El asunto Spanair, tan triste, empezó precisamente por lo contrario, por la alegría: la alegría inconsciente e irresponsable de ciertas elites empresariales, políticas y mediáticas catalanas.

En la convulsa época de los gobiernos tripartitos, algún arbitrista tuvo la brillante idea de que para el futuro de Catalunya lo más importante era tener un gran aeropuerto intercontinental, un hub que conectara Barcelona con el mundo sin tener la humillante obligación de pasar por Madrid. La idea tuvo enseguida gran éxito: encajaba con la imaginaria disputa CatalunyaEspaña, música de fondo que alienta la política catalana desde hace más de treinta años.

En esas estábamos cuando varios centenares de empresarios –unos dicen cuatrocientos, otros novecientos, yo no me aclaro– se reunieron el 22 de marzo de 2007 en la escuela de negocios Iese, en principio un templo del liberalismo económico, y decidieron poner manos a la obra. Tantos empresarios juntos, y en semejante lugar, podían haber tomado decisiones más ligadas a su ideología e intereses: propuestas de reforma laboral o financiera, de reducción de las Administraciones públicas o de política energética. En todo caso, iniciativas que respetaran las reglas de la economía de mercado, un mercado internacional aeronáutico europeo donde es muy difícil penetrar.

En efecto, los hubs europeos están situados en Londres, Frankfurt, París, Amsterdam, Zurich y Madrid, no por razones políticas sino geográficas y económicas. Desde ahí conectan Europa con Norteamérica, Asia y Latinoamérica. Pero nuestros liberales empresarios, más obsequiosos con el poder político que fieles a sus ideas, dieron eco mediático y soporte social a la por lo visto ineludible necesidad de volar directamente a Nueva York, São Paulo o Pekín, sin incómodas escalas.

Un par de años después, la compañía aérea SAS perdía dinero a chorros con su recién adquirida compañía Spanair, de la que se habían desprendido poco antes sus fundadores Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz-ferran, de infausta memoria. Tanto perdía SAS que estaba dispuesta a venderla por el valor de 1 euro y encima se comprometía a capitalizarla. En definitiva, se trataba del conocido timo de la estampita. Nadie en el mundo, con dos dedos de frente, estaba dispuesto a picar el anzuelo y comprar Spanair. Hasta que a finales de 2008 un grupo de empresarios catalanes en la órbita de Femcat –una asociación nacionalista que sostiene la viabilidad económica de una Catalunya independiente– formó un consorcio sustentado en empresas públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para adquirir Spanair.

Según los compradores, la compañía era económicamente viable y, sobre todo, un instrumento imprescindible para convertir el aeropuerto de El Prat en un hub intercontinental. La realidad fue que los nuevos propietarios compraron una ruina que al año siguiente ya tuvo pérdidas por valor de 186 millones de euros. Desde entonces estas pérdidas aumentaron y los poderes públicos catalanes tuvieron que inyectar 150 millones para retrasar la catástrofe. Tras su cierre del pasado viernes las deudas se acercan a los 400 millones.

¿Qué sucedió durante el tiempo transcurrido entre la compra y el abrupto cierre de la semana pasada? Desde el principio cayó un impenetrable muro de silencio sobre lo que en realidad estaba pasando. En privado, desde el primer momento, todos decían que el asunto acabaría muy mal. Nadie, sin embargo, alzaba la voz en público para advertirlo. Sólo había silencio, el silencio de una manada de corderos. Ese característico silencio, temeroso y cómplice, que suele extenderse por la sociedad catalana cuando están en juego las sagradas esencias de la patria. Como en el casi olvidado caso Millet: ¿Fraude en el Palau, en el Orfeó? ¡Catalunya! Callemos. Los medios de comunicación catalanes han dedicado muchísimas más páginas, y miles de horas más de radio y televisión, a los cuatro trajes de Camps que a los 32 millones de que se apropió Félix Millet, todavía hoy tan campante.

En el caso Spanair, no están en juego las reliquias históricas sino un nuevo mito: el de la independencia de Catalunya por razones económicas. Si somos una nación y queremos ser un Estado necesitamos que el aeropuerto de El Prat sea un hub y para ello es imprescindible dotarse de una compañía aérea propia. Comprémosla, Dios proveerá. ¿Cuántos informes sobre la viabilidad económica de Spanair se han encargado? ¿Aún más que sobre la viabilidad económica de una Catalunya independiente?

Hasta el desenlace final ha sido patético. Sólo faltaba una figura: el jeque árabe. Desde la crisis petrolera de los setenta, cualquier negocio con pérdidas multimillonarias acude como última ancla de salvación a este nuevo Dios: el rey mago del petróleo. Un recurso grotesco, infantil, la ilusión del niño en la cabalgata, la esperanza en el milagro.

Spanair era económicamente viable como también lo es una Catalunya independiente. Eugeni d’ors, para impedir que su impetuoso interlocutor derramara la copa de champán, le advirtió: “Joven, los experimentos, mejor con gaseosa”.

Las agendas políticas en Euskadi no han sido siempre coincidentes con las de los modos de ver y proponer prioridades de los grandes partidos españoles. La tradición ha sido más bien la contraria. Por eso ahora resulta en cierto punto sorprendente, también desde una mirada vasca, la expectativa generada en torno a una eventual adecuación del discurso del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a las demandas relativas a la política penitenciaria.

El futuro de los presos de ETA no estaba en las primeras páginas de la agenda del proceso vigente. En esas primeras páginas estaban la imperiosa necesidad de un final declarado de la violencia, dictado por la no menos imperiosa necesidad de rehabilitación política de la izquierda aberzale. Estas primeras páginas constituían lo que la propia estrategia política del mundo radical asumía como fase unilateral. Una fase marcada por un vaciado de contenido de la estrategia político-armada que implicó el compromiso de ETA de suspender la actividad violenta en todas sus formas de modo definitivo. Se ha acompañado de declaraciones expresas que abogan por el reconocimiento de las víctimas de esa violencia y por la sustanciación de un nuevo movimiento social soberanista que agrupe bajo el paraguas de una nueva plataforma política a un espectro más amplio del núcleo duro de lo que fue Batasuna.

Son páginas importantes, pero se han pasado demasiado deprisa y no han dejado el poso debido. Desde luego no en materia de víctimas ni en la de la seguridad del proceso de liquidación de ETA. Pero quienes manejan esa agenda han llegado ya a la fase de reclamar bilateralidad. Y están haciendo de la situación de los presos la piedra clave de esa fase. El asunto del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) ni siquiera lo pusieron sobre la mesa en primer lugar las plataformas políticas de la izquierda aberzale (Bildu, Amaiur o la pendiente Sortu). Fue el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, quien meses atrás advirtió de que ese asunto debía acometerse superando la excepcionalidad de la disciplina de la dispersión y aplicando a la reinserción de los presos de ETA los mismos criterios sobre cumplimiento de condena y grados penitenciarios que están reconocidos para el resto de presos. El asunto ocupó su lugar en el decálogo de paz del lendakari Patxi López, que hizo suya esa reflexión.

No habiendo llegado primero a este debate, la izquierda aberzale ha elegido llevarlo más lejos. Reiteradamente, ha convertido la demanda de una amnistía en el eje de su discurso. Ha creado en torno a ella una actividad social que proyecta sistemáticamente y que protagonizó una manifestación el pasado 7 de enero en Bilbao, exitosa en volumen, pero decepcionante en sus contenidos. El reflejo de su agenda política en materia de pacificación quedó retratado en los mensajes y los silencios de esa jornada con tres elementos fundamentales e igualmente dificultadores de cualquier consenso: en primer lugar, la ausencia de cualquier atisbo de corregir la exigua e insuficiente apelación al dolor causado por la violencia de ETA; en conexión, la insistente tabla rasa con la que se califica al conjunto de condenados como presos políticos, tengan o no delitos de sangre; y, por último, la ya comentada difusión social de que es posible, oportuno y necesario un proceso de liquidación general de condenas por la vía del indulto global o la amnistía.

En esa estrategia, Sortu-Bildu-Amaiur no han cruzado agendas con nadie. Su hoja de ruta es la estrategia de la reivindicación porque la movilización activa les ha aportado siempre pingües rendimientos en términos electorales. Si de nuevo es ese el objetivo último, el horizonte temporal de las próximas autonómicas se sitúa en un año de plazo, lo que requerirá incorporar algún elemento al discurso (la verificación del alto el fuego lleva ya tiempo dormitando en un cajón y en el futuro próximo alguien la rescatará). Pero si hay una sincera disposición a obtener consensos, debe haberla a entender las agendas ajenas y sus hojas de ruta. Alberto Ruiz-Gallardón dibujó la del Ministerio de Justicia con nitidez y en ella no cabían amnistías, pero tampoco desdijo a sus correligionarios del PP vasco que admiten que la legislación penitenciaria es flexible y da juego a la reinserción.

Objetivamente, el asunto de los presos tiene la capacidad de apuntalar o hacer temblar el proceso de liquidación de ETA. Y, en esta perspectiva, la estrategia de presión constante y fijación de una expectativa irreal con un borrón y cuenta nueva solo será motivo de futuras frustraciones que alimenten las posiciones más extremas y quién sabe si la tentación redentora de algún iluminado dispuesto a liderar otro proceso revolucionario armado. A la izquierda aberzale le hace falta el valor de renunciar a un escenario que domina y encuentra cómodo en la denuncia y la exigencia a los demás. Porque puede serle útil a corto plazo, pero no es más que su propia versión de la ley del embudo y acabará provocando confrontación social.

Cuando en 1993 fui elegido diputado al Parlamento de Galicia en las listas del Bloque Nacionalista Galego (BNG) por la circunscripción de A Coruña, Manuel Fraga ratificaba, mediante una holgada mayoría absoluta, la hegemonía que había obtenido, de manera muy ajustada, en 1989. Como militante antifranquista tenía bien grabada en mi memoria la imagen del ministro que había sido colaborador necesario en el mantenimiento de un régimen dictatorial y que había compartido responsabilidades directas en la muerte de Julián Grimau y en otras violaciones graves de los derechos humanos. Tampoco se habían borrado de mi mente los sangrientos sucesos de Montejurra y de Vitoria, en 1976, cuando el ex ministro de Franco dirigía el departamento responsable de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No me había olvidado, tampoco, de las posiciones que había mantenido en la elaboración del proyecto constitucional en 1978 y de su explícita abstención en el capítulo VIII que regulaba el nuevo modelo territorial de carácter autonómico.

La paradoja estaba servida. Fraga que había defendido la España «una, grande y libre» establecida en el código genético del franquismo y que había criticado con evidente contundencia el Estado de las Autonomías contemplado en la Constitución, estaba al frente de la Xunta de Galicia presidiendo el gobierno de una de las tres nacionalidades históricas reconocidas en el texto constitucional. En los 12 años de estancia en el Parlamento gallego fui testigo de diversos episodios de la singular convivencia entre el dirigente político deudor de las viejas concepciones centralistas del nacionalismo español y el gobernante que le había tocado asumir la administración de una comunidad dotada de una lengua propia y con un fuerte capital simbólico acumulado a lo largo de muchos años de acción de un importante movimiento cultural, cívico y político en defensa del carácter nacional de Galicia.

Coincidiendo con los últimos años del mandato de Felipe González, Manuel Fraga formuló, en el seno del Parlamento gallego, una serie de propuestas (instauración de la Conferencia de Presidentes de las CC.AA., reforma del Senado…) favorables a una lectura autonomista de la letra constitucional y puso en circulación algunos términos -«autoidentificación», «Administración única»- con los que pretendía delimitar un territorio propio, distanciado del uniformismo centralizador característico de la derecha española y alejado, al mismo tiempo, de las ofertas programáticas postuladas por las organizaciones más representativas de los nacionalismos periféricos. El triunfo del PP dirigido por Aznar en 1996 y su inicial luna de miel con CiU y PNV abría un escenario potencialmente propicio a la toma en consideración y posterior ejecución de las ideas formuladas por el presidente de la Xunta, mucho más después de que las urnas registraran una tercera mayoría absoluta en el otoño de 1997.

Sin embargo, la historia reservaba una sorpresa no prevista por el fundador de la derecha política española. La victoria apabullante de Aznar en el año 2000, lejos de suponer la definitiva validación, a escala estatal, de la nueva doctrina autonómica de Fraga desató una dinámica de claro perfil centralizador y condenó a un inesperado ostracismo político al teórico maestro del discípulo que habitaba en la Moncloa.

Seis años y medio después de la derrota electoral sufrida en junio del 2005 y contemplando la labor del ejecutivo presidido por Núñez Feijoo, no resulta aventurado afirmar que el listón autonomista establecido por Fraga al frente de la Xunta de Galicia no ha sido superado por sus actuales correligionarios. Obsérvese, por ejemplo, este llamativo contraste: mientras en el año 2004 el Parlamento gallego aprobaba por unanimidad un ambicioso Plan de Normalización Lingüística, el nuevo gabinete del PP introducía, a partir del 2010, medidas restrictivas en el uso del gallego en el sistema educativo.

Y la democracia tiene que ver con la libertad. El problema del terrorismo de ETA es que ha supuesto una amenaza contra la vida de muchos ciudadanos vascos y españoles. No de todos, por supuesto, pues era cierto que la violencia terrorista de ETA era discriminatoria y no indiscriminada, aunque más de uno de los que lo afirmaban pretendía extraer la consecuencia de que por ello era mejor. Otra cosa es que, por medio de esa violencia, la sensación de miedo se extendiera por toda la sociedad. Pero las víctimas han sido o representantes específicos del Estado español, o simplemente de una visión no nacionalista de la sociedad vasca.

Conseguir que ETA dejara de matar ha sido la meta inmediata. Y el Estado de derecho lo ha conseguido, con una política antiterrorista adecuada a derecho, una política que ha hecho que la sociedad vasca en general se posicionara contra el terror. Pero ese final de ETA, todavía no escrito pues no ha anunciado su disolución definitiva, no implica automáticamente que sus seguidores y todo su entorno, lo que se denomina izquierda nacionalista radical, el mundo de Batasuna, se hayan convertido en demócratas, es decir, en defensores de la libertad de los ciudadanos vascos para ser vascos según les parezca, en libertad, sin que nadie les imponga una manera de serlo.

Y este es el problema que, superado el terror y la amenaza de muerte caso de que ETA y su entorno considerara a alguien enemigo de Euskadi o de Euskal Herria, sigue existiendo en la sociedad vasca. Pues Amaiur, Bildu, Sortu y todas las franquicias de lo mismo siguen defendiendo una definición política desde la homogeneidad y desde la hegemonía nacionalista. Es decir: no admiten que la sociedad vasca sea plural en el sentimiento de pertenencia y que por ello no puede ser definida políticamente como si de un todo homogéneo se tratara, sin distinciones y diferencias radicales en su interior.

Si el problema sigue siendo la defensa de la democracia como defensa de la libertad, la defensa del ciudadano como sujeto de derechos y libertades fundamentales, el comportamiento debido ante cualquiera de las franquicias de la izquierda nacionalista radical debe estar guiado por este problema, y por nada más. Especialmente cuando se ha celebrado, de forma casi unánime, que el paso dado por la izquierda nacionalista ha sido un paso definitivo, que no tiene vuelta atrás.

Si esta es la situación, ¿por qué los partidos democráticos tienen que someterse a la presión de ser más condescendientes con las franquicias de la izquierda nacionalista que con los demás partidos? ¿Por qué hemos de renunciar a la crítica que desde la democracia debemos ejercer sobre el planteamiento político y el proyecto político de la izquierda nacionalista radical si con ello no hacemos otra cosa que defender la libertad y los derechos fundamentales? ¿Por qué razón debemos pasar por alto su incapacidad de condenar la historia de terror de ETA, por qué debemos transigir con su ocultación de la realidad de las consecuencias del terror de ETA, los asesinados y las víctimas familiares de los asesinados? ¿Por qué tiene que ser de recibo que el representante de Amaiur en el Congreso Xabier Errekondo, preguntado si condena la violencia, responda que reconoce que ha habido sufrimiento; es decir, se limite a constatar una obviedad?

Da la sensación de que estamos contentos de que nos hagan el favor de ir al Congreso, de que nos damos por satisfechos porque ETA nos perdona la vida, en sentido literal, y ahora tenemos la obligación de ponerles la alfombra roja, no sea que vuelvan a enfadarse y se retraigan de los pasos que han dado, sin darnos cuenta de que con ello ponemos de manifiesto el miedo interiorizado que tenemos ante los que han usado y legitimado el terror discriminado durante tanto tiempo.

La tarea principal que tienen entre manos los partidos, aquellos a los que se les supone demócratas, es la de la defensa de la democracia y de los mecanismos que la garantizan, que conforman el Estado de derecho, sobreponiéndose al miedo interiorizado de que si no se les ríen todas las gracias puedan volver a las andadas. No manifiesta miedo ante la izquierda nacionalista radical quien les niega, por no cumplir los requisitos exigidos, grupo parlamentario en el Congreso, sino el que está dispuesto a tragar con la doctrina de que para reconocer el dolor de las víctimas es preciso admitir que el terror de ETA era producto de la existencia de un conflicto entre dos partes armadas, entre dos contendientes igualmente ilegítimos. Ese miedo se pone de manifiesto en la disposición a callarse cuando un representante institucional de la misma, el diputado general de Guipúzcoa, se fotografía amistosamente con dos buscados por la justicia por ser terroristas.

El problema sigue siendo la defensa de la libertad y de la democracia. El problema sigue siendo que estamos más dispuestos a ser condescendientes con la izquierda nacionalista radical que con las víctimas del terrorismo y su memoria.

La justicia es igual para todos. Para los etarras también. Gracias, Majestad, porque sus palabras serán un faro que nos guiará y ayudará a hacer frente al desafío de los que pretenden que un manto de impunidad y olvido cubra la terrible trayectoria criminal de ETA. Ante el chantaje y la presión a las que nos someten para obtener contrapartidas por dejar de matar, ante sus exigencias de excarcelaciones de los asesinos, —problemas técnicos, dicen— ante su proyecto de convertirlos en ciudadanos honorables, las palabras del Rey constituyen un sólido dique que nos recuerda que entre todos debemos preservar el Estado de Derecho y garantizar que las víctimas del terrorismo no serán ultrajadas privando a sus familias y a los españoles de la aplicación efectiva de la justicia y de la ley.

Es lo que los españoles queremos abrumadoramente y es lo único razonable y sensato que se puede hacer para que todos sepamos que las consecuencias de los delitos se pagan de acuerdo con lo que dicta el Código Penal que es para todos igual.

No debemos flojear ante la tentación de satisfacer las exigencias del entorno radical que apoya a los terroristas, creyendo que así se resolverá el problema y que cesarán sus reivindicaciones, porque no será así y porque determinados principios sobre los que se basa la convivencia no pueden estar sujetos a mercadeos.

Sería insoportable que después de cincuenta años de terrorismo, el panorama que nos encontrásemos fuese el de un partido político controlado por ETA y conformado por asesinos y delincuentes indultados o excarcelados antes de tiempo gobernando desde Ajuria Enea a sus propias víctimas. Esta posibilidad es real. De hecho es lo que la banda terrorista y sus muchos simpatizantes intentan y creen que van a conseguir.

No debemos aceptar que trescientos mil o un millón de votos pueden legitimar todo el horror que España ha padecido por causa del terrorismo. No debemos admitir que la paz tenga un precio. Y no debemos olvidar que nos merecemos una paz digna en la que los conceptos estén claros y sepamos quién es quién. Aquellos que quieran situarse del lado de la ley y del respeto a la libertad, a las reglas del juego y a la convivencia serán los que tendrán que construir un futuro basado en la verdad y en la justicia. Solo así será posible que ETA no alcance ni sus objetivos —a los que no renuncia— ni la impunidad histórica que pretende.

Tampoco debemos olvidar que ETA tiene una estrategia perfectamente definida para lograr sus fines y que si llega al poder tratará de ejecutarla pasando por encima de la legalidad constitucional y poniendo a las instituciones vascas no al servicio de los ciudadanos sino al de su proyecto secesionista. Ese es un peligro inmediato al que nos enfrentamos y que debemos encarar con valentía, clarividencia, determinación, responsabilidad y confianza en nosotros mismos. Tenemos la obligación moral de impedírselo. Es un reto difícil pero que se puede y se debe conseguir.

Si es verdad que la historia de nuestro tiempo se escribe sobre todo en los periódicos —y algo de esto sabe ABC—, entonces no conviene pasar por alto una primera página recién salida de las rotativas del New York Times. El mismo día en que se producía el relevo en la alcaldía de Madrid, el primer diario de referencia estadounidense dedicaba un generoso espacio a elogiar la transformación acometida por la capital de España en los últimos años. Creo que no debe leerse ese trabajo como el balance cerrado de una etapa pasada, sino como apenas el esbozo de un proyecto en marcha que, según las primeras palabras de la nueva alcaldesa, prosigue su desarrollo. Sí es cierto, con todo, que en lo personal tengo la sensación de que Madrid ha conseguido por fin que se entienda su auténtica naturaleza, y el hecho de que se la cite como referencia de progreso ante otras metrópolis no es sino la confirmación definitiva de su condición de gran capital internacional. Muchas veces he recordado un hermoso sueño de Guillermo Cabrera Infante, quien, a partir de su intuición de Madrid como metrópoli cosmopolita, aseguraba haber descubierto un pasadizo mágico que en un instante conecta Callao con Picadilly. Mi empeño fue siempre ampliar esa mágica comunicación de Madrid, de manera que estuviera conectada con el mundo entero, para que su extensión natural fuera no solo Londres, sino también el resto de las grandes urbes que gobiernan nuestra época. Me alegra comprobar que ya no se trata solo de Callao, ni meramente de la imaginación literaria, sino que, también en el plano de lo práctico, la recuperada ribera del Manzanares puede estar en íntima comunión con la necesidad de resolver los problemas urbanos del Bronx.

No cometeré la exageración de decir que siempre tuve una cierta idea de Madrid, como De Gaulle decía que la había tenido de Francia —pues en su caso aseguraba que era un sentimiento que procedía casi del seno materno—. Más bien fui aprendiendo esa idea con el paso de los años, junto a mis conciudadanos. Cuatro años como concejal, ocho de senador por Madrid, dieciséis en la Administración regional, de los cuales ocho al frente del Gobierno, y otros ocho como alcalde dan para ir formándose una noción de lo que Madrid es y, de acuerdo con lo que los madrileños anhelan e intentan, lo que puede ser. Sí es verdad, sin embargo, que pese a no haber albergado nunca ideas preconcebidas, o quizá por eso mismo, he procurado ser fiel a aquellos principios que, en este largo y fecundo aprendizaje, he ido descubriendo en la que es la ciudad de mis padres y, aún más importante, la de mis hijos.
El primero es la modernidad intrínseca de Madrid. Nunca he querido molestar a los amigos de la tradición, pero sí recordar que la auténtica raigambre de esta ciudad ha sido, históricamente, su aperturismo, su capacidad para asimilar lo nuevo y marchar al compás de los tiempos, incluso adelantándose a ellos. No puede ser de otro modo en una capital que devino en tal de modo repentino. El casticismo, decía Blanco White, es decadencia, y en decadencia se convertirá. No la tradición asentada ni el calor de las mejores costumbres, que en Madrid se elaboran mediante una creativa síntesis de lo ajeno, sino la tentación del conformismo. Al igual que el resto de España, Madrid ha arrastrado su propio orientalismo, esa leyenda forjada por tantos viajeros que en cuanto avistaban el alcázar y las primeras iglesias creían ver cúpulas doradas y exotismos incompatibles con el espíritu de una capital europea. De un modo u otro, esa fue la visión que el mundo tuvo de España desde la paz de Westfalia hasta 1975 —la de un país que estaba fuera de Europa, al margen de la historia, tal y como explica Joseph Pérez en su último libro—, y la gran tarea nacional desde entonces ha consistido en sacudirnos el tipismo y reintegrarnos a nuestro entorno occidental, como un ejemplo de dinamismo, vanguardia y civilidad.

Madrid tenía que liderar esa empresa, que no me ha correspondido en exclusiva, porque Enrique Tierno Galván, Juan Barranco, Agustín Rodríguez Sahagún y José María Álvarez del Manzano también fueron impulsores de la misma, cada uno con su sello. Si acaso, a mí me ha correspondido hacer un énfasis especial en esta meta modernizadora, y forzar un salto de escala derivado de las necesidades de la globalización. Era urgente dar a Madrid hechuras de gran capital internacional, porque el momento lo aconsejaba, y porque además el potencial sociocultural y, pese a las actuales dificultades, también económico, así lo permitía y demandaba. Y había que hacerlo preservando en esa modernidad una dimensión humana, porque, como sostiene Julián Marías al final de su «Biografía de España», esa constituye la más profunda seña de identidad de nuestra Nación: una modernidad humana.
Estas convicciones conducen hacia un modelo de ciudad donde la actividad económica, la vida cultural y el disfrute de los espacios públicos, así como un transporte público de calidad y una menor presión del tráfico rodado, enriquecen la gran tradición urbana europea, basada en la mezcla de usos, frente al modelo anglosajón, donde la convivencia se fragmenta. Conseguir ese Madrid vivo, atractivo, razonablemente bien avenido, en el que la cultura sea equivalente de reflexión y creación, y no solo de evasión o consumo, era un objetivo cuya consecución se ha visto colmada por los ocho millones de visitantes que hoy recibe Madrid, y sobre todo por la conciencia que la ciudad tiene ahora de sí misma.

Debo agradecer la generosidad de quienes hicieron posibles estos logros: mi partido, que me confió esta responsabilidad; los ciudadanos, que tres veces respaldaron el proyecto; mi equipo de colaboradores, que lo materializó, y las instituciones, públicas y privadas, con las que lo compartimos. La misma colaboración que espero que encuentre Ana Botella, en razón de las capacidades que durante estos años ha acreditado, y de las que va a demostrar. Día a día he comprobado su aptitud para involucrarse a fondo en un proyecto común, así como la fuerte personalidad con la que desarrolla ese compromiso, desde una disposición siempre dialogante y abierta a escuchar. En Ana Botella los madrileños van a tener una alcaldesa —la primera en la historia de la ciudad— ante todo cercana, trabajadora, eficaz, y con una acusada y sincera sensibilidad social. Yerran quienes puedan recibirla con un juicio precipitado, y auguro que se llevarán una sorpresa. Van a descubrir una figura que ya se ha convertido, por derecho propio, en un sólido valor de nuestra vida ciudadana, política e institucional.

Pero el auténtico protagonista no somos ni Ana Botella ni yo. No hay otro que la sociedad madrileña, que, en los tiempos de bonanza y en los de preocupación, ha llevado las riendas de su destino. Pocos confiaban hace unos años en Madrid. Los madrileños sí lo hicieron, y arrumbaron cualquier viso de pesimismo paralizante. Como decía el New York Times, nuestro ejemplo «prueba que la pregunta sobre las grandes obras públicas no debería ser qué no podemos hacer. No. Es qué podemos hacer». Y eso es lo que, con carácter general, Madrid me ha enseñado. Por eso no podía haber acertado más ese periódico al ilustrar su reportaje que acompañándolo, bajo la legendaria cabecera en letras góticas, de una fotografía del mosaico que decora la pasarela que Daniel Canogar levantó en Madrid Río, donde se retrata toda la frescura y vivacidad del verdadero ser de Madrid: sus ciudadanos.

Veamos si somos capaces de hablar con claridad y no crear más confusión: la presión del PP de Catalunya sobre el Gobierno de la Generalitat para cerrar las mal llamadas “embajadas” catalanas no tiene nada que ver con la preocupación por el gasto público del país. Esta es una obsesión del PP, como muestran las hemerotecas, muy anterior a la crisis. Lo que el PP quiere recortar no es el presupuesto sino la voluntad política de que Catalunya tenga voz internacional propia, por modesta y discreta que sea. Se trata, pues, de una batalla política contra uno de los símbolos más eficaces de la soberanía: la posibilidad de establecer un diálogo cara a cara con el mundo entero, de nación a nación –inter-nacional–, sin tutelas ni intermediarios. Ni que decir tiene que, desde el punto de vista político, tan legítimo es hacer todo lo posible por la internacionalización de Catalunya para avanzar en su proyecto nacional de modo tan pacífico como es hacer oír su propia voz, como lo es tratar de poner todas las trabas posibles para evitar que eso pase y, por lo tanto, que España hable en nombre de la “región española”, peculiaridades locales aparte. Los catalanes deben escoger lo que prefieran.

Ciertamente, la creación de unas delegaciones políticas del Gobierno de la Generalitat se podía hacer con mejor o peor acierto. Pero la vocación internacional ha estado presente, de una manera u otra, en todos los gobiernos catalanes desde 1980 hasta ahora. Jordi Pujol hizo recaer el peso del reconocimiento del país en su fuerte personalidad, estableciendo vínculos personales con los grandes hombres de Estado del momento. Así, se ahorraba entrar en conflicto con la diplomacia española. Desaparecido Pujol de la presidencia, de aquella red personalista no quedó nada. Y el tripartito, que por razones obvias no podía seguir la misma estrategia de fundamentar el reconocimiento internacional en su presidente, inventó las delegaciones. En algunos casos lo hizo con errores de mucho calado –como colocar a Apel·les Carod en París–, pero en el resto de los casos lo hizo con aciertos notorios como en Berlín o Londres –Estruch o Solano–. Y abrió otra delegación en Nueva York gracias a la cual –y sobre todo con el ahora lamentablemente desaparecido Catalan Center dirigido por Mary Ann Newman– la cultura catalana existe y es reconocida en los mejores círculos de esta gran ciudad norteamericana, capital de la cultura internacional.

Incluso el hecho de que la política catalana en el extranjero esté en manos de Unió, dejando aparte que pueda significar un retroceso en la ambición para la que nació, estoy seguro de que tiene que ver con la conocida vocación internacionalista de Duran Lleida. Duran hace muchos años que teje su propia red de relaciones internacionales, vinculada a la Internacional Demócrata de Centro –antes Democracia Cristiana–, particularmente en Europa y en América Latina. Pocos políticos en Catalunya se han preocupado tanto y tienen una agenda internacional tan extensa. Y quizás sí que en algún tiempo eso tuvo que ver con el proyecto personal de un aspirante a ministro español de Exteriores. Pero el caso es que nadie tiene que explicar a Duran hasta qué punto es importante la diplomacia para cualquier país que quiera y pueda serlo. Si Unió acepta desmantelar las delegaciones, bien sabrá por qué razón lo hace y con qué consecuencias.

Así pues, la farsa de reivindicar el ahorro contra las delegaciones catalanas –denominadas “embajadas” con el objetivo de atribuirles una dimensión que no tienen– no se sostiene desde ningún punto de vista. En primer lugar, precisamente, por su modestia. Imputarles todo el presupuesto de las oficinas comerciales, culturales o de turismo es pura y simplemente un engaño. Las delegaciones se habían instalado en oficinas ya existentes. Y, en cualquier caso, si la preocupación fuera económica, como se sostiene con hipocresía cobarde, que se compare con cualquiera de los instrumentos de representación del Estado, con sus casi doscientas embajadas, miles de consulados o su Instituto Cervantes. Espero que algún día la prensa del país lo explique con todo detalle. Además, imputar el gasto de las delegaciones a algunos recortes de servicios sanitarios o educativos no sólo es una frivolidad, sino una desvergüenza. ¿Por qué no se contrapone el cierre de quirófanos al presupuesto para la programación teatral o a la publicidad institucional en los medios de comunicación públicos y privados? Aunque hacerlo, por supuesto, seguiría siendo una frivolidad y una desvergüenza. Al fin y al cabo, toda la acción exterior del Gobierno de la Generalitat –no tan sólo la de las delegaciones– del año que ahora acaba no llega ni a las dieciocho horas de expolio fiscal. Y para el 2012, no pasará de catorce horas de expolio. Es decir, el Gobierno dedicará a la internacionalización poco más de lo que el Estado roba a los catalanes en media jornada de su trabajo productivo.

Ya he dicho en otras ocasiones que no tengo demasiada idea de en qué va a consistir lo de la nueva transición nacional que anunció Artur Mas en plena campaña electoral del 2010. Sin embargo, sea lo que sea, no tendría ninguna credibilidad al margen de una política de internacionalización de la Catalunya-nación. Es decir, que prescindiera de una Catalunya con voz propia en el mundo entero. Porque sí, tiene razón al PP en su obsesión para quererlas cerrar: ser reconocido por el mundo es uno de los principales atributos de aquello que se entiende por soberanía. Y sí, este es uno de los objetivos fundamentales de cualquier proceso de emancipación nacional. De manera que puedo entender muy bien la voluntad del PP, a pesar del cinismo de sus argumentos. En cambio, no comprendo cómo el Gobierno de CIU se acomoda tan dócilmente a la presión.

El pasado 20 de octubre, aún con su liturgia y retórica habitual, la banda terrorista que acabó con la vida de 829 personas a lo largo de más de 40 años aceptó su final. No ha sido fruto de un examen de conciencia ni de una catarsis moral, sino de su debilidad operativa y de su deslegitimación social. Por supuesto, no hay que bajar la guardia y debemos seguir alerta ante cualquier tentación de volver a las andadas por improbable que sea, que lo es. Pero, además, y a la vez, debemos hacer otras cosas sin las cuales la ansiada paz no será plena; las más importantes son memoria y justicia para sus víctimas; también promover el respeto a las personas, a las instituciones democráticas y a las reglas del juego, la tolerancia positiva y un sano relativismo en Euskadi que espante los integrismos y dogmatismos que fortalecieron a ETA.

Memoria por tanto; primero y antes que nada. Memoria que es básicamente compromiso con las víctimas de ETA (no edulcoremos su principal sentido) por definición todas inocentes. Memoria también del conjunto de los ciudadanos que la combatieron más directamente, héroes sin duda. Por eso decimos que el fin de ETA es el triunfo de la democracia y no de una parte de la sociedad frente a otra. La memoria es por consiguiente algo más que el mero relato o que la historia de lo que pasó que corresponderá elaborar a los historiadores o al periodismo de investigación y que exige rigor científico y una vocación descriptiva que aspira a la objetividad. La memoria, sin embargo, supone tomar partido; no es neutral sino deliberadamente parcial; es una apuesta excluyente a favor de los que sufrieron el terror, para honrarlos primero y como testimonio después para que la violencia fanática no vuelva a repetirse jamás. Por eso es tan importante que se impulse cuanto antes el Centro de la Memoria que prevé la nueva ley de víctimas del terrorismo, aprobada en septiembre pasado por todos los grupos políticos excepto por UPyD. Y debe ser un Memorial exclusivamente para las víctimas del terrorismo, fundamentalmente víctimas de ETA, y no un cajón de sastre que incluya a otro tipo de víctimas, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos o de otros delitos violentos, que merecen sin duda todo el respeto y la máxima consideración y reconocimiento pero que unificándolas, haciendo tabla rasa, diluyéndolas en un todo común, les hacemos un flaco favor a todas, a unas y a otras; no solo porque se trate de violencias diferentes, ninguna aceptable, sino porque cada tipología de víctimas merece un tratamiento específico, un reconocimiento particular, por respeto a su singularidad. Es como si pretendiéramos mezclar a las víctimas del franquismo, a las que debemos por cierto otro Memorial, o de violaciones de derechos humanos en general, con las de la violencia de género o las de delitos especialmente horribles como algunos asesinatos, desapariciones y violacio-nes de jóvenes y menores conocidos en los últimos tiempos. Porque todas estas víctimas son diferentes entre sí, aunque todas compartan un elemento común de sufrimiento y de dolor injustificado.

Y en el caso de las víctimas de ETA, que es el que aquí nos ocupa, existe otra razón para su singularidad: no contribuir, ni consciente ni inconscientemente, a legitimar la “teoría del conflicto”, imposible en una democracia avanzada como la nuestra, “de las víctimas de los dos bandos”, sostenida falazmente por ETA y por la izquierda abertzale; una teoría que enmascara la cobardía de no afrontar con grandeza y hombría de bien la responsabilidad por el inmenso daño causado unilateralmente; es esa “huelga moral” de la que habló Primo Levi. Y no pienso tanto en que se pida perdón, del que no soy entusiasta ni tampoco el conjunto de las víctimas y que sería “mucho pedir” si se hiciera en serio, más allá de su valor jurídico para la obtención de beneficios penitenciarios de acuerdo con la legalidad vigente. Basta con que no manipulen la verdad de lo sucedido, aunque sea solo por respeto a los muertos, el que no le tuvieron cuando fueron asesinados.

Justicia, en segundo lugar. Por supuesto, la justicia del Estado constitucional de derecho. A sensu contrario: ni venganza, ni impunidad. Sí, para los presos, posibilidad de reinserción social, tal y como prevé la Constitución de 1978. También y antes reparación integral de las víctimas, a poder ser por sus victimarios o incluso por los miles de simpatizantes y votantes que hoy no quieren ya violencia y sí política democrática en las instituciones. No sería un mal paso; a mi juicio, mejor, más práctico y tangible, que el metafísico perdón y su intrínseco arrepentimiento, poco probable y, hoy, poco creíble… Es una justicia, en suma, garantista para el reo, sin tratos inhumanos ni degradantes, posibilista en la reinserción, respetuosa con los derechos humanos fundamentales. Una justicia que también protege a la víctima, antes, durante y después del proceso penal; que le concede derechos que salvaguardan su dignidad y su buen nombre, incluso su intimidad; que garantizan su derecho a ser escuchada y a saber y que aseguran su reparación administrativa y/o judicial como en ningún otro país del mundo. Es verdad que la decisión última en un Estado de derecho que se precie corresponde a los jueces, ese tercero imparcial que diseñaron Montesquieu o Beccaria, intérpretes y aplicadores de la ley, y así debe seguir siendo, también cuando no compartimos sus decisiones.

En definitiva, Memoria y Justicia son las dos ideas fuerza que a mi juicio deben inspirar a partir de ahora, en este nuevo tiempo sin ETA, a las instituciones y a la sociedad vasca y española. También más respeto, en el sentido profundo del término: a las personas (Homo homini sacra res, decía Séneca), a las reglas del juego y a la diversidad social y cultural de Euskadi y de España, con un pluralismo político que es estructural y no coyuntural y que bien interpretado es una bendición para todos, que imposibilita la secesión y que “condena” a los vascos primero y al conjunto de los españoles después a vivir juntos, a convivir. Bendita convivencia. Bendito pluralismo.

