En una época de incertidumbre, pero a la vez fascinante, aparece la idea de gestión como concepto fuerza y catalizador de todo tipo de esfuerzos en el intento de organizar una empresa, sea esta privada o pública. Es indudable la diferencia en la gestión de una empresa pública y otra privada. Son distintos los intereses y los objetivos. Pero solo en parte, ya que la dimensión técnica que ambas exigen tiene un sustrato común y una metodología semejante. Por lo tanto, hablar hoy de gestión empresarial no es sinónimo de empresa privada, ya que la empresa ya no puede interpretarse solo como una unidad económica sino que ha pasado a ser un concepto de organización. Y así, podemos decir que la gestión empresarial es un producto del siglo XX que ha entrado en una fase más humana, teñida de psicosociología y de una reflexión más templada. No es ajena esta evolución a la del pensamiento contemporáneo, sometido a los vaivenes de la era industrial e informática.

Dirigir una empresa significa una actividad global que requiere tanto la experiencia y el sentido común como la filosofía y la organización del trabajo. La finalidad de la gestión concierne a la parte racional de la actividad humana y es una adaptación permanente al cambio. Gestionar mal es un peligro para la libertad, porque eso significa dejar que una fuerza distinta de la razón condicione la realidad.

Esto no supone un cambio de bando vergonzante de los intereses sociales. Hoy es posible y necesario superar la tradicional relación hostil y un tanto esquizofrénica entre técnica organizativa (gestión eficiente) y progreso de los trabajadores. Esta dicotomía ha sido generada tanto por la presencia de elementos ideológicos no depurados como por la ausencia de análisis dialéctico. Actualmente se dibuja un perfil de técnico y de funcionario con talento, la posibilidad de un conocimiento culto y humanista de la gestión, libre de contingencias mecánicas por la explosión de la informática, y liberado también de la beligerancia social, ya que no tiene porqué plantearse en términos de conflicto sino de diálogo y comunidad de intereses. Una empresa, privada o pública, se administra, en su especificidad, según algunos principios comunes: organización, estrategia, poder y control. Cada empresa se articula en torno a su propia misión. Y el gestor tiene que saber quién es, dónde está y dónde va, antes de ir a la acción.

Con la crisis, se habla excesivamente de financiación y economía, pero menos de calidad, concepto que antes era la idea catalizadora de todo proceso productivo. Hay que volver a hablar de calidad y evaluación de la calidad, marcar objetivos claros de mejora y de rendición de cuentas, elaborando indicadores de gestión y de rendimiento. Ahora que aparece la racionalidad como imprescindible en la gestión pública, es el momento idóneo de transformar la amenaza en oportunidad, introduciendo cambios organizativos profundos, gestión estratégica, planes de calidad y mejorar la distribución interna de recursos.

Posiblemente este artículo sea excesivamente teórico y el lector exija una mayor concreción. Pues bien, aunque sea al final, pienso y digo que la administración pública en general es una empresa sin jefes y sin organización; está deficitaria de planificación y de objetivos claros. Sin embargo, hay funcionarios magníficos insuficiente motivados y otros funcionarios, los menos, incumplidores de su función y profesionales del escaqueo. Lo perverso del sistema es que ambos grupos de funcionarios son igualmente tratados, lo que desmotiva aún más al probo funcionario. Una de las causas de esta situación es la indefinición del concepto y de la función del directivo profesional en la administración pública. El EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) toca esta cuestión por primera vez pero no la resuelve. Otro factor incidente es la excesiva politización de la administración, lo que resta posibilidades a la implantación de una más eficaz y eficiente profesionalización. Y, por último, no es menos perjudicial para este reto la corrupción (de políticos y funcionarios), y lo que aún es peor, la excesiva tolerancia social con la corrupción.

Con el artículo ya finalizado, percibo la gravedad del asunto tratado, por lo que volveré a reflexionar sobré él.

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El problema de fondo que late en todo el artículo anterior y en éste es el análisis de los niveles políticos de las administraciones y de las relaciones entre política y administración. Ambos campos están muy relacionados ya que la política, por medio de las administraciones públicas, administra los recursos de la sociedad. Por eso, la Administración necesita de la política para llevar a cabo sus funciones principales.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la Administración pública en tres niveles como consecuencia de la definición de un Estado fuertemente descentralizado:

• Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado español, encargada de llevar a la práctica el programa del Gobierno y de satisfacer los intereses generales.
• Administración autonómica: compuesta por todos aquellos organismos que gestionan competencias atribuidas total o parcialmente a las regiones y nacionalidades de España.
• Administración local: comprende las competencias que tienen atribuidas los municipios, las diputaciones provinciales o forales y los cabildos insulares.
• Otras Administraciones: por ejemplo, la Universidad.

En todas las administraciones públicas mencionadas anteriormente existe la problemática funcional y competencial entre políticos y funcionarios. Como una referencia del proceso habido desde el siglo XVII, tras el final de la monarquía absoluta y su sentido patrimonial de la Administración Pública, la doctrina política liberal gira alrededor de la idea de la protección y la libertad del individuo. De ello se deriva la separación de poderes: política y administración. Posteriormente, Max Weber consolidará el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública. En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el cliente de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente, ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por omisión, la eficacia-eficiencia.

La corrupción es un abuso de poder que supedita el bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría corrupción.

La eficacia-eficiencia (hacerlo bien optimizando los recursos) es una consecuencia de la ausencia de auténticos directivos, con todo lo que la Nueva Gestión Pública conlleva, y de una inexistente coordinación político-administrativa que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una respuesta rigurosa a sus demandas.

No será quien suscribe estas líneas el que prohíba a nadie referirse a España como nación ni hablar de nación española. En una España en la que los nacionalismos, sobre todo los periféricos, han impuesto un discurso público en el que la referencia a Euskadi y Cataluña como naciones que componen el Estado plurinacional es obligatoria, no es de recibo que no se pueda hablar de España como nación, de la nación española.

Al mismo tiempo, y puesto que es conveniente no olvidar los demasiado cercanos tiempos en los que desde las más altas instancias del Gobierno central se afirmaba que el concepto de nación es «discutible y discutido», es preciso plantear el significado del término nación, en este caso aplicado a España. Pues tan cierto como que el término es discutible y discutido, es que se pueden y se deben distinguir algunas definiciones de nación que ayudan a precisar el lenguaje y a hacer explícito el sentido en el que se usa el término cada vez que se hace.

El término nación comienza a ser utilizado políticamente con el liberalismo, con la revolución liberal en Europa. Por eso es el concepto de nación en sus comienzos un concepto revolucionario. Como bien explica José Álvarez Junco -Mater Dolorosa-, los problemas de España para consolidarse como Estado nacional tienen que ver precisamente con las dificultades de los conservadores para hacer suyo el concepto de nación, que, por sus orígenes, les resultaba extraño. Cuando los conservadores hacen suyo el término es cuando España da un salto importante en su consolidación como Estado nacional.

Nación en el sentido liberal, revolucionario, es un concepto eminentemente político. Define a una comunidad política. Es la sociedad que se constituye en comunidad política para actuar como un sujeto político colectivo en virtud de su propia voluntad, y que queda representada en las instituciones decididas por la voluntad popular. Rompe con la encarnación de la nación por el monarca, por el rey.

Esta dimensión política se da ciertamente en sociedades que luego han sido culturalmente homogéneas, aunque en el momento en que se constituyeron como comunidad política no lo fueran. Esta realidad, ocultada por el devenir, convertido en mito, de Francia como paradigma del Estado nacional, debe ser rescatada para entender lo que significa la nación política: una comunidad en la que lo que une a quienes la conforman es la idea de ser ciudadanos, sujetos de derechos, y no pertenecientes a una comunidad lingüística o cultural. La Francia de la revolución francesa era una sociedad en la que convivían más de 90 lenguas y patois, y hay quien afirma que la definitiva homogeneización cultural y lingüística de Francia no se produce hasta 1918, sobre la fuerza de la frase mort pour la patrie: habría sido la experiencia de la Gran Guerra, como la siguen llamando los franceses, la que habría hecho la homogeneidad de Francia y de los franceses.

Pero sí es importante tener en cuenta que la experiencia española -la asunción por los conservadores del concepto revolucionario y político de nación- es una experiencia europea, en la que el concepto de nación se transforma al fusionarse con el segundo concepto de nación que nace en la modernidad: con el concepto romántico de nación. Este concepto subraya la comunidad de cultura y de lengua como lo constitutivo de una identidad colectiva. Y si bien este concepto romántico, en un principio -con Herder y Humboldt- era perfectamente compatible con una idea humanista y cosmopolita de la política, se viste de una ropaje directamente político con Fichte y sus Discursos a la nación alemana frente a la invasión napoleónica: un concepto cultural de nación se dota de un significado político en el que las dos tradiciones conceptuales de nación se fusionan para dar lugar a lo que el historiador alemán Hagen Schulze -Estado y nación en Europa- denomina la nación integral o imperial primero y luego total.

La comunidad política de la nación liberal es ahora una comunidad en la que al ciudadano se le sobrepone y se le impone -el imperialismo es de doble dirección, hacia fuera y hacia dentro de la propia sociedad- una identidad cultural, un sentimiento de pertenencia colectiva marcado por una misma lengua, una misma tradición, una misma cultura y una misma identidad. Esta fusión de concepto político y de concepto cultural es la semilla de la tragedia de Europa en el siglo XX.

La evolución de las sociedades democráticas europeas después de la Segunda Guerra Mundial va en la dirección de superar esa fusión y abrir posibilidades para que la identificación entre la identidad personal, la pertenencia al grupo por medio de la misma lengua y de la misma cultura, y el derecho de ciudadanía se ablande, se abra, de forma que, al igual que para gozar de los derechos de ciudadanía no es necesario ni ser católico, ni ser protestante, ni ser agnóstico o ateo, tampoco es necesario poseer una identidad obligatoria, ni poseer un sentimiento de pertenencia obligatorio. Los derechos humanos que están en la base de los derechos ciudadanos proclamados por todas las constituciones democráticas lo son sin consideración de lengua, cultura, identidad o sentimiento de pertenencia.

España ha hecho un gran camino, pese a todas las críticas de los nacionalismos periféricos, en esta dirección, aunque nada hay perfecto. El problema de España no reside tanto en la nación cultural española sino en los nacionalismos periféricos que en lugar de superar el nacionalismo español de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, lo mimetiza, lo reproduce en los mismos defectos. Por eso, el problema del reconocimiento del plurinacionalismo de España no está en el Estado, sino en los nacionalismos catalán y vasco y el socialista vasco Jesus Eguiguren, que son incapaces de pensar Euskadi y Cataluña como entidades a su vez plurinacionales.

Lo que suele suceder con estas dinámicas históricas es que se refuerzan mutuamente. De la misma forma que los nacionalismos catalán y vasco reproducen el nacionalismo de Cánovas -y lo siguen haciendo aún hoy, aunque España ha cambiado radicalmente-, podría producirse que resurja un nacionalismo español mimético a los nacionalismos periféricos, volviendo la rueda a su estado inicial, algo que vendría muy bien a estos nacionalismos para legitimarse.

Pero España no necesita volver a un nacionalismo político-cultural cuando puede desarrollar un nacionalismo patriótico y un patriotismo constitucional eminentemente político, que sin negar la existencia y las grandezas -y miserias- de la tradición española, se enorgullece con razón de la conquista política y democrática llevada a cabo con la Constitución de 1978 que implica su constitución como comunidad política integrando e incluyendo distintas lenguas, identidades, culturas y pueblos. Nada más grande que este nacionalismo político, que esta idea de Nación política superadora, que no negadora, de identidades y culturas.

Como escribe acertadamente Maurizio Viroli -Por amor a la patria-, nada hay más grande que estar orgulloso de las reglas, leyes y normas que aseguran la convivencia de los distintos individuos en paz. Eso es la nación política, eso es la democracia, esa la gran cultura constitucional que nace con la revolución francesa y para cuyo abandono no existen razones de peso.

Esperemos que quienes empiezan a hablar ahora con fuerza de recuperar el discurso de la nación española sepan lo que están haciendo y tengan en cuenta la tradición europea de la que provenimos, con sus grandezas y con todas sus miserias, que tengan en cuenta que las grandezas están unidas al concepto de nación política, y que sus muchas miserias se deben a la trágica unión de los dos bien distintos conceptos.

¿Puede un Estado abordar importantes reformas estructurales cuando los únicos que tienen potestad para adoptarlas son a la vez los que principalmente deben sufrirlas? Si hemos de confiar en la experiencia histórica, la respuesta es no.

Una referencia interesante la constituye la fortísima crisis que la mayor parte de Europa atravesó durante el convulso siglo XVII. Según los mejores historiadores de la época, la causa fundamental hay que buscarla en la profunda debilidad estructural que padecían las monarquías renacentistas. Su poder había crecido exponencialmente a expensas de las ciudades del continente, las viejas forjadoras de la civilización europea; en definitiva, a expensas de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. La virtud del autogobierno cívico claudicando paulatinamente frente a la rapacidad y al irresponsable exhibicionismo de los príncipes.

Durante la bonanza económica todo pareció ir bien. La burocracia crecía incesantemente multiplicando los puestos de cortesanos y funcionarios, ofreciendo así nuevas posibilidades de ascenso social. Los edificios públicos, los palacios, las escuelas, colegios y monasterios, proliferaban como caídos del cielo. Sin embargo, pagar todo eso no resultaba fácil, especialmente cuando las crisis financieras empezaron a convertirse en algo crónico. Los príncipes acudieron cada vez más al socorrido recurso de utilizar los oficios públicos como fuente de financiación, dejando libertad a sus usufructuarios para compensarse a sí mismos a costa de la nación. En toda Europa, no sólo en España, las monarquías siguieron la misma pauta. No había otra salida. La sutil línea divisoria entre los ingresos legítimos y la pura y dura corrupción se borró completamente. El número y cuantía de los impuestos se multiplicaban a la vez que las redes clientelares adquirían proporciones gigantescas, creando oficios sin aparente fin.

Como ha ocurrido siempre, el oficio creaba su propia función, y no la necesidad el oficio, por lo que el resultado final terminó siendo una burocracia parasitaria completamente insostenible. A partir de 1620 el malestar en todas las naciones de Europa es patente. Proliferan los memoriales exigiendo reformas. Los príncipes son conscientes del problema, pero su capacidad de autorreformarse es muy escasa. ¿Hay algo más difícil que el que una poderosa burocracia pueda reducirse y limitarse a sí misma?

Por eso, allí donde se logró, fue a través de una mayor o menor dosis de revolución, como en Inglaterra y Holanda, o incluso moderadamente en Francia, aunque no lo suficiente como para evitar la grande del final del siglo siguiente. En España, por el contrario, la burocracia era demasiado imponente como para poder ser retada por una sociedad civil muy débil. Durante las grandes crisis del XVII, mientras la economía se contraía, los oficios no sólo no disminuyeron, sino que crecieron cada vez más. El resto es historia conocida.

Hoy vivimos un momento muy semejante: la economía se contrae, los impuestos suben y los oficios no disminuyen (es más, el número de entes autonómicos se incrementó un 23% entre 2009 y 2011). Los que tienen que reducir esta burocracia política, que se extiende desde el Estado central hasta las CCAA, diputaciones y ayuntamientos, con su entramado de organismos y empresas públicas, cámaras legislativas, consejos consultivos, cajas de ahorro, órganos de control redundantes y demás parafernalia, son los mismos que la usufructúan. En ese entramado, como no podía ser de otra manera, ha penetrado la corrupción hasta lo más profundo de la red, en forma de comisiones, astillas y apaños de toda índole. Es éste precisamente el efecto más pernicioso de las burocracias parasitarias: su capacidad de contaminar con sus prácticas ventajistas casi todos los sectores sociales y de hacer cómplices por doquier.

La historia no tiene por qué repetirse, porque, a diferencia de la época de las cortes renacentistas, nosotros vivimos en una democracia. Con muchas limitaciones, sin duda, pero en la que la sociedad civil tiene un papel institucional que jugar. Pero debemos de ser muy conscientes de que, en esa tarea, la burocracia política, pese a representarnos, no va a ser nuestra aliada. El cambio político no arregla nada por sí sólo, como demuestran las tímidas medidas del nuevo Gobierno. Crear oficios es muy sencillo, eliminarlos, algo mucho más complicado.

Los memoriales, los estudios, los informes, son sin duda importantes para tomar conciencia de la gravedad del problema, pero no son el principal recurso en una democracia. No se trata de hacer ver educadamente a nuestro soberano la necesidad de la reforma, incluso en su propio beneficio. Se trata, por el contrario, de ordenar a nuestros empleados políticos que adopten las medidas necesarias para ello. Encontraremos resistencias, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada uno hacer sentir el peso de su inconformismo y de su protesta por las vías que un Estado democrático y de Derecho ofrece. Sólo de ello dependerá el resultado final.

Estaba echándole una mirada a una novela ya disfrutada en otro tiempo, «Tinieblas en las cumbres», de Ramón Pérez de Ayala, un escritor de gran interés no muy admirado entre los jesuítas, y me encontré en su introducción con unas hermosas palabras sobre la España de 1934, cuando parecía posible la convivencia. En un discurso conmemorativo del tercer aniversario de la República, en Londres, donde ejercía de embajador, Pérez de Ayala apostaba por una nación bien trabada, formada por españoles irreprochablemente unidos y concordes, cualesquiera que fueran sus discrepancias, inevitables y aún convenientes. Pensaba que el español era tan apto para la armonía social como el que más y no era cierto que, por una especie de fatalismo temperamental, llevara dentro de sí la tendencia irrefrenable a la contradicción, la indisciplina o la anarquía.

El escritor-embajador combatía el viejo cliché del español de sangre caliente, habitado por el odio, que se veía arrastrado a pesar suyo, como única manifestación de su personalidad, a adoptar posiciones extremas de guerra civil y no pudiera escapar a la maldición bíblica de la violencia y la sangre derramada. «No estamos condenados a ser cainitas y abelianos, verdugos y víctimas de nosotros mismos. Aquí está la prueba: la colonia española en Londres. Si fracasáramos, no digo los republicanos sino los españoles, será menester que con las lágrimas de Boabdil en los ojos nos dispongamos a abandonar por el foro el escenario del mundo y a llorar como mujeres lo que no supimos conservar como hombres».

Salvo el evidente machismo de la frase final, que resulta un tanto anacrónica con respecto al sentido común, no a las turgencias ideológicas de Bibiana Aído y las mujeres de la cuota, hay que rubricar esa España que pudo haber sido, que fue, y que resultó tronchada por las apetencias intolerantes. A los que nunca hemos estado en la equivalencia nos cuesta demasiado encontrar el talante del liberalismo y del reformismo social en la boca de quienes se levantaron con espíritu cuartelero y ánimo de guerra carlista a destiempo. Y sentimos que el franquismo, heredado de la voluntad de uno de los contendientes, nos llevara a la amputación moral de la idea de España, patrimonio considerado suyo por el integrismo más torpe y menos relacionado con el envidiable liberalismo conservador de Europa.

Resulta difícil de asimilar que, a falta de un sentido de pertenencia a una nación, por la que sólo podía transitarse en el camino de la adhesión al régimen, se consolidara el sarcasmo de una historia con marcha atrás despachada en el relicario del nacionalismo catalán o vasco, al que se han unido los caciquismos a lo Romanones o La Cierva que toman cuerpo, cuando astutos líderes regionales se dan cuenta de la inutilidad política del narcisismo nacional.

Esta hora de España con un nuevo gobierno dispuesto a tapar los agujeros de las arcas y baúles de la nación puede ser el tiempo de la normalización de un país, cuya cultura política estaba derivando hacia una situación dramática de exclusión, de competencia entre territorios, de creencia en que los derechos de unos españoles podían ser una agresión a los derechos de todos. Que la diversidad podía camuflarse de desigualdad según la zona en que se resida.

Los momentos en que una sociedad se interroga no son zonas históricas de lamentación, de incitación al conflicto artificioso. Por la igualdad de todos debe restablecerse la normalidad que nos vincule a nuestro entorno europeo y satisfaga el mandato constitucional, según el cual el poder radica en el pueblo español, del que derivan todos los poderes del Estado. No es una afirmación retórica de españolismo rancio, es la plasmación de una nación frustrada tantas veces y hoy capaz de realizarse en la constante perfección de lo que se acordó en los difíciles años setenta del pasado siglo.

Ahora que se anuncian cambios deberíamos detenernos a pensar cómo se nos ha arrebatado la posibilidad de ser españoles no meramente constitucionales, sino ciudadanos cuyo afecto por la patria se asienta en el terreno de las emociones, en el gozo de sentirse parte de una tradición que no se asume con el aire de una patética eucaristía, donde los imperios y las decadencias se transustancian en desvaríos fascistas o en melancolías regeneracionistas. Esa pérdida del ser de España no se refiere a una metafísica como la que atormentó a los noventayochistas y, después, a los ejercicios literarios de los vencedores en 1939. Es el sentimiento de orfandad y desgarro que se justifica con los glaciares de los artículos de una Constitución, porque la calidez de un afecto parece avergonzar a quienes proclaman su patriotismo. Hemos acabado por disponer de una España reducida —no elevada— a institución jurídica, y unas autonomías que han pasado a ser la centralidad del sentimiento nacional. Todo lo contrario a lo que se pretendía, seguramente, pero todo lo que debía ocurrir cuando se negociaba lo esencial del modo menos riguroso.

No se puede amar a un Estado o a una institución revocable a través de reformas de mayorías coyunturales. Por eso, los nacionalistas nunca plantean escenarios institucionales, sino que parten de una asunción indispensable y previa: la nación tiene que vivirse como comunidad de voluntad de sus ciudadanos. Sólo sobre esa base se constituye la reivindicación de una Carta de Derechos y Deberes, sólo sobre la aceptación y el fervor de ese espacio común, hecho de historia y proyecto, puede construirse algo duradero que vaya más allá de los meros acuerdos de oportunidad política.
Que nadie se equivoque. En plena crisis económica, el discurso nacionalista ha dejado a un lado la identidad mística y la sobreexcitación cultural. Estas últimas elecciones las ha ganado el nacionalismo en Cataluña defendiendo algo que los propios oradores, como Durán Lleida, llamaban «la cartera», que debía sumarse al corazón y a la cabeza en una Laicísima Trinidad. Los nacionalistas, una vez capturado el campo de su condición respetable, de que se les permita la constante negativa a ser españoles mientras forman parte de las instituciones del Estado, han pasado a otro nivel más peligroso y de sustanciosos réditos electorales. Un nacionalismo que va a basarse ahora en la reivindicación de un bienestar económico que no ha sido saqueado por la crisis, sino por el expolio de los españoles. La liberación del pueblo adquiere una textura mucho menos lírica que hace treinta años: precisamente por ello ha conseguido triunfar. Porque ha conseguido relacionar el sufrimiento de la gente con la condición de sometimiento de la verdadera nación, con el atentado a sus recursos, con el drenaje de sus fondos materiales. Una vez se ha aceptado por casi todos esa legítima identidad del nacionalismo, ¿podrá sorprendernos que crezca ahora sobre otra representación exclusiva, que será la de los defensores de las condiciones de vida, de los servicios públicos, de los niveles salariales de los catalanes frente a la avidez del fisco español?

Tenemos nuevo Gobierno con una cómoda mayoría absoluta, es decir, con las condiciones suficientes para que podamos salir de la postración a que nos han llevado especialmente los Gobiernos de Zapatero. Ahora bien, lo primero que habría que decir, en la preocupante situación en que nos hallamos, sería, parafraseando la famosa sentencia de Clinton, pero adaptada a nuestro caso, que lo grave «no es sólo la economía, estúpidos».

El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.

Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica… Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.

En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.

Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.

Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades,que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.

De esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.

Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.

«Europa no es menos soberanía; es más soberanía, porque es más capacidad de actuar. Se defiende mejor la soberanía con aliados que solos. (…) Europa ya no es una elección, es una necesidad». Lo dijo Nicolas Sarkozy el pasado 1 de diciembre en Tolón, durante el discurso en que reclamó un nuevo tratado europeo, con Alemania y Francia a la cabeza, y en que fijó las líneas maestras de lo que será la política francesa en el próximo quinquenio si una mayoría de sus conciudadanos le vuelve a dar su confianza en las urnas. Por supuesto, esa referencia a la salvaguarda de la soberanía, e incluso a su incremento, no era sino una respuesta valiente y resuelta, propia de un estadista, a quienes desde distintas zonas del arco político francés —y muy especialmente desde la extrema derecha, encarnada por el Frente Nacional de Marine Le Pen— reclaman que Francia se desgaje de una vez por todas de la unión monetaria, cuando no de Europa misma. Es más, no sólo las palabras apuntaban en esa dirección; también el atrezo utilizado. Baste indicar que en el escenario del recinto tolonés no había otros enseres que el atril y dos banderas, la tricolor y la europea, situadas en el suelo, justo detrás del orador, y dispuestas de tal modo que la primera era vista en su integridad y medio cubría la segunda. Lo demás eran milagros de la tecnología. Como el que permitía ver permanentemente reflejado, al fondo del escenario y en cada uno de sus extremos, los tres colores de la bandera de la República, o como el que hizo posible que en la pantalla gigante donde los cerca de cinco mil correligionarios siguieron durante una hora el parlamento de su jefe de filas apareciera, lo mismo al principio que al final, un enorme y tremolante «drapeau», junto al que apenas se vislumbraba, a un lado y otro, el emblema estrellado de la Unión. No hace falta añadir, supongo, que el discurso se cerró con el canto del himno nacional.

Semejante ostentación de simbología tuvo lugar —y no es ocioso recordarlo— en un acto de partido. Es verdad que quien hablaba era, a un tiempo, presidente de la República, y que la República en cuestión no era otra que la francesa, esto es, el paradigma mismo del Estado unitario. Pero, insisto, el acto respondía a la lógica partidista y no a la institucional y, aun así, la bandera y el himno de todos habían sido usados con absoluta naturalidad, sin reserva alguna y en la creencia de que lo común puede y debe ser compartido por cada cual. Diez días antes, algo más al sur pero sin salir de Europa, millones de ciudadanos habían decidido con su voto dar un vuelco insólito, por su magnitud, a la relación entre sus fuerzas políticas, otorgando una holgada mayoría absoluta al partido que había permanecido hasta entonces en la oposición y rebajando a unos niveles paupérrimos —sus peores guarismos en la presente democracia— a la formación que había estado gestionando durante siete largos años los destinos de los españoles. Como suele ocurrir en estos casos, el resultado electoral fue recibido con júbilo entre la militancia de la fuerza ganadora. O sea, con banderas al viento —del partido y de España, aunque también había alguna autonómica—, cánticos de alegría —entre ellos, el «yo soy español, español, español» o el «España, unida, jamás será vencida», nacidos como respuesta a otra clase de cánticos y consignas de naturaleza radicalmente distinta— y jaleos a los líderes del partido cuando estos se asomaron al balcón de la sede —en el que no se advertían sino las siglas y los colores de la formación— o cuando el futuro presidente del Gobierno dirigió a los congregados unas palabras de agradecimiento. Y, como también suele ocurrir, estas imágenes fueron retransmitidas por la televisión pública y glosadas por unos comentaristas invitados para la ocasión.

Entre las glosas, alguien tuvo a bien destacar, en alusión a los cánticos y proclamas de la calle, que acabábamos de asistir a una «explosión de nacionalismo español». Nadie le contradijo, aunque sí hubo quien discrepó del término y prefirió ver en la manifestación callejera un simple epígono de la campaña recién terminada. Al poco, la televisión conectó con la sede del principal partido nacionalista de una de las Comunidades Autónomas que componen, según la Carta Magna, la Nación española. Allí, el candidato —jubiloso por cuanto la federación por él encabezada había ganado por vez primera en su Comunidad en esta clase de comicios— ya no estaba en pleno discurso, pero sí en el uso de la palabra. O de la voz. Y es que el candidato cantaba, al igual que los demás dirigentes presentes en el escenario y al igual que los militantes y simpatizantes que abarrotaban la sala. No era, como en el caso anterior, un cántico peleón, de esos que sirven para animar la marcha o para matar la espera. Era un himno: el himno que los nacionalistas del lugar califican, sin ambages, de nacional. Y, al contrario también que en el caso anterior, no habían sido las bases del partido las que habían tomado la iniciativa de cantarlo, sino la dirección misma. Aunque mejor sería decir que, en esta clase de jornadas, el canto de marras siempre ha formado parte del guión. De ahí, tal vez, que ni las presentadoras de la cadena pública ni los tertulianos que las secundaban con sus comentarios juzgasen necesario referirse a ello.

Sea como fuere, lo acontecido en la última noche electoral demuestra hasta qué punto nuestro Estado de las Autonomías responde a unos parámetros completamente extemporáneos en lo tocante al uso de la simbología. Aquello que en cualquier país civilizado y en circunstancias de cierta solemnidad sería considerado normal —a saber, la exhibición de la bandera, y el canto o la escucha del himno— parece aquí reservado a las fuerzas políticas nacionalistas, con lo que, a la postre, los únicos símbolos exhibidos o cantados son siempre los de una parte, cuando no los de una parte de una parte. Los del todo, los que deberían unir al conjunto de los españoles, tienen escaso predicamento entre quienes podrían utilizarlos, esto es, los partidos de ámbito nacional. Ni siquiera en tareas de gobierno. En realidad, para ver la bandera y escuchar el himno uno tiene que acercarse en España a los actos organizados por otro tipo de fuerzas, las armadas. O a una competición deportiva de carácter internacional en la que participe nuestro país. La escenificación de un acto como el de Tolón, eminentemente político, deviene inimaginable por estos lares, a no ser que la bandera y el himno correspondan a una Comunidad Autónoma.

