El PNV ha anunciado su rechazo a la reforma del artículo 135 de la Constitución porque afecta al autogobierno vasco, a sus competencias propias y a la definición de las políticas económicas y fiscales de Euskadi. En la misma dirección se ha pronunciado la llamada izquierda abertzale, que ha calificado el acuerdo PSOE-PP como un ataque directo al autogobierno de vascos y navarros.

Nada tiene de extrañar que los amigos de ETA sigan en su línea habitual. Para ellos la reforma es una demostración más del aplastamiento de las libertades nacionales de Euskal Herria. Distinto es el caso del PNV, que presume de un ardiente europeísmo. Si, como anhelan, Euskadi fuera una nación en Europa, sus instituciones también se verían obligadas a cumplir las prescripciones de Bruselas. Pienso que estamos ante una repetición de la partitura que los nacionalistas interpretaron en 1978. En aquel momento histórico de nada sirvió que, con el apoyo explícito de Xabier Arzalluz en la Comisión Constitucional del Congreso, se introdujera por consenso de todos una disposición que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Carlos Garaicoechea, entonces presidente del Euskadi Buru Batzar, ordenó a Arzalluz echar marcha atrás al percatarse de que aceptar una Constitución fundamentada en la unidad indisoluble de la nación española suponía el suicidio del nacionalismo sabiniano. Paradójicamente, el PNV enarbola ahora la denostada disposición adicional, que le sirvió entonces como pretexto para abstenerse en el referéndum constitucional.

Es falso que la reforma vulnere la autonomía vasca. El punto primero del artículo 135 establece que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Es éste un pronunciamiento avalado por el sentido común y que no altera ninguna competencia del País Vasco. Más aún, la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 preveía su aplicación al País Vasco «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico», que a su vez consagra el principio de «coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria».

Decir que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros, es otra obviedad. Todas las administraciones públicas españolas están obligadas a cumplir las normas comunitarias europeas.

También es inobjetable la exigencia constitucional de que el Estado y las autonomías habrán de ser autorizadas por ley para emitir deuda pública. En la actualidad, todas las comunidades -incluidas las diputaciones vascas- necesitan para endeudarse obtener la autorización del Gobierno. Constituye una novedad de gran calado para el desarrollo de la economía nacional la previsión de que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al PIB del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En realidad, con la Constitución en la mano, bastaría para conseguir este objetivo con aplicar lo dispuesto en el artículo 149.1.13, que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

El texto reformado remite a una ley orgánica el desarrollo de los «principios» contenidos en él. Nada impide, sino todo lo contrario, que a la hora de proceder a su elaboración se introduzca -como ya se hizo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001- una disposición de respeto a los regímenes forales. Tal proceder sería congruente con lo previsto en el punto 6 del nuevo artículo que determina que «las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites establecidos en aquél adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias».

La naturaleza jurídica de la foralidad navarra es diferente de la vasca. Fue Cánovas del Castillo el que en 1878, tras el fin de la tercera guerra carlista, concedió a las Provincias Vascongadas los Conciertos Económicos, que de un sistema de mera descentralización recaudatoria han pasado a ser después de la Constitución de 1978 un régimen de plena autonomía tributaria. En el caso de Navarra, sus facultades en materia fiscal son originarias y se incorporaron al ordenamiento constitucional mediante la Ley Paccionada de 1841, que integró el antiguo Reino navarro en el seno del Estado español previo reconocimiento de un estatus autonómico singular al que se dio en llamar régimen foral. Después de la Constitución de 1978, la foralidad navarra experimentó una importante transformación. El Amejoramiento del Fuero de 1982, además de democratizar las instituciones forales, tuvo como objeto integrar en el régimen navarro todas aquellas facultades y competencias compatibles con «la unidad constitucional». Concepto que se reitera al establecer que en ningún caso el ejercicio de las competencias forales afectará a las facultades y competencias del Estado «inherentes» a aquella.

Aunque la unidad constitucional, único límite para el desenvolvimiento del fuero navarro, pueda admitir diversas interpretaciones, es indiscutible que la reforma proyectada tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales y el interés general de los españoles, de modo que se inserta en el núcleo esencial de la unidad constitucional. En realidad, se trata de una concreción en el ámbito presupuestario de una de las competencias exclusivas e irrenunciables del Estado, como es la de establecer las bases y coordinar la planificación de la actividad económica.

Los sanfermines son unas fiestas eminentemente táuricas, no sólo taurinas, que conservan trazos y sobre todo el embrujo de viejos ritos culturales que tuvieron como objeto al toro mítico desde los largos y oscuros tiempos protohistóricos. Como casi todas las primitivas fiestas religiosas, también ésta acabó un día en fiesta civil y lúdica, pero no perdió del todo los ancestrales elementos cúlticos.

El toro ha evocado en todos los tiempos la potencia y fogosidad irresistible, la fuerza creadora y hasta el ardor cósmico. El bos primigenius (urus, uro) fue el primer objetivo de los cazadores primitivos y se convirtió en algo más que en pieza de caza. El toro flechado, herido o acorralado de las cuevas de Lascaux, Altamira, Teruel o Levanzo simbolizaba no sólo la virilidad animal sino también la prosperidad de un grupo humano por su enorme capacidad alimenticia.

Su caza solía acompañarse de ritos mágicos, prácticas ceremoniales y estrategias cinegéticas. El culto al bravío animal se extendió, miles de años antes de nuestra era, desde la India al Mediterráneo. Y así es el feroz y mugiente Rudra, fertilizador de la tierra, que llega a ser símbolo de los dioses superiores Indra y Shiva en el centro de Asia. O el toro celeste babilónico, de nombre Nlil, que los sacerdotes-astrónomos de Babilonia colocaron en la segunda constelación del Zodíaco. Representa al dios semita EL, proscrito por Moisés en Palestina. Y en Egipto al gran rey, dando origen a dioses creadores y solares. Las divinidades lunares mediterráneas aparecen también con forma y atributos táuricos. La luna es el poderoso novillo del cielo, y el toro el animal lunar de la Tierra.

Además, desde tiempos arcaicos, el toro y el rayo son los símbolos de las divinidades atmosféricas. El mugido del astado se asimila al huracán y al trueno, manifestaciones de la fuerza que fecunda la Tierra.

Los múltiples mitos que tienen que ver con el toro fueron representados, vividos y revividos desde un principio por ritos correspondientes, que interpretan al hombre y su mundo, lo orientan, lo liberan, lo socializan.

En mil sitios de lo que se llamó Celtiberia, nuestra rugosa piel de toro, aparecen santuarios, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, monedas en torno al bóvido rey. Abundan hachas y puñales terminados en cabezas taúricas. Verracos con esa misma estampa coronan sepulturas como figuras votivas en terracota o bronce, a dioses tutelares. Y los toros se mezclan, repetidamente, con ciervos, figuras de la fecundidad, y con el cerdo y el jabalí, animales siempre gratos a los dioses preindoeuropeos.

Cuando los legionarios de Roma nos trajeron el culto tardío del dios védico y solar Mitra, favorecido entonces por los emperadores, a nuestros antepasados vascones no debió de sorprenderles mucho ni el rapto del toro primordial ni su degüello en la caverna, como fuente de fertilidad y de vida. Las aras y lápidas romanas en Ujué, San Martín de Unx, Aibar, Eslava, Artajona, Iruñuela, Gastiain, Sos o Uncastillo, con sus bucranios, cuernos de media luna, discos astrales, aras sacrificiales e instrumentos de pinchazo y descabello, tampoco les eran extraños.

El toro era un viejo conocido de nuestra gente; animal sagrado, amigo-enemigo, sacrificial y alimenticio. Había quienes lo veían en sueños o hasta despiertos, de noche y de día, en cuevas y bosques, echando fuego por la boca y las narices, o quemando las mieses y las metas.

El cristianismo, que fue ganando lentamente el corazón de los vascones, llevó al toro, como símbolo bíblico que es, a los altares. En Navarra, lo vemos encaramado en el tímpano de Leyre, subido a la portada de Santa María de Sangüesa, bien situado en el ábside mayor de Irache, y activo, elocuente, significante, en ménsulas y capiteles de la catedral de Pamplona, desmitificado ya pero llevando en sus nobles lomos y cuernos leyendas y milagros.

Los ritos táuricos fueron evolucionando con el tiempo. De los mitos nacieron epopeyas, leyendas, cuentos, fábulas. El rito se hizo a su vez juego, diversión popular o lucimiento de nobles. Y así el toro nupcial, que prefiguraba la fertilidad de los mozos casaderos, se convirtió en corrida nupcial.

El rey Carlos II organizó la primera corrida de toros sueltos en 1385, y la Corte de Olite dio ejemplo y ánimos a muchas ciudades y villas navarras. Del toreo a caballo, con perros, venablos y lanzas, se pasó al toreo de a pie, en el siglo XVII, donde toreros navarros de recia complexión física se hicieron célebres con sus banderillas, desplantes, quiebros, recortes, saltos de garrocha, trascuernos, y el llamado lance a la navarra.

El toro es en los Sanfermines elemento capital de ese reencantamiento simbólico del mundo que es toda fiesta. La procesión de San Fermín (1187) es todavía una santificación, formalizada y eclesial, de la hegemonía táurica. Por encima del tótem de la tribu está el patrono católico, legendario asimismo, santo celestial «que todo lo ve» y que a todos protege con su capotillo: «San Fermín, primer mozo. Milagrero capote de mil suertes peregrinas», escribió el poeta cristiano, taurófilo y sanferminero J.M. Pérez Salazar.

Con el rito cristianizador de la procesión enlaza la tonadilla madrugadora antes de comenzar el encierro, que es el rito primitivo, no sólo resto de tiempos primigenios sino eje y sentido de la fiesta actual.

En la inversión de valores que toda fiesta supone, el toro se hace dueño de la calle y señor a la vez de la vida y la muerte: por su imagen mítica, su potencia, su agilidad, su prestancia. Mucho más que «casta, poder y pies» (Ortega), es el semidiós, todo lo desmitificado y laicizado que se quiera. Porque basta no ya haber corrido el encierro, sino haberlo visto de cerca, para poder revivir de algún modo aquel temblor religioso-telúrico cuasi sobrehumano que nuestros ancestros vivieron ante el tremendo y fascinante animal que los religaba con la vida, con la muerte, con lo sobrenatural. Y los mozos que corren entre las astas, ¿no sienten «la apetencia de muerte y el gusto de su boca», como el Sánchez Mejías de Federico?

A las 18.30, dentro del coso tramposo y ritual, el torero, representante de la humanidad dominadora y «héroe civilizador» (J. Beriain), lleva a cabo, envuelto en las artes del juego taurino, el sacrificio tradicional que significa la regeneración periódica de las fuerzas sagradas, y la victoria -incluida la posible muerte del matador- personal y colectiva del hombre.

Pero en la verdadera corrida sanferminera, el encierro, volverá el toro mítico por sus fueros primordiales, que el solo juego taurino no puede expresar y mucho menos agotar.

Tres eran las principales incógnitas políticas que debían despejarse con el resultado de las elecciones forales y municipales en Navarra del pasado 22 de mayo: las consecuencias que tendría la ruptura de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular a lo largo de la pasada legislatura; la recuperación o no del PSN-PSOE, en claro declive desde que perdió las elecciones forales de 1991, tras siete años triunfales; y los efectos de la irrupción en el panorama político de la nueva coalición Bildu (formada por EA, Alternatiba y, sobre todo, Batasuna, a través de un buen número de candidatos independientes).

La ruptura entre UPN y PP, que juntos en un solo partido gobernaron Navarra desde 1991, y la lucha electoral de ambos por separado no han cambiado mucho los números electorales. Si el primero ha perdido tres escaños en el Parlamento de Navarra (19 de un total de 50), el segundo ha conseguido cuatro tras su primera contienda política con nombre propio. Pero es menester evocar los dos escaños que ocupó en la legislatura anterior una escisión de UPN, Convergencia de Demócratas Navarros (CDN), que en esta ocasión se ha evaporado, como predecían las encuestas. Sus casi 5.000 votos se han malogrado, y seguramente otros posibles de ciudadanos que antes premiaron esas siglas y que ahora pueden haberse abstenido o, como otros muchos, haber emitido votos en blanco o nulos -votos todos ellos que han crecido en estas elecciones-, a pesar de que la ocasión era propicia como será difícil encontrar otra. No todos los votantes de la antigua UPN se sintieron satisfechos con la ruptura, y algunos ya venían anunciando su desencanto y su protesta. La ley D´Hont se ha cobrado también su parte alícuota. Y todo, a pesar del trasvase de votos desde terrenos del Partido Socialista, habitual ya desde los 90.

El PSN-PSOE sigue, por desgracia, sin recuperarse electoralmente. Dejando aparte la calidad de las listas principales, mala como ella sola la de Pamplona, la que fuera primera fuerza en Navarra -bien es cierto que tras el hundimiento súbito de UCD y antes del crecimiento de UPN- ha llegado a su cota más baja (15´8% del voto válido), logrando sólo 9 escaños en el Parlamento y sólo tres en el Ayuntamiento de la capital. Por fortuna, y al revés que hace cuatro años, ha vuelto a ser el segundo partido político en número de votos y escaños, y obligado-privilegiado interlocutor por ahora del partido mayoritario y hegemónico desde el comienzo de los 90 -UPN- a la hora de los pactos institucionales y políticos principales, así como colaborador responsable en la difícil gobernanza de la Comunidad Foral, lo que complace a la mayoría de los navarros, mientras le cuesta caro por parte de algunos militantes clásicos.

Para los que conocemos desde sus orígenes a Batasuna y todos sus variados avatares, con una fuerte y continua presencia entre nosotros, esa irrupción de Bildu aquí y sobre todo en Euskadi, tras las muchas semanas de propaganda-antipropaganda y el heroico paso por el Tribunal Constitucional, no ha sido nada de extrañar. Unos meses más de entrenamiento, y los resultados hubieran sido aún mejores. En Navarra los primeros rostros de la coalición son de jóvenes militantes de EA, cofundador de Na-Bai, pero los votantes en su mayoría pertenecen a las viejas milicias batasúnicas, alegres y combativas. Se han quedado esta vez con muchos votos de la exitosa coalición de las elecciones anteriores, desgarrada recientemente en tres facciones. Con todo, NaBai (Aralar+PNV+independientes), pese a la pérdida de cuatro escaños, se ha mantenido bien, mejor en el Parlamento (ocho escaños frente a siete de Bildu) que en el mapa municipal fuera de Pamplona, gracias a las dos principales cabezas de cartel, una de ellas el fundador de Aralar, escisión de Batasuna, cuyo empuje electoral no ha sabido resistir en Euskadi, abriéndose serios interrogantes sobre su futuro.

A la desaparición de CDN, con sólo un puñado de concejales dispersos, hay que añadir el tercer escaño parlamentario de Izquierda Unida, nutrida ahora por una pequeña formación de izquierda vasquista, con la que ha unificado sus siglas, recogiendo visiblemente algunos de los votos huidos del lado izquierdo del PSN y del mismo lado, independiente y no independentista, de la antigua Na-bai, de la que procede.

Sin mayorías absolutas, como de costumbre, los pactos en esta tierra bronca pero pactista por tradición son el quehacer de cada día. En el loco verano de 2007, el PSN estuvo a punto de perder la cabeza con una coalición soberanista-independentista (a la que llamaba donosamente nacionalista y hasta vasquista), más votada que él y que le prometía la manzana del poder largamente deseada. Esta vez la tentación de contar con Bildu, contribución necesaria de todo punto para cualquier alternativa a una mayoría constitucionalista y foral, fue descartada por el secretario general del PSN, un día después que lo descartara para Euskadi el lehendakari del Gobierno Vasco

Lo demás son habas contadas: Gobierno de coalición, a pesar de los desproporcionados números, o las sólitas obligaciones y compensaciones mutuas de rigor durante la legislatura.

Cosas de intendencia, una vez pactada la estrategia.

Es bueno que de la Historia se ocupen los historiadores. No lo es que se convierta en objeto de debate político. Porque aunque los responsables políticos sean agentes que pueden influir en el futuro, no es cosa suya alterar el pasado. El pasado es revisable a la luz de nuevas investigaciones, documentación, datos o ángulos de interpretación, pero no es -aunque los nacionalistas creen lo contrario- cambiable a voluntad, ni se puede rehacer la historia cosiendo retazos de las distintas épocas en función de los deseos o las ideologías de algunos.

La Comunidad de Navarra va a vivir, en el próximo 2012, dos centenarios importantes: el VIII de la batalla de Las Navas de Tolosa -según la leyenda heráldica, de ella derivan las cadenas del escudo de Navarra- y el V de la conquista de Navarra por la Corona de Castilla. Dos aniversarios también para toda España. Pues el primero determina el discurrir final de la Reconquista y define la conformación sociocultural del valle del Guadalquivir y del conjunto de Andalucía, y el segundo, con la unión del Viejo Reyno, completa la configuración de España que, hace ya 500 años, constituyó la primera nación moderna de Occidente

Para ello, el Gobierno de Navarra ha organizado una serie de actos y, aparte de una amplia comisión institucional, ha promovido la creación de sendos comités científicos compuestos por historiadores prestigiosos para que con absoluta independencia decidan las actuaciones y los equipos de trabajo .

Naturalmente, estas rememoraciones no son del gusto de los nacionalistas vascos que aborrecen la circunstancia de que en el hecho de las Navas todos los reinos cristianos hispanos (y el de Navarra con presencia destacada) se unieran para una empresa común, detestan la realidad de una Navarra (la Euskalherria independiente de sus delirios) unida al resto de España y abominan el momento en que tal unión, fructífera para ambas partes, se produjo. Y ya que no pueden evitar que los hechos sucedieran de la forma en que lo hicieron, pretenden contaminar la realidad histórica aplicando sus fantásticas ensoñaciones a deformar la interpretación de aquellos episodios.

Entre los profesores e investigadores que participan en comités, congresos y reuniones científicas, los hay de las universidades navarras y de 22 universidades españolas (entre ellas, las vascas) de 16 países distintos. Tengo la certeza de que ninguno ha sido elegido por su orientación política. Desde el lado del nacionalismo vasco, sus agitadores y sus medios de comunicación, se viene desarrollando una campaña de presión dirigida a alterar el trabajo de estos equipos. Campaña que en las últimas fechas ha dado un salto cualitativo entrando en el debate partidista de los parlamentos español y navarro.

En una semana se produjo una secuencia bien engarzada de iniciativas: Nafarroa Bai interpeló a la ministra de Cultura para afearle su participación en la Comisión de 2012. El día siguiente, el presidente de PSN llevó al Parlamento Foral una moción para alterar la composición de los comités científicos existentes con otras -dice- «corrientes historiográficas», moción a la que se unieron con entusiasmo los partidarios de la gran nación vasca. Y pocos días después, Uxue Barkos llevó al Congreso de los Diputados la misma moción.

A nadie sorprende la moción nacionalista. Es posible que a quien no conozca los avatares del socialismo navarro le extrañe la sintonía y sincronía entre PSN y Nafarroa Bai. A los navarros, no. Estamos acostumbrados a que, con cada ciclo electoral, los socialistas de esta tierra se echen en brazos nacionalistas como al salvavidas que les rescate del previsible naufragio electoral. Y este año, despavoridos con las estimaciones de voto, no podían ser menos. Quien tenga la menor duda, eche la vista al proceloso verano de 2007 y al papel que jugó y la postura que defendió cada uno de los socialistas navarros.

Así pues, el PSN, amén de menospreciar a decenas de reputados profesionales de la Historia, ha puesto en un brete a sus correligionarios, forzando a la ministra a hacer funambulismo parlamentario, sabedora de que al responder a Uxue Barkos respondía a Román Felones a la vez, y obligando a la diputada socialista María José Fernández a manifestar gallardamente su respeto y consideración hacia los protagonistas de estos programas: «He repasado la composición de la comisión técnico-científica para la conmemoración de los dos hechos históricos y realmente son expertos historiadores y estudiosos medievalistas reconocidos…», aunque, finalmente, hayan votado con los nacionalistas, ellas también.

Pero lo chocante, lo inaudito ha sido ver al PP navarro y nacional coincidir en cuestiones de interpretación de historia de Navarra con los nacionalistas vascos, apoyando con su voto la mentada moción. Insólita oportunidad de ver a Nafarroa Bai, al PSOE y al PP concertados en cuestiones tales, además de con PNV y CIU… La política produce extraños compañeros de viaje. Santiago Cervera, Román Felones y Uxue Barkos o, lo que es lo mismo, Patxi Zabaleta, Roberto Jiménez (o Zapatero) y Jaime Ignacio del Burgo (o Rajoy), coaligados para la alineación del equipo científico que esclarezca la visión común de Navarra ¿O de Euskalherria? Ver para creer.

A estas alturas de la historia, es evidente que el desarrollo del Estado de las autonomías ha sido a trompicones, sin diseño previo, resultado de múltiples factores contingentes y con factores sistémicos como los de simple emulación. Si lo dicho es verdad para el conjunto del desarrollo autonómico, lo es más aún en el capítulo de la financiación. No existe al respecto ninguna previsión constitucional. La financiación autonómica se ha ido decidiendo a golpe de desarrollo de transferencias, de negociaciones sometidas a las necesidades parlamentarias del partido del Gobierno central, de capacidad de presión. El resultado se halla lejos de un sistema coherente, equitativo, con alguna lógica interna, sostenible y comprensible.

A este panorama se añade la existencia de un cuerpo extraño en la propia lógica constitucional como el concierto vasco y el navarro, que han terminado convirtiéndose para los que más injustamente se sienten tratados por el actual sistema de financiación autonómica -y se sienten así probablemente con toda la razón del mundo- en la receta milagrosa que puede arreglar todos sus problemas. Sin embargo, pudiera resultar que lo que realmente estén deseando no es el concierto en sí mismo, pues con su aplicación en condiciones de transparencia democrática, atendiendo a la exigencia de que la presión fiscal media sea igual al territorio común, y que se ejerza sujeto a reglas de lealtad, el resultado pudiera ser muy distinto del que ofrece actualmente en Euskadi y en Navarra. Lo que realmente suscita envidias sanas es el resultado actual de la aplicación concreta que se hace del concierto, que es el cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado.

No es demasiado atrevido afirmar que pocos políticos serían capaces de describir cómo se llega a la fijación del cupo que deben pagar anualmente Euskadi y Navarra. La chapuza técnica con la que se ha cerrado la negociación -o, mejor dicho, chantaje- que ha conducido a la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi es buena muestra de ello: desde el comienzo, en el que se exigía por parte del PNV la aplicación del sistema de concierto a la caja única de la Seguridad Social, algo imposible, a la afirmación de que los nacionalistas vascos han conseguido una valoración que supera en varias decenas de millones de euros lo que planteaba el Gobierno vasco, y al reconocimiento final de que probablemente va a ser deficitaria para Euskadi.

Es fácil ver el truco del cupo: si en el ranking de PIB per cápita Euskadi y Navarra se hallan en las primeras posiciones, en el de gasto público por habitante son de nuevo las que lo encabezan, con una cantidad que casi duplica la media española. Esa posición la pueden mantener, y con la diferencia indicada, no solo por gestionar mejor los ingresos, sino también, y sobre todo, por no pagar lo debido, y además seguir recibiendo de los presupuestos generales del Estado financiación adicional: en competencias concurrentes, en competencias exclusivas de la comunidad autónoma, en financiación municipal, como es el caso de Bilbao a través de la sociedad pública Bilbao Ría 2000, de cuyo capital social el 50% pertenece a la Administración del Estado.

El concierto no tiene por qué dar este resultado. La exigencia, por parte de los políticos que entienden del tema, de transparencia y debate democrático a la hora de fijar el cupo navarro y el vasco está más que justificada. El concierto puede ser un derecho histórico -desde 1878, no antes-, pero no el cupo concreto. No es verdad que se haya tenido que blindar el concierto en el Congreso de los Diputados, pues ya lo está suficientemente en el sistema legislativo español y, tras la sentencia europea, en Europa. Pero esa misma sentencia, que afirma que el concierto no tiene por qué ser considerado necesariamente ayuda del Estado, y que por ello es compatible con el derecho europeo, también afirma que la forma de calcular el cupo sí pudiera ser una ayuda del Estado, incompatible con el derecho europeo. Y lo que se ha blindado en el Congreso es una norma foral concreta que permite cobrar menos impuestos por beneficios empresariales en Euskadi que en territorio común, algo muy socialista, por lo visto.

La forma insolidaria, opaca, nada democrática de ejercer el derecho del concierto ha añadido más incoherencia al sistema español de financiación autonómica. Despierta apetencias en otras comunidades, algo muy comprensible dado el caos reinante. El problema es si generalizar el caos, la insolidaridad, la falta de transparencia y la falta de democracia permite una solución a la situación actual, o solamente agrava el problema: en un sistema puede haber un free rider, pero si todos los componentes del sistema se convierten en free rider al final no hay sistema y nadie puede vivir de ningún otro sobre el que actúa como parásito, que no otra cosa es el free rider. Y no se trata de defender la situación actual de vascos y navarros: no hay engaño que se pueda mantener por toda la eternidad. Y cuanto más tiempo dure, más duro será el despertar a la realidad.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi, incluidas las bonificaciones a las empresas, suscitó durante la pasada semana reacciones que reflejaron el desconcierto con el que se vive la España autonómica. Algunas de las comunidades que han reformado sus estatutos se aprestaron a reivindicar el traspaso o a mostrarse favorables al mismo, mientras que otras dijeron sentirse injustamente relegadas. Aunque gracias al cortafuegos habilitado por el PP, con la sospecha o acusación de que el acuerdo “rompe la caja única de la Seguridad Social”, la demanda de tal competencia no se convirtió en un clamor. Era lógico pensar que durante la negociación con el PNV el Gobierno barajara la posibilidad de generalizar tal cesión competencial. Extremo que se encargó de negar la vicepresidenta Fernández de la Vega, mostrándose abierta a estudiar las solicitudes que le lleguen al Ejecutivo.

El poder central ha dado un trato diferencial a una comunidad histórica no porque ésta sea acreedora a dicho título, sino porque ello garantiza la mayoría parlamentaria precisa para tramitar los presupuestos y dar continuidad a la legislatura. Algo parecido ocurrió hace un año, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero obtuvo el favor del PNV a cambio del llamado blindaje del concierto económico. Resulta significativo que el desarrollo del autogobierno previsto en un Estatuto, su reforma o su perfeccionamiento jurídico precisen siempre de un gobierno central necesitado de apoyos. Pero la misma arbitrariedad que convierte un acuerdo en histórico sencillamente porque la transferencia ha estado pendiente durante tres décadas resta argumentos a la singularización autonómica. Como resultaría incongruente que el Gobierno central recurra a modificaciones en la legislación básica para contrarrestar políticamente el recorte del Estatut por parte del TC, y se niegue a la extensión de la transferencia pactada con el PNV a otras autonomías. Desde el momento en que el interés político más inmediato ha ido formando parte del diseño autonómico, nadie puede apelar a la coherencia jurídico-constitucional o a la fidelidad hacia sus particulares principios ideológicos para contener o conceder en exclusiva las demandas de autogobierno. Del mismo modo, a estas alturas nadie puede dárselas de consecuente para reivindicar la singularidad de su comunidad hasta el punto de negar a las demás un marco competencial análogo, o subir sistemáticamente más peldaños de autogobierno a medida que las otras autonomías se le acerquen.