Seguramente recuerdan ustedes la vieja historieta del regateo. El señor le dice a la señora: “¿Se acostaría usted conmigo por un millón de euros?”. ¡Un millón! La dama suspira, pensativa. Y añade él: “Puedo ofrecerte 200 euros por un polvo”. Ella se escandaliza: “Pero, bueno, ¿por quién me toma usted?”. Y él: “Eso ya ha quedado claro. Ahora estamos hablando del precio”.

Según parece, algo semejante ocurrió en el cambalache secreto que se trajeron Jesús Eguiguren y los etarras, que ahora ha tocado revelar. No llegó a hacerse ningún pago, lo mismo que la señora del cuento se queda sin cobrar, pero se ofrecieron cosas insólitas, como una redefinición de la identidad vasca o una mesa de partidos extraparlamentaria. Al final, las exigencias de ETA acabaron con el trato, si no nos engañan otra vez, pero quedó claro al menos que a la banda terrorista se la trataba como a una instancia política que se había ganado sanguinariamente su derecho a ser escuchada. De modo que ya obtuvo una concesión importante y sentó un precedente temible, como puede ver cualquiera a quien no ciegue el sectarismo o el prejuicio seudopragmático del gato cuyo color no importa mientras cace ratones.

Los más avisados dicen ahora, a la vista de las revelaciones de Eguiguren, que había que ser muy ingenuo para creerse las declaraciones gubernamentales de que no se negociaba con los terroristas. Confieso mi beata bobería, porque me tragué el bulo. Padezco la obnubilación de tener un prejuicio favorable hacia las instituciones democráticas de mi país. Como las pago con mis impuestos y las defiendo con mi apoyo, asumo que no me engañan. No diré que ya estoy curado de esa ingenuidad, porque seguramente volverá cualquier día a inducirme a error, como las veces anteriores. Lo que me asombra es que otros tan equivocados como yo lo hayan tomado con tanta calma. Recuerdo tertulias radiofónicas que en su día calificaron de infame patraña la sospecha de que el Gobierno negociaba con ETA y maltrataron a Mayor Oreja por difundirla: hoy, Eguiguren parlante y mediante, aceptan con naturalidad el contubernio y hasta lo consideran elogiable, incluso imprescindible. Después, pasan al tema siguiente del día y exigen ejemplaridad a los cargos públicos…

Pero es que, además, la narración de esos contactos non sanctos abunda en contradicciones. Por un lado, pese a promesas y concesiones a mi juicio injustificables, se nos asegura que ETA rompió la baraja casi a primeras de cambio. Por otro, se nos da a entender que gracias a esas fracasadas charlas secretas, entre otras cosas, los terroristas han renunciado a la violencia por elmomento. En el asunto, nos cuentan, fue decisivo el atentado de la T-4: la izquierda abertzale, hasta entonces tan distraída que no había advertido la naturaleza criminal de la banda -a la que hoy también se cuida mucho de condenar-, se convenció de que en ella predominaban los sujetos peligrosamente brutos. Y decidió amenazarles con su desaprobación, aún pendiente, lo que causó tal desolación entre los asesinos que ya no tuvieron ánimo para seguir con sus fechorías. Quizá sea suspicacia por mi parte, pero algo no termina de encajarme en este esquema de los efectos y las causas.

Parte de mis dudas provienen de la consideración que los presos etarras reciben por parte de quienes hoy blasonan de renuncia a la violencia terrorista. Siguen considerándolos presos políticos y sostienen que su acercamiento a cárceles vascas primero y la amnistía inmediatamente después son inexcusables prioridades, porque deben jugar un papel importante en el nuevo escenario político, que es el paisaje virtual de cuya evidencia tratan de convencernos. Pero lo cierto es que quienes cumplen condenas por pertenencia a ETA o por apoyo a la banda son exactamente lo contrario de presos políticos: es decir, no están presos por haber hecho política, sino por haber impedido con actos criminales que pudieran hacer política libremente los demás. Considerar que tal comportamiento les convierte en interlocutores imprescindibles para el futuro democrático va más allá de la simple obstinación y suena a matonismo desvergonzado. Sobre todo cuando ni ellos ni quienes abogan por ellos han reconocido en modo alguno lo siniestro de su conducta anterior. Por cierto, ya que tanto se habla ahora de arrepentimiento, hay una forma de expresarlo de manera clara y objetiva: la aceptación inequívoca del castigo por parte de quienes cometieron los delitos o los justificaron.

Cada cual es libre de prestar más o menos crédito a las confidencias de Eguiguren en su libro e incluso concederle buena intención en sus gestiones, que a algunos nos parecen imprudentes (por decirlo con suavidad) y él mismo admite confusamente que fueron infructuosas. Lo que está claro en cualquier caso es que no es lo mismo defender la legitimidad de las instituciones frente a quienes se resignan a abandonar el terrorismo y quieren integrarse en ellas que servir de mamporrero a los filoetarras para desvirtuarlas o subvertirlas con el pretexto de acomodarles por fin en el orden democrático contra el que han luchado. Los mamporreros no han traído la paz ayer ni la consolidan hoy, sino que pretenden instaurar la complacencia política con el radicalismo separatista como necesario peaje a quienes nos hacen el favor de dejar de amenazarnos. Porque no es verdad que vivamos un nuevo tiempo político, si se entiende por ello que debamos relativizar nuestro apoyo a la Constitución para no molestar a nadie: lo único que ha cambiado es la seguridad con que ahora podemos todos actuar dentro de ella, aunque unos más contentos que otros.

Poco antes de la aparición de su libro, Eguiguren hizo unas declaraciones advirtiendo que si el PP no da con la debida celeridad los pasos requeridos según él -entre los que al parecer incluye la dichosa mesa de partidos extraparlamentaria-, los socialistas vascos deberían plantearse romper el acuerdo de gobierno que mantienen con los populares y merced al cual gobiernan. Como vivimos una realidad tan ondulante, ya no sé si ahora mantiene esa advertencia. En cualquier caso, aprovechando que se ha puesto de moda dar consejos a los socialistas cara a su futura regeneración, ahí va el mío para no ser menos: en caso de que insista en su exigencia, con quien deben romper los socialistas vascos cuanto antes es con Eguiguren.

Tema: Los territorios de España en la costa africana son objeto de cíclicas reivindicaciones por Marruecos que afectan negativamente a las relaciones bilaterales hispano-marroquíes.

Resumen: El estatuto de las ciudades, islas y peñones de España en África es problemático, particularmente por lo que hace a las islas y peñones. En general, la posición de España sobre las reivindicaciones territoriales marroquíes ha sido reactiva, por lo que ha cedido la iniciativa siempre a Marruecos. En este ARI se propone que España tome una doble iniciativa: (1) diferenciar los estatutos entre las ciudades, por una parte, y los peñones e islas, por otra, con un desarrollo normativo interno específico para este último bloque de territorios; y (2) involucrar a la UE y eventualmente a Marruecos en la gestión medioambiental de las islas y peñones. De esta forma, la UE podría actuar de factor externo dulcificador de los temas territoriales bilaterales, que son los potencialmente más peligrosos para las complejas relaciones hispano-marroquíes.

Análisis

Una relación bilateral conflictiva, condicionada por la UE

Los incidentes de Agosto de 2010 en la frontera de Melilla[1] –que, junto a otros sucesos, llevaron a la anormal situación de un año sin embajador de Marruecos en Madrid– volvieron a poner de relieve los cíclicos problemas que las posesiones de España en la costa africana provocan en las relaciones con nuestro vecino del sur. Es cierto que las relaciones entre España y Marruecos –dos sociedades muy diferentes culturalmente, con malentendidos y aprensiones colectivas–[2] han sido tradicionalmente conflictivas y complejas, desde la independencia de este país en 1956, con ciclos de mayor o menor cooperación y conflicto. Estos ciclos tendrían como hitos la retrocesión de Tarfaya (1958), el conflicto y retrocesión de Ifni (1969), la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid y retirada española del Sahara (1975-1976), los continuos conflictos de pesca, el Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1991, la crisis de 2001-2003 y la normalización iniciada en 2004, que ha llevado a la existencia hoy de una intensa colaboración bilateral con múltiples grupos de trabajo y comisiones mixtas en muy diferentes ámbitos.

De hecho, la mayoría de los aspectos conflictivos de las relaciones bilaterales han sido mediatizados por la participación de España y Marruecos en la UE, España como miembro desde 1986, Marruecos con un estatuto particular o especial, actualmente “Avanzado”. Esta involucración de la UE en lo que anteriormente eran temas puramente bilaterales –como, por ejemplo, los acuerdos de pesca– ha llevado a una sensible reducción de la conflictividad y, por tanto, ha aportado una mayor estabilidad a las relaciones en muchas temáticas.

Con todo, los temas territoriales permanecen enquistados en lo más profundo de estas relaciones, y pueden provocar –como ocurrió en 2002 con el conflicto de Perejil– una súbita escalada de conflictividad bilateral.

Los territorios en África, diversidad y terminología

España posee títulos jurídicos de soberanía, de diversa naturaleza, sobre determinados territorios en África, y que son objeto de permanente reivindicación marroquí. Se trata de la Ciudad de Ceuta, la Ciudad de Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas.

A estas plazas, islas y peñones se suele unir el cuestionado islote de Perejil/Toura o Leila, cercano a Ceuta. Sin embargo, Perejil debe ser dejado al margen de este análisis territorial, ya que no entra en el conjunto de territorios referidos reivindicados por Marruecos, por entender que la isla o islote forma parte desde 1956 de su territorio. Pero, sobre todo tras los penosos incidentes de 2002, tiene desde ese año un régimen especial de no ocupación, con un nuevo estatuto internacional, al ser ahora reconocido por ambos Estados como un “territorio en disputa”.[3]

Por otra parte, las pretensiones marroquíes repercuten en la ausencia de delimitación de espacios marítimos, en particular en el Estrecho de Gibraltar, al estar la delimitación de estos espacios directamente vinculada a la presencia de las plazas y peñones referidos.

Estos territorios son conocidos bajo categorías y denominaciones diferentes. En realidad, se trata de territorios de muy distinta condición, pues tenemos junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, un peñón integrado en la costa marroquí (Vélez), otro peñón (que en realidad son tres islas en una bahía, Alhucemas) y un conjunto de islas cerca de la costa mediterránea marroquí y argelina (Chafarinas).

Para estas áreas del territorio español, las denominaciones que se utilizan son muy variadas, en ocasiones para referirse indistintamente a todos los territorios. Evidentemente, el uso de una u otra denominación no es cuestión neutral, y algunas arrastran la carga histórica, sobre todo militar, de estos territorios; en particular el término “presidios”, en ocasiones diferenciando los presidios mayores de Ceuta y Melilla, y los presidios menores de Vélez, Alhucemas y Chafarinas; “presidio”, prácticamente en desuso, hacía referencia a fortaleza que cumplía entre otras la función de cumplimiento de penas o de confinamiento.

Una denominación muy extendida como denominación genérica, aunque improcedente, es la de “enclaves”; su uso no es correcto jurídicamente, ya que un enclave debe estar completamente rodeado por el territorio de otro Estado, sin otra comunicación exterior que a través de ese Estado: la apertura al mar de las ciudades, islas y peñones, contiguos al territorio español, las excluye de este calificativo, que es aún menos apropiado legalmente si se completa como “enclave colonial”. En fin, aunque hoy constituyen un pleonasmo, ha sido común –así la Constitución española de 1931– referirse a las plazas y territorios “de soberanía”, probablemente para referirse a estas ciudades con estatuto diferente al de otras plazas o ciudades del protectorado español que no formaban parte del territorio nacional.

Marruecos, por su parte, utiliza indistintamente una batería de términos que subrayan un componente negativo o de ocupación ilegítima –enclaves, enclaves coloniales, presidios y territorios marroquíes bajo dominación colonial– o refiriéndose a las ciudades marroquíes e islas usurpadas, ocupadas o expoliadas en el norte del reino.

Además, Marruecos reivindica la existencia de un “contencioso territorial” con España, pretendiendo la retrocesión o al menos la revisión del estatuto de estos territorios.

Denominar el conjunto de los territorios de España en África como “ciudades, islas y peñones de España en el norte de África”, permite visualizar las situaciones diferenciadas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, por una parte; y la de los peñones e islas de Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, por otra parte.

La evolución de los planteamientos de España y de Marruecos

Para España la mayoría de estos territorios forman parte del Reino desde su constitución como Estado, con presencia efectiva y continuada, y aunque en algún período histórico se ha cuestionado internamente su españolidad o propuesto su abandono, el planteamiento constante es el de pertenencia plena al Reino, cuyo territorio no está definido en la Constitución de 1978. Mantienen por tanto el mismo estatuto desde su integración en la Corona (por diversos modos de adquisición del título de soberanía, de origen histórico, cesión, conquista y ocupación de estos territorios, entre los que no figura una previa cesión por la entidad soberana preestatal marroquí); razón por la cual esta condición de parte del territorio nacional no se vio afectada por la existencia del Protectorado.

Hay que señalar que, jurídicamente, la posición española con sus diversos títulos de adquisición de soberanía y tratados de límites fronterizos de los siglos XVIII, XIX y XX, es sólida en Derecho Internacional, y de hecho nunca han sido territorios considerados internacionalmente como colonias o territorios no autónomos. Pese a la diversidad de los títulos de soberanía y de la naturaleza de los diferentes territorios, España mantiene una posición idéntica sobre todos ellos.

Para Marruecos, la no aceptación de sus fronteras fundacionales de 1956 es la consecuencia de un nacionalismo con componentes de irredentismo territorial, en busca de la consecución de las fronteras “históricas” y su “unidad natural” en un “Gran Marruecos”; en este sentido, la Constitución marroquí de 2011 (art. 42) se refiere a las “fronteras auténticas” del Reino de Marruecos. Este planteamiento identitario conlleva una permanente reclamación territorial hacia España, en búsqueda de la integridad territorial (tras Tarfaya, Sidi Ifni y el Sáhara), lo que supone que estos territorios deban volver algún día a la “madre patria” marroquí. Para Marruecos los tratados firmados antes de su independencia son el resultado de una política de fuerza micro-imperialista, por lo que en Derecho interno ha adoptado normas que no reconocen la soberanía ni jurisdicción territorial o marítima española de los territorios en la costa africana; tenemos un ejemplo reciente en la Declaración efectuada al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recordando la marroquinidad de estos territorios y el no reconocimiento de la “ocupación” española de los mismos, lo que motivó una Comunicación española sobre esta Declaración.[4]

El planteamiento jurídico-político puramente descolonizador, reivindicando las “últimas colonias en África”[5] no parece hoy activo. Es cierto que recurrentemente Marruecos ha reivindicado desde 1960 en distintos foros de la ONU su reclamación sobre Ceuta, Melilla y otros territorios. Sin embargo, si Ifni y el Sáhara español fueron incluidos en la lista de territorios no autónomos y por descolonizar, en cambio, las ciudades, islas y peñones nunca han entrado en dicha lista. Marruecos lo intentó formalmente en 1975, aunque el Comité no respondió a esta solicitud, que quedó frustrada; y desde entonces no ha vuelto a plantear abiertamente una solicitud de descolonización ante el órgano competente de la ONU, aunque puede reactivarla en cualquier momento y recabar los apoyos internacionales obtenidos en su día (OUA/UA, Liga de Estados Árabes y Unión Parlamentaria Árabe). En cualquier caso, en el marco del Derecho Internacional, parece jugar más el principio de integridad territorial, reclamado por Marruecos y por España al mismo tiempo, que el principio de libre determinación de los pueblos coloniales.

Es interesante destacar que una línea estratégica de la política exterior marroquí ha consistido en comparar las situaciones de Gibraltar con las de Ceuta y Melilla; pero esta comparación parece ahora abandonada. Se trata probablemente de una consecuencia colateral del desarrollo del gobierno autónomo gibraltareño y de la constatación de la necesidad de la autodeterminación interna en las negociaciones hispano-británicas, problemática que probablemente no es de interés proyectar tal cual sobre Ceuta y Melilla.

La reivindicación marroquí reiteradamente ha manifestado que busca una solución por medios pacíficos y no por la fuerza, en negociación bilateral con España. Aunque esta línea se rompió con la ocupación militar de Perejil en julio de 2002, parece recuperada en la fase actual de las relaciones, en la que Maruecos apuesta por un “diálogo honesto, franco y abierto sobre el futuro” que “garantice nuestros derechos de soberanía y que tenga en cuenta los intereses de España”, como afirmó el Rey Mohamed VI en 2007. En cualquier caso, España siempre se ha opuesto a tratar bilateralmente la temática territorial con Marruecos en negociaciones directas sobre las ciudades y, en particular, rechazando la creación de la “célula de reflexión” propuesta por el rey Hassan II en enero de 1987 y reiterada en la ONU en 1995.

En la evolución histórica, la entrada de España en las Comunidades Europeas/UE y la aplicación del Derecho comunitario en Ceuta y Melilla, expresamente previstas en el Acta de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (Arts. 25 y 155 del Acta de Adhesión y Protocolo nº 2), ha objetivamente reforzado la condición de estos territorios bajo soberanía española. Por lo que hace a las islas y peñones, aunque no se mencionaron en el Acta de Adhesión, forman parte de la UE desde el momento de la integración del “Reino de España”, por lo que al conjunto de los territorios se aplica el Derecho Comunitario, con especificidades. Además, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha determinado la aplicación al territorio del Reino de España (y por tanto también a todos sus territorios en el norte de África) de la cláusula de defensa mutua del Art. 42.7 TUE, lo que abre el paraguas de protección ya existente en el marco de la OTAN a Ceuta y Melilla. Igualmente, la adquisición del Estatuto de Autonomía de las ciudades en 1995 ha reforzado su particular condición en el seno de la organización territorial española.

Lo cierto es que Marruecos parece preferir ahora el término “anacronismo” para reclamar la finalización de la ocupación española, en lugar de “descolonización”, si bien en ocasiones utiliza mediáticamente el comparativo colonial: así en noviembre de 2007 con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, el primer ministro de Marruecos se refirió a la descolonización pendiente, comparando la Palestina ocupada con las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas mediterráneas.

Por tanto, hay que contar con que siempre, dado el planteamiento territorial marroquí en el que la recuperación de Ceuta y Melilla es un “objetivo nacional”, se tratará de un tema abierto, y condicionado por factores internos e internacionales, abocado a provocar períodos de conflicto y cooperación en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, aparte de su utilización por Marruecos como medio de presión al hilo de otros asuntos. En este orden de ideas, hemos de asumir en la actualidad y previsible futuro un planteamiento marroquí que conjuga la reivindicación simbólica y, al mismo tiempo, la cooperación con España. Ejemplo de este planteamiento podríamos verlo en las protestas referidas por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007, seguidas a los pocos meses de la IX Reunión de Alto Nivel, con la celebración del calificado como mayor acuerdo financiero jamás suscrito por España.

Y aunque los planteamientos de Marruecos no van a alterarse, en el caso de España se puede introducir una dimensión diferente de acción exterior para incorporar estabilidad y seguridad en este decisivo componente de las relaciones bilaterales.

Separar el estatuto legal de las ciudades, del de las islas y peñones

La estabilidad hispano-marroquí en estos temas territoriales sólo puede venir de la mano de alternativas que exploren iniciativas, en un tema muy incómodo para España, pero que dada la reivindicación permanente marroquí, España puede y debe afrontar. En este campo se han barajado académica y políticamente muchas hipótesis.

La que en estas líneas se propone es la de diferenciar los territorios legalmente en dos bloques, y la de introducir en la gestión de uno de ellos a la UE, y, eventualmente, a Marruecos.

Así, se trataría en primer lugar de llevar a cabo unilateralmente un replanteamiento interno de nuestros territorios en África, diferenciando los estatutos internos, por una parte, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que son ya entes territoriales sui generis con un estatuto particularizado –y que no es formalmente el de Comunidades Autónomas–, y, por otra parte, de los peñones e islas (Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, Perejil excluido), sin estatuto legal evidente.

Este punto de partida obedece a la realidad jurídico-política diferente de ambos bloques de territorios y a una urgente necesidad de actuación española, pues el “bloque” de los peñones e islas tienen un estatuto internacional delicado y una muy endeble regulación en Derecho interno español.

En efecto, la posición española tiene un flanco discutible o polémico en el estatuto internacional de los peñones e islas. En particular, e independientemente de su manifiesta vulnerabilidad, plantean inconvenientes graves de delimitación terrestre –en el caso del Peñón de Vélez la creación de un istmo de arena en 1934 creó un problema de delimitación fronteriza por tierra con Marruecos– y marítima. A esto se añade una de por sí difícil explicación y justificación política, habida cuenta de su proximidad a la costa marroquí (Islas Chafarinas a dos millas de la costa, y Peñón de Alhucemas con sus dos islotes deshabitados a una distancia entre 200 y 800 metros de tierra firme), o incluso su integración en el mismo territorio terrestre (caso del Peñón de Vélez), aparte de la inexistencia de actividad económica ni población civil, y hoy única presencia militar. Aunque estas evidencias geográficas y militares tienen buena defensa desde el Derecho, la lógica de los medios de comunicación y de los foros intergubernamentales puede ir en contra de la lógica jurídica que España pueda esgrimir.

Pero, sobre todo, las islas y peñones son un caso único en España, pues tienen un indefinido estatuto jurídico interno. No sólo la Constitución no los menciona, sino que están completamente fuera de la organización territorial del Estado –autonómica, provincial, municipal y de las Ciudades Autónomas– con expresa exclusión en 1995 de las Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos de Ceuta y de Melilla.[6] Así, el déficit regulador es aún más llamativo desde la entrada en vigor de los Estatutos de las dos ciudades, que han dejado a islas y peñones, por exclusión, dependiendo única y directamente del gobierno central. En realidad, se trata de territorios que no figuran explícitamente como “españoles” o “de España” en ningún texto relevante, siendo áreas del territorio que integran el Reino, administradas directamente por el gobierno/administración central.

Sin duda, la regulación más detallada es (o era) la militar, pero incluso aquí se observa un progresivo retraimiento normativo de Defensa en su regulación, que ya no contempla expresamente a las islas y peñones. No obstante, es cierto que las Islas Chafarinas tienen la especificidad normativa de constituir un Refugio Nacional de Caza,[7] que tras ser administrado por el ICONA, hoy lo es por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien gestiona la administración, conservación y uso público desde Madrid. Pero en la práctica es el Ministerio de Defensa la única administración efectiva y sobre el terreno sobre todos estos territorios.

Este vacío regulador en Derecho español de los peñones e islas provoca incertidumbre en muchos ámbitos: el reconocimiento y delimitación de espacios marinos y de aguas jurisdiccionales o de seguridad, la jurisdicción interna española aplicable –aparte de la militar– y la no previsión legal de actuación administrativa o de protección del medio ambiente en los peñones de Alhucemas y Vélez.

Así, para encarar estratégicamente el problema de los territorios de España en África, primero debería confirmarse claramente un estatuto jurídico diferenciado de los peñones, islas e islotes, con un nuevo régimen común regulador para Vélez, Alhucemas y Chafarinas; quedaría así contrapuesto a lo anterior, el estatuto diferente que de hecho actualmente poseen las dos Ciudades Autónomas.

Además, un diferente régimen jurídico interno para los peñones e islas tendría un efecto de compartimentación legal y política; ayudando, por ejemplo, a prevenir que, de entrada, un pequeño incidente, eventual crisis o cuestionamiento de estos territorios “menores” afecte directa y automáticamente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, al no tener España claramente diferenciado el estatuto territorial interno de las islas y peñones en África.

La involucración de la UE

En segundo lugar, la separación de regímenes puede abrir la vía a la intervención de alguna forma de la UE en las islas y peñones, pues el marco interno diferenciado podría permitir una actuación de la UE específica, en particular en materia de medio ambiente. Incluso podría por hipótesis contemplarse una cierta asociación institucional de Marruecos en la gestión y aplicación transfronteriza de las normativas medioambientales de Marruecos, España y la UE a estas islas y peñones y su entorno –sin incluir a Ceuta y Melilla–.

De hecho, en materia medioambiental ya se aplica normativa europea en las Chafarinas, dado su altísimo valor ecológico, pues es un espacio natural protegido designado en 1989 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) al amparo de la Directiva 79/409/CEE. Además, desde 2006 es un Lugar de Interés Comunitario (LIC).[8]

Pero la temática territorial ya ha incidido negativamente en una mayor protección de Chafarinas, pues su constitución como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM-SPAMI), promovida en 2003, fue rechazada, argumentando la Secretaría del Convenio de Barcelona[9] que esta propuesta debía de ser formulada conjuntamente, por ser un área transfronteriza o sometida a una cuestión territorial; se trata de la evidencia de la necesidad de articular una cooperación con Marruecos, aunque sólo sea a efectos de protección medioambiental de estas islas. Igualmente nos encontramos con otro ejemplo de afectación negativa de la protección del medio ambiente en la decisión de excluir las Chafarinas del borrador de la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente que establece la primera red de protección de aves marinas.[10]

Pero una estrategia de participación de la UE en la gestión compartida –sin afectar a la soberanía española– necesita, claro, un cierto acuerdo político con Marruecos. Sin embargo, éste no requiere forzosamente de tratados internacionales; tampoco es necesario acudir al instrumental de soft law que hemos desarrollado con el Reino Unido para el caso de Gibraltar, y con los que se ha tratado, mediante declaraciones y comunicados conjuntos, de establecer soluciones de cooperación práctica. Basta acudir a los medios que nos proporciona la Política Europea de Vecindad para desarrollar una cooperación transfronteriza en el marco de la acción exterior de la UE con el socio privilegiado que es Marruecos. De hecho, existe una tradición de cooperación transfronteriza en el marco europeo a través de varios Programas (MEDA, INTERREG, principalmente), en particular desde Andalucía.

El marco actual de la cooperación transfronteriza con Marruecos viene constituido por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que es el que permite encuadrar programas operativos conjuntos de cooperación. En este marco se nos ofrecen instrumentos y procedimientos de cooperación y gestión compartida, que de hecho están aplicándose en el Programa IEVA de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea 2007-2013, en el que participa España pero no Marruecos.[11] Este instrumental y estructura de gestión y administración común del IEVA son particularmente de interés para eventualmente localizar una cooperación hispano-marroquí medioambiental –materia que es prioritaria en el IEVA– en las islas y peñones.

Precisamente las cuestiones territoriales parecen ser las que han impedido que Marruecos acepte colaborar en los programas transfronterizos propuestos por España (Proyectos Andalucía-Área del Estrecho-Marruecos Norte y Costa Atlántica-Canarias-Marruecos Sur) en este marco de la IEVA. Los programas no fueron presentados en plazo, probablemente tanto por la inclusión de Ceuta y Melilla como zonas elegibles en el Norte, como por las salvedades de la Comisión respecto a las regiones del Sáhara en el proyecto del Sur de Marruecos. Las dotaciones fueron entonces reconducidas[12] al instrumento FEDER del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013.[13]

Estas experiencias demuestran que Marruecos está dispuesto, por cuestiones territoriales, a renunciar a la cooperación con España y con Europa, ya en el marco internacional de protección del medio ambiente, ya en el marco UE de Vecindad y Cooperación transfronteriza. Igualmente que España renuncia a articular medidas internas de protección del medioambiente en “el territorio jurisdiccionalmente español en el Norte de África”[14] por razón de las reclamaciones marroquíes sobre estos territorios.

Precisamente, una mayor claridad de la posición legal interna sobre las islas y peñones y una abierta propuesta española de cooperación conjunta podría cambiar esta situación, y permitir una específica cooperación bajo normativa europea, iniciativa española que podría incluso llevar a crear un instrumento específico ad hoc para esta puntual cooperación transfronteriza hispano-marroquí. Esto podría permitir focalizar una actuación específica de cooperación y gestión común, por ejemplo, medioambiental, en las islas y peñones, lo que introduciría la novedad de un vector de intervención europea en lo que hasta ahora es una pura cuestión territorial bilateral. De esta forma, podría promoverse con Marruecos una específica cooperación en este grupo de territorios de las islas y peñones de España con estatuto interno español diferenciado y de alguna forma vinculado a la UE. Esta cooperación –no con las ciudades, sino con las islas y peñones– extraería de la dinámica puramente bilateral este aspecto de la cuestión territorial, incorporando así un cierto factor añadido de estabilidad para estos territorios.

Conclusión: Las pretensiones marroquíes otorgan a nuestros territorios en África un condicionante conflictivo único en nuestra política exterior. El caso de Perejil ilustra la sorprendente facilidad con que Marruecos y España asumieron tanto el empleo de fuerza armada como los consiguientes riesgos de escalada. La cuestión territorial confiere además una permanente inseguridad e inestabilidad al conjunto de las relaciones hispano-marroquíes. No obstante, la estrategia española –incluida la Estrategia Española de Seguridad–[15] no parece ser la de encarar explícitamente y sin complejos el problema.

En nuestra opinión, tomar la iniciativa legal de regular diferenciadamente nuestros territorios en África, y de involucrar a la UE –y en su caso a Marruecos– en el ejercicio de ciertas funciones en estos territorios, puede ofrecer un futuro marco de cooperación y estabilidad en las relaciones hispano-marroquíes.

La compartimentación normativa de las ciudades, islas y peñones en dos bloques con estatutos diferentes, podría ofrecer respuestas diferenciadas ante las reclamaciones marroquíes: si hoy por hoy la posición española sobre Ceuta, Melilla, islas y peñones es muy similar, un deslinde de territorios en la costa africana podría llevar a afrontar el espinoso pero inevitable aspecto de la reivindicación territorial marroquí, por una parte aislando la situación de las Ciudades Autónomas, plenamente integradas en la estructura autonómica, y, por otra parte, ofreciendo un marco de cooperación focalizado en islas y peñones, con intervención europea.

Esta propuesta permitiría a España tomar la iniciativa en estas cuestiones, en lugar de la política tradicionalmente seguida, que es reactiva: posición inmóvil a la espera de acontecimientos que luego obligan a una reacción y escalada. El tradicional planteamiento español no afronta la realidad de que se pueden producir cambios en la situación de las dos ciudades, por ejemplo, con la reconversión y modificación de sus respectivos Estatutos en Comunidades Autónomas (como prevé la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución) o con el traspaso de alguna competencia de gestión sobre las islas y peñones. Y que, de todas formas, dado el carácter esencial para la identidad marroquí de esta reclamación, el tema será objeto de reivindicaciones y escenificaciones constantes, con el riesgo de potenciales conflictos. Además, esta problemática territorial puede verse fácilmente contaminada por otros factores internos o internacionales, como la evolución de la situación del Sáhara o la puesta en marcha del nuevo proceso de “regionalización” en Marruecos, sin olvidar el impacto de la evolución de las controversias sobre Gibraltar, referente diferente pero inevitable.

La secuencia histórica de las relaciones bilaterales con Marruecos nos indica que la involucración de la UE en determinados temas dulcifica las asperezas bilaterales, haciendo descender la conflictividad hispano-marroquí allí donde entra el Derecho de la UE. Se trataría, por tanto, de introducir el aspecto territorial –que es el más conflictivo– en esta dinámica y, dentro de los temas territoriales, seleccionando los peñones e islas que ofrecen el flanco más problemático, planteando un marco nuevo y de futuro a estos fragmentos de Estado que cambie el sentido político y estratégico de su mantenimiento por España que, hoy por hoy, únicamente parece ser el de barbacana política de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones marroquíes. En suma, esta alternativa persigue una inteligencia de involucración de otros actores y de disminución de riegos, lo que puede plantear un futuro de mayor estabilidad al aspecto más problemático y voluble de nuestras complejas relaciones bilaterales con Marruecos.

[1] Comunicado 58-2010 del 2/VIII/2010 del MAEC en respuesta al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos sobre un incidente ocurrido en el paso fronterizo de Tarhana en Melilla, http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/58comunicado20100802.aspx.

[2] Expresión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, del 4/VII/1991, BOE del 26/II/1993, Principio General 8, http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/26/pdfs/A06311-06314.pdf.

[3] Comunicado de prensa conjunto hispano-marroquí del 22/VII/2002, hecho público por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

[4] BOE nº 274 del 13/XI/2009, pp. 95491-95492, Comunicación de España del 10/IX/2008. relativa a la declaración formulada por Marruecos el 31/V/2007.

[5] Intervención del presidente de gobierno marroquí en la Asamblea General de la ONU, 29/IX/1995.

[6] Se suprimieron las referencias a Perejil y al Peñón de Vélez del Art. 2 del Estatuto de Ceuta, tras la Nota Verbal marroquí del 5/I/1987, que ya no aparecen en la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo (BOE nº 62 del 14/III/1995); también se suprimieron las referencias a las Islas Chafarinas y a Alhucemas en el Estatuto de Melilla (Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, BOE nº 62 del 14/III/1995).

[7] Creado por el RD 1115/82, BOE nº 130 del 1/VI/1982.

[8] Conforme a la Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, designándola la Comisión europea como LIC (ES6300001) en julio de 2006.

[9] Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, ratificado por España en Noviembre de 1998, BOE del 18/XII/1999.

[10] http://www.marm.es/es/biodiversidad/participacion-publica/PP_borrador_orden_zepa_marinas.aspx.

[11] Aunque está prevista su intervención, Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea aprobado por la Decisión de la Comisión C (2008) 4242, del 14/VIII/2008. Marruecos se ha adherido al Programa pero no ha firmado el Convenio de financiación (www.enpicbcmed.eu).

[12] Para no perder las dotaciones financieras y permitir la continuidad de la cooperación anterior 2000-2006, principalmente del Programa INTERREG III-A España-Marruecos, que incluye el Proyecto de la Creación de la Reserva de la Biosfera Transcontinental CRBT Andalucía-Marruecos, presentada a la UNESCO como primera reserva transcontinental del mundo, www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web.

[13] www.poctefex.eu.

[14] Expresión del Consejo de Estado, “Informe sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales y órganos de la administración general del Estado en materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegida”, Informe nº E 2 /2005 del 19/VII/2006, p. 31.

[15] Estrategia española de Seguridad- una responsabilidad de todos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24/VI/2011

¿Por qué hay que complacer a ETA y a su entorno? ¿Por qué hay que encaminar la política penitenciaria hacia la amnistía? ¿Por qué hay que mejorar las condiciones de sus presos? ¿Por qué hay que escuchar las reivindicaciones de los terroristas? ¿Por qué hay que otorgarles el rango de interlocutores políticos? ¿Por qué debemos allanar el camino que les lleva al poder? ¿Por qué tenemos que interpretar la ley a favor de quienes nunca la han respetado? ¿Por qué tenemos que dar más voz al partido que ETA recomendó que se votase? ¿Por qué hay que darles más privilegios de los que dicta la ley? ¿Por qué hay que entrar en su juego de mensajes falsos como el de la superación del conflicto? ¿Por qué hay que aceptar el lenguaje de la banda terrorista? ¿Por qué hay que normalizar el País Vasco a la manera de ETA y sus cómplices? ¿Por qué quieren obligarnos a superar el sufrimiento que ellos han causado? ¿Por qué debemos permitirles que sean ellos los que sienten las bases de un ansiado futuro en libertad? ¿Por qué tenemos que integrar a quienes no quieren ser integrados? ¿Por qué tenemos que negociar de tú a tú con quienes están supuestamente derrotados? ¿Por qué tenemos que pasar página? ¿Por qué tenemos que creer ciegamente en la buena voluntad del entorno de ETA? ¿Por qué debemos dar algo a cambio de lo que nunca debió existir? ¿Por qué debemos cerrar precipitadamente una herida que aún respira? ¿Por qué tenemos que olvidar lo inolvidable? ¿Por qué no somos capaces de mandar un claro mensaje a ETA y les permitimos seguir exigiendo?…

Podría seguir añadiendo muchos «por qué» a esta lista de preguntas sin respuesta, pero dejaré que sean ustedes los que las respondan e inventen su último y definitivo «por qué». Durante estos años de negociaciones desmentidas y probadas no he dejado de hacerme siempre la misma pregunta. ¿Por qué tenemos que humillarnos ante ETA? Que alguien me de una buena razón, que no sea el cansancio, la indiferencia, el deber de Estado, el deseo irreal de una libertad mutilada, la esperanza hipotecada, la oportunidad disfrazada o cualquier otro argumento que nos deja de nuevo con la misma pregunta en los labios, ¿Por qué? Sinceramente solo encuentro una razón valida y que respeto: el miedo. El temor es la única causa que puede dividirnos y rebajarnos ante ETA. Y si la organización terrorista está ya derrotada… ¿qué hay que temer? Nadie tiene la certeza de que ETA no vuelva a matar, porque hacerlo es relativamente fácil y depende de las intenciones de las generaciones venideras.

No está en nuestra mano predecir el futuro aunque sí lo está sentar las bases de un presente en libertad e igual para todos.Un futuro en el que vuelvan los exiliados, voten y vivan sin miedo en una tierra que no es solo de los violentos de palabra o de hecho. El País Vasco necesita muchos cambios antes de que Amaiur entre por la puerta grande del Congreso. Mientras ETA siga meciendo la cuna de esta formación política, la ley debe aplicarse con la lupa que usaría cualquier ciudadano si estuviera en su mano decidir si ayuda a la coalición abertzale a formar grupo propio. Y esa ley se ha impuesto junto al sentido común. Y eso es lo que considera poco serio el PSOE y por eso se abstiene en la votación de la Mesa del Congreso, que decide sobre el futuro de la formación política afín a ETA.
Lo serio, al parecer, sería acoplar la ley a su voluntad, como han hecho los socialistas durante todos estos años de humillaciones ante la banda terrorista. Pues aquí está cambiando la música, señores míos. Y, por suerte para los españoles, Rajoy no es Zapatero ni cuando afronta a ETA, ni delante de los principales problemas que influyen en el bienestar de los ciudadanos.

No vamos a mirar al pasado, no hay tiempo que perder… Pero si quienes han mentido y han errado en su política antiterrorista de división durante estos ocho años quieren hoy de verdad estar del lado de la Justicia, la libertad y la dignidad, pueden empezar por apoyar a quienes quieren impedir —porque la ley lo permite— que quienes no condenan los asesinatos de tantos inocentes, gocen de un potente altavoz en las Cortes y otros privilegios inmerecidos.

Inexplicable me resulta la abstención de CiU y PSOE. La decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a pesar de la falta de coraje de quienes debían tenerlo, ha sido un claro mensaje hacia el entorno de ETA: es la hora de España y seremos los españoles los que marcaremos el paso. Desde luego, no serán una banda de asesinos y sus representantes políticos quienes nos obliguen a aceptar lo inaceptable. Disfrutemos porque la justicia nos ha dado una alegría.

En los últimos tiempos se está queriendo vender el cuento de que la negociación política con ETA es lo que ha conseguido que la banda tenga que anunciar que deja de matar.