No se me escapa que existen sin duda prioridades más acuciantes que esta en la agenda del nuevo Gobierno. Pero no es menos cierto que las empresas solidarias, las que necesitan del esfuerzo de todos, resultan mucho más llevaderas cuando uno tiene la sensación de formar parte de un todo y no de una simple suma de partes. Y no digamos ya cuando algunas de esas partes no están por la labor de sumar, sino más bien por la contraria, como se ha comprobado en el reciente debate de investidura. En semejantes circunstancias, el uso natural y desacomplejado de una bandera y un himno comunes ayudan lo suyo.

Ante al revuelo que están causando los continuos recortes al Estado de Bienestar que estamos experimentando en los últimos dos años y los que quedan por venir, es precisa una reflexión rigurosa que permita identificar qué significan esos recortes desde el punto de vista de la cohesión social. La ola neoliberal que nos azota está procediendo a desmontar lo que, como defendería Benjamin Constant, es un estado sustentado en la “garantía de los goces” del individuo moderno. Bajo la hipótesis de que el mantenimiento del conjunto de servicios que presta el Estado, tal y como lo hemos conocido hasta el momento, es insostenible financieramente, se trata de garantizar unos mínimos (en educación, en sanidad y en protección social), dejando el resto en manos del mercado y de la capacidad económica de cada familia.

COMO PODEMOS comprobar, las tesis neoliberales centran el punto de atención en la insostenibilidad del sistema y en el convencimiento de que un Estado así constituido solo contribuye a formar ciudadanos maleducados y acomodados, en el sentido de que disfrutan de unos servicios y de una protección tan elevada que terminan por disuadirles de adoptar posturas más creativas, innovadoras y productivas. Es decir, dicho en palabras más comunes, solo crea vagos. Vagos que, por cerrar el círculo, deben ser mantenidos por las clases productivas, por empresarios, autónomos o trabajadores. En este sentido, los impuestos, además de injustos, son considerados contraproducentes, pues dificultan el crecimiento y la reinversión y, en definitiva, la generación de riqueza y, por derivación, la creación de empleo.

Estas tesis olvidan otra de las funciones esenciales que cumple desde sus orígenes el Estado de Bienestar. El Estado, especialmente desde la época de la república de Weimar (1919) del New Deal (1933), no puede entenderse sino como una reacción a la presión que ejercía la incipiente Rusia soviética y los movimientos revolucionarios que se extendían por todo el mundo desarrollado. En concreto, la expansión del Estado moderno tiene sus orígenes en un acuerdo tácito entre las dos fuerzas en tensión que se encontraban en pleno conflicto en aquella época (el capital y el trabajo) y tiene como objeto la búsqueda de la paz social por medio de una cesión por ambas partes: el movimiento obrero aceptaba el sistema capitalista de corte democrático a condición de que el capital (a través de los impuestos) desarrollase un potente Estado de Bienestar que asegurase a los trabajadores ante determinados riesgos (desempleo, enfermedad y vejez) y que se universalizase el acceso a una serie de sistemas que se consideran esenciales (educación y salud). Igualmente, con la apertura de la democracia parlamentaria a los partidos de izquierda, se articulaba un sistema de negociación en el seno de las empresas, que garantizase la participación efectiva de los trabajadores, en la fijación de las condiciones de trabajo e igualmente en el reparto de las plusvalías generadas.

Gran parte de las medidas, reformas y recortes que se están implementando son presentados simplemente como una fórmula para reducir los enormes costes que supone el mantenimiento de los sistemas públicos de bienestar. Sin embargo, desde mi punto de vista, deben ser considerados igualmente como una cierta ruptura de ese pacto fundacional del Estado moderno. En este escenario, lo que es evidente es que los Estados, casi sin excepción (véase Islandia), han sido incapaces de someter y reconducir las demandas de estas fuerzas emergentes, encontrando serias dificultades para recuperar su papel armonizador y mediador entre los agentes en disputa. Esto es así porque los viejos estados europeos no pueden actuar más allá de sus fronteras, ni imponer al capital lejos de ellas los mismos criterios y acuerdos que aceptó hace cerca de un siglo para garantizar la paz social. Podríamos decir que actualmente las dos fuerzas en disputa no actúan en el mismo campo de batalla, sino en escenarios cruzados. Y no disponemos de instituciones políticas internacionales que sean capaces de volver a integrar en un mismo plano esa tensión histórica.

EN ESE JUEGO pendular que ha representado la tensión entre capital y trabajo, tenemos que aceptar que no está todo dicho acerca de la salida a esta nueva disputa que ha propiciado la crisis. Si aceptamos la función esencialmente negociadora y de intermediación del Estado, lo que no puede sorprendernos es que si sólo una de las partes en disputa ofrece argumentos y ejerce presión sobre él, no tenga otra salida que plegarse a sus demandas. Pero si, por el contrario, se da un vuelco a esa situación y los trabajadores y, en general, toda la población, salen de la fase de shock en la que se encuentran, podrán organizarse en torno a movimientos de reacción que traten de hacer conscientes a las clases populares no solo de las pérdidas (de protección, de condiciones de trabajo y de vida, etc.) que suponen las medidas que se han aprobado últimamente, sino de algo mucho más importante, la evaporación de gran parte de la capacidad negociadora que atesoraban ante el capital a través de la acción mediadora del Estado. En este nuevo escenario seguro que se encuentran nuevas alternativas de salida a la crisis que permitan reestablecer el equilibrio que nunca debió haberse perdido.

La semana pasada (¿El Senado es inútil? Sí) concluíamos que actualmente el Senado es una cámara parlamentaria inútil pero que, previa reforma, podría resultar muy valiosa. La premisa en la que se fundaba esta conclusión era que en los estados centralizados los senados son perfectamente prescindibles pero que en los federales son necesarios.

Asimismo, todo ello se refuerza en nuestro caso porque, encima de tener un Senado con muy escasas competencias efectivas, su modelo es el de los estados centralizados precisamente cuando nuestro Estado es todo lo contrario, es un Estado descentralizado, un determinado tipo de Estado federal. Esto último hace que el actual Senado sea, además, una cámara desaprovechada si no se reforma en un sentido federal: entonces podría ser enormemente útil para que el conjunto de la maquinaria estatal resultara más eficaz.

Para que todo esto se comprenda bien intentaremos aclarar concisamente, primero, qué es un Estado federal y, segundo, en el caso de que el Estado de las autonomía tenga esta naturaleza, cuál sería el Senado más apropiado a la misma.

El fundamento jurídico de todo Estado federal es una constitución que exprese la voluntad de los ciudadanos de este Estado; no un pacto entre los territorios que lo componen. Esta constitución debe garantizar la igualad básica de derechos entre los ciudadanos, presupuesto de la unidad del Estado. Todo Estado federal se compone de dos esferas separadas, el Estado central y los poderes autónomos, cada uno de ellos con instituciones políticas y competencias distintas, lo cual da lugar a diversos ordenamientos jurídicos subordinados únicamente a la Constitución federal que asegura la unidad del Estado. Esta separación entre poderes no supone relación de jerarquía ni controles políticos entre el Estado central y los poderes autónomos sino, simplemente, ámbitos de competencia distintos cuyos eventuales conflictos deben ser resueltos sólo por los jueces. También es necesario que para cumplir con sus competencias específicas cada una de estas esferas de poder –central y autónomas– esté dotada de su propia hacienda.

Ahora bien, el Estado central y los poderes autónomos, aunque ejerzan sus funciones de forma separada de acuerdo con sus respectivas competencias, deben colaborar entre sí con la finalidad de contribuir de la mejor manera posible tanto a la realización de sus propios objetivos como a los fines del conjunto. Un Estado federal no es sólo la suma de poderes autónomos más un Estado central sino una estructura global y compleja cuyas piezas deben colaborar entre sí para alcanzar la mayor eficiencia posible.

Pero el federalismo no presupone sólo un conjunto de poderes que funcionan por separado sino también un conjunto de poderes integrados que colaboran y cooperan lealmente entre sí y en el que las instituciones territoriales participan en determinadas instituciones centrales del Estado. Por tanto, el Estado federal es un Estado unitario –en otro caso no sería un Estado– en el que la soberanía reside en todo un pueblo, basado en los principios de autonomía política, integración y colaboración entre las partes de acuerdo con el principio de solidaridad mutua. Una institución clave, aunque no la única, para esta integración en las instituciones centrales es el Senado. Naturalmente un Senado que sea representación de los poderes autónomos y que tenga, juntamente con la cámara baja o Asamblea, competencias legislativas, especialmente en aquellas leyes que pueden afectar o condicionar la esfera de atribuciones de las instituciones autonómicas. Así los poderes territoriales contribuyen a formar la voluntad estatal del conjunto.

A la vista de este modelo, ¿es nuestro Estado de las autonomías un Estado federal? En realidad cumple con todos los elementos menos con uno. Cumple al tener una Constitución común legitimada por la voluntad de los ciudadanos, unos derechos básicos iguales, instituciones centrales separadas de los poderes autonómicos, ordenamientos jurídicos distintos, competencias repartidas en cada esfera de poder, haciendas propias, instrumentos de cooperación. Lo que falta es el dichoso Senado, un Senado federal. Y también cultura federal, colaboración mutua, lealtad y confianza entre poderes, la sensación de navegar en el mismo barco. Ello no obstante, por todo lo dicho no cabe duda que España pertenece a la gran familia de estados federales europeos.

Sin embargo, aunque todos los estados federales tienen Senado, estas cámaras no siempre cumplen con eficacia la función participativa e integradora. Tratar esta materia exigiría otro artículo. De momento, sólo cabe apuntar que, en mi opinión, el Senado más adaptado a las funciones que hoy llevan a cabo los actuales estados es el alemán, compuesto por representantes de los gobiernos de los länder y con amplias funciones legislativas y de cooperación. Hasta ahora el Estado de las autonomías ha supuesto una amplia descentralización. En el futuro debe darse prioridad a la integración, a una mayor eficacia del conjunto. Para estas tareas un Senado reformado puede resultar muy útil.

Nureyev decía que debía existir una estrella y otros que dancen en torno a ella. Esa fascinación por el centralismo o, en su versión jurídica, por el derecho universal, superior a los derechos particulares, esa tarea unificadora del Derecho, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos como un camino de retorno a la universalidad romana que configuró la civilización más asombrosa de la historia. El profesor Koschaker, aquel gran jurista alemán del pasado siglo, escribía: «Esta labor fue preparada por la ordenanza de Carlos VII, de Montils-les-Tours (1454), en la que se ordenaba con carácter obligatorio para toda Francia la consignación por escrito de las Coutumes, lo cual fue llevándose a efecto durante los siglos sucesivos. Sobre este fundamento los juristas franceses de los siglos XVI al XVIII construyeron el droit civil commun en conexión con el derecho Romano. La coutume de París redactada en 1510 y reformada en 1580, según Dumoulin, caput ommnium totius Galliae consuetudinum, fue considerada como modelo en esta tarea unificadora, lo mismo que la jurisprudencia del Parlamento de París». Y anota Koschaker la conocida manifestación de Loyseau (siglo XVIII) sobre el Parlamente de París, «qui nous a sauvé en France d´être cantonné et démembré comme en Italie et en Alemagne».

En España el conde-duque de Olivares pretendía algo parecido y tan sensato como la racionalización de la maquinaria imperial y desarrolló sus ideas en un memorial que presentó a Felipe IV en 1625, donde ya aparecía la idea de unificación que luego desarrollaron lúcidamente los Borbones. Pero Cataluña se aisló, y ni Olivares ni la Corona pudieron aplicar en el Principado la Unión de Armas, convirtiéndose el territorio catalán ya entonces en un problema político, no solamente fiscal. Un problema político que adquirió insospechada dimensión con la revuelta de los «segadors» que asaltaron la ciudad de Barcelona y cazaron, literalmente, como animales al virrey y a los jueces reales cuando trataban de huir. El canónigo de Urgell, Pau Claris, miembro de la Diputació, llamó entonces a la resistencia contra el Reino, terminando Cataluña por someterse a la soberanía del rey de Francia, hasta que fue recuperada por las tropas de Felipe IV, que entraron por Monzón y Lérida. La sustitución de Felipe IV de España por Luis XIII de Francia fue catastrófica para Cataluña. Lynch, en su obra «España bajo los Austrias», sostiene que esa modificación de soberanía no solucionó ningún problema de Cataluña y todas las quejas que los catalanes formulaban contra Castilla se volvieron hacia Francia, franceses que ciertamente acabaron hartos de los permanentes quejosos, y, por fin, doce años después de 1640, Cataluña volvió a aceptar la soberanía de Felipe IV. Contra España, parafraseando a Vázquez Montalbán, en el siglo XVII también se vivía mejor. El resultado fue la irreparable pérdida para España del Rosellón y Conflent.

En el siglo XVIII, con Felipe V, comienza el progreso de Cataluña tras el Decreto de Nueva Planta, una ley universal y unificadora al estilo del Parlamento de París, que iguala jurídicamente, es decir políticamente, el Principado al resto de los territorios y posibilitó, años más tarde, la apertura del comercio de los catalanes con América reinando Carlos III. En ese siglo fue tal el fervor que se sintió en Cataluña por la Corona de España que las más destacadas figuras de la intelectualidad (Dou, Finestres, Capmany) dedicaron encendidos elogios a la dinastía borbónica. Y aunque Ferrán Soldevilla, el historiador catalán, se duela profundamente de los comentarios de Capmany, la realidad, romanticismo aparte, es la que fue: en esta época de gran centralismo Cataluña progresó de una forma antes inimaginable.

Durante el siglo XIX la intelectualidad catalana se rebela contra la España exhausta que salta de guerra civil en guerra civil y contra esa concepción nacionalista que no es capaz de llevar a la práctica el gran proyecto político canovista; se rebela, en suma, contra una España que se comenzaba a construir, pero que se refocila en las desgracias de su Historia. Quizá sea esa la raíz y la explicación de por qué los catalanes, ahora ricos, se desinteresan de España y les parece la capital del Reino, en el mejor de los casos, un lugar lleno de exotismo, para ir de visita de vez en cuando. El poema, citado hasta la saciedad, de Maragall la «Oda a España» sería un canto último, o epitafio desesperado, hacia alguien al que se ha amado mucho y con quien ya no es posible —o no se quiere, porque se ha hecho vieja y pobre— convivir. No he leído un solo escritor de la Generación del 98 —Ganivet, Unamuno, Valle-Inclán, Maeztu, Azorín, Baroja, los Machado, y Ortega— que hable con admiración de España. «Me duele España», afirmaba Unamuno como si nuestra Nación fuese una enfermedad. Incluso la frase de que «es español el que no puede ser otra cosa» es del propio Cánovas. Y Ortega, en su desolador ensayo «La España invertebrada», afirma que «la Historia de España entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la Historia de una decadencia».

En este panorama patético de España surge el movimiento catalanista en sus distintas acepciones políticas, que a partir de entonces será lo que determine las relaciones entre Cataluña y el Estado. Ese mismo catalanismo, que también fue determinante de forma lúcida y constructiva en el debate constitucional de 1978, constituye un movimiento socio-cultural (y por lo tanto político) que parte del siglo XIX como consecuencia de la descomposición de España. Catalanismo que se forma con base a distintos ingredientes sintetizados por Pabón en cuatro corrientes que confluyen en su gestación: el proteccionismo económico; el federalismo con su doble vertiente, la de Pi y Margall y la del particularismo, preferentemente catalán, de Valentí Almirall; el tradicionalismo con la recuperación del romanticismo (Duran i Bas en lo jurídico, Balmes y Torras i Bages en lo religioso y Estelric en lo intelectual); y el renacimiento cultural basado en la recuperación de la lengua.

Si, como decía Gil de Biedma, la Historia de España es una Historia que acaba mal, la de la Cataluña contemporánea no sabemos cómo acabará. Que termine bien o mal, y no se convierta esa quiebra que siempre ha existido con el Estado en una sima insuperable, dependerá de la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder político. Estoy convencido de que muchas de las ideas que he plasmado en estas notas son fácilmente refutables, incluso es posible que me haya equivocado en la construcción de parte de ellas. Pero de lo que no tengo la menor duda es de que existe esa fractura y no es de ahora, sino que procede de la Edad Media, fractura que solo ha sido soldada temporalmente cuando Cataluña ha progresado económicamente, y progresó en la Edad Media durante el gran proyecto de reconquista peninsular, de Norte a Sur, y paralelo al de Castilla; en el siglo XVIII, cuando se participa en el gran proyecto español ilustrado iniciado por Carlos III y que abre para Cataluña el comercio con América; y, mal que les pese a quienes quieren olvidar la historia, durante el franquismo, en cuya época se protegieron los intereses de Cataluña y se completó el ideal de Cambó de igualar España económicamente a Cataluña. Con el nacionalismo, en cambio, Cataluña ha padecido una notoria decadencia cultural y, como consecuencia, económica.

Anteayer, Quim Monzó nos soltaba esto: “El Senado no sirve más que para ejercer de centro de día de políticos caducados”. Y añadía: “Que ese montaje grotesco denominado Senado se mantenga en esta época de penurias es una indecencia”.

A los escritores les amparan las licencias literarias, que deben leerse de acuerdo con un código especial. Pero en el fondo, tal como está las cosas, Monzó lleva mucha razón: el Senado actual no sirve para casi nada y, encima, en este casi nada se incluye su onerosa función de acoger a políticos cuyo tiempo ya pasó. El problema, sin embargo, no es que exista un Senado sino el modelo de Senado que tenemos. Vamos a verlo.

En los estados centralizados, y remarquemos esto de centralizados, la cámara alta o Senado surge en el siglo XIX como contrapeso conservador a la cámara baja o Asamblea. En las asambleas los diputados eran considerados los representantes del pueblo aunque, en realidad, sólo eran elegidos por quienes tenían derecho de sufragio censitario, es decir, un reducido sector que, al disfrutar de un determinado grado de riqueza (propietarios agrícolas, empresarios, profesionales liberales y funcionarios), pagaba impuestos. Los senadores, por el contrario, eran designados por el rey entre una selecta minoría de aristócratas, alto clero, gran burguesía y élites políticas y funcionariales. La Asamblea representaba a las clases medias, el Senado a las clases altas Ambas cámaras, junto al rey, aprobaban las leyes y designaban y controlaban al Gobierno. Así de socialmente conservador y escasamente democrático fue el Estado liberal decimonónico.

En el siglo XX se extiende el sufragio universal, es decir, se establece la igualdad de todos los ciudadanos al derecho al voto y, obviamente, se pone en cuestión la necesidad de los senados. Si las asambleas elegidas por sufragio universal representan al pueblo, ¿a quién representan unos senados elegidos por el mismo procedimiento? Para justificar su pervivencia se utilizan sistemas electorales distintos en ambas cámaras y se las dota de idénticos poderes. Sin embargo, debido a su similar composición partidista, las decisiones que toman ambas cámaras son sustancialmente las mismas: una de las dos es superflua.

Un último argumento a favor de la pervivencia de los senados es que sirvan como “cámaras de reflexión” cuya finalidad sea enfriar los debates más apasionados de las asambleas y así revisar las leyes que estas aprueben mediante una “segunda lectura” más reposada y objetiva. Aunque en teoría ello sería posible, en general no resulta así: las cámaras altas, como también las bajas, están dominadas por los partidos y estos se comportan igual en unas que en otras. Por tanto, los senados siguen siendo cámaras superfluas aunque se mantienen, salvo excepciones, debido a las espurias necesidades endógenas de la clase política.

En el caso de España, esta inutilidad se agrava. En efecto, el Senado español pertenece a este modelo de cámara de reflexión y segunda lectura de las leyes que resulta inútil pero, además, su composición es incoherente y sus funciones, con alguna excepción, duplican y están claramente subordinadas al Congreso. El pasado 20 de noviembre elegimos no a la totalidad del Senado sino a una fracción del mismo: en estos días los parlamentos autonómicos completarán su composición. Se trata, pues, de una cámara en la que los ciudadanos eligen directamente mediante voto limitado a cuatro quintas partes y los parlamentos autonómicos a la restante. La Constitución la cualifica de cámara territorial: ¿de provincias y de comunidades autónomas en una relación asimétrica sin lógica razonable alguna? La única lógica que aquí encontramos es la de los partidos y su necesidad de colocar a algunos de sus miembros.

En cuanto a las funciones, nuestro Senado tiene pocas y las que tiene suelen estar subordinadas al Congreso. En relación al control del Gobierno, sólo pueden formular preguntas, interpelaciones y mociones: ni participa en la elección del presidente ni tampoco, por tanto, puede interponer mociones de censura ni cuestiones de confianza. En relación a la función legislativa, aunque puede enmendar leyes previamente aprobadas por el Congreso, tales enmiendas pueden ser rechazadas por este. En igualdad con el Congreso, el Senado está facultado para designar determinados altos cargos y, en cuestiones puntuales y menores, disfruta de alguna competencia que no tiene la cámara alta. En todo caso, en el Senado dominan los mismos partidos que en el Congreso y son estos quienes, en definitiva, adoptan las decisiones.

Así pues, el Senado tiene una composición dotada de una rara representatividad y sus funciones, en general, son innecesarias o irrelevantes. Actualmente nuestro Senado es, pues, una cámara inútil porque siendo España un Estado de hecho federal su modelo de segunda cámara responde al de los estados centralistas cuando en estos estados el Senado ya no tiene razón de ser. ¿Podría llegar a ser una cámara útil? Sí, podría ser muy útil si se convirtiera en un senado federal. De esta posibilidad trataremos en el artículo de la semana próxima.

Estamos en tiempos de recortes y los políticos no quieren presentarse ante sus potenciales electores armados de un hacha y una motosierra. Se puede eludir la crudeza de la palabra recorte envolviéndola bajo formas, menos incisivas. Hablemos de ajuste, austeridad, equilibrio contable o acudamos a la metáfora del adelgazamiento que incluso resulta saludable.

El campo donde aplicar los recortes es amplio y los políticos que manejan los instrumentos cortantes tienen ante sí el dilema de elegir y la obligación de explicar convincentemente los motivos de las amputaciones y, sobre todo, predicar con el ejemplo si no quieren desatar las críticas y el rechazo de los ciudadanos.

Los recortes parecen inevitables, pero las decisiones arrogantes, son perfectamente evitables. Nuestros políticos carecen de reflejos. En Cataluña anuncian la reducción de la paga de Navidad al sector sanitario, provocan la reacción de los afectados y al mes anuncian que ellos también se privan generosamente de ella. Haber comenzado por ahí. En Galicia se responde tarde al escándalo de los directivos de la caja que se fijan, quizá por derecho divino, sumas ingentes en indemnizaciones, seguros, rentas vitalicias y otras prebendas.

Por fin, cuando el tema ya está en la calle, se plantean la posibilidad de hacer recortes en la sobredimensionada organización estructural del Estado. Las propuestas del PSOE y el PP me parecen improvisadas. En mi opinión se deben distinguir los recortes en las Administraciones públicas y la reorganización de las instituciones del Estado.

La Administración proporciona a los ciudadanos servicios de interés general, lo que obliga a reflexionar profundamente sobre cuáles podrían ser reducidos.

Los órganos representativos de la estructura institucional del Estado deben ser ajustados. La propuesta que, en este sentido, formula el Partido Popular no me parece acertada. El Congreso, según la Constitución debe estar compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Electoral los fijó en 350 y la cifra se ha mantenido. Si se suprimen 50 como se apunta por este partido, nuestro sistema electoral nos llevaría a un bipartidismo todavía más exclusivista. Desde mi punto de vista, una forma de corregir nuestro alarmante déficit de pluralismo, pasa por elevar el número de diputados a 400. Si a ello añadimos una reforma profunda de la Ley Electoral para buscar una verdadera proporcionalidad se atenuarían los efectos perversos del bipartidismo actual.

El Senado siempre fue un órgano controvertido. Desde sus inicios tuvo sus detractores y algunos proponen su eliminación. La mayoría coincide en que hay que convertirlo en Cámara de representación autonómica o territorial. En todo caso, creo que este debate debe seguir cauces distintos, sin descartar el estudio de su posible adelgazamiento.

La regla que preside la determinación del número de parlamentarios autonómicos se recoge en todos los estatutos. Su composición no obedece a segmentos de población sino a la búsqueda de la representación adecuada de los territorios. Siguiendo el esquema constitucional los estatutos marcan un mínimo y un máximo de parlamentarios. Me parece perfectamente compatible este propósito con la necesaria reducción de su número. La Rioja ofrece el ejemplo más llamativo. Con una población de 322.000 habitantes tiene 33 parlamentarios (mínimo 32 y máximo 40). ¿De verdad alguien quiere sostener, sin sonrojo, que la producción legislativa de la comunidad requiere tal número de parlamentarios?

La diferencia de extensión territorial entre las diversas comunidades autónomas es notoria, tanto en habitantes como en kilómetros cuadrados. Andalucía tiene la mayor extensión territorial y el más importante contingente de población. Hay comunidades de amplia superficie y escasa densidad de habitantes, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Coexisten con las uniprovinciales. Todas ellas, salvo Madrid, tienen una extensión más reducida y menos habitantes.

En estos momentos el número total de parlamentarios autonómicos es de 1.218. Como es lógico esta suma debe ser desglosada. Resulta necesario reducir el número pero sin caer en la simpleza de aplicar un porcentaje reductor igual para todas las autonomías. Es necesario examinar caso por caso para adaptarse a las necesidades reales, soportables por el erario público. En el escalón inmediato, las Diputaciones Provinciales necesitan un estudio detallado para encajar sus funciones en otros órganos ya existentes. Sin salirnos del ámbito autonómico la existencia de unos costosísimos Consejos Consultivos integrados por un número de altos cargos absolutamente innecesarios, dotados de unos gastos suntuarios injustificables, plantea la necesidad de suprimirlos.

Finalmente el número de concejales en un país con más de 8.000 Ayuntamientos necesita una revisión. Me preocupa que la decisión sea indiscriminada. Me opongo a la reducción de los concejales de los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Los que ostentan el cargo no cobran nada y son un factor de integración del pueblo en los asuntos de su interés. En el resto habrá que buscar fórmulas adecuadas a sus necesidades.

Al final, la operación resulta económicamente rentable y políticamente ejemplarizante. Es posible que la suma alcanzada con los recortes no resulte significativa, pero me parece pedagógica e inaplazable. Y por favor, ¡dejad en paz al loro y su chocolate!

Las elecciones españolas 2011 giran, como una ruleta, en torno al Estado del bienestar, con todos los contendientes proclamándose defensores del mismo y acusando a sus rivales de intentar destruirlo. Quienes van más lejos en tal comportamiento son los socialistas, que llegan a presumir de implantarlo en nuestro país y haberlo llevado a su máxima expresión bajo Zapatero. Forma parte de una de las grandes mentiras de la izquierda, pues el Estado del bienestar —básicamente, garantizar por ley la sanidad, el trabajo, la educación y el retiro de todos los trabajadores— no lo creó ella. Lo creó uno de los políticos más conservadores que haya tenido Europa, Otto von Bismark, que ya en el siglo XIX instituyó el seguro de enfermedad, el de accidentes laborales y el de vejez, aparte de la instrucción pública, para los obreros alemanes. Me atrevo a decir incluso que a la izquierda-izquierda tales reformas no le han importado en absoluto, y para demostrarlo ahí tienen la forma como Stalin y Mao trataron a sus campesinos y trabajadores. La izquierda, en su búsqueda de la utopía, del «nuevo hombre», quiere la revolución, despreciando las «reformas burguesas», tal vez por temer que encandilen a quien cree le pertenece: el proletariado.

En nuestro país tenemos que el Estado del bienestar empezó en los años sesenta del pasado siglo, cuando los obreros españoles empezaron a tener un piso, un coche y un trabajo asegurado, algo que, curiosamente, tienen hoy cada vez menos. La Segunda República, ocupada en que «España dejase de ser católica», en cambiar su «alma», en buscarle una nueva estructura territorial y otros grandes proyectos, se olvidó de ellos. Y para ceñirnos a nuestros días, ¿cuáles son los cambios introducidos por el Gobierno Zapatero que le autorizan a proclamarse padrino del Estado del bienestar español? Pues el matrimonio gay, la píldora del día después, el aborto a discreción, el divorcio exprés, el pasar curso con cuatro asignaturas pendientes, el acampar en la calle y, si me descuido, «el botellón». ¿Qué tiene que ver todo eso con el Estado del bienestar, con la política económica, con la social incluso? Todos ellos son derechos individuales, demandas de minorías, no de la sociedad en su conjunto. Estamos, por tanto, ante un travestismo de la política, ante un fraude democrático, al no afectar a la mayoría. Nada de extraño que la poca izquierda que queda acuse al PSOE de imitar al PP. Con una diferencia: el conservadurismo del PP es auténtico; el del PSOE, falso. El domingo sabremos si los españoles se dejan engañar una vez más por sus falacias.

Pero la cuestión de fondo no es esa. La cuestión de fondo a día de hoy es si el Estado del bienestar puede sostenerse. Bastantes dicen que no, que resulta demasiado costoso, dadas las dimensiones que ha alcanzado y las nuevas circunstancias que reinan. Y ponen como ejemplo las pensiones. Estaban estas diseñadas para una población con expectativas de vida de 75 años y una edad de retiro de 70, lo que arrojaba entre cuatro y cinco contribuyentes por jubilado. Pero hoy nos encontramos, por la baja natalidad, el aumento de las expectativas de vida y el recorte de la edad de jubilación, con que cada jubilado tiene que ser sostenido por algo más de dos cotizantes, que pronto serán menos, de seguir las cosas como van. Si a ello se añade que los últimos años de vida son los que más atención médica requieren y que los tratamientos han hecho avances tan espectaculares como costosos, tendremos que también el coste sanitario resulta cada vez más difícil de sostener. Otro tanto puede decirse de la educación y otros servicios sociales, como la dependencia. En una palabra: el Estado del bienestar se está devorando a sí mismo.

