento el día en que entre en vigor el nuevo Estatuto. Pero, claro está, hablar de la ley electoral a un año vista de las elecciones pone muy nerviosos tanto a los diputados que son como a aquellas personas que aspiran a serlo, y eso no facilita el trabajo precisamente. Además, pone sobre el tapete una serie de preguntas de respuesta indiscreta, cuya falta de corrección se agrava cuando las elecciones tienen que celebrarse en mayo del próximo año: ¿habrá voto electrónico? ¿se permitirá a los electores alterar las listas que los partidos presentan? ¿se contemplarán medidas de acción positiva al efecto de aumentar el número de parlamentarias? ¿cuál será la barrera y cómo? ¿se va a mantener la fórmula d’Hondt? No es precisamente extraño que más de uno se esté poniendo nervioso y medite si no sería mejor dejar eso de la ley electoral para la próxima legislatura.

Es comprensible, pues, que haya quien sugiera que hacer tan molesta e inconveniente ley no corre ninguna prisa, con la ley electoral que hay, por mala que sea, basta y sobra. En todo caso bastaría con fijar el número de diputados en el mínimo que fija el nuevo Estatuto (art.23.1.), esto es en 99, para lo cual se basta y se sobra el decreto de convocatoria de elecciones. Si, además, eso fortalece la posición negociadora del partido mayoritario cara a una eventual negociación de una nueva ley con la oposición, miel sobre hojuelas. Y ciertamente no faltan "juanito-sí-señor" que jalean al jefe en ese sentido. El jefe, ya se sabe, es, por definición, previsor, clemente e ilustrado. Claro que hacer caso a los "juanito-sí-señor" tiene el inconveniente de que nadie corrige los errores del Príncipe porque nadie le ha advertido de su existencia (Vicent Franch dixit)

La pretensión de hacer las elecciones con la actual ley electoral tal cual, simplemente elevando por decreto el número de diputados sólo puede ser sostenida por quienes, sencillamente, no se hayan leído el texto del nuevo Estatuto tal y como está en estos momentos. Dejando de lado la cuestión de si la actual ley electoral seguirá en vigor, que ahora no toca, con el Estatuto nuevo en la mano eso sencillamente no es posible. Hay al menos dos obstáculos y medio que impiden que esa operación sea jurídicamente viable (y no cabe olvidar que en cuestión como esta si alguien puede recurrir, recurrirá). En primer lugar no se pueden hacer unas elecciones sin saber cuántos diputados hay que elegir. El art.23.1. del nuevo Estatuto, a diferencia del actual, no establece un máximo y un mínimo, se limita a establecer un mínimo, mucho mayor que el número previsto por la ley electoral, y no fija ni quién ni cómo determina el tamaño de las Cortes. La pretensión de fijar el tamaño en el decreto de convocatoria choca con tres dificultades: que la Constitución reserva la determinación de esa cuestión a la ley (arts.23.1.; 54 y 152 CE), cosa que el decreto no es, que no puede recurrirse a nueva figura del decreto-ley para salvar el problema de la insuficiencia de rango y la reserva de ley porque lo prohíben los arts.86 CE y 44 del nuevo Estatuto, y que el propio art.23.1. y 24 del nuevo texto reservan la determinación del tamaño precisamente a esa ley electoral que debe adoptarse por mayoría de 2/3.

El segundo obstáculo está en la barrera electoral. La ley electoral vigente fija la misma mediante la directa determinación de un porcentaje (el 5% de los emitidos en la Comunidad, naturalmente), pero el nuevo Estatuto, a diferencia del actual, no determina que la barrera se aplica en el conjunto de la Comunidad, y cambia el método de fijación de la misma: esta tiene que consistir en un "número de votos" (art.23.1), y, sencillamente, un porcentaje no es tal cosa: un mismo porcentaje puede suponer muchos y variados "número de votos" y un "número de votos" puede constituir muchos y muy variados porcentajes. Para mayor INRI el nuevo Estatuto reserva a la no menos nueva ley electoral de los dos tercios la determinación de la barrera.(art.23.1. in fine y 24).

El medio obstáculo tiene que ver con la regla del mínimo inicial de 20 escaños por provincia que la ley electoral fija. La razón es bien simple: el art.24 del nuevo Estatuto no fija mínimo inicial alguno, tal expresión sencillamente no figura, y para "garantizar" que Castellón tenga cuanto menos 20 diputados, cuando el Estatuto no fija un máximo de escaños, no es en modo alguno necesario fijar clase alguna de mínimo inicial.