Los dirigentes socialistas, con sus contradicciones y desmentidos correspondientes, llevan tiempo queriendo hacer ver que lo que se hizo entre el Gobierno y el partido de Rodríguez Zapatero con los representantes de ETA en Loyola ha servido para que éstos se den cuenta de que tienen que dejar el asesinato. Pero es en las últimas fechas cuando estamos viendo un nuevo episodio de su libro. Se trata de la publicación en la cual se cuentan sin ambages las interioridades de la negociación política con la banda terrorista.

Cada uno está en su derecho de querer vender su libro, más aún cuando el verdadero libro no es otro que el de querer contar que la paz es gracias a la implicación del PSOE en una negociación política con ETA. Pero creo que la imperiosa necesidad de vivir en libertad en el País Vasco y en el conjunto de España requiere del prestigio de otros valores muy distintos a los exhibidos en el autodenominado proceso de paz y ahora publicitados por todo lo alto.

Es cierto que lo que ahora está saliendo es la certificación de lo que ya se sabía que hicieron los autores de Loyola, como también es verdad que no hay con ETA ya mucho manejo que no se acabe sabiendo antes que después. Tampoco es nuevo que quienes han dirigido el Gobierno de España se dediquen a rebatirse entre ellos sobre lo que hicieron o dejaron de hacer con la banda, y que entre ellos mismos desvelen sus propias falsedades.

Por todo ello nos podríamos preguntar por qué ahora, tras unas elecciones en las que el zapaterismo ha perdido el poder y el Partido Socialista de Euskadi se ha dejado la mitad de los votos que tenía en 2008, vuelven a la carga con la supuesta bondad de una negociación, sabido que además deja en evidencia afirmaciones de algunos miembros del Ejecutivo socialista. Y la respuesta tiene que ver también con las propias elecciones.

La clave es que algunos pensaron que el anuncio del cese de la actividad terrorista daría réditos electorales y la cosa no ha sido así. Hay quien desde las filas de la formación de izquierdas creyó erróneamente que la situación de ETA, más aún si se producía en campaña o precampaña, les facilitaría más votos, especialmente en el País Vasco. La verdad es que yo nunca creí que ETA, a estas alturas, pudiera decidir el presidente del Gobierno del 20-N, porque la banda ya no era vista como una amenaza cierta para la ciudadanía. Ya no puntuaba tanto el fin de ETA porque la actuación antiterrorista había demostrado que eran batibles, y España tiene hoy en día otros acuciantes problemas. Aun así, ellos y algunos otros sectores pensaron que lo de ETA le podía salvar las elecciones a Rubalcaba.

Los que más apostaron por el trato con ETA creen ahora que no han rentabilizado el anuncio de la banda porque han sido timoratos y no han hecho el esfuerzo suficiente por desvelar los riesgos asumidos por la paz. Por eso hoy se tiran más a la piscina, y se vuelven a equivocar en la táctica y en los principios. En el fondo, porque con la legitimación de los tratos con ETA se justifican los fines totalitarios que dificultan la convivencia; y en la forma, porque defender el camino que siempre ha querido Batasuna se traduce en trasvase de votos a favor de sus marcas electorales venidos de quienes prestigian ese proceso.

Prestigiar la negociación con ETA es contraproducente para que el Estado de Derecho pueda ganar al totalitarismo. Ensalzar ese tipo de tratos dificulta la libertad porque se pone en pie de igualdad a una banda terrorista con un Gobierno democrático, y porque se legitiman las reclamaciones políticas que han sustentado los crímenes a lo largo de cinco décadas. Y todo ello lo que conlleva es que se fortalezcan los que han respaldado los medios y fines de la barbarie, como está pasando en sectores de la sociedad vasca.

Esa estrategia de poner en valor Loyola da votos a Batasuna porque es decir que algo de razón tenían pidiendo hablar de la autodeterminación o de la territorialidad con un Gobierno de España. Esa táctica de ensalzar la negociación con ETA y buscarle utilidad fortalece el sentido histórico que han querido dar al dolor que han generado los que nunca deberían haber tenido justificación para infligir tanto dolor y empobrecimiento. Así que incluso alguno de los que votaron a Zapatero en plena efervescencia de la negociación ahora hayan votado a los otros miembros de la mesa.

Y además, esa tesis que sostiene el libro según el cual Loyola es lo que ha traído el fin de los atentados es un cuento. No es verdad que eso lo haya conseguido la negociación, porque en 2004, cuando empezaron los contactos previos que derivaron en lo conocido, ETA ya estaba moribunda. La actuación policial, la determinación legal como la de la Ley de Partidos o la cooperación internacional ya habían dejado a la banda contra las cuerdas y a su brazo político desprestigiado.

Ahora, tras mucho poner en valor una negociación política, es verdad que ETA ha dicho que baja la persiana, pero se ha engordado a quienes siempre han defendido esos fines. Se podía haber conseguido, y se estaba consiguiendo hace menos de una década, que la banda tenga que bajar la persiana sin aumentar los clientes y socios del establecimiento totalitario. Se podía conseguir el fin de los atentados sin generar un problema a la convivencia y a la libertad, sin reforzar a quienes no garantizan respetar las normas básicas.

Pero nuestro libro, el del Partido Popular, sí está claro. La siguiente página que hay que escribir es la del desarme incondicional, la de que a la bajada de la persiana le siga el cese del negocio, un capítulo en el que se cambien las cimientos de esa actividad por los de la convivencia de la Constitución y del Estatuto de Gernika. Así lo vamos a hacer, y aunque cada uno tenga derecho a escribir su libro, en el nuestro los capítulos van a ser para prestigiar la paz con libertad. Las referencias son el fortalecimiento de la democracia y las páginas finales son la victoria del Estado de Derecho.

Y ahora tenemos una gran ventaja para que el libro del fin de ETA no sea un cuento sobre la negociación y sí un relato que nos vacune contra el fanatismo identitario. Tenemos la ventaja de que tras el 20-N podemos colaborar en la escritura de un relato que prestigie la paz con libertad en el País Vasco, y en conjunto de España, desde el Gobierno de la Nación.

El pasado 6 de noviembre Mario Vargas Llosa publicó un artículo en estas páginas para anunciar su voto a UPyD en las elecciones generales. El artículo suscitó un considerable revuelo, del que ya se ocupó muy atinadamente en su día la Defensora del Lector. Ahora mi intención no es reanudar una discusión ya cerrada sino analizar uno de los argumentos de Vargas Llosa a favor de UPyD, que los resultados del 20-N hacen especialmente relevante.

Según el insigne escritor, desde que nació como organización política, UPyD “ha combatido al nacionalismo -a los nacionalismos- con resolución y sin complejos”. Sin duda, UPyD ha combatido a los nacionalismos vasco y catalán con resolución y sin complejos. Lo que sorprende es que un autor tan perspicaz como Vargas Llosa no sea capaz de ver que este combate se ha producido desde una posición que es, a su vez, netamente nacionalista.

En enero de 2008 Rosa Díez visitó Barcelona y participó en un coloquio-almuerzo organizado por el Círculo Ecuestre. Preguntada por el carácter nacional de Cataluña, la líder de UPyD se expresó con resolución y sin complejos: “Cataluña no es una nación, lo diga o no el Estatuto. En España solo hay una nación, que es la nación española. Hay cosas que existen y otras que uno se inventa”. El problema es que cualquier analista con cuatro nociones claras de teoría del nacionalismo no dudaría en calificar de nacionalista (español) este postulado antinacionalista (catalán).

En este punto, la posición de UPyD no es distinta de la del Partido Popular. En el XVI congreso del partido, celebrado también en 2008, se aprobó una ponencia política con un apartado que podría haber redactado directamente Rosa Díez: “Creemos que España es la única realidad histórica y política de todos los españoles. Frente a lo que otros proponen, la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal, sino una sola nación cuya soberanía corresponde única y exclusivamente al pueblo español”. Para remachar su tesis, el Partido Popular no dudó en forzar las posibilidades de la historia en clara sintonía con la doctrina franquista: la nación española se basa ante todo “en la herencia de la Hispania romana y visigoda”, y en cualquier caso la unidad española “quedó definitivamente consolidada a partir de 1516, con la llegada al trono de Carlos I”, como si después de 1516 nadie hubiera tenido que bombardear nunca Barcelona.

El pasado 20 de noviembre Vargas Llosa y otros 1.140.241 españoles votaron al partido de Rosa Díez. El problema es que el mensaje de Rosa Díez no caló en Cataluña, donde obtuvo poco más del 1% de los votos. Naturalmente, siempre podremos creer que en Cataluña el mensaje de UPyD lo vehicula el Partido Popular, pero tampoco podemos decir que el PP arrasara en esa comunidad (quedó tercero, con el 20,7% de los votos). Antes al contrario, quienes arrasaron en Cataluña fueron los que creen que en España no hay una sola nación, diga lo que diga la Constitución española. Treinta y seis de los 47 diputados en juego, para ser más exactos.

Ante estos resultados, ¿cómo hay que proceder? Descartando de entrada nuevos bombardeos, la primera posibilidad es ir repitiendo la cantinela. Digan lo que digan los catalanes, Cataluña no es una nación, etcétera. Es la receta para acelerar el efecto contrario de lo que se persigue, es decir, esa “desintegración” de España que tanto teme Vargas Llosa. La otra posibilidad es negociar (sí, una vez más) para seguir acomodando en España a los catalanes que consideran que Cataluña es una nación. En el caso de Cataluña, la acomodación pasa por un artilugio llamado “pacto fiscal”, que nadie sabe en qué consiste exactamente pero que recibe el apoyo mayoritario de los catalanes. Eso sí, el pacto fiscal no debe plantearse como una panacea. Cataluña sufre un déficit fiscal con España que resulta excesivo a todas luces (en Alemania estaría directamente prohibido), pero resolver el déficit fiscal no es lo mismo que resolver la crisis. El pasado 22 de noviembre, cuando Artur Mas anunció la segunda oleada de recortes en las cuentas catalanas, soltó aquello de que los sacrificios no serían necesarios si Cataluña recaudara, gestionara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos generados en Cataluña. La verdad es que la política comparada no abona este postulado.

En España, las comunidades autónomas que gozan de concierto económico no han podido evitar los recortes. Y es evidente que en Europa ningún Estado soberano está a salvo de los mismos. Entre ciertos independentistas catalanes se popularizó un dicho: la autonomía que necesita Cataluña es la de Portugal. Pues bien, la “autonomía de Portugal” no ha permitido que Portugal sortee la crisis sin necesidad de severos ajustes presupuestarios.

En este sentido, los nacionalistas catalanes de CiU pecan de lo mismo que los nacionalistas españoles del PP. Atribuyendo la situación a la mala gestión de Zapatero (PP) o al déficit fiscal con España (CiU) ambos partidos están enfrascados en una suerte de mus local mientras la verdadera partida de póquer (¿o de ruleta rusa?) se está disputando en la calle Willy Brandt de Berlín.

He dudado mucho antes de sentarme a escribir este artículo porque siento un profundo desasosiego ante la cuestión que voy a abordar. Nunca se está suficientemente preparado para conocer y reconocer el mal; siempre se abriga una esperanza, aunque sea ligera, de que las cosas no sean tan horribles como aparentan. Pero llega un momento en que no cabe ya albergar ninguna duda. Es ese momento en el que quien ha hecho el mal se siente impune, presume de sus fechorías e incluso quiere ganar dinero con el relato de las mismas.

El golpe llega cuando el macguffin de la paz deja de ser tal y se convierte en espanto; la bofetada, inmisericorde, golpea cuando lo perpetrado por quienes tienen el encargo de velar por que se cumpla la ley y se haga justicia hacen cosas que serían perseguibles de oficio en cualquier país en el que la separación de poderes fuera algo más que una declaración constitucional. Pero el shock definitivo se produce cuando ese complot contra el orden instituido se pone en evidencia y nadie reacciona, y no pasa nada.

Hago estas consideraciones tras leer las dos primeras entregas del diario de la negociación entre el Gobierno y ETA escrito en comandita por el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y el periodista de cabecera de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Rodríguez Aizpeolea. Dos hombres que estuvieron en los pormenores de la traición tantas veces negada y tantas veces consumada por el Gobierno socialista y el PSOE. Dos hombres que cuentan ahora con todo lujo de detalles lo que hicieron mientras lo desmentían e insultaban de paso a quienes lo denunciábamos y criticábamos; no me sorprende que los que nos vendieron ante ETA quieran vendernos ahora su historia de indignidad y sacar suculentos dividendos con ello.

Pero me asusta la falta de respuesta democrática ante estos hechos; me da más miedo el silencio que la propia traición. Es, una vez más, el síntoma de una sociedad democráticamente imberbe, falta de cuajo, necesitada de una profunda regeneración. Una sociedad decente no aloja en su seno gobernantes dispuestos a mentir en nombre de una paz que no encierra sino la renuncia a defender los valores democráticos. En un país que se respete a sí mismo no hay espacio para quienes traicionan los principios democráticos; tampoco lo hay para quienes por cálculo y/o por cobardía callan y otorgan.

El silencio tiene muchas caras. Quizá haya quien calla porque espera repartirse dividendos, aunque se opusiera cuando el proceso de claudicación ante ETA estaba en marcha; otros piensan que el fin justifica los medios, así que si ETA no mata no vale la pena pensar cuál ha sido el precio pagado. Luego están los que se buscan una coartada para no hablar del asunto, los que prefieren mirar para otro lado mientras se proclaman amantes de la paz. Son esas gentes que lo único que buscan es que les dejen en paz, seguir con su vida, no comprometerse con nada ni con nadie; son los que prefieren olvidar que centenares de españoles, conciudadanos suyos, arriesgaron y perdieron la vida para defender sus libertades.

Están también los que han llegado a la conclusión de que los enemigos de la paz somos nosotros, los que no estamos dispuestos ni a olvidar ni a callar; nos llaman intransigentes y nos culpan del mantenimiento del conflicto; a veces son los mismos que siempre acompañaron la estrategia de mimetizarse con la bestia para humanizarla; algunos nos odian más que a ETA porque no les dejamos que vivan en paz con su mala conciencia y con su mentira.

La historia de la indignidad de principios del siglo XXI en España tardará tres o cuatro generaciones en escribirse. Hará falta tiempo para que tomemos distancia, para que los protagonistas no se sientan culpables por acción u omisión, para que puedan hablar de ello sin pedir perdón en primera persona. Y es que la historia de la indignidad tiene algunos nombres propios, pero los protagonistas han hecho su trabajo miserable porque una ingente mayoría de ciudadanos cobardes lo han permitido. Por eso digo que hace falta tiempo para que alguien cuente a nuestros nietos la verdad de este tiempo oscuro; porque quien más y quien menos ha sido cómplice de la felonía.

Sé que mucha gente que me tiene simpatía preferiría que no escribiera sobre estas cosas. Habrá quien me llame exagerada, quien me recrimine la crudeza de los términos que empleo, quien me acuse de no ser objetiva por ser vasca… Pero me consta que hay muchísimas personas que no tienen una tribuna en la que decir lo que piensan y que se encuentran tan aturdidas y avergonzadas ante la traición desvelada como yo; por eso no callaré.

Aunque a nadie represento, no callaré en nombre de los más de 300 crímenes de ETA que aún no han sido juzgados; no callaré en nombre de todos los que siempre creímos que con ETA no cabe negociación política alguna, que si se empieza a hablar con la banda terrorista de una sola de las reivindicaciones en cuyo nombre instauraron la primera víctima ya se ha traicionado a la democracia; no callaré en nombre de los que nos negábamos a creer que el PSOE pudiera caer tan bajo; no callaré en nombre de tantos compañeros y amigos que fueron asesinados por ETA mientras la banda hablaba con sus jefes de filas; no callaré en nombre de tantos hombres y mujeres buenos que vinieron desde pueblos remotos de España a recoger a sus hijos muertos, a sus maridos asesinados, a sus hermanos, a sus padres…; no callaré en nombre de todos esos nombres propios que no conocemos, de todas esas fotos de carné en blanco y negro que nos recuerdan cada día que hay asesinos vivos que aún no han sido juzgados, que aún no han pagado por sus crímenes.

No callaré porque un día creí en alguno de ellos, de los culpables de la traición; no callaré porque creí que me decían la verdad quienes siguen dirigiendo el Partido Socialista Obrero Español; no callaré porque me mintieron cuando pregunté si estaban negociando con ETA en el 2004, en el 2005, en el 2006… No callaré porque nos engañaron a todos, porque siguieron negociando mientras los cuerpos de las víctimas aún estaban calientes; no callaré porque lo hicieron premeditada y alevosamente, porque fueron cobardes y mentirosos, porque nos faltaron al respeto. No callaré porque hemos de defender la democracia de sus enemigos y también de aquellos que no están dispuestos a protegerla.

Tampoco callaré ante el silencio estruendoso de quienes tienen más voz que yo pero prefieren callarse. No callaré ante la hipocresía ni ante el cálculo partidista; no callaré para tener la fiesta en paz; no callaré si se empiezan a archivar expedientes, si se pone sordina, si se extiende el cloroformo, si deciden que por la paz un avemaría… No callaré mientras haya un solo crimen de ETA sin juzgar, mientras una sola familia no haya podido hacer su duelo, no conozca el nombre de los asesinos de sus seres queridos, no haya sido recompensada por y con la justicia.

En España convivimos bien con la mentira; fíjense que nuestro particular Chamberlain y su estratega ni siquiera reconocieron que hubieran viajado a Múnich y a pesar de la mentira y de sus consecuencias millones de españoles siguieron votándoles. Es desolador, lo sé; pero yo me niego a aceptar que no nos quede otro remedio que vivir en una sociedad que no se avergüenza de su indignidad colectiva; sé que existen millones de españoles esperando una señal para despertar de este letargo que les ha llevado a considerar la baja calidad de nuestra democracia más como una atmósfera que como un accidente, que diría Chesterton. Por eso, porque tengo fe en el ser humano, sigo escribiendo sobre estas cosas. Por eso y porque hay 852 conciudadanos nuestros que ya no pueden hacerlo y que fueron asesinados para que otros pudiéramos seguir disfrutando de nuestra vida en compañía de nuestros seres queridos.

Cada cual construye la realidad desde su propia perspectiva y, por cierto, es la realidad así construida y no la realidad en sí misma la que nos lleva a comportarnos de un modo determinado.

La percepción que la mayoría de los ciudadanos tiene de los terroristas es que se trata de individuos que matan a una persona para aterrorizar a muchas y que no lo hacen en el marco de una guerra, porque toda guerra está sujeta a convenciones. El terrorismo, no.

Hay quien considera que esa percepción está sesgada porque deja fuera de la definición de terrorismo la meta última o el valor fundamental (el bien supremo) al que apunta. En efecto, lo hace. Y lo hace porque, al introducir ese valor fundamental en la argumentación en torno al terrorismo, se cae en las redes de un tipo de ética, la ética de fines, en la que la bondad o maldad de las acciones depende de las consecuencias que de ellas se deriven. Por esa vía, los fines, para algunos, acaban justificando los medios que se emplean para alcanzarlos. Si no, que se lo digan a la ONU y a sus intentos frustrados de llegar a un acuerdo de si hay que condenar, o no, el terrorismo. Más que eso. El desacuerdo en la ONU empieza ya al definir qué es, o no, terrorismo. El tema se convierte, como diría mi amigo Langdon Winner, en un muñeco de brea que te pringa los dedos y del que no te puedes librar, por mucho que sacudas la mano.

Lo bien cierto es que los terroristas se perciben a sí mismos de modo muy diferente a cómo son percibidos por quienes creemos en medios democráticos y distintos de la fuerza para resolver los conflictos. Ellos se ven (y también se sienten) como personas que luchan altruistamente para alcanzar un bien supremo. En unas ocasiones, ese bien es la independencia de su territorio (frecuentemente, suyo sólo en su imaginación). En otras ocasiones, es la protección de los valores que vertebran su forma de vida. En otras, es la substitución de un sistema político por otro, etcétera.

El terrorista siempre tiene un valor fundamental por el que luchar y siempre cree y siente que ese valor está amenazado, oprimido, ultrajado… por aquellos que en realidad son sus víctimas. Por eso el terrorista se percibe como un soldado involucrado en una guerra justa contra invasores, contra opresores, contra quienes amenazan sus valores y deterioran su forma de vida. Soldados en una guerra justa porque, para ellos, es siempre una guerra defensiva.

La paradoja está servida. Nosotros vemos a los terroristas como gente sin entrañas. Ellos nos ven como el enemigo ante el que defenderse, como verdugos, como victimarios de su etnia, raza, territorio, cultura, forma de vida… Y nos ven así porque, si algo aprenden los terroristas, si algo interiorizan en ocasiones a lo largo de sus vidas, es la idea de que el mundo se divide en dos bandos irreconciliables: en uno están ellos y los suyos; en el de enfrente, están los otros. Y son, precisamente, esos otros los que tienen la culpa de sus problemas. El mundo al revés. Pero así es como lo perciben los terroristas: «Cuando obligados por las circunstancias no tenemos más remedio que alzarnos en armas contra ellos, no lo estamos haciendo voluntariamente, sino porque ellos nos obligan». «Nosotros -suelen decir los terroristas- somos soldados de una guerra que ni hemos empezado, ni hemos querido, una guerra en la que ciertamente nos jugamos nuestro ser. De ahí que tengamos que llegar en algunos casos al sacrificio de nuestras propias vidas en muestra del mayor altruismo que cabe realizar por lo nuestro». Tremendo, pero es así.

Y ¿qué hacemos nosotros para enfrentarnos a terroristas que se creen soldados en una guerra justa? Pues, muchas veces lo que hacemos es reforzar su percepción. Lo hacemos cuando hablamos de «guerra», incluso de «guerra global» contra el terrorismo. Peor aún: hemos llegado a hablar de «cruzada contra el terrorismo», mezclando religión y política. En concreto, hemos contribuido así a que la finalidad del terrorismo islamista (llevar el islam a la política, reemplazando los Estados laicos por Estados islámicos) se reafirme.

Dicho de otro modo, nuestro lenguaje, la manera de informar sobre el terrorismo hablando de «guerra», «comando», «brazo militar», etcétera, no hace otra cosa que consolidar la percepción que de sí mismos tienen los terroristas como soldados. Algunos lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero se sigue reincidiendo en lo que quizá sea uno de los errores mayores que cometemos en nuestra relación con los terroristas.

Hay otros muchos errores, desde luego. Uno de ellos es creer que se puede negociar de tú a tú con los terroristas. Tal posibilidad sólo puede realizarse si nosotros asumimos el papel que ellos nos otorgan como invasores u opresores. Y si aceptamos, además, que estamos en guerra y que las negociaciones deben desembocar en un tratado de paz. La percepción que los terroristas tienen de sí mismos no les permite otra cosa. En particular, no se lo permite mientras están bajo la influencia de la mente colectiva del grupo terrorista. Es muy difícil zafarse de este influjo, porque, en muchas ocasiones, llena de sentido sus vidas.

Y lo bien cierto es que, hablando ahora en concreto de ETA y de los últimos acontecimientos ocurridos en su entorno, no parece haberse hecho todo lo que, en puridad psicológica, se debía. Se ha propiciado una pomposa Conferencia de Paz, cuando no ha habido nunca una guerra en sentido estricto. Se ha aceptado con alegría (mucho mayor, eso sí, entre los políticos dirigentes que entre el pueblo) un cese definitivo de la violencia por parte de un grupo que sigue sin disolverse; que, a través de tres encapuchados, comunica que continúa con sus objetivos de siempre y que lamenta profundamente los caídos en sus «filas» en defensa de la patria. Un comunicado que, en definitiva, patentiza que los etarras siguen sintiéndose soldados que van a velar por la consecución de lo que han tenido y tienen por el bien supremo de la vida de todo patriota vasco (que eso significa realmente el término abertzale): la independencia de Euskal Herria. Y los ceses (por «definitivos» que se anuncien) pueden dejar paso a las armas cuando lo consideren preciso. Mientras haya grupo y haya armas, todo es posible.

frente a lo hecho, me atrevo a asegurar que a los terroristas sólo se les vence cuando se les convence de que su percepción de la realidad está radicalmente distorsionada, algo que suele suceder únicamente cuando el grupo de pertenencia deja de ser su familia protectora y deja de pensar por él. Sólo entonces, por un resquicio, se les presentan sus muertos y el sinsentido de sus vidas. Obviamente, nada de eso se consigue tratándolos como lo que no son.

Con ETA todavía estamos a tiempo de hacer las cosas medianamente bien promoviendo negociaciones, no para la paz, sino para su disolución, unas negociaciones que sólo deben realizarse con quienes políticamente sean capaces de romper la mente colectiva del grupo terrorista, llevando a sus miembros a la senda democrática en la que los conflictos se dirimen a través del diálogo. ¿Difícil? Sí, mucho. ¿Imposible? Desde luego que no. Y sobre todo, es factible porque el terrorismo no puede subsistir o, al menos, no puede existir con fuerza si carece de apoyo social. La metáfora de los terroristas como peces en una pecera en la que el agua es el apoyo social es muy adecuada. Hay que vaciar de agua la pecera. Y eso, hablando en concreto de ETA, sólo se conseguirá si los partidos políticos democráticos del País Vasco no sólo dan la espalda a los terroristas, sino que les obligan a disolverse.

Durante demasiado tiempo ha habido una ambigüedad calculada en quienes tienen en sus manos la erradicación del mal. En la lucha antiterrorista, la Policía es clave. Cerrar el grifo económico del que pueda nutrirse el grupo terrorista es muy eficaz. Ambas cosas son necesarias, pero no suficientes. Se requiere además y sobre todo el repudio absoluto y sin equívocos de los partidos democráticos; de todos sin exclusión. Sólo así puede que ETA desaparezca. También cabe la posibilidad de que, hechos nuestros deberes, ETA quede reducida a un quiste en la vida democrática española. Pero, a veces, para defender el Estado de Derecho, es preferible vivir con el quiste (sin perderlo de vista por si se produce una metástasis) a vivir en una democracia incapaz de hacer valer sus principios.

Nureyev decía que debía existir una estrella y otros que dancen en torno a ella. Esa fascinación por el centralismo o, en su versión jurídica, por el derecho universal, superior a los derechos particulares, esa tarea unificadora del Derecho, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos como un camino de retorno a la universalidad romana que configuró la civilización más asombrosa de la historia. El profesor Koschaker, aquel gran jurista alemán del pasado siglo, escribía: «Esta labor fue preparada por la ordenanza de Carlos VII, de Montils-les-Tours (1454), en la que se ordenaba con carácter obligatorio para toda Francia la consignación por escrito de las Coutumes, lo cual fue llevándose a efecto durante los siglos sucesivos. Sobre este fundamento los juristas franceses de los siglos XVI al XVIII construyeron el droit civil commun en conexión con el derecho Romano. La coutume de París redactada en 1510 y reformada en 1580, según Dumoulin, caput ommnium totius Galliae consuetudinum, fue considerada como modelo en esta tarea unificadora, lo mismo que la jurisprudencia del Parlamento de París». Y anota Koschaker la conocida manifestación de Loyseau (siglo XVIII) sobre el Parlamente de París, «qui nous a sauvé en France d´être cantonné et démembré comme en Italie et en Alemagne».

En España el conde-duque de Olivares pretendía algo parecido y tan sensato como la racionalización de la maquinaria imperial y desarrolló sus ideas en un memorial que presentó a Felipe IV en 1625, donde ya aparecía la idea de unificación que luego desarrollaron lúcidamente los Borbones. Pero Cataluña se aisló, y ni Olivares ni la Corona pudieron aplicar en el Principado la Unión de Armas, convirtiéndose el territorio catalán ya entonces en un problema político, no solamente fiscal. Un problema político que adquirió insospechada dimensión con la revuelta de los «segadors» que asaltaron la ciudad de Barcelona y cazaron, literalmente, como animales al virrey y a los jueces reales cuando trataban de huir. El canónigo de Urgell, Pau Claris, miembro de la Diputació, llamó entonces a la resistencia contra el Reino, terminando Cataluña por someterse a la soberanía del rey de Francia, hasta que fue recuperada por las tropas de Felipe IV, que entraron por Monzón y Lérida. La sustitución de Felipe IV de España por Luis XIII de Francia fue catastrófica para Cataluña. Lynch, en su obra «España bajo los Austrias», sostiene que esa modificación de soberanía no solucionó ningún problema de Cataluña y todas las quejas que los catalanes formulaban contra Castilla se volvieron hacia Francia, franceses que ciertamente acabaron hartos de los permanentes quejosos, y, por fin, doce años después de 1640, Cataluña volvió a aceptar la soberanía de Felipe IV. Contra España, parafraseando a Vázquez Montalbán, en el siglo XVII también se vivía mejor. El resultado fue la irreparable pérdida para España del Rosellón y Conflent.

En el siglo XVIII, con Felipe V, comienza el progreso de Cataluña tras el Decreto de Nueva Planta, una ley universal y unificadora al estilo del Parlamento de París, que iguala jurídicamente, es decir políticamente, el Principado al resto de los territorios y posibilitó, años más tarde, la apertura del comercio de los catalanes con América reinando Carlos III. En ese siglo fue tal el fervor que se sintió en Cataluña por la Corona de España que las más destacadas figuras de la intelectualidad (Dou, Finestres, Capmany) dedicaron encendidos elogios a la dinastía borbónica. Y aunque Ferrán Soldevilla, el historiador catalán, se duela profundamente de los comentarios de Capmany, la realidad, romanticismo aparte, es la que fue: en esta época de gran centralismo Cataluña progresó de una forma antes inimaginable.

Durante el siglo XIX la intelectualidad catalana se rebela contra la España exhausta que salta de guerra civil en guerra civil y contra esa concepción nacionalista que no es capaz de llevar a la práctica el gran proyecto político canovista; se rebela, en suma, contra una España que se comenzaba a construir, pero que se refocila en las desgracias de su Historia. Quizá sea esa la raíz y la explicación de por qué los catalanes, ahora ricos, se desinteresan de España y les parece la capital del Reino, en el mejor de los casos, un lugar lleno de exotismo, para ir de visita de vez en cuando. El poema, citado hasta la saciedad, de Maragall la «Oda a España» sería un canto último, o epitafio desesperado, hacia alguien al que se ha amado mucho y con quien ya no es posible —o no se quiere, porque se ha hecho vieja y pobre— convivir. No he leído un solo escritor de la Generación del 98 —Ganivet, Unamuno, Valle-Inclán, Maeztu, Azorín, Baroja, los Machado, y Ortega— que hable con admiración de España. «Me duele España», afirmaba Unamuno como si nuestra Nación fuese una enfermedad. Incluso la frase de que «es español el que no puede ser otra cosa» es del propio Cánovas. Y Ortega, en su desolador ensayo «La España invertebrada», afirma que «la Historia de España entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la Historia de una decadencia».

En este panorama patético de España surge el movimiento catalanista en sus distintas acepciones políticas, que a partir de entonces será lo que determine las relaciones entre Cataluña y el Estado. Ese mismo catalanismo, que también fue determinante de forma lúcida y constructiva en el debate constitucional de 1978, constituye un movimiento socio-cultural (y por lo tanto político) que parte del siglo XIX como consecuencia de la descomposición de España. Catalanismo que se forma con base a distintos ingredientes sintetizados por Pabón en cuatro corrientes que confluyen en su gestación: el proteccionismo económico; el federalismo con su doble vertiente, la de Pi y Margall y la del particularismo, preferentemente catalán, de Valentí Almirall; el tradicionalismo con la recuperación del romanticismo (Duran i Bas en lo jurídico, Balmes y Torras i Bages en lo religioso y Estelric en lo intelectual); y el renacimiento cultural basado en la recuperación de la lengua.

Si, como decía Gil de Biedma, la Historia de España es una Historia que acaba mal, la de la Cataluña contemporánea no sabemos cómo acabará. Que termine bien o mal, y no se convierta esa quiebra que siempre ha existido con el Estado en una sima insuperable, dependerá de la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder político. Estoy convencido de que muchas de las ideas que he plasmado en estas notas son fácilmente refutables, incluso es posible que me haya equivocado en la construcción de parte de ellas. Pero de lo que no tengo la menor duda es de que existe esa fractura y no es de ahora, sino que procede de la Edad Media, fractura que solo ha sido soldada temporalmente cuando Cataluña ha progresado económicamente, y progresó en la Edad Media durante el gran proyecto de reconquista peninsular, de Norte a Sur, y paralelo al de Castilla; en el siglo XVIII, cuando se participa en el gran proyecto español ilustrado iniciado por Carlos III y que abre para Cataluña el comercio con América; y, mal que les pese a quienes quieren olvidar la historia, durante el franquismo, en cuya época se protegieron los intereses de Cataluña y se completó el ideal de Cambó de igualar España económicamente a Cataluña. Con el nacionalismo, en cambio, Cataluña ha padecido una notoria decadencia cultural y, como consecuencia, económica.

Quien conozca un poco el percal asturiano habrá llegado a la conclusión de que pocos lugares de España ofrecen un plantel de ofertas electorales tan singular, y al tiempo tan representativo de la vida política española, como Asturias. Lo tenía todo, como en botica, que se decía antes. Y por si fuera poco, la casualidad había programado La flauta mágica en el teatro principal de la comunidad para la mismísima tarde de reflexión. Que fuera a coincidir el sábado de vísperas con la representación de la ópera de Mozart en el Teatro Campoamor de Oviedo, te lo ponía a huevo. Asturias en conserva el mismo fin de semana que caducaba el escabeche.

Si alguien tiene la humorada de ir a Asturias para despedirse de los últimos gozos de esos puentes festivos, auténticos acueductos, tan de otra época como los romanos, le sugiero que pase por Avilés y visite ese monumento único en su especie, que es el Niemeyer. Tiene hasta el 15 de diciembre, luego ya será otra cosa, o quizá nada. No hay comunidad autónoma que se libre de monumentos a la grandilocuencia y la frivolidad, pero lo del Centro Niemeyer de Avilés tiene algo que lo distingue de los aeropuertos sin aviones, los museos sin contenido y los polideportivos para la tercera edad. Es una gran obra arquitectónica dedicada a la inanidad; a lo que usted guste mandar y pagar. Me explico.

El conjunto monumental Niemeyer nace de una idea un tanto peregrina, pero eficaz: constituirse en el Museo de los Premios Príncipe de Asturias. Como no fue posible colar el suculento embolado a las arcas del Estado, un tipo avispado cuyo mayor mérito es saber inglés y encantar serpientes, por buen nombre, Natalio Grueso, consideró que los contactos con el ancianísimo arquitecto brasileño Oscar Niemeyer –que dudo mucho sepa por dónde cae Asturias– consentían un proyecto estilo Guggenheim. El síndrome Bilbao-guggenheim será estudiado como una paranoia hispana de amplio espectro. Pero como habría que empezar diciendo que Avilés no es Bilbao, sino más bien todo lo contrario, y eso nos llevaría mucho espacio, quedo aquí remitiéndome a otra de las estupideces más notables de los estudiosos locales de todos los tiempos: la referencia a las “Atenas del Norte” para designar a grupos de paisanos ilustrados que elevaron el nivel cultural, ínfimo, de unas provincias abandonadas en manos de la Iglesia y los conventos.

Pero el meollo del asunto trasciende cuando se termina la obra majestuosa y hay que plantearse qué se hace con ella. El Niemeyer es aparente por fuera y vacío por dentro, y muchos ciudadanos de Avilés lo consideran una gloria local porque además de servir para pasear por sus holgados 40.000 metros cuadrados, ha recibido visitas de Woody Allen, Brad Pitt y Kevin Spacey con un Shakespeare al parecer memorable. A mí me hace mucha gracia cuando aparece en los medios de comunicación, comprados a buen precio, la coletilla de que los grandes artistas mediáticos hacen tal o cual cosa “gratis”. En general se ocultan los gastos de representación; un avión privado de Woody Allen que le traslade a él y a su troupe de Venecia a Asturias, por ejemplo, puede costar 40.000 euros. Entendámonos, es gratis para ellos, pero no para el que invita. Y así estamos, en una Asturias que lleva al borde del colapso desde hace décadas, asistiendo impertérrita a la cartelera de estrellas que le costaría pagar a Nueva York.

El Niemeyer de Avilés es una de esas estafas culturales que encandilan a ciertas comunidades ciudadanas, en la misma medida que tu vecino, hoy en la ruina, se preguntaba hace un par de años por qué no se podía comprar un coche de alta gama. ¿Acaso no tengo derecho? La serie de derechos inconsútiles es una de las aportaciones de la posmodernidad. Cuando Álvarez Cascos ganó de manera contundente las elecciones autonómicas asturianas, entre las primeras cosas que exigió estaba saber dónde demonios terminaba el pozo sin fondo del Niemeyer, y los responsables, muy puestos, le negaron las cuentas y así seguirán hasta el 15 de diciembre, constituidos en Fundación Autónoma. Un lío provinciano de esos que envenena al vecindario de Avilés que quiere ser Bilbao e incluso París. ¿Acaso no tenemos derecho?

El fantasma del Niemeyer, su espíritu, ha sobrevolado unas elecciones generales que en Asturias han llevado al límite lo ocurrido en el resto de España. En primer lugar el fenómeno Álvarez Cascos. Que este curtido dirigente del PP se haya visto obligado a presentarse por su cuenta, fundar un partido –Foro Asturias–, ganar arrolladoramente unas elecciones autonómicas con los votos transversales de populares y socialistas, dice mucho sobre el nivel de hartazgo de la ciudadanía asturiana. Y que lo haya hecho con la malquerencia enfermiza del principal diario astur – La Nueva España– cuyo comportamiento, contado por lo menudo, avergonzaría a un gremio, el periodístico, que acumula tal cantidad de basura como para no darse por aludido.

En Asturias se ha vivido, hasta las últimas elecciones, una situación a la siciliana, donde el poder político se comparte entre dos formaciones aparentemente adversarias que se llevan muy bien en sus variadas corruptelas. Con el descaro que otorga la impunidad han tenido la desfachatez de presentar como candidatos, tanto del PSOE como del PP, a los personajes más corruptos y despreciados de la ciudadanía, quizá porque no había otros quizá porque da lo mismo. El resultado fue óptimo, tanto, que ninguno se ha dado por aludido. Los socialistas han perdido en lugares históricos de la izquierda como Mieres o Avilés, pero sin inmutarse.