¿Es verdad? Solo a medias. Que el Estado del bienestar es sostenible lo demuestra que hay países donde lo es: los escandinavos, Alemania, Holanda, la misma Austria. ¿Por qué es sostenible en esos países y no en el resto del llamado primer mundo? Pues porque esos países han venido ajustándose a los cambio ocurridos en las últimas décadas en demografía, jubilación, productividad, enseñanza y estructura social. Mientras, en el resto se tomaba el Estado del bienestar por una especie de lámpara de Aladino, que bastaba frotarla para que el genio en su interior produjese lo que deseábamos. Que su expansión no es indefinida ni automática lo demuestra que el genio maligno nos ha llevado a la bancarrota. El Estado del bienestar necesita, como todo en este mundo, continuos reajustes para acomodarlo a los cambios que se producen en la sociedad y en el mundo, últimamente vertiginosos. Y si no se le hacen esos reajustes, dicho Estado se convierte en algo tan anticuado como lo son hoy el feudalismo o la monarquía absoluta, es decir, en un freno del desarrollo. Algo parecido ocurre a los «derechos adquiridos», que son coyunturales, y no digamos ya a los «históricos», que ni siquiera son históricos en la mayoría de los casos.

Cuando los alemanes, tras la unificación, se encontraron con que tenían que absorber a 17 millones de compatriotas que llegaban del Este con una mano delante y otra detrás, en un mundo donde las potencias emergentes iban a ser pronto competidoras, acordaron, primero, un Gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, y luego un plan para afrontar el nuevo desafío en todos los campos, desde el laboral al social, pasando por el económico y el educativo, que les ha permitido llegar a esta crisis con su capacidad económica e industrial intacta. Naturalmente que tuvieron que hacer sacrificios. Los alemanes llevan ya años jubilándose a los 67 años y han tenido las pensiones congeladas durante varios ejercicios. También han prescindido de aquellas deliciosas «curas» del estrés en los balnearios a cargo de la Seguridad Social y han aceptado el copago en la sanidad pública. Si eso ha tenido que hacer la mayor potencia económica europea, ¿qué hubiéramos tenido que hacer los que vamos muy detrás de ella?

Aunque de poco sirve llorar sobre la leche derramada, como dicen los norteamericanos, y la pregunta del momento es: ¿estamos todavía a tiempo de hacerlo? Pienso que sí. Y no solo porque en este mundo todo tiene arreglo menos la muerte, que en este caso sería despeñarnos por el camino que vamos, sino también porque los españoles hemos pasado por pruebas tan duras o más. Pero para ello necesitamos aceptar la realidad. Y la realidad es que el Estado del bienestar no es una fórmula mágica para crear riqueza de la nada. La riqueza hay que trabajarla, y lo primero que tendrá que hacer el nuevo Gobierno será separar los gastos imprescindibles de los que podríamos llamar suntuarios. Imprescindibles son la sanidad, el fomento del empleo y la educación, único modo de que seamos competitivos. Todo el resto es prescindible, al menos en los tiempos de crisis que atravesamos. Quiere ello decir que no todas las ciudades españolas podrán tener tren AVE, ni aeropuerto, ni palacio de congresos, ni museo diseñado por un arquitecto famoso, ni festival de cine internacional ni premio literario de campanillas, y los españoles tendremos que prescindir de los «puentes», «acueductos», «moscosos» y otras canonjías que hemos ido acumulando en estos años de vacas gordas, pero que no tienen razón ni sentido en los de vacas flacas actuales. Por no hablar ya de las ínfulas de Estado que se dan ciertas autonomías, imitadas paletamente por las restantes. Por ahí se han ido en los últimos años ríos de dinero, y por ahí habrá que cortar, para sostener el Estado del bienestar sobre bases firmes y mantenerlo en sus justos límites.

¿Seremos capaces? Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que, de no hacerlo, de seguir como hasta ahora, nos vamos de cabeza a lo que temían nuestros abuelos: a África.

Estamos ante unas elecciones generales a finales de la próxima semana y parece un buen momento para volver a pensar en nuestra querida España, sacudida desde siempre por patriotismos falsos y retóricos, lejos del auténtico patriotismo y por desprecios y calumnias de sus enemigos interiores. El respeto exterior es, por el contrario, cada vez más amplio y extendido.

El patriotismo es una virtud que debe adornar a los buenos ciudadanos, aunque conviene pensar de qué estamos hablando cuando lo reivindicamos como un rasgo indisolublemente unido a la ciudadanía. Se debe descartar el patriotismo rancio y sentimental característico del pensamiento conservador y reaccionario español y también el patriotismo selectivo de un fragmento de Estado, como el que defienden en Cataluña y en el País Vasco los nacionalistas radicales, que no aceptan la idea de una España fundidora e integradora. La historia nos ha mostrado en esa materia otros horrores derivados de los fascismos y del nazismo, en forma de patriotismos de pureza de raza, de integrismo religioso o de raíz militarista. Muchos crímenes y muchas agresiones se han cometido en su nombre. Ese patriotismo de nación o de partido también ha aparecido en los regímenes comunistas como patriotismo del partido único “vanguardia del proletariado”.

Después de la Segunda Guerra Mundial y de los atroces daños producidos por los patriotismos de la unidad total, de la raza, de la nación y de la clase, se impulsó una nueva línea que podíamos identificar como patriotismo democrático imaginado por Elzenberger y consolidado por Habermas. Es un patriotismo que arraiga con la Constitución y con el Estado de derecho, deriva de la racionalidad de la libertad y de la igualdad y tiene como fin el progreso solidario y el desarrollo integral de las personas. Solo cabe hoy abrazar ese modelo de patriotismo, el único compatible con el sistema institucional en que vive España, y en general el mundo occidental. Desde esa atalaya se contempla cómodamente nuestro país y se alcanzan conclusiones positivas para “ese proyecto sugestivo de vida en común” que soñó Ortega y Gasset.

Hay un precedente de este modelo en el patriotismo de los socialistas y republicanos españoles en la Segunda República, vinculado a los ideales de justicia, de libertad y de igualdad que plasmaron en la Constitución de 1931. Cuando el exilio obligó a muchos a prescindir de su presencia en España, trasladaron su patriotismo intacto a los países que les acogieron. Leer los escritos de recuerdo de España, todavía hoy, resulta emocionante en Azaña, en Prieto, en Largo Caballero, en Negrín y especialmente en el Salve España que Fernando de los Ríos lanzó en su conferencia en el Centro Pablo Iglesias en 1945. Nostalgia, razón y sentimiento se mezclaban con una grandeza llena de afecto y emoción.

Desde que en 1572 Jean Bodin escribió los Seis libros de la República y construyó el concepto de soberanía como “pouvoir absolu et perpetuel d’une Republique”, para justificar “el monopolio en el uso de la fuerza legítima” del naciente Estado absoluto y en concreto de la monarquía francesa, es decir, en España a partir de Felipe II, a finales del XVI, solo ha habido dos soberanos: el Rey y la Nación. El primero en la monarquía absoluta y el segundo desde los orígenes del Estado liberal. La soberanía nacional, expresa la soberanía de la nación española como unidad. En la terminología más moderna se suele hablar de soberanía popular o simplemente de soberanía, aunque en la Constitución de 1978 en su artículo 1-2 se mantiene la terminología clásica: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. La misma idea se repite antes en el art. 1-1 cuando se afirma que “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho”, lo que la sitúa en el poder constituyente y en la norma fundante básica, como poder supremo.

El mensaje nítido y tajante es que las demás naciones que se pueden encontrar en el territorio español son naciones culturales, porque tienen una lengua y una cultura además de la común y propia de todos los españoles. Es la lengua que hablan castellanos, leoneses, y aragoneses y todas las regiones como Andalucía o Extremadura que proceden de Castilla y León o de Aragón. Las conclusiones que se obtienen de estas constataciones son evidentes. Ningún fragmento de Estado, como diría Jellinek, ha sido nunca soberano, y esa unidad no se puede romper, como ha ocurrido con Estados de Europa del Este, mucho más recientes que apenas tenían medio siglo. El caso más visible ha sido la división en varios Estados de la antigua Yugoslavia. En nuestro caso ni la Unión Europea lo consentiría, ni los partidos políticos españoles lo permitirían ni tampoco las instituciones. Sigue habiendo sueños separatistas en Euskadi y en Cataluña, pero no solo son imposibles, sino que también son minoritarios.

La crisis profunda que sufre Europa y España en empleo, en crecimiento sostenible y también en ilusión colectiva solo se soluciona desde la unidad del patriotismo constitucional y desde el acierto en la búsqueda de las soluciones. Hace falta constancia tesón, sudor y lágrimas, buenas ideas, mucha ilusión, mucho trabajo y que los ciudadanos comprendan que hay que ayudar sobre todo a los más pobres. Al final del túnel aparecerá la luz y saldremos del bache. España y los españoles recuperaremos la unidad y redoblaremos los esfuerzos para defender nuestra imagen y nuestra creatividad. Eso espero, eso deseo y por eso pienso que todo se superará, aunque dejaremos tristezas y sufrimientos por el camino.

No va a ser fácil defender un pacto fiscal basado en el concierto económico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Cataluña la titularidad y recaudación de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gestión porque no sitúa estas competencias en la jurisdicción adecuada. En general, las jurisdicciones centrales están en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categoría y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribución de impuestos no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales.

La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deberían ser también los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se vería obligada a asumir la titularidad y recaudación de impuestos que van más allá de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se vería liberado de esta responsabilidad.

En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias debería permitir que cada jurisdicción dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiación pautada es mucho más difícil. La estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.

Si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ,¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.

Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica funcione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno español, reclamando para sí todas las bases fiscales devengadas en Cataluña.

Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para financiar servicios públicos. Los recursos de los que finalmente dispondría la Generalitat dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución Española (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera a Cataluña más recursos que los generados por el sistema de régimen común.

La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se, sino del particular diseño de la transferencia que, en mi opinión, es incorrecto. En su Disposición Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios económicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las de régimen común no ha despertado demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podría ser contestada.

Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español debería ser territorialmente equitativa.

Si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan debería girar alrededor de los siguientes tres ejes:

El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descentralización desde un Estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El árbitro del proceso debería ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. La reforma del Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.

El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pero es complejo y oscuro. Adopta la retórica del Estatuto catalán, pero no la sustancia. El modelo de financiación debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero también por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.

El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.

De los tres, este es el eje más difícil de este pacto fiscal alternativo. Pero quizás ahora sea el momento adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?

Aumentan los indicios de que el régimen que inauguró la Transición pierde capacidad operativa, y con ello, legitimidad, para resolver los problemas que se han ido acumulando. Se precisa de una reforma radical -desde muy diferentes intereses y puntos de vista se ha hablado incluso de una Segunda Transición- que, sin embargo, parece altamente inverosímil que las fuerzas políticas establecidas lleven a cabo.

La crisis mundial puede estar abriendo un nuevo ciclo en nuestra historia contemporánea. Recordemos que desde la invasión napoleónica hemos tenido cuatro. La Primera Restauración, de carácter absolutista, dura de 1814 a 1833 y, como en 1975, acaba con la muerte de la persona que encarna todo el poder del Estado. El segundo ciclo, este ya liberal, aunque muy debilitado por las guerras carlistas, persiste hasta septiembre de 1868 en que Isabel II tiene que salir de España. Sigue una etapa de tanteo e incertidumbre que no logra consolidarse en monarquía constitucional ni en república. Un tercer ciclo liberal, hasta ahora el más largo, se extiende desde la Segunda Restauración en 1875 a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Curiosamente, el Desastre de 1898 no puso en cuestión al régimen, por lo menos a corto plazo, aunque facilitó que emergiese la todavía no resuelta “cuestión catalana”.

Desde 1917 se multiplican las señales de que la Segunda Restauración perecería si no lograba reformarse. La I Guerra Mundial fue el factor determinante para que se planteara este dilema, tanto por el crecimiento económico que los dos primeros años de guerra trajeron consigo, como por la grave crisis social que desencadenó el final. El desmoronamiento de los imperios alemán, austriaco y, sobre todo, el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, influyeron de manera decisiva sobre el movimiento obrero europeo; también en España la crisis se sintió con fuerza, donde el régimen liberal alfonsino había impedido la integración social y política de las clases trabajadoras. Después de un largo interregno (1923-1936) en el que tampoco pudo consolidarse la monarquía parlamentaria ni la república, en 1936 empieza un cuarto ciclo autoritario que llega hasta 1975. Se destaca por la estabilidad, debida tanto a la brutal represión de los 20 años posteriores a la Guerra Civil, como al rápido crecimiento económico a partir de los sesenta que transformó España en una moderna sociedad industrial.

Un hecho altamente significativo resalta en esta historia: en los regímenes que mostraron mayor estabilidad, el fernandino (1814-1833), el alfonsino (1875-1923) y el franquista (1936-1976), incluso en el mucho menos estable primer liberalismo (1833-1868), el poder estuvo al servicio de las clases superiores, aunque, obviamente, la evolución socioeconómica llevase consigo una distinta composición tanto de las clases dominantes (latifundistas, industriales, financieras) como de las trabajadoras (ocupadas en el campo, en la industria, en servicios) con un crecimiento lento, pero continuo de los sectores medios.

No es exagerado decir que en España siempre ha gobernado la derecha, hasta el punto de que los partidos de esta tendencia piensan que casi es un derecho natural. Cuando no se respeta la “mayoría natural”, de la que hablaba Fraga, más bien pronto que tarde, se desemboca en la catástrofe. Solo causas excepcionales, como la permanencia de algunos rescoldos del franquismo, llevaron a los socialistas al poder en 1982, o el brutal atentado del 11 de marzo permitió a Zapatero ganar las elecciones contra todo pronóstico y lógica. Sin ello no se entendería que la derecha hubiera quedado en minoría ante una izquierda que, al cuestionar el orden natural, no produciría más que incertidumbre e inestabilidad. Este último año el PP ha vuelto con especial vigor a este discurso: para salvar todas las dificultades, incluida la crisis, basta con que las aguas vuelvan a su cauce natural y gobierne la derecha.

Se amontonan los indicios de que elementos básicos del régimen actual no casan, o simplemente no funcionan, y no cabe descartar que a medio plazo el ciclo llegue a su final. Las señales son tan conocidas, que basta con mencionarlas. La más palpable es el distanciamiento creciente de los ciudadanos, no de la política, sino de los políticos. Nos vamos acercando peligrosamente al sistema de partidos, caciquismo y corrupción, que ya hundió la Segunda Restauración. En la Transición hubo que improvisar a partir de la nada los partidos de la derecha gobernante, y casi de la nada a los de izquierda, con la sola excepción del Partido Comunista que contaba con una cierta presencia en Madrid y Barcelona, pero también casi inexistente en la España rural y provinciana. Para garantizar la mayoría absoluta al partido gubernamental recurrió a una ley electoral muy injusta con los partidos de ámbito nacional que quedasen en tercer y sucesivos lugares; de hecho se implantó un bipartidismo que en algunos aspectos recuerda al que operó en la Segunda Restauración. A ello se suma la financiación pública de partidos, sindicatos, patronales, y organizaciones sociales de todo tipo, de modo que la “sociedad civil” queda reducida, como decía Aranguren, a la “sociedad mercantil”, es decir, a las empresas y sus fundaciones.

Los nacionalismos periféricos empiezan a arreciar al comenzar el siglo XX. La Mancomunidad de Cataluña se establece en abril de 1914 y la dictadura de Primo de Rivera la suprime. Sobre un Estado unitario que mantiene la provincia y sus diputaciones intactas, la Constitución de 1978 levanta las autonomías, una forma muy especial de descentralización administrativa a las que se otorga poder ejecutivo y legislativo. Con la esperanza de acabar con ETA, se establece el concierto económico en el País Vasco y Navarra -luego dicen que no se paga a la violencia terrorista- sin caer en la cuenta de que comporta una dinámica confederal que a medio plazo amenaza con la desmembración del Estado. La crisis ha puesto de manifiesto los costos impagables de la organización territorial que nos hemos dado; incluso los defensores a ultranza de las bondades de nuestra Constitución terminarán por reconocerlo. Ahora bien, cualquier modificación drástica de las autonomías, y no digamos su supresión, traería consigo el final del régimen. Creo que nos encontramos en un momento comparable al que vivió a partir de 1917 la Segunda Restauración. Ante los enormes retos a los que nos enfrentamos -estos sí, bien visibles- es difícil predecir la fuerza que puedan desarrollar los sectores sociales más críticos. En todo caso, los defensores del régimen seguirán ensalzando una Transición que permitió pasar de la dictadura a la democracia “desde la legalidad a la legalidad”, reclamando volver al “espíritu de consenso”, que habría dado tan buenos frutos.

Empero, no toman en consideración dos cuestiones claves. La primera, que el milagro español resultó de tener el reformismo franquista la sartén por el mango y no poder aspirar los vencidos, bajo la mirada vigilante de un Ejército franquista, más que a ser tolerados en un régimen de libertades, que desde la situación de que partimos no era moco de pavo. A ello se sumaba el temor de uno y otro bando de enfrentarse en una nueva guerra civil, tragedia que a toda costa había que impedir, este sí un consenso en el que todos participamos.

Tampoco se toma en cuenta que aquellos barros trajeron estos lodos. La Transición se hizo desde el poder, con los mínimos cambios posibles -únicamente se suprimieron las estructuras directas del Movimiento, prensa, sindicatos verticales, cuyo personal se reintegró en el sector público- manteniendo intocadas todas las demás estructuras del Estado. Una buena parte de los problemas que hoy tenemos en la Universidad, en la judicatura, en las Administraciones centrales y autonómicas, provienen de que hayan permanecido con pocas modificaciones, que en muchos casos solo han servido para empeorarlas.

Desde hace más de un decenio los hijos, y sobre todo los nietos, de la generación que hizo la Transición han hecho público su desacuerdo con el régimen. El distanciamiento, y ahora la protesta en la calle, han ido en rápido aumento. Si a ello añadimos el calado y la duración previsible de la crisis -se ha desplomado nuestro sistema productivo, cayendo en picado la productividad y el empleo, sin que se divise el que lo pueda sustituir ni el tiempo que requiere su instalación- no me parece un disparate prever a medio plazo el final del ciclo.

Produce una cierta satisfacción comprobar que aquello que algunos venimos escribiendo desde hace años acerca del rumbo errático de nuestro Estado de las autonomías se empieza a convertir en lenguaje “políticamente correcto. Así, por ejemplo, vemos cómo el candidato socialista advierte ahora que se ha roto la unidad de mercado, que existen duplicidades entre las administraciones, que la gestión sanitaria o la educativa exige correcciones, que el despilfarro autonómico no hay Estado que lo resista, que el urbanismo descentralizado ha llevado al saqueo del paisaje … Es decir todo aquello que sabemos quienes éramos tildados, desde las tribunas oficiales, de retrógrados sin remedio y lo hemos denunciado en libros y conferencias con abundancia de razonamientos y de verbigracias. Ya no se oye aquella cantinela según la cual el Estado autonómico funciona razonablemente bien, que era la consigna propalada sin descanso por los altavoces de ese cansino progresismo tan fingido como vacuo.

En esta posición revisionista se aloja estos días la polémica acerca de la devolución de competencias al Estado por parte de algunas comunidades autónomas. También en esto nos acabamos de caer del nido porque ha sido de ver la carrera hasta ahora desenfrenada que se había entablado entre los dirigentes de las comunidades autónomas para acumular competencias, sin pararse a pensar si venían o no a cuento o si era posible financiarlas y gestionarlas. Incluso existe circulando por algún Estatuto de autonomía una cláusula ideada por un político -hoy en desgracia- que reivindicaba para sí todo aquello que obtuviera su vecino. Una actitud cuyo tierno infantilismo -practicado por persona ya en sazón- admira y desarma a un tiempo.

Lo cierto es que caemos ahora en la cuenta de que devolver las competencias que esta o aquella comunidad autónoma ostenta sería una solución para los desatinos y destrozos producidos. Adviértase que no es el Estado el que está demandando que se le devuelva «el rosario de mi madre», como cantaba María Dolores Pradera, sino que son las mismas administraciones autonómicas las que están dispuestas a remitir por correo certificado a Madrid la engorrosa encomienda de la que un día -alegre y de feliz inconsciencia- se hicieron cargo. Cosa distinta es la recuperación por el Estado de competencias en la cuenca del Guadalquivir por aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional (30/2011 de 16 de marzo).

Todo parece indicar que se nos ha roto el ánfora donde guardábamos las esencias de las bondades autonómicas.

El problema que se plantea es el de si la devolución en estos términos es posible según nuestro ordenamiento constitucional.

Veamos. «Las competencias son irrenunciables e indisponibles por imperativo constitucional», ha repetido en varias ocasiones el Tribunal Constitucional (así, por ejemplo, entre las primeras sentencias, puede verse la número 26/1982, de 24 de mayo y, entre las últimas, la número 247/2007, de 12 de diciembre). Se trata, en efecto, de un principio obvio: las competencias atribuidas por la Constitución y asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía deben ejercerse precisamente por ellas. Estamos ante un elemental cumplimiento de la distribución del poder que nos es propio y una consecuencia que podemos encajar en el principio jurídico de la responsabilidad pública y que desde antiguo obliga a todas las instituciones. Lo mismo ocurre en el ámbito judicial donde rige la regla non liquet, que implica que «los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan» (art. 1.7 Código civil). En el ámbito de la Administración Pública, de igual modo, las leyes nos enseñan que las competencias son irrenunciables y deben ejercerse por el órgano que las tenga atribuidas como propias (artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común). Conclusión: la Administración autonómica ha de ejercer las competencias que tiene encomendadas y para las que cuenta con los medios que ha concretado con la Administración estatal en los reales decretos de traspasos.

Por consiguiente, resulta imposible la devolución unilateral por una comunidad autónoma de una competencia a la Administración estatal. Y si a la irresponsabilidad de dejación del ejercicio de competencias llegara alguna comunidad autónoma, la Constitución prevé las consecuencias: el Gobierno de la Nación ha de requerir al presidente autonómico para que observe la legalidad vigente y, ante la desatención del mismo y tras la aprobación por el Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento forzoso de sus obligaciones (art. 155 CE).

Importa añadir, para cerrar el razonamiento, que tampoco es posible que una Administración autonómica suscriba con la Administración del Estado un convenio para la devolución de sus competencias. Ello también supondría un incumplimiento de la ley pues el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de declarar que un convenio «no puede servir para que el Estado recupere competencias en sectores de actividad descentralizados por completo … ni tampoco es admisible, como se dijo en la STC 95/1986, fj 5º, que merced a dicho convenio, la Comunidad autónoma ‘haya podido renunciar a unas competencias que son indisponibles por imperativo constitucional y estatutario’» (STC 13/1992, de 6 de febrero).

En consecuencia, será necesario, para alterar el esquema de distribución de competencias, acudir a otros mecanismos legales. Uno sería la aprobación de una ley de armonización prevista en el artículo 150.3 CE; otro, la reforma estatutaria.

Y menos mal, amable lector, que todo esto es así y que existen sólidos principios jurídicos que sirven para ahormar el ejercicio del poder por parte de los órganos que lo tienen constitucionalmente atribuido.

pues no nos faltaba más que el retorno de funciones al Estado se hiciera de la manera fragmentaria, descabalada y a golpe de matutinas ocurrencias de los gobernantes de las comunidades autónomas. Es decir, que diéramos la vuelta al calcetín con el mismo desorden y el mismo atolondramiento con el que hemos estado despiezando el Estado.

Porque recordemos que en 2004 se inició por el Gobierno el banquete de las reformas estatutarias sin un acuerdo previo de los comensales, movido aquél exclusivamente por exigencias coyunturales de apoyos políticos. Y ello dio lugar a un festín en el que cada comunidad autónoma se tomaba el trozo de pastel que le petaba sin prestar la menor atención a sus vecinos de mesa. Que una comunidad autónoma quiera arreglarse su asunto de la manera que le resulte más rentable políticamente es lógico y forma parte de las humanas ambiciones y del cabildeo político local. Ahora bien, que esa actitud se respalde por quienes representan al Estado en su conjunto es una manifestación de ligereza y de culpable irreflexión cuyo exacto alcance estamos ahora conociendo.

Rectificar el rumbo vagabundo de nuestro Estado de las autonomías es necesario y urgente. Pero procede hacerlo con orden y no a base de repentes y de premuras. ¿Qué tal si imitamos a los alemanes, quienes en este comienzo de siglo han ultimado una reforma bastante completa del conjunto de su modelo federal? Podríamos acoger esa experiencia como luminar de nuestra acción y dejar la originalidad de pensamiento y los temblores creativos para nuestras aventuras intelectuales y artísticas.

De adolescente me enseñaron que dos fuerzas opuestas actuaban sobre un cuerpo en movimiento circular. Pero los físicos actuales tienden a considerar que la fuerza centrífuga no es tal, sino una reacción a la centrípeta, que es, por lo tanto, la única auténtica. Muchos políticos actuales siguen hoy anclados en la antigua y desfasada explicación.

Recientemente, varios presidentes de comunidades autónomas han hecho manifestaciones públicas de su deseo de devolver al Estado algunas de las competencias transferidas. Como es de rigor, la más estentórea ha sido la señora Esperanza Aguirre, que considera que la Administración de justicia debería ser la primera, pero no la única, en hacer el camino de vuelta hacia lo que según ella es su hábitat natural. Ni con un sustancial aumento en su presupuesto la justicia madrileña ha ganado en eficiencia por lo que mejor dejar sus riendas en manos del Gobierno central. La postura de su colega murciano es similar, pero se sustenta sobre un argumento distinto. Según sus palabras, quiere devolver las competencias sobre educación con la esperanza de ser seguido por las otras autonomías y así evitar que en otros lugares de España, donde no gusta esta condición, se enseñe una historia que no tiene nada que ver con España.

Esta confianza de que con matar al mensajero se resuelve el problema equivale a creer que la fuerza centrípeta puede anular por completo a la centrífuga. Craso error. La física moderna mantiene que esta última no es sino un reflejo, un eco, de la primera. Cuanto más fuerte es esta, más lo es su respuesta. Quienes no gustan de la condición de formar parte de España no solo no cambiarán de opinión con una devolución de las competencias de educación a un Gobierno uniformizador que imponga una determinada manera de explicar la historia, sino que extremarán su diferente interpretación de los acontecimientos pretéritos. Error similar cometen quienes claman por la ilegalización de Bildu. De hacerles caso, lo único que conseguirían es que se incrementara el número de simpatizantes de dicha formación y la identificación con su ideología. Como les ocurre a las meigas, haber independentistas, haylos. Y encontrarían la manera de expresar sus preferencias por medios alternativos a las urnas, no siempre de guante blanco.

Claro está que una manera no de anular, sino de disimular, la fuerza centrífuga consiste en apoyarse en la mayoría, después de haber definido el conjunto que tiene derecho a opinar de tal manera que la victoria esté asegurada. Eso sí, todo dentro de la más pura formalidad democrática. Si el Parlamento cree que se ha ido demasiado lejos en la descentralización y que conviene un reflujo, café para todos y santas pascuas. Y si considera que es un delito de sedición reivindicar el derecho a la autodeterminación, determinados partidos que alientan la independencia de sus territorios deberán ser ilegalizados. Además, siempre queda como último recurso, dentro del más puro espíritu democrático, cambiar la ley electoral de tal manera que el Parlamento esté dominado por quienes comulgan con estas dos ideas. Y si ninguno de estos mecanismos funcionara, basta con aplicar la receta del duque de la Victoria, el general Espartero, como se nos ha recordado recientemente.

Dos son las razones que han hecho rechinar los mecanismos del modelo autonómico. La primera, sin duda, es la inexperiencia como administradores de muchos de quienes súbitamente han tenido en sus manos las riendas de las comunidades en que se fraccionó el Estado centralizado. Ello ha sido especialmente cierto en las artificialmente creadas y por ello con nula tradición de autogobierno. En escaso tiempo crearon una burocracia poco profesionalizada, tintada de nepotismo y amiguismo. Ello ha provocado despilfarros e ineficiencias en el uso de los recursos. La segunda tiene que ver con el perverso sistema de financiación aplicado a las competencias traspasadas. Perverso porque conlleva que unos recauden y otros gasten con los efectos que son fáciles de imaginar y que la actual crisis ha magnificado. Perverso porque el cálculo del coste de los servicios no se ha revisado con los cambios de escenarios que la demografía, el progreso tecnológico y el aumento del nivel de vida han provocado.

Por ello, creo que antes de pensar en desandar el camino y devolver competencias, habría que revisar a fondo y con valentía el modelo de financiación. No introduciendo meros parches cosméticos, como se ha hecho en el pasado, que se han limitado a retocar los coeficientes de participación en los impuestos estatales en un cansino juego de escasos resultados. Cada palo ha de aguantar su vela y no como ahora, donde la confusión de responsabilidades es demencial. Esperemos que quien salga victorioso en la próxima contienda electoral tenga la valentía de encarar las raíces del problema y no opte por el cómodo repliegue que preconizan algunos presidentes autonómicos.

Hace algo menos de dos meses, se produjo en el Congreso un intercambio dialéctico muy revelador. Estuvo protagonizado por el presidente del Gobierno y el portavoz de ERC, a cuento de una serie de medidas que el nacionalista tachaba de recentralizadoras. En su respuesta, Zapatero le dijo que “la España plural, es plural… pero España”. De una forma oblicua y tardía, intentaba paliar las consecuencias de un debate territorial abierto sin tener en cuenta el objetivo, y buscando aliados poco compatibles con el Estado definido en la Constitución.