Es comprensible que hacer una nueva ley electoral en un momento político como el actual, con las tensiones que existen y a un año de la convocatoria, no sea una tarea atractiva. Es muy posible que no sea una buena idea. Pero la solución no está en otra idea que no sólo es peor: es impracticable. A quien corresponda: ¿sabe leer? ¿lo ha leído?

Hay por lo menos dos clases de razones por las que el proyecto estatutario está siendo reformado a su paso por las Cortes Generales, más allá de los retoques técnicos, y ambas dos tienen que ver con las tesis que en punto a reforma han sostenido uniformemente PSOE y PP, a decir verdad con más entusiasmo por los populares. La primera clase tiene que ver con el respeto a las leyes estatales, la segunda con el fondo de la denominada cláusula Camps.

De conformidad con lo que la Constitución dispone hay materias en las que las leyes del Estado están habilitadas para determinar el alcance y contenido de la competencia autónoma: finanzas, policías y justicia. En estos casos el Estatuto está subordinado a ley estatal: es ésta la que determina qué competencias sobre esas materias son asumibles y cuáles no; después el Estatuto tiene que determinar de entre las asumibles cuáles efectivamente asume. Esa es la razón por la que se aceptó no incluir en la parte de finanzas que la Generalitat gestione los impuestos estatales cedidos parcialmente, porque la LOFCA actual no permite esa gestión autónoma fuera de los casos de cesión total; por la que la disciplina de la policía autonómica está como está; y por qué, en contra de las propuestas iniciales, se aceptó una versión aguada en lo referente a justicia. Claro que precisamente porque el sistema está diseñado para que la ley estatal actúe como norma interpuesta entre la Constitución y el Estatuto, si cambia la ley estatal es forzoso cambiar el Estatuto en lo que no se adapte a ésta. Y eso precisamente es lo que está comenzando a pasar con la reforma en tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (competencia del TSJ, justicia de proximidad, consejos autonómicos), y lo que puede ocurrir (aunque no es necesario que suceda) en materia de finanzas.

La segunda clase tiene que ver con el juego entre la reforma catalana y la cláusula Camps, y a ella apunta la demanda empresarial que se elevó al presidente en Alicante hace un par de semanas. Si el texto catalán -que es en punto a competencias el patrón por el que se cortó el Estatuto valenciano vigente- cambia y lo hace en el sentido de ampliar competencias sobre materias asumidas, o integra materias nuevas en la competencia autónoma, nos hallaremos ante el supuesto para el que está pensada la cláusula Camps: se produce una ampliación estatutaria de competencias de otra comunidad y, en los términos de aquélla, procede incorporar las mismas al Estatuto valenciano. Lo que, por lo demás, responde a la lógica que hace manejable el conjunto del sistema. Claro que si el Estatuto valenciano está en trámite no parece que tenga mucho sentido no tocarlo hoy para tener que promover su reforma al día siguiente de su publicación en el BOE; sería más racional, y aconsejable por razones de economía procesal, hacerlo en unidad de acto, e introducir esos cambios, que de todos modos habrá que introducir, en el actual trámite parlamentario. Lo que procesalmente se pueda en el Congreso, y lo que no, en el Senado. Si es que la cláusula Camps debe ser tomada en serio, claro está.

Como se ve, sostener la imposibilidad política de modificar lo que las Cortes Valencianas votaron no se corresponde ni con los presupuestos políticos de la reforma misma, ni con las condiciones institucionales y políticas en las que la reforma se tramita y aprueba, ni con los hechos, por cierto: basta leer el Informe de la Ponencia para apercibirse de que en ese trámite se han introducido nada menos que 55 cambios, y algunos de ellos no son cuestiones técnicas; ahí están la limitación de la competencia sobre la zona marítimo terrestre, la desaparición de la referencia a los derechos históricos basada en la adicional primera de la Constitución o la introducción de una derogatoria que da estado de lo que se está haciendo: que no es una reforma del Estatuto de 1982, sino la producción de un Estatuto totalmente nuevo. Cosa ésta última que, por cierto, tiene consecuencias, tanto jurídicas como de hecho, que no sé si se han contemplado con el detenimiento necesario.