El voto conservador es de piñón fijo y menos frágil que el de la izquierda, que cuando se harta se queda en casa, o vota a la contra, o se exhibe, tan digna como inútilmente, con el voto en blanco. Derrotados los socialistas y los populares, aunque venciendo estos por quiebra del adversario, el panorama asturiano ha tenido dos novedades, muy discretas, que apenas empañan el escenario habitual. Los comunistas de Izquierda Unida recuperan un escaño, gracias a la personalidad de su candidato, Llamazares, más que a su atractivo como coalición, y Álvarez Cascos y su Foro Asturias consigue colocar un diputado en Madrid.

El caso de Cascos bien merecería un análisis particularizado, quede para otra ocasión. ¿Cómo ha sido posible que el hombre que suscitó tantas esperanzas en las autonómicas redujera en casi la mitad sus votantes? Cuenta la polarización del voto, eso que cabría denominar el piñón fijo de intereses fraguado entre socialistas y populares asturianos, pero también la soberbia del protagonista. Administrar las victorias es tan difícil como encajar las derrotas, y a veces ocurre que quien es capaz de obrar una hazaña, porque tal fue la victoria de Cascos en las autonómicas, se le va la mano al planificar las siguientes batallas.

Álvarez Cascos pertenece a un tipo de profesional de la política que sabe vencer, pero tiene limitaciones a la hora de convencer. Su actitud ante las generales fue tan torpe, que uno se pregunta si los virreinatos no desvarían a los líderes locales. Plantearse hacer campaña en Madrid fue como un chiste de mosca cojonera y resentida, que le quita prestancia al profesional de la política que es Cascos. Una cura de humildad parece siempre la inevitable purga a la que debe someterse la generación de Aznar cuando triunfa brillantemente. Cuando van sobrados, la joden.

Y qué fue La flauta mágica en el Teatro Campoamor de Oviedo. La constatación de que se ha terminado ese mundo del Mozart maduro, animoso precursor de la mejor Revolución Francesa, con su Libertad, Igualdad y sobre todo Fraternidad. La chabacana representación tenía algo de anuncio de lo que nos espera; un escenario vulgar con disfraces idóneos para la ópera de Honolulu, una orquesta menos que mediocre y unos cantantes modestos. Al final del primer acto, Pamina anima a su querido para que cumpla con el único programa posible: “Decir la verdad, aunque sea delito”.

Desde la aparición de un reino unificado hispánico durante el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los vascos han desempeñado en la historia de España un papel mucho más importante del que les habría correspondido por su peso demográfico: han sido ministros y asesores personales de reyes, altos mandos del Ejército y la Armada, diplomáticos de alto rango para Castilla, así como industriales y banqueros de renombre, siempre en contacto con las empresas británicas, belgas, holandesas y francesas que se desarrollaron durante las últimas cuatro centurias. En los siglos XIX y XX los vascos se identificaron enormemente con los movimientos de liberación de multitud de pequeñas nacionalidades -como Serbia, Hungría, Cataluña o Finlandia- que, con lenguas e historias culturales propias, no lograron arrancar su independencia política a las monarquías dinásticas a las que estaban vinculadas.

Ya desde comienzos del siglo XX, intelectuales nacionalistas vascos recalcaban dos rasgos que hacían de su pueblo algo especialmente “diferente” del español o el francés: un idioma sin relación alguna con los principales grupos lingüísticos europeos, el latino y el germánico; y frecuencias de grupo sanguíneo, en proporción bastante distintas a las de la media europea. La primera vez que tuve conocimiento de esos rasgos fue en el París de 1950, donde, dentro de mi estudio sobre la Segunda República, visité la delegación del Gobierno vasco en el exilio. Allí me presentaron a Manuel de Irujo, parlamentario del PNV en las Cortes republicanas entre 1933 y 1939, y ministro durante los Ejecutivos de la Guerra Civil, tanto con Francisco Largo Caballero como con Juan Negrín.

Esa tarde, y en varias ocasiones posteriores, Irujo se mostró de lo más generoso con su tiempo, esbozándome con gran entusiasmo su interpretación de la historia vasca y la esperanza de que Euskadi, la patria dividida entre la soberanía española y la francesa, acabara accediendo por medios pacíficos a una completa independencia. Irujo no acusaba de opresión a España y Francia; simplemente, estaba convencido de que el carácter de la historia política y la cultura vascas hacían a su pueblo merecedor de un Estado independiente, y que esa independencia sería positiva para las tres naciones: España, Francia y Euskadi.

Uno de los argumentos que esgrimía Irujo al exponer la singularidad antropológica de la nación vasca se basaba en varios estudios llevados a cabo por grupos de especialistas europeos sobre los grupos sanguíneos vascos. Esas investigaciones, realizadas entre 1937 y 1950, habían puesto de manifiesto que el grupo 0 era más frecuente entre los vascos que entre el conjunto delos europeos y que, entre los primeros, el porcentaje que tenía RH negativo duplicaba prácticamente al registrado en el conjunto de los segundos. Ambos coincidimos en que esos datos eran cruciales para conseguir que quien necesitara sangre recibiera el grupo sanguíneo adecuado, pero que esa información puramente biológica poco o nada tenía que ver con las capacidades y los sentimientos de los individuos.

Sin embargo, Irujo no dejaba de aludir al grupo sanguíneo al hablar de las capacidades atléticas, las preferencias culinarias o los gustos arquitectónicos de los demás vascos. En una ocasión me dijo lo encantado que se había quedado al verme llevar una chapela y que había notado que mi mandíbula y mi frente despejada se parecían a las de los hombres vascos. ¿Tenía yo acaso algún antepasado vasco? Le contesté que, por lo que yo sabía, mis abuelos y bisabuelos procedían de Irlanda, Prusia y Rusia. Que éramos judíos que, aunque se habían casado con otros judíos, se habían movido bastante y que, hasta donde yo sabía, todos mis antepasados procedían del norte de Europa.

También aproveché la oportunidad para decirle que no podía evitar sentirme un poco incómodo cuando la gente mencionaba determinados rasgos personales, considerándolos típicos o muy frecuentes en ciertas subdivisiones de la raza humana: afirmaciones en el sentido de que a los judíos se les daban bien las finanzas, que los ingleses eran estirados o que los franceses pensaban que su lengua era superior a todas las demás. Al ser judío, era también muy consciente de la constante presencia que los prejuicios sobre el carácter del pueblo hebreo habían tenido en la historia del antisemitismo y en su punto culminante: el Holocausto perpetrado por los nazis durante la II Guerra Mundial. Don Manuel me aseguró que los prejuicios antisemitas no le producían más que desprecio, pero continuó bromeando sobre mi mandíbula e insistiendo en la singularidad del pueblo vasco y en su derecho a proclamarse independiente, tanto de España como de Francia.

Esas conversaciones tuvieron lugar en el París de 1950, pero hasta la década de 1960, cuando estaba escribiendo mi historia de la Segunda República, y entre los años 2006-2010, al redactar mi biografía de Juan Negrín, no fui consciente del papel determinante que Irujo había tenido en la historia de la República durante la guerra. Con Largo Caballero había sido el ministro responsable de acabar con las barbaridades perpetradas por una minoría de anarquistas y comunistas en los tribunales y las prisiones republicanas, y también de limitar en la medida de lo posible la tendencia de los “asesores” soviéticos a decidir por su cuenta sin consultar con el Gobierno republicano. Durante los Ejecutivos de Negrín había seguido restableciendo el respeto a los derechos humanos en las cárceles, tratando también con denuedo, en su calidad de católico practicante y de demócrata, de reabrir las iglesias en la zona republicana. Esta última iniciativa contó con el apoyo absoluto de Negrín, pero apenas pudo materializarse, por la sencilla razón de que el Vaticano, decidido a que Franco ganara la guerra, no estaba dispuesto a mover un dedo para ayudar a la República a restablecer la libertad religiosa.

Más allá de mis diversas y prolongadas conversaciones con Irujo, nunca he estudiado en profundidad la historia intelectual vasca, principalmente porque no leo vascuence y porque gran parte de mis 25 años de residencia en España los he pasado en Barcelona y Madrid. Sin embargo, de vez en cuando, al leer capítulos de Sabino Arana o de dirigentes vascos del siglo XX, he tenido la impresión de que una proporción considerable de los analistas políticos vascos, tanto conservadores como izquierdistas, están convencidos de que su pueblo tiene rasgos antropológicos que le distinguen del español y del francés, y que esas diferencias tienen mucho que ver con su insistencia en el “derecho a decidir”. Al mismo tiempo, como tengo la sensación de que Manuel de Irujo fue una de las mejores personas que he tenido el privilegio de conocer, confío de todo corazón en que, después del terrible medio siglo que ETA se ha pasado emponzoñando la vida política vasca, los actuales líderes del PNV, del PSE y de la izquierda abertzale sean capaces de concebir una nueva democracia política y cultural dentro de las fronteras actuales de dos Estados democráticos y de la Unión Europea.

Según el tópico, España es un país de contrastes. Habríamos de añadir: de contrastes morales, de contradicciones y emocionalmente compulsivo. No es algo nuevo. La corrección política y el pensamiento único han agravado la situación, pero no la crearon. Simplemente han encontrado un clima idóneo para su cultivo. Los españoles nos agarramos a los clichés para sortear el razonamiento incómodo. Como durante siglos nos aferramos a los refranes para no fatigar los sesos. Instalados en la placidez del pensamiento precocinado, la libertad sale casi siempre mal parada.

La libertad no es una concesión, es una conquista. Hay principios que se permiten prescindir de la dignidad, aunque se devalúen. La libertad nunca. No puede haber libertad sin dignidad. Igual que algunos ejemplos en los campos de concentración nos demostraron que existe la dignidad al margen de la libertad colectiva. Si los individuos entregamos nuestra libertad, entregamos nuestra dignidad, y a la inversa. La libertad es un principio individual, pero los pueblos la conquistan colectivamente. El riesgo de fracasar como nación está en no saber qué hacer con la libertad si se ha luchado por ella. Una vez la ganamos, fue en 1808. Y se nos fue casi al tiempo. Desde entonces, algunos ensayos espasmódicos malogrados, como 1868; y otra vez, como describe Miguel Maura, que fue regalada, «suavemente, alegremente, ciudadanamente», en 1931. Así no hay nada que hacer. Pese a todas sus virtudes, la libertad alcanzada en 1978 tampoco fue resultado de una lucha sin cuartel, sino una oportunidad bien aprovechada y un singular ejemplo, esta vez sí, de saber qué hacer con ella.

Hoy la libertad no está de moda. Suelo acudir a los actos inaugurales o de graduación de cada curso universitario. Los discursos giran habitualmente en torno a una Universidad solidaria, justa, tolerante, sostenible, paritaria, plural, multicultural, igualitarista y que nos eduque para la paz. Sólo el año pasado el discurso de apertura se centró en la libertad. No es que los valores dominantes sean poca cosa, es que están supeditados a la libertad. A no ser que sólo se empleen como reclamos mantecosos de una doctrina falaz. La libertad necesita un sujeto, no es un mero objeto decorativo.

Igualmente, pregunto de forma retórica en clase qué es lo más sagrado que poseemos como individuos. La respuesta nunca es «la libertad». Los estudiantes responden: la ciudadanía, la igualdad, la soberanía, el derecho a participar, poder votar, el poder del pueblo. O en el súmmum del delirio arriesgan: la paz. Ignoran que les han hurtado parte de su individualidad para inocularles constructos insustanciales si no se comprenden; se convierten así en esclavos felices que profesan un sistema de creencias.

Más concretamente, en una conversación informal con un grupo de estudiantes les planteaba la siguiente hipótesis: su generación ha incorporado actitudes machistas que la mía estaba en curso de desterrar. Uno de los alumnos más brillantes respondió: «Es que mientras las mujeres de tu generación estaban obligadas a ganarse la igualdad; las de la mía sólo están obligada a utilizar unas palabras». Es decir, basta con memorizar unas cuantas nociones aunque no se entienda su significado ni mucho menos su raíz. Esta corrección política ha empobrecido las aulas y a la sociedad, incapaz de entender que la libertad es el fundamento de cualquier otro valor. Es el valor motriz. Vaya por delante que la corrección socialdemócrata no es un producto español, sino nórdico, cuyos efectos son visibles en todas partes.

No se explica en las aulas que la violencia sobre otros -cualquiera que sea la condición del otro- es nociva porque priva al débil, al violentado, a la víctima de su dignidad. Y es un error distinguir entre tipos de violencia para predeterminar umbrales de tolerancia. Se ignora que la igualdad ante la ley es la expresión más acabada de igualdad porque garantiza que se nos considere iguales en la diferencia y por tanto nos permite ser diferentes unos de otros; ser nosotros mismos sin miedo a ser tratados desigualmente ni condenados al aislamiento. Se desprecia el libre pensamiento sin caer en la cuenta de que contribuye al progreso social y al fomento de la transigencia, que no existe como valor en sí mismo, sino subordinado a que haya individuos libres de poseer y defender sus propias ideas sin despreciar las de los otros. Por eso el liberalismo es atomizado y no compacto. El modelo liberal permite que haya tantas ideas como personas libres; los totalitarios requieren de una idea que todos compartan.

Ahora vayamos al debate central tras un párrafo puente: si un maltratador, que lo ha sido durante más de 30 años, decide declarar públicamente que va a dejar de serlo a cambio de negociar su nuevo estatus en la sociedad; y asegura al mismo tiempo que su conducta no ha caído en saco roto porque ha conseguido condicionar el comportamiento del objeto de su violencia -su víctima-, la sociedad española se rasgaría las vestiduras hasta el paroxismo, pero como mero ritual, sin entender absolutamente nada, ni mucho menos el significado de la libertad, a menos que concentrara toda su rabia y su dolor por la víctima. Es decir, que dedicara todo su esfuerzo colectivo a recuperar y regenerar física y psíquicamente a quien ha sido desposeído de su individualidad, de su ser y su yo.

Sin embargo, ETA declara el cese definitivo de su actividad armada y en un ignominioso párrafo afirma que su «lucha de largos años» ha tenido sentido, ha «creado esta oportunidad» y ha resultado útil, para finalmente pedir que se negocie sobre las consecuencias de un conflicto que ella ha creado, y hay españoles que primero lo celebran y luego convocan a su brazo político. Sólo después y de soslayo miran a las víctimas. Es la España compulsiva e icónica que festeja los gestos y gesticula con las imposturas; que celebra el devenir y no las conquistas; que aspira a la tranquilidad aunque haga añicos ánforas de libertad.

Bien es verdad que puede discutirse la mayor, y hay quien considera que el último comunicado fue una conquista del Estado de Derecho y el comienzo de un recorrido que pasa por blanquear y legitimar las simpatías por la causa abertzale mediante las urnas, pero lo hace basándose en el indicio o suposición de que ETA estaba tan mal que no podía hacer otra cosa. O intuye que sacará más rédito mediante el cauce institucional. De tal modo que nos situamos en un debate sobre instrumentos, no sobre principios. Bajo este prisma, «el cese definitivo de su actividad armada» es hoy un instrumento más útil que la violencia, que lo ha sido y, por tanto, podría volver a serlO.

O sea, vuelta al comienzo: no hay nada que celebrar, de momento. Y mucho menos tras los resultados del domingo. Amaiur es la segunda fuerza en Euskadi, donde ETA sigue siendo un actor de la política vasca. Porque no se ha disuelto, sino que tras interpretar el contexto político ha evaluado sus medios disponibles y útiles para alcanzar sus objetivos. El tiempo dirá si lo interpreta adecuada o erróneamente y cuáles son las consecuencias de cada uno de los dos escenarios.

Que ETA haya cambiado unos medios por otros es indudablemente un avance. Lo hemos de reconocer por coherencia quienes sostuvimos que cuando dijeron «permanente» debieron escribir «definitivo». Pero insisto, no ha de celebrarse la mera sustitución de medios si no se acompaña de la aceptación de que los anteriores son tan dañinos como inútiles. Y eso no ha sucedido. La cuestión entonces es: ¿hay una parte de la sociedad a la que no le importa entregar poder a un partido que tiene un proyecto excluyente y considera la vía política sólo una alternativa igual de legítima que la de la violencia, que ahora no sigue porque le resulta improductiva o inviable? Sí: 333.628 votos lo certifican. Y hoy representan el 24% de la sociedad vasca porque muchos de los que representan a ideas opuestas han tenido que abandonar el País Vasco o son víctimas de la coacción -una forma de violencia-. Así las cosas, si aceptamos con naturalidad que pueden compaginarse los instrumentos coactivos con los legales estamos a las puertas de nuestro mayor fracaso como sociedad. Porque cederemos voluntariamente nuestra libertad.

Se argumentará en contra que este planteamiento supone condenar al ostracismo unas ideas sin permitir que compitan democráticamente. No es verdad. Simplemente se pide la disolución de ETA para certificar que desaparece el agente coactivo y, sobre todo, se aspira a romper el cordón umbilical que mantiene unidos los dos medios por los que se persigue el mismo fin. Es la única manera de separar el fanatismo de la ideología adaptada a la legítima y libre competencia, por muy extravagante que nos resulte el proyecto abertzale.

De tal modo que si se exige, para dar cauce de legitimidad a Amaiur, que ETA solicite el perdón de las víctimas no es por sentimentalismo pueril, ni ingenuidad y, si me apuran, ni siquiera por solidaridad. El perdón es una acción íntima que tiene un carácter y un alcance moral individual. En este caso es una fórmula para situar a las víctimas como eje de la conquista -si acaba siéndolo-, pues su actitud de aceptar el Estado de Derecho le concedió fuerza moral a la sociedad y al Estado. Es una fórmula que dignificaría la conquista pues supondría nuestro reconocimiento de su dignidad. Por otra parte, la libertad de nuestra sociedad pasa por la aplicación de la ley sin salvoconductos ni excepciones. Pues otro de los aspectos deteriorados por los efectos del buenismo es entender la separación de poderes y el imperio de la ley en sentido relativo y no absoluto, es decir, como garantía de libertad.

Por último, hay quienes tras la celebración del comunicado recordaron a las víctimas. Fue un gesto loable pero insuficiente y enseguida depauperado por el empleo de la equidistancia. Sobre todo porque no se entiende que los mismos que aprobaron en 2007 una ley que regulaba el derecho a la reparación moral y a «obtener una declaración de reparación» para víctimas de la represión franquista, se conformen ahora con el mero recuerdo. Lo dicho, España es un país de contradicciones donde quienes obligan a unos a presentar credenciales democráticas mediante la condena de periodos históricos que le son ajenos, se conforman con que otros alardeen de que aquella «lucha» abrió esta «oportunidad», sin detenerse en el orden de las frases ni en si le faltan complementos que las saquen de la ambigüedad y el Pleistoceno.

Si se trataba de celebrar oportunamente, hagámoslo. Pero celebremos lo que es, y no lo que no es -la conquista de la libertad-. Sólo a partir de ahora, y de ahí el monumental reto al que se enfrenta nuestra sociedad y el próximo Gobierno de Rajoy, sabremos si hemos conquistado la libertad o si nos conformamos con entenderla como una concesión, en cuyo caso renunciaríamos a ella para siempre.

En bricolaje, el tres-en-uno es muy eficaz: desatasca, pues sus componentes van en la misma dirección. En política fiscal, propugnar simultáneamente tres modelos incompatibles entre sí suele ser indigesto. Y confunde.

Es lo que está sucediendo en Cataluña con el reavivado debate sobre la financiación, en el que la federación nacionalista dominante postula al tiempo una cosa y sus contrarias. Eso sí, faltaría más, todas ellas legítimas. Que no significa acertadas.

Tras la mediocre sentencia del Tribunal Constitucional (TC, 28-VI-2010) que rebajó el alcance del nuevo Estatut, CiU dio (más o menos) por “roto el pacto constitucional de 1978″, y por “inservible” el texto estatutario. Y empezó a propugnar un “pacto fiscal en la línea del concierto económico” vasco, como insiste todas las semanas el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El designio, de corte confederal (recaudación de todos los impuestos y entrega de un cupo a la Administración central para sufragar los gastos comunes y una cuota simbólica de solidaridad) es aún bastante genérico.

No implicaría una reforma de la Constitución, sostienen sus diseñadores (con el apoyo jurídico del Institut d’Estudis Autonòmics, IEA), sino solo una reforma de la LOFCA y una ley ordinaria concretando sus detalles. Y se negociaría la próxima primavera. Con un Gobierno, cuyos máximos aspirantes a presidirlo, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, han mostrado ya, cortésmente, una distancia sideral sobre el propósito. La hoja de ruta figura en el escueto manual del portavoz Francesc Homs, Dret a decidir, estació concert (Editorial Base, 2010).

En paralelo al modelo confe-deral / soberanista, CiU apuesta también por el autonómico / federal: “Recuperar al máximo el espíritu y contenido del Estatut debe ser uno de nuestros objetivos en esta legislatura (…) lo debemos hacer con leyes orgánicas y mediante el artículo 150.2 de la Constitución”, que permite al Gobierno central ceder a las autonomías competencias estatales, acaba de sostener el candidato democristiano a la convocatoria de pasado mañana, Josep Antoni Duran i Lleida.

La idea subyacente es que la Constitución no estaría tan rota ni el Estatut habría quedado completamente inutilizable. La hoja de ruta de este modelo es la propia actividad parlamentaria de CiU durante 34 años y las posiciones de Mas en su pacto estatutario con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque el IEA conjetura en su dictamen la cohabitación jurídica del concierto -o régimen especial- con el Estatut -un desarrollo del régimen común, en que se comparten impuestos y se consorcia su recaudación- su atenta lectura evidencia que los encaja retorciendo los artículos cual goma de mascar, como concluyó la comisión de expertos reunida a puerta cerrada en el Parlamento.

La tercera propuesta, más que un modelo, es un guiño. A la independencia. Lo esbozó Mas cuando votó a su favor, al mismo tiempo en público (verbalmente) y en secreto (sin imágenes) en el remedo de referéndum del pasado 10 de abril. O la evaluación que a título de (eminente) académico, su irónico consejero de Finanzas, Andreu Mas Colell, lanzó sobre la independencia: “perfectamente viable”.

La doctrina actualizada del modelo se estiba en Sense Espanya, balanç econòmic de la independència (Pòrtic, 2011). Sus autores, Modest Guinjoan y Xavier Cuadras, calculan que acarrearía, a los catalanes, “majors nivells de benestar econòmic”. Quienes más defienden este esquema, los nuevos líderes de Esquerra, abrogarían toda transferencia de solidaridad.

Más allá de las incongruencias derivadas de la fórmula tres-en-uno, inquieta su cuestionable oportunidad. Plantear un nuevo proyecto de Hacienda no es lanzar una colección de moda de temporada, debiera aspirar a una trayectoria más duradera.

Si la urgencia político-electoral admite las premuras, a la lógica económica de largo plazo le horroriza la precipitación y la frivolidad. ¿Resulta sensato enterrar un modelo de financiación sin haber cotejado su resultado real en, al menos, dos o tres ejercicios normales? ¿Será creíble una alternativa carente de densos trabajos previos, en formato de Libro Verde, como los que fabrica la UE antes de abordar la oportunidad de una nueva gran iniciativa legislativa?

Pero es que, además, la sentencia del TC anuló estrictamente una sola frase del capítulo financiero del Estatut: la que condiciona las transferencias de cohesión a que las autonomías receptoras “lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Si bien no invalida ese criterio por injusto, sino porque correspondería al Estado decidirlo, opción nada imposible de lograr. Aunque el TC interpreta limitativamente otras disposiciones, bendice su cuerpo sustancial: la ampliación de la lista de tributos cedidos y de la capacidad normativa; la nueva Agencia tributaria consorciada; el principio de que la cohesión debe concentrarse en educación, sanidad y servicios sociales; los compromisos de inversión del Estado…

Si ese modelo fue el votado por la ciudadanía catalana, ¿con qué legitimidad se le secuestra, en favor de otro, el concierto, que no ha pasado ninguna prueba de universalidad? Y que en su versión conocida, vasco / navarra, es un privilegio injusto, discriminatorio, insolidario y opaco. ¿Es que para corregir un error hay que multiplicarlo?

EL relativismo debilita la memoria. Y olvidamos la sangre. Olvidamos a ochocientas cincuenta y nueve personas asesinadas y cientos de heridos que no pudieron ser rematados. Cinco mil litros de sangre. Demasiada sangre. Derramada solo por ser española. Sangre imposible sin cuerpos destrozados y despojos humanos esparcidos por todos los rincones de nuestra desnortada España. Sangre de sobra para avergonzar a los profesionales del buenismo si no fueran refractarios a la compasión y a la justicia y, desde luego, al compromiso con la Nación.

Se olvida este inmenso sacrificio y, si sacrificar es hacer ofrendas a la divinidad, cuando se ofrenda a la Nación, la sangre se hace sagrada y exige el respeto y la veneración que se deben a las cosas sagradas. No hacerlo así es profanarla. Se lanzan proclamas, con la solemne oquedad de la retórica, cuando está aún caliente y, al poco, indiferencia y luego olvido. El alto el fuego «definitivo» de ETA ha desatado un tropel de frenéticas carreras para ser el más rápido y eficaz en agradarla. No es que me disguste la noticia, pero mi alegría es tan grande como la diferencia entre el anterior «permanente» (inmutable) y el actual «definitivo» (concluyente). Sutil diferencia (la banda maneja la semántica) si, además, organización y armas «permanecen», respaldando exigencias que no han provocado revuelo como la dichosa palabrita.

Pero, quizá por el relativismo, cada uno le ha dado la trascendencia conveniente. Así, unos, políticos, lo han celebrado llorando a lágrima viva. ¿Les pudo la emoción o intuyeron sensibilidad en el votante a tal exhibición de humanidad? Por el contrario, otros, comprensiblemente recelosos, lo han asimilado sin lágrimas porque ya no les quedan, o porque temen la incomprensión, la crítica e incluso la burla.

Y todo porque la banda dice que ya no mata más. Pensará que no lo necesita. En otra época de su siniestra historia ya experimentó similar asfixia operativa. En cambio, en ésta, caso único en una banda terrorista, ya ha alcanzado importantes objetivos políticos sin antes tampoco haberse impuesto por el terror. ¿Para qué las armas? Pero, por si acaso, no las suelta. Esta discutible novedad genera en muchos el absurdo pensamiento de que la banda se ha vuelto razonable, una especie de síndrome de Estocolmo que les lleva a agradecerle que no mate, síntomático de una sociedad enferma e inaceptable aunque existieran garantías. ¡Y no digamos si ETA accediera a excusarse un poco! Todo sin querer ver que, si la sangre es sagrada, más sagrada es la Nación y que la vamos perdiendo a medida que los terroristas invaden las instituciones, lo que solo la sangre hasta ahora había impedido. E, impávidos, volvemos la espalda a sangre e historia. Es desesperante ver con cuanta indolencia los españoles nos resignamos a nuestro suicidio como país.

Ha tenido que ser la banda, al decir que «el fin de ETA no está próximo» y que «hay que negociar la entrega de las armas», quien haya puesto, crudamente, un punto de frialdad en esta orgía promiscua que es la política nacional, especialmente en relación con los terroristas. Tenemos que dar al comunicado su exacto significado y exigir racionalidad, rigor y honestidad en la vida pública. Porque con tantas urgencias estamos olvidando, o retorciendo, la Ley. Porque los tres encapuchados son terroristas a perseguir y no los Reyes Magos que nos traen el regalo anhelado, porque la mal llamada Conferencia de Paz pudiera ser una impune apología del terrorismo, y porque, siendo el entorno de la banda también ETA (dice el Supremo), con cualquier nombre, estamos con él a partir un piñón, reunión tras reunión, como si la sangre fuera un sueño, como si los terroristas fueran catecúmenos del Estado de Derecho y de la democracia.

Solo ha cambiado una palabra, equívoca, en un discurso que se mantiene «permanente», concedida por estar ya en unas instituciones y para, si Dios no lo remedia, estar pronto en las otras. Una palabra rentable. Olvidamos la Ley y olvidamos la sangre. Y esas sí son razones «permanentes» o «definitivas». Sin estricto respeto a la primera no hay Estado de Derecho y sin rendida veneración a la segunda no habrá Nación. Los actos castrenses solemnes terminan con un homenaje a los que dieron su vida por España. En él se rinde tributo de recuerdo, afecto, respeto y admiración a los que llevaron hasta el límite su compromiso con ella y sirve a los vivos para fortalecer su espíritu con el ejemplo de los compañeros ya idos. Es la más hermosa manera de hacer Patria.

No veo por qué estas víctimas han de ser menos. Es también sangre española sagrada. ¿Permitiremos que termine profanada?

Unamuno escribió que «a veces el silencio es la peor mentira». Desde el instante en que ETA anunció el cese de la violencia, artículos, editoriales y tuits inundaban espacio y ciberespacio mostrando sentimientos encontrados de euforia, satisfacción, alivio y cautela. En los días posteriores leímos declaraciones institucionales, pensamos con las reflexiones de politólogos y lloramos con las lágrimas de amenazados que sienten, por fin, más próximo el final de la pesadilla.

Pero en este momento surgen complicados interrogantes: ¿ahora, qué? ¿Cómo lo hacemos? Llevamos tiempo diciendo que es necesario ser capaces de construir un relato de lo pasado firme, coherente, no basado en la venganza pero justo y solidario con el dolor sufrido, para poder construir una comunidad plural y solidaria. Y aquí es donde la escuela vasca debe jugar un papel protagonista.

Una escuela -obviando honrosas excepciones- que deberá preguntarse por qué miró durante tantos años hacia el lado oscuro cuando a la hora de formar en valores humanos se cruzaba el discurso contaminante de ETA. ¡Cuántas veces hemos acudido al silencio cómplice! («¡No hablar de política en clase!»).

Es difícil sustraerse a esa mayoría envalentonada que socialmente copaba cualquier discrepancia con sus argumentos ideológicos particulares, hábilmente expuestos con el apoyo encubierto -o no- de la violencia. No hemos sido capaces de expresar el sentimiento vasco más que desde una visión nacionalista, legítima pero parcial. Nos han faltado fuerzas para mostrar públicamente otras formas de sentirse vasco más allá de la oficialmente consignada. En los centros educativos ha sobrevolado el silencio en demasiadas ocasiones.

En nuestra descarga, se puede argumentar que nada ha hecho la escuela distinto de su sociedad vasca, de la que es fiel reflejo. Sin embargo, no podemos aceptarlo como atenuante, cuando los profesionales educativos tenemos a gala actuar como abanderados de los cambios, como rebeldes contra las imposiciones y el pensamiento único para fortalecer la actitud crítica. Es justo señalar en este punto que algunos educadores han mostrado en esos años de mirada aviesa su capacidad para inculcar valores democráticos y denunciar la vulneración de derechos humanos básicos. Y lo han hecho en circunstancias adversas, venciendo obstáculos, insultos e indiferencias. El mantenimiento de esa actitud valiente les ha supuesto desprecio, extrañamiento involuntario, escoltas… Siempre tendrán mi admiración.

Ahora la sociedad en su conjunto debe intervenir, asumiendo que ha llegado el momento de exigir responsabilidades. Y en este caso se trata de debatir sobre la formación de las nuevas generaciones en asuntos tan trascendentes como el respeto al diferente y la defensa de los valores democráticos: frente a la extorsión y la violencia, la sociedad debe insuflar energía suficiente a las instituciones con que se ha dotado, y entre ellas, a la propia escuela.

Por eso, ante la pregunta del «¿qué hacer?» la escuela vasca debe asumir el protagonismo social que le corresponde: ¡Hablar! ¡Basta ya de silencios! Hay que actuar antes de que las nuevas generaciones decidan priorizar otras señas de identidad (la insolidaridad, la falta de escrúpulos, el dinero fácil) y den al traste con los valores que siempre debieron defenderse.

Las sociedades -y la vasca no es una excepción- necesitan de gestos aprendidos, cultivados por la enseñanza para que el ser humano pueda vivir junto a su vecino. No va a ser fácil; nos va a exigir firmeza en la recuperación de espacios públicos que habíamos cedido. Hemos de acostumbrarnos a pensar que nunca más nada ni nadie será dueño de nuestra palabra. No le demos la razón al viejo Unamuno.

El comunicado de ETA del 20 de octubre sobre el fin definitivo de la violencia ha llegado tarde, pero ha llegado. No ha habido una explosión de alegría popular (no podía haberla tras los desengaños precedentes y tras la estela de dolor generado durante más de 40 años), pero sí una esperanza cautelosa ante un futuro que está aún por escribir.

El País Vasco -una sociedad con un alto nivel de vida- ha llegado de una forma acumulativa a un deterioro grave de la convivencia. La situación de terrorismo prolongado ha afectado a toda la sociedad. Más allá de la tragedia de las más de 800 víctimas y de la de quienes han abandonado el País Vasco por motivos políticos, ha habido varios miles de personas amenazadas a causa de su profesión, su compromiso político o su valentía moral para denunciar la intolerancia. La condición de amenazado repercute negativamente en el bienestar emocional. Las víctimas se han visto obligadas a modificar su vida cotidiana en diversas formas: no disfrutar de intimidad (al vivir con escoltas), no poder acudir a lugares calientes, aislarse en casa (o sentirse forzadas a salir fuera) los fines de semana y romper con hábitos de vida regulares, lo que supone un gran coste de energía.

La dictadura del terror ha calado también en las personas no amenazadas, que han subordinado, con honrosas excepciones (ahí está la espléndida labor de Gesto por la Paz o de Basta Ya), los aldabonazos de la conciencia a la comodidad de la convivencia. Muchas de ellas no han estado de acuerdo con el terrorismo, pero se han callado, siempre que no haya afectado a alguno de los suyos. A nivel psicológico, al no poder vivir en la permanente tensión de los asesinatos y las extorsiones a otras personas y tener que prestar atención a los requerimientos de la vida diaria, se han activado en los ciudadanos mecanismos de defensa contra esa perversión de valores. Así, se ha minimizado la evidencia, se ha deformado la cruda realidad (eso es un problema de otros) y se han inhibido los sentimientos de compasión, alejándose de las víctimas, para que todo ello les permitiera vivir con tranquilidad.

Muchos empresarios, aun rechazando el terrorismo pero conscientes del uso que se iba a dar a su dinero, no han tenido empacho en pagar a ETA para salvaguardar su bienestar y el de sus familias. Las excepciones (¿cómo olvidar la carta pública dirigida a ETA del empresario Juan Alcorta en 1980, año en el que hubo 98 asesinatos?) merecen toda nuestra admiración. A su vez, el resquebrajamiento de la ley ha propiciado la existencia de ciertos epifenómenos, como el terrorismo de Estado o el recurso a la tortura, que resultan éticamente repudiables en una sociedad democrática. Tampoco aquí se puede mirar a otro lado.

En definitiva, se ha asumido demasiado fácilmente que cada uno se ocupe de lo suyo y que cada cual se las arregle como pueda. Ha habido en estos años un tono de cautela en el hablar y hasta en el mirarse los unos a los otros. Esta ley del silencio ha generado una profunda desconfianza y un embotamiento de la sensibilidad, cuando no una degradación moral, que envilece a la condición humana.

Sin embargo, la sociedad vasca puede y debe salir de este atolladero. Todas las personas y los grupos humanos cuentan con un mecanismo adaptativo de supervivencia. Por muy terrible que haya sido la experiencia vivida, siempre cabe la posibilidad de cerrar las heridas. No se trata de olvidar lo inolvidable (tarea, por lo demás, imposible), sino de recuperar la capacidad de hacer frente a las necesidades del presente y de mirar al futuro con esperanza. El punto final de la violencia de ETA debe ser el principio de esta regeneración moral.

Aprender a convivir en libertad es el reto más inmediato. A ello va a ayudar un manejo adecuado de los tiempos. El lenguaje debe ser utilizado con precisión. Carece de sentido, por ejemplo, hablar de reconciliación entre las víctimas y los verdugos porque solo se pueden reconciliar aquellas personas en las que ha habido una buena relación anterior y esta se ha deteriorado. Y este no es el caso de las víctimas. Con ellas no hay que hablar de sentimientos, sino de justicia. No se trata de elaborar un mapa del dolor, sino de reparar, allí hasta donde sea posible, el daño causado. No se puede soslayar ni distorsionar el pasado porque la memoria de las víctimas debe convertirse en una exigencia permanente de deslegitimación de la violencia. La aplicación de la justicia, con la flexibilidad requerida en cada caso, y el cumplimiento de las leyes son requisitos necesarios para restablecer una convivencia en libertad. La impunidad de los verdugos aviva el dolor de las víctimas, mientras que el amparo de la ley y la ausencia de nuevas víctimas tienen un efecto balsámico sobre ellas.

La reconciliación debe referirse a la reanudación de la relación deteriorada entre sectores sociales enfrentados (nacionalistas y no nacionalistas) o entre fracciones del mismo sector (nacionalistas moderados y nacionalistas radicales). La existencia de un terrorismo prolongado ha envenenado la convivencia, incluso en el seno de las familias, y, por ello, la reconciliación tiene pleno sentido en este contexto.

Más problemática es la necesidad del perdón. Pedir perdón y perdonar es bueno para el bienestar emocional de los agresores y de las víctimas, respectivamente. Pero no puede ni debe ser obligatorio para el verdugo solicitar el perdón ni concederlo a la víctima. El perdón afecta a la esfera personal y tiene que transmitir autenticidad; cuanto más discreto sea, más auténtico es. Lo que hay que exigir al agresor, más allá de las muestras de arrepentimiento subjetivas, es el reconocimiento del daño causado y las obligaciones objetivas que ello puede llevar aparejadas (resarcimiento económico, compromiso con la no-violencia o alejamiento de las víctimas). Es decir, la reinserción debe ser un proceso activo e individual que denote una actitud positiva por parte del agresor y que no sea meramente el resultado de un indulto generalizado.

Hay muchas personas, vinculadas al nacionalismo radical, que se han mostrado durante años intolerantes con quienes no compartían sus postulados políticos y que han ejercido una auténtica dictadura del terror, especialmente en los municipios pequeños. A estas personas hay que recuperarlas para la sociedad y enseñarles hábitos democráticos. Lo fundamental es eliminar el odio del corazón. La mordedura de una víbora no mata; lo que mata es el veneno (odio) que deja dentro. Ello va a requerir tiempo porque sus conductas de intransigencia están sobreaprendidas. Hay ahí una responsabilidad pedagógica de la izquierda abertzale para reconducir a la democracia a sus cachorros y la necesidad de una actuación firme del conjunto de la sociedad para cortar de raíz cualquier brote de intolerancia. La familia y la escuela deben implicarse activamente en este proceso de educación para la convivencia.

Desaparecida ETA, los conflictos van a expresarse y resolverse por vías democráticas. En realidad, en el País Vasco no hay un conflicto político, sino muchos conflictos, que, como en todas las sociedades, deben solucionarse con las leyes. En otros lugares (Quebec, Flandes, Escocia o Gales) hay también problemas de identidad nacional, pero allí no se ha matado a la gente disidente ni se ha secuestrado ni extorsionado a los empresarios.