Aunque el desconcierto autonómico sea un legado eclipsado por la herencia económica, es evidente que estamos ante una de las asignaturas que el Gobierno saliente deja pendientes. La causa hay que buscarla en el pertinaz error de transformar lo que debiera formar parte de la macropolítica española, en un exponente más de la micropolítica partidaria. La apertura de determinados debates autonómicos no respondió a una necesidad objetiva, sino a una estrategia con la que los socialistas aspiraban a aislar al PP. En términos futbolísticos, Zapatero quería adelantar las líneas para dejar a sus adversarios en fuera de juego. No lo logró, pero sí dejó en el subconsciente político una idea muy nociva que es prioritario corregir: la asociación de autonomismo y descoordinación. De acuerdo con esta equivalencia, el compromiso autonómico no se demostraría con la buena gestión de las competencias o el impulso a una participación más activa de las autonomías en las tareas comunes, sino en un alejamiento progresivo del Estado. Esa anomalía se ha trasladado al lenguaje corriente, como se aprecia en las referencias a la relación de tal o cual comunidad “con” el Estado. ¿Acaso son realidades diferentes?

Semejante visión favorece tanto a la concepción nacionalista de la España autonómica, como al sentimiento nostálgico de una nación centralizada. Para la primera, el Estado es un enemigo al acecho al que hay que mantener a raya. Para la segunda, las autonomías son realidades disolventes de las que es preciso desconfiar. Sin embargo, ambas tendencias son minoritarias en el conjunto de una sociedad española que ve compatible su sentimiento de unidad, con el deseo de pertenencia a una comunidad concreta. El reto consiste en recuperar la máxima de la Transición, y elevar a la categoría de políticamente normal, lo que ya es normal en gran parte de España.

Galicia es un apreciable ejemplo de esa normalidad. Es una nacionalidad histórica con indiscutible identidad, que nunca ha entendido el galleguismo como coartada separadora. Nuestro autonomismo se ha enfocado en una doble dirección: la gestión adecuada de nuestras competencias y la aspiración a participar activamente en todas las políticas de Estado. La idea de que Galicia es Estado, que una comunidad es España, es la política autonómica del PP, que interpreta un sentir generalizado de la sociedad. Cuando se está en vísperas de un cambio de Gobierno, suele decirse que el gran reto territorial de los nuevos gobernantes es satisfacer las demandas de determinadas autonomías. No será el presidente de la Xunta quien niegue la importancia de que estas comunidades se sientan a gusto en la casa común. Sin embargo sería un error reducir a esta cuestión los desafíos futuros de la España de las autonomías. La política autonómica de Rajoy aspira a pasar de la micropolítica practicada por Zapatero, a la macropolítica que se necesita. El objetivo ha de ser mucho más ambicioso.

La siguiente etapa se resume en una palabra: cooperación. No tiene sentido que prediquemos constantemente que la solución para los problemas europeos estriba en la concentración de esfuerzos, mientras que aquí se defiende la dispersión. No es congruente que aquí la conferencia de presidentes se convierte en algo exótico, y las conferencias sectoriales en encuentros poco operativos. Es urgente cambiar ese paradigma al que me refería antes. Autonomismo y cooperación han de ser sinónimos. Autonomismo y descoordinación han de convertirse en términos antagónicos. La poco meditada política autonómica anterior condujo a esa apresurada aclaración de Zapatero que recordábamos al principio. Él y su Gobierno promovieron equívocos y frustraciones que se hace imprescindible corregir. El Estado de las autonomías es también un Estado “con” las autonomías. Si corregimos el rumbo, la España autonómica seguirá siendo uno de los grandes hallazgos de nuestra democracia.

En las últimas décadas el mundo ha cambiado, aunque no tanto como para que la historia haya llegado a su fin. En Europa, los Estados-nación no han conseguido adaptarse al nuevo contexto de mundialización ni han sido consecuentes con la construcción de una entidad supranacional.

El Estado no ha existido siempre. Engels y la tradición marxista ligan su aparición al momento en que la sociedad se divide en clases con intereses enfrentados. El propio colaborador de Marx escribió que la versión más elevada del Estado es la democracia burguesa en la que la riqueza ejerce su poder bajo la forma de alianza entre el Gobierno y la Bolsa. En 1884 hizo un análisis que compartirían hoy los indignados: “Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad cuanto más crecen las deudas del Estado y más van concentrando en sus manos las sociedades por acciones, haciendo de la Bolsa su centro”.

Es cierto que no todos los autores socialistas mantuvieron la tesis de que el Estado es necesariamente un instrumento de opresión. Ya Kautsky, del que renegaron los defensores de la dictadura del proletariado, mantuvo que la democracia puede conseguir que el Estado sirva al interés general.

La historia parece dar la razón a Kautsky y a la tradición del socialismo democrático y demuestra que han existido diferentes modelos de Estado, unos opresores de los individuos y otros garantes de sus derechos y libertades. Eso sí, desde el primer momento su nacimiento se acompañó de la aparición de los impuestos. Sea para sostener las instituciones coercitivas y la burocracia, o para redistribuir la riqueza y contribuir al interés general, el Estado ha precisado siempre de las contribuciones de los ciudadanos.

Tras la II Guerra Mundial, los Estados-nación de buena parte de los países occidentales administraron durante más de tres décadas recursos sin precedentes y se convirtieron en Estados providencia que garantizaban la seguridad y la tranquilidad desde la cuna hasta la tumba. Los Estados de bienestar cumplían una función preventiva contra la depresión económica y sus corolarios políticos extremos: el fascismo y el comunismo.

Sin embargo, en los ochenta, desde poco antes de hacerse evidente la derrota del comunismo, se desató en Occidente una campaña de desprestigio del Estado. Esa campaña se recrudeció con la caída del muro de Berlín y se pretendió enterrar al Estado junto con sus cascotes al presentarle como causante de la ineficacia económica y lastre para el progreso. Las consignas son bien conocidas: “Cuanto menos Estado, mejor”; “cuanto menos regulación, mejor”; “cuanto menos impuestos, mejor”. Son versiones nuevas del antiguo lema liberal “dejad hacer, dejad pasar, que el mundo gira por sí solo”. Triunfó la idea de que no había alternativa al capitalismo liberal, cada vez más puro y duro. El vendaval ideológico fue de tal magnitud que una buena parte de la izquierda, en una muestra de pérdida de la hegemonía ideológica, abrazó esos postulados.

Ello hace necesario reafirmar algo que debería ser evidente: no hay derechos ciudadanos sin la garantía de las instituciones estatales y no hay Estado sin impuestos. La Constitución Española está impregnada de este principio.

Es cierto que la necesidad de Estado para asegurar derechos de los individuos no justifica cualquier dimensión del Estado. La cuestión no es tanto de tamaño, que haya más o menos Estado, sino de eficacia.

Es verdad también que la tributación de las clases intermedias se tiene que implementar con su apoyo, facilitando también su acceso a los servicios ofrecidos y desplegando la necesaria pedagogía para que comprendan que el interés colectivo coincide con su interés específico.

Los Estados de bienestar europeos que aportaron estabilidad política y un gran éxito económico demuestran que ambas cosas son posibles. Pero aquella experiencia se construyó sobre otro mundo. Los Estados-nación han ido retrocediendo ante el avance de la economía global. Los partidos socialistas y los sindicatos de clase entonan La Internacional pero siguen actuando dentro de los estrechos límites de sus Estados, cuyos Gobiernos cada vez tienen menos capacidad de maniobra.

El eurocentrismo hace tiempo que terminó, por mucho que Europa siga siendo la región del planeta en la que hay más bienestar. Pero esa situación privilegiada se ve amenazada si no se hacen bien los deberes, sobre todo en relación a la materia prima que es hoy más importante. En este momento la materia prima más importante es la materia gris: el conocimiento, la inteligencia. Solo mejorando el capital humano podemos los europeos hacer cosas nuevas, buenas y distintas que nos sitúen en posición de ventaja frente a Estados Unidos, Japón, China y los demás países ya emergidos en el nuevo mundo globalizado.

Las dificultades de adaptación del Estado a la nueva realidad global se plantean con acentos específicos en nuestro país. Desde 1977 hemos protagonizado una transformación del Estado rápida, profunda y exitosa. Hemos pasado de una dictadura a una democracia y, paralelamente, de un hipercentralismo a una gran descentralización. En un doble proceso paralelo, y aparentemente contradictorio, en España hemos desarrollado el Estado de las Autonomías, descentralizando hacia abajo, y a la vez hemos cedido poder político hacia arriba, transfiriendo a Europa decisiones políticas que siempre se relacionaron con la soberanía nacional.

Para otras opciones, el debilitamiento del Estado puede ser un asunto menor, incluso deseable. Para los socialdemócratas el papel del Estado es fundamental para conseguir una sociedad que combine “la mayor igualdad posible con la mayor libertad posible”. Así pues, necesitamos de instituciones democráticas poderosas para desarrollar nuestra política, pero el Estado se ha ido vaciando de potencia en favor de instituciones autonómicas descentralizadas y en provecho de instituciones europeas poco democráticas. ¿Cómo resolver ese dilema?

A mi juicio, no es posible lograrlo en solitario. No es posible “construir la socialdemocracia” en un solo país, menos aún si ese país está tan descentralizado como España. Pero tampoco en los demás Estados-nación, porque ninguno alcanzan por sí solos a hacer frente con eficacia a los retos de la globalización.

La respuesta está en articular coherentemente la “unidad en la diversidad” que inspira a la UE. Es preciso articular unos Estados Unidos de Europa con instituciones plenamente democráticas y capaces de actuar con peso en el mundo globalizado. Es cierto que esa empresa tropieza con un obstáculo poderoso: los nacionalismos que frenan cualquier esfuerzo federal dentro de cada nación y en relación con el conjunto europeo. Y sin embargo ese es el desafío: democratizar plenamente los Estados de la Unión y, a la vez, el conjunto de la Unión, eliminando los déficits democráticos tan reiteradamente denunciados.

La otra cuestión crucial es que los Gobiernos democráticos y transparentes y el Gobierno europeo sean capaces de imponerse sobre los mercados ignotos y opacos. Que sean capaces de evitar que sea una mano invisible, que a nadie rinde cuentas, quien rija los destinos de la sociedad, sino los rostros conocidos, y elegidos, de los gobernantes democráticos.

Solo la actuación concertada de poderes públicos democráticos que sean representación efectiva de las mayorías permitirá afrontar la crisis sistémica. Que esto es posible lo muestra la historia del Estado moderno que, tras diversas etapas, devino en Estado de bienestar. Esta singular conquista de Europa es la que hoy está amenazada por la desvalorización de los débiles poderes públicos democráticos que alimenta la ideología populista de derechas.

España enfrenta un doble desafío: culminar el Estado autonómico, fomentando la unidad en la diversidad, y conseguir al tiempo la unidad europea preservando también su diversidad. No son procesos contradictorios. Los mismos que critican las autonomías son los que ven con recelo el traspaso de competencias en favor de Europa. El populismo de derechas aprovecha los estragos de la crisis y ha desatado una ofensiva en dos frentes: por un lado el enemigo es la burocracia de Bruselas, el euro, la Unidad Europea, que “despojan a España de soberanía”; por otro, las autonomías, que “debilitan a España y amenazan su unidad”.

Ahora está muy de moda entre ciertos políticos conservadores decir que sobran políticos… ¿Cuál será el paso siguiente? ¿Acaso sostener que sobra sin más la política y la democracia?

En las últimas décadas, el resurgimiento de un constitucionalismo teocrático, especialmente en el mundo islámico, que sitúa la religión en el corazón de la esfera pública y del debate político, ha coincidido con el desarrollo de un secularismo liberal beligerante que mira con escepticismo cualquier aproximación a una realidad trascendente y trata de relegar la religión al terreno de lo privado.

Para los constitucionalistas teocráticos, toda comunidad política tiene el derecho de abrazar una religión concreta, hasta el punto de considerarla incluso fuente legal de su propio ordenamiento jurídico. La comunidad política sería así una extensión de la comunidad religiosa, y el mismo derecho una destilación de la religión. De acuerdo con esta posición, el famoso muro jeffersoniano de separación entre la Iglesia y el Estado no pasaría de ser una ligera cortina de un vestuario de playa.

Para los secularistas liberales, la religión como tal no tiene, no debe tener, sustantividad propia, y el derecho a la libertad religiosa se trata más bien de una mera concreción de un derecho más general a la autonomía individual en cuestiones éticas. La religión como fenómeno cultural o social no es, en modo alguno, generador de valor público, por lo que debe quedar totalmente aislada del debate político. Como afirma Thomas Nagel en su último libro, la religión es una «cuestión temperamental». La religión puede ser tu problema, pero nunca nuestro problema. La libertad religiosa, entonces, en un estado tolerante secular de estas características, implicaría tan sólo el derecho a tener ese temperamento y el consiguiente deber, para los demás, de soportarlo como se soporta un mal olor de una habitación poco ventilada.

Los ecos de la reciente visita de Benedicto XVI a España y la presencia en nuestro país del famoso jurista judío Joseph Weiler, con ocasión de recibir mañana el doctorado honoris causa en la Universidad de Navarra, constituyen un buen acicate para abordar el tema de la libertad religiosa, sin miedos ni tapujos. Y hablar de libertad religiosa es hablar de religión.

Es hora, en mi opinión, de fijar un paradigma global de libertad religiosa, basado en la dignidad de la persona humana, compatible con los diversos modelos constitucionales y sobre la base de un desacuerdo generalizado en cuestiones religiosas, como es el que realmente existe en nuestro planeta. Porque, de la misma manera que no hay un ordenamiento jurídico ideal, tampoco existe un modelo constitucional perfecto para proteger la libertad religiosa. Cada modelo, como cada ordenamiento jurídico, es producto de la historia, la cultura, la tradición, el consenso público y, tantas veces, la propia religión. Pero si bien cada ordenamiento debe proteger la libertad religiosa de acuerdo con su propia identidad, no cabe duda de que existe un quid común a todos ellos, que justifica la abstracción.

El paradigma que voy a ofrecer sólo rechaza aquellos modelos constitucionales que promueven o toleran cualquier clase de fanatismo religioso o que desprecian la propia libertad religiosa, olvidando que se trata de una de las grandes aportaciones de Occidente a la Humanidad. En este sentido, es más abierto que el elaborado por el padre de la libertad religiosa, John Locke, que excluyó a los ateos por desconfianza y a los católicos por una cuestión de doble jurisdicción, o del recientemente propuesto por el filósofo estadounidense Ronald Dworkin, que ningunea la tradición monoteísta.

El modelo que ofrezco considera la libertad religiosa un patrimonio irrenunciable de toda comunidad pluralista y democrática, compuesta por creyentes y no creyentes. Pero parte de la idea, a diferencia del modelo de Dworkin, de que la religión como tal tiene una justificación intrínseca, es decir, se trata de un valor en sí mismo, de gran relevancia social. Esto es precisamente lo que permite que exista un derecho específico a la libertad religiosa.

En efecto, de la misma manera que no se puede regular adecuadamente el derecho a la vida partiendo de la base, aunque a veces sea cierta, de que vivir es la mayor fuente de males y desgracias sin mezcla de felicidad alguna, o el derecho al trabajo desde el presupuesto de que trabajar es el mejor modo de contribuir a la expansión del mal en el mundo, así tampoco se puede proteger ni regular la libertad religiosa partiendo de la presunción de que la religión es un producto obsoleto de sociedades ancestrales y cavernícolas o un fruto maligno de la superstición. Quienes piensen así, también han de tener cobijo bajo este derecho humano básico, pero esta aproximación conceptual no puede agotar el contenido mismo del derecho de libertad religiosa.

El paradigma que ofrezco está basado en tres argumentos, que son como tres reglas de juego. El primero se centra en la misma idea de religión; el segundo, en la idea de libertad; el tercero, en la idea de derecho. Los voy a formular en términos negativos porque el aspecto positivo de la libertad religiosa (búsqueda libérrima del sentido de lo transcendente) debe sustentarse sobre una base negativa (inmunidad de coacción).

Los tres argumentos son los siguientes: Primero, ningún sistema jurídico o modelo constitucional democrático puede proteger el derecho de libertad religiosa sin estar de alguna manera abierto a la transcendencia, reconociendo, al menos implícitamente, la posibilidad de la existencia de Dios, en el sentido abrahámico del término. No me estoy refiriendo aquí, por supuesto, a que Dios deba tener un estatus jurídico propio, ni a que las constituciones deban contener mención alguna a Dios (que decida el pueblo si procede o no), sino más bien al hecho de que el ordenamiento reconozca de alguna forma las consecuencias jurídicas implícitas en el hecho de que los ciudadanos sujetos a dicho ordenamiento puedan creer en Dios y puedan vivir, en privado o en comunidad, su propia religión. Así, la existencia de Dios vendría a ser un presupuesto social, y por tanto un presupuesto legal. Desde este presupuesto nació el mismo derecho a la libertad religiosa, y pienso que sigue siendo irrenunciable. En otras palabras, en una sociedad construida sobre la idea de que Dios no existe, no cabe, en mi opinión, un pleno respeto a la libertad religiosa.

Utilizando terminología cristiana diré que para poder «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», es necesario que el César reconozca al menos implícitamente la posibilidad de la existencia de Dios. Y hablo de Dios y no de dioses porque desde el punto de vista jurídico la identificabilidad de un Dios como fuente y fundamento de moralidad tiene mucha mayor relevancia que el reconocimiento de muchos dioses de difícil identificación, o el no reconocimiento de dios alguno. Por lo demás, me estoy refiriendo a un Dios, el de las religiones reveladas monoteístas, en el que cree más de la mitad de la población de la Tierra.

eL SEGUNDO argumento defiende que ningún ordenamiento jurídico o modelo constitucional puede proteger adecuadamente la libertad religiosa sin la existencia de una estructura dualista que garantice la autonomía necesaria tanto de la comunidad política como de las comunidades religiosas. Esta estructura se basa en la idea de que las comunidades políticas, en razón de sus fines, pueden ser cuasicompletas (Navarra, Galicia, por ejemplo), completas (España, Alemania) o incompletas (la Unión Europea o la comunidad global), pero las comunidades religiosas, al menos desde la perspectiva política, son siempre incompletas. La razón es que el fin de una comunidad religiosa no es la satisfacción de todas las necesidades humanas (o al menos de la mayor parte de ellas), sino tan sólo de aquellas de tipo espiritual o religioso. Este argumento limita sustancialmente la posibilidad de la existencia de las llamadas teocracias, pero no las excluye completamente, siempre y cuando se constituyan conforme a criterios y procedimientos democráticos y garanticen la libertad religiosa de todos los ciudadanos.

El tercer argumento es una consecuencia del anterior: ningún ordenamiento jurídico o modelo constitucional puede proteger adecuadamente la libertad religiosa sin el necesario poder para regular aquellas materias religiosas que afectan al orden público, o a los derechos de los ciudadanos, creyentes o no creyentes. Este argumento permite la colaboración entre la comunidades políticas y religiosas y protege a los ciudadanos de una comunidad pluralista de posibles contaminaciones religiosas en la esfera pública (la denominada freedom from religion).

Sin el reconocimiento teórico y práctico del derecho a la libertad religiosa, el Estado, cualquier Estado, por democrático que sea, se totaliza. La Historia nos muestra experiencias muy amargas. El problema es complejo. Pero tiene solución. Mejor dicho, soluciones. Todas ellas confluyen en la misma idea: En la Tierra, debe haber sitio para todos. También para Dios.

Ahora que se abre la campaña electoral surgen, cómo no, diversas propuestas e iniciativas de los partidos políticos. Una idea que ha venido ganando cierta simpatía en algunos sectores ha sido la posible supresión de las diputaciones. Es cierto que el régimen local español está necesitado de una profunda reforma, ya que los pilares que lo sustentan se muestran superados para afrontar las inmensas dificultades y complejos retos de los entes locales. Pero concluir que esa necesaria reforma debe conllevar la supresión de las diputaciones provinciales supone una de las más desafortunadas iniciativas.

Es hoy, en el periodo de mayor apuesta y despliegue de las diputaciones, cuando empiezan a alzarse voces cuestionando su necesidad en el sistema de ordenación territorial, por la emergencia de las comunidades autónomas y su dinámica expansionista en materia competencial. La supresión de las diputaciones en las comunidades autónomas uniprovinciales, el proyecto de sustitución por los consejos de veguerías en Cataluña y el giro en el pensamiento político, más preocupado ahora, con la crisis económica, en el control del gasto público y la eliminación de la duplicidad de servicios, abren ahora esta posibilidad.

Contribuye a reforzar dicha propuesta la extraña situación que hoy atraviesan las diputaciones, derivada de los siguientes factores con las consecuencias que se reseñan: sostenimiento de actividades y servicios del Estado y de las comunidades autónomas (desatención de servicios propios); permanente auxilio, con cesión de inmuebles y otros equipamientos, a éstas (despatrimonialización); exclusión de las políticas puestas en marcha por las comunidades autónomas (desprecio e ignorancia de las diputaciones); ausencia de participación en los ingresos de las comunidades autónomas (asfixia económica); realización de políticas sectarias respecto a los municipios (descrédito); desmesurados planes de subvenciones a colectivos y organizaciones sociales (establecimiento de redes de clientelismo).

Se concluye de lo anterior que las diputaciones no han sabido ocupar y defender el espacio por la legislación a ellas reservado, la atención a los municipios. El resultado ha sido la transformación de las diputaciones en unas entidades irreconocibles, casi esperpénticas. Recuperar su verdadera función como entidad supramunicipal, volcada en el apoyo a los municipios de menor capacidad, sería uno de los objetivos a lograr por la nueva Ley de Bases del Régimen Local.

Pero estos problemas, de exclusiva responsabilidad de los gestores políticos, no pueden concluir con la supresión de las diputaciones, cuyo arraigo y labor supera y se superpone a tan complicada realidad. Lo que cabe cuestionar no son las diputaciones, que como decimos deben corregir los problemas aludidos, sino los gestores que han dado lugar a esta situación. No es lícito dejar enfermar al perro para luego decir que ya no sirve para guardar el cortijo. Más bien, lo que procede es cuidarlo para que gane fuerza y salud y cumpla su cometido: proteger el caserío y a sus moradores.

Esto es lo que debe hacerse con las diputaciones: dotarlas de medios e instrumentos necesarios para que puedan llegar cada vez con más energía y vigor a los municipios. La duplicidad de servicios que ahora se argumenta como razón para acabar con su existencia no es sino la incapacidad del Estado y comunidades autónomas para ejercer y desplegar sus propias competencias. Antes que proponer la supresión, debería reconocerse el mérito de estas entidades locales dispuestas, con sus limitados medios, a cubrir los vacíos e inoperancia de unas administraciones más dispuestas a eludir sus propias responsabilidades que a dar servicios a los ciudadanos.

La prioridad inexcusable del equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones generales debiera ser, a mi juicio, la de impulsar una definición razonable del Estado autonómico que prefiguró la Constitución de 1978, dejando algo más que cabos sueltos. Una triple crisis —nacional, europea e internacional— está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia como sociedad y, también, la viabilidad de nuestro modelo de comunidad política. La dimensión del riesgo obliga a poner a punto, a definir mejor, el actual marco de organización y convivencia, sin esperar a eventuales interpretaciones de un órgano tan discutido como el Tribunal Constitucional. Porque si toda definición es peligrosa, como advierte el adagio latino, mayor peligro encierra la indefinición. Esta suele confundirse con la improvisación o la arbitrariedad, sobre todo cuando se convierte en el código de conducta de políticos mediocres, imprevisibles por indefinidos.

Sin duda, cuando pase un tiempo y si la definición se ajusta a un pragmatismo prudente, conciliando historia y razón, acabaremos agradeciendo a la crisis el que nos haya obligado a recuperar el sentido común y una conducta pública en la que todos, ciudadanos y poderes públicos, seamos responsables de nuestros propios actos.

La definición del Estado debiera partir de una convicción inequívoca, orientadora de lo que sería, por su trascendencia, un proceso complejo y difícil. Me refiero al reconocimiento de que el Estado, más aún los entes infraestatales, ya no es capaz por sí solo de dar respuesta a los grandes problemas institucionales y económicos que nos afectan. Basta admitir la evidencia de que hoy, ante la envergadura de los retos y de los riesgos que amenazan la estabilidad y el crecimiento económicos, la atención de la opinión pública se fija cada vez más en los acuerdos que puedan adoptarse en los foros internacionales, porque se tiene conciencia de que la entidad de las circunstancias concurrentes ha reducido el espacio nacional a una primera instancia de limitado alcance. El Estado, por tanto, debe ajustar su dimensión a esa realidad, descargándose de aquella ganga que no responda al test de racionalidad instrumental, parámetro inexcusable de su legitimación social. Si aplicáramos, por ejemplo, ese test a nuestra multipolar Administración de Justicia, descubriríamos las consecuencias de una improvisación sin fundamento, mantenida por inercia y sorprendentemente reforzada por la arbitrariedad y la indiferencia.

La complejidad de la operación de puesta a punto de un Estado como el nuestro, ya complejo de por sí, es tal que resulta irreducible a reformas administrativas aisladas, que no pasan de ocurrencias en las que, sin ser desdeñable, se prima la reducción del gasto público sobre la funcionalidad institucional. Tampoco cabe confundirla con meros retoques constitucionales, anunciados a veces enfáticamente como «pactos de Estado», que pretenden solemnizar o proclamar la voluntad de reforma, antes que reformar de hecho la estructura de un Estado como el nuestro, obsoleto por burocráticamente cancerígeno.

Definir el Estado obliga, en todo caso, a tener una visión de conjunto que establezca prioridades sobre el alcance y ejercicio de las respectivas competencias, considerando previamente el impacto que toda iniciativa reformadora tiene, como en una intervención quirúrgica, sobre el cuerpo reformado. La definición se ha de dirigir, por ello, no tanto a soportar más o menos Estado cuanto a disponer de un Estado democrático mejor dotado.

Una empresa de este alcance obliga también a valorar y reestructurar los medios personales y materiales de las distintas administraciones públicas, para poder cambiar el horizonte.

Como puede suponerse, la magnitud del cambio impone, ineludiblemente, la convocatoria de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sin que ello merme la responsabilidad de los dos grandes partidos nacionales. Una vez más, el consenso se revela como el único camino viable para, además de superar el miedo a reformar, renovar la confianza en el pacto constitucional, expresión y fundamento del contrato social que España necesita para superar la crisis.

En cuanto al método operativo, cabe que ese consenso se fragüe mediante la interlocución directa de los partidos políticos, pero también es posible y quizás más útil que, a la manera de las Reales Comisiones que preceden a las grandes reformas en el Reino Unido, la alternativa sea la de una negociación indirecta, con expertos del máximo nivel y representantes de la sociedad civil propuestos por los partidos. Se trataría de configurar un escenario favorable al enfriamiento de la pasión política y dispuesto a facilitar el entendimiento, que debería finalmente formalizarse como iniciativa sujeta a la aprobación partidaria, previa a la tramitación institucional que corresponda.

De esa vía cabe esperar el máximo esfuerzo para integrar todas las realidades que configuran la España de hoy, aunque el pragmatismo debiera respetar el límite de no contradecir o debilitar lo que la mayoría asume como razonable. Porque no se trata de seguir perdiendo el tiempo en voluntarismos arbitristas; tampoco de reinventar nada. Se trata solo de aprovechar la difícil circunstancia en que estamos para rectificar rumbos, sin dar tregua a pesimismos estériles, desde la inteligencia que reconoce la realidad y no la discute.

El tiempo nos urge a superar aquellos obstáculos, y algunos errores, que interrumpen el camino de libertad y progreso recorrido con el esfuerzo de todos. Obstáculos y errores que amenazan ya nuestro bienestar personal y social.

Hoy, cuando la crisis nos descubre la precariedad de lo que somos, podemos preguntarnos si no hemos gastado demasiadas energías, iba a decir perdido el tiempo, en contemplar mudos la puja de identidades territoriales en conflicto, ocupándonos muy poco en consolidar un Estado eficaz, inequívocamente definido como garantía instrumental de una recta administración. Podríamos decir hoy que el culto exacerbado de la identidad ha primado sobre la atención diligente a la intendencia. La esencialidad obsesiva de algunos, carentes del sentido común más primario, puede conseguir que el consenso constituyente, en el que la España democrática se asienta, salte por los aires.

Que nadie se engañe. Esa realidad, irresponsablemente negada o disimulada, no aguarda. Si ahora no ponemos a punto el Estado, por duros que sean los sacrificios, serán mayores cuando otros nos vuelvan a imponer el ajuste.

«Cada cual se fabrica su destino». Cervantes, que lo había aprendido de su propia vida, nos alerta y nos alienta, porque el buen consejo es siempre un mensaje de esperanza. Anima y no paraliza. Esta es la mejor consigna para este tiempo de incertidumbre, en el que nos toca decidir y dar la medida de lo que somos. El Estado social y democrático de Derecho, que libremente adoptamos hace un tercio de siglo, está en nuestras manos.

Los derechos que en las modernas legislaciones propias de un Estado de Derecho merecen el calificativo de «fundamentales» vienen a ser una transposición de los derechos humanos que tantos siglos costó conquistar y que, aun ahora, en muchos países no merecen el respeto que les es debido.

La aparición de un catálogo de derechos que se revelan inherentes a la persona y que tienen en la dignidad de la misma como sustrato troncal de todos ellos su propia raíz es algo que florece a partir del pensamiento racionalista, enciclopédico y de la ilustración allá por los siglos XVII y XVIII y que poco a poco, aunque no sin dificultad, se va abriendo paso con posterioridad hasta llegar a la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En esta línea de reconocimiento de los Derechos Humanos y como más reciente proclamación a nivel mundial sería de mencionar, también, la Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006, referida a personas discapacitadas, que viene a constituir el primer tratado internacional en esta materia del presente siglo XXI.

Es, por tanto, signo revelador de una nueva y moderna configuración jurídica de la persona y del ciudadano el que en los textos constitucionales o en las normas asimiladas de los distintos países del mundo civilizado se consagre una relación de derechos que, por su condición de básicos en el seno de una sociedad constituida en democracia, se erigen en principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico a los que habrá de someterse el resto de normas que lleguen a integrar dicho ordenamiento. Lo que son unos principios esenciales de toda convivencia humana en el seno de una sociedad democrática se convierte, desde una perspectiva subjetiva, en derechos fundamentales de la persona y del ciudadano.