El pacto en la Comisión Constitucional debe ser bueno: no gusta a quienes sostienen posiciones radicales en ambos bandos: ni al sector de la izquierda que sueña con una fórmula gallega o un tripartito para junio de 2007 y cree que para ello es condición necesaria plasmar ya en la tramitación del Estatuto esa posibilidad, confundiendo el establecimiento de reglas de juego y la legítima formación de mayorías para gobernar (lo primero requiere del PP, lo segundo no), ni al sector de la derecha que está funcionando de personal dificultativo del proceso, al menos desde la segunda quincena de abril del pasado año, y cuya última muestra ha sido la salida de pata de banco del conseller de Justicia, que no quiere que haya la policía autonómica que en el proyecto estatutario figura.

A riesgo de ser antipático me parece conveniente recordar que el sistema constitucional en general, y el autonómico en particular, requieren de consenso y alternancia entre los actores políticos principales, que en este caso son esencial, aunque no únicamente, dos: PP y PSOE. Como he dicho ad náuseam en otros foros, el proyecto valenciano es, desgraciadamente, el único punto de unión entre los dos grandes partidos, procede por ello cuidarlo para evitar que ese puente se rompa, y para procurar que el acuerdo trascienda al caso y se amplíe, y, con todos los respetos, no parece que cambiar el cuarenta y tantos por ciento por el once pueda ser calificado precisamente de ampliatorio. Ciertamente hubiera sido mejor que hubiere tenido éxito pleno el último acuerdo entre Pla y Camps, empero medio éxito es cualitativamente mejor que la ruptura que algunos desean. Recuérdese que una de las líneas rojas que algunos han puesto al proyecto catalán es la de eliminar del mismo la carta de derechos sociales… que figura en el texto valenciano que se acaba de votar en la Comisión Constitucional. Laus Deo.

Como sabe cualquier alumno de primero de Derecho el Estatuto es una suerte de Constitución de la Comunidad Autónoma, como aquella es la norma de cabecera del ordenamiento autonómico y la norma institucional de la Comunidad. Va de suyo que, dada su condición, un Estatuto será tanto mejor cuanto mayor sea el grado de acuerdo político que consiga, exactamente igual que con la Constitución sucede. Y, por las mismas razones, porque tanto la Constitución como el Estatuto definen el orden de convivencia y con él las reglas del juego. Por ello no parece muy inteligente redactar sus normas sin el acuerdo de al menos todos aquellos que de un modo u otro tienen asegurado el acceso a las instituciones de autogobierno, de lo contrario, si se excluye a alguien, puede darse el caso que ese excluido, merced a un cambio en las preferencias del electorado, se torne en clave para la formación de mayorías y gobiernos y se halle así en inmejorable situación para producir inestabilidad de las instituciones. Todos los eventuales candidatos a desempeñar ese papel, tanto si están o han estado en las Cortes como si no, están en estos momentos fuera del acuerdo estatutario. La conclusión cae por sí sola: si no se estima necesario resulta cuanto menos conveniente que el acuerdo se amplíe, en especial si no afecta a elementos esenciales de lo ya acordado. Y eso es exactamente lo que está sobre la mesa, al menos desde el pasado verano.

El anuncio del secretario general de los socialistas, señor Pla, de favorecer dos cambios en la redacción actual, reduciendo la barrera electoral (que el presidente del Gobierno ya asumió explícitamente el día en que se voto en el Congreso la toma en consideración, conviene recordarlo) y retornando a la redacción actual en la cuestión de la denominación del valenciano, al efecto de ampliar la base política de la reforma estatutaria, ha provocado reacciones desmedidas que van de las acusaciones de traición a sacar a pasear el cuerpo incorrupto del anticatalanismo de tercera división. Mucho me temo que el portavoz popular, señor Castellano, mi amigo el señor González Pons y nuestro presidente estén sobreactuando, su reacción ha sido tan estridente que no resulta nada difícil detectar en ella más de una nota falsa. Por de pronto, y en lo que hace al fondo del asunto, no parece muy serio sostener que sea esencial la presencia de una regla que no está prácticamente en ningún estatuto a título de definitiva, ni que se pretenda volver a la redacción actual en punto al adjetivo del valenciano. No voy a decir que esas cosas sean irrelevantes, pero desde luego esenciales para el estatuto no son. Este sería el mismo tanto si esas cosas están como si no están. Y, por cierto, ninguna de ambas satisface en ninguna de las alternativas a los partidos nacionalistas catalanes que, en lo que les interesa -que es más bien poco, para que nos vamos a engañar- estarían más bien por una fórmula balear que nadie ha propuesto.