Hay que ser razonablemente optimistas. Reaprender a convivir en libertad, con respeto (no solo tolerancia) a los diferentes, es una tarea apasionante. Las nuevas generaciones nos van a exigir superar las heridas del pasado y afrontar los retos del futuro. Es algo que se lo debemos a todas las víctimas. Nos va mucho en ello.

De nuevo, los enemigos de la libertad han alcanzado lo que ha sido una permanente superioridad estratégica en su trayecto histórico. En lugar de reforzar la unidad de los demócratas, han conseguido enfrentarlos. En lugar de incrementar la solidez y las convicciones de quienes defienden una sociedad abierta, incluso para cerrar sin contemplaciones el paso a sus enemigos, han causado daños difícilmente reparables en los fundamentos sobre los que se constituye la democracia. Para decirlo de un modo más contundente y triste: han conseguido que tengamos que acostumbrarnos a considerarlos una parte del paisaje político y, sobre todo, a que elementos esenciales de las relaciones entre partidos y ciudadanos se basen en la toma de posición ante sus actos.

Todo el mundo ha reconocido que ETA ha sido derrotada policialmente, y que esa debilidad es la que la ha llevado a buscar unas vías que evitaran su aislamiento, declarando su decisión de no volver a matar. Pero ¿a quién ha beneficiado el crimen? ¿A quién beneficia que los criminales nos perdonen la vida a todos los futuros cadáveres, mientras a cambio se les concede la palabra con la que reconoceremos a partir de ahora «el conflicto vasco», distinguiendo cuidadosamente entre cuatro locos con pistola y los «sensibles» nacionalistas que no tuvieron prisa alguna en condenar sus asesinatos?

Aquellos que ni siquiera se conmovieron cuando los terroristas despedazaban a cientos de familias son los mismos que ahora hablan de la paz, la concordia, el restablecimiento de la normalidad en el País Vasco, como si esta no hubiera sido rota por una de las partes, la que quiso resolver ese presunto conflicto matando en muchos lugares de España. Mataban en nombre de algo… ¡Pues claro! Siempre se mata en nombre de una causa: en nombre de la patria en las trincheras fangosas de la Gran Guerra, en nombre de la tradición y de la unidad nacional cuando se liquidaba a republicanos, sindicalistas o maestros laicos. ¿Ha habido muertes en la historia que no se deban a una idea? Ni siquiera Calígula o Diocleciano mataron por diversión, aunque les divirtiera hacerlo.

Matar en nombre de algo parece limpiar un acto, cuando solo sirve para ensuciar una idea. Parece ennoblecer una conducta, cuando solo rebaja unos principios, contamina a una sociedad y le hace perder el juicio. Después de todo lo ocurrido, después de Auschwitz o del Gulag, de la guillotina o de los cuerpos quemados en la hoguera, seguimos cayendo en la patología de recompensar a los criminales con una razón que los humanice. La idea por la que se mata no debería ser un eximente, sino el agravante de una conducta política extremosa, el último escalón de las actitudes de amedrentamiento, o del desprecio a las ideas ajenas. Al menos, los asesinos comunes escapan a estos pretextos y nos dejan a solas con el horror desnudo de sus actos. Los terroristas, por el contrario, nos ponen a prueba y ganan demasiadas veces, obligándonos a considerar sus ideas, como si ellas fueran lo que verdaderamente está en juego, mientras la vida cancelada, asesinada, adquiere la turbia condición de un medio, un instrumento, una estación que cede el paso al caminar pomposo de la Causa.

Alguien se atrevería a pensar que las cosas no podrían empeorar el escenario político y moral en que este país ha sido zarandeado durante décadas, olvidando que no es imaginación para el esperpento lo que le ha faltado a España precisamente. Comunicada por los terroristas su decisión de perdonarnos la vida, a quien se ha atrevido a poner objeciones a esas formas que son el contenido se le ha tachado de aguafiestas, de torpedo lanzado a la línea de flotación de la fiesta de recreo tras el armisticio. Lamento encontrarme entre quienes tienen, por lo menos, algunas dudas sobre la benevolencia de lo que casi todos han aplaudido.

Las gentes de buena fe desean, claro está, el derecho a la vida y la libertad o lo que un lenguaje manipulado llama la paz, el diálogo o la entrañable reconciliación. Están exhaustas por la locura que se ha vivido, hartas de consumir su ración de dolor, su negra leche del alba cuando llegaba la noticia de un nuevo atentado. «Hay que acabar con esto como sea», se dicen. Pero el «como sea» nunca debería incluir lo que acabará en una reconversión del terrorismo de una banda en la lucha de un pueblo oprimido. Y, mucho menos, debería establecer la atroz equivalencia política entre los amigos de las víctimas y los compañeros de los verdugos. Como si lo que tuviéramos ante nosotros fuera un escenario institucional con meras divergencias políticas entre la «izquierda abertzale» y los demócratas, en lugar de un pasado en común, en el que unos justificaban el crimen y otros asistían a los funerales.

Lo terrible de todo esto es que esa paz, motivo de alegría, venga acompañada de todos los factores que señalan hasta qué punto los matones de nuestras calles, los enemigos de la democracia, han podido pudrir los recursos de calificación moral y política de esta. Quizá lo que se ha conseguido es que la moral, en el sentido más íntimo y elemental de su formulación, haya pasado a ser una cómoda circunstancia de observatorio desde el que trata de comprenderse las razones de todos, como si ese rasgo de tolerancia estableciera un principio de superioridad. Lo único que consigue es hacer dejación de un deber, que no es solo el de la condena de unos actos, sino el de la denuncia de sus promotores ideológicos, y la ruptura con todo esfuerzo de comprender ya ideologías que, por un desvío de perversión, conducen al asesinato. Demasiado deberíamos haber aprendido de todo esto en el pasado siglo, cuando millones de seres humanos fueron víctimas de los excesos de la bondad redentora y del entusiasmo desenfrenado de la centuria, al servicio de los grandes relatos emancipatorios de los derechos de los pueblos o la lucha de clases.

Todo lo que ocurre y ha ocurrido en el País Vasco posee las claves para entender la fragilidad de una democracia en la que las palabras pierden su sentido y que ha tenido que convivir con algo que en Europa es una extravagancia: el nacionalismo. Es decir, la pretensión de que una fuerza política representa a la totalidad de los habitantes de un país, como si fuera la directa emanación de una voluntad que surge de sus entrañas. Hemos vinculado la democracia española a la existencia de ese absurdo sublime en dos territorios fundamentales de nuestra nación. Pero las cartas están marcadas no por los nacionalistas, sino por quien ha aceptado, desde otras actitudes, que ese juego era legítimo, como si en algún lugar de Europa alguien pudiera acceder al foro público considerándose representante en exclusiva del país, directa emanación de su Ser auténtico, sin provocar la hilaridad general que no han dejado de causar afirmaciones de este nivel en países muy cercanos.

En España se ha llegado tarde a todo, hasta al fascismo, y cuando la Europa del desarrollo llevaba años considerando un anacronismo el derecho de autodeterminación aquí se mataba por este y suscitaba entre los nacionalistas una irrefrenable fascinación. Es la conciencia atormentada del tránsito de España por el siglo XX la que ha jugado una mala pasada. Y a ella se debe la construcción, bajo la vigilancia del terror, de una democracia inmadura, huérfana de ciudadanía, en cuyo código genético se incluyeron las obsesiones identitarias, los ilusorios derechos y agravios del pasado y los sentimientos telúricos de la sangre y los muertos.

A mediados de septiembre, es decir, alrededor del mítico día 11, los dirigentes de CIU estaban convencidos de que, por primera vez en la historia de la democracia, iban a ser en Catalunya el partido más votado en unas elecciones generales. Más que euforia, lo que mostraban era seguridad. Y sus razones tenían.

Efectivamente, en los comicios autonómicos y municipales del pasado curso político, CIU obtuvo muy buenos resultados, resurgió de su difícil travesía del desierto, mostró que sin Jordi Pujol seguía siendo un gran partido. Artur Mas, un líder muy distinto a Pujol, se había afianzado entre los suyos y estaba empezando a ser respetado en la sociedad.

A su vez, el PSC estaba pasando por el momento más confuso de su historia y ERC seguía devorando a sus dirigentes, una rara afición, no se sabe si genética o freudiana. La Casa Gran del catalanismo, que parecía un esoterismo semejante a la Alianza de las Civilizaciones, en la práctica empezaba a hacerse realidad. Desde la concepción convergente de la vida y de la historia, las cosas volvían a su lugar natural: Catalunya no les podía fallar, al final Dios siempre protege a los suyos.

Además, a diferencia de cuatro años antes, Duran Lleida fue elegido esta vez como indiscutible cabeza de lista. Al parecer, sin disputas internas. El tándem entre Mas y Duran parecía funcionar. La pasada legislatura ha consagrado a Duran en Madrid: en todos los sondeos aparecía como el político mejor valorado de España, para que luego digan que los españoles nos tienen manía.

Pero algo malo empezó a sucederle a CIU en pleno agosto: Oriol Pujol, el hijo, declaró públicamente que aspiraba a ser el número 2 de la lista de CIU en las elecciones generales, algo que no entraba en los planes de Duran, quizás tampoco en los de Mas. Agosto es mes de vacaciones y los debates se cierran con rapidez. Pero no era normal que el actual portavoz en el Parlament de Catalunya aspirara a semejante puesto. Algo raro pasaba: ¿desconfiaba el núcleo duro de Convergència de lo que Duran podía hacer en Madrid? Pactar, pactar: ¿a costa de qué?, ¿en beneficio de quién? En fin, ¿pactar con el PP, ese enemigo declarado de Catalunya, como todos sabemos? ¿Hasta dónde podemos llegar, hasta participar en un gobierno del PP? Este Duran es peligroso, hay que marcarle de cerca.

La cosa no prosperó y Pujol hijo renunció a sus aspiraciones madrileñas. Pero sucedió otra cosa notable. También en torno al 11 de septiembre, Artur Mas pronunció una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue algo sonado. El actual presidente de la Generalitat tiene fama de puritano y sostiene, por lo visto, que hay que decir lo mismo en Barcelona que en Madrid, algo que nunca se le había pasado por la cabeza a Pujol, a Pujol padre. Mas andaba, además, irritado con Zapatero y Rajoy porque habían pactado una reforma de la Constitución sin contar con ellos, un mal augurio en estos complicados tiempos. Así pues, Mas largó en Madrid que el consenso constitucional se ha roto, que ya no pueden confiar en España, que el pacto fiscal va en el mismo sentido del concierto económico vasco y que, tal como están las cosas, si no se les da lo que piden, están dispuestos a marcharse, a abandonar España aunque, por supuesto, no la Unión Europea. A las pocas horas, según me han contado, casi ningún embajador de los más importantes países de la UE asistió, como era habitual, a la recepción que tradicionalmente ofrece el delegado de la Generalitat en la capital… Primer aviso, esta vez desde el exterior. ¿Hay que plegar velas? ¿En qué lío nos hemos metido?

El segundo aviso les vino desde el interior, contado por este periódico. En el sondeo de Noxa Consulting publicado en La Vanguardia del 9 de octubre, el PSC perdía en Catalunya, pero no tanto (se quedaba en 18-19 diputados), a cierta distancia le seguía el PP (13-14 diputados) que sobrepasaba por muy poco a CIU (11-12 diputados). O sea: en un mes habían pasado de ser los primeros a ser los terceros. Y de forma humillante: por detrás del PP, ese enemigo recalcitrante de Catalunya… con quien Duran quiere pactar y Trias ya lo ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona. El escalofrío que recorrió a CIU fue importante. ¿Qué hacer?

Desde entonces los nervios han dominado la campaña de CIU. Duran no se parece a Duran, va dando tumbos con un discurso en el que no cree y se le nota: ya no es el político más valorado. CIU se ha quedado con el discurso de la Liga Norte italiana: el de España nos roba, nuestro dinero se va y no vuelve, deseamos un pacto fiscal para reducir “nuestra solidaridad”, no pretendemos privilegios pero queremos ser como los vascos ¡que son unos privilegiados! En fin, que piden lo imposible, como los de Mayo del 68. El mismo Pujol padre acaba de publicar un grueso tomo de reflexiones recientes en el que se muestra decidido partidario de la independencia.

El votante moderado empieza a sentir vértigo. Un amigo me decía: “Voté a CIU el año pasado para acabar con el tripartito y cambiar de alcalde, no para que nos metan en nuevos líos”. CIU está perdiendo centralidad y eso explica lo que le está pasando.

No va a ser fácil defender un pacto fiscal basado en el concierto económico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Cataluña la titularidad y recaudación de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gestión porque no sitúa estas competencias en la jurisdicción adecuada. En general, las jurisdicciones centrales están en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categoría y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribución de impuestos no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales.

La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deberían ser también los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se vería obligada a asumir la titularidad y recaudación de impuestos que van más allá de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se vería liberado de esta responsabilidad.

En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias debería permitir que cada jurisdicción dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiación pautada es mucho más difícil. La estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.

Si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ,¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.

Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica funcione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno español, reclamando para sí todas las bases fiscales devengadas en Cataluña.

Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para financiar servicios públicos. Los recursos de los que finalmente dispondría la Generalitat dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución Española (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera a Cataluña más recursos que los generados por el sistema de régimen común.

La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se, sino del particular diseño de la transferencia que, en mi opinión, es incorrecto. En su Disposición Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios económicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las de régimen común no ha despertado demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podría ser contestada.

Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español debería ser territorialmente equitativa.

Si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan debería girar alrededor de los siguientes tres ejes:

El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descentralización desde un Estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El árbitro del proceso debería ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. La reforma del Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.

El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pero es complejo y oscuro. Adopta la retórica del Estatuto catalán, pero no la sustancia. El modelo de financiación debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero también por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.

El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.

De los tres, este es el eje más difícil de este pacto fiscal alternativo. Pero quizás ahora sea el momento adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?

Mucho se ha dicho y escrito con relación al anuncio de «cese definitivo de la lucha armada» por parte de ETA. Opiniones diversas, como se suele decir, al gusto del lector. Con algunas se puede coincidir, sobre todo, con las que hablan de prudencia, cautela y responsabilidad; otras, sin embargo, nos deben llevar a la reflexión serena, ya que no es la primera vez que ETA hace anuncios sobre treguas, altos el fuego o ceses, en función de lo que le ha interesado manifestar en cada momento y de la situación que le ha tocado vivir o escenificar. Lo que no podemos olvidar es que la banda terrorista ha venido estableciendo una estrategia determinada y perfilada con antelación.

Nadie puede poner en duda que el anuncio se produjo a escasas semanas de las elecciones generales y que ello se hace con una intención evidente; lo mismo ocurrió hace unos meses, cuando surgieron las candidaturas de Sortu o Bildu en los comicios forales y municipales. Burlar la democracia y estar en las instituciones, con todo lo que ello representa, siempre ha sido una cuestión importante en la estrategia del entorno radical.

Pero si algo ha sido destacable en la mayoría de reacciones es el recuerdo y la mención especial hacia las víctimas de ETA. Quienes han sufrido la sinrazón terrorista deben estar siempre presentes; deben sentirse arropadas y, sobre todo, deben saber que siempre se va a actuar con la necesaria memoria, justicia y dignidad que requieren y se merecen.

Sobre todo en política antiterrorista se ha reclamado de la clase dirigente unidad y altura de miras; pero luego, la cruda realidad pone a cada uno en defensa de lo que considera oportuno. Si al menos las principales formaciones políticas de este país se pusiesen de acuerdo para gestionar el llamado fin de ETA sería un gran logro. Y la prueba está en que cuando así se ha dado esa unidad, la lucha antiterrorista ha sido más efectiva y la democracia se ha dotado de los cambios normativos adecuados para combatir esta lacra, como fue, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Partidos.

En lo que respecta a Navarra, no debemos obviar esa obsesión enfermiza que sobre esta comunidad han tenido siempre los independentistas y la propia banda terrorista ETA; me refiero a la pretensión de construir esa quimera que denominan Euskal Herria, pasando por encima de todo, también de los navarros.

Algunos pronunciamientos han cuestionado acertadamente la escenografía del mencionado anuncio: tres individuos encapuchados tras una mesa, con el anagrama de ETA y las banderas de la comunidad autónoma vasca y la de Navarra, eso sí, sin corona, ya que no creen en el pasado como Reyno de Navarra. La imagen, por otra parte, tampoco difiere de la costumbre de esta banda de asesinos.

No ha transcurrido apenas tiempo desde esa puesta en escena cuando vuelven a sonar voces de sirenas anexionistas que propugnan órganos comunes con la comunidad autónoma vasca. Según recogía hace escasos días un medio de comunicación, basándose en documentos incautados a Otegi y depositados en la Audiencia Nacional, se trataría de establecer un parlamento común para Navarra y Euskadi. Es decir, vuelta a lo mismo. Pues no, debe quedar claro que con Navarra no van a contar; que la mayoría del pueblo navarro queremos que nuestro marco de referencia siga siendo la Constitución Española y el Amejoramiento del Fuero (estatuto de autonomía navarro); y que para esta aventura independentista Navarra no va a dar ningún paso -al menos así lo consideramos algunos-. Tampoco para la configuración de mesas de partidos al margen de las instituciones y de la representación del pueblo elegida democráticamente.

También les debe quedar muy claro que ETA no desaparecerá por sí misma, sino porque el Estado de Derecho les ha vencido, gracias al compromiso de los demócratas y al trabajo y el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales, etc. Por eso, no tendría sentido que si el Estado de Derecho ha derrotado a los terroristas, ahora miráramos a otro lado. No caben excepcionalidades de ningún tipo. No caben concesiones. No cabe otra línea de actuación que no sea la que marca y establece la ley vigente.

Teniendo todo esto presente, es lógico que en estos momentos tan especiales actuemos con cautela, prudencia y responsabilidad, pero teniendo las ideas claras, que no es poco.

En los Sanfermines de 2001, Alberto Catalán y yo elaboramos en Fitero una relación de cargos electos de UPN a los que considerábamos debía prestarse escolta de inmediato. Hablé con Mariano Rajoy, entonces ministro de Interior, y quedé en entregarla personalmente el 16 de julio al secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés. José Javier Múgica encabezaba la lista. Los terroristas se nos adelantaron 48 horas. Es fácil de imaginar mi estado de ánimo cuando recibí la noticia de su asesinato. Una y otra vez me he repetido que si hubiéramos sido más diligentes quizás hubiéramos salvado su vida. Escribo este artículo en memoria de José Javier y en homenaje a esa mujer entrañable y ejemplar que es Reyes.

Está en buena forma. Eso es lo que pensé cuando vi cómo se zambullía de cabeza en la piscina de los Baños de Fitero, donde ambos pasábamos unos días de descanso aprovechando las fiestas de San Fermín. Era el 13 de julio de 2001. Aquella imagen no se ha borrado de mi retina porque fue la última vez que le vi con vida. Por la noche regresó a Leiza. Alguien alertó al comando preparado para cumplir la orden de asesinarlo, cobarde y alevosamente, dictada por un miserable criminal sin escrúpulos. Amparados en la oscuridad de la noche colocaron una bomba lapa en los bajos de su furgoneta de trabajo. Sobre las 10 de la mañana de aquel fatídico 14 de julio, José Javier Múgica se despidió de Reyes, el amor de su vida, puso en marcha su vehículo y se produjo una tremenda explosión. Murió en el acto y su cuerpo quedó calcinado.

Han pasado 10 años y por fin sus asesinos rinden cuentas ante la Justicia. Les hemos visto la cara. Se muestran desafiantes, chulescos, insensibles. Se arriesgan a pudrirse en la cárcel durante varias décadas, pero no les importa renunciar a su defensa. Están convencidos de que pronto regresarán al solar vasco, donde esperan ser recibidos como héroes. Produce tristeza que haya gente dispuesta a rendir homenaje a vulgares matones sin escrúpulos. Y más tristeza aún que haya quienes en el País Vasco y Navarra -esta vez gracias a la insólita decisión del Tribunal Constitucional del mismo Estado al que quieren destruir- den su respaldo electoral a los que han formado parte del movimiento vasco de liberación nacional y sin cuya colaboración hace mucho tiempo que ETA habría dejado de existir.

José Javier Múgica era un hombre de bien. Trabajador incansable, se ganaba la vida con el sudor de la frente. Su gran delito fue haber sido euskaldún de cuna, navarro hasta las cachas y profundamente español. Se granjeó la simpatía de muchos de sus convecinos, que le eligieron concejal, y ejerció el liderazgo de un grupo de auténticos héroes que desde los años de la Transición resiste en Leiza el terror abertzale. Por todo eso lo mataron.

No participo del optimismo generado por el último comunicado de los encapuchados. Me gustaría creer que ETA ha acordado el cese definitivo de su actividad criminal porque ha sido derrotada por la democracia española. Pero hay cosas que chirrían demasiado. No hace mucho las huestes batasunas estaban desmoralizadas y ahora se encuentran exultantes. Los derrotados se han hecho con el control de Guipúzcoa, gobiernan en San Sebastián y su poder municipal se ha extendido por amplias zonas del País Vasco y también de Navarra. Se permiten exigir a los estados español y francés la apertura de conversaciones de paz para resolver las consecuencias del conflicto, que dicho en román paladino significa la salida de los presos de las cárceles y el regreso de los asesinos que todavía andan sueltos por el mundo. Y están dispuestos a perdonarnos la vida si se crea una mesa de partidos para resolver también definitivamente el conflicto que, según dicen, enfrenta a Euskal Herria con el Estado español y que sólo se resolverá si se reconoce la realidad nacional euskalherríaca, el derecho a decidir del pueblo vasco y la anexión de Navarra, violentando, claro está, la Constitución. Y encima, en el Palacio de Ayete, el ejército derrotado se ha permitido celebrar una conferencia internacional para avalar la existencia del conflicto e instar a las partes contendientes a buscar una paz duradera mediante el diálogo y la negociación.

Me parece sencillamente irresponsable que el presidente Zapatero y el candidato Rubalcaba se hayan apresurado a certificar la defunción de ETA cuando los enemigos de la libertad y de la democracia todavía siguen en pie y su capacidad operativa puede reactivarse en cualquier momento. No entiendo cómo el lehendakari López se ha apresurado a convocar a los partidos para sondear la posible formación de un foro de diálogo con el fin de negociar la solución definitiva del conflicto. Hay que decir alto y claro a los que estén dispuestos a quitarse la capucha que en un régimen democrático como el español son los parlamentos -siempre que actúen conforme a las facultades que les atribuye la Constitución y los estatutos de autonomía- los únicos que ostentan la representación del pueblo. Hay que recordarles que España es una democracia plena, que las actuales instituciones vascas son fruto de la voluntad abrumadoramente mayoritaria del pueblo vasco y que el único conflicto es el provocado por quienes se consideran con licencia para matar por razones políticas.

Con una entereza admirable, Reyes ha tenido el valor de mirar a la cara a los supuestos asesinos de Múgica. No hay en ellos el menor síntoma de arrepentimiento. Si son encontrados culpables la ley exige que cumplan íntegramente sus condenas. Tengamos muy presente que la excarcelación de los pistoleros de ETA supondría no sólo la humillación de las víctimas sino también la derrota de la libertad y el triunfo del terror. Abriría el camino a la reivindicación violenta de otros nacionalismos, con la seguridad de que siempre aparecerá en el horizonte algún mercenario de la mediación que, mediante precio, proclamará que si se quiere la paz resulta imprescindible llegar a un acuerdo con los criminales para resolver las causas políticas que la provocaron, lo que no es otra cosa que legitimar la lucha armada.

No me resulta fácil compartir la alegría y satisfacción generales, aunque más bien limitadas a la clase política, ante el comunicado de la ETA. Y no lo es porque se trata de un texto infame que exhibe una inmensa abyección moral. Aceptar el mal como normal e inevitable no es sino envilecimiento. La declaración, en sí misma, constituye una apología del terrorismo, ya que afirma que esta «oportunidad» es el resultado de «la lucha de largos años». ¿Habrá que alegrarse por ello? Además, el texto incluye el reconocimiento y el homenaje a los terroristas (no es extraño, ya que ellos son los autores), y no incluye ni una sola mención al dolor de las víctimas. Pura basura moral. ¿Habrá que alegrarse por ello? Habla también de un conflicto y de una confrontación armada, cuando lo que ha habido y hay es un terrorismo brutal en el que, salvo algún episodio lamentable, sólo unos ponían los muertos, más de ochocientos. ¿Habrá que alegrarse por ello? El abominable documento «hace un llamamiento a los Gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada». Queda claro que sólo después de ese diálogo se superará la confrontación armada. Luego, no está superada. Luego, el terror no ha sido aún derrotado. ¿Habrá que alegrarse por ello? ¿Incluso hasta derramar lágrimas emocionadas? El texto abyecto fue leído por una grotesca mesa ocupada por encapuchados que ni se arrepienten del terror ni descubren sus caras (esto último entraña de suyo una delictiva confesión de parte). ¿Habrá que alegrarse por ello? Hablan, al final de su miseria literaria, de «un escenario de paz y libertad». Pero, ¿puede el crimen conducir a la paz y a la libertad?, ¿es que hay una guerra? ¿Habrá que alegrarse por ello? Si hubiera un conflicto o una guerra, pensamos que el parte final solían emitirlo los vencedores y no los vencidos. ¿Habrá que alegrarse por ello? Ni se han entregado los arsenales ni las armas, ni hay un ápice de arrepentimiento. No hay rendición sin entrega de armas. Por lo tanto, si se emplean los términos bélicos, no hay rendición. ¿Habrá que alegrarse por ello?

No es lo mismo que Al Capone emita un comunicado en el que renuncia al crimen mafioso, que su detención y puesta a disposición judicial. No es lo mismo que Hitler afirme que renuncia a su política de expansión y exterminio o que sea derrotado por las armas. La derrota definitiva es inequívoca y la ETA no ha sido, al menos hasta ahora, definitivamente derrotada. Los encapuchados etarras están libres. ¿Habrá que alegrarse por ello?
Pese a todo esto, muchos se acogen a lo que consideran la gran noticia, el acontecimiento histórico. Y llaman paz al cese del crimen terrorista. Se encuentra, al parecer, en este párrafo: «ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada». Prescindamos del eufemismo. Ya hablaron antes de «cese indefinido» y resultó bastante definido. Desde luego, «definitivo» es más contundente. Pero me asombra el criterio selectivo con el que las mismas personas reciben los comunicados de la ETA. Los mismos que negaron credibilidad al mensaje de la banda según el cual había negociación después de la T-4, ahora creen con fe ciega en el nuevo mensaje pacificador. Un sencillo principio del análisis político (y la ETA hace política, aunque con medios criminales y para fines inmorales) conduce a pensar que el primer interesado por un comunicado es quien lo realiza. Y lo ha realizado la ETA. Otro sencillo principio sustentado en la conveniencia se refiere al momento: un mes antes de las elecciones. El comunicado constituye la propaganda electoral de la ETA. ¿Habrá que alegrarse por ello?
Afirmar que todo es fruto de una negociación entre la banda y el Gobierno podría parecer aventurado o excesivo y malpensado. Pero no lo es describir la sucesión de unos hechos en los que cada parte va haciendo algo a lo que encuentra respuesta en la otra. Las dos partes reconocieron que hubo una negociación hasta el atentado de Barajas. Luego, la hubo. ¿Es lícita una negociación entre un Gobierno legítimo y una banda de malhechores? ¿Puede ser legal una negociación de este tipo? ¿No entrañará, necesariamente, la existencia de concesiones ilegales? ¿Habrá que alegrarse por ello? La sucesión de movimientos es conocida. El Gobierno aprobó beneficios penitenciarios, especialmente acercamientos de presos. La banda anunció la tregua indefinida. El Gobierno, a través del Tribunal Constitucional, legalizó a Bildu, y la ETA volvió a las instituciones. Luego, se celebró la vergonzosa «Conferencia internacional» de San Sebastián. Y llegó el comunicado de la banda. Quedamos a la espera del siguiente movimiento. Si no hay una negociación, se le parece mucho.

Es verdad que la banda se encuentra acorralada por la acción policial y judicial, y como consecuencia del Pacto Antiterrorista. Esto es lo único de lo que cabe alegrarse. También lo es que buena parte de su entorno discrepa de la vía terrorista. Y también lo es que su reciente éxito electoral, facilitado por el Ejecutivo y el Constitucional, favorece la «vía política». Por eso, el comunicado beneficia, como no podía ser de otro modo, a quien lo hace, a la ETA. Es muy difícil disimular la alegría y la pena. Los terroristas están contentos y las víctimas desoladas. En caso contrario, no sería necesario insistir en la necesidad de atenderlas, ni ellas se verían en la necesidad de manifestarse en Madrid. Estarían, de suyo, satisfechas; pero parece que no lo están. ¿Habrá que alegrarse por ello? Se podrá discutir en qué medida (y han sido tantos y tan graves sus desmanes y errores que probablemente sea escasa), pero el comunicado también favorece electoralmente al Gobierno. No sé bien por qué, pero en los últimos tiempos siempre sucede en vísperas electorales algo extraordinario que beneficia al PSOE. Creerlo casual es abdicar de pensar.

Por otra parte, si el Estado de Derecho hubiera ganado, tampoco haría falta insistir tanto en ello. Sería patente, evidente, cristalino. La comparación con las italianas Brigadas Rojas o la alemana Baader Meinhoff no es posible. Tampoco con el IRA. Rubalcaba ha afirmado lo siguiente: «Todos sus cálculos estratégicos concluían en la derrota y en el fracaso si persistían en la violencia». Luego, en sentido contrario, pueden vencer si no persisten en la violencia. Pura estrategia, entonces. ¿Está hoy la ETA más lejos de cumplir sus objetivos? ¿No puede aspirar hoy a satisfacerlos sin necesidad del recurso al crimen? ¿Habrá que alegrarse por ello?

No debe subestimarse la insoportable habilidad del mal. Aunque al final sea derrotado, y la virtud y la verdad resplandezcan. Hay tiempos y lugares en los que parece confirmarse el amargo dictamen de Revel: la principal fuerza que mueve el mundo es la mentira. Los terroristas bien podrían hacer suyas las palabras que pronuncian las brujas en el Dido y Eneasde Henry Purcell: «El daño es nuestro deleite, y el mal nuestra habilidad». No deberíamos ser crédulos ni ingenuos ante la siniestra habilidad del mal.

Una de las cartas que militantes de ETA encarcelados han enviado en los últimos meses a víctimas de los atentados cometidos por ellos mismos (fechada el 27 de enero de 2011) está redactada de la siguiente manera:

“Mediante estas líneas me dirijo a usted para manifestarle cuáles son mis actuales circunstancias y posicionamientos. Así pues, le diré que actualmente me encuentro preso (…). Considero que quienes hemos tomado parte en este conflicto tenemos el deber moral y político de implicarnos en la resolución final del mismo. (…) Por mi parte reconozco el daño y sufrimiento que causaron en personas como usted las acciones llevadas a cabo durante nuestra militancia en ETA. No soy insensible al dolor y sufrimiento que las mismas generaron; de ahí mi compromiso sincero en tratar de ayudar a cerrar esas heridas y en que nadie más sufra lo que ustedes han sufrido”.

El problema que plantea un estilo literario como este es si transmite autenticidad o si da la impresión de que intenta decir, sin mucho énfasis, lo que conviene estratégicamente aparentar, aunque sea falso. El dictamen es irremediablemente subjetivo.

El estilo jesuítico es habitual en los nacionalistas que aún no han logrado el poder absoluto al que todo creyente aspira; los que lo han conseguido, por el contrario, suelen abandonar ya el disimulo para emplear un lenguaje potente, claro y directo, como lo era, por ejemplo, el de los nacionalistas alemanes, soviéticos o españoles en torno a 1940. Con razón dice Francisca Lozano (Encuentros entre víctimas y terroristas, EL PAÍS, 14 de octubre de 2011) que “la verdad se erige como una de las necesidades más importantes de la persona que ha sufrido un delito extremadamente grave”, una verdad que ella misma describe como “totalizadora, personal, emocional y profunda, expresada ante la víctima por un actor concreto: el terrorista causante de sufrimiento injusto e inútil”.

La importancia de este hecho no parece estar muy clara en la demanda generalizada de que los agresores pidan perdón. Se les exige a los sospechosos habituales que condenen claramente la violencia, pero no parece que se les exija la sinceridad profunda en esa condena verbalmente explícita; basta con una declaración expresa, al margen de lo que piense el que la haga.

No se les exige que cambien sus creencias: solo que afirmen en voz alta -aunque sea con la boca pequeña- que las han cambiado; que lo afirmen en público, aunque al mismo tiempo, en privado, sigan diciendo: “Y sin embargo se mueve”. Y aun así ellos se resisten a formular la condena, quizá porque como dijo hace unos años el líder jesuítico Arnaldo Otegi -con claridad y franqueza poco usuales en un nacionalista que aún no ha tomado el poder- “cuando nos exigen que condenemos la violencia de ETA, lo único que pretenden es humillarnos”. Cierto. Es muy humillante ser obligado a decir lo contrario de lo que se siente. Y es muy difícil pedir realmente perdón mientras se sigue pensando que eran justos los motivos por los que se hizo lo que se hizo.

Quizá lo más importante de lo que no suele decirse sobre la vivencia de las agresiones y la presión posterior para perdonarlas sea precisamente el oscuro papel que juega la humillación en ambos actos del drama. Además del daño material que pueda causar una agresión violenta, hay siempre en ella un profundo carácter humillante. Incluso cuando las heridas físicas son inexistentes, la vivencia de la humillación puede ser muy intensa -Carlos Boyero describía recientemente la que sintió al encontrar sus papeles y objetos personales manoseados por los ladrones que habían saqueado su casa (EL PAÍS, 14 de octubre de 2011)-. Por eso puede afirmarse que si toda agresión es humillante, todo agresor sinceramente arrepentido que pide perdón a su víctima está humillándose de verdad ante ella y restablece de ese modo un equilibrio simbólico de humillaciones y reparaciones que puede paliar en alguna medida el daño emocional causado. Pero también puede plantearse (aunque la hipótesis es más arriesgada) que al lograr que le pidan perdón consuma el agredido la más satisfactoria de las venganzas posibles.

En cualquier caso, este vertiginoso asunto es un pantano resbaladizo en el que las hipótesis inciertas se mezclan continuamente con los hechos constatados. Lo que está tenebrosamente claro es que la cháchara sobre el perdón nos salpica por todas partes mientras muy pocos se detienen a preguntarse con rigor qué significa pedir perdón.

En la bibliografía académica sobre el asunto suelen encontrarse dos posturas que, muy apretadamente resumidas, pueden esquematizarse así:

Según los partidarios del perdón (que cuentan con numerosas simpatías y apoyos) su efecto es terapéutico para el que lo demanda y el que lo otorga, devuelve el carácter humano a quien antes era una bestia execrable, restaura los lazos destruidos en la comunidad rota por la violencia fratricida. La nobleza esencial del perdón beneficiaría psíquicamente a ambas partes al restaurar entre ellas un lazo humano que sustituye al rencor existente entre dos seres que no se reconocían como personas sino que se consideraban mutuamente como extraños hostiles, como miembros de otra especie animal amenazante. Quien se negara a perdonar (según esta teoría) se condenaría a permanecer en un infierno de odio y resentimiento, se encerraría a sí mismo (con su agresor) en un laberinto de reminiscencias amargas que los ataría a ambos al pasado que los tortura y les llevaría, tarde o temprano, a repetirlo, siguiendo el ciclo de agresiones y venganzas. La rumiación obsesiva de la tragedia pasada supondría entregar a ella el presente y el futuro. Por el contrario, el perdón les liberaría a ambos del lastre que los hunde en el dolor, les permitiría cicatrizar las heridas, cerrar el pasado, limpiar el presente y liberar el futuro.

Frente a estas apologías del perdón se alza otra tesis, que despierta muchas menos simpatías. No ve el perdón como un acto terapéutico de reconciliación, armonía y generosidad, sino como algo éticamente condenable, injusto para la víctima, amargo para el que perdona e irresponsable por dejar impune la brutalidad. Si tan beneficioso y terapéutico fuese para las víctimas perdonar -argumentan algunos-, ¿qué tendría de altruista y virtuoso? Si la sociedad civilizada tiene que ser equitativa, ¿puede dejar la culpa impune y retribuir el mal con bien? Si a la madre de la adolescente violada y asesinada por el Rafita de turno la presionamos para que le perdone, ¿no estaremos realizando un acto psicológicamente erróneo y éticamente indigno, impidiéndole que exprese y elabore la rabia espontánea que siente de forma legítima, obligándola a acatar el desprecio del agresor hacia la víctima y reafirmando la barbarie que el crimen supuso? Desde esta perspectiva, el perdón se revela, en determinadas ocasiones al menos, como una humillación póstuma y una ofensa adicional a la memoria de las víctimas. (Nietzsche ya dio argumentos muy potentes para sospechar que el prestigio del perdón quizá sea una de las herencias envenenadas que nos legó el cristianismo).

La deliberación prudente y serena entre los argumentos a favor y en contra del perdón es una asignatura pendiente. Mientras no sea estudiada a fondo, es muy peligroso adoptar posturas tajantes sobre tan vidrioso asunto. Y para empezar a entenderlo es necesario un profundo análisis de las oscuras vivencias de humillación que se ocultan tras cada una de las etapas de la agresión, la justicia, el arrepentimiento y el perdón.

Hay pocas dudas de que una auténtica demanda de perdón puede ser un gran paso en la buena dirección. Pero un perdón jesuíticamente solicitado y reticentemente concedido (con presiones externas) puede cerrar en falso las heridas y contribuir a infectarlas. Por eso no es insensato responder con dudas a afirmaciones demasiado rotundas. Y por eso no es raro que muchas víctimas rechacen (abierta o íntimamente) seudodemandas de perdón y prefieran la frustrante justicia, la imposible venganza o el improbable olvido.

El esperado anuncio del alto el fuego definitivo por parte de ETA introduce al País Vasco, y en ello hay coincidencia entre sus habitantes, en una nueva fase de prioridad para la política. Queda por resolver la disolución de ETA y la entrega de las armas. Estas son las únicas cuestiones pendientes de auténtica entidad. El tema de los presos y los refugiados deberá ser abordado con realismo. Este realismo viene marcado, además de por la expresa prohibición constitucional de los indultos generales, por el hecho evidente de que cualquier medida de gracia con los integrantes de ETA tendrá que venir acompañada de una decisión favorable a la misma de la sociedad española en su conjunto y de las asociaciones de víctimas en particular.