Hasta aquí, parece que no debiera haber la más mínima discrepancia, y la preponderancia de los llamados derechos fundamentales se revela como algo indiscutible e indiscutido.

Ahora bien, existe, asimismo, un principio, igualmente jurídico, que establece que ningún poder o derecho —y por tanto, tampoco los conocidos como fundamentales— puede ser absoluto, sino que habrá de tener sus propios límites, dentro de los que debe operar en el ámbito de la colectividad en la que se actúa o ejerce.

De aquí que llamen poderosamente la atención algunos comportamientos sociales y actuaciones públicas que, en un desproporcionado entendimiento de lo que es y representa el ejercicio de un derecho fundamental, asuman actitudes o lleguen a adoptar decisiones que pretenden desconocer la concurrencia de otros derechos —algunos, incluso, de la misma jerarquía normativa— que se hallan precisados, igualmente, de la necesaria protección.

Los movimientos producidos en muchas ciudades españolas en protesta por el desenvolvimiento de la democracia y por la actuación de las elites políticas, sociales y económicas en nuestro país han desbordado, palmariamente, el legítimo derecho de la ciudadanía a expresar su rechazo y cansancio por el rumbo seguido en el desarrollo del Estado Social y Democrático instaurado en el artículo 1. 1. de la Constitución vigente desde 1978. Y es que resulta ciertamente desproporcionado y manifiestamente anómalo el que, con desprecio de las más elementales reglas relativas al ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y de manifestación no solo se invada la vía pública de tal forma que haga inviable su acceso para el resto de ciudadanos que siguen manteniendo su derecho a transitar libremente por la misma, sino, lo que es peor, que se desoigan, desobedeciéndolas, las resoluciones dictadas por las autoridades competentes en orden a la disolución de concentraciones y al desalojo de lugares públicos, sin que por parte de las fuerzas encargadas de cumplir tales resoluciones se llegue a adoptar medida alguna para hacerlas efectivas. Esto no es, en modo alguno, esa «democracia real» que, curiosamente, se reclama, porque el imperio de la Ley es lo que tiene que caracterizar una sociedad moderna y actualizada y lo que debe distinguir a los Estados de Derecho en los que la norma jurídica se erige en el verdadero «poder de los poderes».

Por otra parte, ciertas resoluciones de amparo constitucional no llegan a ser muy entendibles, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para el jurista avezado al estudio y seguimiento de los problemas jurídicos. Y así, por ejemplo, que el derecho de huelga, cuyo carácter fundamental nadie debe poner en duda a la vista del artículo 28. 2. del texto constitucional ya mencionado, llegue a traspasar con notoriedad no solo el marco, sino también los márgenes del contrato de trabajo dentro del que debe tener su propio asiento o, en otro aspecto, alcance a desvirtuar conductas manifiestamente delictivas y admitidas como tales que, incluso, llegan a entrar en colisión con otros principios básicos o derechos fundamentales, como son el sometimiento al ordenamiento jurídico, el respeto a la dignidad de toda persona, la igualdad sin discriminación, la preservación de la integridad física y moral, la libertad y seguridad, el honor y la intimidad…, es algo que resulta difícilmente asimilable y que las propias resoluciones judiciales que imponen la trasgresión de aquel derecho fundamental de índole laboral vienen a poner de relieve al haber sido adoptadas por la mínima mayoría exigible o con el ejercicio de un voto de calidad, lo que origina una cadena de otros discrepantes.
Cuando se habla de derechos se omite, frecuentemente, el correlativo margen de deberes que impone su ejercicio para no derivar en una situación de anarquía que repugna a toda sociedad que ha establecido la ley y el derecho como marco y guía de su desenvolvimiento como colectividad.

En este sentido, resulta oportuno recordar aquí que el artículo 29 de la ya mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene deberes respecto de la comunidad» y que se halla «sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática».

Cabría preguntarse si en el ejercicio de los incuestionables derechos fundamentales de libertad de expresión, de manifestación y de huelga, a los que se ha hecho referencia, se ha tenido en cuenta la observancia de esos deberes respecto a los ciudadanos en general o a los afectados en particular.

Exactamente desde el miércoles 12 de mayo de 2010, recortar es, en España, la palabra de moda. Tras una tormentosa reunión del Ecofin celebrada el fin de semana anterior, el presidente del Gobierno se vio obligado ese día a dar un giro radical a su política económica y anunció en el Congreso drásticas medidas de contención del gasto público. La fiesta se acabó y empezaron los recortes para reducir el déficit. El Estado empezó primero, sigue recortando y más lo debe hacer, pero el déficit alcanzaba también a las demás administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas, si no queremos, como espero, recortar el presupuesto de la Seguridad Social.

Las comunidades se han ido construyendo, en estos años de alegre irresponsabilidad, siguiendo el modelo catalán: como pequeños estados centralistas con fines generales y no como instituciones con competencias de muy amplio alcance pero limitadas. Así, nos encontramos con una proliferación de órganos sobredimensionados que exceden estas competencias y que duplican funciones de otras administraciones. Adelgazar es la palabra que comúnmente se usa junto a recortar y creo que es correcta. Uno no adelgaza para morirse o para vivir peor, sino todo lo contrario: lo hace para reforzar su salud. Así pues, hay que adelgazar a las administraciones públicas para que estas tengan una mejor salud, es decir, suministren mejores prestaciones a un menor coste. Todos aquellos que las conocen desde el interior, o de cerca, saben que ello es posible y, desde hace años, deseable.

Tras el ejemplo del Estado central, y presionados por este, las comunidades han empezado a hacer los deberes con ritmo diverso, debido, lamentablemente, a los calendarios electorales respectivos. Así, empezó Catalunya con el nuevo Gobierno Mas y, tras las elecciones del pasado junio, están siguiendo el mismo camino las demás comunidades, especialmente, Castilla-La Mancha y Galicia. En Baleares, el nuevo presidente Bauzá suprimió sin pensárselo dos veces 92 de las 168 empresas públicas existentes. Todos, o casi todos, están, pues, mentalizados.

Sin embargo, donde el grado de rechazo ha sido mayor es en Catalunya, en especial por los recortes en el campo de la sanidad pública. Por desconocimiento de la materia no puedo entrar a juzgar si la reducción de déficit sanitario se está haciendo bien, es decir, si se disminuye el gasto sin que empeore el servicio. En todo caso, en un campo que por experiencia me es próximo, como es la universidad, estoy seguro de que la disminución del gasto no necesariamente debe repercutir en un mal funcionamiento del servicio. Casi diría que al contrario: una racionalización del sistema universitario que mejorara su funcionamiento podría llevarse a cabo con menos recursos. Los problemas de la universidad no son económicos sino de otro orden. Por tanto, los recortes presupuestarios no siempre son malos ni los aumentos de dotación económica siempre son buenos. Malas o buenas son, en todo caso, las políticas que se llevan a cabo.

Lo que quizás no se acaba de entender en Catalunya es que se cierren quirófanos mientras subsisten instituciones y órganos de más que dudosa necesidad y eficacia. Es el caso, por ejemplo, de los 41 consejos comarcales, con un presupuesto de 556 millones, 1.040 consejeros y 1.600 funcionarios. O también de instituciones como el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, la Comissió Jurídica Assessora, la Oficina Antifrau o el Consell de Treball, Econòmic i Social, que en conjunto tienen asignados 35,1 millones de euros. ¿Tantos millones son necesarios para las funciones que realizan? ¿Es necesario que realicen estas funciones? O el CAC, con sueldos por encima de los 100.000 euros. O la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –TV3 y Catalunya Radio–, con un déficit crónico que, aun habiendo últimamente disminuido, alcanza este año aproximadamente los 350 millones.

Tampoco se entiende la eficacia de ciertas subvenciones y aquí la enumeración se alargaría demasiado. Pero, aun sabiendo que es una materia sagrada, ¿son necesarios 159 millones para el fomento del uso del catalán? Quién se aprovecha de ello, y de otras subvenciones al catalán, ¿la lengua o algunos catalanes avispados? Por último, ¿es coherente para un gobierno como el de Mas, tan liberal en economía, seguir auspiciando, con un alto coste económico, a la empresa Spanair, una línea aérea catalana de capital público y privado, una mala idea del tripartito que desde sus inicios ya se vio que estaba abocada al fracaso? Las pérdidas del 2009 fueron de 85 millones, las del 2010 fueron de 115 y este año les está salvando de la quiebra un crédito de 56 millones que alguien, algún día, tendrá que pagar, y ya podemos imaginar quién va a ser.

¿Hay que recortar? Pues recortemos. Pero ¿dónde? Pero todo se aceptaría mejor si antes de afectar a ciertos aspectos de la sanidad se modificaran otras partidas presupuestarias. Aunque me temo también que hay materias intocables, ¡y hasta innombrables! Construir un Estado en lugar de una comunidad autónoma resulta carísimo.

El debate no es nuevo pero ahora lo tenemos planteado en carne viva, debido al descubrimiento que acabamos de hacer sobre el pozo de deuda pública en el que estamos metidos y desde donde hacemos todo tipo de aspavientos para salir a la superficie. Entre ellos está la polémica sobre las administraciones. ¿Tenemos muchas, tenemos pocas, están mal organizadas, se pueden perfeccionar, es mejor abandonar todo intento? Preciso es tener en cuenta, a la hora de adentrarse en este bosque, que las administraciones de las que hablo son correosas, dijérase que tienen la piel del proboscidio, por lo que ofrecen resistencia inusitada a ser perforadas.

En España tenemos, según creo, muchas administraciones. Demasiadas para las que un cuerpo social moderado y que pretende ser elástico puede soportar. 17 comunidades autónomas -más dos ciudades igualmente autónomas en el norte de África-, 50 provincias, más de 8.000 municipios, miles de entidades locales menores, comarcas, mancomunidades… Un festival para los juristas, para los abogados, para los políticos. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿No estarían más satisfechos con un aparato administrativo más ligero, más portátil?

Sin necesitar dotes de arúspice, es fácil sostener que el contribuyente, ese ser que gime bajo el peso del despiadado ejercicio de la potestad tributaria, se alegraría si en ese bosque espeso se hiciera algún clareo que dejara penetrar un poco más de luz, aquella luz que dicen reclamaba Goethe en el momento de ofrendar su vida a la eternidad.

La gran lanzada se ha proyectado recientemente sobre las provincias. Incluso alguna voz, con reconocida autoridad en la política española, ha llegado a anudar la desaparición de las provincias a la salvación del sistema sanitario público. Un desvarío que ha sido seguido de otros como esos ecos que se multiplican en las anfractuosidades de una cordillera. A mi modesto entender, afrontar este asunto exige recordar que en España tenemos espacios donde han desaparecido las organizaciones provinciales -las comunidades autónomas uniprovinciales-, territorios insulares que tienen sus específicas soluciones, supervivencias de las guerras carlistas como son las históricas forales -de Navarra y del País Vasco-, en fin, diputaciones normales en las comunidades autónomas pluriprovinciales. Entre éstas, a su vez, la prudencia aconseja distinguir entre aquellas que disponen de dos o tres diputaciones -Valencia o Extremadura- y las que cuentan con un número más abultado -las dos Castillas, Andalucía…-.

Toda fórmula simplificadora debe por tanto rechazarse. Menor atención si cabe merece la de ligar las churras provinciales con las merinas de la sanidad porque, si así se hiciera, antes habría de planearse un homenaje al papel que las diputaciones tuvieron en la modernización de una parte de nuestro sistema sanitario público, luego engullido ciertamente por el del Estado, pero tras un momento de esplendor provincial inequívoco.

¿Qué hacer con esta barroca situación? Creo que fue un error dotar de rigidez constitucional a la organización provincial porque su diseño exige soluciones diferenciadas. Ahora bien, contando con este rígor mortis a lo mejor sería bueno desempolvar las fórmulas que la comisión de expertos presidida por García de Enterría propuso a comienzos de los 80: a saber, utilizar los servicios provinciales como estructuras para el ejercicio provincial de las competencias autonómicas. Este consejo no se siguió porque, para los responsables de las autonomías, crear un aparato administrativo aquí y acullá les resultaba más apetecible que un bizcocho recién horneado y, encima, bien relleno con la crema pastelera de las tentaciones políticas. ¿Por qué en vez de dirigir nuestros dardos contra las provincias, constitucionalmente encapsuladas, no lo dirigimos contra la robusta estructura periférica de las comunidades autónomas?

Y ya que hablamos de éstas, algún día será preciso pensar en reducir su número. Tenemos más autonomías que Länder los alemanes cuando ellos nos doblan en población. Y, sin embargo, desde hace años está allí pendiente una reforma territorial destinada a su reducción. A tal efecto se han hecho muchos estudios de los que se extrae la conclusión de que los actuales 16 Länder deberían quedar en seis o siete. Es verdad que esta renovación esta remitida ad calendas graecas o puesta en el hielo, por utilizar la expresión alemana. Pero la discusión ahí está. Y me pregunto y pregunto: ¿nosotros no podemos tratar este asunto? Creo que algún día se hará y por eso siempre me ha parecido un disparate el proyecto de llevar los nombres de las comunidades autónomas al texto constitucional. Otro error que sería primo hermano del cometido con las provincias.

¿Y qué pasa con los municipios? Es bien probable que, cuando se haya consumado la revolución de las estructuras administrativas que los tiempos modernos reclaman y que afectan al mismo Estado, nos siga quedando pegado en los bolsillos el polvo municipal y ello por grande que sean las convulsiones de la globalización. No olvidemos que toda la inmensa Odisea gira en torno a la pequeña Ítaca de la misma forma que el enorme Ulises está centrado en un día cualquiera de la ciudad de Dublín.

En muchos países europeos se ha producido en el último tercio del siglo XX una supresión drástica de municipios. La Alemania anterior a la reunificación pasó de 25.000 a 8.000 en los años 70 como consecuencia de leyes específicas aprobadas en los parlamentos de los Länder. Y que, por cierto, dieron lugar a una cantidad apreciable de pleitos constitucionales, planteados por las autoridades locales, todos ellos desestimados sin que hicieran mella en los magistrados las invocaciones altisonantes a la autonomía local. Y un proceso análogo está en marcha en los nuevos Länder.

Lo mismo podemos decir de Bélgica que, por la misma época, dejó contraído su número de municipios de 2.700 a menos de 600. Y Dinamarca vivió algo semejante. Francia ha tenido menos suerte porque la Ley Marcellin, de principios de los 70, cosechó escasos efectos prácticos y ahora existe un plan que llega hasta 2014. En Grecia, Italia y Portugal son las autoridades europeas las que están forzando los cambios.

En España reducir el número de municipios, sobre la base de acuerdos voluntarios y, si no se logran, aplicando el bisturí, es indispensable. Pero no para ahorrar, porque los pequeños ayuntamientos generan muy poco gasto siendo los grandes los que exhiben cifras de sonrojo. Es decir, la reducción del número de municipios no debe ser -o no debe ser tan solo- parte de una política de ahorro sino de una política de mejora de la calidad de la democracia pues un ayuntamiento que representa a pocos vecinos antes es familia que organización política seria. Y de perfeccionamiento en la oferta de servicios. Cuando un ayuntamiento no los presta o ha de recurrir para hacerlo a mancomunarse con otros es que algo ha ocurrido en ese tejido social y la ley ha de ofrecer la respuesta adecuada.

Ahora bien, como trámite previo a todos esos esfuerzos, podríamos empezar -como ya se está haciendo en parte- con meter en el quirófano a las miles de sociedades, falsas fundaciones y otros entes instrumentales que se han creado sobre todo en los grandes municipios, en las provincias y en las comunidades autónomas como nidos de despilfarro y de clientelismo político. Si no lo hacemos así, estaremos disparando sobre un blanco equivocado.

Sépase en fin que el citado bisturí sobre el cuerpo municipal ha de ser empuñado por el Gobierno y por los parlamentos de las comunidades autónomas. Primero, por exigencias constitucionales, de los estatutos de autonomía y de la Ley de Régimen Local. Segundo, porque las comunidades autónomas tienen un magnífico espacio para demostrar que sirven para atender sus asuntos cercanos, cabalmente la propia ordenación de su espacio. Si no son capaces de esto, estarán poniendo de manifiesto que, desde lejos, se legisla y administra mejor. Lo que comprometería la dignidad y aun el sentido mismo de su papel institucional.

Salvar la vida municipal, que es a un tiempo cosmopolita, decadente y vanguardista, merece la pena.

A partir de las próximas elecciones entraremos en una nueva fase política. Actores principales: un gobierno central del PP, un gobierno catalán de CiU, y una élite europea instalada en el desconcierto y que muestra una decepcionante voluntad de no implicarse a fondo en los problemas del continente. Es un buen momento para preguntarse cuál es la evolución previsible de diversos temas. A escala local, destaca la del modelo autonómico.

No hay que hacer balance de los últimos acontecimientos. Hablan por sí mismos (sentencia del TC sobre el Estatut, actitud de los dos partidos nacionalistas españoles –PSOE y PP–, actuación de las instituciones del Estado –Congreso, Gobierno central, tribunales, defensor del pueblo, etcétera–). Se percibe un giro y una clara voluntad de establecer un modelo autonómico interpretado en un sentido uniformista, homogeneizador y recentralizador. Catalunya constituye el centro de gravedad, la diana donde van dirigidos los dardos de este giro. El conservadurismo posfranquista de derechas y el conservadurismo jacobino de izquierdas trabajan aquí en la misma dirección. PP y PSOE son, en este punto, partidos reaccionarios.

¿Por dónde pueden ir las líneas básicas del más que previsible nuevo gobierno central del PP? Un indicador de respuesta es el informe Por un Estado Autonómico Racional y Viable (2010) de la fundación FAES, vinculada a este partido. Se trata de un documento que contiene tres artículos y un apéndice, escritos por autores diferentes: Julio Gómez-Pomar (inspector de hacienda; ex secretario de Estado), Mario Garcés (interventor auditor del Estado; inspector de hacienda) y Gabriel Elorriaga (diputado). El nivel de calidad es desigual, pero hay un tono general que recorre todos los trabajos. Dos de las tres colaboraciones y la adenda ofrecen un pobre nivel analítico, con errores graves de carácter teórico y empírico (además de un claro sesgo partidario). Son trabajos que serían inmediatamente fulminados caso de ser presentados en congresos académicos especializados de carácter internacional.

Sin embargo, vale la pena ver cuáles son algunas de las principales ideas que recorren este informe de cara a la política del futuro. Las autonomías se entienden, básicamente, como un mero modelo de “prestación de servicios a los ciudadanos”. Se trataría de decidir cuál es el nivel de gobierno más eficiente para esta prestación y cómo procurar una estabilidad macroeconómica general. El informe presenta una mezcla entre un lenguaje pretendidamente tecnocrático con una fuerte apuesta a favor del gobierno central –en una visión, por cierto, antitética con los postulados contemporáneos del federalismo que los autores parecen desconocer completamente, especialmente con respecto al federalismo en estados de pluralismo nacional– y un lenguaje nacionalista unitario que no admite ningún tipo de pluralismo nacional interno en la democracia española. A pesar de se reconoce que los “niveles subcentrales” pueden colaborar a la equidad y que habría que dotarlos de una mayor responsabilidad, se defiende que el sistema actual incentiva el crecimiento del gasto, la ineficiencia de la gestión pública, la irresponsabilidad fiscal (incluso un mayor grado de corrupción), y una falta de coordinación y con

trol por parte del poder central. Uno de los artículos incluso dice que el Estado de las autonomías resulta una amenaza para la “unidad de mercado” (¿y todos los países federales?) y que es el Estado “más descentralizado de todos los sistemas democráticos”, una afirmación que hace troncharse de risa a colegas extranjeros especializados en estos temas cuando se enteran de que algún político español dice cosas así.

Paralelamente, el informe critica que el TC no pueda entrar en la estructura organizativa de las comunidades autónomas, así, sin más, y que el sistema electoral favorezca la aparición y éxito de partidos regionales (sic), una afirmación que también muestra desconocimiento sobre cuáles son las fuerzas favorecidas en el Parlamento central con el sistema electoral actual. Las palabras mágicas, con voluntad legitimadora, que recorren el informe son “integración”, “coordinación”, “cooperación”, “equidad”, etcétera, en una interpretación de estos conceptos que recuerda la tecnocracia de los tiempos del franquismo. También se apela a recuperar la “homogeneidad perdida”, a “constitucionalizar las normas básicas”, a establecer “un sistema tributario único” –todo hecho a través de acuerdos PP-PSOE–. También se menciona la posibilidad de reducir el número de autonomías (se acepta, así, implícitamente que todo eso de las autonomías se hizo mal durante la transición de los años setenta, una percepción que hoy resulta bastante evidente).

¿Desde Catalunya, es conveniente plantear en la próxima legislatura un nuevo pacto fiscal tipo concierto económico? Creo que es una vía a explorar, a pesar de las escasas posibilidades de que triunfe, a pesar de su constitucionalidad. Es diferente haber comprobado que una política fracasa que no haberla transitado (como la, hoy sabemos fracasada, reforma del Estatut). Vamos hacia un escenario de más confrontación nacional, hacia una separación cada vez mayor de imaginarios colectivos. En Catalunya, el independentismo seguirá creciendo. Se trata de un hecho que hay que saber gestionar (liderazgo, organización y estrategia). Será el principal reto de la sociedad civil y de los partidos catalanes en los próximos años, incluido el PSC (cuando este deje de ser, esperamos, el preocupante partido desconcertado, ingrávido, triste, sin proyecto ni liderazgo, que es en estos momentos).

Un cuarto de siglo de pertenencia a la Unión Europea ha interiorizado en la conciencia de los ciudadanos españoles la convicción de que somos plenamente europeos, hasta el punto de que, cuando se nos hace ver que no nos comportamos a la europea, acogemos este juicio con manifiesta incredulidad. Sin embargo, en algunos aspectos nuestra cultura política tiene muy poco de europea. Que dos grandes partidos, uno de derechas y otro de izquierdas, se repartan el espectro político sin dejar hueco para nadie más con posibilidades de gobernar, resulta muy poco europeo, es más bien lo que sucede en Estados Unidos. De ahí el revuelo que se ha organizado con la modificación constitucional pactada por dichos partidos: la reacción de las formaciones nacionalistas no tiene que ver con el fondo del asunto -si sus comunidades hubieran sido independientes, la UE les habría impuesto lo mismo-, sino con las formas, manifiestamente antidemocráticas, en un asunto de tanta importancia.

La consecuencia más obvia de la glotonería electoral bipartidista es que el partido conservador incluya a la extrema derecha y el partido progresista muestre sesgos radicales. Que Perry, un personaje del Tea Party que piensa que los humanos convivieron con los dinosaurios y que la mujer es el resultado de quitarle una costilla al varón, esté tan bien colocado en la carrera para la nominación presidencial resulta incomprensible, pero no es una peculiaridad privativa del Partido Republicano de EE UU. Los vaivenes demagógicos del zapaterismo son una buena muestra de hasta dónde puede llevar la necesidad de dar satisfacción al ala radical del partido sin que por ello la política económica haya osado apartarse de las directrices del FMI. No obstante, como las encuestas auguran un vuelco electoral, quiero ocuparme aquí del peligro que para el PP y, sobre todo, para el conjunto de España, comporta su lado oscuro de extrema derecha, ese Carajillo Party liderado por Saras y Saros de medio Peilin autóctonos, que a duras penas consiguen amordazar desde la calle de Génova.

¿Pues qué quieren que les diga?: el señor Rajoy no es un Kohl ni un Churchill, pero su discurso conservador suena moderado y razonable. Ya sé, ya, que existe una agenda oculta y que los recortes económicos que se propone aplicar en caso de ganar las elecciones serán mucho más draconianos de lo que dice. Pero esto resulta inevitable en el momento presente y dudo que Ru-balcaba pudiera arbitrar remedios menos dolorosos si se alzara con el triunfo. Lo que me preocupa no es la economía -que al fin y al cabo nos la imponen desde fuera-, sino la política, un ámbito en el que, para bien o para mal el Gobierno que salga de las urnas tendrá que tomar decisiones de su exclusiva responsabilidad. El PP se ha pronunciado claramente sobre lo que piensa hacer en política exterior, pero sigue arrojando demasiadas sombras sobre sus propósitos en política interior. Sin ir más lejos, un asunto en el que escora peligrosamente hacia el neofranquismo es la política lingüística.

Ante todo, una obviedad: este país es un Estado plurilingüe. Nadie ha respondido hasta ahora con sensatez al reto que dicha circunstancia comporta. Uno esperaría que la conservación del patrimonio lingüístico corriera a cargo sobre todo de los partidos conservadores y que los progresistas fuesen partidarios más bien de un internacionalismo uniformizador. Así viene sucediendo en los países europeos, pero se ve que Europa todavía comienza en los Pirineos. El tiempo apremia: si el próximo Gobierno de España no resuelve este problema o lo resuelve mal, la cuestión territorial le estallará entre las manos. No digo que esto de las lenguas sea fácil: Bélgica se ha pasado un año sin Gobierno por culpa de las tensiones entre la comunidad que habla flamenco y la que habla francés. Sin embargo, algo habrá que hacer en España si no queremos que los problemas lingüísticos arrastren a los demás.

Vuelvo al programa electoral del señor Rajoy. No dice nada, salvo generalidades previsibles, sobre nuestro tema y, en principio, yo le concedería el beneficio de la duda porque, al fin y al cabo, ha nacido en una comunidad bilingüe. Sin embargo, ya ha habido declaraciones de algunos cachorros suyos que exhalan el inconfundible tufillo del Carajillo Party. Como muestra, basta un botón: en Aragón, la presidenta Luisa Fernanda Rudi dice que va a cambiar algunos aspectos de la ley de lenguas que hizo aprobar el PSOE porque se impusieron a los demás partidos sin buscar el consenso. Parece sensato: una ley de lenguas aprobada por los pelos no puede salir bien. Pero esto es una cosa y otra que un alto cargo de su Gobierno, que deberá aplicar la ley reformada, afirme en su twitter, tras dedicar algunos exabruptos a la fabla, que “en Aragón no se habla catalán”. Mal empezamos: yo entendería que este señor expresase su irritación con algunos mapas desafortunados en los que la franja oriental de Aragón de habla catalana se incluye directamente en Cataluña -más o menos como hacía Hitler con los Sudetes-, pero que se obstine en afirmar que el caballo blanco de Santiago es negro resulta inútil y, a la larga, contraproducente. Me pregunto dónde se esconderá si los hados determinan la necesidad de un pacto electoral entre Mariano Rajoy y Artur Mas dentro de algunas semanas.

Y aunque no fuese así, no se puede basar la acción de Gobierno en una falsedad. Por supuesto que el catalán es una de las lenguas de Aragón, les guste o no, y habrá que obrar en consecuencia. Se trata simplemente de respetar el criterio de las universidades, por la misma razón que para arreglar el coche recabarían la opinión del mecánico y no la de su primo oficinista. Pero el miedo a perder votos suele ser mal consejero y lo más fácil es nadar a favor de una corriente que en Aragón, y no solo allí, estigmatiza todo lo diferente. Una actitud cautelosa de este tipo tal vez explique por qué cierto municipio del Pirineo aragonés gobernado por el PP con el apoyo del PSOE (el de la España plural, ¿se acuerdan?) se quiere cargar un instituto de lenguas peninsulares avalado por las universidades españolas y aprobado unánimemente por la Corporación anterior. ¿Temen que declare que en Aragón se habla catalán? O, peor aún: ¿les preocupa que en la enésima polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña, que acaba de estallar, dicho organismo se pronuncie a favor de la misma?

He aquí otro tema en el que el PP, y a veces hasta el PSOE, coquetean con las posiciones radicales. Soy de los que piensan que una lengua que es el idioma materno de casi la mitad de la población catalana no puede ser tratada como “extranjera”, pero de esto a suponer que los idiomas minoritarios conseguirán resistir el avance de la lengua mayoritaria con estrictos equilibrios bilingües media un abismo.

Las convulsiones económicas de este verano han puesto de manifiesto que la UE no es toda la solución y que, cuando pintan bastos, resulta mejor pertenecer a un Estado grande en el que conviven pueblos diversos que a otro minúsculo como Grecia, Irlanda o incluso Portugal. Los españoles no andamos sobrados de estímulos para la cohesión y, si vamos a tener que seguir conviviendo en esta fonda que llamamos España, más vale que nos preocupemos de hacerla un poco más cómoda para que sus huéspedes puedan llegar a sentirla como su hogar.

Hace tres lustros el partido encabezado por José María Aznar iniciaba una singladura conservadora en la que la actitud del Gobierno en relación con estos temas identitarios fue mucho más moderada de lo que se temía, probablemente porque se vio obligado a recabar el apoyo de los partidos nacionalistas. Pero dicha España posible se frustró en su segunda legislatura, la de la mayoría absoluta. Sospecho que ahora las crujías del barco estatal no soportarían una situación como aquella. De ahí la importancia de conocer la posición del PP y del PSOE sobre estos asuntos. No vaya a ser que nos acaben dando gato por liebre bajo la batuta monolingüe del Carajillo Party.

El consenso entre los dos grandes partidos estatales para la reforma exprés de la Constitución no ha sido la única sorpresa veraniega para los sufridos militantes de izquierda. La actitud de sumisión con que esos dos mismos partidos, encabezados por los titulares de las más altas representaciones del Estado, recibieron y agasajaron a Benedicto XVI, con motivo de su asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), produjo perplejidad entre la militancia del PSOE, que comprobó cómo sus líderes rendían pleitesía al Papa no como fieles privadamente sumisos, sino desde sus responsabilidades políticas, a la búsqueda de votos entre los fieles de esa confesión religiosa.