La dialéctica del café para todos frente a las nacionalidades históricas, y la de éstas frente a las autonomías de segunda se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y con la utilización política y partidaria del hecho autonómico. Hasta el punto de que ni siquiera el Constitucional tiene la última palabra cuando los ejecutivos y los legislativos se aprestan a sortearla mediante nuevos ingenios legales. No les falta razón a quienes alegan que el Alto Tribunal se ha convertido en una instancia legisladora en materia autonómica. Pero ello se debe en gran medida a la desidia con la que las formaciones que ocupan los escaños parlamentarios han abordado el desarrollo autonómico, derivando las cuestiones más polémicas al TC.

En este estado de cosas decae el argumento de que el concierto y el convenio económicos deben ser para siempre privativos de Euskadi y de Navarra. “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, pero aunque su disposición adicional primera sirviera de percha para el afianzamiento de una autonomía financiera y fiscal tan singular, el pasado no puede convertirse en causa para negar el acceso a tal prerrogativa a las demás comunidades autónomas. El problema es que la eventual extensión del sistema de concierto o convenio y cupo, tal cual es aplicado en el caso vasco y navarro, subrayaría de tal forma las diferencias territoriales que impediría los mínimos de cohesión social en que se basa el Estado constitucional. Dicho con otras palabras, vendría a demostrar que la situación de Euskadi y de Navarra es privilegiada, y estas dos comunidades no participan en los flujos de solidaridad que tienden  a igualar a todas las demás. Algo que sólo podría mantenerse mediante un sistema de concierto y cupo generalizado tan corregido que tendría poco que ver con el actual modelo de financiación vasco o navarro. En este sentido, cabría concluir que el posible acceso de Catalunya a un régimen de concierto dependería de que Euskadi y Navarra estuvieran dispuestas a compensar su privilegiada posición con una mayor aportación a la solidaridad.

Muchos ciudadanos de la comunidad vasca suponen, por lo que les han contado, que en la vecina Navarra rige una política lingüística que atenta contra los derechos de los navarros. No hace falta ser nacionalista para creer semejante cosa, ni siquiera tenerse por progresista. Basta con saber que allí manda un Gobierno de derechas, no hay más que hablar, como si hasta ahora los gobiernos nacionalistas de Euskadi o su política lingüística fueran de izquierda. Así que se supone que la navarra es una política vejatoria del euskera por dos razones principales: porque aplica sobre el territorio un injusto criterio de zonificación, que establece derechos lingüísticos según la presencia de vascohablantes en una u otra zona; y, en consecuencia, porque hay muchos euskaldunes navarros que ven frustrados sus deseos de comunicarse en la ‘lingua navarrorum’.

Pero ya va siendo hora de entender que el criterio de zonificación es precisamente el que plasma el principio de adecuación a la realidad sociolingüística, a fin de cuentas, lo que exige la justicia lingüística. Lo recoge también la ley vasca, aunque a modo de papel mojado, y es de esperar que pronto lo invoque como fundamento para su política el nuevo Gobierno vasco. Y, en cuanto a los presuntamente numerosos vascohablantes de la comunidad foral, sería bueno que los reticentes comparen sus prejuicios con la terca realidad que dibujan los estudios empíricos.

Pues se acaban de publicar los resultados de la enésima encuesta sobre el euskera en Navarra (2008). Uno piensa que nos habremos muerto y el Gobierno de turno seguirá encargando estudios sobre el euskera en Navarra. Tal vez no quede entonces ningún euskaldun ni siquiera en la zona vascófona, pero aquí seguirán a la espera de que algún día la realidad se aproxime a las insensatas aspiraciones de algunos. El firmante de este artículo ya advirtió varias veces el año pasado y los anteriores en este y otros periódicos de los requisitos sin los cuales esta encuesta, ‘como todas las demás’ hechas en esta tierra sobre la materia, sería ‘deficiente, cuando no tramposa’. Nadie quiso tomar nota, y la encuesta ha salido deficiente y tramposa. Algún otro denunció hace unos días que el tenor de las preguntas y la selección de las muestras probablemente han desfigurado los resultados, y nadie replica. Ni el señor consejero del ramo, ni la acreditada empresa encuestadora, ni los sociólogos de ambas universidades ni los grupos parlamentarios favorables o contrarios. A partir de semejantes resultados, los de siempre darán la tabarra un año más, y habrá más subvenciones un año más, y se repetirán las mismas falsedades o amenazas otro año más. Pero ésta es la ciudadanía navarra y no se ponga usted así, con lo cerca que están las fiestas…

De manera que vuelve a recurrirse a las preguntas telefónicas, que no informan de cuánto entienden, hablan, leen o escriben los navarros el euskera, sino de lo que éstos creen o quieren decir acerca de ello. Ya sólo por eso todo el tinglado se viene abajo y nada es lo que parece. Figúrense: que en la zona no vascófona dicen entenderlo entre un poco y bastante bien ¡un 10%!; o que en Pamplona la suma de esos presuntos entendidos ¡asciende al 20%!… Pese a su evidente exageración al alza, las cifras muestran un panorama desolador: verbigracia, en la única zona vascófona -poblada por la décima parte de los navarros- dos tercios dicen comprender la lengua, pero sólo la mitad de sus habitantes confiesa hablarlo (no de ordinario, según se verá), y leerlo o escribirlo, bastantes menos.

Pero es que además los resultados más reiterados son puras obviedades que nadie ignoraba sin consultar a expertos. Así nos enteramos de que el euskera se conoce mejor en la zona vascófona y que en la zona mixta es mayor el porcentaje de euskaldunes que en la no vascófona. Aprendemos asimismo que entre los nacidos en Navarra la lengua vasca se cultiva más que entre los foráneos. Incluso, qué cosas, en los pueblos hoy deseosos de ser incluidos en la zona mixta los vecinos más favorables están entre la población euskaldun y los menos, entre los castellanohablantes.

Claro que esto último ya es algo misterioso, porque en esos pueblos donde esa opción es la mayoritaria los euskaldunes se cuentan con los dedos de una mano y sobran cuatro. Lo que tampoco es tan extraño, si partimos de que la lengua materna del 92,7% de los navarros es el castellano y sólo del 7,3% el euskera; que de los mismos ciudadanos vascófonos sólo la mitad tienen el vascuence como su primera lengua, mientras que los ‘mixtos’ la tenemos en un 3,6% y prácticamente nadie entre los no vascófonos. Pero, para misterio, ahí están los ciudadanos cuasi-euskaldunes (¿), una categoría que los autores del estudio ni siquiera se dignan definir, pero que representan una proporción nada despreciable en todas las mediciones.

Si venimos al uso habitual del euskera (el que se confiesa, repito) los datos no parecen avalar el contumaz desafuero de Nafarroa Bai de proponer declararlo lengua cooficial en todo el territorio foral. El castellano es la lengua usual por lo menos del 94,1% de nosotros y el euskera, del 5,2% por lo más. Éste es el dato más relevante, contra el que nada pueden la historia pasada, unos pretendidos derechos o reivindicaciones injustas. No hay un derecho lingüístico previo a ese uso, sino que este uso funda aquel derecho. Pero es que en la zona vascófona tal uso no pasa de un tercio de sus hablantes y en la mixta… del 2,6% y, por cierto, ese empleo habitual disminuye conforme aumenta el nivel de instrucción. ¿Por qué seguir, pues, llamando zona vascófona de Navarra a lo que es más bien mixta y zona mixta a la habitada por sólo un 2,6% de población que se califica vascohablante? ¿Y por qué se escucha siquiera la pretensión de esos pueblos que quieren pasarse a la zona mixta, cuando en cada uno de ellos es una realidad clamorosa que «en este municipio no se habla euskera»? Porque sólo una minoría de vecinos en esos pueblos se atreve a declararlo. Y es que eso, sin lugar a dudas, cuesta mucho más que condenar los atentados de ETA.

Resulta que tres cuartas partes de la población castellanohablante navarra, o sea, de casi todos, reconoce ser indiferente ante el euskera. Pero incomprensiblemente más de la mitad de ellos demanda mayor promoción del euskera; y en la zona mixta y no vascófona casi el 70% manifiesta querer para esa lengua -que no es la suya ni le interesa- más subvenciones, más enseñanza, más rotulaciones viarias y más presencia en las ofertas de empleo público. ¿Locura o cobardía ante la presión ambiental? Sabemos la respuesta, pero volveremos a ocultarla en la próxima encuesta.

La realidad lingüística de Navarra no es como la de Euskadi, ya lo sabemos. Pero queda a su cargo, lector, ponderar cuánto de lo que vale para la primera comunidad vale también para la otra.

La vorágine de la política, la velocidad de los tiempos hace que en muchos casos las posturas políticas defendidas con la mayor vehemencia respondan a análisis demasiado cercanos a la coyuntura del momento y a los intereses próximos partidistas. No se llega así a pensar en la estrategia a medio y largo plazo que, a la larga, es la que justifica la acción política como forma de mejorar la sociedad a la que servimos y favorecer la convivencia de los ciudadanos.

Sin duda por ello, no hace todavía dos años, tras las últimas elecciones al Parlamento de Navarra, Unión del Pueblo Navarro (UPN) en general, y específicamente el presidente Sanz, hubo de sufrir toda clase de comentarios y críticas –en muchos casos efectuados desde el desconocimiento que da la distancia– por acceder al Gobierno con el apoyo del Partido Socialista de Navarra (PSN). Incluso se llegó a propugnar como solución la repetición de las elecciones cuando la realidad política lo hacía imposible.

TRAS LA configuración del Gobierno del presidente Sanz, gracias a la abstención, sin pacto alguno, del PSN, UPN defendió la necesidad de entender la singularidad de la situación política de Navarra y, por ello, de disponer de una cierta autonomía respecto a su socio, el Partido Popular, a la hora de fijar las posturas políticas que afectasen a la gobernabilidad de Navarra. De hecho, así llegó a plasmarse en el acuerdo suscrito en los primeros meses del pasado año para renovar el pacto electoral con el PP.
En definitiva, como escribía en estas mismas páginas el pasado mes de octubre, “se trataba de asegurar la gobernabilidad en Navarra, que en el pasado –y previsiblemente en el futuro– ha estado condicionada por la ausencia de partidos con mayoría y por la amenaza nacionalista. No nos engañemos: en Navarra el futuro, como ha ocurrido hasta ahora, se garantiza únicamente con espacios de colaboración PSN-UPN, UPN-PSN.
La confrontación radical PP-PSOE, llevada a sus últimos extremos, en Navarra aboca a que la alternativa a UPN sea PSN con los demás, es decir, con Na-Bai. Bien cerca lo vivimos hace un año”.
Ciertamente la postura de UPN no fue entendida en el ámbito político nacional, y tuvimos que leer y escuchar furibundos y desmedidos ataques tanto al partido como a su Presidente, cuando en su actuación política UPN y Miguel Sanz únicamente trataban de que se entendiese nuestra peculiaridad derivada de la amenaza nacionalista.
Lo que es más grave: nuestro socio, el PP, tampoco quiso entender nuestra singularidad, trasunto de nuestra foralidad, poniendo por delante sus intereses meramente estratégicos y coyunturales frente a la necesidad de consolidar, ahora y para el futuro, la gobernabilidad de Navarra mediante la colaboración, desde sus distintas posiciones políticas e ideológicas, entre quienes defendemos un mismo modelo institucional para Navarra, basado en la defensa de la Constitución y el Amejoramiento del Fuero, esto es, en Navarra UPN y el PSN.
La incomprensión llegó hasta el extremo de romper unilateralmente un pacto que nadie en UPN cuestionaba, sin sujetarse además al procedimiento establecido para ello en el propio pacto.

AHORA, tras las elecciones del 1 de marzo, asistimos con satisfacción al proceso de configuración del Gobierno vasco en el que, curiosamente, y con una elevada dosis de amnesia, nadie cuestiona que es posible la colaboración entre quienes tiene distintas posiciones ideológicas, pero les une lo que entienden esencial: el modelo institucional basado en la Constitución y el Estatuto de autonomía.
Nadie se plantea que en lo económico y lo social pueden estar teóricamente más cerca el PP y el PNV, que en tiempos han compartido presencia en “internacionales” políticas.
Nadie mantiene que, con ello, el PP esté renunciando a ser alternativa al partido socialista (el tiempo, ese extraño juez que da y quita razones…).
Me alegro de todo ello. Además, en lo que respecta a Navarra, no me cabe duda de que un Gobierno presidido por Patxi López va a resultar beneficioso para las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca, es decir, para todos los habitantes de una y otra.
Y va a ser una demostración de algo que puso en evidencia el caso de Navarra, el año pasado: que es posible, y necesario, el entendimiento de los dos grandes partidos nacionales cuando están en juego cuestiones básicas. En el caso del País Vasco, los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en España, la necesidad de pactar actuaciones para salir de la crisis económica y para mejorar sectores fundamentales como la Justicia.

NO QUIERO creer, por ello, que para algunos el concepto de la foralidad llegue a mantener que la diferencia está en que lo que ahora vale para el País Vasco no vale para Navarra, máxime cuando la diferencia fundamental es que en Euskadi, con el aplauso de los que nos criticaban, el que va a gobernar es el partido socialista, mientras que en Navarra el que gobierna es UPN. A pesar de la incomprensión de muchos, pero, sin duda, con el apoyo de la gran mayoría de los navarros.

Últimamente me toca explicar a interlocutores de fuera de Navarra qué es “ese lío” de UPN y PP, porque lo que leen y oyen les está llevando a confusión. En estas conversaciones trato de explicarles unas cuestiones fundamentales, que son las que importan, por debajo de esta hojarasca otoñal de declaraciones que en algunos casos, lamentablemente, ha llegado a ser ráfagas de lluvia de injustas descalificaciones personales.
De entrada, les hago ver que no está en cuestión, por parte de UPN, el pacto con el PP. En la reunión del consejo político de UPN del 10 de octubre no se planteó en la votación la ruptura con el PP. Quedó claro en todas las intervenciones que UPN no cuestiona este pacto, que ha sido tan útil para la estabilidad y el progreso de España y de Navarra y continúa siéndolo, pues resulta natural: hay una confluencia básica y general entre UPN y el PP en el modelo de sociedad y en la defensa de España como nación. Es, precisamente, un pacto que nació porque ambos partidos entendieron la importancia de mantener la singularidad de Navarra como comunidad diferenciada frente a quienes pretenden su desaparición para alimentar sus ansias separatistas de España.

ES MÁS: el pacto, a lo largo de estos 17 años, ha demostrado su bondad, pues ha permitido lograr esos objetivos comunes. El PP no ha presentado listas en Navarra y UPN ha contribuido, desde el Grupo Popular en el Parlamento español, a consolidar la democracia y hacer avanzar el país, tanto cuando el grupo ha estado en la oposición como cuando ha sido el sostén de los gobiernos del presidente Aznar. Y el pacto se ha mantenido porque ambos partidos han entendido que la situación de Navarra era, como digo, singular.
Y, a juicio de todos los intervinientes en el consejo político de UPN, así tiene que seguir. Por ello es inevitable preguntarse qué está pasando. Sencillamente, que estamos ante una situación política peculiar, que debe ser entendida y que seguramente no hemos explicado con claridad, a pesar de ser, en gran medida, la que justifica la propia existencia del pacto. En primer lugar, por los resultados de las últimas elecciones al Parlamento de Navarra del 2007, en las que UPN fue el partido más votado, pero sin mayoría en el Parlamento, por lo que formó Gobierno hace un año porque el PSN-PSOE facilitó que así fuera, en vez de embarcarse en otras soluciones de la mano de Na-Bai, la coalición nacionalista vasca que agrupa a EA, Aralar, el PNV, Batzarre y algunos independientes.
Sin duda, ello fue lo que llevó a Miguel Sanz, presidente del Gobierno y del partido, a proponer, y al PP a aceptar, que en la renovación del pacto PP-UPN en la pasada primavera se introdujera una cláusula que permitía a UPN, en determinadas situaciones, mantener una postura que pudiera ser distinta de la del PP. Se trataba, así, de asegurar el horizonte de gobernabilidad en Navarra, que en el pasado –y, previsiblemente, en el futuro– ha estado condicionada por esa ausencia de partidos con mayoría y por la amenaza nacionalista. No nos engañemos: en Navarra, el futuro, como ha ocurrido hasta ahora, se garantiza únicamente con espacios de colaboración PSN-UPN, UPN-PSN. La confrontación radical PP-PSOE, llevada a sus últimos extremos, en Navarra aboca a que la alternativa a UPN sea el PSN con los demás, es decir, con Na-Bai. Bien cerca lo vivimos el pasado verano.
En aplicación de dicha cláusula es como el consejo político de UPN acordó que en una eventual votación de una enmienda a la totalidad, presentada por el PP contra el proyecto de presupuestos generales de España, los parlamentarios navarros se abstuvieran. ¿Por qué? Porque ésa era la manera que se consideraba más apropiada para mantener el clima de gobernabilidad de Navarra de estos años, que pasa por generar espacios de colaboración entre UPN-PSN y por un acuerdo también sobre las grandes acciones para este momento de crisis económica. Por lo tanto, ante esta situación, UPN aplica una previsión del pacto con el PP, como se considera facultada a hacer. Si el PP no lo entiende así, habrá en todo caso un problema de interpretación. Y, si se trata de un pacto, serán las dos partes las que tendrán que volver a hablar y, en todo caso, aclarar, matizar y precisar un acuerdo que, insisto, UPN ni considera roto ni quiere romper. Usar los instrumentos del pacto no supone romperlo.
Algunos de mis interlocutores me comentan que ahora se han dado cuenta de que existe UPN como tal, que pensaban que era como la sección regional del PP. Algunos creían que participábamos en la elección del líder popular, que estábamos en el círculo de quienes redactan el programa electoral y los estatutos del partido, y que incluso asistíamos a maitines. Ahora han visto que UPN es un partido con historia y personalidad propia, que en este caso ha respaldado con práctica unanimidad las propuestas de nuestro presidente y del Comité Ejecutivo, y que, por encima de todo, pone su voluntad y su responsabilidad para garantizar la personalidad de Navarra y su futuro como comunidad diferenciada, dentro de la nación española.

HACE 17 AÑOS UPN y el PP asumieron que con su acuerdo de colaboración no se trataba solo de defender los intereses de Navarra, su personalidad y su futuro, sino que ambos compartimos que con ello se trabajaba por el futuro de España, consolidando la rica realidad nacional y evitando peligros segregacionistas. Hoy, nada de ello ha cambiado y, por tanto, en el consejo político de UPN nadie ha cuestionado la vigencia y bondad de ese pacto.

Navarra es la comunidad que ofrece el horizonte partidista más enmarañado de todos los Parlamentos autonómicos españoles. Aunque nominalmente las formaciones políticas que toman asiento en la Cámara son tan sólo cinco: Unión del Pueblo Navarro (UPN), Convergencia de Demócratas Navarros (CDN, de Juan Cruz Alli), Partido Socialista de Navarra (PSN), Izquierda Unida (IU) y Nafarroa-Bai (NABAI), por debajo de tales siglas late una realidad considerablemente más compleja: por un lado, la lista única de UPN es en realidad una combinación de dos partidos diferentes (UPN y PP); por otro, NABAI es una coalición electoral que engloba a cuatro formaciones: Aralar, Eusko Alkartasuna (EA), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y BATZARRE. Así que, bien sumados, son nada menos que nueve los partidos con representación en Pamplona. Y, de no ser por la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), la cifra alcanzaría la decena… ¿alguien da más? No hay nada comparable en todo el país, y menos en una comunidad uniprovincial.

Esa complejidad no se deja encasillar en los modelos conceptuales acostumbrados en la política española. Modelos que, simplificando en exceso, pueden reducirse a dos. El primero es unidimensional: un solo eje en el que tres formaciones (IU, PSOE, PP) se sitúan ordenadamente de izquierda a derecha. Madrid, Asturias o Extremadura, por ejemplo, quedan perfectamente descritas bajo este esquema. El segundo modelo se reserva a las comunidades denominadas “históricas”. En ellas conviven dos ejes, el ya descrito y además otro que es muy similar en cuanto a la componente ideológica izquierda-derecha, pero distinto en cuanto al ámbito de su aplicación, que es específicamente nacionalista. Es el caso del eje que forman Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)-EA-PNV en el país Vasco o el que delinean ER-PSC-CIU en Cataluña. Por descontado, estas comunidades adolecen de una complejidad que este sencillo esquema de los dos ejes paralelos ni recoge ni puede recoger del todo (el PSC catalán, por ejemplo, puede situarse en ambos ejes, y ejemplos de inexactitudes podrían multiplicarse).

Pues bien, la situación navarra es tal que resulta refractaria incluso a este segundo modelo. Su realidad política es la más compleja de España, y casi con seguridad la peor entendida, pues se le proyectan para interpretarla o el modelo vasco o el modelo español, filtros ambos que no le hacen justicia. Aquí conviene pasar a un modelo de tres ejes, y una figura en forma de hélice puede ser la mejor imagen. De las tres aspas de tal hélice, sólo una es equiparable a los presupuestos interpretativos habituales de la política española. Las otras dos son específicamente navarras. Vayamos por partes.

La primera aspa es la más sencilla de las tres. La forman el PSN e IU, y puede denominarse Centro-Izquierda española. Ninguna de estas dos formaciones resulta esencialmente diferente de sus formaciones hermanas de cualquier otra comunidad española. Este espacio político tuvo su época dorada durante los 80, con los gobiernos socialistas encabezados por Urralburu. De hecho, el PSN no parece haberse recuperado del todo tras los escándalos de corrupción que entonces provocaron su hundimiento.

La segunda aspa de la hélice la ocupa el nacionalismo vasco y, a pesar de que se tienda a proyectar aquí el prisma habitual para el País Vasco, las cosas en la Comunidad Foral son notablemente distintas. En primer lugar, la fuerza mayoritaria del nacionalismo vasco en Navarra no ha sido nunca el PNV, una formación democrática de centro derecha, sino el MLNV, la izquierda radical plegada al terrorismo etarra y a la violencia como arma política. Hasta 1995, Batasuna tuvo siempre más votos en Navarra que todo el nacionalismo democrático en su conjunto.

Esta tendencia se invierte en 1999. Aunque tal año el MLNV alcanza su techo electoral, lo hace precisamente a la sombra de la tregua de Lizarra, y por tanto tal resultado ha de entenderse bajo el horizonte de las esperanzas de paz que ésta suscitó entre el electorado de este espacio. De hecho, el retorno a los asesinatos supondrá la aparición de Aralar, una escisión que condena la violencia y apuesta por la política. Desde entonces, el apoyo al MLNV en Navarra cae en picado. Los últimos datos que pueden extrapolarse (a través de los votos nulos de 2007) arrojan un miserable 3,3% que ratifica el fracaso de la estrategia del terror incluso entre quienes lo jalearon en su día. Por eso Aralar, el partido hegemónico en NABAI, tiene tanta fuerza en la Comunidad Foral.

La segunda peculiaridad de este espacio es que, ya en el interior del nacionalismo democrático, los resultados del PNV siempre han sido testimoniales, siendo la socialdemócrata EA la formación más votada. Las razones son complejas y se retrotraen a la escisión de ambos partidos en los primeros 80. La consecuencia de ambas especificidades es obvia: NABAI es un conglomerado situado claramente a la izquierda. La presencia en él del PNV es casi decorativa. Los paralelismos con el nacionalismo vasco de Vitoria han de establecerse así con esa cautela.

El último espacio sería el del Centro-Derecha, que es quizás el más original y difícil de situar en el contexto de la política española. Para hacerlo, conviene visualizar las tres aspas en su conjunto, dispuestas en la mencionada configuración de hélice, y suponer una evolución en cada una de tales aspas, desde el lado lindante con el centro de la hélice hasta el extremo opuesto. En el lado-centro de un aspa está el PSN, en el extremo IU. En el lado-centro de otra está EA, en el extremo Aralar (y en el extremo extraparlamentario, ANV, ilegalizada). Obviamente, las expresiones “centro” y “extremo” despliegan aquí su significado político habitual. En la tercera aspa tendríamos en el lado-centro a CDN, después a UPN y por último al PP.

Bajo este esquema pueden señalarse tres factores que explican la actual crisis UPN-PP. El primero es ideológico: en este espacio late una tensión constante, una tensión que explica el cisma del CDN en 1995. Tal formación surgió alegando oponerse no sólo al nacionalismo vasco, sino también al español. Su aventura no prosperó (logró 10 escaños en su estreno, hoy sólo cuenta con 2), pero está claro que el impulso que la activó sigue vivo. De hecho, lo que ocurre ahora es que tal impulso se hace presente de nuevo, pero en UPN. El pacto con el PP desdibuja la personalidad propia del partido, lo diluye. Como con especial amargura alegan los regionalistas, parece que sólo Uxue Barcos, la carismática diputada de NABAI, representa la especificidad Navarra en Madrid. El segundo factor es táctico: UPN no está maniatada por la estrategia seguida en Madrid para conseguir el gobierno central. Sanz ha declarado que la división fundamental en Navarra no es PSOE-PP, sino constitucionalismo-nacionalismo. A diferencia del PP y PSOE vascos, él sí puede ser coherente con esa afirmación.

El tercer factor es coyuntural: el resultado de las autonómicas del 2007, unos comicios de infarto. Ya la campaña fue inusitadamente tensa. Navarra estuvo en el ojo del huracán debido a las acusaciones de UPN-PP de que era “moneda de cambio” en las conversaciones con ETA. UPN y el PP nacional incluso montaron una manifestación en Pamplona con semejante pretexto, una manifestación además “institucional” y por tanto pagada por todos los navarros, a pesar de estar dirigida claramente contra la oposición (que a la postre logró más votos). CDN-UPN-PP se quedaron a dos escaños de la mayoría. Las otras dos aspas llegaron a un acuerdo para gobernar, pero Ferraz ordenó al PSN abortarlo. Parece claro que Sanz está pagando ahora su parte del trato.

La hélice que se ha propuesto aquí tiene un centro, un centro que es el lugar en el que confluyen los elementos más templados de cada espacio. Aunque no pudo ser, el fugaz tripartito de 1995 (CDN-PSN-EA) tenía la virtud de habitar tal centro. Nadie estaba del todo satisfecho, pero nadie tampoco del todo desamparado. Cuando un aspa gobierna en solitario, por el contrario, lo hace con la oposición frontal de las otras dos. Quizás convenga tener en cuenta esa evidencia cuando hablamos de la comunidad más plural y compleja de toda España. Desde esta perspectiva todo movimiento hacia el centro, y esta crisis lo es, es una buena noticia.

Siguen, aunque mitigadas, las reacciones al enredo navarro como consecuencia del resultado electoral. Viví los prolegómenos y participé en la campaña. Mi impresión no ha cambiado desde aquellos momentos. Fernando Puras me parecía un buen candidato y, seguramente, hubiera sido mejor presidente del Gobierno foral, pero los resultados no lo acompañaron ni a él ni al partido.

Me preocupaba y me preocupa la algarabía de los dirigentes del PP y de los de su marca navarra, porque ellos sí utilizaron el tema de la Comunidad como moneda de cambio. Me pareció y me parece inteligente la posición de la plataforma nacionalista, aunque no comparta sus afirmaciones. Estaba identificado con el mensaje de fondo de la candidatura socialista y no lo estuve con la gestión de los resultados.

Estos resultados no me extrañaron. Hace falta tiempo y tenacidad para abrir un espacio de convivencia en la especificad de Navarra como espacio público que comparten ciudadanos con distintas ideas -lo normal- y con distintos sentimientos de pertenencia, lo que resulta más difícil de gobernar. Sobre todo cuando se agitan fantasmas de traiciones identitarias y se fundamentan las políticas de los líderes en propuestas de exclusión de los otros, de los que sienten su pertenencia de otra manera.