Esta decisión es imposible sin que medie la petición de perdón y sin que el paso del tiempo nos convenza a todos de la irreversibilidad del abandono de la violencia. La lucha de ETA contra el Estado de derecho y la sociedad vasca y española no puede saldarse con un Abrazo de Vergara o con el proceso de amnistía que siguió a la dictadura franquista.

En estos dos casos se ponía fin a una situación de guerra civil, circunstancia que en ningún caso se ha producido en el País Vasco de estos últimos 30 años. El tema de los presos no debe entretenernos, pues, más allá de la posible aplicación de unas medidas de gracia adoptadas en las condiciones expuestas.

Lo que debe ser centro de atención de la sociedad vasca en estos momentos es su futuro y el de su integración en el conjunto de España. La hipótesis con que muchos hemos venido trabajando en estos años es que el fin del terrorismo habría de suponer la irrupción del pluralismo en la vida política vasca y con él, su definitivo acomodo en el modelo autonómico diseñado por la Constitución de 1978.

Es cierto que, a corto plazo, existe el riesgo de que la declaración del cese de la violencia por ETA pueda favorecer al voto abertzale. Pero esto solamente se conseguirá si no se produce una reacción de la sociedad vasca que se traduzca en una alta participación en las próximas elecciones. En todo caso, este sería un efecto coyuntural, que no invalidaría la impresión de que, a medio plazo, la reacción de las urnas habrá de ser favorable a la expresión del auténtico sentir de la sociedad vasca.

Como decía el candidato socialista en San Sebastián, después de quitarles las armas, hay que privarles de los votos. El PSE y el PP deberán realizar un trabajo extraordinario en las próximas elecciones que se celebren en el País Vasco para hacer realidad este deseo. Pienso que se equivoca un político tan respetable como Jaime Mayor Oreja al pronosticar, según informó este diario, un futuro como Kosovo para el País Vasco.

El futuro que espera realmente al País Vasco es la vuelta a un modelo tripartito de su subsistema político, representado por una opción socialista-progresista, otra opción de centro-derecha y una tercera representada por el nacionalismo vasco. Y dentro de esta última opción hay que confiar en que el PNV descubra a tiempo la intención de la izquierda abertzale de desplazarle del lugar central que hasta ahora ha ocupado en la expresión de ese nacionalismo.

El PSE y el PP deben jugar abiertamente a una opción favorable a la secular integración del País Vasco en la vida española. Una opción compatible con la defensa de una doble lealtad, a España y al País Vasco, que está presente en la tradición foral del País, una tradición distorsionada y, en última instancia, traicionada por el nacionalismo sabiniano. Un principio de lealtades compartidas que forma, además, parte del obligado tratamiento liberal-democrático de las tensiones nacionales.

Igualmente, el PSE y el PP deben promover una reconciliación a fondo de la sociedad vasca. Nacionalistas y no nacionalistas tenemos que sentarnos a hablar del futuro con calma y paciencia. Los constitucionalistas vascos, porque somos conscientes de nuestra doble lealtad a España y al País Vasco, somos capaces de entender a aquellos vascos que excluyen de esa lealtad a España. Tenemos el deber de hablar con ellos hasta entendernos y hasta llegar a acuerdos.

En paralelo, pues, a la movilización política capaz de arrancar hasta el último voto favorable a un proyecto de País Vasco en paz y armoniosamente integrado en España, corresponde a los sectores de opinión calificados de constitucionalistas abrir un franco diálogo intelectual y político con el nacionalismo peneuvista y radical respecto a nuestros objetivos para el futuro de la sociedad vasca.

En este diálogo sin limitaciones es posible que encontremos las bases, al tiempo que la primera manifestación, de la reconciliación que el País Vasco necesita.

EL comunicado en que ETA certifica el cese definitivo de su actividad armada ha despertado esperanzas y suspicacias, en proporciones que no me atrevo aún a estimar. Esto vale para la sociedad española en su conjunto y también para muchos españoles sueltos que no saben qué sentir: si alivio por la noticia de que los terroristas no asesinarán de nuevo o enfado por el tono con que han anunciado su decisión. ETA, en efecto, se duele solo de las muertes sufridas por sus militantes, no pide perdón a las víctimas e intima clarísimamente que exigirá una negociación política. Existe un equívoco en la postura adoptada por la banda, una especie de punto ciego. Como suele decirse, la botella está medio llena, pero también medio vacía. Recogeré primero las razones de quienes, luego de mirar la botella al trasluz, prefieren apuntarse a la tesis de que está medio llena.
D El argumento de los optimistas se sostiene, esencialmente, sobre dos patas. Una es la constatación innegable de que, en no habiendo novedad, o, como dicen los juristas, rebus sic stantibus, a ETA le va a resultar muy difícil volver a matar. Veremos, dentro de un rato, que esta verdad es más complicada de lo que se piensa, o que es una verdad relativa. Pero todos estamos de acuerdo en que solo un corpúsculo disidente podría cometer en el futuro próximo un atentado. ETA se ha comprometido a algo que la ata mucho más que sus declaraciones anteriores, y esto, sin duda, hay que celebrarlo. Simultáneamente, el argumento risueño minimiza la importancia de extremos que muchos perseveramos en considerar importantes. El primero es que ETA no se ha rendido. El otro es que el Gobierno ha mentido a la opinión. Lo ha hecho al negar que anduviera en trato con los terroristas, y lo ha hecho al participar, de forma activa e innegable —y quizá aportando soporte logístico y dinero— en el montaje de la Conferencia Internacional de San Sebastián. Todo esto es sórdido, irritante y profundamente incompleto. Pero a lo mejor es cierto que se había abierto una ventana de oportunidad, difícilmente repetible. A lo mejor es cierto que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y que el saldo resultará a la postre positivo. Falta todavía por ponderar un punto que a mi modo de ver no se ha discutido hasta la fecha de modo adecuado. El Gobierno que habrá de dialogar con ETA no será de obediencia socialista, sino, salvo sorpresa mayúscula, de extracción popular. El punto es substancial porque un gobierno socialista se encontraría en la precisión absoluta de negociar las «consecuencia políticas» del «conflicto». La cláusula ocupa un lugar destacado en la Conferencia de San Sebastián, y no podría haberse incluido sin permiso de La Moncloa y sus terminales vascas. Por supuesto, no cabe desarrollar lo que la cláusula lleva implícito sin romper la Constitución. Pero esta
dificultad, por emplear un eufemismo, se supera deslocalizando al interlocutor, o, lo que es lo mismo, pasando la patata caliente al PP. Se entiende, más o menos, la actitud del Gobierno: este se queda con lo bonito del gesto, aunque no con la pesadumbre de administrar las consecuencias que de él se derivan. Se adivina, no sin preocupación, por qué Rajoy no ha impedido, o al menos estorbado, la operación. Para el líder popular lo principal era no meterse en líos antes de las elecciones. Como no ha hablado con los terroristas, siempre estará a tiempo, si vienen mal dadas, de replegarse a posiciones ortodoxas y afirmar que la Constitución es intangible. La pregunta del millón se refiere a ETA. ¿Por qué ETA ha puesto una condición que es dudoso que quiera aceptar el partido con el que tendrá que atar cabos a la hora de la verdad? La pregunta sugiere una respuesta que, siendo conjetural, es, también, altamente verosímil. Es precisamente esta conjetura la que induce a temer que la botella no esté medio llena, sino medio vacía.

Me explico: ETA no estaría concibiendo su renuncia a la violencia como el final de un proceso, sino como la continuación de su lucha de siempre por medios desplegados a una escala mayor y en un contexto distinto. Imaginemos, como es muy probable que suceda, que la expresión política de ETA obtiene un éxito resonante en las elecciones del 20-N. Imaginemos, dando otra vuelta de tuerca, pero no postulando un imposible, que ETA supera en votos al aturdido, vacilante, PNV. ¿Creen que Patxi López podría aguantar durante meses la presión ambiente? ¿Se representan al débil gobierno socialista durando hasta que se agote el ciclo legislativo vasco? Me parece que no. Al cabo de poco, tendríamos a un lendakari de obediencia etarra. O lo tendríamos, a todo tardar, en la primavera del 2013. Un lendakari de obediencia etarra… con el poder coactivo del Estado en sus manos. Basta situarse en ese escenario para advertir que nuestras composiciones de lugar sobre el cese definitivo de la violencia son anacrónicas. No leeríamos, por supuesto, noticias luctuosas sobre muertes provocadas por bombas lapa. No las leeríamos, porque las bombas lapa las colocan los que están fuera del poder. Pero asistiríamos a gestos permanentes de insubordinación institucional frente a Madrid: desde la negativa a pagar el cupo, a actos de rebelión que solo podrían atajarse mandando el Ejército al País Vasco. Y el Ejército se mandaría o no se mandaría, según las circunstancias y las ganas de fajarse que luciera el Gobierno de la nación. En mi opinión, ETA no descarta este escenario. Es más, solo porque no lo descarta se entiende que haya dado el paso que ha dado. Aprovecho esta fantasía fúnebre para argumentar por qué no es en absoluto trivial que ETA no haya pedido perdón ni haya echado formalmente el cierre. Si hubiera hecho cualquiera de estas cosas, no podría intentar luego lo que no es excluible que acabe intentando: impugnar por la vía de hecho la Constitución. La cuestión no está, por tanto, en que ETA vaya a usar las armas no entregadas para matar. No lo necesitaría. La cuestión está en que una ETA que no se ha rendido al orden constitucional se encuentra moralmente autorizada, desde su punto de vista, a desafiarlo una vez más. Por eso ETA no se ha disuelto, y por eso no es adjetivo, sino soberanamente inquietante, que no lo haya hecho.

Los físicos, gremio al que pertenecí en tiempos, hablan de algo que responde al nombre de «superposición cuántica». Un sistema está en superposición cuántica cuando los distintos e incompatibles estados que lo configuran coexisten objetivamente. Es el experimentador el que, al intervenir en el sistema con sus aparatos de medición, coloca al último en un estado concreto. Así sucede con las cosas vascas y españolas en general. La acción de los agentes políticos definirá una situación que en este momento es todavía difusa. Si ETA pincha el 20-N, ingresaremos en otro mundo. Si Rajoy se mantiene firme, quizá la banda se dé a partido y el asunto no pase a mayores. O quién sabe, es posible que rueden mal los dados y nos encontremos al borde de una conmoción que, por motivos obvios, no sería solo vasca. Teniendo en cuenta que ETA estaba desmantelada, y que de pronto lo puede ganar todo, les confieso que habría preferido un desenlace menos aventurero. Zapatero, ilusionista de vocación, no puede ver una caja sin apretar el resorte. Esta, a lo mejor, es la de Pandora.

La forma en que ETA ha anunciado su cese es muy ambigua, porque lo ha hecho dentro del marco de unas concretas exigencias al Gobierno español (las teatralizadas por la declaración de las personalidades internacionales) y reservándose por el momento tanto su disolución como la entrega de las armas. Todo ello pone en primer plano la cuestión de los terroristas presos y de los procesados todavía no juzgados.

No se discute de flexibilizar la política de alejamiento, ni de adoptar criterios más favorables en la aplicación de los grados y beneficios penitenciarios a los presos actuales que asuman la renuncia. O por lo menos no se trata fundamentalmente de esto. Se trata de algo más significativo, de vaciar las cárceles a medio plazo mediante medidas de gracia que, sin llegar a la amnistía, produzcan su mismo efecto exonerativo de penas y cargos pendientes. Así que hablemos de esta posibilidad sin tapujos, y sin que los árboles de las víctimas nos tapen el bosque de los criterios a ponderar en juego. Porque cometen un error quienes ponen a las víctimas y su sufrimiento como argumento esencial contra la impunidad. Es el Estado de derecho y sus razones el que manda sobre la cuestión, sin que las víctimas solas puedan decidir por él.

Se escuchan ya dos argumentos apremiantes a favor de la impunidad. El primero, de carácter general, invoca motivos prudenciales: “Para consolidar el escenario de ausencia de violencia que se ha abierto hay que encontrar una salida para los cientos de presos o huidos. De lo contrario, existe un peligro objetivo de que algunos vuelvan a las andadas” (editorial de EL PAÍS del 23 de octubre de 2011). Se trataría de hacer una excepción al principio de justicia por mor del criterio de prudencia, algo que desde luego debe admitirse como posición razonable en el debate de una política real no idealizada.

El problema de este alegato es, a mi juicio, que entraña una contradicción demasiado fuerte con la lógica seguida con éxito hasta el momento por las instituciones españolas. Puesto que, en efecto, predica conceder ahora y precisamente por no volver al terrorismo aquello que no se concedió antes como pago por dejar el terrorismo. Con lo que suscita una duda inmediata: ¿por qué razón sería ahora prudente conceder lo que antes no era prudente otorgar? Cuando el terrorismo estaba activo, se consideró radicalmente imprudente prometerle impunidad si terminaba, porque se creía acertadamente que tal concesión no hacía sino dar alas a sus exigencias y, así, prolongar el final. Ahora se asume que ya ha terminado, y por eso se volvería prudente lo que antes no se veía como tal. Pero si se asume de verdad el final, no hay riesgo de que vuelvan a las andadas. ¿No? ¿O es que no se asume como verdaderamente definitiva la decisión proclamada por ETA? Pero entonces, vuelve a ser imprudente darles la impunidad, porque pedirán más o, peor aún, volverán a las andadas. Vamos, que en buena lógica la impunidad funciona tanto como acicate para no volver que como incentivo para volver o persistir si uno no está contento con lo logrado. Por lo que insinuarla ahora no es una conducta mínimamente prudente.

El segundo argumento es el que ya escuchamos los vascos no nacionalistas: hay que normalizar la sociedad vasca y la convivencia dentro de ella, y para ello hay que sacar a los presos. La sociedad no será una sociedad normal mientras existan presos.

En mi opinión, este argumento de cuño nacionalista no es sino una manifestación de la hegemonía cultural y simbólica que se arroga ese nacionalismo a la hora de definir a la sociedad vasca. Porque es bastante evidente que la sociedad vasca como tal queda normalizada en su libertad no bien desaparezca el terrorismo, sin que sea necesaria ninguna ulterior actuación o transformación de su vida. A partir de ese momento, somos una sociedad tan normal como cualquier otra. Otra cosa muy distinta es el subgrupo social que forma la comunión nacionalista: ahí, en ese mundo nacionalista, sí que existen fuertes dificultades para aceptar como normal una convivencia en la que parte de sus componentes purguen sus crímenes en la cárcel. Es realmente duro, desde el momento que exige tomar conciencia de lo que ha pasado los últimos 40 años y hacerse responsable de ello. Pero es su problema, no el nuestro.

Si la parte no nacionalista de la sociedad vasca (y en primer término su Gobierno actual) acepta como problema suyo propio lo que no es sino el problema de los nacionalistas, y se apresta a solucionarlo vaciando las cárceles o exigiéndolo a las instituciones españolas, estará cavando su propia tumba como permanente actor secundario de la política vasca. Un papel, este de actor secundario, que asumió por falta de ideología propia durante la Transición y que perdura todavía hoy en muchos de sus componentes, que consideran que su propia función es hacerse más llevaderos y simpáticos a los nacionalistas, resolviéndoles sus problemas de inserción en el Estado. Resolverles ahora el arduo trabajo que implica digerir una convivencia con presos en la cárcel es tanto como aceptar para siempre la subordinación política de los no nacionalistas. Aunque nos sonrían al hacerlo.

La derecha española que tenía experiencia política se tiró varios años preguntándose cómo era posible que Adolfo Suárez ganara dos elecciones; en el 77 y el 79. Hombres como Areilza o Fraga, o el mismísimo Ferrer Salat y muchísimos más que ahora o están muertos o mienten como bellacos, no daban crédito a aquel fenómeno que hoy se niegan a reconocer. ¿Cuántos años se tirará la izquierda española preguntándose cómo fue posible que un tipo como Zapatero no sólo llegara a ser secretario general del PSOE, sino que ganará también otras dos elecciones? Nada que ver con las vidas paralelas a lo Plutarco, pero sí la singularidad de sus efectos.

Tengo a Zapatero por uno de los cretinos políticos más notables que ha producido este país, abundante en cosechas. Ayuno de todo lo que no sea presunción y frivolidad deja una herencia a su propio partido que cuesta trabajo hasta imaginar. Baste decir que en su torpe esfuerzo por evitarle la derrota y la marginalidad no ha tenido más remedio que echar mano de lo que había caducado hacía una década, como mínimo. Inventó el partido de los Pepiños, las Pajines y las Bibibianas Aídos, fue entronizado en un salón de la casa de Trinidad Jiménez, acompañada por los más finos talentos de la inanidad socialista, razón única y de peso por la que debe seguir siendo ministra. Salió secretario general siguiendo una tradición españolísima según la cual se vota “contra”, no “a favor”. En este caso para cerrarle el camino al transformista Pepe Bono. El partido que había quedado maltrecho tras los González y los Guerra, los Almunia y los Borrell, padecía incontinencia urinaria, no olía bien, y tenía síntomas de artritis. Las articulaciones, ay, las articulaciones.

Zapatero quedará como el hombre que aprobó los matrimonios del mismo sexo, medida que no le consagra como estadista, y que ni me produce frío ni calor, y que ni es de izquierdas ni de derechas, sino una convención social. A menos que alguien fuera capaz de explicarme que la homosexualidad es más de la izquierda que la derecha; inquietante conclusión reaccionaria. Afectado por tan magro caudal de éxitos políticos, anunció su retirada a León, pero confesó a sus íntimos que no se iría sin dos logros que estaban al alcance de su mano. El primero, que España no fuera intervenida, y para ello aceptaría todo lo que le pidieran, ya fuera de los conservadores europeos o de Estados Unidos, China o el Vaticano.

El otro logro era precipitar una declaración de ETA reconociendo el abandono de la lucha armada. Mejor si además había desarme y disolución, pero si se abandonaba la vía terrorista, y lo decían en un papelito, era suficiente, aunque aparecieran una vez más unos niñatos disfrazados con chapela, porque los servicios de información ya le habían advertido que se trataba de ¡dos pamplonicas!, David Pla (el locutor) e Izaskun Lesaka, y la irunesa Iratxe Sorzabal.

Para hablar de la actual situación en Euskadi hay dos posibilidades, o hacer el retórico y apelar a la paz, la piedad y el perdón, palabras emocionantes que pronunció don Manuel Azaña cuando ya todo estaba perdido. O intentar un análisis político, lo que tratándose de Euskadi obliga a cogérsela con papel de fumar si uno no quiere que le intimiden los amigos de Mayor Oreja, que durante la tregua de su época de ministro fue el que más presos etarras acercó al País Vasco –cada partido tuvo su tregua, pero sólo mencionan la de los demás–, o los de Rufi Etxeberría, a quien recuerdo de corsario negro de la “socialización del sufrimiento”.

No hay nadie con tan mala entraña, o tan zafio, como para no considerar un hecho positivo la declaración de ETA anunciando el fin de lo que ellos llaman lucha armada. El lenguaje oculta una realidad, y hay que precisarlo, el tipo de “lucha armada” practicado por ETA en los últimos años exige “armas” muy poco exhibibles militarmente: explosivos de distancia y pistolas para proteger esos explosivos. Nada más. Lo de los misiles, fusiles de asalto y demás parafernalia legendaria, es de atrezo, para la leyenda y la propaganda. En estas condiciones “el ejército de la lucha armada” está cifrado en 50 activistas; incluso con la mitad podría seguir practicando ese tipo de terrorismo. Ahora bien, el asunto es que las policías española y francesa, y los servicios de información, han destrozado literalmente el aparato, y seguir se hace muy difícil, y sobre todo se pone en quiebra la estructura civil, económica, que daba soporte a un grupo de activistas. El abecé de la obviedad.

Decir que la sociedad vasca está harta del terrorismo y de sus consecuencias es evidente. Que esté harte de ETA es menos evidente, porque pertenece a un pasado que se mitificó y cuyas consecuencias crearon una sociedad enferma. Que en una localidad vasca, ETA mate a la puerta de una taberna a un empresario vasco que iba a jugar al mus, como todos los días, y que al tiempo que la policía recoge el cadáver siga la partida, en el mismo bar; eso sí, con mucha pena, porque era muy majo y muy vasco. Eso es un síntoma de una sociedad enferma y acojonada.

Las condiciones en las que se legalizó Bildu, como agrupación de la izquierda abertzale, sumado a las ansias evidentes de una buena parte de la sociedad vasca para terminar con el terrorismo, explicitando que se pueden conseguir los mismos objetivos sin el terror, es más, que el terror como han demostrado los años transcurridos, y la policía –no se olviden de las policías del Estado–, todo eso obligaba a nuevas estrategias. El efecto fue un aluvión de votos abertzales que han transformado una ciudad como San Sebastián, algo impensable, porque parecía tan estable como Santander. El maremoto en los ayuntamientos y diputaciones vascos aún está por evaluar y sus consecuencias no han hecho más que empezar, aunque los medios de comunicación y la izquierda abertzale no nos atrevamos, ni unos ni otros, a ponerlo todo negro sobre blanco, hasta después del 20-N.

Porque las próximas elecciones generales tienen un detalle añadido. Se trata de que ETA ha renunciado a la lucha armada, pero tiene el “frente de makos” ocupado con 703 presos. Sólo a un descerebrado, ignorante de la historia y ansioso por retirarse de ella en espera de otra oportunidad, se le ocurre forzar los tiempos para que él pueda volver a León, mientras su partido y la sociedad vasca han de asumir “su legado”. Administrar los tiempos, que es el ejercicio más difícil de un profesional de la política, Zapatero ni lo conoce ni se lo explicaron nunca. Baste decir que empezó su irresistible carrera de estadista humillando a la bandera norteamericana, algo tan infantil como “la ceja”, y termina con una retahíla de concesiones a Estados Unidos como no se recordaban desde Franco.

No hay que ser un genio, basta con un manual. En la historia de España, allí donde están presenten los presos políticos, arrollan. No sólo en la izquierda de 1931 o de febrero de 1936, incluso la derecha los utilizó con éxito en 1933, después de la asonada de Sanjurjo. Los presos de ETA estarán presentes de manera sobrenatural en la campaña del 20-N, como es lógico. Y para enmarañar más la jugada el presidente se lo pone imposible al pobre lehendakari López. Todos los que estaban en el secreto sabían de la declaración de ETA renunciando a la lucha armada. Xabier Arzalluz se atrevió a decir hasta el día en que se iba a producir, los servicios de información lo mismo, el intermediario socialista Eguiguren también. Pues bien, el humilde López se enteró en Nueva York, que ya es mérito.

La paz no se ha conseguido; de momento un armisticio hasta el 21 de noviembre. La piedad con las víctimas, que Zapatero ha tenido la desvergüenza de ensalzar y que algunos comentaristas ensalzan por su altura de miras, quedará como testimonio de su desfachatez, porque no la administrará él sino el que venga detrás. Y el perdón tiene en política el mismo valor que la confesión en el catolicismo: el derecho a volver a pecar.

La voluntad de las víctimas del terrorismo ha estado orientada a obtener la detención, enjuiciamiento y condena a las penas impuestas a los terroristas hallados culpables. Sin embargo, nuestra ubicación involuntaria en el debate político nos ha obligado a desarrollar una capacidad de observación y prospectiva del terrorismo haciendo buena la frase de Churchill: «Si no te ocupas de la política, ésta se ocupará de ti». Aquel desarrollo en mí lo he complementado con una formación en estrategias jurídicas a largo plazo, y en el análisis lógico-jurídico de documentos en su contexto histórico y sociológico. Ello me lleva a hacer esta contribución pública, como ciudadano afectado, de mi análisis jurídico sobre el último hito de la hoja de ruta del actual Gobierno para intentar el fin del terror de ETA.

Me refiero a la última declaración de ETA sobre el cese de la violencia que, producida en pleno periodo preelectoral y con un Gobierno cayendo en las encuestas, ha recibido de éste el aplauso unánime al que se han adherido amplios sectores sociales deseosos de buenas noticias. Mi enfoque contempla un periodo en la lucha antiterrorista coincidente casi con la totalidad del Gobierno de Zapatero y, como referencia fáctica, los hitos conocidos que han jalonado hasta ahora su política.

Pongo el acento en la ideología del presidente, que no se ha recatado en confesar, lo que es lícito, su radicalismo de izquierdas y republicanismo, inspirado en los valores de la II República. Aquella ideología ha influenciado su acción política, a través de la denominada Memoria Histórica, que ha tenido como resultado debilitar las bases de la Transición democrática. Irresponsabilidad, ignorancia histórica, mala fe…, no sé qué ha predominado en su motivación; quizá sea un poco de todo. Lo relevante aquí es que su republicanismo irredento ha inspirado su acción de gobierno y, seguramente, condicionará la acción de su sucesor.

Como objetor de conciencia de la Transición y desapegado de su reflejo constitucional, Zapatero ha encontrado en su andadura otro objetor de conciencia de aquélla también, el nacionalismo y, en particular, el vasco, con ETA como expresión terrorista. Sus fines, que no sus métodos obviamente, son complementarios e interactúan. El PSOE nunca ha negado su preferencia por la República como forma política y nuestro presidente ha sido especialmente devoto al respecto. Ello es compartido por toda la izquierda española -añadiéndole el matiz federal- y por el nacionalismo, por una razón obvia: la consecuencia implícita del reconocimiento del derecho a la separación de los pueblos que integran España.

La declaración de ETA, si bien no fija condiciones en sentido jurídico formal, sí pone exigencias. Solicita, primero, «…el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular…». En segundo lugar, exige un diálogo de igual a igual con los Estados español y francés, para «la resolución de las consecuencias del conflicto», eufemismo éste que encubre la excarcelación de sus presos, pues los muertos no pueden ser resucitados.

¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno que surja de las elecciones? De una forma resumida: aceptar o negar las exigencias. Si las rechaza, es plausible una marcha atrás en el abandono de la violencia y la vuelta al sufrimiento de la sociedad. La desproporcionada, por anticipada, alegría de ésta es un reflejo más de su trauma causado por el terror y de su deseo del fin del terrorismo, sin preocuparse de las consecuencias negativas que los Casandras habituales anuncian si se paga el precio exigido por los terroristas. Ese sentimiento, unido al derivado de la crisis económica, pondrá a prueba las cualidades del nuevo Gobierno, ya que el temple de la sociedad no está para mucho más esfuerzo.

Si las acepta, la exigencia más fácil de satisfacer es la de los presos. La potestad de indulto en manos del Gobierno, unida a una aplicación «constructiva» de la progresión de grado de la legislación penitenciaria -si bien la controla el juez en última instancia, los elementos de juicio necesarios para resolver se los dan funcionarios dependientes jerárquicamente del Gobierno (Instituciones Penitenciarias y Fiscalía)- son vías plausibles para satisfacer aquella exigencia. Lo único que hay que eludir formalmente es la prohibición constitucional de amnistías generales violentando su espíritu un poco más que hasta ahora.

Sin embargo, la exigencia del reconocimiento de la singularidad vasca y el respeto a la voluntad popular de su pueblo tropiezan con un escollo legal excepcional. Sólo la incorporación de Navarra a Euskal Herria se solventaría con los procedimientos constitucionales vigentes. El tema del País Vasco francés es completamente ajeno al ámbito de decisión español. Respetar la voluntad del pueblo vasco, si fuera mayoritariamente partidaria de la independencia del resto de España, exigiría un cambio sustancial de la Constitución al ser incompatible con sus principios básicos: el monopolio de la soberanía por el pueblo español (Artículo 1.2) y la indisoluble unidad de la nación española (Artículo 2).

Consecuencia obligada de aquella modificación sería el cambio de la forma política del Estado: la Monarquía Parlamentaria (Artículo 1.3), al quedar vacía de contenido una de las funciones básicas de la Jefatura del Estado, ser «el símbolo de su unidad y permanencia» (Artículo 56.1). La República Federal, con el derecho de separación de sus pueblos, sería el resultado constitucional de los cambios necesarios para satisfacer la exigencia terrorista.

La última palabra la tendría el pueblo español en referéndum (Artículo 168.3). Debería decidir sin la coacción que supone el temor a una represalia terrorista si sus exigencias no son atendidas. Con la declaración actual de ETA, su instrumento coactivo -las armas y quienes las empuñan- queda preservado, siendo, además, su reforzamiento futuro verosímil.

Complicado dilema el planteado al próximo Gobierno, sobre todo si es de creencias sobre el modelo de Estado distintas de las del actual. Una negativa de un futuro Ejecutivo del PP a las exigencias terroristas le acarrearía de la oposición parlamentaria, no sólo del arco nacionalista vasco, sino del propio PSOE, la acusación de ser enemigo de la paz. Aunque el PP adquiriera una holgada mayoría parlamentaria, no hay que minusvalorar la capacidad mediática del PSOE y su incidencia negativa electoral futura para el Partido Popular mayor aun si, además, la sociedad española fuese golpeada de nuevo por el terrorismo. Si, por el contrario, un futuro Gobierno diera los pasos para acceder a las exigencias, el PSOE compartiría el éxito de la consecución de la paz. En ese escenario, la última palabra del pueblo español podría ser más proclive a los necesarios cambios constitucionales bajo coacción.

Que cada uno extraiga sus consecuencias sobre qué piensa que hará ETA respecto al desmantelamiento de su aparato de terror si sus exigencias son reales, que mucho me temo que sí lo sean. Ojalá me equivoque y sólo sea su peculiar canto del cisne.

Nada más elogiable que no escatimar ningún esfuerzo para lograr el fin completo de ETA y de su terror; y por ello deben apoyarse sin duda todos los esfuerzos nobles en tal sentido, y no partir a priori de una desconfianza radical e intransigente que impida avanzar para conseguir este fin. Pero para clarificar un tanto qué pasos pueden darse realmente, y si esos pasos son o no correctos, con independencia de los criterios políticos y morales y de cualquier opinión que sea respetable, debe realizarse un examen objetivo de qué camino es el que debe seguirse a la vista de un canon fundamental e imprescindible: las exigencias de nuestra Constitución. Ello a estas alturas resulta necesario, dados los últimos acontecimientos, y en especial, el último comunicado de ETA.

I. El adiós definitivo, material e incondicional a las armas.

Despejada cualquier duda sobre algo obvio, que es la imposibilidad (rayana en lo simplemente disparatado), de contemplar la posibilidad de hacer “concesiones políticas”, que resultarían intrínsecamente perversas e inconstitucionales, la primera exigencia constitucional que sí debe tenerse en cuenta es que lo único que puede hacer ETA es ciertamente abandonar definitivamente la acción criminal y violenta; pero ello debe hacerlo no de una forma retórica, sino material e incondicional. Si no, toda petición complementaria de sus declaraciones, y más como las que ha realizado en su último comunicado, arroja siempre una formidable duda sobre algo fundamental: la incondicionalidad del abandono de la violencia; el adiós a sus armas debe ser por tanto incondicional y absoluto, y materializarse en la entrega de sus arsenales a los legítimos poderes del Estado, sin más condiciones o peticiones, de forma inequívoca y guardando silencio, que es lo mínimo que se les puede pedir por respeto a los inocentes asesinados, extorsionados y secuestrados.

II. Los días del pasado: el olvido y la memoria.

ETA debe realizar tales actos sin poner por delante la extravagante autoalabanza narcisista que se contiene en su último comunicado. Hace muchos años que en esta opaca organización criminal los medios se convirtieron en fines en sí mismos; siempre sus actos fueron criminales, pero el velo de sus presuntas finalidades políticas ya cayó para siempre desde que asesinó al filántropo y benefactor Ibarra al final de los años setenta. Desde entonces, es una organización que solo persigue eliminar a los que considera sus enemigos, sin ningún fin político real, es decir, su fin era solo el cometer crímenes y extorsiones. La única finalidad que realmente podría ya tener todo ello es la que confiesa en el genial 1984 de Orwell el lacayo del invisible Gran Hermano, O’Brien: “No estamos interesados en el bien de los demás; solo estamos interesados en el poder”… “el poder no es un medio, es un fin”… “el objeto de la tortura es la tortura”… “el objeto del poder es el poder”; nada para la gente ni para el bien social, que no les importan lo más mínimo, sino solo conseguir y mantener el poder, el poder a toda costa; al igual que el comandante terrorista irlandés Gallagher en la gran novela El delator, de Liam O’Flaherty, que reconoce a la hermana de su compañero, ejecutado tras ser delatado, que no siente ninguna compasión por la clase obrera; afirma que “no puede tener piedad, ni compasión, ni creencias” y que no sabe qué le satisface, aunque “quizás solo conquistar el poder”.

Pero sobre todo la autoalabanza del último comunicado tiene además un gravísimo inconveniente: es manifiestamente en sí misma excluyente e incompatible con todo arrepentimiento, por lo que a mi juicio impide constitucionalmente la reinserción sincera de los presos que sigan considerándose miembros de ETA; ETA en este aspecto, en cuanto a los días del pasado, lo único que debe practicar es el olvido, y dejar a sus miembros en libertad de arrepentirse y pedir en forma creíble la reinserción y la rehabilitación social.

Frente a ello, la sociedad debe mantener a toda costa la memoria y el apoyo y homenaje efectivo a las víctimas, a sus familias y a los servidores del orden, y a todas las personas que valientemente han denunciado y perseguido sus delitos públicamente con riesgo de sus vidas, los que tanto se han sacrificado y arriesgado por nosotros, y esta memoria tiene que poner a cada uno en su sitio: ellos solo querían matarnos y oprimirnos a nosotros; estos otros han muerto por nosotros o estaban dispuestos a morir por nosotros y por nuestras libertades.

III. El triunfo de la ley y de la libertad.

A mi juicio también, es obvio que la Constitución y la ley impiden de raíz que ningún poder del Estado pueda dialogar con ETA ni considerarla como interlocutora para ninguna finalidad, como pretenden el comunicado y la bienintencionada pero en gran parte irreal comunicación de la conferencia de San Sebastián; ETA solo puede renunciar incondicional y unilateralmente a las armas y al terror, y la condición que tiene que cumplir justamente para conseguir la generosidad del Estado con sus presos es precisamente la de no hacer declaraciones incompatibles con el legalmente necesario arrepentimiento de sus miembros, o que permitan dudar de la veracidad de sus intenciones, como ocurre ostensiblemente con el último comunicado. Debe sacrificar su absurdo ego al bien de sus presos, y eso es lo único correcto que puede hacer en estos momentos; no se le pide que se arrepienta o que se “rinda”, pero sí que se calle, y que se autoliquide incondicionalmente para que, extinguidos los férreos e inexorables vínculos organizativos y la obnubilación y el miedo que muy probablemente esos vínculos producían en muchos de sus miembros, ello permita a sus presos arrepentirse y reinsertarse creíblemente en la sociedad de acuerdo con la ley y el marco constitucional.

Si esto se consuma como es absolutamente deseable, ello supondrá en definitiva el triunfo de la ley y de la libertad. Los magistrados del Tribunal Supremo y luego del Tribunal Constitucional que constataron que Bildu satisfacía (como así era) las exigencias legales y constitucionales, al aplicar la Constitución propiciaron, contra los que algunos creen, el triunfo efectivo de los derechos fundamentales de todos y la llegada irreversible de la paz por la aplicación de la Constitución; este es el único marco en que es concebible la paz: el triunfo de la Constitución, la ley y de la libertad, que es la única decisión que ya tomó irrevocablemente la ciudadanía en 1978 al aprobar la Constitución, y sus valores y exigencias son el único criterio que debe guiar lo que quede del bienvenido proceso del fin de ETA.[HH] [A la banda] no se le pide que se arrepienta o que se “rinda”, pero sí que se calle, y que se autoliquide

Tras un funeral en el País Vasco, tuve que volar a Extremadura junto con el féretro del cadáver de un extremeño, de un policía nacional asesinado por el terrorismo etarra. Corrían los primeros años ochenta. La banda ETA se ensañaba con la sociedad española en medio de un rosario de muertes que a casi todos dejaba indiferentes. Era septiembre de 1983 y llevaba unos pocos meses como presidente de la Junta de Extremadura. Cuando conocí la noticia del asesinato en Urnieta (Gipuzkoa) del policía nacional Pablo Sánchez César, natural de Badajoz, de 24 años de edad, telefoneé al lehendakari Carlos Garaikoetxea para comunicarle mi decisión de asistir a los funerales. Hablé con José Barrionuevo y viajé solo en autobús hasta Madrid. En el aeropuerto de Barajas me encontré con el ministro y otros cargos de Interior, entre ellos Rafael Vera y José Antonio Sáenz de Santamaría. El general me recibió con cierto deje de sorna y desconcierto: “Pero a usted, ¿qué se le ha perdido en el País Vasco? Verá cómo el lehendakari ni aparece”. Excepcionalmente, Garaikoetxea sí apareció por Urnieta. Estuvimos juntos en el funeral, al que también asistieron Txiki Benegas y Ramón Jáuregui. ¡Ningún político más!

Terminada la ceremonia, me entretuve unos minutos dentro de la pequeña iglesia y, cuando salí, todos se habían marchado. Era de noche, la apresurada comitiva oficial enfilaba a lo lejos una estrecha carretera y en la plaza del pueblo no quedaba ya nadie. Solo una pareja de la policía acertó a pasar por allí. Me identifiqué: “Soy Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura. Los asistentes al funeral se han ido sin mí. ¿Cómo puedo volver a Badajoz?”. Los policías se miraron atónitos, consultaron a sus superiores y me hicieron la propuesta, que acepté aliviado, de regresar en el avión que trasladaría a Extremadura los restos del policía asesinado y a su familia. Antes de viajar en su cuatro latas al aeropuerto de Vitoria, pasamos por la casa del policía asesinado. Los agentes, arremolinados en la puerta del compañero, maldecían la suerte de la víctima y su propia suerte. No se puede reproducir lo que decían de las autoridades asistentes al funeral. Tuve que advertirles de que eran los de ETA y no los políticos los que asesinaban.

Ya en Foronda, adonde llegamos pasada la medianoche, el guardia civil al mando exigió al director del aeropuerto que abriera las instalaciones, cerradas a esa hora, y nos permitiera volar:

-No abro el aeropuerto, y menos para un muerto.

-O lo abre o le pego un tiro -le dijo secamente el guardia civil.

Yo no tenía ninguna autoridad, pero utilicé mis mejores ar

gumentos para convencerle de que accediera a lo que le pedíamos. Finalmente, pudimos embarcar el cadáver del policía, su familia y yo.