La reforma constitucional, considerada como una entrega más -ya se verá si eficaz- a las exigencias económicas del momento, puede entenderse, como la ha explicado Rubalcaba, de modo que no se condicione para el futuro la dedicación de los fondos públicos disponibles. Y desde luego carece de sentido decir que rompe un idílico consenso constitucional, como si el gran pacto democrático se hubiera realizado con transparencia y consentimiento unánime.

Más bien cabe identificar el acuerdo secretamente alcanzado ahora entre Zapatero y Rajoy con el modus operandi de los constituyentes, que a lo largo de 15 meses intentaron primero elaborar el proyecto de Ley Fundamental con plena confidencialidad entre los siete ponentes y, más tarde, tras la filtración del texto secreto, acudieron a las cenas de madrugada y a las reuniones en restaurantes y despachos particulares para perfilar las líneas maestras de la Constitución democrática. Los artículos, así pactados secretamente, iban aflorando al Congreso de los Diputados para su votación formal. Como ahora.

Mucho más punzante, para los ajenos al catolicismo, resultó en agosto el tratamiento otorgado a Benedicto XVI por un Estado laico, que declaró la JMJ acontecimiento “de interés general”, lo que proporcionó, en plena crisis, suculentas ventajas fiscales a las empresas que la apoyaron. La escenificación de la sumisión la personificó el Rey Juan Carlos con su genuflexión ante Ratzinger, llamativa en el jefe de un Estado aconfesional, aquejado, además, por problemas en las articulaciones de las extremidades inferiores.

La “hospitalidad y respeto” al “líder de una confesión religiosa”, como le definió el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quedó colmada con la presencia activa y los aplausos de los presidentes del Gobierno y del Congreso, acompañados de otros altos cargos y ministros. Uno de ellos, el de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, había resaltado, en línea con la Conferencia Episcopal, el negocio que significaba la JMJ.

Los dividendos políticos de la visita los contabilizará preferentemente el PP, cuyo líder, Mariano Rajoy, encabezó la lista de dirigentes presentes. El Gobierno socialista pareció conformarse con el rédito electoral derivado de que Ratzinger no criticara directamente leyes como la del aborto o el matrimonio entre homosexuales, pero queda fuera de toda duda que imágenes indelebles, como la de María Dolores de Cospedal -secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha-, ataviada con la tradicional mantilla española en la procesión del Corpus Christi, tienen más tirón entre el electorado católico que todos los esfuerzos socialistas por mostrar su sumisión al Papa.

Especial indignación produjeron en la izquierda los 200 confesionarios blancos y funcionales, instalados en el Paseo de Coches del Retiro, a utilizar, entre otros, por quienes hubieran cometido el “pecado del aborto”, que dejarían de ser excomulgados si confesaban con los sacerdotes autorizados para ello por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco. Desde la militancia del PSOE se propuso, a través de Internet, que algunos de esos confesionarios, a la vista de los ciudadanos, los utilizaran “los sacerdotes que han abusado sexualmente de niños o niñas”.

Curiosamente, la pederastia sacerdotal estuvo ausente en la JMJ, a pesar de que el propio Ratzinger la ha reconocido en otros países -Estados Unidos, Irlanda, Bélgica o Alemania- y ha lamentado el dolor de las víctimas de esos hechos y de sus familias. Mientras incluso la católica Irlanda se ha enfrentado al Vaticano, en España prospera la tendencia de la jerarquía eclesiástica de ignorar a las víctimas e impedir que esos delitos salgan a la luz pública. Según informa María R. Sahuquillo (EL PAÍS, 17 de mayo de 2011), en las nueve condenas a sacerdotes por abusos sexuales a menores conocidas hasta entonces abunda el apoyo al religioso, no a la víctima. Así, la condena a ocho años de cárcel, ratificada por el Tribunal Supremo, del sacerdote Luis José Beltrán, por abusar en Alcalá la Real (Jaén) repetidamente de un monaguillo, no originó que el obispo de Jaén condenara moralmente al párroco, sino que estimó que su deber es “estar al lado de los sacerdotes”.

Esa tendencia de la jerarquía católica, personificada en el cardenal Antonio Cañizares -quien ha considerado las denuncias de abusos como “ataques” a la Iglesia-, ha debido ser una de las causas de que en su visita a la católica España, Benedicto XVI haya ignorado la existencia de esa lacra. Desde el poder democrático, entre tantos fastos, nadie se lo ha recordado.

La constitución de 1978 formaliza una determinada organización jurídico-política: un Estado de las autonomías. Podría decirse que más de 30 años atrás se construyó un edificio en el que convivimos los españoles. Todo edificio descansa en unos cimientos que le proporcionan estabilidad, y se configura con unas paredes, algunas de ellas maestras, y con otros elementos que los arquitectos seleccionan y distribuyen en el conjunto de la obra. No todos los componentes son igualmente importantes. Cabe sustituir o eliminar piezas secundarias sin que el inmueble desaparezca.

Los cimientos del edificio constitucional español se hallan definidos, de forma expresa y clara, en el texto: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…» (art. 2). Afirmar que «se fundamenta» es proclamar que ahí se encuentra uno de los cimientos del edificio. La lectura de la Carta Magna nos ilustra diciendo que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1.2) y que la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española es un principio básico que da razón y fundamento al ordenamiento jurídico-político.

Son susceptibles de discusión y reforma componentes accidentales del edificio. Por ejemplo, las reglas de elección de los parlamentarios o la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono. También se debe actualizar la tabla de derechos y libertades con el fin de proporcionar cobertura jurídico-política a situaciones surgidas con la revolución de las tecnologías en el último cuarto de siglo; nuevas maneras de ser y de convivir inimaginables cuando se elaboró el Gran Texto.

El edificio constitucional es el propio de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1 CE). En este edificio tiene cabida la autonomía de nacionalidades y regiones. Sin embargo, la autonomía no es soberanía. Tenemos un Estado complejo, ciertamente, pero que no es un Estado federal.

Es verdad que el federalismo ha experimentado, a lo largo de los últimos dos siglos, transformaciones en la manera de entender las competencias de sus componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de reparto de las competencias entre el Estado federal y los estados miembros, que ya por los años 30 del siglo XX empezó a hablarse del federalismo cooperativo y del nuevo federalismo. Sin embargo, se mantienen los principios básicos y uno de ellos es la igualdad formal de las comunidades que lo componen. Se respetó la regla para que la Confederación originaria, en tierras americanas, se transformase en la Federación de Estados Unidos de América. Sin embargo, la eficacia niveladora de las normas constitucionales no bastó para que, dentro de la igualdad formal, surgiesen estados con más fuerza que otros. Ante este panorama, un observador agudo, Ch. D. Tarlton, acuñó en 1965 la expresión federalismo asimétrico. Más que una observación, era una evidencia. El Estado de California no resulta igual, valga el ejemplo, al Estado de Nevada. Frente al gigante económico, dotado además de un enorme poderío cultural y, por ende, político, no cabe oponer el precepto de la Constitución que lo considera igual a los estados medianos y pequeños. El federalismo asimétrico se fija en la realidad resultante de la aplicación de las normas constitucionales. Los factores económicos, culturales, sociales y políticos entran en juego. El modelo de federalismo simétrico sólo tiene sentido en un texto constitucional.

Ahora bien, esto que ocurre con los estados miembros de una federación sucede igualmente con los ciudadanos de cualquier sociedad. La proclamación de la igualdad de todos ante la Ley no tiene como consecuencia obligada la igualdad real de ricos y probres, doctos e iletrados, pudientes socialmente y marginados. El artículo 14 de nuestra Constitución, así como los mandamientos análogos de las otras Constituciones ahora vigentes en el mundo, nos pueden hacer soñar en una sociedad ideal. Es una ingenuidad dar por cierto y seguro lo que no lo es, en este caso la igualdad de todos.

El federalismo asimétrico, en suma, no es una fórmula constitucional. Difícilmente los estados medianos y pequeños admitirán que se plasme en el texto como norma jurídica la desigualdad real y efectiva. El federalismo asimétrico es una categoría de la ciencia política, en cuanto disciplina interesada por el funcionamiento práctico de las instituciones y la eficacia auténtica de las normas jurídicas.

Y en la variedad actual de estados federales pueden indicarse algunas reglas que encontramos en casi todos ellos. Primero, la autonomía legislativa de los estados federados. Poseen competencia para dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de la federación. Los conflictos de normas se resuelven conforme a la distribución de competencias señalada en cada Constitución.

Si nos fijamos en lo que acontece en España, concluiremos: la presente organización territorial no puede considerarse propia de un Estado federal. En el artículo 149.3 de la Constitución se afirma: a) Que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las normas de las comunidades autónomas «en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas»; b) Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas.

Un Estado federal no suele admitir la prevalencia del derecho de la federación respecto al derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del derecho de la federación no se apoya en la idea de la existencia de un ordenamiento jurídico común, que presta unidad y confiere sentido a los ordenamientos parciales de las comunidades autónomas. Con nuestra vigente Constitución, el Estado de las autonomías, salvo que el pueblo español decidiera el cambio tajante, no es un Estado federal, ni puede transformarse en tal.

El edificio constitucional español es susceptible de retoques. Algunos elementos son accesorios. Pero lo que no se puede demoler son los cimientos y las paredes maestras. Y tampoco resulta admisible que la reforma de lo que es susceptible de mejora se plantee y se lleve a cabo con violación de los preceptos que la propia Constitución establece para su revisión.

En efecto, hay que restablecer el pacto constitucional, es decir, hay que volver a lo que en su origen decía y quería la Constitución. Al menos mientras que no se reforme por las vías establecidas en ella. Por eso, precisamente, no es cierto que se haya roto el pacto por la reforma del artículo 135, sino que con este nuevo artículo, además de seguir las directrices europeas, cabe afirmar que, de forma implícita, comienza la vuelta al pacto de 1978.

Restablecer ese pacto, no exige aceptar las continuas reivindicaciones de los nacionalistas en pos de una independencia fútil en la hora actual europea, sino, por el contrario, la conveniencia de recordarles que el pacto lo rompieron ellos: los nacionalistas vascos primero y los nacionalistas catalanes después. Los nacionalistas del PNV con el proyecto de Ibarretxe, que fue rechazado por las Cortes Generales, porque era un intento larvado de secesión. Es cierto que éste fue el único partido que no aprobó la Constitución, ya que se abstuvieron sus parlamentarios en la votación en las Cámaras, pero el pueblo vasco la aprobó mayoritariamente en las tres provincias. Por consiguiente, el pacto estaba vigente también en Euskadi, a pesar de la abstención del PNV. Por su parte, los nacionalistas catalanes aprobaron un Estatut que desbordaba – y continúa desbordando, a pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional- los límites de la propia Constitución, que igualmente fue aprobada masivamente por los catalanes. En definitiva, quienes han roto el pacto fundacional de este Estado han sido las minorías vascas y catalanas, que desean que su autonomía se convierta en soberanía, lo cual es una aberración por dos importantes motivos.

Por una parte, porque la Constitución, que se fundamenta en «la indisoluble Nación española», y que posibilitaba la creación de un Estado bastante descentralizado, integrado por diversas comunidades autónomas que se han ido formando paulatinamente, hasta alcanzar 17, más dos ciudades autónomas, se encuentra en la actualidad en una profunda crisis, a causa de los excesos del llamado Estado de las autonomías.

Así las cosas, hay que recordar que la estructura que se desprende de la Constitución, en lo que respecta al Estado autonómico, se basa en unos cuantos principios, que paso a enumerar sucintamente: una lengua oficial para todo el Estado, sin perjuicio de que se reconozcan como cooficiales las que existan en algunos territorios; un poder judicial exclusivo para todo el Estado, hasta el punto de que es el único de los tres poderes clásicos que cita la Constitución como tal; una división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que no puede significar, en ningún caso, un vaciamiento de las competencias exclusivas del Estado; unos derechos fundamentales iguales para todos, sin que puedan existir privilegios de unos españoles sobre otros, en razón de la comunidad autónoma en que residan; una solidaridad entre todas las comunidades autónomas, que evite grandes desequilibrios sociales entre ellas; y, por último, unos símbolos nacionales que deben ser acatados por todos, sin perjuicio de los que se reconozcan también como propios de cada comunidad autónoma.

Pues bien, éste es el esquema escueto del Estado descentralizado que a través del pacto constitucional, fue aprobado mayoritariamente por los españoles. Sin embargo, estos principios básicos han quebrado por las actuaciones, como digo, de los nacionalistas vascos y catalanes. Es más: en ciertos casos, con la complicidad del Gobierno de Zapatero y hasta del propio Tribunal Constitucional, un árbitro que se ha ido escorando a favor de los nacionalismos o del partido mayoritario. Veamos los detalles. En primer lugar, no hace falta insistir mucho en que el español ya no es prácticamente el idioma oficial del Estado y de los ciudadanos en Cataluña. En segundo lugar, respecto al poder judicial, hemos visto cómo se ha querido fragmentarlo para crear unas taifas judiciales, en beneficio de una justicia local. En tercer lugar, las competencias del Estado se han ido achicando, especialmente a partir de la locura de los Estatutos de nueva generación, comenzando por el catalán, hasta el punto de que las comunidades autónomas han ido absorbiendo casi todas esas competencias, creando una administración elefantiásica que nos ha llevado a un déficit presupuestario patológico. En cuarto lugar, la solidaridad de que habla el artículo 138 de la Constitución ha brillado más bien por su ausencia, pues hay comunidades como Asturias o Extremadura, al margen del acierto o desacierto de los Gobiernos que han tenido, que están por debajo de la media nacional. Y, por último, los símbolos nacionales no sólo no se respetan, sino que en el País Vasco y en Cataluña han desaparecido de los entes territoriales. En definitiva, ¿quién ha roto el pacto constitucional? ¿Los dos partidos que representan a más del 80% de la población y que acaban de aprobar una modificación de la Constitución, según el procedimiento establecido en ella, o los partidos nacionalistas que ni siquiera representan a la mayoría de los habitantes de sus territorios, y que vienen rechazando sistemáticamente la Constitución, como primera norma del Estado, tratando de esquivarla o de violarla para lograr una soberanía plena?

Pero, por otra parte, también hay que tener en cuenta, que para bien o para mal, España ya no es «una unidad de destino en lo universal» como decían los falangistas, sino que es miembro de un club privilegiado en el que todos los socios son interdependientes. Lo cual significa que la soberanía, tal y como la definían los clásicos, ya no existe, sino que ahora es compartida por los estados miembros y por los organismos comunitarios. De ahí que empecinarse cada comunidad autónoma en querer disponer de su parcelita de soberanía, no llevaría más que al fracaso, porque sería ir en contra de la historia. Por eso, cuando el déficit presupuestario amenaza no sólo la economía de un país, sino la de todos en general, es lógico que los Estados, y no las comunidades autónomas o regiones, cada una por su cuenta, sean los que decidan las medidas que hay que tomar para atajar el déficit.

De este modo, con razón o sin ella, los dirigentes más poderosos de la Unión Europea piensan que una medida, aunque sea simbólica, para cortar el despilfarro de estos últimos años, puede ser la de establecer un techo de gasto en la Constitución, por lo que recomiendan que se modifique la misma en cada uno de los países más amenazados por el rescate. El presidente Zapatero, de buen o mal grado, en connivencia con el líder de la oposición y futuro presidente del Gobierno, si no hay un cataclismo, han llevado a cabo esa reforma, que ha puesto de manifiesto que si existe un pacto nacional de los dos grandes partidos, se puede volver a recuperar el perdido pacto constitucional. De este modo, es normal que los partidos nacionalistas se opongan radicalmente a esta reforma, no porque se rompa el pacto constitucional que rompieron ellos, sino porque empiezan a ver las orejas al lobo. Tal y como está la situación política en España, las próximas elecciones se asemejan bastante a unas elecciones constituyentes, puesto que lo que piden nuestros socios europeos es no solo acabar con el déficit presupuestario, sino que se acabe el desenfreno de las comunidades autónomas.

Se quiera o no, es claro que no existen más que tres posibilidades con respecto a la estructura de nuestro Estado de las autonomías: dejar las cosas como están, que sería algo así como que un avión fuese pilotado por un ciego. En segundo lugar, se puede recuperar el espíritu y la estructura que presentaba nuestro Estado autonómico, antes de la llegada al poder del presidente Zapatero, puesto que entonces se había casi perfilado de forma definitiva el modelo de Estado. Y, en tercer lugar, en vez de ir para atrás, se podría ir para adelante, estableciendo un Estado federal, al estilo del que existe en Alemania, el cual por cierto tiene actualmente una orientación centrípeta más que centrífuga, como exige la lógica de la integración europea. Ahora bien, salvo la primera posición que sería suicida, las otras dos exigirían una reforma profunda de la Constitución, de la que ha sido pionera la reforma del artículo 135.

Comparto, en parte, las objeciones que ese gran periodista que es Luis María Anson, planteaba en un reciente artículo, comentando otro mío anterior, en el que yo defendía la derogación del funesto artículo 168 de la Constitución. La ocasión que se podía haber aprovechado para conseguir tal objetivo, además de la reforma del artículo 135, ya ha pasado de largo, perdiéndose así la oportunidad que ofrecía la disolución anticipada de las Cámaras, para que después las nuevas la ratificasen, permitiendo asimismo que el obligado referéndum que se re requiere, acallase las bocas de los que se quejan de la falta de participación del pueblo en la reforma de la Constitución.

Como sostiene Anson, «pisamos, en fin, un campo de minas y estoy seguro de que eso no se le escapa a Jorge de Esteban. Sería magnífico que los españoles, sobre todo los de las nuevas generaciones votasen en referéndum una reforma constitucional que descargara la tensión del 168 y afianzara la unidad de España y la monarquía parlamentaria. Pero no se puede desconocer que los riesgos de desestabilización serían grandes y que no pocos políticos e intelectuales responsables prefieren dejar las cosas como están y afrontar el futuro sin zarandear lo sustancial de la Carta Magna española». Sin duda, Anson tiene una gran parte de razón, pero si no se corta el nudo gordiano que representa el famoso artículo 168, no se podrá volver al Estado de las autonomías sin excesos que vislumbraba la Constitución, ni se podrá avanzar hacía el Estado federal, ni se podrá reformar el orden de sucesión a la Corona.

Porque, en resumidas cuentas, las zonas de penumbra que no se acaben iluminando, serán utilizadas por los nacionalistas para avanzar en su tesis de reemplazar la autonomía por la soberanía. Sin duda, no le espera a Mariano Rajoy un cielo limpio de nubarrones, los cuales se podían haber disipado sobremanera aprovechando la reforma del artículo 135. Como se dice en las corridas antes de que los toreros salgan al ruedo, que «Dios reparta suerte».

El debate político y mediático sobre la reforma constitucional ha eclipsado otro de los temas que ha concentrado el interés de la opinión pública estas últimas semanas, y sobre el cual, curiosamente también, ha habido una cierta dosis de consenso entre los dos partidos mayoritarios en el electorado. En efecto, con la iniciativa lanzada por el nuevo candidato socialista se ha producido una movilización en nuestra clase política sobre la necesidad de sustituir -o cambiar, en función del discurso o los actores- a las actuales diputaciones provinciales. Para los promotores de esa reforma se trata de contribuir a la disminución de gasto público que estas ocasionan, al duplicar de forma innecesaria la representación política o la gestión administrativa sobre materias que ya ocupan otras administraciones territoriales, como las comunidades autónomas o los municipios.

Sin embargo, antes de embarcar de nuevo a la sociedad española en otro proyecto político de envergadura, convendría reconocer el marco normativo donde aquel puede ser viable, así como los límites constitucionales que no se pueden traspasar.

En primer lugar, me parece que no se ha explicado suficientemente con qué fórmula (reforma constitucional o de la legislación básica local) se va a cambiar la configuración política y las competencias de las diputaciones. En todo caso, hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha defendido siempre la denominada “garantía institucional” de la provincia. De acuerdo con esta teoría jurisprudencial, la Constitución de 1978 asegura la existencia de esta entidad local, dotándola además de unas competencias mínimas que no pueden ser absorbidas por la Administración central ni las comunidades autónomas. Esta posición no ha variado nunca y se ha hecho valer frente a cualquier intento de devaluar las funciones o la supervivencia misma de la institución provincial. La última prueba la encontramos en la sentencia sobre la reforma del Estatut de Cataluña, donde nuestro alto tribunal ha mantenido que, salvo cambiar su denominación, las provincias no pueden dejar de existir en la organización territorial del Estado español. Esta interpretación de la Constitución no ha impedido, sin embargo, que la provincia haya desaparecido en ocasiones para reconvertirse en comunidad uniprovincial, una entidad distinta pero comprensiva realmente de la anterior.

Pese a estas limitaciones constitucionales, queda todavía cierto margen de maniobra para que el legislador intente realizar algunos cambios para modificar las competencias del Gobierno provincial, o transformar las diputaciones provinciales en otro tipo de corporación política intermunicipal. Las condiciones de esa posible reforma también están marcadas en la norma constitucional. En primer lugar, no cabe eliminar la “autonomía política” de las entidades locales provinciales, ya que esta forma parte del mínimo garantizado constitucionalmente. Tampoco se podría sustituir a la diputación por una estructura meramente administrativa, encargada solo de gestionar las decisiones que toman el resto de las Administraciones (estatal, autonómica o municipal). En este sentido, el artículo 141 de la Constitución establece de forma explícita el carácter representativo de cualquier tipo de corporación de ámbito territorial provincial, al margen de su denominación. Y por último, esas nuevas -o viejas pero reformadas- instituciones provinciales deben conservar un espacio de competencias propio, en el cual puedan actuar con la autonomía que les garantiza la Constitución.

Los discursos políticos han omitido también un plano de análisis que es imposible obviar jurídicamente. Me refiero a que el régimen local en España se ha caracterizado siempre por su condición “bifrontal”; es decir, se trata de una materia sobre la que legisla tanto el Estado como las comunidades autónomas. De ahí que cualquier reforma de la provincia tampoco puede eludir las leyes regionales, y sobre todo los estatutos de autonomía, que recogen algunos elementos fundamentales de las funciones y relaciones administrativas de las diputaciones. Esto puede ser un obstáculo, casi insalvable, ya que la reforma de los estatutos no depende de la voluntad del Estado.

Si queremos instituciones eficientes políticamente y racionales desde el punto de vista presupuestario, la reforma debe tocar otras dimensiones de las diputaciones. Ciertamente hay que reducir el número de diputados y las excesivas compensaciones a los funcionarios leales políticamente en forma de cargos de confianza, directivos o asesores. Pero también es imprescindible eliminar la “instrumentalización” que se ha hecho hasta ahora de ellas como sedes institucionales para el retiro de políticos en declive y sin demasiada preparación para tareas gerenciales. En definitiva, el “adelgazamiento” presupuestario de las diputaciones no debería perder de vista la función imprescindible que desempeñan, y lo seguirán en el futuro una vez reformadas, para garantizar el equilibrio territorial, así como la igualdad y el bienestar de muchos ciudadanos que viven todavía en el mundo rural y de los pequeños municipios de este país.

El PNV ha anunciado su rechazo a la reforma del artículo 135 de la Constitución porque afecta al autogobierno vasco, a sus competencias propias y a la definición de las políticas económicas y fiscales de Euskadi. En la misma dirección se ha pronunciado la llamada izquierda abertzale, que ha calificado el acuerdo PSOE-PP como un ataque directo al autogobierno de vascos y navarros.

Nada tiene de extrañar que los amigos de ETA sigan en su línea habitual. Para ellos la reforma es una demostración más del aplastamiento de las libertades nacionales de Euskal Herria. Distinto es el caso del PNV, que presume de un ardiente europeísmo. Si, como anhelan, Euskadi fuera una nación en Europa, sus instituciones también se verían obligadas a cumplir las prescripciones de Bruselas. Pienso que estamos ante una repetición de la partitura que los nacionalistas interpretaron en 1978. En aquel momento histórico de nada sirvió que, con el apoyo explícito de Xabier Arzalluz en la Comisión Constitucional del Congreso, se introdujera por consenso de todos una disposición que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Carlos Garaicoechea, entonces presidente del Euskadi Buru Batzar, ordenó a Arzalluz echar marcha atrás al percatarse de que aceptar una Constitución fundamentada en la unidad indisoluble de la nación española suponía el suicidio del nacionalismo sabiniano. Paradójicamente, el PNV enarbola ahora la denostada disposición adicional, que le sirvió entonces como pretexto para abstenerse en el referéndum constitucional.

Es falso que la reforma vulnere la autonomía vasca. El punto primero del artículo 135 establece que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Es éste un pronunciamiento avalado por el sentido común y que no altera ninguna competencia del País Vasco. Más aún, la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 preveía su aplicación al País Vasco «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico», que a su vez consagra el principio de «coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria».

Decir que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros, es otra obviedad. Todas las administraciones públicas españolas están obligadas a cumplir las normas comunitarias europeas.

También es inobjetable la exigencia constitucional de que el Estado y las autonomías habrán de ser autorizadas por ley para emitir deuda pública. En la actualidad, todas las comunidades -incluidas las diputaciones vascas- necesitan para endeudarse obtener la autorización del Gobierno. Constituye una novedad de gran calado para el desarrollo de la economía nacional la previsión de que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al PIB del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En realidad, con la Constitución en la mano, bastaría para conseguir este objetivo con aplicar lo dispuesto en el artículo 149.1.13, que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

El texto reformado remite a una ley orgánica el desarrollo de los «principios» contenidos en él. Nada impide, sino todo lo contrario, que a la hora de proceder a su elaboración se introduzca -como ya se hizo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001- una disposición de respeto a los regímenes forales. Tal proceder sería congruente con lo previsto en el punto 6 del nuevo artículo que determina que «las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites establecidos en aquél adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias».

La naturaleza jurídica de la foralidad navarra es diferente de la vasca. Fue Cánovas del Castillo el que en 1878, tras el fin de la tercera guerra carlista, concedió a las Provincias Vascongadas los Conciertos Económicos, que de un sistema de mera descentralización recaudatoria han pasado a ser después de la Constitución de 1978 un régimen de plena autonomía tributaria. En el caso de Navarra, sus facultades en materia fiscal son originarias y se incorporaron al ordenamiento constitucional mediante la Ley Paccionada de 1841, que integró el antiguo Reino navarro en el seno del Estado español previo reconocimiento de un estatus autonómico singular al que se dio en llamar régimen foral. Después de la Constitución de 1978, la foralidad navarra experimentó una importante transformación. El Amejoramiento del Fuero de 1982, además de democratizar las instituciones forales, tuvo como objeto integrar en el régimen navarro todas aquellas facultades y competencias compatibles con «la unidad constitucional». Concepto que se reitera al establecer que en ningún caso el ejercicio de las competencias forales afectará a las facultades y competencias del Estado «inherentes» a aquella.

Aunque la unidad constitucional, único límite para el desenvolvimiento del fuero navarro, pueda admitir diversas interpretaciones, es indiscutible que la reforma proyectada tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales y el interés general de los españoles, de modo que se inserta en el núcleo esencial de la unidad constitucional. En realidad, se trata de una concreción en el ámbito presupuestario de una de las competencias exclusivas e irrenunciables del Estado, como es la de establecer las bases y coordinar la planificación de la actividad económica.

La reciente reforma consensuada del artículo 135 de la Constitución, todavía en trámite parlamentario, puede ser un pequeño paso para nuestra maltrecha economía, pero un gran salto para la puesta al día de nuestro régimen constitucional. Por ello voy a dedicar unas reflexiones sobre los aspectos jurídico-políticos de dicha modificación.

De entrada, las dos primeras cosas que llaman la atención son, por una parte, la mención a la Unión Europea, a la que pertenecemos desde 1986, circunstancia que ignoraba nuestra Constitución. Por consiguiente, es un importante paso en nuestra pertenencia al club europeo, al que de acuerdo con los tratados hemos cedido parte de nuestra soberanía. Y, por otra, se citan a las comunidades autónomas, como un hecho adquirido, mientras que hasta ahora la mención que se hacía de ellas en nuestra Norma Fundamental, no era más que una promesa de futuro. Ahora ya sabemos que España es un Estado compuesto por comunidades autónomas. Sin embargo, este artículo no puede ser el único que se reforme, porque las deficiencias que se han puesto de manifiesto con la política llevada a cabo por el Gobierno socialista son necesariamente reparables y deben serlo lo antes posible.

La Constitución reconoce, por tanto, que podían existir comunidades autónomas, pero ni dice cuántas ni cuáles son. Lo que sí se desprende es que el artículo 135 comporta desde ahora una consecuencia de infinito valor: todas las comunidades en España son iguales, puesto que el tratamiento que este nuevo precepto lleva a cabo sobre la estabilidad presupuestaria es un requisito que iguala a todas las comunidades autónomas.

Ello es importante porque exige que se lleve a cabo lo antes posible otra reforma mas profunda de la Constitución, para subsanar los defectos que acabo de señalar. Es decir, se exigiría no sólo que se especifique que en España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que se señale el nombre de las mismas, que se especifique las competencias que ejercen, dejando bien claro cuales son las que el Estado se atribuye de forma irrevocable. Naturalmente algunas de las cuestiones indicadas exigirían la aplicación del procedimiento agravado de reforma del artículo 168. Por ejemplo, habría que reformar el artículo 2, modificando el texto actual, cuando habla de «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones», sustituyendo este párrafo por las comunidades autónomas que integran la Nación española. Evidentemente, tanto esta modificación, como la que se necesita también para modificar el orden sucesorio de la Corona, a efectos de que pueda reinar el primogénito, sea varón o hembra, como algunos otros artículos que no puedo detallar ahora, obligaría a la reforma igualmente del artículo 168, que implica, como es sabido, que sea aprobada por dos tercios de cada Cámara, nuevas elecciones generales, y aprobación respectivamente otra vez por las Cámaras elegidas, para después al referéndum de la Nación.