El socialismo democrático navarro, aún con las hipotecas del pasado reciente, hacía la única propuesta integradora de la diversidad de sentimientos de pertenencia, desde una plataforma progresista, inclinada a la izquierda. Pero estaba y está sometido al choque de trenes de nacionalismos enfrentados que dividen a la comunidad más por razones identitarias que por las propuestas de ideas incluyentes de la diversidad. Abrir un espacio con vocación mayoritaria cuesta mucho, pero es imprescindible para los navarros, primero, y para nosotros como socialistas, después.

En política lo evidente es lo que más cuesta ver. Por eso pasaba extrañamente desapercibido que el eslogan de campaña de Unión del Pueblo Navarro (“Sí a Navarra”) fuera idéntico al nombre mismo de la plataforma de los nacionalistas (Nafarroa Bai). Así, dos formaciones antagónicas enfrentaban a dos partes de la comunidad navarra, afirmando que la identidad de la misma era la que ellos representaban con exclusión implícita o explícita de la otra. Al grito de Sí a Navarra frente a Navarra sí, unos y otros achicaban el espacio de las ideas y agrandaban el de los sentimientos enfrentados. En medio, los socialistas afirmando que Navarra es el espacio compartido de todos los navarros y que son las propuestas programáticas y la voluntad incluyente de convivencia las que deben ofrecer las soluciones.

Tal como yo lo veo, seguimos viviendo un mundo de falsedades sin aclarar. Los de Nafarroa Bai, los más inteligentes en la forma, ocultan que su plataforma no es de izquierdas, sino de concentración nacionalista, que no es ni puede ser lo mismo. La argamasa puede ser una propuesta para desalojar del poder a los navarristas de la marca del PP, si no tienen, como así ocurrió, la mayoría, pero no la ficción de alternativas de derecha o de izquierda.

Los de UPN, como los que renunciaron a la dependencia de los violentos en la plataforma de NaBai, sabían y saben, en contra de las tonterías que se han dicho, que los mayores opositores a un gobierno alternativo eran los terroristas y los que dependen de ellos. Es evidente pero se oculta.

Para ETA y Batasuna, que un grupo escindido de ellos por rechazar la violencia llegue a gobernar en Navarra era la peor noticia. Los del PP también lo saben, aunque afirmen exactamente lo contrario por intereses espurios de conservación del poder.

En una situación de esta naturaleza, con los resultados habidos, los compañeros socialistas deberían haber dejado el protagonismo de la difícil formación del gobierno a la primera fuerza política. Tras su fracaso, casi inevitable por la propia normativa estatutaria, deberían haber esperado a los segundos en votos. Sólo cuando no hubiera solución de gobernabilidad deberían haber optado por una oferta que la facilitara desde sus propuestas programáticas o haber reconocido que no se daban las condiciones de formar un gobierno y había que volver a las urnas.

Personalmente, tal vez por la deformación de mi vocación mayoritaria, yo me hubiera inclinado por esta última opción, con todas sus consecuencias. Por eso me entristece pensar que parte de mis compañeros se sientan frustrados por haber pretendido el desalojo de los que tenían la primera minoría sobre cualquier otra consideración. Es casi lo mismo que pensaban los asociados al PP en sentido contrario.

No tengo la menor idea de cómo se produjeron las conversaciones entre la dirección federal de los socialistas y los compañeros de Navarra a partir del día electoral, pero comprendo la posición de la Ejecutiva, más allá de razones estatutarias. Si me hubiera tocado decidir, hubiera hecho algo semejante, con la salvedad de que no conozco las razones de la dirección más allá de lo hecho público en medio del ruido de las interpretaciones, y las mías, en forma de opinión sin interferir en lo ya pasado, son las que expongo aquí.

Siento que Fernando Puras haya dimitido. No beneficia al socialismo navarro. Siento que algunos de mis compañeros cuestionen por lo ocurrido a la dirección navarra y crean que en cada territorio hay que decidir todo lo concerniente al mismo, sin tener en cuenta que compartimos un espacio mayor como ciudadanos y que para nosotros, como socialistas, la cohesión en ese espacio compartido es clave para comprender que queremos convivir incluyendo y no excluyendo a los que tienen sentimientos de pertenencia diversos. Eso es lo que nos diferencia de las pulsiones nacionalistas de cualquier signo. En Navarra y en otros lugares. Puede y debe haber ideas socialistas en todos los sentimientos de pertenencia. Es nuestra argamasa en la diversidad.

Si perdiéramos eso, nuestra situación en Navarra y en otros lares no sería mejor sino peor, en todos los sentidos. Seríamos más débiles, en cada lugar y en el conjunto, sin poder ser diferentes si queremos seguir ofreciendo ese camino que es el socialismo democrático.

La gran paradoja en relación a la cuestión navarra es que sigue siendo hoy, como lo ha sido en el siglo XX español, un problema sustancialmente ajeno a la propia Navarra. El statu quo de la comunidad foral no es puesto en cuestión por la condición vasca de buena parte de sus ciudadanos. La naturaleza vasca de Navarra trasciende en mucho a la existencia de un proyecto nacionalista vasco. Se trata de un dato que ha sido compatible durante siglos con la integración de las Provincias Vascas en la Corona de Castilla en contraste con la vida política singular del viejo reino. Si no es la naturaleza vasca de Navarra la que plantea la necesidad de su eventual incorporación a Euskadi, menos lo es la hipotética falta de viabilidad de una comunidad foral que ha alcanzado en la vida española unas cotas de bienestar económico y social manifiestamente envidiables. Navarra, con una clara conciencia de su singularidad histórica, se encuentra satisfactoriamente integrada en el conjunto de la realidad española. Y es difícil de imaginar que pudiéramos hablar de una cuestión navarra si atendiéramos a causas conectadas en exclusiva con la vida propia de los navarros.

La cuestión navarra, en la reciente vida de España, tiene que ver sustancialmente con los intereses y las presiones de un nacionalismo vasco que ve, seguramente con razón, en la integración de Navarra al proyecto de Euskadi un paso indispensable para la verosimilitud de su último objetivo. Desde el inicio del nacionalismo vasco, y especialmente desde los años treinta y el momento de la transición política, los nacionalistas vascos han pensado que el territorio, la población y la historia de Navarra son elementos indispensables para llevar adelante un proyecto de independencia muy difícil de alcanzar con referencia a los límites actuales de la Comunidad Vasca. En el imaginario del nacionalismo vasco, Navarra ha sido siempre algo más que su Ulster, tal como proclamaba un ilustre nacionalista vasco de Navarra, D. Manuel de Irujo. Incluso es posible que por encima de la realidad territorial y poblacional, los nacionalistas vascos han visto en la comunidad foral un elemento sustancial en toda visión nacionalista: su posibilidad de legitimidad histórica ligada a la vida de uno de los viejos reinos hispanos. Un título al que decenas de años de movilización de la historia no han podido equiparar a las viejas provincias ligadas a la vida de Castilla.

La hipótesis de que una integración de Navarra en Euskadi frenara la actual hegemonía nacionalista en el País Vasco, es una hipótesis razonable en un horizonte inmediato. Se trataría de un riesgo que el nacionalismo vasco estaría dispuesto a jugar a la vista de las posibilidades que se abren para su proyecto a medio y largo plazo. Esta hipótesis de interponer un dique al control nacionalista de la vida vasca se trata de un dato que raramente se plantea públicamente, pero que está presente en los cálculos de los políticos. Cuando, por otro lado, los socialistas navarros plantean la posibilidad de una negociación con los nacionalistas vascos en Navarra a cambio de suspender sine die el proceso de incorporación de la comunidad foral a Euskadi, están planteando un imposible. Porque solamente el proceso de integración justifica la existencia de unas fuerzas políticas nacionalistas que, en otro caso, perderían su razón de existencia.

La vía navarra a la autonomía, de ley a ley, de la Ley Paccionada de 1841 a la Ley de Amejoramiento Foral, siguiendo el modelo de nuestra transición, resultó una inteligente operación política que frustró las pretensiones del nacionalismo vasco. Es verdad que la transitoria cuarta de nuestra Constitución abre la puerta para una rectificación de este camino. El dato básico al respecto, sin embargo, es que esta transitoria no tiene su origen en la voluntad de los navarros, sino en la presión de los nacionalistas vascos a los que se cedió en un intento de integrarles en el orden constitucional.

El nacionalismo vasco estaría dispuesto a muchas cesiones provisionales por conseguir una integración que haría viable la “hoja de ruta” de su proyecto político. Pero se trataría de una integración que a la vuelta de muy poco tiempo nos enfrentaría con un proyecto nacionalista vasco que habría alcanzado su objetivo táctico más importante. Esta es la razón por la que la gran mayoría de los navarros y el resto de los españoles, no podemos ceder en la apertura de un camino que puede resultar a corto plazo bien o mal para el proyecto español, pero que es la posibilidad para que pueda prosperar una opción secesionista, para que pueda hacerse realidad el colapso de España.

Los socialistas navarros deben juzgar la actual coyuntura política con realismo y responsabilidad. No pueden pedir a Nafarroa Bai lo que esta coalición no puede darles sinceramente sin pagar por ello el precio de su disolución política. Si el socialismo navarro no puede llegar a un entendimiento con UPN, el camino más sensato y democrático parece una nueva consulta al electorado. Este entendimiento, bien en la forma de un gobierno de coalición, bien en la forma de un gobierno en minoría integrado por el partido más votado, parece, probablemente, la solución más fácil, razonable y comprensible para el electorado.

En todo caso, conviene tener presente que el sustancial componente vasco de Navarra no necesita del proyecto del nacionalismo sabiniano para afirmarse y sobrevivir. Y que ese componente tiene en los instrumentos de cooperación entre Comunidades Autónomas previstos en nuestra vida política, además de en el amparo general de nuestra Constitución, una firme y suficiente garantía. En definitiva, que no se trata de una cuestión cultural la que está en juego, sino de la viabilidad de un proyecto político de inspiración secesionista en el que no cree la mayoría del pueblo navarro. Un proyecto que no puede contar con el apoyo de las fuerzas políticas españolas sin asumir con ello el más evidente de los contransentidos.

No se me ocurrirá pedir al lector que vuelva a leer mi artículo (‘Lo que se juegan los navarros’, 9-6-07) para releer luego la réplica de Pello Salaburu (‘Un micrófono en la muela del juicio‘, 20-6-07). Tendrá asuntos más provechosos a los que prestar atención. Que me permita, al menos, mostrarle el modo como mi replicante corrompe el noble arte de la dialéctica. Si existe una moral del debate teórico, como creo, no parece que este universitario se haya portado con exquisita honestidad intelectual. Más bien prefiere servirse de tretas muy viejas y manidas, que aquí resumiremos como el ‘estilo Salaburu’.

Lo principal es desentenderse absolutamente de las tesis del contrario. Mejor dicho, repetir mis tesis como si fueran sólo una sarta de aseveraciones que se me hubieran ocurrido porque sí, privadas de todos los argumentos que tratan -mejor o peor- de fundarlas. Pero ¿cómo va Salaburu a indagar el posible contenido de verdad de mis palabras, si con ello se arriesga a percibir la debilidad de sus creencias? Pues el caso es que no me pongo a afirmar, sino que pretendo probar con razones que el nacionalismo vasco es el mayor problema político de Navarra, y de ahí extraigo algunas aplicaciones a la situación poselectoral. El colega Salaburu se enfrenta a mis tesis, pero sin enfrentarse a una sola de mis razones. El hace como que son puros desatinos que simula contestar con gracietas como la del dentista o con comentarios tan garbosos como éstos: «Ojo, que viene el diablo en forma de Uxue Barkos/ qué quieren que les diga/¿válgame el cielo!, y nosotros sin saberlo…»

Conviene siempre empezar por una colección de argumentos ‘ad hominem’. Si soy un individuo de poco fiar, tampoco lo serán mis razones y no hará falta ocuparse de ellas. De modo que el lector ha de saber que yo vivo la vida sin dejarla vivir (¿), con malestar y angustia, contemplo la realidad sin matices, incurro en dogmatismos y me rodeo de certezas, confundo mi voluntad con la de la sociedad entera, me alimento del pensamiento único y cosas así. Eso ya sólo en el segundo párrafo. En el resto de su artículo el lector se enterará asimismo de que me creo por encima de los demás, que estaría dispuesto a recortar los derechos de mis conciudadanos, que mi forma de debatir es muy burda y que desconozco el significado mismo de la democracia.

Una vez que le ha indispuesto contra mí, todavía hay otro paso para ganarse al lector mediante el halago. Ahora toca añadir que, a diferencia de un tipo así, tanto al lector como al propio Salaburu les adornan las virtudes contrarias. Frente a mi arrogancia, según la cual todos se equivocan menos yo, ellos forman parte de los sufridos «ciudadanos rasos que tenemos que andar mendigando explicaciones para poder entender la realidad…». Y para que no haya dudas de su compromiso político y el lector quede conmovido por su inmenso arrojo, nuestro hombre denuncia a «los salvapatrias de ETA, con su séquito de camisas azules incenciando autobuses». Y que nadie le pida más, que él ya ha cumplido y en Euskadi no hay otra evidencia que la vuelta del terror. Lo demás, al parecer, es tan sólo opinable.

Siguiente movimiento: acumulación de falsificaciones de mis palabras para hacerme decir lo que no digo. Yo no atribuyo disimulo e ignorancia a los electores navarros, sino precisamente a quienes -como Salaburu, nacionalistas o filonacionalistas vascos- pretenden ocultarles el problema del que trato. Yo no he escrito que el nacionalismo carece de políticas de derechas o de izquierdas. He escrito que, como sabe cualquiera, mantener una política de derechas o izquierdas le resulta algo subordinado a su empeño primordial: marcar las fronteras de su nación e impulsar su soberanía. No se me ocurre siquiera imaginar que todos los nacionalistas sean unos desalmados, que eso sólo es una brutal insidia de mi oponente. No me he limitado a solicitar una gran coalición «encabezada por los constitucionalistas de UPN». Mis palabras textuales fueron que «hoy más que nunca el buen gobierno de Navarra requiere la unión de los constitucionalistas, desde Unión del Pueblo Navarro hasta Izquierda Unida». Pero, claro, había que excluir mi mención a los partidos de izquierda si se pretende hacerme pasar por un portavoz de la derecha. Así que de paso me convierte en un ‘navarrista’, por más que mi crítico sepa cuántas veces he fustigado en la tribuna pública el navarrismo (y la mentira de los derechos históricos y el privilegio de los fueros, etcétera).

Y con todo ello improvisa el autor un par de conclusiones, la una cínica y la otra sencillamente desvergonzada. La cínica dice que él no puede responder a un artículo como el mío «montado sobre semejantes cimientos» o «con esos mimbres». En realidad, ya hemos visto que se trata de los propios cimientos y mimbres de Salaburu, no de los míos: los míos los ha sorteado uno por uno con el mayor esmero. Sólo se responde a sí mismo, porque no sabe rebatirme a mí, pero lo que importa es buscarse una salida de apariencia airosa y engañar al lector…

En la conclusión desvergonzada Salaburu se pone a darme lecciones sobre qué es democracia, escandalizado de cómo algo tan sencillo de entender y de aceptar me resulta a mí tan complicado. No le negaré ni a él ni a nadie la facultad de darme lecciones sobre muchas cosas. Eso sí, mal puede además enseñar estos conceptos quien no los conoce, como revelan los tópicos que a continuación exhibe. Al fin comprendo que me reproche dogmatismo quien se nutre de ideas que, en efecto, vuelven a la democracia tan sencilla… como fláccida. Decir que en la democracia debemos respetar «las distintas formas de pensar», ¿incluye a todas esas formas?; ¿significa que no hay cuestionamiento ni deliberación posible sobre ellas? Que en democracia no hay opciones que sean «verdades únicas», ¿significa que valen cualesquiera? Que los ciudadanos podamos organizar la sociedad «como nos parezca mejor», ¿equivale a instaurar un pluralismo o una tolerancia sin límites? Que tengamos derecho a recurrir a los argumentos «que consideremos convenientes», ¿quiere decir que ya no hay que esforzarse en que sean los argumentos más razonables y fundados en una idea de la justicia?

El secreto, Pello, no está en el dentista. La mayor formación en estas materias que tal vez he alcanzado la debo a muchos años de afán de verdad y de estudio. Si no tanto, te recomiendo un poco de lo mismo.

La ruptura de la sedicente tregua de la organización terrorista ETA ha teñido todavía de mayor dramatismo nuestra escena política, ya harto tensionada, de manera que se hace difícil encarar cualquier problema con serenidad y buen tino. Ya se sabe que las cuestiones difíciles se resuelven malamente, podríamos decir traduciendo libremente el viejo aforismo hard cases make bad law.

Pongamos por ejemplo el caso de la formación del Gobierno de Navarra. No tengo naturalmente la solución ni soy quien para proponerla. Pero me atrevería a hacer algunas consideraciones que tal vez contribuyan a disminuir los riesgos a que puede llevar, en relación con esta cuestión, el dramatismo del momento.

Querría creer que la política de pactos debe evitar un escollo que podríamos considerar, digámoslo así, de estética política. Pienso que la formación del Gobierno navarro debe abordarse desde parámetros de claridad y coherencia políticas, perspectiva que parece excluir el atribuir el encargo gubernamental a un grupo que, a juzgar por los resultados electorales, manifiestamente no recibió la encomienda popular para tal cometido. Si lo que se espera de un Gobierno es una capacidad de dirección política ha de reconocerse que tal liderazgo en el caso navarro no se puede improvisar inicialmente y menos mantener durante toda una legislatura sin graves hipotecas, que el electorado atribuirá a la inconsistencia o a la frivolidad, por más que se puedan encontrar fácilmente argumentos para infligir un justo castigo a la fuerza política hasta ahora en el poder, a la vez desgastada y prepotente. Seguro que no es tan mala la oposición (“pasar o seguir en la oposición”) como la temen los partidos tras las elecciones y sobre todo no es tan inútil en el sistema, pues la dirección política finalmente adoptada es, en buena medida, el resultado de las correcciones y críticas que la alternativa ofrece al Gobierno. Quizás ocurre también que la delicadeza del problema exija una atención especial de los partidos que rebase el marco territorial navarro y tenga presente, al menos hasta cierto punto, consideraciones de carácter nacional.

Si abandonamos la consideración del momento navarro desde una perspectiva política me atrevería a sugerir que la opción a proponer en la formación de gobierno habría de ser la más respetuosa con el marco constitucional navarro, que ha permitido la construcción de una autonomía plena, foral y democrática, felizmente asentada. El acierto del tratamiento constitucional de la autonomía navarra muestra, en primer lugar, una flexibilidad constitucional realmente notable. Al socaire del reconocimiento de los derechos históricos en nuestra norma fundamental, se ha procedido, como se sabe, al acceso de Navarra a la autonomía, a través de la actualización del régimen foral, constituyéndose en Comunidad Foral.

Era absurdo que el acceso de Navarra a la autonomía y su constitución como comunidad autónoma se hiciese por otra vía que no fuera la del amejoramiento como reforma pactada del tradicional régimen foral. Si el autogobierno navarro se había conocido sin interrupción desde 1841, la Constitución sólo tenía que sancionar dicho sistema, exigiendo las adecuaciones pertinentes a un régimen democrático y su instalación en un Estado descentralizado como es el que nace en 1978. Así la Constitución se hacía foral y los fueros constitucionales. Lo primero se debió a la sensibilidad pluralista de nuestros constituyentes. Lo segundo es mérito de la generación navarra de la transición que preparó la Ley de Amejoramiento.

El régimen foral navarro testimonia así la flexibilidad del sistema constitucional y su capacidad para incorporar una legitimidad histórica, cuestiones nada fáciles habida cuenta del carácter taxativo, aunque abierto, de muchas cláusulas constitucionales y la reticencia de toda constitución, como norma orientada al futuro, para aceptar planteamientos tradicionales. Hay otro rasgo esencial del modelo navarro, utilizando esta expresión como sinónima de sistema ejemplar. Me refiero a la compatibilidad de lealtades políticas que el régimen foral supone, al superponer el vínculo español, no sólo jurídico o de ciudadanía, sino espiritual y emotivo, al navarro, concebido por otra parte en su verdadera complejidad, que el constituyente reconoció al establecer sabiamente como facultad, en cuanto muestra de apertura y sensibilidad, la integración navarra en el País Vasco, de acuerdo con un procedimiento que a mi juicio afortunadamente, no ha habido necesidad de poner en marcha, y al que se refiere como es sabido la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.

Aludimos así a una dimensión esencial, y delicada, de la cuestión navarra que es el de su ingrediente vasco que, aunque especialmente notorio en ciertas zonas geográficas de la comunidad foral, no deja de afectar a toda ella, que sabe que una importante seña de identidad propia la constituye su especial relación con la comunidad vasca. No estoy hablando en términos políticos sino culturales o, si se quiere, espirituales o identitarios.

La cuestión, también a tener en cuenta en el momento presente, es respetar el peso de esta dimensión, que no tiene por qué agotarse en su expresión política en una fuerza o partido determinado, pero no realzarla o atribuirle unas oportunidades que el electorado no le ha conferido. Creo que obrando así no se respetaría tanto el pluralismo como se contribuiría a desestabilizar el equilibrio navarro.

A la luz de tales consideraciones quizás no sea difícil encontrar, en el caso de Navarra, una forma de gobierno que, sin perjuicio de la plena legitimidad de las demás, se adecue a estas mínimas condiciones de coherencia política y sintonía constitucional.

Conocí hace ya algunos años a una persona que tras su visita al dentista estaba profundamente convencida de que en la consulta, y por orden de la policía, habían aprovechado el momento para instalarle un micrófono en la muela del juicio, con el fin de vigilar todos sus movimientos. Lo cual le causaba, y eso es muy entendible, un profundo desasosiego, así como una enorme angustia, como no podía ser de otro modo.

Su situación me recuerda a la de algunos comentaristas de la actualidad política, que parece que acaban de salir de la consulta del mismo dentista. Viven la vida sin dejarla vivir, con un malestar enorme y con una angustia que es difícil combatir con medios normales. Perciben la realidad sin claroscuros. Todo es blanco o negro. Lo dice el dogma: o coincides conmigo en el análisis, o estás contra mí y, en consecuencia, contra la sociedad, porque yo soy la sociedad. No hay matices, ni posibilidades intermedias. No hay caminos tenues, no hay fronteras diluidas. Es mejor así: todo clarito y sin dudas. Y la verdad es que eso, lo de tener tan seguras las cosas, es una suerte envidiable y una gran ventaja de la que no podemos disfrutar los ciudadanos rasos, que tenemos que andar mendigando explicaciones para poder entender la realidad con una cierta tranquilidad y distancia. Mucho más en una situación como la actual, en la que lo único evidente es que no hay nada evidente, más allá de la vuelta a las armas de los salvapatrias de ETA, con su séquito de camisas azules incendiando autobuses.

Todo esto viene a cuenta de lo que se juegan los navarros tras estas elecciones. Nos lo recuerda mi colega Aurelio Arteta (‘Lo que se juegan los navarros‘, EL CORREO, 9-6-2007): el primer y más grave problema político que tiene Navarra es el nacionalismo. Lástima de votantes, que se han vuelto a equivocar, y no se han enterado «ya sea por disimulo o por pura ignorancia» de eso que es tan claro y evidente. Andan aquí los nacionalistas cuestionando lo previo: nuestra propia esencia civil nada menos. Los nacionalistas han amenazado durante décadas a los gobiernos navarros, les han hecho ceder en política lingüística, han empobrecido la conciencia pública de las gentes y han contribuido, por no pensar como mi colega quiere que pensemos, a la desviación y al despilfarro de las energías sociales. Todo eso por negarnos al pensamiento único en el que tan cómodo se encuentra nuestro articulista.

¿Más todavía? Más: el nacionalismo no tiene políticas de derechas o de izquierdas; no construye colegios ni hospitales, ni impulsa la actividad industrial, ni contribuye a que los profesores de la UPV-EHU, como Arteta, puedan investigar de vez en cuando. O, si lo hace, es porque emplea su tiempo en disimular lo que es obvio, pensando siempre no en el tema objeto de la investigación, sino en el hecho de que esa actividad va a contribuir de forma necesaria al fortalecimiento de lo previo: el trazado de fronteras. Los nacionalistas somos unos desalmados, aunque solamente los más desalmados de entre nosotros se han dedicado a agredir, intimidar y matar. El nacionalismo es, por definición, reaccionario, al contrario de lo que le sucede a un partido tan poco sospechoso de eso como UPN. Así que ojo, que viene el diablo en forma de Uxue Barkos o de Patxi Zabaleta. Navarra está, en estos momentos, al borde de la perdición. Si me apuran, de su extinción. Rota y roja.

Responder a un artículo montado sobre semejantes cimientos es más complicado que responder a Moisés cuando baja del monte con sus tablas bajo el brazo y se encuentra al personal danzando alrededor del becerro de oro. La verdad y la certeza sólo pueden ser correspondidas con verdades y certezas de su propio nivel. Y yo, qué quieren que les diga, no las tengo. Carezco de esa competencia. Aunque alcanzo a ver sin dificultad que si Nafarroa Bai puede incidir en la política navarra no es porque «la tierra, la historia o los ancestros así lo han querido». No, no es por eso, porque ni los ancestros ni la historia han intervenido en las elecciones. Ha sido más bien porque miles de votantes, usando de su libertad, así lo han querido. Tan ciudadanos como el más ilustre navarrista. Con tantos derechos como el más docto de los profesores universitarios. Con un gran defecto, claro: no piensan como a alguien le gustaría que pensasen. Pero ese defecto es congénito en las democracias y, en general, no se suele combatir de forma tan burda.

Navarra está en peligro: tan sólo puede ser salvada por una gran coalición, encabezada por los constitucionalistas de UPN, empeñados, por cierto, en cambiar la Constitución desde hace ya muchos meses. Cualquier otra alternativa supone un desafío en el que se juega nada menos que «la autonomía política» (a propósito, ¿qué más da? ¿Para qué queremos autonomías y patrias?), «la paz social» y «la salud moral de nuestra comunidad…». ¿Válgame el cielo! Y nosotros sin saberlo.

No lo sé: no encuentro explicaciones fáciles para urdir argumentos de peso con esos mimbres, más allá de posicionamientos dogmáticos que siempre impiden poner en cuestión evidencias inmutables. ¿Tan difícil resulta aceptar que en democracia hay distintas formas de pensar a las que debemos, al menos, un poco de respeto? ¿Que no hay opciones, en ningún lado, que constituyan verdades únicas? ¿Que los ciudadanos debemos tener la posibilidad de articular la sociedad como nos parezca mejor, y que para ello podemos utilizar los argumentos que consideremos convenientes? ¿Que predicar cielos e infiernos es más propio de religiones que de pensamientos políticos? ¿Que las «necesidades comunes» las fijamos los propios ciudadanos? ¿Tan complicado resulta eso? Entre tanta pregunta, quizás se me ha olvidado la fundamental: ¿Habrá ido Aurelio también al dentista y tiene así información de la que no disponemos los demás?

Precisamente en un momento en que la cuestión de Navarra -pendiente de la decisión final del Partido Socialista sobre un posible pacto con Nafarroa Bai para desbancar a UPN del Gobierno foral- ha vuelto a ponerse en un primer plano, se cumplen hoy 75 años de la decisiva asamblea de ayuntamientos en la que Navarra resolvió, durante la II República, no integrarse en el Estatuto vasco. La decisión tomada por la mayoría de los ayuntamientos navarros el 19 de junio de 1932 tuvo una gran trascendencia histórica, pues, en contra de lo que hoy pueda pensarse, no siempre la relación entre la derecha navarra, el navarrismo y el vasquismo ha sido la misma a lo largo de la época contemporánea.

La proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, era una oportunidad para solucionar la ‘cuestión regional’, que la monarquía había sido incapaz de resolver. Sin embargo, en el País Vasco, el PNV seguía siendo, a la altura de 1931, un partido católico tradicional, que, si por un lado recibió el cambio de régimen con la esperanza de ver aprobado un Estatuto vasco, por otro observaba con temor la previsible política anticlerical republicana. De ahí que en junio de 1931, el PNV, la Comunión Tradicionalista carlista y el resto de la derecha católica vasco-navarra se aliaran en torno al proyecto de Estatuto de Estella, inadmisible para la izquierda, al reservar para el futuro ‘Estado Vasco’ (formado por las cuatro provincias) las competencias en materia religiosa. De hecho, muchos carlistas apoyaron el proyecto de Estella no tanto por el autogobierno que concedía a Euskadi sino porque podía servir de freno a la política laicista de la República. Fracasado el Estatuto de Estella, al ser incompatible con la Constitución de diciembre de 1931, el Gobierno republicano-socialista puso en marcha un nuevo proceso autonómico vasco-navarro, ajustado a la legalidad constitucional. En enero de 1932, asambleas provinciales de ayuntamientos debían decidir si cada territorio quería un Estatuto provincial o único para Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. En las tres provincias vascas el voto a favor del Estatuto único fue casi unánime, pero en Navarra la opinión contraria comenzó a hacerse sentir (160 municipios a favor frente a 57 en contra).

Elaborado el proyecto de ‘Estatuto Vasco-Navarro’, la asamblea definitiva de municipios de las cuatro provincias tuvo lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona el 19 de junio de 1932. Ante esta decisiva cita estatutaria, los partidos políticos navarros -con la excepción de los nacionalistas, que obviamente apoyaron con entusiasmo el Estatuto, pero que eran claramente minoritarios- se mostraron divididos: la poderosa Comunión Tradicionalista dejó libertad de voto a sus afiliados y varios partidos republicanos y la mayoría del Partido Socialista pidieron el voto negativo, aunque personalidades aisladas de la derecha y de la izquierda reclamaron que se votara a favor. Fruto de esta división, mientras las otras tres provincias aprobaban el Estatuto en la asamblea por abrumadora mayoría, sólo 109 de los 267 municipios navarros votaron a favor del proyecto. Es cierto que varios representantes municipales incumplieron el mandato favorable de sus respectivos ayuntamientos, pero, en cualquier caso, la opción vasquista no habría sido suficiente como para integrar en el Estatuto a Navarra, que quedaba así definitivamente excluida de la autonomía vasca.

El resultado de esta asamblea ha sido objeto de una polémica que comenzó ya en 1932 y continuó incluso en la Transición. Para el nacionalismo vasco, la defección de Navarra fue consecuencia de la ‘traición’ del carlismo, que en 1931 había apoyado el Estatuto de Estella y que ahora habría dado la espalda a la integración de Navarra en Euskadi. En efecto, junto a sectores carlistas navarros que seguían siendo sinceramente vasquistas, el peso del navarrismo foralista conservador, fuertemente españolista y antinacionalista vasco, se había ido imponiendo en el conjunto de la derecha navarra.

Sin embargo, la oposición navarra al Estatuto no se identificaba con una ideología política determinada. Incluso la oposición de la izquierda fue, proporcionalmente, superior a la de la derecha. Así, de los 196 ayuntamientos derechistas navarros, 85 votaron a favor, 85 en contra y 26 se abstuvieron. Por el contrario, de los 70 ayuntamientos navarros de izquierdas, 23 votaron a favor, 38 en contra y 9 se abstuvieron. Así, es cierto que el entusiasmo carlista por la autonomía vasca disminuyó drásticamente, sobre todo en Navarra, cuando aquélla se separó del problema religioso, pero el navarrismo, clave para entender la postura de Navarra en esa coyuntura, afectaba por igual a derechas e izquierdas. Además, hay que tener en cuenta que la izquierda tenía más fuerza en la Ribera, la zona más castellanizada de Navarra y más opuesta al Estatuto. Por último, el proyecto de 1932 era menos respetuoso con la autonomía interna de cada provincia que el de 1931, lo que contribuyó a poner en guardia a los navarristas frente al posible centralismo vizcaíno.

El resultado de esta asamblea marcó en buena medida la posterior relación de Navarra con los proyectos autonómicos vascos y su eco puede seguirse hasta la actualidad. No obstante, quizás la gran diferencia de 1932 con la situación actual es que ahora sólo los nacionalistas defienden en Navarra su incorporación a Euskadi, que en aquella época también era apoyada por sectores de izquierda y derecha no nacionalistas. En este sentido, el principal líder del PNV en Navarra en la II República, Manuel Irujo, solía decir que el nacionalismo había errado al no empeñarse en convencer a los navarros, antes de la asamblea de 1932, de que entrar en el Estatuto sería, ante todo, bueno para Navarra. Por ello, no es de extrañar que la violencia de ETA haya sido una rémora para que la posible integración navarra en Euskadi sea discutida con normalidad democrática.

En resumen, el resultado de la asamblea de junio de 1932 no fue consecuencia sólo de la coyuntura política ni de la traición carlista sino de la particular identidad navarra, cuyas relaciones con el vasquismo han sido a veces contradictorias. De hecho, lo vasco siempre ha formado parte de esa compleja identidad navarra, por lo que no tiene mucho sentido que los sectores navarristas conservadores interpreten la posible incorporación de Nafarroa Bai al Gobierno navarro como si ello significara poco menos que el fin del mundo. Por su parte, el nacionalismo cometería también un grave error si pensara que su avance electoral le permite obviar la realidad política e identitaria de Navarra, que las últimas elecciones, aun con matices, no han hecho sino confirmar.

Son muchos los que, ya sea por disimulo o por pura ignorancia, no parecen enterarse de algo evidente. Como uno lo señale, enseguida se verá acusado de propagar un miedo gratuito y de una ominosa filiación derechista. Pero eso evidente es que el nacionalismo vasco representa hace tiempo el primer y más grave problema político que tiene Navarra. Tan distinto, tan anterior y tan superior a cualesquiera otros problemas públicos, por cierto, que condiciona el modo de plantear y resolver todos los demás.

¿Por qué? Muy sencillo: porque ese nacionalismo -’y sólo él’- cuestiona lo más previo: qué somos los navarros desde el punto de vista civil. Es decir, si continuamos formando una unidad política dentro de España o más bien debemos formar parte de otra llamada Euskal Herria, cuyo régimen nacionalista lleva décadas propugnando separarse de España. Lo que disputa es la delimitación del ‘nosotros’ navarro como comunidad civil, el ‘demos’ o pueblo mismo de la democracia en Navarra (y, de rebote, el de España). Lastrada así su agenda política con semejante peso, nuestros gobiernos locales han sido durante décadas gobiernos bajo amenaza y las cesiones en política lingüística, herramienta básica de la ‘construción nacional’, darían buena prueba de ello. Del empobrecimiento de la conciencia pública de las gentes, de la desviación y despilfarro de las energías sociales (desde las culturales hasta las sindicales) gracias a este maldito embrollo habría mucho que hablar.

¿Se comprende entonces que el nacionalismo no impulsa una política de izquierda ni de derecha, sino una tarea muy anterior a esa división? Es que todo su empeño se agota en trazar las fronteras de su presunta etnia o nación y en promover su soberanía; para el nacionalista todo lo demás, incluidas las políticas sociales, queda subordinado a ese empeño principal. ¿Se comprenderá también algún día la razón de que, por mucho que se vista la ropa del progreso, siempre será una ideología reaccionaria? Es que regresa a tiempos y concepciones en que las diferencias de los sujetos prevalecían sobre su igualdad política y los derechos colectivos sobre los individuales. ¿Se comprenderá en fin que el nacionalista no es un partido como otro cualquiera? Mientras los restantes partidos admiten nuestra común ciudadanía, los nacionalistas arrancan justamente de su radical cuestionamiento y pretenden ser -y, en este caso, que otros seamos- ciudadanos de su propio y particular Estado.

Pero hay muchos otros rasgos exclusivos de nuestra mayor tribulación. Los demás problemas políticos (vivienda, sanidad o atención a los ancianos) son cosa de ‘un más o un menos’: se encaran de un modo más progresista o más conservador, con mayor o menor cuidado e inversión pública en acometerlos. En cambio, incorporarnos a otra comunidad política es una cuestión de ‘todo o nada’. Aquí no valen posiciones intermedias, por mucho que nos propongan primero tan sólo un órgano común permanente, después la progresiva oficialización del euskera, etcétera. Los nacionalistas no quieren una Navarra ‘un poco’ o ‘un mucho’ incorporada a Euskadi, sino incorporada del todo para componer al fin su mítica Euskal Herria. Su supuesta ‘lengua propia’, por ejemplo, debe ser la del entero territorio foral; no sólo de allí donde se habla, sino de donde nunca se habló o hace siglos que dejó de hablarse.

Tan crucial resulta esa pretensión, y tan inalcanzable a través del voto mayoritario, que durante 30 años los más desalmados de sus partidarios han matado, agredido y amenazado a una parte importante de la población por esa causa. Todavía son numerosos los que desean (o justifican) matar, agredir e intimidar para que Navarra se incorpore a Euskadi y secunde la eventual voluntad de secesión de Euskal Herria. Ya sólo eso le da a este conflicto un carácter dramático del que carecen los demás y que sería tramposo disimular. Eso por no mencionar a unas víctimas que sería indecente olvidar. De ahí también que suscite pasiones encontradas, amén de silencios cómplices y cobardías equidistantes, que los otros conflictos públicos no pueden suscitar. Y es que este desafío nacionalista afecta a nuestras convicciones morales, a nuestros primeros derechos políticos y, cuando hay sangre de por medio, a nuestro temor a morir.

Por si fuera ello poco, en el momento presente no sólo peligra el ser o no ser de Navarra, que tampoco es asunto de poca monta. Lo peor es que los nacionalistas están a punto de grabar su principio antidemocrático en el frontispicio de la política navarra. Según este principio, no somos miembros de una comunidad real de ciudadanos, sino más bien naturales de una etnia o nación imaginaria; y tal nación y sus presuntos derechos, ‘por la propia lógica del nacionalismo’, están por encima de los individuos y sus derechos. No seríamos ciudadanos en virtud de nuestra conciencia y voluntad libres, sino porque la tierra, la historia o los ancestros así lo han querido. De modo que ‘pertenecemos’ a una comunidad de sangre, de cultura o de tradición que marca como nuestro destino político el de convertirnos en ciudadanos vascos. Pues en esto consiste el peculiar pluralismo que pregonan: el nacionalista exige que se reconozca ‘su’ diferencia, pero necesita acabar con las diferencias de los otros; exige el pluralismo hacia fuera, pero lo persigue hacia dentro.

La autonomía política, la paz social, la salud moral de nuestra comunidad…, esto nos jugamos en este desafío. Para hacerle frente, hoy más que nunca el buen gobierno de Navarra requiere la unión de los constitucionalistas, desde Unión del Pueblo Navarro hasta Izquierda Unida. Al lado de esa necesidad común, poco importa lo que se jueguen los partidos, sus recelos mutuos o los cargos a que aspiran. Una coalición frente al nacionalismo, ése sí que será un ‘cambio’ a mejor y un verdadero ‘progreso’: los que reclaman a un tiempo las tres cuartas partes de los electores navarros y la justicia política.

Le contesta Pello Salaburu (EL CORREO DIGITAL, 20/06/07): Un micrófono en la muela del juicio.

Esta antigua referencia latina a Navarra como parte principal de Vasconia es de recuerdo obligado para hablar de lo que parece que se ha convertido en principal punto de debate, de discusión y de nerviosismo tras las últimas elecciones locales y autonómicas. El nombre en español de Euskal Herria, País Vasco, lo vincula a la antigua Vasconia, cuya raíz estaría en Navarra. La tribu de los vascones, núcleo de la denominación de País Vasco, se extendió de Navarra, básicamente, a buena parte de Guipúzcoa y a parte de Alava, si la memoria no me falla.

Cierto es que Guipúzcoa y el territorio de Alava rompieron voluntariamente su vinculación al reino de Navarra allá por el año 1200, para, en lo que era típico de las relaciones de poder de la Edad Media, vincularse al reino de Castilla. A partir de ese momento, el destino del reino navarro se halla desvinculado del devenir político guipuzcoano y alavés, y, por supuesto, del vizcaíno, que nunca estuvo en su órbita.

De los reyes navarros, Sancho III el Mayor es el que más capacidad simbólica ha generado, y es el águila de su bandera la que, transformada en arrano beltza (águila negra), asume la voluntad de entender Euskal Herria con inclusión necesaria de Navarra. Una referencia simbólica con no pocos problemas para los nacionalistas radicales: Sancho III se hizo llamar Rex Hispaniarum (Rey de las Españas), lo que permite que -con ganas de fastidiar, más que por otra razón-, las juventudes falangistas renovadas hayan usado como símbolo también el águila del mismo rey navarro.

En ámbitos nacionalistas se ha comentado muchas veces, en plan de broma, que nunca fue acertada la proclama de que Navarra es Euskadi -parte del credo nacionalista desde sus inicios-, sino que hubiera sido, y seguiría siendo, mucho mejor proclamar que Euskadi es Navarra, haciendo justicia a la frase del título de este artículo, Navarra, Caput Vasconiae. En cualquier caso, el reparto de escaños del Parlamento vasco recogido en el actual Estatuto -igual número de diputados por provincia, con independencia de la población- está motivado para facilitar la posible incorporación de Navarra a Euskadi: para que pudiera hacerlo en igualdad de representación con Vizcaya, el territorio más poblado, sin sentirse menor en representación.

Es cierto que el nacionalismo sabiniano es de origen estrictamente vizcaíno y que Vizcaya es el territorio en el que se implantó con fuerza el nacionalismo de Arana. Su expansión en Guipúzcoa fue más tardía -a partir del cuerpo social tradicionalista que existía en esa provincia-, y se produjo en plan misionero; de hecho, el principal actor de dicha expansión, Engracio de Aranzadi, proveniente del mundo tradicionalista de los Nocedal, se denominaba a sí mismo apóstol del nacionalismo, y tituló su obra escrita Ereintza (Siembra). El asentamiento del nacionalismo en Navarra y Alava fue muy minoritario en los comienzos.

Y si bien el nacionalismo de Sabino Arana nunca renunció a la idea de las siete provincias -incluyendo Navarra-, es verdad que fue el nacionalismo de ETA, articulado por Sarrail de Ihartza -seudónimo de Federico Krutwig- en una obra que lleva precisamente el título de Vasconia, el que retomó para el nacionalismo la idea de que Navarra no sólo es parte, sino punto de partida de la nación vasca.

Son dos visiones distintas del nacionalismo, que hoy pueden aparecer como iguales, persiguiendo los mismos fines, pero que proceden de dos momentos distintos, y de dos fundamentaciones distintas. El nacionalismo de Arana es una respuesta a la industrialización y modernización de la sociedad vizcaína como proyecto alternativo que, por supuesto, busca sus raíces en la Historia. Por contra, el otro nacionalismo, el que impulsa ETA como alternativa al nacionalismo aburguesado de sus padres, toma Navarra como fundamento y punto de partida de su reivindicación. Una idea de Navarra conquistada y sometida por el Cardenal Cisneros, olvidando que la lucha entre agramonteses y beamonteses hizo posible su entrada en el Viejo Reyno -Ignacio de Loyola fue herido en Pamplona cuando luchaba al servicio de los reyes de Castilla-.

Lo que la mayoría de los navarros ha votado en las últimas elecciones es que Navarra continúe en su actual situación institucional, como comunidad autónoma separada. Es cierto que al producirse las últimas elecciones en medio del llamado -mal llamado- proceso de paz, y sabido el interés de ETA por Navarra y la voluntad de los socialistas en el Gobierno de España, ha dotado al resultado de un valor simbólico que, en cualquier caso, es necesario colocar en su sitio.

La previsión constitucional es que Navarra se pueda incorporar a Euskadi si así lo decide la mayoría del Parlamento foral y si, en referéndum, la mayoría de los navarros así lo decidiera. Llegando muy lejos, se podría pensar que el PSOE como partido estuviera dispuesto a permitir que en el Parlamento foral hubiera la mayoría suficiente para que se pudiera convocar el referéndum, pero sabiendo que es a perder para quienes quieren la asociación de Navarra a Euskadi. Y es muy probable que los socialistas hoy no estuvieran dispuestos ni siquiera a llegar hasta el punto de permitir que hubiera una mayoría en el Parlamento foral que diera paso al referéndum.

La voluntad de mandar a UPN a la oposición puede unir en estos momentos a todos los demás en Navarra. Pero es difícil pensar en más acuerdos programáticos: los socialistas navarros pueden ser menos beligerantes limitando los derechos de los vascoparlantes navarros de lo que lo ha sido UPN; pero es difícil pensar que puedan apoyar sin reservas el panvasquismo de Patxi Zabaleta. Y ni siquiera es pensable que en cuestiones de política social y económica los conservadores tranquilos del PNV se puedan poner de acuerdo con los socialdemócratas de EA, y mucho menos con los marxistas de Batzarre o de Aralar.

La cuestión navarra tiene su importancia en estos momentos de la política española por toda la carga simbólica que contiene, y porque, como ya ha quedado dicho, se enmarca en los intentos por acelerar la desaparición de ETA. Pero, a pesar de toda esa carga simbólica, tampoco se puede olvidar que Navarra es, si no la comunidad más puntera del Estado en desarrollo económico y social, sí una de las que van en cabeza. Y los navarros no van a permitir que esa situación pueda verse comprometida por ninguna apuesta política que no les vaya a aportar ningún beneficio, ni económico ni social. Es preciso, pues, estar atentos, pero sin dramatizar demasido.

Por otro lado, es probable que a alguien se le haya pasado por la cabeza que a algún Maquiavelo se le pudiera ocurrir que la mejor manera de descalabrar Euskadi sería introduciendo en ella, ya de por sí bastante poco integrada a pesar de los años de Gobierno del nacionalismo, un elemento tan distorsionador como sería Navarra, tanto por su extensión geográfica como por sus propias diferencias internas que sólo agrandarían las propias del País Vasco.

Las diferentes visiones del nacionalismo, siempre vivas -no conviene olvidar que ETA nació para sustituir al nacionalismo de Sabina Arana, al PNV, y que, por ello, lo normal entre ambos nacionalismos es la enemistad, siendo la excepción los acuerdos-, más la Historia hecha los últimos 30 años (cada comunidad por su lado), y las diferencias linguísticas, culturales y sociales entre Navarra y Euskadi hacen poco previsible la asociación de ambas comunidades en una única.

El proceso de negociación política entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha devuelto -tal como se preveía- a la organización terrorista a las Instituciones Vascas y Navarras. Eso es exactamente lo que ha sucedido y ésa es la inapelable realidad de los acontecimientos.

Y tanto los que se han empeñado en negar sistemáticamente que este proceso consistiera en pagar un precio político a la banda criminal como los que decían que era una exageración augurar que ETA volvería a los ayuntamientos, han quedado en total evidencia. Lo que no llego a comprender es cómo hay quien, todavía, pese a la tozuda realidad, niega la evidencia de lo sucedido. No lo comprendo, salvo que, tras su postura, lata un respaldo comprensivo hacia la autodeterminación.

Repasemos brevemente el estado de la cuestión tras los últimos acontecimientos:

Por un lado, las listas legalizadas de ETA han servido para blanquear la organización terrorista a través de unas siglas históricas del nacionalismo vasco: Acción Nacionalista Vasca (ANV). Por otro, las listas ilegalizadas de ETA le sirven simultáneamente a la organización terrorista para mantenerse y justificarse en la calle, en la lucha, en la movilización y, lo que es peor, en la amenaza de la vuelta al crimen y al asesinato. Es decir, por una parte ha vuelto al poder y, por otra, refuerza su labor de gendarme del proceso.

Esto supone pagar un precio político a ETA (se la legitima políticamente con su regreso a las instituciones) y, a la vez, reforzarla (se la legitima socialmente ante sus bases radicales). Por eso quiero afirmar que, si hubiera que realizar un balance global de todo cuanto ha sucedido a lo largo de este año, cuesta imaginar un mejor resultado para esta organización, aunque, obviamente, lejos de reconocerlo, protesten y jaleen para continuar con su estrategia hacia delante.

No es la primera vez que lo digo: la legalización de ETA y su parcial legitimación en las instituciones vascas era y es el primer hito de la negociación, una vez que los preámbulos, los prólogos y los preludios del mal llamado proceso de paz han concluido.

Por ello, es momento de diagnosticar -que no de predecir- el siguiente paso, el próximo jalón de esta larga y opaca negociación, que se dilucidará también en las inminentes elecciones municipales.

Navarra es el próximo objetivo de esta ofensiva nacionalista sin precedentes que padecemos y que Rodríguez Zapatero, en vez de hacerle frente, trata de administrar mediante su negociación. En la Comunidad Foral vuelven a converger y a coincidir la hoja de ruta de ETA y el proyecto del presidente del Gobierno. Para él, su visión de una España irreconocible en los ámbitos territorial y moral (que son los que dan cohesión a una sociedad) y su perversa e injusta segunda Transición pasan necesariamente también por una Navarra irreconocible, diametralmente opuesta de siempre y despojada de esa navarridad que la ha hecho encajar en la España constitucional.

Por su parte, para ETA el proceso de la «autodeterminación a plazos» en el que se encuentra, una vez que no pudo alcanzar la autodeterminación en el arranque y como garantía del proceso -de ahí el criminal atentado en la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el pasado diciembre- pasa también por una Navarra en la que los nacionalistas vascos detenten el poder de las instituciones. Para el llamado movimiento de liberación nacional vasco, en sentido amplio, el objetivo de estas elecciones municipales es doble: situar a ETA en los ayuntamientos vascos y al nacionalismo vasco en las instituciones navarras. No hay que engañarse, no hay ambigüedad ni en el proyecto de Zapatero ni en el de la banda terrorista, en cuanto a la Comunidad Foral se refiere. El acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas vascos de Nafarroa Bai y de Aralar para situarse en el futuro Gobierno de Navarra constituye un dato cierto y seguro. Dicho de otro modo, la expulsión de Unión del Pueblo Navarro del mismo es el denominador común e inequívoco de los dos protagonistas del proceso político de paz.

La diferencia entre este segundo hito -una Navarra irreconocible- respecto del primero -unos ayuntamientos en los que ETA esté presente- radica en que si el primer objetivo dependía exclusivamente del Gobierno, tal y como se acaba de demostrar, el segundo depende también de la voluntad de los navarros. La única posibilidad de evitar el fatal desenlace, que está perfectamente pactado y acordado por los negociadores, reside en que la suma de los votos obtenidos el próximo 27 de mayo por UPN y CDN dé mayoría absoluta. Que nadie se engañe: no hay otro camino.

La manifestación que convocó Miguel Sanz como presidente del Gobierno de Navarra el pasado 17 de marzo estaba, como se ha demostrado, totalmente justificada. Los navarros tienen la oportunidad histórica de hacer descarrilar el tren de este perverso proceso en un ejercicio de legítima defensa democrática. De la misma manera que la negociación política entre ETA y el PNV, que se concretó en la tregua trampa anunciada el 16 de septiembre de 1998, se quebró en las elecciones municipales del año siguiente a través del resultado alavés del constitucionalismo español y del Partido Popular, esta nueva trampa para la autodeterminación se puede y se debe quebrar con el resultado electoral de UPN.

No hace falta dramatizar artificialmente la situación política en Navarra. No es necesario exagerar nada. La enorme trascendencia del resultado electoral salta a la vista de cualquier espectador mínimamente informado y avezado. Sin esta comunidad no hay esperanza para la autodeterminación que precisa ETA, pero con ella la banda saldría definitivamente reforzada y se le devolvería la esperanza para alcanzar la autodeterminación.

He señalado en muchas ocasiones que, si en la legalización social y municipal de ETA y en la aproximación a Navarra la convergencia entre los proyectos de Zapatero y ETA ha sido y es una realidad, en la formulación del reconocimiento del derecho de autodeterminación, el acuerdo y la convergencia es y será imposible.

ETA no puede cambiar y, como organización marcadamente totalitaria que es, necesita el poder y sabe que sólo lo alcanzará sustituyendo la autonomía por la autodeterminación, esto es, sustituyendo nuestro actual marco constitucional por el derecho unilateral a la secesión. Ésa y no otra es para ETA la verdadera esencia y el objetivo último del proceso.

Por ello, me atrevo a diagnosticar que este proceso terminará explotando de un modo u otro, antes o después de las próximas elecciones generales.

Pero no es lo mismo que la causa y la iniciativa de esta ruptura radiquen en la defensa de la libertad realizada a través de la voz y el voto de los navarros y de los españoles a que sea ETA quien decida reventar el proceso, de la manera y en el momento que más le convenga, que normalmente será una vez haya alcanzado una parte más de sus objetivos y cuando más daño haga a España. O rompen los navarros o romperá ETA, porque, lamentablemente, de lo que estoy seguro es de que el único que ya no puede ni quiere romper esta negociación suicida es el Gobierno socialista.

Dando por sentado que no hay -no puede haber- formulación política de la autodeterminación en la España de hoy que proporcione satisfacción a ETA, no resulta en absoluto indiferente que la banda avance o no en este objetivo intermedio que es Navarra. Y, aunque en los próximos meses no alcanzase un acuerdo sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación, no se iría con las manos vacías del proceso.

La vuelta de ETA a las instituciones locales y la entrada del nacionalismo en el Gobierno de la Comunidad Foral significan tanto para ETA como para el nacionalismo vasco -en definitiva, para todos los que han protagonizado de un modo u otro esta ofensiva nacionalista que padecemos- un salto de gigante en sus aspiraciones de seguir debilitando y rompiendo la nación española.

Lamentablemente, el daño producido por este proceso negociador que devuelve a ETA a los ayuntamientos ya es, cuando menos a corto plazo, irreversible, pero el daño que significaría una Navarra gobernada por el nacionalismo vasco con la tutela de ETA multiplicaría la irreversibilidad de los daños del proceso.

ETA no necesita estar hoy en las instituciones navarras; le basta con su tutela.

En este escenario, no es una exageración afirmar que Navarra tiene ante sí la decisión política más importante para su futuro y para el futuro del conjunto de España. Representa y tiene la voz y la palabra de una gran mayoría de españoles. El devenir de la nación depende en gran medida de lo que ocurra en la Comunidad Foral. Por eso, desde el mayor de los respetos que creo haber demostrado siempre por Navarra y por sus ciudadanos, me atrevo a recordarles la enorme responsabilidad que tienen el próximo 27 de mayo. No me dirijo ni a los simpatizantes de derechas ni a los de izquierdas ni a los centristas, sino a todos cuantos, por el mismo hecho de sentirse navarros, se sienten simultánea y profundamente españoles. Me dirijo, más allá de la posición que ocupo dentro de mi partido, a todos aquéllos que quieren seguir siendo navarros.

Una vez más, unas elecciones municipales adquieren una trascendencia extraordinaria para el futuro de nuestro país. España es una gran nación y no se merece, como tampoco cualquiera de sus comunidades, que una negociación política entre el Gobierno y una organización terrorista como ETA marque su futuro.