Con el féretro en medio de la bodega del avión de carga, cruzamos miradas durante el trayecto hasta Badajoz, que se me hizo largo y doloroso. Recuerdo el olor espeso que desprendían las coronas de flores y el desgarro de la viuda y los hermanos del joven muerto, que me interrogaban en silencio: “¿Por qué ha sido asesinado Pablo? ¿Es que ustedes no pueden hacer nada?”.

Poco antes de que el Hércules tomara tierra, me ofrecieron pasar a la cabina de los pilotos y en ella no me abandonó una punzante sensación de culpa. En aquel avión, frente al cadáver del joven muerto, pensé en la sinrazón de pretender objetivos políticos por la vía de la violencia. Y me indignaba que la resignación ante las muertes se fuera instalando en la opinión pública y en la clase política. Esa resignación es contraria a la democracia.Lo que ha ocurrido posteriormente es sabido por todos: de la resignación a la pelea y de la pelea al triunfo. Un largo camino lleno de sangre, de esperanzas, de frustraciones, de alegrías por las detenciones y de pena por los atentados. Siempre soñando con el final y siempre recelando de que ese final no fuera tan nítido como el que deseábamos. Y, en función de que gobernara la izquierda o la derecha, las sospechas de una parte de la ciudadanía respecto de las componendas que se pudieran hacer con quienes tanto daño estaban causando.

Y de sopetón, llegó el 20 de octubre y ETA se rindió. Y de nuevo los españoles, que todo lo discutimos, volvemos a discutir sobre ese final. Dudar de que se pueda tratar de una nueva maniobra de los etarras para ganar tiempo o beneficios es dudar de nuestra capacidad como país para vencer a esa pandilla de indeseables; lo increíble no es que sea cierto el final; un pueblo seguro de lo que defiende, de su fortaleza, de la legitimidad de sus instituciones democráticas, de lo que debería sorprenderse es de que los terroristas de ETA hayan sido capaces de mantenerse 50 años y no del resultado final. Otras veces no fue cierto pero, cuantas veces mintieron, tantas veces salieron más debilitados del engaño al que creyeron someternos.

A partir del momento en que ETA declara el final de su actividad terrorista, lo que nos queda a los demócratas no es ser generosos o cicateros; lo que nos permitirá seguir avanzando es la confianza en nosotros mismos y en los demás. Un país funciona bien cuando la confianza es la norma por la que se rige la convivencia. Y confianza es lo que nos falta a los españoles. Un sistema educativo es bueno si los alumnos se fían de sus profesores y los profesores de sus alumnos; un sistema sanitario es seguro si los pacientes se fían de sus sanitarios y los sanitarios de sus pacientes. Un sistema judicial es creíble si la sociedad confía en los jueces y los jueces en la sociedad; y así hasta el infinito. En la lucha contra el terror, la eficacia obtendrá su recompensa si mantenemos un alto nivel de confianza entre nosotros. Todos hemos sido víctimas del terror, pero unos lo han sido más que otros. Se trata de que los ciudadanos se fíen de las víctimas y que las víctimas se fíen de los ciudadanos y de quienes nos representan a todos.

En una parte de la raya están los terroristas y en la otra, los demócratas. Los pacíficos tenemos la obligación de confiar en nosotros mismos, porque nadie tiene por qué tener mejores sentimientos que los de los demás, cuando se trata de combatir el crimen. El dolor no nos hace más justos ni más sensatos, por mucho que sea nuestro sufrimiento; si todos hemos estado con las víctimas cuando ETA mataba, no existe razón alguna para creer que ahora vamos a traicionarlas cuando la banda ha dejado de matar. Si al final se ha demostrado que hemos sabido ganar, no hay ninguna razón para suponer que la ganancia se va a convertir en pérdida para la parte que más ha sufrido durante toda esta larga etapa.

Reconocido el éxito, se impondría la celebración de un gran acto de homenaje nacional a todas nuestras víctimas de la violencia etarra y de cualquier otra forma de terrorismo; una gran fiesta nacional, donde todos los que hemos contribuido, ayudado o deseado este final, podamos unir nuestras manos, nuestra alegría y nuestra fe en la democracia. Y a continuación, marcharnos a casa, dejando actuar a los Gobiernos y a las fuerzas políticas democráticas para que decidan la forma en que los etarras paguen lo que nos deben. Solo se trata de confiar en los que nos condujeron hasta la victoria.

La reivindicación del concierto económico para Catalunya no es una ambición que tenga fundamento en la Constitución española de 1978 o en los sucesivos Estatutos de autonomía aprobados por el pueblo de Catalunya en base y en el marco del mencionado texto constitucional. A finales del siglo XIX, desde el año 1897 a 1899, un ancho movimiento liderado por la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, el Foment del Treball Nacional, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el Ateneu Barcelonés y la Liga de Defensa Comercial e Industrial (hoy desaparecida) plantearon a las autoridades españolas la necesidad y la urgencia de atender aquellas reivindicaciones del concierto. Corresponde ahora, a los que asumen la presidencia de aquellas entidades, como sucesores de la historia corporativa de las mismas, ratificar y apoyar aquellas reivindicaciones que, como es evidente, no pueden ser calificadas ni de improvisadas o precipitadas, avaladas como están por una sostenida voluntad de más de cien años.

En aquellos momentos, la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, presidida por Bartomeu Robert, condenaba en un informe contundente y apasionado –del que se hacía eco la Memoria elaborada por la Diputación provincial de Barcelona el 29 de abril de 1899– el vigente, en aquel momento, régimen tributario señalando “la necesidad jurídica y económica de acomodarlo a las condiciones y aptitudes de cada comarca”. Concretamente, se señalaba que cuando España tenía provincias y posesiones ultramarinas, “firmábanse presupuestos especiales para las Antillas y para Filipinas” y se pedía porqué aquella diversidad no se tenía que reconocer para la diversidad de condiciones de las diferentes comarcas de España. Reivindicación que se hacía extensiva para toda Catalunya y que en términos muy precisos se recogía también en los manifiestos que sobre esta cuestión formularía el Ateneu Barcelonès.

No estamos, pues, en la actualidad, ante una reivindicación nueva en el panorama político y económico catalán. Y no es de extrañar ni puede causar sorpresa que esta reivindicación tome cuerpo en los momentos de crisis económica. La fuerte crisis que vive Europa, que tiene singularidades muy específicas en España, pone en primer término que a una política imprescindible de rigor y austeridad en el gasto público se corresponda un sistema de financiación que dé a las comunidades autónomas una máxima responsabilidad en la gestión y administración tributaria, objetivando y limitando sus obligaciones en el campo de la imprescindible solidaridad interterritorial. Todas las obligaciones tienen que ser leídas en el actual contexto económico que estamos sufriendo y, en este sentido, un nuevo pacto fiscal en la línea de un concierto económico se constituye en un instrumento imprescindible a fin de que Catalunya pueda enfrentar su particular situación y asentar las bases de una deseable recuperación económica.

Nadie se atreve a discutir que el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas presenta desigualdades bien patentes que vienen perjudicando gravemente a Catalunya. El déficit presupuestario catalán tiene causas bien plurales y heterogéneas; pero es evidente que destaca entre todas la de una financiación pública que retorna a Catalunya mucho menos de lo que esta aporta al conjunto de la Hacienda pública del Estado. Este déficit fiscal castiga el gasto social de Catalunya, perjudica y limita la financiación de partidas tan necesarias como la enseñanza o la sanidad, generando situaciones tan conflictivas como injustificables.

Hoy, como hace cien años, corresponde a la sociedad civil catalana apoyar esta reivindicación de un nuevo pacto fiscal para Catalunya. Hoy, afortunadamente, Catalunya cuenta con instituciones representativas que pueden y tienen que liderar esta reivindicación; pero eso no excluye que las entidades más históricas del país, fieles a las ideas que defendieron en aquellos momentos finales del siglo XIX, quieran volver a ratificar su validez, actualidad y vigencia. El 21 de noviembre de 1899, aquellas entidades dirigían un mensaje al país que comportaba un compromiso, hoy todavía vigente, para atender una ambición que la sociedad catalana ponía de manifiesto al servicio de una mejor financiación y una más justa distribución del esfuerzo fiscal a nivel de toda España.

Las circunstancias han cambiado, el país también; no todo tiene que tener el mismo sentido, ni ser leído como si nada hubiera pasado desde 1899 para acá. Pero hay ideas que, en formas y manifestaciones diferentes, siguen vivas en la sociedad catalana. Y los presidentes infrascritos creen que es su obligación defenderlas como tributo de coherencia con la historia de las entidades que representan. No sería justo ignorar que la situación especialmente grave que la crisis económica plantea en Catalunya da prioridad a la tarea de definir un nuevo pacto fiscal para Catalunya, en línea con lo que representaría un concierto económico.

Nunca sabremos si ETA lo ha dejado porque ha entendido que perjudicaba la causa que decía defender o si se ha visto forzada a entenderlo por la actuación del Estado, que la ha dejado en una extrema debilidad organizativa.

Que el terrorismo es incompatible con la democracia y el respeto inherente a los derechos humanos, lo sabía todo el mundo menos unos pocos fanáticos de la izquierda revolucionaria y los más extremistas de algún movimiento de liberación nacional. Los primeros duraron poco. En Irlanda y el País Vasco, el terrorismo ha tenido recorridos mucho más largos. Aunque con decenios de retraso, se puede decir que Europa, por fin, ha quedado libre de la lacra del terrorismo interno. En nuestra civilización, hemos desactivado los últimos restos de fanatismo asesino. Que sirva de vacuna y para estar alerta, porque el peligro siempre existe, y ahora viene y vendrá sobre todo de la extrema derecha, como se ha visto en Noruega.

El terrorismo es el único tipo de confrontación armada sobre el que no hay consenso conceptual. Las organizaciones terroristas se consideran en guerra, mientras quienes sufren los atentados les niegan esta categoría. Si se declaran en guerra contra el terrorismo, debemos entenderlo más o menos como si hicieran la guerra a la piratería. Los terroristas se consideran soldados, pero sus enemigos los consideramos fanáticos. En realidad, importa más su concepción de lo que hacen que la nuestra, ya que actúan a partir de su propio ideario, no del nuestro.

Hay tres formas de guerra abierta. La guerra convencional, con dos o más países y sus ejércitos enfrentados. La guerrilla, inventada por España, que es una forma menor de guerra, propia de los que no se dan por vencidos, pero no tienen capacidad de formar un ejército convencional. De manera similar, el terrorismo organizado es una forma de guerrilla, que compensa la menor capacidad organizativa con una mayor sofisticación destructiva de sus acciones. Ni los guerrilleros ni los terroristas pierden siempre. Los dos grandes prototerroristas modernos, el irlandés De Valera y el sionista Ben Gurion, son los padres fundadores de sus respectivas patrias. La Biblia sitúa la hazaña de Sansón, el primer terrorista suicida de la historia, al máximo nivel de heroicidad.

Esta época es mejor, y en afortunada consecuencia tendremos que aplicar dos principios. El primero, que nunca hay guerra en países o entre países democráticos, salvo la excepción española, y es motivo general de satisfacción que deje de serlo. El segundo, que, jurídicamente y moralmente, el terrorismo global es considerado la peor y más peligrosa forma de delincuencia.

Tanto la guerrilla como el terrorismo necesitan moverse en terreno propicio. Como no tienen un Estado detrás, para los guerrilleros y los terroristas es imprescindible disponer de cobertura y complicidad social. Eso es lo que ETA ha perdido, el apoyo y la simpatía más o menos activa de una parte significativa de la sociedad vasca, así como la comprensión de otra parte aún más extensa. Las fuerzas de seguridad por sí mismas lo tienen muy difícil para reducir la capacidad de ETA a cero, pero es imposible mantener una organización terrorista sin una masa social que le dé apoyo.

La derrota de ETA es doble. Ante las fuerzas de seguridad y el Estado de derecho, y ante la sociedad vasca, de manera especial la izquierda aberzale. De hecho, los entornos de ETA han pasado de coadyuvar o aplaudir a rechazar o condenar. En los últimos tiempos, ETA ha sido considerada un obstáculo para la consecución de los objetivos que, ante los propios ojos, justificaban su existencia. Toda democracia, también la española, ofrece vías pacíficas a los grupos que la componen. Si los que pretenden la independencia son mayoría, podrán optar a ella, aunque no se reconozca formalmente el derecho de autodeterminación.

A partir de ahí, el escenario posviolencia, los primeros pasos de la paz. La doble derrota de ETA puede significar un incremento del nacionalismo en Euskadi, una mayoría que en diferentes intensidades coincide en propugnar tanto medidas de gracia a los terroristas condenados como la propia independencia. Si los resultados de las generales confirman el precedente del éxito de Bildu y los pronósticos unánimes, la derrota de ETA habrá sido tan dulce como la media victoria del IRA (que contaba con un Estado y una sociedad detrás). En primer lugar, porque el Estado deberá poner en práctica las medidas de gracia reclamadas por el PNV. En segundo, porque será grande la tentación para la independencia, aprovechando la ocasión irrepetible de una mayoría abrumadora. Una especie de ahora o nunca, a partir del plus que las urnas otorgan a los expartidarios de la violencia.

El futuro Gobierno español no tendrá otro remedio que prodigar reverencias al PNV, mientras el PNV no cesa de reverenciar a la izquierda aberzale. En el fondo, y por mucho ruido mediático que oigan, más premio, más luz al final del túnel del terror que en el esplendor macabro del terror.

L’annonce par ETA de “la fin définitive de son action armée”, accueillie comme un événement historique en Espagne, n’a fait guère de bruit en France. Elle fut éclipsée par la mort de Kadhafi survenue le même jour et par les désaccords persistants entre la France et l’Allemagne au sujet du règlement de la dette européenne. Pourtant, depuis sa création, l’ETA a causé la mort de 11 personnes sur le territoire français. C’est à peine un mort de moins que la vague d’attentats islamistes qui frappa la France entre 1995 et 1996.

Ce silence contraste avec l’émotion suscitée, en mars, par la mort d’un gendarme français lors d’une fusillade avec des etarras à Dammarie-les-Lys, dont les funérailles se firent en présence de MM. Sarkozy et Zapatero. Il tranche aussi singulièrement avec l’attention que les Français ont portée aux commémorations du dixième anniversaire des attentats du 11-Septembre, et à l’annonce de la mort de Ben Laden au mois de mai. Or la fin d’ETA est probablement l’une des plus importantes conséquences du 11-Septembre en Europe.

Il faut se souvenir qu’en 2005, déjà, l’IRA provisoire, la principale organisation terroriste nord-irlandaise, responsable de la mort de plus de 1 800 personnes entre 1969 et 2001, avait définitivement rendu les armes. C’était deux semaines tout juste après les attentats perpétrés à Londres par des terroristes islamistes le 7 juillet. Il n’y a pas de coïncidence. En Espagne, l’ETA avait annoncé un premier cessez-le-feu en mars 2006 : deux ans exactement après les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, le “11-Septembre” espagnol et européen. Deux années durant lesquelles ETA ne commit pas le moindre attentat. Ce cessez-le-feu fut interrompu au bout de quelques mois, et depuis lors, l’ETA aura tué 12 personnes, contre 15 dans la seule année 2001 (et 23 en 2000).

Quelque chose, donc, dans le terrorisme séparatiste européen a irrémédiablement changé avec les attentats du 11 septembre 2001. Il est un fait connu et reconnu que le 11-Septembre a contribué à renforcer l’arsenal juridique et policier, ainsi que la coopération internationale, au service de la lutte antiterroriste. Cela a indéniablement gêné l’activité de l’IRA et de l’ETA ces dernières années. Mais cette évolution avait été amorcée avant le 11-Septembre : le Terrorism Act britannique date de 2000, la coopération européenne dans la traque des etarras s’est intensifiée dès le “protocole Aznar” en 1996.

La rupture plus profonde introduite par le 11-Septembre tient à la nature même de la définition du “terrorisme”. La “guerre au terrorisme” lancée par les Etats-Unis après le 11-Septembre a permis aux entrepreneurs de la lutte contre ETA, qui jusqu’alors peinaient à mobiliser en-dehors de l’Espagne, de faire monter en généralité leur cause, via une dépolitisation de la question terroriste : Al-Qaida et ETA, même combat ! C’est ainsi que, dès février 2002, les Etats-Unis ajoutèrent ETA à la liste des organisations terroristes qu’ils entendaient combattre.

Les instances européennes furent l’un des principaux théâtres de cet amalgame entre le terrorisme international et le terrorisme séparatiste. Exemple parmi tant d’autres : la député espagnole Oreja Arburúa déclarait le 11 février 2004 devant le Parlement européen qu’“aujourd’hui, nous ne pouvons plus dire que le terrorisme est un problème local. C’est une menace globale pour nous tous et l’Union européenne elle aussi”. Cet amalgame entre “toutes les formes” de terrorisme ne se donne jamais autant à voir que dans les Congrès internationaux des victimes du terrorisme, dont la dernière édition s’est tenue à Paris en septembre, et la première avait eu lieu à Madrid quelques mois avant les attentats du 11 mars 2004. Mobiliser les “victimes du terrorisme” de manière indistincte n’était pas si évident avant le 11-Septembre.

Enfin et surtout, le 11-Septembre a du jour au lendemain, par son ampleur, rendu obsolètes les attentats perpétrés dans les années 1980 et 1990 par les organisations séparatistes sévissant en Europe. Le pire attentat d’ETA, le 19 juin 1987, dans un centre commercial de Barcelone, ne fit jamais “que” 21 morts. L’attentat d’Omagh, le 15 août 1988, perçu à l’époque comme “la pire atrocité terroriste” qu’ait connue l’Irlande du Nord, causa le décès de 29 personnes. On est loin des plus de 2 900 morts du 11-Septembre. Et en deçà également des bilans humains des attentats islamistes de Madrid et Londres.

Jamais l’ETA ou l’IRA n’auraient pu suivre Al-Qaida dans cette surenchère morbide. Indépendamment de la question des moyens logistiques nécessaires pour réaliser de telles tueries, cela aurait impliqué, pour elles, de s’aliéner définitivement leurs bases populaires. C’est pourquoi l’IRA provisoire condamna explicitement les attentats du 11-Septembre, et l’ETA s’empressa, en 2004, de démentir toute implication dans les attentats du 11 mars.

La fin d’ETA, tout comme celle de l’IRA, est donc une conséquence lointaine du 11-Septembre, qui a fait entrer le terrorisme dans une autre ère. Fin 2001, les Européens s’efforçaient d’occulter l’effroi du 11-Septembre en s’enthousiasmant pour le passage à l’euro. Dix ans plus tard, l’inquiétude que suscite une zone euro au bord de l’implosion nous cache la bonne nouvelle : grâce au 11-Septembre, les conflits séparatistes qui ont ensanglanté les nations européennes pendant plusieurs décennies sont en passe de s’éteindre pour de bon.

Los terroristas y sus cómplices tienen una deuda con la nación española, con la democracia y con las víctimas. Con las leyes hemos derrotado al terrorismo y con las leyes se debe asegurar que ETA y sus cómplices hagan frente a sus responsabilidades.

El mito de la imbatibilidad de ETA cayó hace ya tiempo, incluso para quienes se resistían a ello. Frente a quienes afirmaban que la derrota del terror jamás sería posible, frente a quienes sostenían que ante ETA no cabía más que resignarse a un empate infinito y no veían más salida que el desistimiento o la lucha al margen de la ley, supimos afirmar nuestra dignidad como nación y nuestra fuerza como Estado de Derecho.

La política, con el impulso moral y el ejemplo cívico de las víctimas, hizo que importara lo que tiene importancia, movilizó a la sociedad española contra el terror. La colaboración internacional acabó con sus santuarios. La Ley de Partidos acabó con su perverso doble juego de votos y bombas contra la democracia. El cumplimiento efectivo de las penas aseguró que la cárcel es el destino final de la carrera de los terroristas.

ETA jamás ha matado para la libertad ni para la democracia. Ha matado siempre para imponer un proyecto totalitario. Y ése sigue siendo su único propósito. ETA es una inmensa condensación histórica de maldad. El terrorismo que sufrimos no es una asignatura pendiente de una transición política mal resuelta, ni el producto de un supuesto déficit democrático.

Pero esa idea vuelve a hacerse presente ahora en los que ven llegada la oportunidad de explicar que esa historia de terror no es enteramente reprobable, que el crimen hay que contextualizarlo, que sus medios son rechazables pero que sus fines eran explicables en función de ese conflicto que convierte en bando beligerante a la sociedad española y a la Constitución, y al Estatuto de Guernica en una declaración de guerra. Éste es el discurso que convierte a los verdugos en víctimas de una circunstancia histórica, exigiendo perdones y reconciliaciones para hacer como si ETA no existiera, como si nunca hubiera existido. En definitiva, buscando una excusa para no hacer efectiva su derrota.

Frente a esa pretensión hay que recordar que nuestras leyes ya fijan de modo claro el camino que debe transitar quien sinceramente busque el perdón y lo obtenga de sus víctimas.

Los españoles siempre nos hemos negado a esa transacción propuesta por los terroristas consistente en aceptar como legítimo su proyecto totalitario a cambio de dejar de matar, en asumir el valor político del terrorismo si algunos terroristas cesan en su actividad.

Incluso en los momentos más duros, la sociedad española tuvo la claridad moral necesaria para elegir el camino correcto. No podemos perder ese camino. Y menos cuando hemos avanzado tanto por él.

Por eso, abandonar la violencia no puede ser sólo renunciar a su uso desde ahora, debe ser también el reconocimiento expreso de que nunca debió ser empleada.

Derrotar al terrorismo es establecer como idea de plena vigencia social que la violencia terrorista nunca ha estado justificada, que España no la merecía, que nada la legitima, que no se obtiene nada, nunca, de nadie. Que no hay dos bandos moralmente equivalentes. Derrotar al terrorismo es establecer que, frente a la absoluta inocencia de las víctimas, los terroristas siguen siendo culpables. Y que lo son ante la ley.

Es oportuno recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia que confirmó la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA, estableció que la banda terrorista y su proyecto, asumido y promovido por los partidos ilegalizados, son incompatibles con un régimen democrático de libertades. Por sus medios violentos y sus fines totalitarios.

En esa sentencia el Tribunal afirmó: «Un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra no puede pretender que se le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de estos motivos».

La regla de la mayoría sólo rige dentro de la democracia, no fuera de ella. Y la democracia exige respeto a todo aquello que ETA y sus cómplices desprecian. La disyuntiva entre legalización o violencia terrorista es falsa. En el Congreso de los Diputados, en el Parlamento vasco, en las diputaciones forales vascas, en los ayuntamientos, en el Parlamento Foral navarro y en el Parlamento Europeo hubo representantes de ETA mientras los pistoleros continuaban con su campaña de terror.

La historia del terrorismo en España es demasiado cruel como para que nos permitamos ignorar todo lo que hemos aprendido. Todo lo que las víctimas nos han enseñado.

Las víctimas no forman parte del pasado. Por desgracia, nadie puede ya revertir la muerte ni el dolor. Pero el sentido de su muerte y el sentido de su dolor todavía están por decidir. El sentido del sacrificio y del sufrimiento todavía no ha sido fijado y no lo será hasta la derrota completa e incondicional del terrorismo. Establecer ese sentido es nuestra responsabilidad como nación. Debemos establecer que su vida no ha sido el instrumento del triunfo del terror sino la guía del triunfo de la libertad. Eso está pendiente.

Quienes piden memoria, dignidad y justicia afirman el valor de nuestros principios políticos cuando más difícil es hacerlo. Renuncian a debilitar las bases de nuestra convivencia y de nuestra seguridad, y eligen fortalecerlas con su sacrificio personal. No se trata sólo de tenerlas en la memoria, se trata de hacerles justicia, de que la libertad, la de todos, se preserve intacta. Sin concesiones.

la unidad de los demócratas debe forjarse en torno a los principios en los que la inmensa mayoría de españoles nos podemos reconocer. Hay que asegurar que la derrota efectiva de ETA sea la culminación de nuestro pacto constitucional y no su quiebra. Hay que evitar que pueda transformarse en la ocasión para reescribir o incluso borrar nuestra historia como democracia, como españoles, una historia de reconciliación nacional y perdón -que, recordémoslo, alcanzó también a los terroristas- y que ETA ha querido destruir.

No podemos aceptar soluciones de excepción. La democracia española no debe desviarse del respeto incondicional a los principios del Estado de Derecho. Porque sólo de ese modo podrá mantener intacta su legitimidad moral.

El final del terrorismo plantea un único riesgo: que perdamos en la victoria. Que pierda la nación de ciudadanos en su derecho a exigir a los terroristas todas sus responsabilidades.

Es tarea de todos que la derrota del terrorismo sea la victoria de la nación española y sus víctimas sobre el relato infame que enaltece a sus victimarios.

Quien quiera paz que mire la obra de la nación española de 1978. Quien quiera concordia y reconciliación que aplauda la Transición. Quien busque generosidad para construir un futuro de democracia y libertad para todos que asuma la Constitución y se someta a las leyes. Y quien busque perdón que tenga el valor de mirar a sus víctimas.

Por primera vez, parece que el fin de ETA ha comenzado. El comunicado emitido el jueves pasado, a pesar de su indeterminación, contiene dos afirmaciones que lo diferencian de cualquiera de los comunicados anteriores en ocasión de sus famosas treguas.

En primer lugar, ETA decide “el cese definitivo de su actividad armada”, una decisión nunca empleada con anterioridad. En segundo lugar, propone a los gobiernos de España y Francia abrir un diálogo con el objetivo de resolver “las consecuencias del conflicto”. Aunque no sea claro el significado de estas palabras, se trata de un lenguaje muy distinto al de las “condiciones políticas” previas, alcanzadas mediante negociación, cuya necesidad era exigida en otras ocasiones para dejar las armas.

Sin embargo, el ambiguo preámbulo del comunicado contiene una frase inquietante: “El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición”. Nadie, ni Francia ni España, impone nada: se trata de dos estados en los que deciden instituciones democráticas. En la terminología etarra, el reconocimiento de Euskal Herria significa la anexión de Navarra y los territorios franceses contiguos a Euskadi: eso sí que sería una imposición. Por su parte, el “respeto a la voluntad popular” evoca un derecho a la autodeterminación que ni las legislaciones española o francesa, ni tampoco el derecho internacional, reconoce en supuestos semejantes.

Así pues, aunque la frase no es clara, tampoco es tan explícita como en treguas anteriores en las que se reclamaba previamente, para no volver a la violencia armada, el reconocimiento de Euskal Herria y la autodeterminación. En este caso parece que se trata sólo de un recurso retórico. Por tanto, aunque la cuestión terrorista no acabará hasta la entrega de las armas y la disolución de ETA, su comunicado es un paso positivo, incluso muy positivo: una victoria de la democracia y una derrota del totalitarismo.

¿Cómo se ha llegado a esto? Tras numerosos errores en la lucha antiterrorista, el motor que ha conducido a la actual situación comenzó a fraguarse a finales de los años noventa por el empuje de diversos sectores de la sociedad vasca que decidieron sobreponerse al miedo. Primero fue el Foro de Ermua, le siguió el grupo Basta Ya y, finalmente, las diversas asociaciones de víctimas.

El miedo, en efecto, ha sido el objetivo de ETA. Los atentados terroristas, con su secuela de muertos, heridos, secuestros, extorsiones, amenazas y violencia callejera, no eran una finalidad sino sólo un siniestro instrumento para infundir miedo a la población y mantenerla callada. Todo movimiento totalitario utiliza estos métodos; el nazismo es un claro ejemplo. Una vez instalado el miedo desaparece la libertad y se abre paso a una manipulación de los individuos que anula a la democracia. Esto es lo que ETA ha pretendido en estos largos años de dolor. Enfrentarse al miedo en plena calle, exhibiendo rostros, nombres y apellidos, era arriesgado, en ocasiones heroico, pero imprescindible.

El paso siguiente fue el pacto Antiterrorista firmado por el PSOE y el PP. El núcleo central de dicho pacto fue el acuerdo en utilizar en la lucha antiterrorista únicamente los instrumentos que permite el Estado de derecho: un giro de ciento ochenta grados tanto respecto a la estrategia de los GAL como a la ingenua o interesada política del diálogo. En este punto, la aprobación de la ley de Partidos fue crucial. El delito de pertenencia a asociaciones políticas ilícitas no resultaba suficiente y se reforzó el Estado de derecho mediante una nueva ley de partidos.

Combinando la vía penal y la vía política, se consiguió que los jueces ilegalizaran Batasuna y se impidió su participación en las instituciones públicas. La confirmación judicial de la teoría del juez Garzón según la cual ETA no sólo era la estricta banda armada sino también todo su entorno de colaboradores, entre ellos muchos cargos políticos, que la amparaban y financiaban, acabó de cerrar el círculo. Al amparo de nuevas leyes, o de una reinterpretación de las antiguas, la actuación de las fuerzas de seguridad y de los jueces y fiscales, tanto del País Vasco como de la Audiencia Nacional, ha sido tan abnegada y admirable como efectiva: la auténtica clave para llegar adonde ahora estamos.

Sin Batasuna en sus distintas versiones como brazo político, en competencia electoral con Aralar –pionera de la izquierda abertzale en condenar la violencia– que le iba arañando votos, con sentimientos crecientes en la sociedad vasca de solidaridad con las víctimas y, durante los últimos años, con un PNV sin Arzalluz ni Ibarretxe y con un lehendakari socialista apoyado por el PP en un gobierno que ha sido el mayor logro de aquellos sectores que empezaron a perder el miedo hace quince años, una muy debilitada ETA se ha dado de bruces con la realidad y, acorralada, su rama política ha persuadido a su rama militar que optara por una vía nueva y distinta que le permita salir del atolladero. Si las cosas no se tuercen, esperemos que este sea el principio del fin.

Antonio Echevarría Albisu fue la primera persona asesinada por ETA tras la muerte de Franco, concretamente el 24 de noviembre de 1975. Tenía 35 años, era alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa). Dos días después, el 26 de noviembre, el diario francés Libération publicó una entrevista con ETA donde la banda justificaba su atentado afirmando que «toda acción represiva apunta selectivamente a aquellos especialistas de la tortura y el asesinato». Mientras, en esos mismos días, el joven Rey adelantaba en su ambiguo y prudente discurso de coronación ante las Cortes franquistas su intención de liberalizar, abrir, transformar progresivamente el sistema político heredado del 18 de julio.

Aprovechando los nuevos aires que parecían respirarse en España, el periódico francés preguntó a ETA sobre su actitud ante el proceso de apertura política en ciernes. El etarra interpelado contestó: «Este proceso de apertura democrática llegará un día u otro, pero nuestra línea continuará siendo la misma: relajaremos un poco la lucha armada para dedicar más esfuerzos a la lucha de masas, pero las luchas de clase deben obligatoriamente pasar por una fase armada».

La naturaleza de ETA es radicalmente violenta, he ahí su razón de ser y la fuerza inspiradora de su actuación durante los años que lleva viva. La banda considera que sin violencia el Estado no se moverá un ápice de sus postulados y nada podrá conseguirse si, con pistolas y bombas, no se pone al «represor enemigo» contra las cuerdas. La violencia es un medio para conseguir sus fines políticos, su proyecto de ruptura con España, la ansiada independencia del País Vasco a uno y otro lado de los Pirineos. Es, por tanto, el uso del terror hilo conductor de la ejecutoria etarra, que sólo se relaja si las circunstancias lo aconsejan y algún demócrata iluso abre las puertas de Troya al caballo traidor de una paz malentendida.

Cuando no conviene matar, pues el tiro en la nuca obstaculiza conquistas políticas, la pistola queda humeante y aparentemente silenciada en la guardarropía etarra. Salen entonces a la palestra, con su parafernalia cutre y anacrónica, tres enmascarados que provocarían la hilaridad de no ser porque guardan más de 800 muertos bajo sus chapelas.

En esencia, el discurso de ETA no ha cambiado. Quienes han cambiado han sido los gestores del sistema democrático español, concretamente su actual Gobierno y sus jueces afines, que cometieron uno de los errores más graves en los que un Estado de Derecho puede caer cuando pretende desactivar al terrorismo que lo azota. Ese error es el de anteponer la negociación a la disolución de la banda. Esto ocurrió en el febril proceso de paz impulsado por Zapatero y contundentemente frustrado -¿o eventualmente aplazado?- por el atentado en la T-4. Y volvimos a caer en el mismo error, esta vez de manera aún más evidente y vergonzante, cuando la última argucia de ETA para burlar la ley de partidos pasó el filtro del Tribunal Constitucional a pesar de los criterios del Supremo.

La legalización de Bildu puso de manifiesto que la negociación con la banda era todo un hecho y tuvo la gravísima consecuencia de legitimar, indirectamente, la violencia como herramienta para obtener réditos políticos. Porque si la negociación -el tráfico de concesiones entre ETA y nuestra democracia- se antepone a la disolución de la banda estamos asumiendo implícitamente que el terrorismo dio resultado a los asesinos, que han logrado presionarnos y amedrentarnos tanto que estamos dispuestos a ceder en cuestiones hasta hace poco impensables -su participación en las elecciones, la conquista de numerosos municipios- con tal de que nos perdonen la vida. De haber sabido que en estas turbias aguas iba a desembocar el río de nuestra Historia, más nos valdría haber evitado tanto dolor adelantando las actuales concesiones y todas aquellas que aún quedan por venir.

El último comunicado de ETA es el precio simbólico que la banda paga por haber sido legalizado su brazo político y, a la vez, allana el camino para que su entorno -sean cuales sean las siglas con las que se disfrace- entre en el Congreso con grupo propio y nutrida representación tras el próximo 20-N. Y así redundará nuestra maltrecha democracia en el error de seguir con el trasiego de concesiones antes de (y para la) futura, previsible pero aún no alcanzada disolución de ETA. Muchas veces amagó la banda con dejarlo pero, si vinieran mal dadas y el grifo de las concesiones se cerrara, volverían los etarras a sus orígenes, recordándonos que «toda lucha de clases debe pasar obligatoriamente por una fase armada».

Estamos asistiendo a un proceso de integración progresiva de ETA en nuestro sistema democrático. Y cuando un sistema político decide integrar a sus enemigos aterriza en la senda incierta, bifurcada, impredecible e inestable de la mutación. Ningún movimiento es gratis en esta liturgia negociadora, y nos esperan tiempos difíciles porque las cárceles pueden abrirse de manera cada vez más evidente -y no tan subrepticiamente como hasta ahora parecían hacerlo- para acercar presos al País Vasco o, lo que sería aún más doloroso, para dejarlos en la calle. Y a todo ello debe añadirse el debate, cada vez más coreado, en torno a un derecho a la autodeterminación que los etarras sugieren como crucial moneda de cambio para «el cese definitivo de sus acciones».

Así que el posible curso de los futuros acontecimientos seguirá el eje formado por la negociación, la integración y la mutación. La negociación es vehículo, la integración objetivo y la mutación consecuencia del proceso. Negociando, ETA se integrará en el sistema, y el resultado supondrá la progresiva emergencia en nuestra democracia de nuevas realidades, situaciones y características cuya evolución resulta impredecible. Recuérdese, no obstante, que casi todas las mutaciones generan aberraciones y muy pocas de ellas suponen saludables saltos cualitativos para los organismos que las sufren.

Jesús Eguiguren, al saber que ETA declaraba «el cese definitivo de su actividad armada», no sintió alegría, sino tristeza por los compañeros muertos. La misma reacción de mucha gente, sobre todo en el País Vasco, al recordar a los ausentes y el sufrimiento causados por más de cuatro décadas de lucha armada. Por eso no ha habido ningún estallido de alegría. Hace tiempo que la sociedad vasca había amortizado a ETA, estaba harta de tanta ignominia y horror en nombre de la «patria», y pesan demasiado los muertos y la angustia de vivir bajo el chantaje. El fracaso del último proceso para un final dialogado de la violencia, brutalmente abortado por ETA con el atentado de la T-4 de Madrid, dejó un poso de desesperanza que explica la contención emocional con que se ha recibido el comunicado de quienes se habían convertido en el principal obstáculo para la convivencia y la construcción nacional.

En Catalunya la reacción ha sido igualmente de contención y prudencia. También aquí pesan demasiado los muertos: los 21 de Hipercor (el peor atentado de ETA) en junio de 1987, los 16 de los cuarteles de Sabadell (1990) y Vic (1991)… y así hasta 19 más, entre ellos el añorado Ernest Lluch (2000), dos concejales del PP, un mosso d’esquadra, un guardia urbano y varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Y está claro que en el entorno de ETA también hay dolor y sufrimiento. La guerra sucia (el GAL y, antes, otros grupos paramilitares) se cobró más de 65 víctimas, a las que hay quien añade los muertos en enfrentamientos con la policía o la Guardia Civil o en las comisarias y las cárceles hasta superar largamente el centenar. Y la muerte siempre deja dolor entre los familiares y amigos aunque no se compartan las acciones del desaparecido. La guerra sucia fue la peor contribución a la lucha contra ETA, porque, como afirma Carmen Gurruchaga, «nada ha legitimado más a ETA, ni le ha proporcionado más activos humanos desde que actúa contra un Estado democrático, que la existencia del GAL y la demostración de que fueron creados por los aparatos del Estado», porque, concluyen Gemma Zabaleta y Denis Itxaso, «la legitimidad de la lucha antiterrorista siempre reside en la primacía de la ley frente a la barbarie. Los fines nunca justifican los medios». Quizá este dolor común puede ser la base de la reconciliación, pese a la asimetría de la violencia tanto en magnitud (829 víctimas en la nómina de ETA) como en responsabilidades.

Y ahora, afortunadamente, deberemos acostumbrarnos a vivir sin ETA. No será fácil, porque hasta ahora siempre había condicionado la dinámica política. A partir de la lucha antiterrorista la derecha construyó un discurso que solo tenía por objetivo desgastar a los sucesivos gobiernos socialistas, ya fuera utilizando impúdicamente la guerra sucia (contra Felipe González), las víctimas, el Estatut (el «Estatuto de ETA») o la amenaza a la unidad de España (contra José Luis Rodríguez Zapatero). Gran parte de la izquierda cree que no se puede ser de izquierdas e independentista, cuando en realidad lo que no se puede es ser de izquierdas y negar el derecho a la autodeterminación. La izquierda aberzale rechaza -soy de los que creen que sinceramente- los medios (la violencia) pero no los fines: el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho a decidir del pueblo vasco. Y, en democracia, todas las aspiraciones no violentas son legítimas, pero no se pueden imponer más que por la fuerza de los votos. En suma, los vascos -y los catalanes y los españoles- tienen derecho a ser lo que quieran y decidan ser.