Los dirigentes del PP y del PSOE, que acaban de demostrar que pueden llegar a un acuerdo, por encima de sus intereses partidistas, que busca el bien común, deberían pensar así, que estamos ante una ocasión de oro que no podemos desaprovechar.

En efecto, aprobar el acuerdo de la reforma, a través del procedimiento del artículo 168, no sólo es posible, sino esencial para el futuro de España. Es posible, porque se exige dos tercios en cada Cámara para su aprobación, lo que significa que ambos partidos disponen de los dos tercios necesarios. Y cabe esperar que se disponga de la misma mayoría en las nuevas Cortes Generales que salgan de las Elecciones del 20 de noviembre. Es mas: como se exige también el referéndum, de esta manera se haría participar a todos los españoles mayores de 18 años, colaborando así en la aprobación, en su caso, de la reforma de la Constitución.

De esta manera, no sólo se lucharía contra el déficit económico, sino también contra el déficit democrático del que se quejan, con razón, las nuevas generaciones de españoles. Y, además, es también conveniente utilizar el procedimiento de reforma del artículo 168, para acabar con el mismo, derogándolo. Una vez desaparecido este irracional artículo, se podría entrar en las otras reformas que directa o indirectamente, condicionan el nuevo artículo 135.

Ciertamente, lo primero que hay que señalar es que la aplicación del mismo, sería mucho mas razonable si existiese un Senado que representase a las comunidades autónomas y no a las provincias, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el responsable de exigir la legalidad de las comunidades autónomas, en relación con lo que mantiene el citado artículo, no será otro que el Tribunal Constitucional. Lo cual quiere decir que habrá que reformarlo, porque como se ha demostrado ya, la politización del mismo no puede continuar, si queremos que funcione el régimen constitucional español. A la vista de todo lo expuesto sucintamente hasta aquí, lo que quiero decir es que todo ello viene a demostrarnos que no sirve tapar una gotera únicamente, en un edificio en el que ya se han abierto otras muchas.

En definitiva, el mejor servicio que puede prestar el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, antes de dejar la política activa, no sólo sería el haber planteado la reforma del artículo 135, sino el de utilizar el 168, para suprimirlo después. Porque en la política, como en el teatro, mucho más importante que la entrada en el escenario, es sin duda una salida que sea airosa y que deje buen sabor.

En un editorial publicado por este periódico el 19 de agosto -¿Eliminar o reformar?- se afirmaba que en 2006 Jordi Sevilla, entonces ministro de Administraciones Públicas, presentó un proyecto para suprimir las Diputaciones Provinciales que no prosperó porque fue rechazado por el propio PSOE. He decidido contribuir al muy desconcertante debate veraniego sobre esta cuestión para desmentir esa afirmación, pues ni en aquel anteproyecto de ley de gobierno local ni en el Libro Blanco que dirigí para preparar esa fallida reforma figuró nunca tal propuesta de eliminación. Al contrario, nuestra intención era otra bien distinta.

En abril de 2004, la elaboración de nuevos estatutos de autonomía para Cataluña y otras comunidades monopolizaba el debate sobre la articulación territorial del Estado, con una nueva marginación del nivel local. Se corría incluso el riesgo de que esa enésima preterición se convirtiese en definitiva, porque las reformas estatutarias aspiraban a interiorizar como competencia exclusiva autonómica el régimen local, que quedaría así equiparado a una mera materia sectorial más.

Sin embargo, nosotros pensábamos que los municipios no podían estar sujetos a la disputa competencial entre Estado y comunidades autónomas, ni mucho menos quedar subordinados a uno u otro nivel. Recuerdo que en una de las primeras intervenciones que preparé entonces para el presidente del Gobierno -en la conmemoración del XXV aniversario de los Ayuntamientos democráticos- traté de adaptar un bello poema de León Felipe señalando que la reforma territorial debía correr en paralelo en el nivel local y el autonómico y no hacerse ni antes ni después, ni los primeros ni los últimos, sino juntos y a tiempo.

Para conferir consistencia y relevancia al municipalismo resultaba obligado abordar un problema estructural en España, donde el 85% de los municipios es menor de 5.000 habitantes. La tentación primera es fundirlos en unidades más grandes, pero a poco que se reflexiona, esta opción se revela imposible. No solo por el arraigo histórico y social o por razones de desarrollo económico, sino, sobre todo, por la inoportunidad de suprimir los espacios más propicios a la participación ciudadana. La descentralización no se justifica solo por la asignación eficiente de recursos, sino por la cercanía entre gobernantes y gobernados, acaso la expresión más genuina del principio democrático y la manifestación más cabal del principio de subsidiariedad: que el Gobierno titular de una competencia sea el más cercano a la ciudadanía.

El reto estaba entonces en superar la fragmentación de un municipalismo aislado y condenado a la tutela del Estado o la comunidad autónoma. Había que conseguir que esos Ayuntamientos pequeños, que no tienen por sí solos la capacidad de gestionar efectivamente sus competencias ni ofrecer servicios públicos de calidad a los vecinos, fuesen viables. Y la respuesta se hallaba y se halla en la regulación adecuada de la intermunicipalidad; un término que pusimos en circulación como preferible al de supramunicipalidad para dejar claro que lo que pertenece al ámbito local no puede ser ninguneado y arrebatado por la voracidad de los niveles de Gobierno superiores. Por eso el establecimiento de unidades en las Consejerías autonómicas dirigidas a asistir y subvencionar a los municipios más necesitados no es solo un error conceptual, sino una violación del espíritu federal que subyace al modelo territorial español.

Es verdad que la intermunicipalidad se puede alcanzar por distintas alternativas: mancomunidades voluntarias; comarcas impulsadas por las comunidades autónomas; y, finalmente, la previsión constitucional de las provincias. Nuestra conclusión, sopesando ventajas e inconvenientes, se plasmó en un proyecto político claro que apostaba por la tercera opción. No se puede resolver un problema estructural confiando en que los municipios se asocien espontáneamente en mancomunidades y, en cuanto a las comarcas, conllevan el riesgo de convertirse en divisiones periféricas de la Administración autonómica.

Ambas alternativas, además, suponen una onerosa multiplicación de las entidades intermunicipales. La provincia, en cambio, además de plasmarse en un número reducido, de tener un bagaje acumulado de dos siglos y de estar bastante interiorizada socialmente, tiene la gran ventaja de no estar a disposición de las comunidades autónomas. Al estar reguladas en la Constitución forman parte del modelo de Estado en sentido amplio, y además, aparecen vinculadas expresamente a los municipios constituyendo un único sistema local. De hecho, ese era otro de los puntos axiales en aquel intento de reforma en 2006: municipios y provincias integran una sola comunidad política para el desarrollo de la autonomía local. Las Diputaciones no son pues un nivel territorial más, sino que forman parte del Gobierno local y son necesarias para garantizar precisamente que este exista. El problema es que durante mucho tiempo se ha oscurecido esta dimensión local de la provincia y el Estado ha caído en la tentación de usarla como ariete frente a la comunidad autónoma, provocando una rivalidad institucional cuyo pagano han sido los municipios.

En la medida que aquel proyecto de nueva ley local fracasó, sigue pendiente redimensionar correctamente a las Diputaciones aprovechando la ventaja comparativa de una institución cuyo rasgo diferencial consiste en apoyar a los municipios, a través de personal cualificado y otros recursos que generan economías de escala, para que las competencias locales se puedan ejercer en su nivel y no salten al autonómico.

Las Diputaciones bien entendidas no son, por tanto, un elemento sobrante de nuestro modelo territorial sino una excelente oportunidad de valor añadido. De lo que se trata, a partir de esta premisa, es de regular con precisión la relación entre la provincia y los municipios, que no puede seguir descansando en la concesión de fondos. En el Borrador de 2006 se optaba por la concertación como nuevo sistema de planificación que deja a los municipios fijar sus prioridades para ser luego catalogadas por la Diputación y finalmente articuladas entre esta y aquellos. Ese modelo de equilibrio entre las necesidades municipales y la visión intermunicipal de la provincia no pudo aprobarse entonces como ley básica, pero se ha incorporado en la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010. La concertación es una experiencia innovadora en donde nadie puede ejercer la supremacía institucional sobre los municipios y que impide que la vecindad administrativa sea un obstáculo para el disfrute de servicios públicos. En suma, la provincia debe ser la continuación del municipio y, en ningún caso, la continuación del partido por otros medios; de ahí la urgencia de profesionalizar la función directiva en las Diputaciones, un lugar donde el personal constituye el activo más valioso.

Está bien plantear debates en verano, pero es responsabilidad de los políticos no condenar a cada generación de españoles a inventar el fuego abrasándose las manos, aquella advertencia de Manuel Azaña que Hannah Arendt expresara bellamente: mirar el pasado con ojos de futuro. Una actitud sensata que evite el adanismo de creer que la historia comienza con nosotros y lo que nos precede es un error.

Ayer hablábamos de la regeneración pendiente y de la refundación necesaria. Hoy lo hacemos de la reconstrucción pendiente y de la reconstitución necesaria, siendo la redefinición del modelo autonómico la tarea pendiente por excelencia, poniendo coto a sus excesos e insolidarias políticas soberanistas que suspiran anhelos confederales o de independencia y autodeterminación. El Estado de las Autonomías, de indiscutibles logros, no ha sido sin embargo capaz de integrar las reivindicaciones nacionalistas, mientras que ha postergado los elementos comunes e incentivado las diferencias, pretiriendo enfermizamente los elementos centrípetos frente a los centrífugos. Y aquí hay varias tareas pendientes: cerrar un modelo de Estado que no puede permanecer indefinidamente abierto y fortalecer las competencias de coordinación y supervisión del Estado. E incluso, por qué no, la avocación por este de algunas competencias transferidas, y sobre las que algunos dirigentes autonómicos ya han adelantado, como en materia de sanidad y justicia, su disponibilidad. Una reforma que habrá de ser no solamente estatutaria, sino, en el momento de distensión política oportuna, con un amplio acuerdo y con sentido institucional, también constitucional, con una delimitación competencial diáfana de las competencias estatales indelegables, donde habría que replantearse además la desafortunada vía extraestatutaria de la delegación y transferencia de competencias estatales del artículo 150.2 de la Constitución y el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad respecto a los estatutos de autonomía. El desgraciado proceso de reforma y enjuiciamiento del Estatut de Catalunya lo ha explicitado. Y, por encima de otra consideración, hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que implica la imposibilidad de dar alas a generalizadas pretensiones de conciertos económicos y a procesos de inmersión lingüística inequívocamente inconstitucionales. Aquí se vislumbra nuevamente la reclamada modificación de la Ley Electoral con criterios donde primen la representatividad real y la integración política de la nación española en su conjunto. A lo que hemos de sumar un recetario más: pongamos todos los medios políticos y jurídicos para evitar la entrada de los terroristas y sus socios y cómplices en las instituciones y administraciones públicas, pues aquí la responsabilidad no es solamente política sino moral.

Dicho esto, no quedan aquí los retos. Se impone, tanto por su ineficacia política, pero sobre todo, tal y como se está viendo con la crisis de los mercados financieros, por su inviabilidad económica, una revisión de las estructuras políticas y administrativas, evitando exageradas e insostenibles duplicidades: la estatal, la autonómica, la comarcal, la provincial y la municipal. No son necesarios ni tantos gobiernos y plenarios ni tantos órganos consultivos y de asesoramiento, ni estos favorecen la mejor gestión y seguimiento de los asuntos públicos. En suma, un futuro reparto territorial del poder que, reconociendo las singularidades de una plural España constitucional, lo redistribuya de acuerdo con criterios presididos por la lealtad, la igualdad, la solidaridad, la cooperación y la eficiencia.

Aunque, ya adelantábamos, las medidas no se restringen al ámbito axiológico, social o político. Se requiere una nueva y decidida política económica que nos saque de una situación deprimida, esclerotizada y paralizante. Una política económica que nos aleje de la quiebra y de la suspensión de pagos que nos atenaza y que cada día amedrenta a más personas y colectivos sociales. En este contexto, es comprensible la indignación de algunos colectivos que reclaman otra manera de hacer Política. Pero que no pueden sin embargo pretender presentarse como una democracia sustitutiva de la única representación que legitima los regímenes constitucionales: la democracia representativa nacida de las elecciones libres y periódicas. Y menos, querer detentar, sin título alguno, las esperanzas de cambio de la comunidad nacional, ni violentar, al socaire de un mal entendido ejercicio exclusivo de sus derechos fundamentales, los derechos y libertades de los demás. La Constitución ampara generosamente las libertades de expresión, manifestación y reunión, pero estas no pueden violar las correlativas libertades de circulación y de movilidad y los derechos de propiedad, propios de una economía de mercado, de los demás ciudadanos. Y menos, desafiar al Congreso de los Diputados e impedir la constitución de las instituciones democráticas —como la Generalitat de Cataluña y las Cortsvalencianas—, ¡que tanto nos ha costado recuperar, y que no tienen alternativa si suicidamente se derrumban!, sin la firme reacción de quienes están encargados de hacer respetar la ley. El Estado de Derecho dispone del monopolio legítimo de la fuerza para cumplir y hacer cumplir la ley, y si fuera necesario, ¡pero casi nadie se atreve a decirlo, y menos a hacerlo!, a un uso responsable de la fuerza a través de sus cuerpos de seguridad. Nadie está por encima de la ley, expresión de la voluntad popular, ni son tolerables conductas tipificadas y sancionadas en el Código Penal. Aquí no hay contradicción entre concepciones rousseaunianas o hobbesianasacerca de la condición humana. Ojo con dar pasivamente alas a la coacción y la intimidación, pues estas conducen al caos, y son el peor caldo de cultivo para la destrucción de la democracia y sus instituciones. La democracia sigue siendo, decía Winston Churchill, la peor de las formas de gobierno excluyendo las demás. No la pongamos, pues, en entredicho, y menos en peligro, por un buenismo irresponsable, por cómplice cobardía o por un imprevisible rédito electoral.

De aquí la pertenencia de suscribir un gran pacto social y económico entre todos los agentes sociales. Un pacto que nos saque del estancamiento de un modelo productivo agotado, de unas hipertrofiadas administraciones despilfarradoras y clientelares y de una situación de endeudamiento inasumible para los ciudadanos y sus familias, pero no menos para el Estado, sus instituciones y administraciones, a las que cada vez cuesta más encontrar financiación en los mercados internacionales. Nos enfrentamos a un modelo literalmente agotado. Decía el presidente Jefferson que las generaciones futuras tienen el derecho a establecer sus normas de convivencia, esto es, a reformar sus constituciones para acomodarlas a sus cambiantes necesidades; pero, de la misma suerte, las generaciones venideras disfrutan del derecho a tener un marco económico que les permita acceder al mercado de trabajo —tasas de paro superiores al veinte por ciento y que alcanzan el cuarenta en el caso de los jóvenes no son solo un problema social y económico, sino una indignidad moral, salvo que los españoles de hoy condenemos trágicamente a nuestros hijos a pagar nuestros excesos y desvaríos.
El pasado mes de julio la Universidad Rey Juan Carlos dedicaba uno de sus cursos de verano celebrados en la villa y corte de Aranjuez a reflexionar sobre las actuales dificultades económicas —la asfixiante tasa de paro, el exceso de dependencia de la financiación exterior, la falta de competitividad del tejido empresarial, la ausencia de formación profesional, la delicada situación de las cuentas públicas con un déficit creciente, el ingente incremento de la deuda, la creciente afectación de un Estado del Bienestar mal entendido— y, en especial, sobre las medidas terapéuticas aplicables. Por más que lo más relevante sea la recuperación de la confianza y la credibilidad. Así las cosas, se impone un recetario amplio que implique medidas de austeridad, transparencia, simplificación administrativa y contención del gasto público. Esto es, estabilidad presupuestaria. De esta manera, preservaremos la cohesión social, la sostenibilidad del modelo y el mismísimo Estado del Bienestar.

Las dificultades son, pues, muchas y grandes, pero el desafío merece la pena. De no ser así, terminaremos dando la razón a Goethe: el pueblo, convertido en populacho, no se da cuenta de la presencia del diablo hasta que este lo tiene agarrado por el pescuezo. Yo, como español, y como ciudadano, me niego a serlo. ¿Y ustedes?

El entorno que ha rodeado a la organización de la visita a Madrid del jefe del Estado vaticano, Joseph Alois Ratzinger, obliga, una vez más, a reflexionar sobre el alcance de las previsiones constitucionales acerca del carácter aconfesional del Estado, por el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones” (art. 16.3). En una visita en la que, según ha informado este mismo diario, se han expuesto textos religiosos del rito católico en las fachadas de organismos públicos del Gobierno central y del autónomo. Además, la sede del Ayuntamiento ha servido como vestuario de miles de sacerdotes para celebrar una misa. También, a fin de acoger la visita de Benedicto XVI y los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud, se han cerrado al tráfico durante siete días parte del centro de la ciudad, todo lo cual se ha justificado por la condición de líder espiritual del monarca absoluto del Vaticano, del que muchas personas “van a escuchar un mensaje de esperanza en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo”.

Pero como resulta que, con sus luces y sombras, vivimos en una sociedad democrática, resulta ser que ante la visita del líder católico, también se han movilizado otros sectores de la sociedad que se han expresado críticamente respecto de la visita bajo el lema “De mis impuestos, al Papa cero. Por un Estado laico”, propugnando la eliminación de los privilegios jurídicos, simbólicos, políticos, fiscales y económicos de los que goza la Iglesia católica. Ante tales reproches, miembros de la jerarquía católica han calificado de “paletos” a quienes los formularon; de “parásitos” a los convocantes de una manifestación crítica con la concentración, a los que además consideran depositarios “de una laicidad radical y un secularismo peligroso para la moral”. Ciertamente, es una forma de libertad de expresión que ha de ser garantizada. No parece, sin embargo, que también lo sea de la tolerancia que algunos predican del catolicismo. En todo caso, es un derecho fundamental inalienable que, como es el caso, también sirve para retratar a algunos.

En este contexto, una de las cuestiones que vuelve a plantearse es hasta qué punto el poder público puede comprometer su relación de colaboración con la Iglesia católica, como ha sido ahora el tener el centro de Madrid bloqueado al tráfico regular durante una larga semana, en la que edificios públicos han hecho ostentación de mensajes religiosos, que por muy respetables que sean forman parte de las creencias privadas de un sector de la población que, en ningún caso, pueden implicar al Estado, que por prescripción constitucional carece de adscripción religiosa. Razón por la cual, un edificio público no puede expresar mensajes religiosos porque su carácter representativo de todos los ciudadanos impide a sus gestores utilizar el espacio físico del edificio para hacer ostentación de credo alguno. El mismo argumento ha de servir para rechazar prácticas que se siguen realizando en la actividad de determinados poderes públicos, como es el caso de los funerales de Estado bajo el rito católico, o las tomas de posesión de altos cargos con presencia de símbolos religiosos como el crucifijo, o la celebración de misas en centros públicos con motivo de determinadas festividades. La aconfesionalidad del Estado excluye a cualquier credo religioso y sus símbolos de la actividad regular de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

De acuerdo con esta premisa, el genérico deber constitucional de cooperación del Estado con las diversas confesiones religiosas y en especial con la Iglesia católica, ha de ser entendido -de acuerdo con el profesor Ruiz Miguel- como un deber general de facilitación de medios, pero no de incentivación de estos. Facilitar los medios a un credo religioso para el ejercicio de la libertad religiosa se concreta en la acción de los poderes públicos destinada simplemente a allanar o posibilitar la realización de la libertad, pero sin ir mucho más lejos y, por supuesto, sin comprometer al poder público con los contenidos de la creencia religiosa. Por el contrario, concebir la cooperación como una forma de incentivación de conductas a las que los ciudadanos pueden ser opuestos -lo cual es una lógica consecuencia en una sociedad basada en el pluralismo- comporta una implicación o compromiso del Estado con determinados valores religiosos, que supone indefectiblemente la lesión de los derechos de libertad religiosa y libertad ideológica de los ciudadanos que no participan del credo religioso que el poder público se dedica a incentivar. Algunos de los ejemplos aquí citados con motivo de la concentración católica de Madrid, como los mensajes en edificios públicos o el uso de dependencia municipales, están en las antípodas del Estado aconfesional que proclama la Constitución.

Aunque ello no puede sorprender tras la pervivencia de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, que consagraron un conjunto de privilegios para la Iglesia católica, con clara vulneración del principio constitucional de neutralidad del Estado en materia religiosa, a favor de una confesionalidad soterrada.

La bancarrota de muchos ayuntamientos ha reavivado el viejo debate sobre la planta municipal en España. Diversas voces se han alzado contra los costes de un excesivo número de entidades locales que contrasta, se asegura, con la realidad de otros países. ¿Nos sobran municipios? ¿Convendría en estos tiempos de crisis, como proponen algunos, reducir enérgicamente nuestro universo municipal para conseguir más racionalidad y eficiencia? Las cifras inducen, de entrada, a contestar con un sí a ambas preguntas. Hay en España 8.116 municipios. De ellos, 6.800 -casi el 84%- tienen menos de 5.000 habitantes, y seis de cada diez no llegan a 1.000 vecinos censados.

Desde el ángulo económico, tanta fragmentación causa problemas evidentes. Como ámbitos de provisión de servicios, el escaso tamaño de la inmensa mayoría de nuestros municipios produce claras deseconomías de escala e impide que funcionen sistemas eficaces de financiación y gestión. Dicho esto, no es tan obvio que la anomalía nos pertenezca en exclusiva. Si nuestro promedio de habitantes por municipio es de 5.650, los de Alemania e Italia presentan una media solo ligeramente superior -algo más de 7.000 vecinos-, mientras que Francia, con una planta local descomunal integrada por 35.500 comunas en las que reside un promedio raquítico de 1.800 personas, nos rebasa de largo. Donde las diferencias sí son notorias es en los países nórdicos. La media demográfica municipal en Finlandia es de 15.000, en Suecia supera los 32.000 y en Dinamarca ronda los 55.000 habitantes.

Las cifras comparadas apuntan a otro factor digno de ser considerado. Los países escandinavos son estados unitarios muy descentralizados donde una parte destacada del gasto público se administra en el nivel local. En el otro extremo, Francia es un Estado unitario fuertemente centralizado que asigna a sus municipios un papel mucho más limitado. En un punto medio, Alemania, Italia y España son estados compuestos de matriz federal, y en ellos el rol municipal se halla modulado por la existencia de länder, regiones y comunidades autónomas. En definitiva, la diferencia de roles constitucionales se relaciona estrechamente con el tamaño, y este a su vez con la capacidad. Una masa crítica consistente es requisito y signo de fortaleza institucional. Por el contrario, la fragmentación produce entidades locales débiles, de escasa capacidad propia, condenadas a reivindicar permanentemente recursos administrados por instituciones de rango superior. En nuestro caso, el peso constitucional de los entes locales nos incitaría a avanzar, como han hecho otros países, en una línea de mayor compactación. ¿Debemos adentrarnos, hoy y aquí, en un proceso de reducción de la planta municipal?

La cuestión suscita reservas nada menores. De entrada, la fusión forzada de municipios generaría fuertes resistencias. La tradición cantonalista sigue más viva de lo que podría parecer. En Catalunya, las viscerales reacciones al Informe Roca pusieron de manifiesto hace diez años el trasfondo emocional subyacente en ese reducto primario del sentimiento colectivo que es la identidad local. En momentos tan convulsos como los que vivimos, es dudoso que debamos gastar en ese empeño, y en un proceso necesariamente largo (en Alemania, una reducción de ayuntamientos del 18% ha consumido más de diez años), tan enormes cantidades de energía social. Los beneficios no serían ni evidentes ni, desde luego, inmediatos. Tal vez haya formas menos costosas de afrontar el problema, como los techos de gasto o la puesta en común de inversiones y servicios mediante formas mancomunadas. También cabría acometer la imprescindible reforma de las diputaciones, que ya ha entrado en el debate político reciente.

Claro que las propuestas de rediseño formal venden mejor en la opinión pública. Sacar el bolígrafo y reducir sobre el papel estructuras administrativas asegura un eco mediático favorable. El problema es convertir esas medidas en cambios reales. Lo que hay en juego es reducir el gasto para tener servicios públicos sostenibles. Si es así, ¿de qué serviría duplicar el tamaño medio de nuestros ayuntamientos si no reformamos en profundidad la gestión pública para hacerla más eficiente? ¿Quién nos garantizaría, por ejemplo, que los partidos no duplicarían también, en los ayuntamientos fusionados, la nómina de cargos que dedican a colonizar el espacio que debiera reservarse a una función directiva profesional? ¿Acabarían de un plumazo, con menos municipios, la dispersión de la oferta y la emulación expansiva que han caracterizado a los años de la burbuja?

La hipertrofia municipal es, desde luego, un problema. Pero la función de la política no es identificar problemas, sino seleccionar los desafíos colectivos que nos corresponde afrontar en cada momento, y facilitarnos un camino razonable para hacerlo. A veces, los diseños de laboratorio con buena prensa son fuegos artificiales que nos distraen de las reformas verdaderamente prioritarias.

No sé qué es más preocupante, que después de su dilatada carrera política Rubalcaba no haya aprendido para qué sirven las diputaciones o que, sabiéndolo, no tenga empacho en recurrir al populismo más burdo para tratar de arañar un puñado de votos en las grandes ciudades a costa de la España rural y más desfavorecida.

Cualquiera de las dos opciones son malas y, lo que es peor, retratan a la perfección los valores que priman en el PSOE a la hora de elegir a sus líderes: la ignorancia y la mentira al servicio del bien supremo, conquistar y mantener el poder a cualquier precio.

Vender en las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Sevilla…- que las diputaciones provinciales son innecesarias, caras y duplican servicios es fácil. Que Rubalcaba venga aquí, a Cuenca, que nos conozca y vea de primera mano la realidad de los municipios de nuestra Sierra, de la Alcarria, de la Mancha y la Manchuela, y que entonces repita su propuesta.

Es muy probable que en el dibujo teórico del Estado de las Autonomías las diputaciones fueran consideradas como una administración residual, menor y llamada a la extinción. Es más, convencido municipalista como soy, no me dolerían prendas en apostar por la desaparición de las diputaciones si no fuera porque conozco los servicios que prestan, el trabajo que hacen y el papel vital que están desempeñando para lograr algo tan democrático como que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios. Es vertebrar el territorio, luchar contra la despoblación, atender a nuestros mayores sin obligarles a abandonar su casa, sus raíces. Vamos, valores socialistas de toda la vida que ahora Rubalcaba parece olvidar.

Porque esa es la función básica de las diputaciones provinciales: facilitar el acceso a servicios de calidad a aquellos que no pueden pagarlos. Pondré un ejemplo: el Servicio de Bomberos de Cuenca 112 alcanza a los 238 municipios de la provincia. De esos 238 ayuntamientos, apenas 37 sobrepasan el millar de habitantes. La mayoría son núcleos pequeños que de por sí carecen de capacidad económica para contratar a un solo bombero pero que gracias al trabajo de coordinación de la Diputación gozan de esta elemental medida de seguridad. ¿Cómo? Algunos lo llaman economía de escalas: la suma de esfuerzos de los ayuntamientos para abaratar costes; otros lo llaman solidaridad: el apoyo de los municipios grandes (sólo 97 ayuntamientos se han obligado a pagar las cuotas por este servicio) a los más pequeños. En la práctica diré que existe una Diputación provincial que reconoce que el pequeño municipio también tiene derecho a un servicio tan importante, que coordina el trabajo con los municipios, que aporta también un capital para su sustento y que los asesora técnicamente para lograr ese fin. Algo impensable desde cualquier otra administración en las que lo que pesa en las decisiones es, ni más ni menos, la obtención del mayor rédito electoral -caladeros de votos- con cada inversión. Y a las pruebas me remito: ninguna otra de las administraciones ha hecho nada hasta ahora por lograr que todos los municipios de Cuenca tengan un servicio de bomberos porque, puedo ser malpensado, pero sospecho que a ninguna otra administración le compensaba este gasto.

¿Sabe Rubalcaba qué administración está, a día de hoy, dispuesta a invertir en el mantenimiento de las carreteras provinciales por las que circulan tantos autobuses escolares o por las que llegan a pueblos remotos las ambulancias para evacuar a heridos y enfermos? ¿Quién está dispuesto a asumir las tareas de asistencia a los municipios y prestar a los pequeños ayuntamientos el servicio de secretarios e interventores que les asesoran sobre la legalidad de sus actos? ¿Quién piensa en esta España del siglo XXI que hay muchos municipios que para tener agua potable dependen de los sondeos y pozos que abre y cuida la Diputación provincial? ¿Quién va a asumir los costes de nuestra residencia de ancianos o de nuestra guardería?

Esta es nuestra realidad. Una realidad en la que hacemos mucho con poco, en la que dependemos -salvo las diputaciones forales que tienen otro régimen histórico- de los ingresos que nos trasfieren otras administraciones y una realidad en la que nos dedicamos a resolver problemas que en la gran ciudad se creen superados por el desarrollo, pero que siguen acuciando a la España rural y golpeando, sobre todo, en poblaciones tan pequeñas que ni quitan ni ponen diputado en el Congreso.

Con todo, aun aceptando que haya otra administración dispuesta a asumir estos gastos que no rentan en votos, ¿puede afirmar Rubalcaba que su gestión sería más barata?

Un simple vistazo a la situación actual me dice que no. Basta con recordar cómo esas administraciones llamadas según el candidato socialista a asumir el trabajo de las diputaciones han tirado con pólvora del rey estos años pasados, derrochando el dinero que ahora necesitamos y, en muchos casos, originando con su mala gestión la deuda que arrastramos ahora tanto las diputaciones como los ayuntamientos. Y les daré a los lectores un dato que quizás desconozcan: la Diputación de Cuenca deberá devolver al Estado en estos próximos cuatro años 20 millones de euros fruto de las malas previsiones de ingresos realizadas por Solbes y Salgado y de las nefastas políticas económicas para capear la crisis que han desarrollado Zapatero y Rubalcaba (¿le sonarán de algo estos nombres al nuevo líder in pectore del PSOE?).