El único argumento potable es que se han roto acuerdos. Ese sería un argumento serio si estuviéramos al final del proceso, pero no es así, es cierto que no estamos al principio, pero desde luego estamos aún muy lejos del final. Que a lo largo del proceso las posiciones cambien y con ellas los términos y condiciones de la negociación está en la lógica de la misma. Es más, algunas cosas tienen necesariamente que cambiar. Por ejemplo: si el PP ha insistido hasta la saciedad -y con razón- que la reforma debe respetar y debe ajustarse a las leyes orgánicas del Estado que la Constitución habilita para ello, visto que están sobre la mesa cambios en la del Poder Judicial y en la de Financiación, habrá que cambiar el proyecto de reforma para que ese ajuste se dé, especialmente si se considera que la polémica organización financiera del proyecto catalán va a acabar pareciéndose más a la defendida por el señor Piqué que a la sostenida por ERC. El proyecto catalán se valencianiza. De otro lado no es inoportuno recordar que el PP acordó en su día suprimir del Estatuto la barrera electoral si había acuerdo sobre el conjunto (Informe de la Comisión de Estudio páginas 10 y 11, puede verse en la web de las Cortes), o que asumió la condición de autoridad lingüística de la AVL (idem página 9), cuya ley de creación recoge negro sobre blanco la unidad de la lengua, y que por cierto no sólo fue propuesta, pactada y votada por el PP, sino que lo fue con la adhesión entusiasta de los actuales dirigentes conservadores sobreactuantes. Ciertamente, puede ser molesto que existan las hemerotecas.

De hecho la sobreactuación era esperable, sencillamente porque es una manera de tratar de mejorar la posición propia con vistas el proceso de tramitación. Puede suceder que la sobreactuación sea excesiva, si hay que juzgar por las diferencias de matiz entre la dirección nacional y los portavoces locales del PP, motivos hay para pensarlo, en cuyo caso no está de más recordar con el clásico que el exceso es perjudicial por definición. Por mucho que se empeñen el presidente y mi amigo el señor Portavoz no pueden pasar por más blavero que UV, eso no se lo cree nadie, y puede estar alimentando el globo de algún sujeto dudoso que ambos conocemos de antiguo.

Lo malo para el PP, y por eso su reacción es excesiva, es que no dispone de muchos medios de fuerza frente a las mayorías que puedan formarse en el Congreso y en el Senado. Su arma fundamental, poco menos que única por otra parte, es hacer votar en las Cortes la retirada del proyecto de reforma. El inconveniente es que a la misma le sucede lo mismo que a la bomba atómica: los daños son de tal magnitud que su uso se torna inverosímil, el compromiso del PP y de sus actuales dirigentes son tan fuertes, y los daños que sufrirían si se hiciere tan grandes, que las amenazas de retirada no resultan creíbles. Y no hay más, porque las Cortes sólo se pronuncian sobre la reforma si ésta es rechazada, pero no si es cambiada. Es cierto que hay sendas resoluciones de los presidentes del Congreso y el Senado que dicen que los cambios deben ser aprobados por las Cortes, pero no es menos cierto que tales cláusulas son inconstitucionales: si la mayoría absoluta del Congreso no puede por si sola reformar un Estatuto, mucho menos puede hacerlo la sola voluntad de la persona de su presidente. En rigor la gran arma del PP no está en las reglas, sino en los usos: aunque es teóricamente posible "pasar" la reforma sin el PP, de hecho los inconvenientes que se siguen de esa conducta son tan grandes que la hipótesis resulta escasamente creíble. La solución menos mala para todos es hacer lo que hasta la fecha: negociar y pactar, y hacerlo hasta el último minuto. Si es que en verdad se quiere que tengamos un nuevo Estatuto, claro.

EL pasado fin de semana, al mismo tiempo que Zapatero pactaba el Estatuto catalán en la Moncloa, su representante en Valencia, Joan Ignasi Pla, anunciaba que el PSOE pensaba incluir dos enmiendas en el Estatuto valenciano que romperán el consenso con el PP. El mismo día y a la misma hora, en Madrid se salvó el Estatuto catalán y empezó a perderse el valenciano, si nadie lo remedia. Naturalmente que una y otra cosa están relacionadas: piénsese que esas dos enmiendas que se incluirán en la norma básica valenciana pretenden, por un lado, rebajar el listón electoral autonómico para que el partido que representa a CiU consiga entrar «a la navarra» en las Cortes valencianas, y, por el otro, eliminar las referencias estatutarias al «idioma valenciano» para reducir la resistencia legal a la pretendida unidad política del catalán.