Pero el proceso de paz no está cerrado y habrá que hacer todos los esfuerzos posibles para que no descarrile. No está de más recordar las palabras de representantes del Sinn Féin a una delegación del PNV (Belfast, 1995): «Nuestra apuesta por el proceso de paz es una apuesta de fondo y convicción. Somos toda una generación de republicanos los que hemos apostado por esta vía, si, por lo que sea, falla, como el problema de Irlanda del Norte persistirá, será otra generación la que tomará el relevo y adoptará las decisiones que estime convenientes». Toda una advertencia para el Gobierno que surja de las elecciones del 20 de noviembre: no hay que cerrar en falso el proceso de paz ahora que ETA ha dejado de matar. Y preocupa que el PP, que nunca ha destacado por su sentido de Estado, esté en disposición de hacerlo o que su entorno mediático y asociativo y el núcleo duro del partido se lo dejen hacer a Mariano Rajoy.

Los regímenes democráticos ejercen la justicia y no la violencia. Por lo tanto, hay que aplicar la ley con exactitud pero con suficiente generosidad como para hacer posible la reinserción de los violentos sin herir la sensibilidad de las víctimas, que merecen todo nuestro reconocimiento y no pueden caer en el olvido. Hay también que agilizar las vías del diálogo para resolver el conflicto vasco e impulsar políticas de reconciliación. Solo así llegará el desarme y la disolución de ETA y se podrá garantizar un futuro de convivencia y libertad donde todas las opciones políticas sean posibles dentro del marco democrático. Claro que, quizá, entonces volverá un sabor amargo a la boca al pensar en tantas muertes inútiles y absurdas en nombre de la nada.

No está escrito que los ciudadanos prefieran como gestores de la paz a los que ganaron la guerra. Winston Churchill pagó esta veleidad de los votantes al término de la II Guerra Mundial, Truman se salvó por los pelos en el último minuto y contra pronóstico.

Suponer que el comunicado de ETA con el anuncio del final definitivo de su “actividad armada” es un balón de oxígeno al candidato socialista es, aparte de una suposición gratuita, un pretexto para deslizar de corrido la sospecha de infames pactos hurtados al escrutinio público. El único voto que ETA quiere reforzar es el de la izquierda abertzale, que históricamente ha conseguido sus mejores cosechas en tiempos de tregua terrorista. Evitar que este patrón se repita es una tarea que compete a todos los partidos que concurren el 20-N. Por lo demás, Rubalcaba ha demostrado una extraordinaria eficacia en la fase de acoso y derribo de ETA, al punto de forzar su rendición, pero nada tendría de extraño que una parte del electorado prefiriera a Rajoy para gestionar la extinción definitiva de la banda mediante la entrega de las armas y su disolución.

Por oprobioso que sea el comunicado de ETA -y lo es en sumo grado para las víctimas y para la inmensa mayoría de los ciudadanos-, por complejas que sean las tareas pendientes hasta que la banda terrorista entre definitivamente en la sección ominosa de nuestra historia, no podemos despreciar el hecho de que las elecciones del 20-N van a ser las primeras de nuestra democracia que van a producirse sin la amenaza de las pistolas. En demasiadas ocasiones los ciudadanos de este país han tenido que acudir a las urnas con el alma encogida por asesinatos aún calientes: Francisco Tomás y Valiente, Fernando Múgica (ambos en vísperas de las elecciones de 1996), Fernando Buesa (febrero de 2000) y tantos otros. No siempre o no necesariamente, figuras políticas notorias. En su estrategia de socialización del sufrimiento, no vacilaron en asesinar a socialistas o populares sin mayor relevancia pública, con el solo propósito de aterrorizar a cuantos se movían por territorios ideológicos excluidos en su proyecto totalitario. En el vigilante ejercicio de memoria al que estamos obligados, no está de más recordar que las últimas elecciones generales (9 de marzo de 2008) se celebraron bajo el impacto del asesinato de un exconcejal socialista, Isaías Carrasco, en Mondragón, dos días antes de la cita con las urnas, mediante el método expeditivo del tiro en la nuca.

El, entonces, lehendakari Ibarretxe, que había condenado el crimen con contundencia, se negaba a hacer una lectura política del atentado, quién sabe sipor temor a que pudiera beneficiar las expectativas electorales de los socialistas. Como escribió Soledad Gallego-Díez en estas páginas, a Isaías Carrasco no lo mataron porque fuera un hombre bueno y sencillo, ETA lo hizo solo porque representaba una opción política que los terroristas no estaban dispuestos a tolerar.

Votos frente a pistolas editorializaba EL PAÍS en su primera página el día de reflexión bajo este titular a toda plana: Los partidos llaman al voto masivo frente al crimen de ETA. Ese comunicado conjunto de las fuerzas políticas no estuvo exento de fuertes disputas tras una campaña en la que el PP había aireado profusamente la sospecha de que Zapatero seguía negociando con ETA bajo la mesa. Ignacio Astarloa no la despejó en la conferencia de prensa que dio en nombre del PP después de firmar la declaración unitaria. Es positivo que un Mariano Rajoy que ya se ve preinvestido como presidente de la nación haya proclamado esta vez que el final del terrorismo es una buena noticia y que se ha conseguido sin pagar un precio político, por mucho que en un lateral del proscenio Mayor Oreja pregone su mantra del pacto ETA-Zapatero.

Aquel 9 de marzo de 2008, EL PAÍS abría su primera página con unas emocionadas palabras de Sandra Carrasco, hija del exconcejal asesinado: “Quien quiera solidarizarse con mi padre que vote”. Al lado, una gran fotografía en la que una decena de políticos socialistas, con Patxi López y Jesús Eguiguren al frente, llevan a hombros el féretro de su compañero.

Entonces, como en tantas y tantas ocasiones, no faltaron respuestas miserables que costará superar en el difícil camino de reconciliación al que está abocada la sociedad vasca en la fase posterrorista. Por de pronto, la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, que representaba a una de tantas siglas refugio de la izquierda abertzale (ANV en su caso), votó en contra del comunicado de condena del asesinato, junto a otros seis concejales de su grupo. El máximo signo de respeto que se dignó prestar fue no aparecer por el Ayuntamiento mientras estuviera allí la capilla ardiente de Isaías Carrasco.

El ignominioso mensaje último de la banda, que pretende erigirse en padre de la paz después de medio siglo de crímenes, ¿puede acaso engañar a alguien fuera del círculo de la propia secta?

Desde luego que el cese definitivo de la violencia terrorista no cierra esta pesadilla. Quedan muchos cabos pendientes: más de 700 presos con largas condenas que la mayoría social no está dispuesta a condonar, al menos 300 crímenes aún sin juzgar y la entrega o destrucción de los arsenales, que en Irlanda del Norte fue un incierto proceso que solo culminó ocho años después del Acuerdo de Viernes Santo. ¿Quién será en nuestro caso el general De Chastelain que lo verifique? Tareas arduas que tendrá que incluir en su agenda el próximo presidente del Gobierno, que según todas las encuestas será Rajoy. Pero los vascos -y todos los españoles- podrán votar el 20-N a sabiendas de que ha terminado la pesadilla del tiro en la nuca. En 2008, los socialistas ganaron las elecciones en el País Vasco y lo hubieran hecho sin aquel asesinato. Si la voluntad de los votantes fue capaz de expresarse contra el crimen, ¿por qué hemos de creer que el final del terrorismo favorece inevitablemente a los herederos de ETA? Intentar que no sea así es la primera obligación de los partidos que concurren a las próximas elecciones.

En una fecha indeterminada de la presente legislatura los copresidentes del Gobierno Zapatero y Rubalcaba dictaron una instrucción secreta al Centro Nacional de Inteligencia para que, con cargo a su presupuesto de gastos reservados, encargara a la Real Fábrica de Tapices una alfombra roja de 454 kilómetros de largo y el ancho de una calzada romana. Cuando el general Sanz Roldán les preguntó de qué iban, le contestaron que pasarían a la Historia -además de al libro de los récords- porque se trataba de «la alfombra de la paz».

Era tal la cantidad de material inflamable requerido y tan flagrante la vulneración de las más elementales normas medioambientales que fue imprescindible implicar al Tribunal Constitucional, seis de cuyos jueces -con una larga trayectoria de prevaricaciones morales varias- se prestaron a bendecir la iniciativa, anulando para ello las últimas sentencias del Tribunal Supremo y derogando de facto la legislación vigente en materia de ordenación penal del territorio.

Siendo el siguiente objetivo trasladar la gigantesca alfombra enrollada hasta la ciudad de San Sebastián, Zapatero y Rubalcaba comunicaron sus planes al líder del PNV, Iñigo Urkullu, quien aplaudió con las orejas por considerar esa megainfraestructura prioritaria incluso a la conexión de alta velocidad a través de la llamada Y vasca.

Una vez obtenido el nihil obstat del partido al que consideran depositario de la legitimidad que emana de Dios y las leyes viejas, los copríncipes de La Moncloa encargaron la logística de la operación al lehendakari socialista que, por azares del destino, ocupa provisionalmente el palacio de Ajuria Enea. Patxi López, tan bien dispuesto como siempre hacia cualquier proyecto que desemboque en su pronta salida de un cargo del que en su fuero interno se siente usurpador, repartió a su vez la tarea entre el agente de Rubalcaba Rodolfo Ares y el protegido de Zapatero Jesús Eguiguren.

Pese a que la participación de este tal Txusito, un hombre desequilibrado donde los haya, capaz de combinar las violencias celtíberas con el pacifismo político, garantizaba las más diversas automutilaciones y tropiezos, también proporcionaba la seguridad absoluta de que ninguna humillación o indignidad exigida por los destinatarios de la alfombra roja dejaría de ser satisfecha.

A modo de ensayo general, y como prueba de buena voluntad por parte de los maestros tapiceros, en las pasadas elecciones municipales se desplegaron unas decenas de kilómetros de moqueta carmesí de forma que los candidatos de Bildu pudieran transitar cómodamente desde sus herriko tabernas, zulos y gaztetxes a bastiones del poder territorial como la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento donostiarra.

Todo funcionó a la perfección -incluida la oportuna designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura por parte de un jurado controlado desde el ministerio del ramo- y así, tacita a tacita, cheque regalo a cheque regalo, vale descuento a vale descuento, los fabricantes de la alfombra lograron convencer a la banda de facinerosos que durante más de medio siglo ha cometido más de 850 asesinatos con la pretensión de imponer su ley en las carreteras de nuestra convivencia, de que podrían llegar por las buenas y con todos los honores al mismo sitio al que habían intentado hacerlo perforando nucas, destrozando vientres y seccionando piernas de hombres, mujeres y niños con un inevitable coste de impopularidad.

Para terminar de ganarse la confianza de los criminales y vencer sus recelos en el sentido de que una alfombra puede desenrollarse un día pero volver a enrollarse apenas cambie la empresa gestora del teatro, Zapatero y Rubalcaba han patrocinado una edición extraordinaria del Festival de San Sebastián, dedicada exclusivamente al cine negro. Para ello contrataron a través de una organización llamada Lokarri a una serie de actores internacionales, con el vistoso Kofi Annan a la cabeza, obteniendo mensajes de adhesión de otras viejas glorias de la pantalla como los añorados Tony y Jimmy.

Nadie dudaba de que ETA sería la ganadora tanto de la Gran Concha de Oro, Plata y Bronce como del Premio Especial del Jurado y del Diploma a los Valores Morales de la Juventud, pero quedaba por saber cuál sería la película que presentaría a concurso, toda vez que su esmerada producción Sortu no había llegado a tiempo de completar su doblaje del euskera al castellano. Al final la incertidumbre duró lo justo and the winner is… Amaiur!!!

Una vez despejada esta incógnita ya sólo faltaba esperar el instante mágico en que los productores se dignaran comparecer, arropando a sus actores de ocasión -Iñaki Antigüedad, valga la redundancia, encabeza el reparto-, para enfilar la alfombra roja que les llevará a recoger sus galardones en el mismísimo Congreso de los Diputados. Se hicieron de rogar un rato pero tuvieron el detalle de presentarse encapuchados y hacer un canto a las esencias del género negro, argumentando que ETA siempre ha matado más blanco. Fue un momento inolvidable en el que el «alto el fuego permanente» se hizo «cese definitivo», con perspectiva de progresar hacia la triple A del rating de terroristas reinsertados o estadio de «superación de la confrontación armada», a cambio de unos indultillos de nada.

En todo caso lo esencial no es eso. Esta vez los tiros -con perdón- no van por ahí. Zapatero y Rubalcaba se han comprometido a que todas las noches desde ahora hasta el 20-N, ellos mismos, ayudados por sus respectivos grupos mediáticos, irán extendiendo la alfombra, en público y a toda prisa, para que el equipo de rodaje de la productora del hacha y la serpiente pueda atravesar cómodamente los pueblos, ciudades y cementerios de España hasta cosechar este primer fruto de su talento y esfuerzo.

Y digo bien porque lo pactado es cederles la alfombra para que puedan utilizarla como infraestructura a la vez permanente y móvil, de manera que les sirva en 2013, probablemente ya con Sortu en cartelera, para llegar al Palacio de Ajuria Enea, solos o en compañía del PNV, a recoger las llaves de la plaza que le queman en las manos al lehendakari cual si se tratara de un okupa con mala conciencia por estar vulnerando el derecho de propiedad.

Tiene gracia que de igual manera que la aproximación trágica al drama vasco me llevó el domingo pasado a Sófocles, su dimensión esperpéntica me obligue a recalar hoy en su precursor Esquilo. Y con los mismos personajes literarios de por medio. Porque, créanme o no, la primera referencia escrita a la «alfombra roja», como pasarela de los honores y agasajos que merece un triunfador, aparece en su obra Agamenón -datada en el 458 antes de Cristo- y más concretamente en labios de Clitemnestra cuando ultima los preparativos para recibir al vencedor de la guerra de Troya: «Mas, ¿por qué os retrasáis, esclavas mías, que tenéis la misión de desplegar una alfombra a sus pies? Salga un sendero de púrpura a su paso, y que Justicia lo conduzca a un lugar que no esperaba».

Sólo un visionario como Mikel Albizu, alias Antza, podía imaginar 25 siglos después este cursus honorum para una banda terrorista que ya en el momento de su detención en octubre de 2004 se encontraba contra las cuerdas como consecuencia del implacable acoso policial, judicial, legislativo, diplomático y social al que había sido sometida durante la segunda legislatura de Aznar. Sin embargo en su llamada «hoja de ruta», incautada junto a numerosa documentación que hizo aún más vulnerable a ETA, Antza pronosticaba que un proceso de negociación con el Gobierno desembocaría en «perdones por las dos partes», salida masiva de presos y la eclosión electoral de una relegalizada Batasuna. En concreto predecía que sus candidatos obtendrían en 2012 «cuatrocientos mil votos», triplicando casi su anterior apoyo en las urnas, lo que convertiría ese año en el de la «reparación histórica» mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Es difícil que este último objetivo se cumpla en tal plazo, pero en cambio la consecución de esa otrora quimérica cota electoral parece al alcance de su mano con unos meses de adelanto. Bildu obtuvo casi 320.000 votos en las municipales y está claro que en las generales subirá la participación y Amaiur contará sobre todo con el efecto propagandístico de la declaración de ETA, amplificado por la «alfombra roja» extendida por Zapatero y Rubalcaba.

Con el obvio propósito de impedir al PSOE capitalizar la pleamar de la euforia desatada el jueves por la noche, Rajoy se ha subido al carro oficialista y ha dicho que el anuncio de «cese definitivo de la actividad armada» no ha sido fruto de ninguna «concesión política». Será un movimiento todo lo astuto que se quiera -el favorito electoral no puede permitirse parecer aguafiestas a menos de un mes del 20-N- pero, sencillamente, eso no es verdad. Las concesiones comenzaron en 2005 en el mismo momento en que se aceptó a la banda como interlocutora de una negociación oprobiosa y continuaron embozadamente de forma ininterrumpida incluso durante la ruptura de la tregua, mediante la técnica de la zanahoria y el palo. En esta hora límite de España Rajoy podrá pedirnos muchas cosas en aras del pragmatismo, pero no que nos creamos que la legalización de Bildu fue una ocurrencia personal de Pascual Sala y el patético Eugenio Gay.

En el brillante artículo, publicado en El Periódico de Catalunya, que le hizo ganar el Premio Rey de España del año pasado, el escritor mexicano Juan Villoro aplaudía la iniciativa de la artista Rosa María Robles cuando denunció la iniquidad criminal del narcotráfico por medio de una instalación titulada Alfombra roja. Robles logró apoderarse, en un olvidado depósito judicial, de las mantas ensangrentadas en las que habían sido envueltos los cadáveres de algunas de las víctimas y las desplegó por el suelo de museos y galerías de arte. Cuando la policía se las incautó, vertió su propia sangre sobre otra manta y la puso en su lugar. «Antes podíamos pensar que la sangre derramada era de ellos; ahora es nuestra», concluía Villoro, refiriéndose a la creciente toma de conciencia de la sociedad mexicana de que la lucha contra el crimen organizado concierne a todos y no sólo a sus víctimas potenciales.

En cualquier tiempo y lugar no hay peor receta para afrontar una amenaza grave que confundir sus manifestaciones externas con su sustancia. Cuando un oráculo vaticinó que moriría aplastado por una casa, el mentado Esquilo, veterano de la batalla de Maratón, optó por marcharse a vivir al campo lejos de cualquier edificio; pero allí le cayó encima el caparazón de una tortuga transportada por un ave y le desnucó. Siempre he dicho que ETA era mucho más que una recua de psicópatas aficionados al gatillo. Mal negocio haríamos si aceptáramos que a cambio de dejar de matar pudieran obtener por otros medios lo que pretendían con todos sus asesinatos anteriores, pero el colmo de los colmos sería ayudarles a alcanzarlo.

Uno de los hitos del último capítulo de El primer naufragio es el momento en que la Convención Nacional sitiada vota otorgar una soldada de dos libras al día a todos los sitiadores sin recursos en tanto dure el asedio. Lenin tenía, pues, precedentes en los que inspirarse para pronosticar que los burgueses venderían a los revolucionarios la soga con la que los ahorcarían. En la era del show business la metáfora de la alfombra roja resulta aún más apropiada. Lástima que ésta por la que avanzan los verdugos esté entintada por la sangre de casi un millar de españoles. Es decir, con la sangre de todos nosotros.

The unconditional declaration by the Basque separatist group ETA this week that it is finally ending 50 years of violence, during which it killed hundreds of people and wounded thousands more, should be welcomed by all governments and peoples. It is a victory for democracy, as well as a victory for the people of Spain and the Basque regions of Spain and France.

The Spanish government — in particular Spanish Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero and his deputy, the long-time interior minister, Alfredo Rubalcaba — has taken courageous risks for peace and paid a heavy political price when ETA responded by blowing up part of Madrid airport and returning to killing in 2006.

Zapatero and his colleagues never stopped fighting ETA, consistently defending Spanish democracy, and, with the support and cooperation of President Nicolas Sarkozy of France, successfully weakened the terrorist movement by arresting its leadership and disrupting their attacks.

But Zapatero also never stopped offering the hand of peace. He made it clear that there would be no secret negotiations, that there would be no political concessions to ETA, and that another cease-fire would not be enough: ETA must unilaterally, publicly and unambiguously declare that it was ending the armed struggle for good if there was to be peace.

The opposition Popular Party, led by Mariano Rajoy, has also always demonstrated its seriousness and responsibility on this issue.

The firmness paid off this week. ETA has now done exactly what was demanded. Its leaders have put violence behind them for good. This really is the end of the last armed confrontation in Europe.

In its declaration ending the armed campaign, ETA asks for talks with the governments of Spain and France to deal with the “consequences” of the conflict. These talks are necessary to assure the dissolution of ETA as a military force.

Just as we did in our talks in Northern Ireland, these talks will deal with the decommissioning of weapons, explosives and military infrastructure, with the issue of prisoners and exiles, with the rehabilitation of those caught up in the violence, with security normalization and with recompense for victims.

As in Northern Ireland, there will be a “peace dividend” for Spain. The billions of euros that have been spent on security can now be redirected to more socially useful ends, a welcome benefit in a time of cutbacks and budget restraint.

As in Northern Ireland we must remember the victims and ensure that the families left behind are properly recognized and supported.

Above all, it will now be possible for all parties in Spain and the Basque region to pursue their aims politically without violence or the threat of violence.

I believe there also are wider lessons from the end of this conflict.

The first is that governments must firmly defend themselves, their principles and their people against terrorists. This requires good police and intelligence work as well as political determination.

But governments must also recognize the need to “talk to their enemies.” Firm security pressure on terrorists must be coupled with offering them a way out when they realize that they cannot win by violence. Terrorist groups are rarely defeated by military means alone. Peace is always made between enemies, not friends. This is as true in the Middle East, Africa, Asia and the Americas as it is in the Basque region.

I learned from our experience in Northern Ireland that ending violence and making peace irreversible requires patience, taking risks, suffering setbacks and a constant commitment. It also requires creativity, generosity and statesmanship. In Spain these qualities have been demonstrated by all and will be needed to secure a lasting peace.

Spain will hold national elections on Nov. 20 and a new government will have to take on the hard work of clearing up the consequences of the conflict. This is the point in peace processes when the participants often collapse in exhaustion — but it is when efforts need to be redoubled. The European Union and the wider international community should strongly support the new Spanish government in this effort.

ETA has made a historic declaration. The opportunity for peace must now be seized. I will work to support Spain, France and the citizens of the Basque region in any way I can in their effort to secure the lasting peace and democracy they have long demanded and fully deserve.

Querido J:

Maite Pagaza es una mujer admirable. Te lo he dicho y escrito decenas de veces. Las razones son múltiples, pero ahora sobresale una: ha conseguido que su condición de víctima del terrorismo sea marginal. En el espacio público Maite Pagaza ya no es la dama consorte de la muerte, sino una mujer intelectualmente enfrentada al complejo asunto moral de la convivencia entre asesinos y víctimas en el próximo País Vasco. Entre sus últimos trabajos, como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, está un documental que se presentó el miércoles en Madrid. El 27 de marzo de 2011, nueve personas se reunieron para debatir el Documento de la Justicia que la Fundación había elaborado semanas antes. El encuentro fue filmado íntegramente. Manifiesto para un final se llama. Extremadamente sobrio y de gran interés. La asociación quiere organizar proyecciones en toda España y tejer una trama de debates. Para pellizcar el músculo moral de la sociedad española. Será necesario. El Estado ha derrotado a ETA. Ahora habrá que escribir la crónica. Yo recomiendo consultar a los franquistas, si queda alguno, porque entienden mucho de este asunto; ellos que ganaron la guerra pero permitieron que sus enemigos la escribieran.

Como puedes imaginar, en el documental se atropellan los asuntos graves. Aunque tengo debilidad por el perdón. Debe de ser algo constitutivo, porque no sé perdonar y uno aprecia siempre lo que no tiene. No conozco el perdón ni el rencor. Yo sólo olvido, con una facilidad líquida. Más de una vez me he descubierto saludando, y hasta con efusión, a un sinvergüenza que me hizo víctima en el pasado de alguna mala jugada. Pero el pasado lo he evocado ya en la escalera, en espíritu, alejado el cuerpo. Y sé que mis violentas maldiciones de autorreproche tampoco durarán mucho tiempo. Disculpa estas expansiones: me intriga la gente que recuerda y perdona. En el documental hay un momento de gran trascendencia sobre el perdón. Lo protagoniza Antonio Recio. Te transcribo lo que dice: «La firma del papel [se refiere al documento que puede cambiar el régimen penitenciario de un etarra] puede ser por imperativo legal. Esto os puede sonar a risa y a ficción, pero ya se ha producido. Hace menos de dos meses un etarra, cuando se pone delante de un papel, delante de la Junta de Vigilancia Penitenciaria, dice que pide perdón a las víctimas y se separa de la banda, por imperativo legal. Hombre… Obviamente, la Junta de Vigilancia Penitenciaria no le concedió el grado. Pero es que tuvo el valor de hacerlo».

Humm…

El imperativo legal. Recuerdo los años en que los dirigentes de Batasuna acataban la Constitución por imperativo legal para tomar posesión del escaño. Mucha gente vio aquello como una claudicación. Yo también, pero de los abertzales. La medida política más importante que tomó el Estado de Derecho, y la que, con el apoyo constante y eficaz de la Policía, ha conducido a la derrota terrorista, fue la ilegalización de Batasuna. Es decir, un imperativo legal. Aparentemente, sólo hay hipocresía en el etarra que pronuncia su extraño perdón ante las autoridades de la cárcel. Parece estar diciéndoles: ni me arrepiento ni dejo la banda. Descartemos, por irrelevante y caduco, el segundo supuesto: ya no hay banda. Pero, ¿cómo demostrar que es verdad lo que está diciendo? Es decir, ¿cómo demostrar que ha tomado su decisión por imperativo legal, precisamente, y no por miedo, cansancio, lujuria, hambre de comodidades o interés en ser padre? Inútil, incluso, sería argumentar que su hipocresía se demuestra «por lo que dice». Porque eso sería atribuir a lo que dice, y en toda circunstancia, un carácter indiscutible. Sería aceptar que cualquier etarra que diga «me arrepiento» está diciendo la verdad, y ahí tiene la puerta abierta esperándole.

Pero es que la verdad, esa verdad íntima e infalible a la que parece querer acceder Recio, no importa. Para nada importa el sucio corazón de un etarra. Lo que nos importa es la inclinación de cabeza ante la autoridad. Humillar es un verbo castellano y taurino. «Yo me arrepiento», deberán decirlo. Se les puede imponer, incluso, las cuatro palabras justas que deberán decir. Y ni una coma de más ni de menos. Las dirán, no hay cuidado. Es posible que, como las criaturas felonas, crucen los dedos por detrás al decirlas. En mi época, los felones llegaban hasta el extremo de presentar encima de la mesa sus 10 dedos rectos mientras proclamaban. Luego salían y te confesaban a la oreja, derrotados y patéticos, que tenían los pelos (incipientes) de los cojones cruzados. Allá ellos: el Estado no entiende de supersticiones. Una banda derrotada y arrepentida por imperativo legal. Si hubiera banda, aún se podría probar de algún modo fáctico el arrepentimiento. La manera más usual ha sido siempre la colaboración con la policía. Pero ya no hay nada que delatar. Ya no se trata de un abandono individual, sino de un derrumbe colectivo. Ahora ya sabemos lo que significaba aquello del derecho de autodeterminación. Olvidamos muy pronto. Yo, el primero, ya te he dicho. Hace muy poco tiempo parecía por completo inconcebible que ETA abandonara definitivamente las armas sin la expectativa concreta de un referéndum. Estábamos gozosamente confundidos: el derecho de autodeterminación sólo significaba el derecho de cada uno de los presos a optar por el arrepentimiento. El título maravilloso y profético de aquel libro de Aranzadi, Juaristi y Unzueta: Auto de terminación. En efecto.

Hay algo más. Nos afecta a nosotros, esta persona del verbo que hay que administrar con tanta homeopatía. Hace algún tiempo escribí que lo peor de exigir el perdón a los etarras es que habríamos de dárselo. Porque, en efecto, no se concibe una circunstancia de penitencia unilateral, no correspondida. No sé qué opinarán las víctimas que aparecían en el documental de mi querida Pagaza. Víctimas hay de muchos pareceres. Es esta humanidad plural la que las diferencia, y muy precisamente, de sus asesinos. Yo me atrevo a pedirle a Antonio Recio que revise la jurisprudencia del perdón. Sobre todo para que las víctimas españolas, como hicieron desde el primer muerto, puedan seguir acogiéndose cada día del resto de sus vidas al imperativo legal. Y que así, desde su más estricta observancia, perdonen. Las que puedan perdonar y las que no.

Sigue con salud

A.

Si algún día de estos, mareados por la lógica alegría, se olvidan de quiénes eran y a qué se dedicaban los tres pulcros encapuchados que salieron ayer en televisión, llámenme y charlemos. Ahora estoy en Roma, pero tengo buena memoria y aquí el café es excelente. Es verdad que no retengo demasiado bien las fechas, pero sí las caras y los olores. Las caras de Alberto y de Asen, por ejemplo. Regresaban de madrugada a su casa de Sevilla cuando un terrorista los mató a los dos, dejando a tres niños solos para siempre. También recuerdo el rostro de Joseba, que en el sótano de la Casa del Pueblo de Andoain me enseñó -qué valiente era aquel tipo- una llave gigantesca hecha con corcho blanco y papel de plata que pensaba entregarles a los que, con la nocturnidad de los cobardes, le habían quemado el coche y colocado una llave de verdad en su buzón para advertirle de que en cuanto quisieran se lo cepillaban. Lo hicieron, malditos sean, unos días después. También recuerdo la angustia que me embargó aquella mañana en Rentería durante el pleno de condena por la muerte de José Luis Caso. Un hombre sentado junto a mí movía la pierna con nerviosismo. Su rodilla golpeaba la mía. Le pregunté qué le pasaba, me dijo que José Luis era su amigo, que fue él quien lo convenció para que se metiera en política, pero que ahora lo habían matado y que él tenía que ocupar su puesto de concejal del PP. Le di un abrazo y le deseé suerte. Dos o tres semanas más tarde fui a su entierro. A Manuel lo asesinaron cuando regresaba de comprar el pan. Nadie vio nada. Nunca nadie veía nada. En aquellos tiempos no tan lejanos, solo la mafia lo veía todo.

Así que fíjense, aquí en Roma, tomando café en el San Eustaquio -tal vez el mejor café del mundo- y recordando a los hombres y a las mujeres valientes. Gracias a ellos, no se líen, estamos celebrando ahora la derrota de la mafia. A esa gente que vivió con sus ideas a cara descubierta, aunque le fuera la vida en ello. Nada que ver con los de las capuchas o los que, desde las ventanas cerradas del miedo o la complicidad, siguieron viviendo cómodamente mientras a otros se les caían las llaves para mirar disimuladamente si les habían puesto una bomba en los bajos del coche. Pero dejémoslo, no es día de rencores sino de alegrías. Hoy es un día mucho tiempo soñado, así que ya no les cuento que Silvia tenía seis años cuando la asesinaron o que se me saltaron las lágrimas cuando, camino de Ermua, me enteré de lo de Miguel Ángel. ¿Se acuerdan de aquella imagen del padre llegando a su casa con la ropa de trabajo manchada, agarrotado por un presentimiento, sin saber todavía que a su hijo, al que había conseguido dar una carrera después de una vida de desarraigo y estrecheces, lo habían secuestrado para matarlo? En fin…

Dejemos el café y pidamos una grapa o un chacolí de Getaria o una manzanilla de Sanlúcar o, casi mejor, un tequila de mi adorado México y brindemos por la derrota de la mafia. Ah, pero antes les dije que tenía buena memoria para los olores. Y de aquellos años que me tocó escribir de los verdugos y las víctimas recuerdo un olor en especial. El olor a quemado de las Casas del Pueblo. Déjenme que les cuente. Durante aquellos años oscuros en que ETA puso en marcha lo que vino en llamar con ese lenguaje suyo tan ruin “la socialización del sufrimiento”, en muchos pueblos del País Vasco solo quedó una lucecita encendida, un voluntarioso y heroico faro en medio del temporal. El de las Casas del Pueblo. Al atardecer de sus vidas, jubilados de los Altos Hornos o de La Naval, algunos con apellidos interminablemente vascos y otros con el sur del que emigraron acariciándole el acento, se juntaban en la Casa del Pueblo para retarse al dominó o a las cartas. Vistos desde fuera -desde los cristales blindados de la mil veces quemada Casa del Pueblo de Hernani- parecían jubilados corrientes, café corriente, coñac corriente, achaques corrientes, batallitas corrientes. No era así. Se lo digo yo que los observé durante tardes enteras. Hacían como que tomaban café, pero a lo que se dedicaban verdaderamente era a la política. Resistencia civil frente a la mafia. Lo habían hecho en sus años mozos frente a Franco y lo hacían ahora frente a los nuevos dictadores del terror. Los jubilados jugando a las cartas entre los restos de una Casa del Pueblo que acababan de quemar fue durante mucho tiempo la estampa más conmovedora y más democrática. La única que rompía el paisaje ultranacionalista que la mafia quería imponer.

Así que disculpen la plática y, ahora sí, brindemos ya por ellos a la sombra del Panteón. Ellos son hoy los protagonistas. Esta paz fue construida día a día, durante años, por un jardinero de Zarautz que iba al trabajo con escolta, que no podía bajar la basura y que los fines de semana se tenía que ir de Euskadi para poder pasear a solas con su hijo. No, nunca, jamás, por un pistolero con su ridícula capucha. Brindemos lo que haga falta, pero sin olvidar ese pequeño detalle.

Entiendo el júbilo de algunos como reacción de alivio, pero no lo comparto. Aún menos comparto la ingenuidad imprudente de quienes, sin tomarse tiempo para la reflexión, ya están dispuestos a abrazar y, por supuesto, a hacer concesiones a diestro y siniestro a fin de quedarse tranquilos.

ETA persiste con sus arsenales, su propaganda, su objetivo férreo y sus pasamontañas. Dicha realidad no cambia un ápice por el simple hecho de que, con grotesca escenografía y verba falaz, tres tipos sin cara hayan anunciado el cese de la única actividad que continuará dando su razón de ser a la banda terrorista mientras esta no se disuelva o sea disuelta: matar y hacer sufrir a la gente para consumar unos fines más o menos políticos. Al verlos pensé de inmediato en el lobo de Caperucita. ¡Qué boina más grande tienes!

ETA no tiene ningún sentido fuera del crimen. No lo ha tenido nunca. ETA no es una asociación deportiva ni una cofradía para el fomento de las bellas artes. Fue fundada para lo que ha hecho. Su mera existencia, aunque sea en grado de congelación (a saber hasta cuándo), implica una potencialidad criminal continua, punteada en el pasado de un sinnúmero de atentados cuyas sangrientas consecuencias todos conocemos y algunos, las víctimas, siguen padeciendo.

Tuvo fuerza hasta que a un juez se le ocurrió un día mirar con lupa el funcionamiento del cotarro. ETA no era, no es, como pensaron muchos, un grupo, mucho menos un grupo cerrado. Era, es, la parte ejecutante de un procedimiento colectivo de actuación encaminado a obtener la conversión en Estado de un territorio. Todo lo que no sea la consumación de dicho objetivo no es democracia. Por eso, dicen (ellos o los que profesan sus mismos ideales), la democracia española, a pesar de sus comicios, sus partidos, sus tribunales de justicia y su prensa libre, no es democracia. En estos niveles de debate nos movemos los vascos desde hace más de 40 años.

El referido procedimiento de actuación no depende directamente de los individuos implicados. Cualquiera podía, puede, incorporarse a él, incluso sin necesidad de entrar en estructura organizativa alguna. Quemar autobuses por cuenta propia, pegar carteles, golpear a un periodista, amedrentar de cualquier manera a la ciudadanía, todo era, es, válido siempre que empujase la causa en la dirección adecuada. Solo la procura de fondos ha mantenido ocupada a mucha gente que, como no empuñaba armas (obtenidas, eso sí, con su recaudación), se considera limpia de delito.

Con una punzada de vergüenza he comprobado en ocasiones que a numerosos ciudadanos españoles ETA les parecía unacosa lejana, de vascos de por allá arriba, sin percatarse de que esta gente brutal ha estado atacando sin descanso el sistema democrático que, con todos los defectos y excesos que se le quieran imputar, disfrutan los españoles desde hace unas cuantas décadas. Hay que estar muy poco versado en historia de España para ignorar la suerte que hemos tenido los contemporáneos de la época actual. Quien albergue dudas al respecto que eche un vistazo atrás.

ETA ha matado en todas partes. En Palma de Mallorca a los últimos. Ha matado a no pocos niños. También a peatones que mejor se hubieran quedado aquel día en casa. Usted mismo, que lee estas líneas, podría estar ahora criando malvas. Quien dice usted, dice un familiar suyo, o un amigo, o un compañero de trabajo. ¿Qué noble causa es aquella cuyo cumplimiento pasa por colocar una bomba en el garaje de un supermercado, matar a cinco niñas en un cuartel o a dos ecuatorianos en el aparcamiento de un aeropuerto, y así hasta 858 personas?

Ahora se hacen los buenos, los políticos, hablan de un nuevo panorama (como si en democracia los panoramas no los decidieran las urnas) y reclaman diálogo para resolver el conflicto. Parecen no haber reparado en que, no bien ha dejado ETA de matar, hay paz.

¿Qué extraño conflicto armado era este en el que solo disparaba una de las partes? ¿O es conflicto armado el que las fuerzas de orden público detengan y lleven ante un juez a quienes vienen de cometer unos cuantos asesinatos?

El conflicto persiste, dicen. ¿Qué mayor prueba de que han sido derrotados? Tantos muertos, ¿para esto? ¿Para estar igual que al principio? Aún peor, ¿para haber hecho del pueblo vasco un pueblo dividido, un pueblo de agresores y víctimas, para trasladar aquel infortunio de las dos Españas a las dos Euskadis?

Llevan tantos años creyéndose sus eslóganes y sus dobleces que aún piensan que van a conseguir, sentándose a una mesa con el ministro del Interior de turno, lo que no les procuraron las bombas ni las pistolas. Amigos, los conflictos, las diferencias, en los sistemas democráticos, se dirimen en los Parlamentos, que para eso están, para discutir y tomar decisiones, y no asesinando congéneres por la simple circunstancia de que vistan de uniforme, militen en la oposición o ejerzan la crítica en los medios de comunicación.

Así y todo, la derrota decisiva les va a venir a los terroristas a partir de ahora, a medida que vayan saliendo a la superficie las mil y una historias de terror y de podredumbre moral a ellos debidas, y a medida que numerosas manos asienten por escrito todo lo que hicieron. El relato histórico y literario de lo sucedido es hoy por hoy una tarea nacional, un gesto ético de primer orden para con las víctimas y una obligación pedagógica encaminada a dar respuestas positivas a las preguntas que plantearán, quieras que no, las futuras generaciones cuando vuelvan la mirada hacia nuestra época y deseen entenderla.

Dicha tarea es, además, necesaria para no ponérselo fácil a quienes en adelante, comprensivos con el terror, se afanarán por minimizarlo, borrar las huellas, expandir el humo denso del olvido y tejer los hilos perversos del revisionismo histórico. No estamos por fortuna en la Edad Media. Abundan el material gráfico y los relatos testimoniales de todo tipo. Urge, no obstante, impedir que sea levantada una historia heroica y bucólica de ETA que convierta los lobos en ovejas. Tiempo de sobra han tenido para saber a qué abismos públicos y privados conduce la maldad.