Lo peor del sectarismo es que nos encierra en un callejón sin salida. En medio de su griterío, toda palabra que se pronuncie acerca lo público, incluso la que busque romper ese sectarismo, sonará también a palabra sectaria. Antes de escucharla, ya se habrá decidido que proviene del amigo o del enemigo y suscitará aplausos o escarnios incondicionales. No es de extrañar que los argumentos, cuando se tienen, caigan en desuso en tan sucia pelea o adelgacen hasta quedarse en los huesos. Así se explica también la penuria de casi todo lo dicho sobre la coyuntura política de Navarra a partir de la propuesta de Batasuna para sumarla a la Comunidad Vasca.

Piensen un momento en ese recurso retórico de que “Navarra será lo que quieran los navarros”. Se diría que, en un régimen democrático que se precie, lo mismo que vale para los navarros en esta particular tesitura vale también para todos los demás ciudadanos en cualquier otra. Hasta El Ferrol -si hubiera de ser consultado sobre algo de su estricta incumbencia- sería a fin de cuentas lo que la mayoría de los ferrolenses quisiera. Además de vacua, huele a fórmula un tanto tramposa. Esa manida receta apunta a una eventual respuesta de los navarros, que ya se conoce, pero pasa por alto la pertinencia de la pregunta misma, que sólo enuncia el nacionalismo vasco e invocando razones etnicistas. Pero lo difícil de entender es que el riesgo más grave que puede amenazar a un Estado, la secesión de una parte de su territorio (y ése es el sentido final expreso de aquella propuesta) no merezca mayor pronunciamiento del Gobierno y de los órganos centrales de su partido. El partido en el poder, que como los demás ha de contribuir a formar la voluntad política de la ciudadanía, se abstiene de cumplir esa función primordial y renuncia a hacer públicas sus propias preferencias acerca del futuro de Navarra. En cuanto al Gobierno, todo indica que su política aquí es la de no hacer política… por singular respeto a los navarros.

Este pronunciamiento de que no hay que pronunciarse encaja a la perfección en otras fórmulas predilectas de nuestro presidente. Recordemos así que, “en ausencia de violencia, todo es legítimo”, ya sea la incorporación de Navarra a Euskadi o la deforestación del Amazonas. Claro que lo uno o lo otro será legítimo sólo si, junto a gastar modales pacíficos, ofrece fundamentos de justicia aceptables. De modo que no hay que extrañarse si, a la demanda de Batasuna, se responde que no hay que responder mientras aquélla no condene la violencia. ¿Y por qué no replicar a la vez que tanto la reivindicación anexionista como su respaldo por el terror durante estos 30 años carecían y carecen de todo derecho moral? ¿O es que, desaparecida ETA, aquellos apetitos nacionalistas sobre Navarra quedarían ya justificados? Sin ejercicio del terror, ¿cualquiera que sea el estatus político de Navarra valdrá igual y tendría que darnos lo mismo?

Para estar intranquilos en esta materia -por lo demás- no hace falta disponer de indicios de cesión alguna ni siquiera desconfiar torvamente de las intenciones gubernamentales. En realidad, bastaría con remitirse a la doctrina clásica de todo nacionalismo etnicista. Cuando Otegui -y ETA con él- pregona que “sin Navarra, nada”, no manifiesta un capricho pasajero o una ambición personal insaciable, sino que se limita a reiterar los dogmas primeros de su fe compartida. Se resumen en los principios de que cierta afinidad natural y cultural entre pueblos vecinos (Navarra y Euskadi) les constituyen como una sola nación y que toda nación (Euskal Herria) tiene derecho a ser un Estado. El uno es en gran medida una falsedad de hecho, el otro es democráticamente indefendible, pero ambos principios son ideas prácticas que llaman con urgencia a hacerse realidad. Y si no es por las buenas, será por las malas.

Frente a aquella desvergonzada pretensión, sólo se escuchan entre nosotros dos réplicas y a cuál más insuficiente. De un lado, lo que reza la Disposición Transitoria 4ª de nuestra Constitución, una cláusula legal que tan sólo establece el procedimiento para una hipotética incorporación del viejo Reyno a la comunidad vasca. Eso no es mucho decir mientras, más allá de la legalidad, no se postule algún criterio de legitimidad que justifique semejante paso. Habría que preguntarse incluso si esa misma norma, al prever un cambio en la conciencia colectiva de la comunidad foral, no viene a asumir aquel falso principio nacionalista de que la pertenencia cultural ha de plasmarse en una unidad política. Concedamos sin reserva que una parte del territorio foral y de sus costumbres sean de tradición vasca, pero entiéndase enseguida que no por ello sus habitantes deben ni desean formar un cuerpo político con Euskadi; y menos aún con una Euskadi que alienta afanes de secesión. Mal que le pese al nacionalista, no hay contradicción entre sentirse parcialmente vasco y quererse, al mismo tiempo, ciudadano navarro.

Del otro lado, se hace valer como máximo argumento de un demócrata la pura y simple voluntad de los sujetos: si ellos quieren Navarra, nosotros no lo queremos, y a ver quién gana el pulso. En esta democracia empobrecida no hay otra tarea que votar, sin que importe la preparación ciudadana para esa tarea; sólo cuenta la voluntad de la mayoría, no la calidad de las razones que configuran y avalan esa voluntad. Y a quien nos recuerde aquí lo inútil del esfuerzo por persuadir al fanático, habrá que aclararle que no es el creyente nacionalista el primero al que dirigirnos, sino a los ciudadanos más próximos. Son éstos los que requieren razones que fortalezcan las suyas y les animen a enfrentarse a la simpleza arrogante del más bruto.

No es el momento de probar de nuevo la superioridad en términos de justicia política de nuestras razones frente a las contrarias. A todas ellas habría hoy que añadir otra no menos poderosa: evitar el desprecio postrero de las víctimas de ETA. No me refiero a olvidar las atenciones públicas que les debemos. Despreciar a las víctimas sería sobre todo olvidar, disculpar o disponerse a aceptar en cierto grado la causa política a la que fueron sacrificados. Pues hay una suerte de legitimación a posteriori de los crímenes de ETA. Si ahora se otorgara por fin algún fundamento a la reivindicación nacionalista sobre Navarra, esta meta política injustificable habría adquirido por ello la apariencia de justificada. Y se estaría declarando que los caídos en el camino han sido un coste necesario para alcanzarla.

Es loable el esfuerzo del diario EL PAÍS por intentar desdramatizar las cuestiones identitarias que de tiempo en tiempo sacuden a los diferentes territorios de España. Por eso no deja de sorprender la publicación el día 28 de marzo de un artículo con el mismo título que éste, obra del notario Juan José López Burniol. El señor López Burniol, que no es navarro, aunque vivió en esta provincia entre 1962 y 1977, durante el franquismo, y, ya en democracia, pasó ¡una noche! en Pamplona hace dos años, da pábulo a los tópicos más reaccionarios sobre la “navarridad”, que deberían haber sido desterrados hace décadas: la (mal) llamada Ley Paccionada, el “triunfo” de Navarra en la Guerra Civil (que se lo digan a los familiares de los 2.857 fusilados por los navarros “auténticos” durante la contienda), la manipulación de la historia por las ikastolas, el pseudocasticismo provinciano de la “Navarra siempre p’adelante”…

Aunque el PP y su marca local, UPN, intenten plantear el debate sobre la relación de Navarra con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya como una cuestión entre “ellos” y “nosotros”, lo cierto es que se trata de una discusión entre unos navarros y otros. Me parece increíble que hastas alturas todavía tengamos que insistir en que tan navarros son los partidarios de la unión con las (otras) provincias vascas como los que defendienden la autonomía uniprovincial. En democracia, tan legítima debería ser una opción como la otra.

Da a entender López Burniol que Navarra puede ser el precio que el Gobierno de Zapatero está dispuesto a pagar a ETA a cambio de la paz. Ya basta de azuzar el miedo. Lo cierto es que hoy en Navarra, aparte de algunos demagogos y otros tantos desinformados, nadie, ni siquiera la llamada izquierda abertzale, cree que tal posibilidad pueda producirse. Al menos no en en la presente coyuntura. Y que conste que la unión de Navarra con las (otras) provincias vascas es perfectamente constitucional. Precisamente la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que permite la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco, fue la causa de que algunos “constitucionalistas de toda la vida” llamaran a la abstención o incluso al voto negativo en el referéndum de 1978. Hoy existe un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas en que Navarra debe seguir su camino, aunque algún tipo de vinculación con Euskadi (el llamado “Órgano Común Permanente”, posibilidad recogida en el Estatuto de Gernika y en el Amejoramiento del Fuero) puede ser conveniente. Siempre y cuando su Parlamento (y no ETA, ni Zapatero, ni López Burniol) así lo decida.

Pero la identidad no entiende de razones. El pasado día 17 de marzo miles de personas, muchas de ellas no navarras, se manifestaron en Pamplona bajo el lema “Fueros y Libertad”. Pregúntese a los navarros sobre los benditos fueros y el 95% (y me quedo corto) será incapaz de dar una respuesta inteligible. Y es que para los nuevos navarristas, el fuero es simplemente una excusa para mantener a Navarra lo más alejada posible de las (otras) provincias vascas que, curiosamente, según reconoce la Disposición Adicional Primera de la Constitución, son tan forales como Navarra. Aun en el hipotético caso de que Navarra se integrara en la Comunidad Autónoma del País Vasco no perdería su régimen de Convenio.

Algunos llevamos años intentando desmitificar la historia de Navarra, en la que existen muchas más discontinuidades que las que López Burniol imagina (la pérdida del vascuence en gran parte del territorio, sin ir más lejos). No se puede imaginar lo frustrante que resulta comprobar que algunos siguen anclados en los estereotipos difundidos por la derecha más extrema y el franquismo.

Termina López Burniol expresando su temor de que la Navarra que cree que conoció pueda desaparecer pronto. Por el bien de todos: esperemos que así sea.

Al caer la tarde del 12 de octubre de 1962, llegué a Pamplona para iniciar mis estudios de Derecho en la Universidad de Navarra. Nueve años más tarde, ingresé en notarías por Valdegovía, en la provincia de Álava, allá donde Vasconia se funde con la Castilla burgalesa. De ahí pasé a Tudela, en la Ribera, donde permanecí hasta 1977. Durante quince años, por tanto, mi vida se desenvolvió en tierras navarras o cerca de ellas. De ahí que contemple a Navarra con el cariño que se siente por lo propio, si bien matizado por el respeto debido a lo ajeno. Por esto me invade, últimamente, cierta desazón al ver a Navarra convertida en el punto central del proceso de paz en el País Vasco, por reivindicar la izquierda abertzale -como prioridad absoluta- “el espacio a cuatro territorios”, que supondría la incorporación de Navarra a la Comunidad Vasca con la correlativa pérdida de autonomía y la inevitable dilución progresiva de su fuerte personalidad. Aunque, a decir verdad, mi desazón es inferior a mi extrañeza.

Esta extrañeza se explica. Al entrar en contacto con Navarra, pronto advertí el milagro que suponía el hecho de que una entidad histórica de tan pequeña extensión y tan reducida población hubiese preservado, siglo tras siglo, no sólo su identidad, sino sus instituciones -comenzando por la Diputación Foral-, sus competencias -incluidas las fiscales- y su Derecho. Desengañémonos, dejando al margen a los portugueses -que recuperaron su independencia en el siglo XVII-, los navarros han sido quienes han conservado -en toda la Península- una mayor cota de autogobierno, es decir, de autogestión de los propios intereses y de autocontrol de los propios recursos. Navarra ha sido, a lo largo de la historia, como los gatos: siempre ha caído de pie. O, en otras palabras, ha ganado o, por lo menos, no ha perdido -a diferencia de otros- las guerras en que ha participado. Así lo prueban la Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil.

En aquélla, el abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero -que puso fin a una guerra que nadie ganaba- fue la escenificación de un acuerdo previo, fraguado al calor de la iniciativa “Paz y Fueros”, por el que la oligarquía central madrileña consiguió la unidad de mercado mediante la supresión de las aduanas interiores, y la oligarquía carlista -aparte de la conservación de los grados militares- salvó las Diputaciones Forales, con sus decisivas competencias fiscales. Lo que se concretó, respecto a Navarra, en la llamada Ley paccionada de 16 de agosto de 1841, que, si bien fue una Ley ordinaria de Cortes y, por consiguiente, no formalmente pactada, sí fue, de hecho, el resultado de un acuerdo anterior. Un acuerdo que -en palabras de María Cruz Mina- “proporcionó a la oligarquía navarra, que había controlado el proceso, un aparato de control sobre la provincia muy superior al que tuviera en el Antiguo Régimen, a la vez que ponía en sus manos el instrumento clave de la revolución burguesa, al convertir a la Diputación en árbitro de la desamortización. Pagar menos y controlar más, tal era la esencia de la nueva foralidad”.

Algo semejante sucedió tras la Guerra Civil. El Estado franquista respetó el régimen foral de Navarra y Álava, al tiempo que derogaba el de Guipúzcoa y Vizcaya, como castigo por ser “provincias traidoras”. De este modo, Navarra conservó su amplia autonomía durante aquellos cuarenta años, al módico precio del cupo que anualmente pagaba al Estado. Tan es así que, en ocasiones, algunos gobernadores civiles -como Carlos Arias Navarro y Luis Valero Bermejo- perdieron los pulsos que osaron sostener con la todopoderosa Diputación Foral. Y, en fecha tan avanzada como 1973, se produjo un hecho revelador. De todas las Compilaciones que debían recoger las especialidades jurídico-privadas existentes en España, sólo pendía de promulgación la de Navarra, tras haber sido aprobadas por las Cortes franquistas las de Vizcaya y Álava, Cataluña, Baleares, Galicia y Aragón. Pues bien, los navarros -sin duda bajo el recuerdo mítico de la Ley paccionada- se negaron a que su Compilación fuese aprobada unilateralmente por las Cortes de Madrid, y, para evitarlo, idearon un sistema tan increíble como éste: la Compilación fue promulgada como Ley por el general Franco, en su condición de jefe del Estado y haciendo uso de la facultad que le reconocía la Ley Orgánica del Estado -y atribuida en plena Guerra Civil- de “dictar normas jurídicas de carácter general”. Ahora bien, en el texto de la Compilación figuraba también una disposición adicional según la cual: “Para cualquier modificación o alteración de la vigencia total o parcial de esta Compilación será necesario nuevo convenio previo con la Diputación Foral al efecto de su ulterior formalización”. De todo lo cual resulta que la Compilación Navarra de 1973 fue fruto de un pacto entre el Estado español y la Diputación Foral de Navarra, que debía reeditarse -en forma de nuevo convenio- para cualquier modificación ulterior. Esta fórmula -ideada posiblemente por el catedrático y notario navarro Francisco-Javier López Jacoiste y vendida a Franco por el carlista Antonio María de Oriol- implicaba un grado de autonomía sin parangón posible. Si esto no es bilateralidad pura y dura, que venga Dios y la vea.

Llegados a este punto, proceden una recapitulación y una reflexión. Aquélla es evidente: a lo largo de la historia, los navarros las han hecho de todos los colores con el fin de preservar su autonomía hasta un grado en verdad elevado y envidiable. Y han tenido éxito. Mejor para ellos. Pero, entonces, se impone una reflexión: ¿cómo es posible que los navarros estén ahora dispuestos a dilapidar esta rica herencia de libertad que viene de sus mayores, dejándose embarcar en un proyecto ajeno como es la fusión con los tres territorios vascos, en el que verán fuertemente erosionada, además de su identidad, su capacidad de autogobierno, que -no lo olvidemos- consiste en la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos? Si me permiten que me ponga borde, ¿qué necesidad tienen los navarros de que nadie les ayude a gestionar sus fondos? No hay detrás de estas preguntas el oblicuo intento de perpetuar ningún estatus. Sólo late la perplejidad de que no se imponga en Navarra una voz que clame de una vez por todas: “Ni Euskadi, ni Madrid, ni hostias: Navarra siempre p’alante”. Pero un viejo amigo pamplonica me dice que las nuevas generaciones educadas en las ikastolas constituyen un auténtico enigma a estos efectos, por lo que puede que decanten la situación a favor de un proyecto compartido con los vascos. Si así lo hacen, me callo. Es su tierra. Aunque pensaré para mí que se equivocan. Dilapidar siempre es fácil; lo que cuesta es acumular y conservar.

Hace un par de veranos hice noche en Pamplona, de camino hacia Santander. Madrugué y caminé por las calles desiertas -era domingo- de la ciudad: paseo Valencia, Chapitela, plaza del Ayuntamiento, cuesta de Santo Domingo, el Museo de Navarra, vuelta atrás, plaza del Castillo, Carlos III, los Muertos, Colegio Mayor Aralar, Amaya, la plaza de toros. Poco dado como soy incluso a los pequeños viajes, pensé que me despedía de Pamplona. No sabía que, quizá, me estaba despidiendo de Navarra. De la Navarra que yo conocí.

Le responde Xabier Zabaltza: ¿Adiós, Navarra?

La manifestación que se celebró en Pamplona el pasado sábado fue convocada por el Gobierno navarro en defensa “del fuero y de la libertad”. Pese al objetivo publicitado en el lema, que pretendía dar cabida al conjunto de los demócratas, todo el mundo sabía a priori, o tuvo que aceptar a posteriori, que aquel acto supuestamente incluyente era en realidad un acto electoral organizado por una institución pública en beneficio de la marca que el Partido Popular tiene en la Comunidad Foral de Navarra. Hay que reconocer, desde esta perspectiva electoralista, el acierto que los populares tuvieron al elegir Pamplona como el punto culminante –al menos, por el momento– de esa larga cadena de manifestaciones que, en nombre propio o por persona interpuesta, han venido organizando contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
En ningún lugar se sienten, en efecto, con igual intensidad que en Navarra los dos estímulos que al PP le están sirviendo de acicate para azuzar las emociones más pasionales de la población en favor de la campaña de acoso y derribo en que se ha embarcado. Los fantasmas de la rendición ante el terrorismo y de la desmembración nacional a manos del separatismo adquieren, en la mente de los habitantes de ese territorio, especiales visos de poder convertirse en realidad.

SI EL GOBIERNO de Miguel Sanz hubiera querido ser de verdad incluyente, habría podido convocar la misma manifestación, en vez de frente a las supuestas intenciones del presidente Zapatero, contra quienes realmente ponen en peligro la integridad de Navarra y de los navarros. No habría tenido que cambiar siquiera de lema. Porque el rechazo del chantaje al que ETA y Batasuna quieren someter a la Comunidad Foral, proponiéndole el cese de la violencia a cambio de la modificación de su estatus jurídico-político, no es en absoluto exclusivo de los populares, sino, por el contrario, compartido también por socialistas y nacionalistas. Todos ellos están de acuerdo con el “Navarra no se negocia” que completaba el lema de “Fuero y libertad”.
Pero el Gobierno navarro quería excluir y no incluir. Por eso, trampeó con el lema y dirigió a los navarros, no contra la amenaza real, sino contra el fantasma imaginario. Tuvo que atribuir para ello a Zapatero la ignominia de haberse rendido ya al chantaje de ETA, o de estar en disposición de hacerlo en el futuro, cuando muy bien saben Miguel Sanz y su Gobierno, así como el partido al que sirven de franquicia en Navarra, que ningún gobernante en su sano juicio cometería tamaño dislate aunque solo fuera por instinto de supervivencia. Navarra no se negocia, no porque lo diga ningún principio democrático, sino, simple y llanamente, porque nadie está dispuesto a cometer el suicidio político de negociar con ella. Ni siquiera Zapatero.
Tan evidente resulta lo anterior que produce casi sonrojo ponerlo por escrito. Sin embargo, ETA y Batasuna han hecho tales estragos en la percepción que los navarros tienen de sí mismos que hasta lo más evidente puede ser tergiversado. Ahí está, por ejemplo, la cuestión de la relación especial que pudiera establecerse entre Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hoy es el día en que ni los nacionalistas integrados en Nafarroa Bai –Eusko Alkartasuna, Partido Nacionalista Vasco y Aralar– se atreverían a ir más allá de algún tipo de órgano de cooperación en materias de interés común. Desde luego, a ninguno de ellos se les ocurriría poner sobre la mesa la hipótesis de la integración que contemplan tanto la Constitución como el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero.
El terrorismo etarra ha convertido en tabú político lo que hasta el bloque de constitucionalidad considera posible. Por eso, consciente de esta exacerbada sensibilidad que en Navarra produce “lo vasco”, el Gobierno de Miguel Sanz quiso, con su manifestación, dar un paso más en su política de acoso. No contento con echar sobre los socialistas la sospecha de rendición ante el chantaje etarra, pretendió también comprometerlos en su propuesta de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Quizá no se percataba de que, con ello, no solo estaría oponiéndose al supuesto expansionismo de los nacionalistas vascos, sino que, además, pondría en un gueto dentro de su propia comunidad a una parte no desdeñable de la población navarra que encuentra en esa disposición un horizonte de posibilidad para la realización de sus legítimas aspiraciones.

ESTE MISMO afán excluyente se puso de manifiesto en la apelación que el presidente Sanz hizo a los socialistas, antes de la manifestación, para que se comprometieran también a no pactar, tras las elecciones, con quienes podrían poner en peligro el actual estatus de la Comunidad Foral de Navarra. La referencia a Nafarroa Bai era evidente. Pero la apelación constituía, a la vez, la más clara y burda prueba de la intención electoral de la convocatoria. La exclusión de Nafarroa Bai de cualquier pacto electoral equivale, de hecho, al blindaje a perpetuidad de la derecha en el Gobierno de Navarra. La desfachatez de la propuesta es tan desvergonzada que uno no acaba de comprender cómo el Gobierno de Navarra se atrevió a encubrirla bajo palabras tan solemnes como las que se leían en la pancarta: “Fuero y libertad. Navarra no se negocia”. No parecía posible tanta hipocresía.

En un pasaje de la extensa entrevista que me concedió en abril del año pasado el presidente Zapatero dijo literalmente: «Tengo una conversación pendiente con el presidente de Navarra, por quien siento mucho respeto, pero creo que su última iniciativa -emplazando al PSOE a definirse frente a las pretensiones panvasquistas- ha anticipado un debate de forma un tanto precipitada». Ya en ese instante hubo algo en la inflexión de su voz o en la pérdida de fulgor de su mirada que me recordó aquel inolvidable chiste de Forges en el Informaciones de los años 70 en el que se veía a un fulano dentro de un colchón enrollado sobre un somier con los muelles rotos, rodeado de colillas y otros detritos, que, en medio de una habitación con aires de leonera, suspiraba: «¡Un día de estos tengo que hacerme la cama!».

Once meses después los hechos han demostrado que Zapatero tenía aún menos ganas de recibir a Miguel Sanz que de visitar el Japón porque, con «respeto» o sin él, la «conversación» continúa igual de «pendiente» y entre tanto una envalentonada Batasuna ha colocado la anexión del Viejo Reino en cabeza tanto de sus irrenunciables reivindicaciones públicas como de sus recurrentes exigencias privadas en los coloquios secretos que ha venido manteniendo con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi.

En aquella entrevista Zapatero rechazaba la recomendación del Consejo de Estado de proponer la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que deja abierta la hipótesis de la incorporación de Navarra al País Vasco -qué distinta sería la España de hoy si el presidente hubiera seguido, como prometió, la hoja de ruta de su máximo órgano consultivo- y se remitía al «posible diálogo» entre «una mayoría de los navarros con ideas muy claras» y «una minoría que también tiene las ideas muy claras». O sea que ya entonces rumiaba algo para reconciliar lo aparentemente irreconciliable y, conociendo su afición a imaginar que los más hondos conflictos pueden resolverse con ingeniosos juegos de palabras, es de suponer que no ha dejado ni un solo día de hacerlo.

¿Cómo zanjar la cuestión navarra según la pauta mediante la que se reconoce la existencia de la nación catalana (pero dentro de la Nación española), se proclama el derecho a decidir de los vascos (pero en el marco de la Constitución) y se apoya la anexión marroquí del Sáhara (pero respetando su derecho de autodeterminación)? Según revelaba el jueves El Semanal Digital nuestro creativo estadista había visto por fin la luz mediante una elemental analogía: «Si ni tú ni yo tenemos ningún problema en decir que somos ciudadanos de Castilla y León -le habría comentado a un paisano y empresario hostelero-, ¿qué problema puede haber para que alguien diga que es a la vez ciudadano del País Vasco y de Navarra?». La gallina.

Cuando el otro día, refiriéndose a las dos tonalidades de los envoltorios de color marrón empleados en diversas partidas de explosivos, escuché declarar al comisario Sánchez Manzano que, a su modo de ver, «claro y oscuro son lo mismo», enseguida entendí por qué el chapucero y turbio jefe de los Tedax le cayó tan bien al presidente en su fugaz encuentro de hace unos meses en La Moncloa. Sólo confundiendo entre sí los contrarios se puede apadrinar -o tan siquiera contemplar- en los tiempos que corren un proyecto político vasco-navarro, equiparándolo al castellano-leonés. Ojo, no estamos hablando ni de cooperación cultural, ni de relaciones deportivas o comerciales, sino de vinculación administrativa a través de instituciones representativas comunes. Y esto al día de hoy tiene tanto sentido como que el órgano interparlamentario con el que está previsto que empiece la fusión no sea vasco-navarro, sino vasco-leonés. Es decir que sean las tierras del Bierzo y no las de la Ribera las que se agreguen a las del Gohierri.

No es una boutade para soliviantar a Zapatero tocándole la patria chica, sino la reducción al absurdo de esa momificada estupidez llamada «derechos históricos» que los nacionalistas vascos invocan para reclamar Navarra y bajo la que los dirigentes de Batasuna se cobijan nada menos que para denominar a Pamplona «nuestra Jerusalén». Pues ocurre que el hecho de armas más notable de ese Sancho III cuyo cetro seminal como «señor de los vascos» sirve de difusa fuente autojustificativa a este delirio abertzale, fue precisamente su conquista a sangre y fuego en el año 1034 de la ciudad de León, derrocando a su legítimo soberano -y hermano de su nuera- Bermudo III. Por eso el gran medievalista Julio Valdeón nos recordó en su milenario que a Sancho III se le presentaba en un documento de la época como «tenentis imperium in Aragone et in Pampilonia et in Castella et in Legione».

La estupenda monografía que nuestra revista La Aventura de la Historia dedica este mes a Navarra deja las cosas claras desde un punto de vista retrospectivo: la unión política del entonces llamado Reino de Pamplona con los tres territorios vascos no es sino un efímero vaivén que ni siquiera sobrevive al siglo XII, pues a su término los señoríos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa quedan definitivamente reintegrados a la corona de Castilla a la que tradicionalmente pertenecían. Fundamentar una identidad común y diferenciada en lo que no pasó de ser uno más de los recíprocos sístoles y diástoles de los reinos peninsulares entre los que se iba fraguando la construcción histórica de España hace más de 900 años -no en balde este Sancho el Mayor era también aludido entonces como rex Ibericus o Hispaniorum Rex- es algo tan fantasioso que de idéntica manera podría servir para reivindicar las montañas leonesas como parte del tradicional lebensraum euskaldún.