Es evidente que promover la entrada de fuerzas políticas catalanistas en la Comunidad Valenciana (CiU sólo dispone aquí de un partido subvencionado que no avanza, y ERC tiene que sacar su diputado por Valencia por la circunscripción de Barcelona) y minimizar la singularidad identitaria del idioma valenciano forma parte del programa tradicional de los nacionalistas catalanes. Es evidente, además, que el PSOE no habría accedido a las mencionadas renuncias en el Estatuto valenciano y a la consiguiente ruptura del valioso consenso con el PP si no se hubiese visto obligado a ceder ante los negociadores y negociantes del Estatuto catalán. Que, con esta acción, el pueblo valenciano ha sido parte del precio pagado. Como digo, es evidente que, cuando se voten a favor esas dos enmiendas, el PSOE habrá roto el pacto del Estatuto valenciano y, por lo tanto, también resultará evidente que, por lo visto, a los socialistas no les importamos gran cosa, que si fuera el Estatuto catalán o vasco sería otro cantar. Otro nivel, del que no debemos disfrutar en la España menos rica, en Orihuela, en Guijuelo o en Minglanilla. Pero, por último, es evidente también, y esto es lo más grave de todo, que, por este camino, la Comunidad Valenciana puede encontrarse, en unas semanas, con que es la primera en nuestra historia constitucional a la que el Congreso le aprueba su Estatuto en contra de la voluntad del gobierno autonómico y del partido que tiene la mayoría absoluta en el parlamento regional.

Si no cambian las cosas, dentro de poco, el PSOE votará en el Congreso las dos enmiendas catalanistas citadas y, con eso, escenificará su ruptura con el PP valenciano y, a continuación, aprobará nuestro Estatuto con sus propios votos y los de CiU, ERC e IC, que son partidos catalanes, y sin los del PP, que es quien gobierna en casi todas las instituciones valencianas. O sea, que se dictará un Estatuto para Valencia con el voto favorable de los diputados catalanes y el voto en contra de la mayoría absoluta de los diputados de la Comunidad Valenciana. Bonito atraco. ¿Cabe disparate mayor y mayor ofensa a la democracia? ¿Alguien se imagina qué ocurriría si se hiciese un Estatuto para Cataluña contra su Parlament?

Aunque a día de hoy parezca mentira, el PSPV-PSOE firmó un acuerdo de reforma del Estatuto Valenciano con el PP de la Comunidad Valenciana. Un acuerdo modélico que contó con el beneplácito de los dos grandes partidos nacionales. Un pacto que mereció el refrendo del 90 por ciento de las Cortes valencianas y que obtuvo el apoyo del 80 por ciento de las Cortes Generales, subrayando la naturaleza dialogada, consensuada del texto valenciano. Con este aval, y después de haber obtenido también el doble consenso en la ponencia constitucional, todo hacía prever que el trámite del Estatuto valenciano no abandonaría el cauce de lealtad, normalidad y constitucionalidad que lo había caracterizado desde el inicio de los trabajos de reforma.

Desde el punto de vista político, el Estatuto de Autonomía es algo más que una Ley Orgánica estatal y presenta, por lo tanto, una naturaleza de norma con doble legitimidad, nacional y regional a la vez. Los estatutos deben ser normas pactadas, primas hermanas de la Constitución, normas redactadas a una mano por los parlamentos nacional y regional, trabajando juntos. Por eso, el debate al que me refiero no hay que situarlo en la falacia argumental de enmiendas sí o enmiendas no. Desde el PP, siempre hemos mostrado nuestra disposición a que las Cortes Generales introdujeran aquellas modificaciones que mejorasen la constitucionalidad del texto estatutario, en el supuesto de que así se hubiera planteado. Pero de ahí a que el Congreso apruebe una reforma en contra de la Generalitat valenciana y de la mayoría absoluta de las Cortes valencianas va un trecho en el que el Estatuto deja de ser una norma pactada y se convierte en una imposición ilegítima. En un Decreto de Nueva Planta del Siglo XXI.

Una situación insólita que nos enfrentaría ante un difícil dilema: o admitir que una reforma ejemplar sea alterada en un sentido radical, haciendo de nuestro Estatuto una especie de carta otorgada e impuesta, o recoger el sentir mayoritario de la sociedad valenciana y sacrificar la iniciativa de reforma para garantizar la identidad de nuestro pueblo, retirando la propuesta. La ruindad del problema al que nos abocan los socialistas y catalanistas es colosal.