Aunque la anexión política a su monarquía dual no la impone Fernando el Católico hasta 1512, los testimonios de la españolidad de Navarra impregnan desde el llamado Fuero Antiguo hasta la Crónica del Príncipe de Viana. «Navarra, por todas partes te roen», decía el desventurado hijo y enemigo de Juan II, refiriéndose a las pretensiones castellanas y aragonesas -tan similares a las vascas de hoy en día-, a la vez que presentaba a su tierra como «una de las poblaciones más antiguas de nuestra España». La conversión al protestantismo de los principales miembros de la dinastía derrocada -los Albret- que se refugian en su corte de Nérac allende los Pirineos, disipa toda alternativa que no sea el desarrollo del foralismo como una modalidad genuina de integración en la España de los Austrias. La lealtad de Navarra -frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal en el XVII- y su apuesta por los Borbones en la Guerra de Sucesión consolidan la continuidad de ese pacto entre el Estado y una de sus partes más sustancialmente identificadas con el todo.

El resto es ya la Historia de antesdeayer. La implicación en las guerras carlistas, la rebelión de 1893 contra el uniformismo fiscal del ministro Gamazo -la famosa gamazada cuyo espíritu parecía sobrevolar la manifestación de este sábado- o la propia contribución de los boinas rojas a la sublevación de 1936 no son sino expresiones de una misma sensibilidad tradicional, y por lo tanto conservadora, mediante la que los navarros se sienten españoles. Cuando nuestra generación alcanza la democracia la Ley del Amejoramiento del Fuero -equivalente a los estatutos de las demás comunidades- encaja como el más diestro de los dedos en el cómodo guante del Estado de las Autonomías.

No hay otro ejemplo más rectilíneo de viaje hacia la modernidad, manteniendo las esencias, que el de esta Navarra foral y española. Entre tanto, el nacionalismo vasco estuvo con y contra la República, fue prefascista con Sabino Arana y marxista-terrorista con etarras de la calaña de De Juana Chaos, pactó con los demócratas en Ajuria Enea y con los totalitarios en Estella-Lizarra… Ahora su proyecto es acumular fuerzas en pro de la autodeterminación como pórtico de la secesión, pactada o no con España, y pretende engullir a Navarra para sacarla de su quicio natural. «Somos su objeto de deseo porque la ensoñación de Euskal Herria sin Navarra no puede subsistir», nos decía hace tres meses José Javier Uranga desde su doble autoridad de decano del buen periodismo de opinión y superviviente de uno de los más viles atentados de ETA. El único problema de los promotores de este Anschluss a la bilbaína es que el 80% de los navarros -la estimación es de nuestro excelente columnista Manuel Hidalgo, nada complaciente con UPN pero pamplonica al fin y al cabo- no quiere.

Los navarros no quieren; y el resto de los españoles, tampoco. Si Otegi dice que Pamplona es su Jerusalén, ya que ahora con la película 300 se va a poner de moda ese decisivo episodio de la Historia antigua, nosotros replicamos que Navarra entera es nuestras Termópilas. Y paso a explicar por qué.

Aunque, según Herodoto, la correlación de fuerzas entre los 4.000 griegos que bajo el sol plomizo de agosto del año 480 antes de Cristo trataban de defender aquel paso estratégico no demasiado diferente al de Roncesvalles y los tres millones de persas que pretendían forzarlo -yo creo que esta última cifra le debió ser facilitada al padre de los historiadores por el contador de manifestantes de la Comunidad de Madrid- era mucho más desigual que la que hoy existe entre los 601.000 habitantes censados en Navarra y los 2.133.000 del País Vasco, lo que en términos geoestratégicos estaba en juego era metafóricamente muy parecido.

De igual manera que si los invasores llegados de Oriente forzaban aquellas Thermos Pylae -Puertas Calientes- primero irían cayendo en su poder Delfos, el Monte Parnaso, Tebas y la propia Atenas, para pasar luego al Peloponeso, donde habrían doblegado a la mismísima Esparta, así se desmoronarían también como fichas de dominó los puntales de la España constitucional si el soberanismo vasco lograra apropiarse de Navarra. En ese escenario demencial, el Estado de las Autonomías serviría de barra libre a la ley del más fuerte, oscuros sueños como los de los Països Catalans, la anexión a Galicia de determinadas comarcas limítrofes o la toma de Ceuta y Melilla por Marruecos terminarían materializándose y lo máximo que restaría de tal naufragio sería una Confederación de Pueblos Ibéricos balcanizada en sus odios y rencores.

Deseo de todo corazón al cabal Miguel Sanz, la pujante Yolanda Barcina, el constante y lúcido Jaime Ignacio del Burgo y todos los demás dirigentes de la Unión del Pueblo Navarro mejor suerte en las urnas de la que tuvieron Leónidas y sus 300 espartanos cuando se quedaron solos en el campo de batalla, cual últimos requetés. Pero incluso aunque no obtuvieran sus objetivos electorales -única garantía absoluta de que Navarra seguirá siendo Navarra- su firme labor de contención de la marea abertzale está teniendo ya una importancia inmensa para todos, al reducir el margen de maniobra del Gobierno y del PSOE, pues lo esencial es ganar tiempo y afianzar la posición para que la brutal acometida que puede desencadenarse en los próximos meses no se lo lleve todo por delante.

Desearía equivocarme, pero mi primer pronóstico es que, se llamen como se llamen, las candidaturas de ETA-Batasuna van a obtener un resultado espectacular en las municipales vascas porque lo más nefasto de la actual política gubernamental es su blanqueo moral ante los electores. Y mi siguiente pronóstico es que en su probable segunda legislatura en el poder -sólo una quimérica mayoría absoluta del PP podría evitarlo- Zapatero dependerá numérica y políticamente de las minorías nacionalistas en superior medida que ahora. Si ambos augurios se cumplen, nuestra democracia entrará en una grave situación de alarma roja en la que será imprescindible que elementos tan importantes para mantener el rumbo de la nave como Navarra estén firmemente atados al mástil principal y a salvo por igual de los violentos golpes de mar y de los seductores cantos de las sirenas.

De igual manera que la resistencia en las Termópilas permitió poner a salvo la flota griega, sentando las bases de las espectaculares victorias de Salamina y Platea que arrojaron definitivamente a los persas del suelo helénico, el apuntalamiento de Navarra puede darnos el margen temporal imprescindible para rehacer el consenso de la Transición -con o sin Zapatero-, recuperar al PSOE para el Pacto Antiterrorista -con o sin Zapatero- y ponerle unas cuantas velas al Tribunal Constitucional para que nos saque de esta -con o sin Zapatero-, dándole un buen tajo al catastrófico Estatuto catalán.

La movilización de este fin de semana ha tenido en tal contexto una doble utilidad como cierre de filas en torno a UPN y como seria advertencia al Partido Socialista de Navarra. Que sepa su líder Fernando Puras, por si en algún momento se le ha pasado por la cabeza la tentación de jugar el papel de aquel griego llamado Efialtes que mostró a los persas un atajo para rodear y desbordar las posiciones de Leónidas, que todos los navarros y muchos españoles estamos observándole. Prestarse a formar parte de una mayoría alternativa con Nafarroa Bai -que engloba al PNV, EA y Aralar- y Batasuna y aceptar la creación del órgano de coordinación permanente con el Parlamento vasco sería apuñalar a Navarra por la espalda. Por algo el tal Efialtes -cuyo nombre significa «pesadilla»- figura en los lugares más altos del ranking de la historia universal de la infamia.

De la misma manera que el sábado anterior Mariano Rajoy despidió con cálida elocuencia a los cívicos manifestantes de Madrid -«Volved a vuestras casas y contad a todo el mundo lo que ha pasado aquí»-, tomando a hurtadillas sus palabras de la arenga que Shakespeare pone en boca de Enrique V el día de la batalla de Agincourt, a mí me gustaría que quienes salieron ayer a la calle en Pamplona sean conscientes de la importancia de su causa, dedicándoles -esta vez con atribución expresa- algunas citas literarias.

«Ni siquiera las victorias más bellas que con sus ojos haya visto el sol osaron nunca oponer toda su gloria a la del rey Leónidas y los suyos en el paso de las Termópilas», escribió el gran Montaigne.

«¡Oh, Tierra, devuelve de tu pecho/ un residuo de nuestros muertos espartanos!/ De los trescientos menos tres que se otorgaron,/ para construir unas nuevas Termópilas», cantó Lord Byron.

«Si los griegos hubieran sucumbido a la invasión de Jerjes -acaba de plantear Tom Holland en su libro Persian Fire-, el mundo occidental no sólo habría perdido su primera pugna por la independencia y la supervivencia, sino que probablemente jamás habría existido una entidad llamada mundo occidental».

Tal vez por eso solía decir William Golding que «un poco de Leónidas permanece en el hecho de que yo pueda ir a donde quiera y escribir lo que quiera porque él contribuyó a hacernos libres».

Han pasado 2.500 años, pero ahora se trata de lo mismo.

No incurramos en juicio de intenciones como nos piden los portavoces gubernamentales y, en consecuencia, no atribuyamos al Gobierno ni a su partido el propósito oculto de transar con Navarra en el contexto del llamado «proceso de paz» con la banda terrorista ETA y su hijuela, Batasuna. Sin embargo, no es una opinión, ni una hipótesis ni una suposición que tanto el nacionalismo vasco -PNV y EA- como la llamada izquierda abertzale, es decir, ETA, han pretendido desde hace décadas la anexión de Navarra a Euskadi. En los albores de la transición una de las consignas del nacionalismo en su conjunto -en realidad un auténtico mantra- fue aquello de «Nafarroa Euskadi da» (Navarra es Euskadi). Esta reclamación del nacionalismo vasco carece por completo de fundamento histórico, pero sí dispone de una lógica implacable en sus pretensiones inmediatas.

La Comunidad Autónoma Vasca no ha sido una realidad político-territorial e institucional hasta que así lo consagró el Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979. Euskadi no existió nunca; ni siquiera con el Estatuto de 1936 otorgado por la República, porque la jurisdicción del entonces Gobierno vasco no alcanzaba ni a Álava ni a buena parte de Guipúzcoa, que estaban bajo el control de las tropas de Franco. Navarra se alineó -bajo el férreo mando del general Mola- con el levantamiento del 18 de julio de 1936 y el Viejo Reino aportó hombres y recursos al bando nacional, lo que le granjeó, acabada la contienda civil, el mantenimiento de su Convenio económico, al igual que a Álava, en tanto que un decreto de 1937 dictado por el Gobierno franquista declaró a Vizcaya y Guipúzcoa «provincias traidoras», privándolas a las dos de sus peculiares sistemas de financiación que traían causa de la época posterior a la abolición foral en 1876.

Sabino de Arana y Goiri jamás tuvo una idea acabada de Euskadi. Su montaje mitológico lo asentó sobre el delirante texto titulado «Bizkaia por su independencia», que entronca con una mitología vasco-cantabrista espléndidamente estudiada por Javier Corcuera Atienza en su imprescindible obra «Los orígenes del nacionalismo vasco». La extensión del nacionalismo a Álava y Guipúzcoa fue, en realidad, una expansión del «bizkaitarrismo» sabiniano y sólo prendió en Navarra en la zona vascoparlante de forma muy minoritaria. Arana no fue un visionario de fuste sino el hijo de un carlista perdedor y acibarado, no sólo por la derrota en las guerras civiles del siglo XIX, sino también por el derrumbamiento del estilo de vida -teocéntrico y ruralista- de una Vizcaya que entre 1890 y 1920 registró una transformación decisiva por el impacto de los flujos migratorios, la industrialización y el arraigo del socialismo obrerista en la margen izquierda del Nervión.

El origen y desarrollo inicial del nacionalismo vasco es provinciano y pacato. Más tarde -y especialmente después de la Guerra Civil- los nuevos teóricos del movimiento sabiniano repararon en la carencia de dimensión adecuada -demográfica y territorial- para aducir con una mínima verosimilitud la reivindicación nacional. Navarra -con una franja vascoparlante fronteriza y factores culturales muy emparentados con los de Guipúzcoa y, en menor medida, de Vizcaya- se convierte en la pieza clave del mapa de una Euskadi soberana posible: con Navarra el País Vasco hace masa crítica suficiente, y sin la Comunidad Foral la viabilidad de una Euskal Herria independiente seguiría consistiendo en una entelequia absurda. Y ahí surge el «Nafarroa Euskadi da», y por eso es en Pamplona donde celebra el PNV su primera asamblea tras salir de la clandestinidad y es en Alsasua donde se constituye como tal la izquierda abertzale. Y a su condición de navarro debe Carlos Garaicoetxea, en buena medida, la presidencia del PNV, primero, y del Gobierno vasco, después.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla la posibilidad de que Navarra -a iniciativa de sus órganos ejecutivo y legislativo y mediando ratificación popular- se incorpore al País Vasco, siendo tal precepto hasta ahora -aunque ya anacrónico y desfasado- mucho más una garantía para la identidad y la singularidad navarras que una amenaza para ambas. Sin embargo, es cierto también que esta previsión constitucional no tiene correlato respecto de otras autonomías, y al alzarse en excepción a la regla general se está generando una inquietud que debiera desaparecer, porque la disposición constitucional citada es transitoria y son ya muchas las veces -casi una treintena de citas electorales- en las que los navarros de modo indirecto pero muy explícito se han afirmado definitivamente en su identidad y entidad diferenciada. De ahí que lo que hasta ahora podía consistir en una garantía -la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución-se pueda estar transformando en la plataforma futura desde la que una alternativa al actual Gobierno de la derecha impulse un proceso de integración de Navarra en Euskadi.

El nacionalismo vasco desde el Gobierno de Vitoria ha hostigado de forma constante a Navarra. La estrategia de presión sobre la Comunidad Foral se ha solventado con éxito para las fuerzas que forman la denominación «Nafarroa bai» (PNV, EA, Aralar y Baztarre) dispuesta a transigir lo que haga falta con Izquierda Unida y el Partido Socialista para -si UPN y CDN no obtienen la mayoría absoluta en los comicios de mayo- formar un Ejecutivo foral proclive al anexionismo vasco-nacionalista. El Gobierno de Vitoria y el PNV con EA y Batasuna han introducido como si fuera un signo propio de Navarra -no siéndolo- la ikurriña; en su día, el Ejecutivo vasco se apropió para el escudo de Euskadi de las cadenas heráldicas del Viejo Reino; las televisiones públicas vascas -ETB 1 y ETB 2- han potenciado su emisión en la zona vascoparlante de la Comunidad Foral y un muy beligerante movimiento nacionalista interno ha implantado una extensa red de ikastolas.

La única garantía cierta y definitiva de que Navarra pueda seguir manteniendo su singularidad foral autonómica consiste en que el proyecto de su futuro sea compartido por los socialistas navarros y UPN con la formación de Juan Cruz Alli. Arnaldo Otegi ha declarado con meridiana claridad que su pretensión inmediata -que encubre otras- es una «autonomía» que englobe el País Vasco y Navarra. Naturalmente, para después demandar la independencia de una «gran» Euskadi. Se trataría así de un planteamiento gradual nada habitual en el entorno de ETA, pero, dadas las circunstancias, posibilista. Por eso, ni el Gobierno ni el PSOE deberían aplicar en Navarra el criterio que han seguido con la excarcelación de De Juana: ceder para «evitar males mayores». Y la cesión podría comenzar con apariencias inocuas mediante fórmulas de coordinación -como la que se intentó sin éxito en 1995 con un gobierno tripartito entre PSN, CDN y EA- sólo inanes en una valoración ingenua de la actual situación política y, en particular, de la tesitura en la que se encuentra la izquierda proetarra. No hagamos, pues, juicios de intenciones al Gobierno y al Partido Socialista. Pero sin hacerlos, sí puede sostenerse que es profiláctico que ayer, en Pamplona, una muestra masiva de navarrismo haya advertido otra vez y en la calle a los anexionistas de que es incierta la afirmación -machacona, prepotente- de que «Nafarroa Euskadi da». Porque Navarra no es Euskadi y, además, no es deseable -ni para España ni para Navarra- que lo sea.

Si el presidente del Gobierno de la Nación hubiera recibido hace uno o dos meses al presidente del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y le hubiera dado razón del curso de las conversaciones con ETA-Batasuna -especialmente en lo que atañe a Navarra-, mostrándole, sobre todo, su decisión de oponerse a las pretensiones del independentismo terrorista vasco, que sus heraldos van pregonando casi a diario, muy distinta sería en estos momentos la relación entre los dos Ejecutivos.

Y si, después de esa positiva entrevista, el presidente foral hubiera recibido al secretario general del PSN-PSOE, se hubieran hecho la foto y hubiesen afirmado juntos, según nuestra reciente tradición, su lealtad a la autonomía foral, española y europea del Viejo Reyno, frente a quienes la niegan, otro sería hoy el panorama político en Navarra, a pesar del fogueo preelectoral. Y tal vez, en torno al XXV aniversario de la aprobación del Amejoramiento del Fuero, podría haberse organizado una gran y unitaria manifestación a favor de nuestro Régimen Foral, conmemorando igualmente aquellas multitudinarias manifestaciones conjuntas -las primeras de ese género en España contra el terrorismo etarra- de los años 1980 y 1981.

Lo cierto es que, a pesar de que las cosas no han sido precisamente así, los representantes de la inmensa mayoría de los navarros acaban de celebrar en el Salón del Trono del Palacio foral las bodas de plata de la firma por las delegaciones del Estado español y de Navarra del Pacto de Reintegración y Amejoramiento de nuestro Régimen Foral, el 8 de marzo de 1982. Pacto que, tras ser aprobado por nuestro primer Parlamento, el Congreso y el Senado, fue promulgado como Ley Orgánica el 16 de agosto de aquel año, en el mismo día en que, en el lejano 1841, se promulgaba también la célebre ley paccionada, o ley de Fueros de Navarra, verdadero nexo entre nuestro Reino unido a la Corona de Castilla y el territorio foral integrado en el moderno Estado liberal, a la par que quicio jurídico-político de nuestros derechos históricos remanentes, amparados y respetados por la Constitución Española de 1978, que, a la vez, ha democratizado, ampliado, vigorizado y puesto al día nuestra autonomía política secular, nunca del todo interrumpida.

En esa celebración, que se añadía a similares celebraciones de estos últimos años, hemos estado los que estuvimos en aquel entonces, contra viento y marea, a favor de la Navarra democrática, foral, española y europea, y se nos ha sumado Izquierda Unida de Navarra, inexistente en aquel tiempo. Ha estado ausente, en cambio, esta vez el Partido Carlista, que perdió hace años la representación parlamentaria.

¿Qué sucede, pues, ahora que gozamos de instituciones bien asentadas y sólidas como nunca; ahora que casi todos los indicadores más rigurosos nos sitúan en la primera línea del progreso equilibrado y solidario, dentro de España y por encima de la media europea, como para que, sin comerlo ni beberlo, Navarra haya vuelto a la primera línea de la actualidad política, que es para muchos señal de inquietud y hasta de zozobra?

La docena de socialistas navarros presentes en la refundación del PSOE en Navarra -mayo de 1974-, fueron integrados, sin consulta previa, como Agrupación Socialista de Navarra en lo que pronto iba a ser el PSE-PSOE (Partido Socialista de Euskadi-PSOE), e iban a correr la misma suerte que sus compañeros vascos hasta enero de 1979. En ese mes, y preparando las elecciones generales, forales y municipales próximas, los socialistas navarros -ya unos pocos más y mejor conocedores de lo que se estaban jugando-, dieron un vuelco al forzado planteamiento anterior, decidieron defender la autonomía foral de Navarra, y, ante el frío escepticismo de la llamada dirección federal y la oposición abierta, aunque contenida, del PSE, se constituyeron en partido propio (PSN-PSOE) a mediados de 1982. Cuando la hegemónica Unión de Centro Democrático se hundió en toda España, y de manera aún más grave en Navarra, el joven partido de los socialistas navarros gobernó, con la confianza de la mayoría de los navarros, desde 1984 a 1991.

Es cierto que los triunfos de 1982-83 se debieron en gran parte al desmoronamiento de UCD y que los posteriores escándalos económicos y políticos de algunos de sus dirigentes han pesado como losas sobre los intentos de regeneración y renovación. Pero no es esa sola la madre del cordero. También en el PSN han existido dos almas. La minoría integracionista nos dio muchos quebraderos de cabeza en los años 70-80. La coalición con EA en el fugaz Gobierno de Otano, con el órgano común permanente como parte del precio político convenido, fue seguramente un grave error que ha contrarrestado cualquier voluntad de futuro del PSN. Y desde entonces, rechazados los nobles intentos de las tres gestoras, volvieron para el PSN las tinieblas de la oposición, más espesas después de cada elección foral.

Tampoco la actual legislatura navarra comenzó con buen pie, sino con los pactos municipales, no escritos, entre el PSN y partidos independentistas -llamarles nacionalistas es el mejor regalo que podemos hacerles, incluso contra su voluntad- en seis ayuntamientos, cinco de ellos entre los más importantes de Navarra. A pesar del preámbulo del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Al fin y a la postre, no hacían sino imitar al PSOE nacional en Baleares o Cataluña, y luego en las mismas Cortes Generales. Bien es cierto que no faltan tampoco en su mapa post electoral ejemplos varios de alianzas, pactos o apaños con la derecha de toda la vida: Euskadi, Mallorca, Aragón, Cantabria…, incluidos dos ayuntamientos navarros. Pero a estas alturas no vale tampoco en Navarra la equiparación de partidos soberanistas e independentistas, que ponen en jaque continuo nuestra institucionalización política, y de qué manera, con partidos constitucionalistas y navarristas como CDN, UPN o PP, por muy de derechas que a muchos se les antojen, dicho en la jerga vulgar hemiplejizante.

Cantaban unos versolaris en la concentración que organizó, mayormente, el PNV en la villa navarra de Etxarri Aranatz, el 16 de enero de 1977, aquello de que «No habrá paz / si al pueblo vasco no se le deja en paz». Suspendido o aplazado el proceso de autodeterminación, lo único que siempre ha buscado ETA-Batasuna -el proceso de la paz de dejarles en paz-, del que es pieza fundamental la integración de Navarra en la soñada Euskal Herria, demasiados navarros tienen la evidencia de que una de las partes de los contactos, conversaciones, negociaciones, o como se quiera, no van a cejar en su empeño. Y lo más grave es que no tienen seguridad de que la actual dirección del PSOE tenga las ideas claras y la voluntad firme a la hora de las incontrovertibles componendas. Más bien, les evoca la vacilante actitud de la dirección de UCD y del PSOE de los últimos 70, más cercana a las posiciones del entonces nacionalismo vasco. Esa perogrullada de «lo que los navarros decidan» es propio de aquellos tiempos. Lo tenemos archidecidido. Ya es hora de hacer innecesaria en la Constitución la contradictoria Disposición Transitoria Cuarta.

Y es que el actual soberanismo e independentismo vasco, tan pugnaz o más que aquél, tiene los mismos objetivos, a corto o medio plazo, con unos u otros procedimientos. Y nosotros somos pocos. Y la contrapartida ofrecida (el fin del terror y de la matazón) es harto halagüeña. Y esta sospecha y temor comprensibles, alimentados a veces por la oposición del PP y de UPN por motivos de legítimo interés partidista, o de manera excesiva y poco justa, es menester desmontarlos y superarlos por todos los medios pedagógicos y políticos posibles, que son muchos y a la altura de la mano, como he sugerido al comienzo.

Sé bien, y todas las encuestas lo repiten, que la inmensa mayoría de los votantes socialistas navarros se consideran, se quieren y se sienten navarros y españoles. Partidario declarado como soy de un transitorio Gobierno de coalición o concentración nacional para acabar definitivamente con ETA, para reformar lo que haya que reformar y añadir en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, espero, que, llegado el caso, como a nosotros nos llegó, los dirigentes socialistas navarros de hoy sean tan leales, como fuimos nosotros, y ojalá que más, a la voluntad de nuestro pueblo.

Aún es tiempo de volver al mejor espíritu y a la mejor praxis de la Transición española y del Amejoramiento del Fuero, tan nuestros y entrañables, que la gran mayoría de los navarros acabamos de celebrar.

Navarra recibe su organización administrativa como reino en los primeros años del siglo X, coincidiendo con el momento de plena maduración de la Monarquía asturleonesa gracias a Alfonso III. El nuevo reino, formando parte de la antigua Hispania, era el resultado de la resistencia frente al islam que habían ejercido las poblaciones de Pamplona y Sangüesa y los valles pirenaicos. A partir de este momento Navarra empieza a construir su identidad, y lo hace empleando la misma lengua que en Castilla o que en Aragón; naturalmente con algunos modismos, como es costumbre entre las regiones. Ella se considera a sí misma como la heredera de una situación, la de Roma, que reconoce la personalidad y la libertad de los súbditos de acuerdo con el derecho romano. Una de las características fundamentales de Navarra es que a principios del siglo XIII, cuando se está librando la batalla decisiva contra el islam, Navarra, que no puede ya ganar ningún territorio porque queda lejos de la frontera, vuelca, sin embargo, sus esfuerzos y toma parte en la batalla de las Navas de Tolosa, que es en donde el Rey Sancho salta la cadena que rodeaba la tienda del Miramamolín y la incorpora al escudo de Navarra, que por eso tiene en estos momentos esas cadenas.

Por todas estas razones, Navarra elabora un fuero en la segunda mitad del siglo XIII, un fuero que siendo como a sí mismo se considera el espejo de dicha libertad, empieza sin embargo haciendo una referencia a Pelayo y a los orígenes de la Reconquista. Esa es la razón por la cual los Reyes de Navarra son alzados sobre un pavés, no coronados.

En el siglo XI, gracias a Sancho III el Mayor, Navarra, que está recibiendo fuertes influencias de Europa a través de la reforma cluniacense, que en Leire tendrá uno de sus elementos fundamentales, ejerce sobre toda España un papel tan importante que bien podemos decir que Sancho III el Mayor es Rey de toda España: reina en Navarra, en Aragón, en Sobrarbe, en Ribagorza, en Castilla e, incluso, ejerce la tutoría en León. Uno de sus monumentos fundamentales será la catedral de Palencia, que ahora se conserva como una especie de sótano bajo el gran edificio nuevo. Esta influencia se traduce en tres aspectos fundamentales: la comunicación con Europa a través de los caminos que siguen mercaderes y peregrinos; el desarrollo del comercio a lo largo del Ebro, y, sobre todo, la influencia que el Fuero de Navarra empieza a ejercer. Una de las condiciones fundamentales de este Fuero es que no puede ser ni sustituido ni alterado. Puede ser, en cambio, mejorado. Esto es lo que a las Cortes se atribuye como un derecho: el amejoramiento del Fuero. La españolidad de Navarra se intensificará en los siglos XIV y XV frente a un intento muy importante de Francia al intentar anexionar el territorio aprovechando el matrimonio de tres Reyes franceses con princesas navarras. Pero todo esto se abandona a partir de 1328. Entonces, la consolidación del reino como una parte de Hispania se logra en la época de Carlos III, a quien llaman el Noble, que fue además uno de los creadores de la prosperidad de Navarra.

Naturalmente, siempre ha habido dudas y preferencias hacia cuál de los vecinos inclinarse, si buscar la influencia francesa o preferir el acuerdo con los reyes castellanos y aragoneses. Cuando en la época de Fernando el Católico se toma una decisión, la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla no se hace por ningún acto de conquista, sino mediante un pacto que garantiza absolutamente las libertades que el Fuero tiene construidas. Esto ha llegado tan lejos que, todavía no hace muchos años, no había un presidente de la Diputación de Navarra, sino un vicepresidente, porque el verdadero presidente era el Rey, el Jefe del Estado. Esta es la razón por la cual en el siglo XVIII ocurren dos acontecimientos de mucha importancia. El primero, que Navarra se coloca al lado de Felipe V, y el segundo, que no se aplica en Navarra ninguna ley restrictiva de las libertades del territorio. Navarra es, por consiguiente, uno de los creadores fundamentales del espíritu de libertad que está íntimamente ligado a la conciencia religiosa, sin duda, lo cual explica que en el siglo XIX una parte de Navarra se inclinara hacia el carlismo al temer que una victoria liberal traería consigo la pérdida de su identidad: en definitiva, la destrucción de sus libertades. Por eso invocaba el Fuero, que es lo que mantiene a Navarra durante todo el siglo XIX.