La víctima del atropello volverá a ser el pueblo valenciano y su identidad singular. El pecado, la constitucionalidad de una propuesta pactada por los partidos españoles. El delito, la negativa valenciana a participar en el proyecto nacional-catalán de separación de España. Y el verdugo, un presidente irresponsable, que hace seguidismo de la filosofía de esos políticos suramericanos que se eternizan en el poder a costa de cambiar las reglas del juego. Ya se sabe, cada Bonaparte, como dejó escrito Karl Marx, tiene un 18 de Brumario. O varios.

Los autores del Estatuto valenciano en vigor quisieron que en las Cortes Valencianas estén representadas cada una de las tres provincias por un número de diputados en función de su población. Y que sean los electores de Castellón, de Valencia y de Alicante quienes elijan a sus representantes, para lo cual convierte cada provincia en una circunscripción electoral. Parece normal y, en buena lógica democrática indiscutible, que la voluntad de los electores de cada provincia, expresada con sus votos, no debe quedar sujeta a poder ser modificada en función de los votos emitidos por los electores de las otras dos provincias, de las otras dos circunscripciones electorales. Sin embargo, no sucede así. Según el Estatuto vigente -requisito que se quiere mantener en su reforma- para acceder a las Cortes Valencianas una opción política es indispensable que haya obtenido, como mínimo, un 5% de los votos emitidos en toda la comunidad, es decir, el 5% de la suma de los votos emitidos en las tres provincias. Esta condición absurda conduce a que se den situaciones tan peregrinas y antidemocráticas como que los votos obtenidos en una provincia por una opción política, puedan ser anulados. Es decir, arrojada a la basura la voluntad expresada por miles de electores. Sucedió en Castellón las pasadas elecciones autonómicas de 2003. El total de votos emitidos en la provincia fue de 31.361. El BNV obtuvo 1.862 votos, el 5,94%. La Entesa, 1.401 votos, el 4,4%. Castellón cuenta con 22 diputados. De acuerdo con la ley D’Hont, al BNV, con su 5,94%, le correspondería un diputado. La Entesa, con su 4,4% no alcanzaba representación en Castellón.

Pero claro, había que comprobar, además, si los votos obtenidos en Castellón por cada una de estas opciones políticas, sumados a los alcanzados en Valencia y Alicante, suponían el 5% del total emitidos en toda la comunidad. El total de votos en las tres provincias en 2003 fue de 280.109. El 5% supone 14.005. El BNV obtuvo entre Castellón, Alicante y Valencia un total de 13.428 votos. No llegaba al 5%, y fue eliminado de la distribución de escaños en Castellón a pesar de corresponderle uno. La Entesa consiguió un total de 18.234 votos en todo el país. Superaba la barrera del 5% cifrado en 14.005. Consecuencia: en Castellón, con menos votos que el BNV, obtuvo un diputado. Gracias a sus votantes de Alicante y Valencia. Es decir, con los votos obtenidos en dos de las tres provincias, una opción política puede obtener diputado en la tercera, aunque en esta existan candidaturas con mayor número de votos, que no serán tenidos en cuenta.

Pero la ley permite que se puedan presentar a las elecciones candidaturas formadas por una agrupación de electores en cada circunscripción electoral. Sea la local, en las elecciones municipales, sea la provincial, para las autonómicas o las generales. Supongamos que en Castellón, un grupo de ciudadanos hubiese decidido, en 2003, formar una agrupación de electores para presentar candidatura a la elección de diputados a las Cortes Valencianas por la provincia, bajo el nombre de “Independientes de Castellón”, por ejemplo. Y que esta candidatura obtiene 6.272 votos, que significa el 20% de los 31.361 emitidos en la provincia. Este resultado le daría derecho a 4 diputados seguros. A lo mejor y con la distribución de restos pudiesen ser 5. Esta ha sido la voluntad popular expresada por el 20% de los votantes de Castellón. Pero claro, según el Estatuto, para acceder a las Cortes se debe obtener un mínimo del 5% de los votos emitidos en toda la comunidad. Como ya hemos visto, el total de votos emitidos en las tres provincias fue, en 2003, de 280.109 y el 5% de los mismos, 14.005. La agrupación de electores, Independientes por Castellón, ha obtenido 6.272 votos, no llega al 5%, por tanto su candidatura no pasará a formar parte del reparto de escaños. Aunque haya obtenido el 20% de los votos, que suponen como mínimo 4 diputados, la voluntad expresada por el 20% de los votantes de la provincia de Castellón es arrojada a la basura. Sólo podrían acceder a las Cortes, Independientes de Castellón, si hubiesen obtenido el 45% de los votos de toda la provincia, que es cuando alcanzarían el 5% de los votos totales del país.

Estos son dos ejemplos de las situaciones esperpénticas a que puede conducir el mantenimiento de ese 5% del total de los votos emitidos en el País Valenciano para acceder a las Cortes. Esperpénticas y antidemocráticas. Porque supone la anulación de la voluntad de los electores de una provincia en el caso de no alcanzar ese mínimo porcentual. El 5% se debe imputar a los votos obtenidos en cada circunscripción, en cada provincia, no al total de votos emitidos en las tres. Si se quiere esto último, sería necesario convertir en circunscripción electoral única todo el País Valenciano y olvidarse del reparto proporcional de los diputados por provincias. Si lo que se pretende es mantener que los diputados sean elegidos por provincias, la barrera del 5% ha de ser referida a los votos de cada provincia, para aplicar correctamente la ley D’Hont. Y esto vale, también, para el caso -improbable, ya lo sé- de que el PSPV y el PP valencianos accediesen a rebajar el 5% a un 3%. Pero si deciden mantener la barrera del 5%, deberían reformar el Estatuto imputando este porcentaje a los votos emitidos en cada provincia, no al total de la comunidad. Como se hace en las elecciones a diputados para el Congreso. ¿Por qué para acceder al Parlamento español no se requiere ese requisito? ¿Por qué se ponen más dificultades para acceder a las Cortes Valencianas que para acceder al Congreso de los Diputados? En ambos casos se eligen por provincias. Y esa reforma debería llevarse a cabo, mediante la correspondiente enmienda técnica, en la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados. Hay que aprovechar esta ocasión. Un Estatuto no es fácil de reformar, y si no se hace ahora, ese 5% mal aplicado quedará vigente durante años y años. Otra cosa sería si estuviese contenido en la ley electoral, que era su sitio lógico. Una ley siempre es fácil de modificar. Hay que hacerlo ahora. No sólo por espíritu democrático y beneficio de los electores valencianos sino por quitar del texto estatutario esa chapuza que haría enfurecer al señor D’Hont, al ver la forma tan peregrina con que se utiliza su famosa ley por el Estatuto valenciano.

Es verdad que las situaciones de partida han variado de un año a esta parte. Es verdad que el gobierno socialista no quiso ponerse una venda en los ojos con relación a unos datos heredados, y constituyó en agosto de 2004 una Comisión Técnica para analizar la viabilidad de los caudales trasvasables por la conducción Júcar-Vinalopó. Es verdad que los resultados de la modelización técnica efectuada a finales de enero del 2005 dieron como resultado lo siguiente:

a) Utilizando como un elemento combinado del sistema Júcar la explotación de los acuíferos de la Plana de Valencia, podían ser transferidos al Vinalopó desde la toma de Cortes hasta 62 Hm3/año, a medida que la modernización de regadíos avanzara.

b) Sin utilizar los acuíferos de la Plana de Valencia, podían ser transferidos al Vinalopó desde la toma de Cortes hasta 19,9 Hm3/año, con la modernización de regadíos totalmente efectuada.

Y ahí es donde vino el problema en la utilización combinada o no de los acuíferos de la Plana de Valencia. La utilización de estos acuíferos NO estaba incluida en el pacto que se fraguó con la aprobación en 1997 del Plan de Cuenca del Júcar. Estos datos dejaron en evidencia las mentiras del PP respecto de las asignaciones cuadradas a martillazos.

Los usuarios de la cuenca cedente manifestaron su oposición a la utilización de estos acuíferos, puesto que los consideran un elemento de reserva y garantía ante situaciones de sequía. La mejor prueba de lo que digo la tenemos en el presente año, donde los usuarios del Júcar, han tenido que utilizar los acuíferos de la plana de Valencia, para en un año de restricciones satisfacer sus demandas, cediendo sus derechos concesionales de aguas superficiales para la satisfacción desde Alarcón de las demandas de abastecimiento urbano; entre ellas los 7,5 Hm3 derivados por el ATS a finales de julio para el consumo humano a Elx y Alicante a la que el PP votó en contra.

El gran pacto del Plan de Cuenca del Júcar para la transferencia de recursos al Vinalopó pivotaba sobre los ahorros o sobrantes superficiales que la modernización de regadíos de la Ribera del Júcar generase, pero a dicho pacto no se incorporó la explotación combinada de los acuíferos subterráneos de la Plana de Valencia. Mejor que hoy no hablemos de la inejecución por parte del PP de su compromiso firmado de concluir antes del 2002 la modernización de regadíos.