Cualquiera que haya vivido en Navarra durante estos siglos sabe muy bien lo que todo esto significa. Una pérdida del espíritu de libertad que constituye el patrimonio de ese antiguo reino que es parte de España repercutiría sobre toda la Península de una manera directa o indirecta. Esto es bien evidente. Por eso, el sentimiento profundo de Navarra no se orienta en modo alguno, y en ningún momento lo hizo, hacia una separación de los demás reinos españoles, sino, al contrario, a una unión cada vez más íntima y estrecha, pero con el respeto a la identidad que Navarra ha extraído de la experiencia de la Edad Media. España debe a Navarra muchas cosas: debe, sobre todo, esa conciencia de que la personalidad jurídica es el elemento esencial de la libertad, que ésta no depende tanto de palabras vacías sino de hechos recogidos documentalmente en una ley que es una ley fundamental.

La historia de Navarra revela a los investigadores no sólo un sentimiento de continuidad, sino de descubrimiento. Pensemos en lo que significa Leire, que ya en el siglos XI y XII es uno de los elementos fundamentales para la creación de una cultura intelectual europea. La biblioteca de Leire era lugar de cita para muchos sabios que venían de fuera de España. Por otra parte, Navarra es de los primeros territorios que abandonan el derecho de servidumbre, y crea, con esa conciencia de ser un paso, el principio de la libertad.

Por otro lado, la Navarra de los siglos fundamentales de la Edad Moderna logra un desarrollo económico que ya había sido conseguido por Carlos III porque pone los ingresos de la Corona al servicio de los ciudadanos, huyendo de cualquier tendencia en contrario. A los ojos de muchos forasteros, Navarra a veces parece como un país demasiado simple, un poco hincado en el pasado. Se equivocan. No cabe duda de que Navarra es la lealtad, la fidelidad a toda una trayectoria que los Fueros recogieron y han conservado a lo largo de los siglos.

Estos once siglos que nos separan del momento en que el Reino de Pamplona empezó a llamarse Navarra constituyen una parte fundamental del patrimonio histórico español. Sería un error muy grave que en estos momentos olvidásemos lo que Navarra significa y a lo que nos hemos referido en párrafos anteriores. No sólo los políticos, todos los españoles deberíamos ser conscientes de que cada generación, cuando recibe un patrimonio heredado, tiene el deber no sólo de conservarlo, sino de emplearlo para hacerlo madurar. Y Navarra es una parte de ese patrimonio que España le debe a Europa, recordando que ya en el siglo XV se hablaba de Europa como el resultado de cinco naciones, una de las cuales, España, contaba entonces con varios reinos, pero formaban una sola nación. Es decir, una herencia del mundo romano que había sido, además, empleada de tal manera que algunasde las instituciones fundamentales que hoy consideramos patrimonio de la europeidad nacieron aquí. Cuando repasamos el Fuero de Navarra despacio, punto por punto, nos damos cuenta de cómo, todavía hoy, debemos muchas cosas a lo que existía en 1274. Ese patrimonio, esa herencia, esa obligación en suma, nos compromete a todos los españoles con la europeidad. Es el tiempo de recordar lo que somos, y no de dividirnos.

El tema de Navarra es, ciertamente, una de las cuestiones más sensibles para el nacionalismo vasco. Arnaldo Otegi lo decía el pasado 3 de marzo en Pamplona con su propuesta de una autonomía conjunta para el País Vasco y Navarra, “dentro del Estado español”. Ciertamente, añadió que, para ellos, tal planteamiento no es otra cosa que “la primera estación para la reconstrucción nacional y el camino que llevará a la independencia”. Otegi añadió que Navarra es “el pilar de Euskal Herria” y que sin ella no quiere “nada, nada, nada”.
En realidad, nada nuevo, pues no otra cosa viene diciendo el llamado nacionalismo democrático desde siempre, bien que con acentos diversos en sus filas. El nacionalismo histórico vasco tiene como horizonte finalista la creación de un Estado vasco, obviamente con Navarra e Iparralde, pero los más lúcidos (Imaz) ya hablan de interdependencia en vez de independencia a condición, añado yo, de que el neonacionalismo español (Rajoy) no quiera ahogar a los vascos en la España imperial. La única novedad de Otegi no está en recordar la importancia de Navarra para un nacionalista, sino en la afirmación de que la autonomía conjunta Navarra-Euskadi se desarrolle dentro del Estado español, lo que, a todas luces, supone una rebaja en las pretensiones de Batasuna. ¡Qué lejos queda aquello de que “la independencia no se negocia” y de que “Navarra es Euskadi”!
Siendo esto así es imposible validar las razones esgrimidas por el Gobierno de Navarra para la manifestación de hoy. Los socios en el Gobierno de Navarra, UPN y CDN, han anunciado que el lema de la marcha será Fuero y libertad. Navarra no es negociable, mensaje con el que quieren responder tanto a Batasuna como al Gobierno. El Ejecutivo foral precisa que la sociedad navarra quiere ser “lo que decidan democráticamente los navarros”, y por ello siente “preocupación” por el “silencio” del Gobierno ante la iniciativa de Batasuna.
Tiene razón, sin embargo, el Partido Socialista de Navarra al decidir no acudir a la manifestación y aducir que “está basada en una patraña, una mentira de pura invención que dice que el Gobierno de España está negociando el futuro de Navarra”. Tiene razón, entre otras cosas, porque el Gobierno, aun en el hipotético caso de que quisiera, no podría negociar el futuro de Navarra, futuro que está bien definido en todos los textos legales vigentes (la Constitución Española, el Estatuto vasco y el Amejoramiento navarro) y hasta en los rechazados (el llamado plan Ibarretxe).

POR PRECISIÓN e información del lector debo citar alguno de estos textos para mostrar la falsedad de la convocatoria a la manifestación de hoy. La Constitución Española, en la disposición transitoria cuarta, dice que “en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, (…) la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen (…) que (deberá ser) ratificada por referendo expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”.
El llamado plan Ibarretxe, en su artículo 6.1, dice textualmente lo siguiente: “La Comunidad de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra podrán establecer los vínculos políticos y las relaciones internas a nivel municipal y territorial que consideren más adecuadas para el desarrollo y el bienestar social, económico y cultural de sus ciudadanas y ciudadanos, sin más limitación que la propia voluntad de estos”. Cabe preguntarse, legítimamente, si el Estado no tendría algo que decir, pero, para el tema que aquí nos ocupa, está claro que, tanto en la Constitución española como en el espíritu y en la letra del plan Ibarretxe (y una declaración del PNV este jueves pasado dice lo mismo), el futuro de Navarra está en manos de los navarros. Zapatero, insisto, no podría negociar Navarra, ni aunque quisiera. Navarra será comunidad foral en solitario, en colaboración con Euskadi o con quien quieran, en primer lugar, si así lo quieren los navarros.

LA IMPOSTURA es evidente. El Gobierno de Navarra dice convocar a la manifestación de hoy para que Navarra sea “lo que decidan democráticamente los navarros”. Pero acabamos de constatar que no otra cosa dicen las leyes y los partidos nacionalistas. Luego, la causa de la manifestación, obviamente, es otra. Una, confesada: el silencio del presidente Zapatero. Pero, a día de hoy, diga lo que diga Zapatero, para la cúpula del PP, estará mal dicho.
Otra causa, la de fondo, aparece cada vez más clara para quien tenga los ojos limpios y la mente despierta. Al PP de hoy no le importa el terrorismo. Menos aún las víctimas, que las utiliza. Tampoco Navarra. Ni siquiera España, que la está cuarteando. (Si este PP se instalara en España, mucho nacionalista moderado se haría secesionista). A la cúpula del PP (y al coro mediático consiguiente) les importa el poder. Solo el poder. Tienen miedo de volver a perderlo y están nerviosos. De ahí que echen el resto en manifestaciones y mentiras. Pero lo más grave es que han puesto a ETA en el centro de la vida política española. Ese es el precio político que este Partido Popular está pagando a ETA. Ahora toca no perder el Gobierno de Navarra. Con un objetivo final: volver a la Moncloa.

In illo témpore de 1975 los aspirantes a progresistas del lugar coreábamos aquello de Nafarroa Euskadi da, y ahí se agotaba el euskera y la ciencia política de los miembros del coro. Gritábamos desafiantes “Navarra es euskaldún”, por milagrosa que resultara una comunidad entera hablando la lengua de menos del 10% de sus moradores. Pero siempre es más fácil entonar consignas que ponerse a pensarlas. Aún recuerdo, por ejemplo, a aquel etarra arrepentido que confesó haber perdido su fe al descubrir que el grueso de la ciudadanía navarra no encajaba en lo que su banda le había contado.

Eran tiempos de confusión. Creíamos ser demócratas y, como luego se probó con creces, no pasábamos de ser antifranquistas. Más que recuperar los derechos de los individuos, aplastados por aquella dictadura, nos importaba recobrar los supuestos derechos de nuestros “pueblos” oprimidos. Hacia éstos nos movía una especie de conciencia de culpa que se debía resarcir, de una deuda que había que satisfacer. Todavía las estamos pagando, como puede observarse.

Porque hay amores que matan, y los amores no correspondidos que muestran los nacionalistas vascos hacia Navarra han matado ya a demasiados y oscurecido la vida de muchos más. El caso de Navarra revela a la vez la naturaleza de ese nacionalismo etnicista y el fracaso de su proyecto o, mejor dicho, su rotunda ilegitimidad. Siendo ese territorio foral esencialmente vasco (¡la cuna de Euskal Herria!) desde toda la eternidad, y conforme a la sagrada verdad de que cada nación tiene derecho a su soberanía política, la mítica Nafarroa forma parte irrenunciable del Estado vasco soñado. Así discurre el nacionalista consecuente, para quien la afinidad cultural entre sociedades predetermina su unidad política soberana.

Pues ya ven que no. La Navarra del presente demuestra por sí sola que ni el ser cultural determina la conciencia política de sus gentes ni, sobre todo, infunde derechos públicos que puedan llamarse democráticos. Bien es verdad que hoy la Comunidad Foral (por geografía, historia, costumbres, lengua) sólo es parcialmente vasca, por mucho que la hipocresía general consienta rotular calles en dos lenguas para poblaciones monolingües e inaugurar ikastolas en la Ribera.

Pero aunque fuera vasca por los cuatro costados, nada más que un 20% de sus electores se confiesa nacionalista vasco y al resto no le mueve afán separatista alguno. Allí se dibuja más bien un cuadro bastante nítido de “identidades compartidas” y de pluralidad ideológica. Aún falta que esa inmensa mayoría que repudia la anexión a Euskadi aprenda a rechazar este propósito no tanto por sentirse navarros, o exhibir sus “derechos históricos” o preservar sus ventajas fiscales, sino por saberse primero ciudadanos. O sea, sujetos políticos iguales por encima de cualquier otra diferencia y dispuestos a alcanzar acuerdos mediante razones aceptables. Impartir esta enseñanza democrática básica y ponerla en práctica, antes de echar cuentas electorales, es tarea conjunta de la derecha y de la izquierda a poco que comprendan que de ello depende nuestra suerte común.

Y es que, por si no estuviéramos ya bastante predeterminados según los creyentes en la gran Euskal Herria, ahora nos quieren autodeterminar. Como aquel comunista de la época heroica que le espetó a su camarada “te voy a hacer una autocrítica”, algunos pretenden imponer a los navarros su autodeterminación. El nuestro no es un derecho a decidir, sino más bien un deber de decidir sobre lo ya decidido por otros. No esperemos razones capaces de llamarnos a semejante obligación: la reclama ETA para salir por fin de la escena pública y el mundo nacionalista para ocuparla más todavía. Como si tanto crimen y tanto sufrimiento durante décadas pudieran merecer a posteriori alguna justificación o siquiera un descargo, cuando prueban tan sólo que aquella exigencia tan desaforada requería desde el principio verter sangre e infundir miedo.

Conforme al plan de los más osados, nuestro futuro quedaría fijado en un referéndum de autodeterminación en esa Euskal Herria que incluye a Euskadi, tres departamentos franceses y Navarra. Preguntemos por el fundamento legitimador del derecho que se arrogan. ¿Tal vez alguna brutal conquista, algún agravio continuado, unos derechos básicos suspendidos que venimos soportando vascos, navarros y vascofranceses a lo largo de siglos, y a los que nuestra unidad soberana pondría fin? ¿O es de nuevo la vieja salmodia de la voluntad de un Pueblo, aunque fuere a costa de la libertad de una buena porción de sus pobladores? Y si al menos en Navarra o en la Iparralde francesa los resultados fueran contrarios a las tesis secesionistas, como saben con certeza que ocurrirá, ¿por qué esa obstinación en extender la consulta a los ciudadanos de esos territorios? Sin duda porque lo más crucial es sentar este injusto precedente, aplicar el principio de autodeterminación, aunque se deje algún jirón en su ejercicio. Servirá para robustecer dentro y fuera la idea de una Euskal Herria irredenta a la espera de su plenitud definitiva.

Los menos ambiciosos, de momento, se contentarían con aceptar un “ámbito navarro de decisión”, en el que se estableciera algún vínculo institucional con Euskadi. Vendría a ser un modo de dejar más abierta la puerta que entreabre la disposición transitoria cuarta de la Constitución para un hipotético ingreso de Navarra en aquella comunidad. Se admitirá lo extraño de algo transitorio tan permanente y habrá que pensar si lo que tal vez tuviera sentido en su día no lo ha perdido ya del todo. Así que uno se inclina por derogar tal disposición, a fin de no encender aún más los apetitos desordenados del prójimo y librar a los navarros de esta zozobra constante en su vida civil. Y aun si ETA pronto se esfumara como un mal sueño, tendrán que pasar bastantes años antes de que los buenos vecinos de antaño acorten la distancia que el nacionalismo vasco ha puesto entre ellos. En el pecado se lleva la penitencia.

No resulta fácil explicar en pocas palabras el problema recurrente que se suscita en Navarra respecto de su relación actual con la Comunidad Autónoma Vasca, la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que regula la posibilidad de integrarse en el País Vasco, o la política de alianzas.

Por simplificar, cabe decir que la población navarra se adscribe a dos culturas políticas -la castellanista y la vasquista-, diversidad que se apoya en hechos culturales antiguos que se asumieron de distinta manera al entrar en la modernidad y en la evolución de la provincia durante los últimos 150 años. A partir del XVII, a la hora de caracterizar a Navarra dentro de la monarquía española, los historiadores navarros pusieron el énfasis en su Derecho privativo y en la antigüedad de la lengua vasca -mayoritaria entonces en Navarra- como argumentos de peso para la precedencia entre los reinos peninsulares. En todo caso, desde el siglo siguiente, compartieron con las provincias vascongadas la incertidumbre sobre la supervivencia de los Fueros.

La escisión social interior respecto al estatus político llegó con el advenimiento del régimen constitucional. Las élites navarras aceptaron sin mayor resistencia, en la Ley Paccionada de 1841, la abolición de las instituciones políticas del reino, a cambio de conservar la fiscalidad y algunas instituciones administrativas. Sin embargo, en ciertos ámbitos se mantuvo viva una especie de reivindicación permanente de la reintegración foral. Por otra parte, la Diputación provincial que negoció la transformación, representativa del bando ganador de aquella primera guerra civil, prefirió pactar por separado con Madrid, alegando que la firmeza de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en la preservación de la foralidad podría perjudicar el cambio que estimaban necesario. A partir de entonces se afianzó el desarrollo autonómico separado del resto de los territorios forales, que es la cultura que hoy domina institucionalmente en la provincia. Pero no es la única opción que desde entonces se ha barajado en Navarra.

En los vaivenes del XIX, fue Navarra la que, en 1865, dirigió a las provincias vascongadas propuestas concretas de regionalización, adelantándose en un cuarto de siglo al intento catalán contenido en las Bases de Manresa. Y fue en Navarra, bastante antes de la aparición del nacionalismo vasco, donde surgió el movimiento de los Euskaros, que difundió con cierto éxito la idea del Laurak bat [los cuatro (territorios vascos) son uno] e incluso del Zazpiak bat [siete son uno], hasta materializarse en las propuestas políticas de los años veinte y treinta del siglo XX.

El recuerdo de lo acontecido antes y durante la Segunda República tuvo una gran repercusión en lo que ocurrió en Navarra en la transición, entre 1976 y 1980. No hay que perder de vista que los ayuntamientos navarros apoyaron masivamente, en agosto de 1931, el Estatuto del País Vasco-Navarro elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos y que, en enero del año siguiente, volvieron a apoyar mayoritariamente un Estatuto conjunto [el de Estella], aunque ya con menos fuerza. El proceso terminó en junio de ese mismo año de 1932 en el teatro Gayarre de Pamplona, aunque está probado que el Estatuto conjunto hubiera sido respaldado, si los compromisarios municipales hubieran sido fieles al mandato imperativo recibido de sus ayuntamientos.

La creciente radicalización antirrepublicana de la derecha navarra, que ostentaba toda la representación parlamentaria de la provincia, y la adhesión también creciente del estatutismo vasco al nuevo régimen, hizo nacer entonces una alianza estratégica entre la izquierda navarra y el nacionalismo vasco. Poco antes del comienzo de la Guerra Civil los partidos y organizaciones del Frente Popular de Navarra, atemorizadas por una derecha navarra muy agresiva que conspiraba contra la República, pidieron al presidente de las Cortes que no se privara a la provincia del derecho a formar parte del Estatuto vasco en tramitación.

La alianza estratégica entre la izquierda y el nacionalismo vasco de Navarra operó durante varias décadas durante la dictadura de Franco, cuando el Gobierno vasco y las entidades que aglutinaron al republicanismo navarro en el exilio mantuvieron un diálogo fluido y compartieron objetivos. Y se manifestó con naturalidad en el comienzo de la transición, en el Pacto Autonómico suscrito entre socialistas y nacionalistas vascos, reforzado con la creación de una candidatura conjunta para el Senado. Sin conocer esta alianza de larga duración en tiempos difíciles, no se puede entender la configuración que tomó el régimen de autonomía provisional o la creación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Incluso su Disposición Adicional Primera.

La alianza terminó en los primeros años ochenta por distintos motivos: porque la reforma dejó intactos los poderes económicos y mediáticos de la pujante derecha navarra, que consiguió reconducir el proceso; por la exclusión del nacionalismo democrático en la negociación del Amejoramiento; y -podría ser muy bien el primer motivo- porque el cáncer de ETA minó el crédito del vasquismo político en Navarra, al que se calificó en su conjunto, creo que muy injustamente, como “compañero de viaje” del terrorismo (sin embargo, la crítica tenía alguna razón, pues el mundo de Herri Batasuna resultó electoralmente hegemónico en este campo). Y tuvo que ver mucho la evolución del Partido Socialista de Navarra, integrado pronto por cuadros ajenos a la oposición al franquismo y más interesados en la tarea de gobierno que en el cambio.

De sostener la doctrina de la integración en una autonomía conjunta con el País Vasco, la dirección del socialismo navarro pasó a abrazar y defender el conjunto de doctrinas elaboradas en los años setenta por Jaime Ignacio del Burgo, personalidad clave para entender el autogobierno de Navarra. Cabría pensar que el repliegue iría hacia posiciones propias, intermedias, capaces de atraer a las fuerzas que necesita el socialismo navarro para gobernar y de tender puentes dentro de una sociedad fragmentada. Sin embargo, han sido los socialistas los primeros en postular la abolición de la Transitoria Cuarta de la Constitución, y los partidarios de una amigable alternancia con UPN basada en la cooperación y el mutuo apoyo. Algo que ha beneficiado decisivamente a este último partido y desorientado profundamente al socialismo navarro. No ganarán a UPN a la hora de tensar la cuerda antivasquista.

Pero, explicaciones históricas y políticas aparte, hoy estamos donde estamos. A mi entender, la consideración de Navarra como un problema en el proceso de pacificación -lo de la “moneda de cambio”, etcétera-, es una fantasía de algunos pocos y un enredo de mala fe y obstruccionista de los que conducen la derecha navarra y estatal. No hay datos objetivos consistentes para afirmar que se va a modificar el estatus de Navarra sin el consentimiento de los ciudadanos, cuestión en la que coinciden, como no puede ser menos, todos los partidos y proyectos estatutarios.

Algunos apenas logran disimular el pelo de la dehesa. La coalición Nafarroa Bai, en el documento ideológico con que hace un mes se presentó en la sociedad navarra, incurría en los mismos disparates en que han incurrido antes sus miembros por separado. Y así, en un párrafo angelical solicita la «desaparición de la violencia», de cualquier violencia, pues su sentido del pudor le impide tachar a la etarra de ‘terrorista’, no sea que se enfade algún colega. Y en otro párrafo la denomina «violencia política», como si ese adjetivo disminuyera la gravedad del delito al atribuirle una causa pública. Aún no comprende que es precisamente lo contrario: que mucho más grave que asesinar por razones privadas, que se hace en beneficio exclusivo del asesino y no nos compromete a los demás, es el crimen que invoca ‘razones públicas’; porque en éste el criminal dice actuar en nuestro nombre y con vistas al mejor futuro de nuestra comunidad. Por eso tampoco estos seres piadosos dedican ‘una sola palabra’ a las víctimas de la violencia nacida del nacionalismo. Seguramente porque tales víctimas políticas les revelarían la profunda sinrazón del proyecto al que fueron sacrificados.

¿Y a qué dice bai esta Nafarroa ? Pues dice sí a todo lo que se mueva, con tal de que sea «de izquierdas, progresista, abertzale y vasquista», y encantados de haberse conocido. Ahora bien, que no se puede ser al mismo tiempo abertzale y de izquierdas, desigualitarios y solidarios, que lo uno va en detrimento de lo otro… de eso no tienen todavía la menor sospecha. Lo han explicado ya bastantes sabios con argumentos incontestables, pero a ellos no les aqueja el vicio de estudiar y menos aquello que mostraría sus errores. Así que, aun cuando el lector progresista se sintiera próximo a ciertos sensatos deseos aquí contenidos, tiene que escapar corriendo de los guiños reaccionarios que los acompañan.

Na-Bai dice sí también al «respeto de todos los derechos humanos», porque es verdad que algunos no se respetan. Pero no hacen falta grandes luces para concluir que ellos se refieren expresa y principalmente a los derechos ‘colectivos’ y derechos ‘históricos’. Lástima que ni unos ni otros sean democráticos, sino predemocráticos y, para ser más exactos, antidemocráticos. Serían derechos contra el único sujeto capaz de derechos, que es el individuo o el ciudadano. Por eso, al pretender que el euskera sea oficial en todo el territorio navarro, no defienden los derechos lingüísticos de sus muy escasos hablantes, que ya los ejercen, sino el derecho ‘nacional’ de Navarra como cuna de esa lengua. Han sido 25 años de mucha contumacia y ninguna razón.

Y afirma asimismo «la libre concurrencia de todos los proyectos políticos democráticos». Muy bien dicho, sólo que quizá no todos los proyectos que ellos consideran democráticos en realidad lo sean. A diferencia de las palabras de Yahvé en la Creación, aquí no basta pronunciar la palabra ‘democracia’ para que la democracia se haga presente. De suerte que es un notorio síntoma de la frágil conciencia pública de Na-Bai considerar que «la ilegalización de Batasuna» fue «una expresión flagrante e inaceptable de este retroceso democrático». Porque tremendo retroceso democrático será el de un partido que justifica las acciones terroristas (o sea, que amenaza la vida de todos), no el de la ley que le persigue por ello. Hay que ignorar la naturaleza de la democracia para sostener «que todos los proyectos políticos son defendibles y, en su caso, materializados, si así lo decide una mayoría democrática». Aprendamos de una vez que ninguna mayoría (simple, absoluta o cualificada) es democrática como se atreva a conculcar los derechos de un solo ciudadano. Pero ya comprendo que, entre los políticos al uso, tanto saber es para nota.

Por eso solicitan con ardor, seguro que lo adivinan, «el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria». ¿Acaso saben lo que dicen o se limitan a repetir la cháchara acostumbrada? No hagan la trampa de sugerir que semejante derecho será el fruto de la pacificación, cuando la verdad es la opuesta: que nos han robado la paz por reclamar este falso derecho. No supongan que desaparecida ETA, cuyas fechorías se amparan en ese reclamo, la autodeterminación pasará a ser una propuesta legítima. Explíquennos el sujeto, el ámbito de aplicación, la mayoría requerida…, pero sobre todo el ‘fundamento moral’ de tal derecho. Mientras lo buscan, lo apropiado sería que los Errazti, Zabaleta, Barkos, Ramírez y demás conmilitones permanecieran callados. No porque carezcan del derecho a expresarse, faltaría más, sino porque pregonar unos proyectos públicos que traerán tantas tensiones y sufrimientos entre sus conciudadanos exige primero el ‘deber’ de justificarlos lo mejor posible. A ver si lo entienden: es una cuestión de responsabilidad política y moral.

SEGÚN la reciente encuesta encargada por el Parlamento de Navarra, un 75 por ciento de los navarros se muestran contrarios a la unión con el País Vasco, mientras que un 15 por ciento se declaran partidarios de la misma y un 10 por ciento no opina u oculta su opinión. Por otra parte, el grado de satisfacción de los navarros con la autonomía de nuestra comunidad foral es altísimo, excepto entre los votantes de Batasuna y Eusko Alkartasuna. Aunque, eso sí, un alto número de encuestados (62 por ciento) crea necesario que Navarra tenga más competencias.

Si hemos de creer otra reciente encuesta llevada a cabo por la revista «Época», el 92 por ciento de los que votan al PSN/PSOE se sienten orgullosos de ser españoles, dentro de una media navarra del 73,2 por ciento; muy cerca del 94,9 por ciento de los votantes de UPN y no lejos de los del CDN (100 por cien). En cuanto a la unión de Navarra al País Vasco, los mismos votantes socialistas se oponen en su inmensa mayoría (77 por ciento), y sólo les superan en esa oposición los seguidores de UPN (94,1 por ciento) y los de CDN (100 por cien).

Éste me parece el fondo ideológico-político de los dos sondeos, aunque en otras cuestiones más laterales y coyunturales las respuestas aparezcan más diferenciadas.

Lo decisivo, y eso vienen diciéndonos todas las elecciones desde 1977, es que a los navarros nos gusta el nombre de nuestra comunidad -«Navarra constituye una comunidad foral»-, nos gustan nuestro autogobierno, nuestras instituciones, nuestros derechos y deberes garantizados, nuestra integración solidaria en España y en la Unión Europea.

Nadie de nosotros imaginaba que la Transición democrática, tan celebrada por todos dentro y fuera, y los veinticinco años floridos de nuestra Constitución de la concordia, que veníamos de festejar, iban a derivar en una desaforada, cuando no disparatada, carrera de proyectos estatutarios o «constitutarios», sin un criterio claro y riguroso propuesto por las Cortes o por el Gobierno de la Nación, sin consenso a veces entre los dos grandes partidos, pensando unos en cambiar soterradamente el ordenamiento jurídico español y algunos otros, en no ser menos que el vecino, dejar alta la sigla mayoritaria en la región o asegurarse unos cuantos años más la cabina de mando de la nave comunitaria. ¡Y a esto se llama «política territorial»!

Así que, queramos o no, henos a todos, aquí y ahora, metidos en la vorágine de la reforma. Pero, aunque así no hubiera sido, y todo hubiérase hecho con orden y concierto, seguro que, más pronto o más tarde, habríamos acordado las reformas necesarias «recomendadas» por la existencia de la Unión Europea, la globalización económico-cultural, la inmigración y los serios cambios habidos en España y en cada comunidad. Suelen ser éstos los principales lugares comunes motivantes que aparecen en los preámbulos de los nuevos proyectos. También en el del informe presentado por la ponencia constituida en el Parlamento de Navarra, que ha querido, sin prisas ni plazos fijos, potenciar nuestro autogobierno, completando y actualizando la ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (1982), nuestro popular «Amejoramiento».

Y así la ponencia ha propuesto incluir la iniciativa parlamentaria para la reforma de la ley (hoy sólo en manos del Gobierno); la participación popular mediante referéndum del texto aprobado por los parlamentarios forales; la capacidad plena del presidente del Gobierno foral para disolver el Parlamento y la de éste para regular su régimen de sesiones…, amén de otras facultades menores y competencias pendientes de traspaso. Puntos todos de debate para que, si un día son ampliamente aprobados, el Gobierno de Navarra los negocie con el Gobierno de la Nación y del Estado, en la más pura tradición foral. De todos modos, esa reforma y ese posible referéndum serán fruto del consenso y no del disenso entre los partidos denominados constitucionalistas, y ojalá que entre todos.

Y lo mismo habrá de hacerse con la reforma de la «dichosa» Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, verdadera «crux» jurídico-política entre los políticos navarros y no navarros. Un mapa autonómico, aunque estable, no es nunca eterno. No lo ha sido ni en Suiza, que hace años vio el Cantón de Berna dividido en dos. La reforma de la Constitución española, cuando sea posible y necesaria, deberá contemplar la posible modificación, por más o por menos, de ese mapa. Como mínimo, lo mismo que entonces se dejó escrito, hipotética y excepcionalmente, para Navarra habrá que escribirlo para cualquier comunidad que modifique su estatus. Y la consensuada Disposición, que un día hubo de cumplir su papel, dejará de tener sentido, si es que alguno todavía tiene.

Mejor aún, si los nombres de las comunidades autónomas -que no «autonomías» y mucho más que «territorios»- se incluyeran, como recomendó el Consejo de Estado, en el Título Preliminar antes que en el Título VIII de la Carta Magna. En el primer caso, como se sabe, cualquier cambio del mapa autonómico requeriría el procedimiento agravado de reforma, mientras, en el segundo, bastaría una mayoría de tres quintos.

Tal y como está el patio en la «España centrífuga», más que «plural», mucho me temo que lo mejor no sea por ahora posible. Razones de sobra hay por tanto para que también en Navarra vayamos preparando nuestra aportación a la reforma constitucional en lo que singularmente nos atañe, con la mayor diligencia y consenso posibles entre los partidos defensores de la Constitución y del Amejoramiento.

Con ese consenso, a punto de celebrar las bodas de plata de nuestro autogobierno, hemos fortalecido, ampliado y democratizado nuestro viejo régimen foral; hemos alcanzado altas cotas de progreso y bienestar colectivos; hecho posible la alternancia pacífica; superado obstáculos de varios géneros, y el peor de todos: el terrorismo etarra.

Esta es nuestra fuerza segura y serena. No tenemos otra mejor.

Ya que no esa solemne memoria histórica, déjenme evocar siquiera algunos de mis recuerdos biográficos. Fueron tiempos en que los aspirantes a progresistas del lugar coreábamos aquello de ‘Nafarroa Euskadi da’, y ahí se agotaba el euskera y la ciencia política de casi todos los presentes. Gritábamos desafiantes ‘Navarra es euskaldun’, por milagrosa que resultara una comunidad entera hablando la lengua de menos del 10% de sus moradores. Pero era mucho más fácil entonar consignas que ponerse a pensarlas. Tampoco nos arriesgábamos a mirar la realidad sin anteojeras, no fuera que desmintiese de un sopapo nuestras creencias. Aún recuerdo a aquel etarra arrepentido que databa la pérdida de su fe el mismo día en que descubrió sorprendido que el grueso de la ciudadanía navarra no encajaba en lo que la banda le había contado.

Eran tiempos de confusión. Creíamos ser demócratas por correr en ocasiones delante de los guardias y, como luego se probó con creces, no pasábamos de ser antifranquistas. Una vez identificada sin resquicio la nación con aquel régimen político, qué inteligencia la nuestra, comenzamos a dejar de formar parte de España para pertenecer tan sólo al Estado. Más que recuperar los derechos de los individuos, sojuzgados por aquella dictadura, nos importaba recobrar los supuestos derechos de nuestros ‘pueblos’. Hacia éstos nos movía una especie de conciencia de culpa por una falta histórica que se debía resarcir, de una deuda que había que satisfacer… Todavía la estamos pagando, como puede observarse.

Pero hay amores que matan, y los amores -muy poco correspondidos- que muestran los nacionalistas vascos hacia Navarra han matado ya a demasiados y oscurecido la vida de muchos más. El caso de Navarra desde hace décadas revela a un tiempo la naturaleza de ese nacionalismo etnicista y el fracaso de su proyecto o, mejor dicho, su rotunda ilegitimidad. Siendo ese territorio foral esencialmente vasco (¿la cuna del País Vasco!) desde toda la eternidad, y dada la sagrada verdad de que cada nación tiene derecho a su soberanía política, Navarra forma parte irrenunciable del futuro Estado de Euskal Herria. Así discurre el nacionalista consecuente, para quien la presunta unidad cultural predetermina a la vez la unidad política y su derecho soberano.

Pues ya ven que no. La Navarra presente demuestra por sí sola que ni el ser cultural determina la conciencia política de sus gentes ni, sobre todo, infunde derechos públicos que merezcan llamarse democráticos. Bien es verdad que hoy la comunidad foral (por geografía, historia, costumbres, lengua) sólo es parcialmente vasca. Pero aunque fuera vasca por los cuatro costados, no se afirma como nacionalista vasca (sólo un 20% de sus electores) ni le mueve afán secesionista alguno. Parece un caso bastante nítido de «identidades compartidas». Algo ha tenido que ver en ello la brutalidad del terrorismo o la sinrazón de un vasquismo que ha repuesto la toponimia vasca allí donde hace siglos que se perdió e inaugura ikastolas en mitad de la Ribera. Aún falta que esa inmensa mayoría que rechaza la anexión a Euskal Herria aprenda a rechazar tal propósito no tanto por sentirse ‘navarros’ o gozar de sus ventajas fiscales, sino principalmente por saberse ‘ciudadanos’. Impartir esta enseñanza democrática es tarea lo mismo de la derecha que de la izquierda.

Claro que, por si acaso no estuviéramos ya bastante predeterminados, ahora nos quieren autodeterminar. Como aquel comunista de los tiempos heroicos que le espetó a su camarada «te voy a hacer una autocrítica», algunos pretenden imponer a los navarros su autodeterminación. El nuestro no es un derecho a decidir, sino más bien un deber de decidir correspondiente al derecho a la decisión que otros al parecer poseen. Igual que el ser humano, los navarros estamos obligados a ser libres. No esperemos grandes razones para llamarnos a semejante obligación, porque la retórica política en este país nunca ha estado tan alicaída. Cuando el mercadeo del Estatut, los argumentos favorables más socorridos fueron que España no se iba a romper o -ante el capítulo de política lingüística- que el castellano no desaparecería de Cataluña. Muy bien, y además de esas alegaciones negativas, que habría que verificar, ¿nos asisten o no razones ‘positivas’? Es decir, ¿cuáles son los ‘derechos’ de una comunidad para recibir competencias desiguales, y cuáles los de una mitad de hablantes para imponer deberes lingüísticos a la otra mitad? Aquí pasa por bueno sencillamente lo que se jura que no es fatídico y, a ser posible, siempre que la oposición lo repudie. Entre nosotros, tan profundo dispositivo dialéctico lo inició el lehendakari con su melifluo «¿qué hay de malo en ello?». Para este trance del futuro político de Navarra, es de temer que no se invoquen argumentos de mayor calado, por más que a estas alturas nadie se llama a engaño. Sabemos lo que reclama ETA para dejar de ser, según dice, y el mundo nacionalista para seguir siendo.

Conforme al plan de los más aguerridos, nuestra suerte se decidiría en un referéndum de autodeterminación en toda Euskal Herria, que incluye a tres departamentos franceses y a Navarra. Si nos hacen sujetos, queramos o no, ¿no se está dando entonces por supuesto lo que sólo el resultado del referéndum debía establecer? Vengamos al fundamento legitimador del derecho que se arrogan: ¿Tal vez alguna brutal conquista, algún agravio continuado, unos derechos básicos suspendidos, una discriminación vejatoria… que venimos soportando vascos, navarros y vascofranceses a lo largo de siglos y a los que la secesión pondría fin? ¿O es la vieja salmodia de la voluntad de un Pueblo, aunque fuere a costa de la libertad de una buena porción de sus pobladores?

Y a todo esto, ¿tendrán algo que decir los demás españoles o esta fiesta no va con ellos? ¿Y nos explicará el nacionalista cuál va a ser la mayoría cualificada requerida (la del Estatuto de Gernika, la de Montenegro, la de Estatut catalán u otra) y por qué? ¿Y se tendrá por tal mayoría la del conjunto de los ciudadanos consultados o sólo la de cada territorio? Y si al menos en Navarra o en la Iparralde francesa los resultados fueran contrarios a las tesis secesionistas, ‘como saben con certeza que ocurrirá’, ¿por qué su obstinación en extender la consulta a los ciudadanos de esos territorios? Tal vez porque lo más decisivo sea sentar el precedente, que se consagre el principio de autodeterminación, aunque se deje algún jirón en su ejercicio. Serviría para robustecer en el interior y en el exterior la idea de una Euskal Herria a la espera de su plenitud definitiva…Los menos guerreros, de momento, se contentarían con aceptar un «ámbito navarro de decisión», en el que la ciudadanía elija algún vínculo institucional con la comunidad vasca. Vendría a ser un modo artificioso de aplicar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que regula el hipotético ingreso de Navarra en aquella comunidad. Se trata de una disposición que no sabemos si conviene derogar, lo que encendería aún más los desordenados apetitos nacionalistas, o por el contrario mantener, para así convertirla en una amenazante espada de Damocles sobre los navarros y sus gobiernos sucesivos. En cualquiera de los casos, y aun si ETA se esfumara como un mal sueño, tendrán que pasar bastantes años antes de que dos comunidades tan próximas acorten la distancia que el nacionalismo vasco ha puesto entre ellas. En el pecado se lleva la penitencia.

Con el anuncio de ETA la sociedad navarra había recibido el alto el fuego con cierta esperanza, después de haber sufrido durante muchos años el azote del terrorismo. El posible cese de la violencia, se mire por donde se mire, siempre genera expectativas entre los demócratas, que tanto anhelamos conseguir el fin del terrorismo.

Sin embargo, sucesos como el último atentado terrorista perpetrado en Navarra, con la quema de una ferretería al concejal y portavoz de Unión del Pueblo Navarro en Barañáin y su familia, así como las extorsiones que siguen sufriendo los empresarios navarros, con el alto el fuego declarado, nos reafirman en la idea de que la esperanza debe ir unida a la prudencia y a la cautela.

No hay que olvidar que ETA no se ha disuelto, no ha abandonado las armas, no ha pedido perdón a las víctimas ni ha renunciado a aquellos postulados por los que lleva asesinando durante décadas: el sometimiento de la voluntad de todo un pueblo, el español y el navarro, a sus exigencias.

El atentado que ha sufrido el concejal de UPN pretendía coaccionar y presionar no sólo a UPN, sino a toda la sociedad navarra y se ha producido por defender la voluntad mayoritaria del pueblo navarro, que tiene muy claro que Navarra no es Euskadi; y en una localidad, Barañáin, donde hoy sigue gobernando el PSOE con los nacionalistas vascos.

Los navarros debemos dejar muy claro que nadie nos va a arrebatar nuestra Comunidad Foral, pues nuestra tierra ha sido, es y será sólo lo que determine la voluntad de sus ciudadanos. Lo cierto es que esa voluntad, como se demuestra elección tras elección, está cada vez más alejada de las pretensiones de integrar Navarra dentro de esa quimera nacionalista que denominan Euskal Herria.

El deseo que por Navarra sienten los nacionalistas vascos es indudable, insaciable y también enfermizo. El presidente del PNV ya advirtió de que no se quieren «echar al monte sin Navarra».Arnaldo Otegi también exigió a Zapatero sus dos invariables reivindicaciones: «autodeterminación y Navarra», dejando claro, el verano pasado, que «Navarra no es el problema, sino la solución». Las últimas declaraciones de Batasuna advierten de que «no existe ninguna posibilidad de solucionar el conflicto sin Navarra», que «Navarra es la columna vertebral de Euskal Herria», y que «sin Navarra, Euskal Herria no se sostiene en el mapa». Todos pudimos apreciar cómo ETA evidenciaba su reivindicación sobre Navarra al utilizar en el anuncio de su alto el fuego la bandera de Navarra junto a la de la comunidad autónoma vasca.

Ni ETA o Batasuna renuncian a Navarra ni el PSOE y el Gobierno de España están manteniendo una actitud clara al respecto; más bien me atrevería a decir que condescendiente y con silencios y gestos que suelen ser más elocuentes que las palabras.

Nos parece incomprensible que el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, un día después y en un acto público organizado por su partido, sea incapaz de condenar y solidarizarse con los afectados y con la formación política a la que representa el concejal de Barañáin. Como también nos parece incomprensible que, como presidente de un gobierno democrático, reciba a todo el mundo en La Moncloa para hablar de la situación generada tras el anuncio de alto el fuego de ETA y no reciba al presidente de Navarra y de UPN.

¿Dónde está el Zapatero que aseguraba que iba a informar transparente y puntualmente del desarrollo de las iniciativas que se tomen? Ese compromiso le exigimos ya desde Navarra y desde la formación política que cuenta con responsabilidades de Gobierno en la Comunidad Foral y con el mayor respaldo de los ciudadanos navarros.

Además, no se nos pueden pasar por alto algunas decisiones, pronunciamientos y actuaciones del PSOE que nos inquietan y plantean la lógica preocupación. Nos preocupa que el PSOE navarro no haya apoyado una declaración en el Parlamento de Navarra en la que se rechaza que Navarra sea moneda de cambio en las negociaciones, promovida por los partidos que defendemos el actual marco institucional de la Comunidad Foral. Como también nos preocupa que varias dirigentes socialistas de nuestra Comunidad firmaran un manifiesto con la ilegalizada Batasuna en el que se habla de Euskal Herria. O que Zapatero diga ahora que no es partidario de suprimir de la Constitución Española la posibilidad de incorporación de Navarra a Euskadi cuando el Consejo de Estado avala su supresión o el máximo dirigente del PSOE en Navarra ha cuestionado su permanencia porque, afirmaba, «lo único que hace es alimentar a los nacionalistas».Hace escasos días, nos sorprendía otra noticia todavía no desmentida: el acuerdo al que habrían llegado socialistas vascos y Batasuna para realizar un referéndum en Euskadi y Navarra y crear una Dieta vasco-navarra como paso previo a la absorción de Navarra.

Vamos, que no sería nada inverosímil que los socialistas navarros llegaran al poder pactando con Batasuna en el caso de que ésta o una formación sucedánea se presentara en las próximas elecciones y así, como paso siguiente, integrar Navarra en Euskadi. Por el momento, la estrategia del PSOE les lleva a decir una cosa que los hechos y los jefes de Madrid contradicen. Habrá que esperar, es de imaginar que poco tiempo, para conocer la siguiente cesión al nacionalismo vasco. De momento el concejal de Barañáin y cuatro trabajadores más se quedan sin trabajo, un comerciante sin posibilidades de venta, dos familias con los pisos inhabitables, ciudadanos con sus coches calcinados…

Que les quede claro que no nos asustan y que desde UPN se seguirá luchando por que se alcance la plena libertad, por que Navarra siga siendo lo que es y por que todos puedan defender libremente sus ideas.

Los violentos están muy equivocados si pensaban que con este último atentado también iban a quemar las ideas de quienes defendemos desde Navarra la paz, la libertad y la identidad de este pueblo.Están muy equivocados si piensan que quienes defendemos la libertad y la democracia, vamos a callarnos a base de miedo y atentados contra nuestras ideas o trabajos.

Hoy más que nunca, la unidad debe volver a marcar la actuación de los grandes partidos políticos de España frente al terror.Es en este marco donde debemos permanecer fuertes los demócratas para no consentir ninguna cesión del Estado de Derecho ni desprecio a la dignidad y a la memoria de las víctimas, que tienen todo nuestro respaldo tanto si se consigue el fin de ETA como si no.Tan importante es esto como preservar la lealtad institucional que siempre ha caracterizado las relaciones de Navarra con el Estado, máxime en estos momentos en los que está en juego seguir ganando espacios para la libertad.

Los partidos firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, entre los que se encuentra Unión del Pueblo Navarro, tendrán todo nuestro apoyo en esta nueva situación o en el mal llamado «proceso de paz» a menos que su éxito dependa de cesiones a los terroristas. Ahí no nos van a encontrar.

El presidente del Gobierno de España ha abierto la «caja de Pandora» al anunciar su propósito de reformar la Constitución de 1978. Ha acotado el contenido de la reforma a cuatro cuestiones; una de ellas la identificación de las CC AA por su nombre, ya que la estructura del estado de las autonomías está terminada. Quiere el presidente señalar cuáles son las autonomías que constituyen la nación española y, conforme con sus estatutos, cuáles sus territorios.

Este aspecto de la reforma interesa particularmente a los navarros porque la transitoria 4ª de la Constitución permite la integración (cualquier otra afirmación no pasa de ser un eufemismo) de la Comunidad Foral de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi. En concreto dice «al Consejo General Vasco» porque el País Vasco estaba regido en el momento de la aprobación de la Constitución por el régimen preautonómico. Como quiera que la decisión de integración corresponde a los navarros, la transitoria 4ª se presenta como paradigma del derecho de autodeterminación del pueblo navarro. No obstante es necesario levantar el velo para descubrir el verdadero sentido de esta «autodeterminación».

Navarra no ha necesitado de la Constitución española para acceder al régimen foral (llámese autonómico si se quiere) aunque haya sido bajo su amparo cuando este régimen se ha actualizado y desarrollado considerablemente. En efecto, la Constitución en su disposición adicional primera ampara y respeta los derechos históricos. Entre éstos, sin duda, se encuentra el derecho de autonomía o régimen foral pues la propia Constitución confunde éste con aquéllos cuando afirma que la actualización de «dicho régimen foral» se llevará a cabo en el marco de la Constitución. En efecto, el Amejoramiento no es la norma de constitución de la Comunidad Foral de Navarra, sino la de reconocimiento. En el artículo 1º se afirma que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias. El resto de estatutos, incluido el de la Comunidad Autónoma Vasca, dice que «se» constituyen. Pequeño detalle que los navarros no deberíamos olvidar. La transitoria 4ª supone una trampa bien adobada con un mutilado derecho de autodeterminación que sólo se puede ejercer en una sola dirección y un solo sentido. Por esto es una trampa. Las trampas, a diferencia de las puertas, dejan pasar pero impiden volver. La transitoria 4ª, esto es la Constitución, no contiene ningún mecanismo de retorno, sólo de ida o de integración. Algunos parlamentarios navarros, los de la extinta UCD, recogiendo el sentir mayoritario del Consejo Foral y un acuerdo de la DFN, durante el debate constitucional en el Senado, intentaron sin éxito introducir el mecanismo de salida en el texto constitucional aprobado por el Congreso.

La ausencia de un mecanismo de salida en el texto de la transitoria 4ª para el supuesto de haber prosperado el proceso de integración no debe sorprender. La transitoria 4ª no fue negociada por navarros que tuvieran un mandato expreso de atender el derecho de autodeterminación del pueblo navarro, sino por los partidos políticos PNV, UCD y PSOE con algunos líderes navarros entre estos dos últimos. La superación de un histórico escollo político que podía allanar la aprobación de la Constitución animaba la negociación para unos; la satisfacción del fin político que concebía a Navarra como una parte más (territorio histórico) de una comunidad política más extensa lo hacía para otros y el establecimiento de una garantía definitiva de Navarra como institución política con personalidad propia era el motivo de otros terceros.

La transitoriedad del texto pactado, curiosamente con vocación de permanencia, fue probablemente producto de las dificultades encontradas. Algunos negociadores pensaban que la integración era un hecho inevitable; otros que ponían dificultades al proceso, posible en aquel momento. Téngase presente que el socialismo navarro había firmado el compromiso autonómico y que sus diputados estaban integrados en la Asamblea de Parlamentarios Vascos presidida por el peneuvista Manuel Irujo. Esta Asamblea era utilizada como una más de las variadas plataformas para conseguir la integración de Navarra y ya había pactado el texto preautonómico para el País Vasco donde se recogía el derecho de Navarra a su integración en las Instituciones Vascas. Gabriel Urralburu, secretario del socialismo navarro, se manifestaba por entonces partidario de la incorporación de Navarra al marco autonómico vasco.

Por eso tampoco debe extrañar que el Estatuto Vasco, aprobado con anterioridad al Amejoramiento, se haga eco de la transitoria 4ª como mecanismo para la incorporación de Navarra a Euskadi y no señale, como no lo hace para ninguno de sus territorios históricos, un mecanismo de separación.

Para encontrar el mecanismo de salida es preciso remitirse a la ley de Amejoramiento (DF2ª) que hace competente al Parlamento de Navarra para ejercer la iniciativa de separación. Pero para entonces, ocurrida la integración, ni existirá Amejoramiento ni Parlamento de Navarra en su configuración actual. Habrán desaparecido con el proceso de incorporación. Algunos afirman que en el momento del ejercicio de la opción de entrada habrá que dejar claro el proceso de salida. No deja de ser una ingenuidad manifiesta. ¿Alguien duda de que el nacionalismo hará complejo cualquier proceso de salida si se viera vencedor en un eventual proceso de integración de Navarra en Euskadi según lo señalado por la transitoria 4ª? Por otra parte, si la voluntad de los navarros en tal hipotética situación fuera proclive a la integración que supone la desaparición de la personalidad histórica de Navarra, ¿qué razones se pueden encontrar para esperar una especial preocupación por garantizar la salida fácil de un proyecto que se juzga conveniente? En el proceso de modificación de reforma constitucional, los navarros y sus representantes políticos pueden plantear y tratar de quebrar legítimamente la transitoria 4ª. UPN tiene las ideas claras sobre la cuestión porque tal objetivo fue motivo fundacional. EL PSN parece participar de este proyecto. Bienvenido. Con ello facilitará al presidente Zapatero uno de los objetivos por él pretendidos: definir definitivamente el mapa autonómico español.

En la lucha contra el nacionalismo totalitario y su terrorismo no es lo mismo opinar que actuar. Opinar, desde el calor del hogar o desde el ambiente caldeado de un bar de copas burgués en una zona de ocio ciudadana, es siempre fácil. Allí todo arbitrismo es posible y todo radicalismo se sostiene, porque se trata sólo de palabras, y no hay riesgo en ello.

Las palabras tienen otro peso si se pronuncian en los lugares y los momentos adecuados. No es lo mismo, por ejemplo, denunciar la presión liberticida del nacionalismo ante personas que no participan de esas ideas que hacerlo donde hay diversidad de opiniones, donde defender la verdad y la libertad tiene un coste y un riesgo. Tampoco es igualmente fácil indignarse por los atentados y las ocupaciones de inmuebles en un caso y en el otro, por poner ejemplos bien cercanos.

En realidad, la coherencia en estos asuntos puede medirse, más que por las palabras, por los hechos. Nuestras calles están llenas, por seguir el mismo ejemplo, de personas que han clamado contra el ambiente de ilegalidad creado por y para ciertos grupos juveniles nacionalistas, contra su impunidad, contra sus décadas de indebida tolerancia. Han protestado y hasta han levantado la voz, sí, aunque casi siempre dentro de círculos y recintos cómodos y bien conocidos. Raramente fuera de allí. Y en cuanto a hacer, los navarros ya hemos podido ver cuánto se ha tardado en actuar contra los gaztetxes «okupas».

Las palabras se las lleva el viento, mientras que sólo los hechos permanecen. Por eso, una vez más, los responsables de la seguridad ciudadana en Pamplona –no importan los nombres– merecen un aplauso porque han hecho, por ejemplo en Iturrama Nuevo, lo que la ley exigía, lo que todos los vecinos pedían privadamente.

Cerrar el «gaztetxe» «okupa» de ese barrio de Pamplona es un avance objetivo de la libertad. Que los vecinos fuesen renuentes a expresar su descontento en público es en parte comprensible por el constante chantaje violento inherente al nacionalismo vasco. De hecho, son esas mismas autoridades las que con su trabajo tienen el deber de garantizar las condiciones para una libertad de expresión real.

Realmente, en la España de 2004, ¿hay una plena libertad de expresión? No eran libres de expresarse los vecinos de Pamplona, hasta que por fin las autoridades han suprimido uno de los factores que limitaban la libertad de todos con el pretexto infame de la libertad de unos pocos. Tampoco son hoy libres de expresarse los ciudadanos de Madrid, entre bombas y amenazas de bomba, y es evidente que si persisten los actuales factores políticos y terroristas los madrileños no podrán hablar con libertad.

En estos asuntos nuestra historia reciente, también la pequeña historia, está llena de sorpresas frecuentes y no siempre positivas. Demasiado a menudo ha habido personas capaces de citar con arrobo a Paul Claudel («la juventud no nació para el placer sino para el heroísmo») pero incapaces de renunciar a una mínima parte de confort para unir la palabra oportuna y la acción adecuada, coherente y eficaz. ¡Es tan fácil criticar la acción o la inacción de los demás sin aportar nuestro estímulo y nuestra contribución! Sin duda, la acción de las instituciones ha sido criticable y lo es aún, pero los ciudadanos libres tienen algo que aportar si quieren tener verdadero derecho a esa crítica. Esa situación tiene dos soluciones complementarias. Por un lado, los responsables de la seguridad a todos los niveles deben garantizar ésta, sólo con la Ley, pero con toda la Ley. Hemos visto cómo la receta funciona a pequeña escala en Pamplona y cómo funcionó antes en toda España. Pero, por otro lado, a quienes disfrutamos de esa seguridad se nos puede pedir que la empleemos para afirmarla con la palabra y con los hechos. No sólo con la palabra cómoda y sin riesgo, sino precisamente llevando la verdad donde ésta vacila; y no sólo con la palabra, sino con la acción coherente, que dé respuesta desde la sociedad a sus enemigos.

Es lícito llamar vocinglero, y aun bocazas, a quien llega más lejos con la palabra que con las obras. Pero es un defecto que puede corregirse; es la base del principio católico de subsidiariedad: si un problema puede resolverse directamente, no es necesario dejar que se eleve y se complique su solución.

La sociedad será libre –sin necesidad de rugir como leones en salones y chats para después balar como ovejas en aulas y calles– cuando los ciudadanos apreciemos, empleemos y defendamos por nosotros mismos la libertad.

Si nuestros antepasados no hubiesen actuado así, jamás habría habido resistencia contra el Islam, ni Reconquista, ni reino de Navarra. Tampoco hoy tenemos derecho a no dar la cara si queremos seguir hablando críticamente de los enemigos de nuestra identidad.