También es verdad que el Júcar es el único río mediterráneo que no tiene definido caudal ecológico alguno en su Plan de Cuenca. Actualmente no existe un caudal ecológico predeterminado y circulante en el Júcar en su curso bajo, después de la regulación, desde Antella hasta Cullera.

Igualmente es verdad que la Comisión Europea entre los condicionantes que impuso para otorgar una subvención FEDER a la condición Júcar-Vinalopó, exigió que previamente a las transferencias de recursos al Vinalopó, se definiera un caudal ecológico suficiente para el bajo Júcar, así como una dotación que permitiese garantizar la sostenibilidad de L’Albufera. ¿Cómo se consigue ex-novo un caudal ecológico para un río cuyos recursos están totalmente asignados? Sencillamente ahorrando.

La única manera de conseguir un caudal ecológico para el Júcar en su curso bajo, es efectuando la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar.

El caudal que actualmente toma del Júcar la Acequia Real del Júcar en Antella, una vez modernizados sus regadíos tradicionales, se descompondría en dos partes: un caudal menor que circularía por la Acequia Real para dotar de aportes a los regadíos modernizados y a L’Albufera, y el resto de sobrantes ahorrado se derivaría desde Antella por el propio Júcar como caudal ecológico del río.

Este caudal ecológico del río que habría desempeñado su papel ambiental desde Antella hasta Cullera, es el que con la propuesta alternativa que ahora se está analizando, sería enviado íntegramente desde Cullera hasta el Vinalopó.

La toma en Cortes de Pallás impediría, como exige la UE, la habilitación de un caudal ecológico para el Júcar en su curso bajo.

La propuesta de trazado alternativo presentado para la conducción Júcar-Vinalopó garantiza un caudal permanente transferible al Vinalopó, ligado al caudal ecológico obligatorio a definir para el río Júcar. No estamos hablando de flujos intermitentes en función del año hidrológico de turno. Estamos hablando de más agua para el Vinalopó y con garantía permanente de aportación, cifrando la misma en 70 Hm3/año de media interanual.

Siempre hemos dicho que el agua más cara es la que no llega. Más agua con garantía para el Vinalopó, sin duda es la que el trazado alternativo propone. Su calidad sería mil veces mejor que la del Ebro. Los plazos para su recepción no están directamente relacionados con la ejecución de la obra, sino con la generación de sobrantes por la modernización de regadíos.

Finalmente también es verdad que el convenio que el PP obligó a firmar a los usuarios exigía que los agricultores hipotecaran sus tierras 10 años antes de recibir una sola gota de agua, y que la propuesta que baraja el Ministerio de Medio Ambiente pasa por una infraestructura totalmente pública, a la que los usuarios contribuirían en la tarifa una vez hayan recibido el agua, y a unos precios homogéneos respecto de lo que pagan otros agricultores de la provincia que también reciben agua de otras cuencas.

Esto lo entienden perfectamente los usuarios de a pie del Vinalopó que abiertamente rechazan la instrumentalización partidista que de sus legítimas aspiraciones está efectuando el PP financiando una absurda y frustrante guerra del agua. Los socialistas preferimos desde la sensatez y desde la prudencia quitarle la espoleta a esta guerra en la que el PP nos quiere introducir, buscando soluciones de consenso que doten de garantía a unas muy nobles demandas. Demos pues como dijo John Lennon una oportunidad a la paz.

La mayor seguridad para que el Vinalopó reciba agua del Júcar, es que el Júcar no acabe como el río Segura. Si la situación de partida ha variado, habrá que valorar y tomar decisiones respecto del nuevo escenario. Si lo verdaderamente importante es que llegue el agua al Vinalopó, por donde llegue habrá de ser una cuestión meramente técnica.

El Gobierno Socialista está comprometido con hacer el mejor trasvase Júcar-Vinalopó posible, siendo para el ejecutivo central un compromiso incuestionable, como así demostró manteniendo esta obra de interés general en el Anexo II de la Ley del PHN recientemente modificada.

¿Quién nos ha llevado a esta situación? Obviamente el PP, que lleva diez años en la Generalitat Valenciana sin ejecutar su compromiso de modernizar unos regadíos para ahorrar agua. Al no haber hecho sus deberes el PP el Júcar hoy no tiene agua para trasvasar.