Son 20 millones que debemos retraer de los servicios que reciben los ciudadanos y que puede, junto con la deuda que otras administraciones mantienen con la Diputación, estrangular su viabilidad económica. Esas administraciones modélicas que Rubalcaba pregona son, precisamente, las que mal gestionadas han puesto en peligro el tejido asistencial y social que desde hace dos siglos vienen desarrollado las diputaciones provinciales. Ese es su mérito.

Ahora, el PSOE es muy libre de plantear la eliminación de las diputaciones. Es un debate legítimo. Pero les recomiendo que no empiecen la casa por el tejado. Resuelvan primero el grave problema de la financiación local, barajando para la asignación de recursos no sólo el criterio de población sino otros como el envejecimiento, la despoblación, la extensión territorial, etc., y delimiten de una vez por todas las competencias de cada administración prohibiendo si es preciso que unas invadan las competencias de las otras. Cuando logren esa armonía que ahora no existe, entonces, a lo mejor, sobrarán verdaderamente las diputaciones.

Llegar a bolzano desde Múnich es fácil: apenas cuatro horas de tren que transcurren a través de un paisaje feliz que se encarna en alturas altivas, en lagos apacibles, en bosques cuyo corazón en verano es un torrente en ejarbe, y donde las temperaturas son tan cordiales que parecen ofrecer los buenos días como lo hacen esos enanitos jocundos que pueblan los jardines de tantas casas de la región.

Además, el tren austriaco dispone de esos vagones tradicionales que ya apenas quedan y donde se cometían los crímenes de la época gloriosa y novelada. En el que me instalo había un matrimonio japonés con su hijo de 12 o 13 años que se dirigía hacia Milán. Curiosa la actitud de los tres: habían venido -según contaron- por primera vez a Europa en viaje turístico, estaban atravesando nada menos que los Alpes Dolomitas… Pues bien, ¿alguien cree que dedicaban alguna atención al paisaje? Es probable que ese hubiera sido su deseo pero les resultaba imposible pues estaban literalmente enredados entre cables: del ordenador, del iPod, del iPad, de los móviles, de la máquina de fotos, de la de vídeo… En medio de aquel lío era imposible mirar por la ventana ni disfrutar de aquellos montes suntuosos y venerables.

Bolzano (en alemán, Bozen) es, como ciudad, un descubrimiento sobre todo si se disfruta de un tiempo sereno en el que aletean las brisas finas y se reciben por doquier las galanterías de las flores. Bolzano es una maravilla urbanística, una coquetería arquitectónica, el mimo austriaco y la gracia italiana maridadas… No me extraña que se hayan peleado por esta joya unos y otros a lo largo de los siglos. Perteneció al Imperio austrohúngaro y pasó al dominio italiano tras la Gran Guerra. Mussolini quiso italianizarla utilizando los métodos recios a que acostumbraba y Bolzano hizo como que aceptaba los deseos de aquel histrión de teatro en almoneda. Pero siguió con sus sentimientos partidos, entre las culturas italiana y germánica.

Capital de lo que hoy es, jurídicamente, una provincia autónoma dentro de una región italiana, Bolzano es, en términos geográficos e históricos, la zona sur del Tirol. El Imperio de Austria se vio obligado a ceder en 1858 ciudades y espacios a la Lombardía y en 1866 a Venecia. A partir de ese momento, los italianos bajo dominio austriaco eran los que vivían en los territorios costeros de Goricia, Istria, Gradisca y Trieste así como de Dalmacia. En el Tirol estaban mezclados con la población alemana. El catolicismo era, en esta zona, militante -se le llamaba el sagrado Tirol- y ya en las jornadas revolucionarias de 1848-1849 se gestó la idea de dividir el territorio en dos partes: un Tirol alemán en el norte, con Innsbruck como referencia, y otro italiano en el sur, con Bolzano como epicentro. En el marco del Imperio regido desde Viena, los tiroleses disfrutaron de una suerte de Administración autónoma que perdieron en buena medida cuando se convirtieron en zona fronteriza con el reino de Piamonte-Cerdeña primero y de Italia después en el conocido proceso de unificación de este país. Ante estas nuevas circunstancias, se impuso por parte de las autoridades austriacas una discreta pero vigorosa vigilancia. Con todo, los tiroleses siguieron disfrutando de unas ciertas libertades e incluso se hubiera podido crear alguna universidad italiana en el Imperio austriaco si dificultades menores no hubieran desbaratado el proyecto.

Esta región fue, para el Imperio, un problema limitado si lo comparamos con los gigantescos causados en otros lugares. Cuando llegaron sus amenes, las pérdidas territoriales establecidas por el Tratado de Saint-Germain (septiembre de 1919) fueron muy aflictivas para los austriacos: cesión a Italia del Trentino, Tirol del Sur, Trieste, Istria, varias islas de Dalmacia y el Friuli. Se reavivaron las lágrimas derramadas con ocasión de las derrotas de 1859 y 1866.

Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la región del Trentino Alto Adige porque Alcide De Gasperi era oriundo de esas tierras y porque quería compensar la alemanidad de una zona con la italianidad de la otra. Tras las últimas reformas constitucionales hay dos provincias: el Trentino, con la capital en Trento, italiana; y el Alto Adige (Südtirol para los alemanes) cuya capital es Bolzano donde se habla el italiano y el alemán con normalidad. Ha habido en el pasado enfrentamientos lingüísticos e incluso terrorismo -en los años 60- pero hoy parecen superados, en todo caso no conocen expresiones violentas. A esta situación se ha llegado por la conjunción de varios factores, entre ellos la prudencia de sus gobernantes y de sus poblaciones, y la incorporación de Austria a la Unión Europea.

El quiosquero, los empleados del hotel, los conductores de los autobuses, los camareros, los jóvenes que uno se tropieza por la calle, hablan uno y otro idioma. En la escuela se aprenden y es así como se construye una comunidad. Comparo la situación lingüística con la de Bélgica, dividida en dos poblaciones rencorosamente enfrentadas y donde las lenguas no se utilizan como instrumentos del entendimiento sino como armas de combate. Lenguas como trincheras. Pruebe el viajero a acudir en tren desde Bruselas a Amberes, a Brujas, a Gante: en cuanto sale de la región de Bruselas -bilingüe- los anuncios de las estaciones del recorrido ya se hacen solo en neerlandés. Sin concesión alguna, ni siquiera al inglés. Para qué hablar del francés…

O en España, donde los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos están empeñados en formar comunidades unilingües a base de forzar la historia de la tierra, de las familias, de las costumbres, de todo aquello al alcance de su obstinación política. Bolzano es, por el contrario, tierra donde las lenguas se entrelazan que es como más gustosas son las lenguas. Por sus bosques de músicas, olores y colores anduvo hace miles de años un hombre que careció en su tiempo de significación alguna pero que, convertido en momia y descubierto 5.000 años después en un estado de conservación apreciable, le ha hecho ser un personaje de telediario. ¡No eres nadie en vida y de momia eres un momio!

Es tierra además de vinos. Hay varios pero quiero recordar que la famosa uva Gewürztraminer tiene su origen en un pueblecito que se halla a poco más de 20 kilómetros de Bolzano. Se llama Tramin, un lugarejo bellísimo. Es lástima que un domingo, en pleno verano, sea imposible en él comprar nada, ni una botella de vino, ni un recuerdo, pues todos los comercios cierran. El único mesonero que trabaja me cuenta que Tramin es un paraíso porque está a poco más de 200 metros sobre el nivel del mar, apenas nieva en invierno y disfruta de un clima que permite grandes cosechas de peras, manzanas y verduras. Y tiene razón pero tampoco hay que llevar esa condición paradisíaca a sus últimas consecuencias pues es verdad que en el paraíso no se pegaba golpe pero, al final, de él fueron expulsados nuestros primeros padres para «ganarse el pan con el sudor de su frente» y este mandato podría ser observado con mayor rigor por los privilegiados habitantes de este lugar.

En fin, de Tramin queda la uva milagrosa, una uva audaz pues se ha escapado hace ya años a buscar aventuras por Francia, por Alemania, por España (Cataluña, El Bierzo…), lugares todos donde ha echado raíces. El vino que produce, tomado frío, con quesos suaves o con un postre pecaminoso por pingüe, es una tentación por la que toda persona bien conformada debe dejarse atrapar.

Las sociedades corren grave peligro cuando sus líderes políticos se alejan del principio de realidad, cuando creen poder sustituirla por sus ilusiones o sueños. También cuando creen que la realidad es insuperable, imposible de cambiar, que sólo se puede gestionar aceptándola como un destino inmutable.

En España hemos vivido tiempos en los que el principio de realidad ha estado más bien ausente. Tiempos en los que todo parecía posible: la ampliación sin límite de los derechos, un crecimiento económico incuestionable que nos iba a colocar en la élite mundial, la solución de los más graves problemas de política internacional a través de la Alianza de Civilizaciones, satisfacer a los nacionalismos sin reformar la Constitución… Pero la realidad, en forma de una crisis financiera internacional que ha puesto a la vista las desnudeces de la economía española, nos ha devuelto a la realidad de los trabajos pendientes. Nos ha recordado las deficiencias de no pocas de nuestras estructuras, desde las educativas, pasando por las estatales, hasta las financieras.

Pero, curiosamente, en el tiempo que ha durado nuestro sueño de omnipotencia, y quizá como acompañamiento necesario a la creencia de que todo es posible sólo con quererlo, en el imaginario colectivo se ha ido colando un principio de realidad cuyo coste comenzamos a pagar con todos los intereses. Mientras creíamos, o al menos algunos políticos creían, que todo era posible, también hubo quien creyó que se podía respetar la Constitución y burlarse de ella al mismo tiempo. Hubo quien creyó que en la viabilidad de una ingeniería jurídica que permitiera satisfacer las exigencias de los nacionalismos más radicales manteniendo la estructura de la Constitución. Hubo quien creyó que se podía conseguir la paz, mantener la memoria de las víctimas asesinadas, satisfacer suficientemente a ETA y al mismo tiempo respetar la libertad de todos los vascos, incluso de quienes se niegan a identificaciones exclusivas o a lealtades unilaterales.

El precio a pagar por estas ilusiones comienza a aparecer ahora: la legalización de Bildu ha permitido que aparezca una realidad que existe. O como dicen algunos, es preciso reconocer la realidad nacionalista en Euskadi y Cataluña como certeza ineludible que se nos ha colado mientras los políticos se dedicaban a soñar contra todo principio de realidad.

Sería interesante practicar un juego en el que se sustituyera la realidad del nacionalismo por otra cualquiera de las realidades sociales o culturales que existen en España. Por ejemplo: la realidad de los mercados. O la de la especulación financiera, la de la pobreza, la de los parados… Imaginémonos luego a esos políticos soñadores afirmando que no hay más remedio que valorar esas realidades porque contra ellas nada se puede hacer. Es difícil imaginar a un político afirmando que no se puede cambiar la realidad del desempleo o la pobreza, que es imposible regular los mercados y luchar contra la especulación. Nadie votaría por un líder que admitise su impotencia ante esas realidades que nos exigen luchar para modificarlas.

Pero todo es distinto cuando se trata del nacionalismo, concretamente del vasco y catalán. Porque el nacionalismo español no es un destino inexorable, sino una realidad que se puede valorar negativamente y combatir, como efectivamente se hace. Por el contrario, el catalanismo es obligado para todos en Cataluña y el vasquismo deseable para todos en Euskadi.

Es evidente que existen razones funcionales para el derrotismo político ante los nacionalismos vasco y catalán. Como las mayorías en el Congreso son muy difíciles, siempre es conveniente tener aliados dispuestos a apoyar al partido que gobierna. Aliados que ni siquiera tienen por qué creer en la institución parlamentaria pero que se sirven de ella en esos casos para conseguir dinero y cotas de autonomía. Eso no significa la independencia pero deja al sistema constitucional español en una situación en la que no se puede afirmar ni que se haya roto ni que esté bien cosido.

Aunque existan esas razones funcionales, el derrotismo ante los nacionalismos pone de manifiesto algo más grave: la incapacidad de valorar críticamente la realidad nacionalista desde una defensa de los valores del constitucionalismo democrático, del valor de la ciudadanía, de una bien entendida idea de la aconfesionalidad del Estado, que significa que los derecho del ciudadano y sus libertades fundamentales no pueden estar condicionados ni por una confesión religiosa ni por la falta de ella, así como tampoco por una identidad o una falta de ella, por un sentimiento de pertenencia o una falta de él.

Llama poderosamente la atención que quienes se proclaman herederos de los valores universales de la Ilustración hagan dejación de esos principios ante la realidad del nacionalismo, sea catalán, vasco o español. Es curioso que quienes se colocan a sí mismos en la línea de la mejor tradición ilustrada europea, en la línea del cosmopolitismo de Kant, se arruguen ante la afirmación de los nacionalistas de que tras el pluralismo siempre se esconde un nacionalismo centralista. Y resulta llamativo que no sean capaces de defender la Constitución, que es democrática porque reniega del nacionalismo centralista, reconoce la existencia de pueblos en España y su derecho a contar con poder político propio dentro de unos límites; porque se somete al imperio de la ley reconociendo el derecho a la diferencia dentro del marco de una igualdad debida a todos los seres humanos en su calidad de sujetos políticos independientemente de su confesión, de su identidad, de su tradición, de su cultura, de su lengua, de su sentimiento de pertenencia.

claro que los nacionalismos existen, como las lenguas, las tradiciones culturales, las identidades y los intereses económicos. Ninguna Constitución democrática niega que existan, pero los reconocen sometiéndolos al imperio del Derecho, que dice que todos los seres humanos son iguales y que esa igualdad no puede estar condicionada por ninguno de los elementos que constituyen a las personas en su concreción diferenciada.

En lugar de defender estos principios propios de cualquier Estado de Derecho, en España nos hemos dedicado a predicar un discurso sobre la pluralidad del país, sin caer en la cuenta de que ese mismo discurso vale para la sociedad vasca o la catalana: no existe España plural si no es con una Cataluña y una Euskadi internamente tan o más plurales que España. Y sin caer en la cuenta de que no hay libertad sin defender ese pluralismo integral de España, pero tampoco sin hacerlo en Euskadi y Cataluña. Porque no hay libertad posible sin derecho de ciudadanía.

Claro que los nacionalismos son una realidad. Y como toda realidad están sometidos al juicio valorativo de los hombres. A no ser que hagamos dejación de nuestra cualidad de seres humanos.

Ignacio de Loyola, vasco y militar, decía que “en tiempos de tribulación, no hacer mudanza”. Puede que esta máxima resulte fecunda para la vida del espíritu; y cabe también que sea útil en la milicia: la táctica de blocao (aguantar y esperar a que escampe) fue habitual en las modestas campañas coloniales españolas, en las que se formó –como luego quedó demostrado con creces– el general Franco. Pero “no hacer mudanza” constituye un error en política, ya que “en tiempos de tribulación” hay que hacer cambios, pues, de lo contrario, la zozobra acaba por desnortar a la sociedad que la sufre. Por tanto, en caso de crisis, surge inevitable la pregunta: ¿qué cambios hacer? La respuesta es variada, al depender de la problemática planteada y de las circunstancias del caso; pero, por el contrario, sí es idéntica la actitud con la que todo cambio –cualquiera que sea– ha de ser proyectado, decidido y ejecutado. Esta actitud es la moderación. En efecto, la historia enseña que, si bien los cambios vienen impuestos habitualmente por crisis, revoluciones y guerras, la recomposición del tejido social después de la tormenta es siempre obra de los moderados de uno u otro signo, predispuestos al pacto por su misma moderación. Lo que han de tener en cuenta tanto quienes mandan como quienes están en la oposición. A fin de cuentas –decía Churchill–, para hacer política sólo hace falta saber historia y ser prudente.

La moderación es aquella predisposición del ánimo que nos hace adaptar nuestras ideas a la realidad en lugar de forzar la realidad para acomodarla a nuestras ideas. Se fundamenta, por consiguiente, tanto en el realismo como en la ausencia de dogmas profesados como verdades apriorísticas y absolutas. Realismo para observar las cosas, los hechos y las gentes sin ideas preconcebidas. Y ausencia de dogmas como sinónimo de una laicidad que va más allá del hecho religioso y es concebida –en palabras de Claudio Magris– como uno de los baluartes de la tolerancia, en el bien entendido de que no sólo el clericalismo intolerante es lo contrario de la laicidad, sino también la cultura o pseudocultura radicaloide y secularizada dominante, por lo que el respeto laico por la razón no está garantizado de antemano ni por la fe ni por su rechazo. Laicidad –concluye Magris– significa “duda respecto a las propias certezas, autoironía, desmitificación de todos los ídolos, incluidos los propios; capacidad de creer con fuerza en algunos valores, a sabiendas de que existen otros igualmente respetables”. En esta tolerancia de los moderados se fundamenta su predisposición al diálogo y su apertura al resultado de este: la negociación y el pacto. Un pacto que implica siempre una transacción entre dos posturas no coincidentes mediante recíprocas concesiones. De ahí que la transacción sea antipática, ya que implica mutuas cesiones; pero de ahí también que sea fecunda, pues al eliminar el enfrentamiento, permite aunar esfuerzos y compartir responsabilidades y costes.

No quedaría perfilada la actitud moderada si no se completase con dos rasgos. En primer lugar, la moderación no es sinónimo de falta de criterio y debilidad, ya que la prudencia del moderado al adoptar decisiones es compatible con el respeto –laico– a sus principios y con la firmeza al ejecutar lo resuelto. Es más, el carácter negociado –y compartido– de muchas de las decisiones que adoptan los moderados redobla la fuerza de su apuesta. Y, en segundo término, la moderación no es atributo exclusivo de ninguna ideología ni de ningún partido, sino que, como una actitud que es, puede darse en muy diversos ámbitos y circunstancias.

La importancia de la moderación es evidente: las grandes etapas constructivas en la historia de los pueblos son casi siempre obra de los moderados. Tolerancia recíproca, diálogo abierto, pacto transaccional y ejecución firme son las herramientas con las que se construye el futuro. Por el contrario, la intolerancia y la cerrazón, el sectarismo y la conversión del adversario en enemigo agravan los problemas. Tan es así que, incluso en situaciones dictatoriales, son los moderados quienes palían los rigores del poder y, tal vez sin quererlo, sientan las bases de una transición reparadora de las libertades cercenadas.

Esta reivindicación de los moderados es imprescindible en España, país marcado por una historia cainita en la que no se sabe que lamentar más, si la impotencia y barullo provocados por la acción de los exaltados de toda laya o la ausencia de laicos a uno y otro lado del espectro político. Por ello intentaré, en los tres artículos siguientes, examinar otras tantas etapas distintas de la historia contemporánea española en las que, aun cuando fuese sólo en algún ámbito concreto –económico y administrativo–, prevalecieron cierta moderación y buen sentido constructivo, para terminar con un último artículo sobre la situación actual, abocada –a mi juicio– al conflicto y a la esterilidad de no alcanzar un pacto los moderados de uno y otro signo, si es que aún los hay.

La crisis que vive España es, evidentemente, una crisis de su modelo productivo, pero también de su modelo de Estado. Por sus amplias funciones y su gran tamaño, el Estado se ha transformado en un eje fundamental para el progreso en las naciones modernas. Esto resulta aún más evidente si consideramos el peso específico del Estado en materias sociales que abarcan sectores tan estratégicos como educación y sanidad. España está aquejada de una seria crisis por la fragmentación caótica de sus funciones y la inflación de sus administraciones derivada del Estado autonómico. Esto es obvio. Además, España, en cuanto Estado de Bienestar, adolece de todos los defectos e ineficiencias propias de los sistemas jerárquicos cerrados y planificados.

El Estado de Bienestar, tal como lo conocemos, está haciendo agua por los cuatro costados, pero no por la maldad de los neoliberales o de los mercados sino por sus propios fallos y su desmesura. Por ello la reforma radical del Estado de Bienestar es una tarea tan decisiva, no sólo para mantenerlo en vida sino también para reencontrar una senda de crecimiento que asegure el bienestar futuro. Esta reforma debe, en lo esencial, asumir un gran reto: devolverle a la sociedad civil el protagonismo en política social.

El Estado de Bienestar actual presenta un fallo clave: está pensado como un aparato jerárquico que desde arriba debería resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Se ha enquistado la idea de que las cosas se hacen mejor mediante monopolios públicos y una gran planificación que elimine el caos de la libertad ciudadana. Este planteamiento es responsable de haber privado al Estado de Bienestar de la fuente más vital de progreso de la sociedad moderna: la libertad que hemos conquistado para llevar a cabo nuestras ideas y ponerlas al servicio, compitiendo unas con otras, de quienes estén dispuestos a elegirlas libremente, ya que las consideran provechosas para sus proyectos de vida.

La hegemonía social del Estado, en conflicto con la sociedad civil, ha sido el eje de la formación de los Estados benefactores tradicionales. Esta rémora ideológica se ha convertido hoy en un impedimento al progreso que, para potenciar sus posibilidades, debe buscar una fructífera colaboración entre ambos actores. Esto implica diseñar un modelo de reforma del Estado de Bienestar donde la función estatal básica sea poner a disposición de la sociedad civil instrumentos para que ella misma resuelva sus problemas.

Hace unos 20 años, el país-paradigma del Estado de Bienestar, Suecia, estuvo sumido en una profunda crisis de la cual salió gracias a decididas reformas que hicieron de su viejo Estado benefactor uno renovado, que ha sabido combinar una gran moderación fiscal con una amplia apertura a la cooperación público-privada, la competencia y el empoderamiento de la sociedad civil. Suecia lidera hoy el desarrollo europeo, con altísimas tasas de crecimiento, plena estabilidad fiscal y notables logros en política social. De esta exitosa experiencia se pueden extraer algunas lecciones útiles para formular una propuesta de modernización del Estado de Bienestar español.

En primer lugar, la reforma del Estado de Bienestar debe ser llevada a cabo por la sociedad. El papel del Estado debe limitarse a abrir la posibilidad del cambio renunciando a su monopolio de la gestión de los servicios públicos y dándole al ciudadano una voz determinante.

Seguidamente, el principal agente de la modernización de los servicios públicos debe ser el ciudadano mismo. Para que ello sea posible, el ciudadano debe recibir la responsabilidad directa por la conformación de la oferta de servicios públicos mediante su libre elección de los mismos. La forma más simple y eficiente de alcanzar esto es un sistema de bonos del bienestar, por el cual el Estado transfiere a los ciudadanos el poder efectivo de configurar, mediante su demanda respaldada por los bonos del bienestar, la oferta misma de los servicios de responsabilidad pública.

En tercer lugar, se requiere pluralismo de proveedores que compitan por el favor ciudadano. La libertad de elección no puede realizarse si no existe una posibilidad real de elegir entre muchas alternativas que compitan entre sí en igualdad de condiciones y que, para su subsistencia, dependan de la elección libre de los ciudadanos. Esto implica separar la responsabilidad pública por el acceso universal e igualitario a ciertos servicios y prestaciones sociales de su gestión. De esta manera se rompen los monopolios públicos, abriendo lo que ha sido un sistema cerrado al dinamismo de la libre competencia.

Y por último, desfuncionarizar los servicios de responsabilidad pública. La modernización del Estado de Bienestar implica romper no sólo el monopolio de la gestión pública sino, además, el de ciertas categorías laborales sobre la prestación de los servicios de responsabilidad pública. La estabilidad en el empleo de quienes prestan servicios que no tienen directamente que ver con el ejercicio de la autoridad del Estado no debe, en el futuro, estar relacionada con asignaciones presupuestarias ni privilegios como la inmovilidad laboral, sino únicamente con la capacidad de atraer la demanda ciudadana y, con ello, el financiamiento público canalizado vía bonos del bienestar.

Todo esto es una realidad en la Suecia de hoy, sin por ello haber disminuido ni un ápice el espíritu solidario que inspira su Estado de Bienestar ni su compromiso como garante del acceso universal e igualitario a servicios de calidad. Las reformas aquí resumidas no han pretendido desmontar el Estado de Bienestar, sino reinventarlo desmontando aquellas jerarquías, monopolios y excesos que lo amenazaban.

Los momentos de crisis pueden ser también momentos de lucidez. Aquello que por mucho tiempo ni siquiera hemos sido capaces de pensar puede transformarse en algo evidente e imperioso para no seguir empantanados. España vive hoy un momento de crisis de tal envergadura que requerirá, para ser superado, de toda la lucidez que seamos capaces de recabar. Y también de la valentía de enfrentar los riesgos políticos de decir lo que se debe y no sólo lo que se puede.

Las propuestas aquí recogidas requieren, básicamente, comprender que la política social del futuro no nos caerá como maná del cielo del poder del Estado. Ni el Estado ni la política pueden hacer tales milagros en un mundo tan cambiante, diverso y complejo como el de hoy. Lo que la política sí puede hacer es más modesto pero no menos importante: crear condiciones propicias para el ejercicio más pleno y más amplio de nuestra libertad. El paso de un Estado benefactor desde arriba a un verdadero Estado social de Bienestar requerirá, además, de un gran coraje por parte de los políticos que lo hagan posible: el coraje de desprenderse de una importante parcela de poder para devolvérsela a los ciudadanos.

Imagina que eres accionista de una gran empresa con pérdidas y los ejecutivos lo único que te proponen son recortes. Seguramente te preguntarás: ¿por qué no piensan en cambiar cómo se hacen las cosas y no solo en recortar? Pues, bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestras Administraciones públicas, cuyos ejecutivos (y candidatos a ejecutivos del partido de la oposición) centran sus propuestas en recortes. Creemos que, además de confrontar tijeras de distintos colores políticos, debemos iniciar en España pronto un debate serio sobre cómo aumentar la eficacia y eficiencia de nuestro sector público.

Nos gustaría dejar claro que no compartimos la opinión de aquellos que consideran que las Administraciones públicas españolas son generalmente ineficientes e irreformables por naturaleza. Por el contrario, algunas reformas exitosas de nuestra historia reciente, como las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, son ejemplos admirados fuera de nuestras fronteras. Además, las Administraciones públicas españolas disponen de un enorme caudal de valiosos recursos materiales y sobre todo humanos. Pero ¿es un caudal de recursos bien aprovechados?

Quizás no, pues existe la percepción de que ha habido un freno en el ímpetu reformista o incluso un deterioro relativo -es decir, en comparación con otros países- del sector público español. Por ejemplo, si miramos la evolución durante la primera década de este siglo del indicador del Banco Mundial government effectiveness -que refleja la valoración media que diversos observadores hacen de la prestación de políticas públicas básicas en un país, como educación, sanidad, infraestructuras y calidad de la burocracia- vemos que España estaba mejor valorada en 2000 que en 2009. Un único indicador numérico nos dice poco y además podemos dudar de cómo ha sido elaborado. Pero coincide con la evolución de otros índices y, más importante, con la sensación de descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas españolas, que, entre otros, recoge el Movimiento del 15-M.

Esta tendencia, como mínimo, no positiva del sector público español se empieza a detectar antes de la crisis económica. Por tanto, no es simplemente una consecuencia de la misma, sino que, más bien, puede ser un factor que haya contribuido a la especial intensidad de nuestra crisis y que puede dificultar la recuperación. No estamos en condiciones de ofrecer un diagnóstico exhaustivo de los problemas de eficiencia de nuestro sector público. Pero sí queremos contribuir con una reflexión general sobre lo que consideramos un problemático denominador común que, a grandes rasgos, comparten nuestras Administraciones públicas, tanto a nivel central como autonómico y local.

Hay una concentración excesiva de responsabilidad en la cúpula de las organizaciones; es decir, en el ministro, en el consejero autonómico o en sus equivalentes en las entidades locales. Más que pirámides, las Administraciones públicas españolas son un poco como cerillas, con toda la responsabilidad acumulada en la cabeza. Eso genera muchos inconvenientes. Sobre todo, para los teóricamente beneficiados con esta estructura: unos políticos que, a la mínima, arden con la facilidad de la cabeza de una cerilla mientras el resto de la Administración puede quedar incólume.

Está claro que los que están en el mando central prefieren tener las riendas y ven con reticencia la pérdida de capacidad para controlar lo que pasa por “ahí abajo”. Pero la acumulación de responsabilidad que sucede en España puede ser devastadora para los cargos políticos. Lo hemos visto cuando hay un problema con la construcción de un túnel, un accidente de ferrocarril, se escapa un recluso o se pierde el control sobre un incendio forestal. Periodistas y partidos de la oposición suelen apuntar al ministro o al consejero, cuando en muchos casos lo lógico sería que respondiera un directivo profesional intermedio.

Además, la acumulación de responsabilidad no favorece que el ministro-consejero-alcalde sea capaz de imponer unos principios uniformes y coherentes en la prestación de servicios públicos. Por el contrario, la excesiva centralización de decisiones importantes lleva a un cierto laissez faire en el que los prestadores directos del servicio están confundidos sobre qué cuestiones es más urgente priorizar. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria se preguntan con frecuencia: ¿Qué quieren, excelencia o cohesión social?

Por tanto, creemos que un nuevo impulso reformista en las Administraciones españolas debería basarse en el principio de descentralizar responsabilidad (y poder) de los máximos responsables políticos tanto “hacia abajo” como “hacia fuera”. La Administración del futuro debería corresponsabilizar más de la prestación de los servicios públicos tanto a directivos y empleados públicos como a los propios usuarios. Queremos centrarnos en tres propuestas.

En primer lugar, España puede avanzar mucho más en las reformas que han modernizado la gestión de las Administraciones de los países desarrollados durante los últimos 20 años. Los nuevos modelos de gestión pública buscan una mejor conexión entre el “cielo” -el nivel político- y “la tierra” -el nivel operativo administrativo-. La idea es permitir a los gestores públicos que se sitúan entre la cúpula política y la base administrativa convertirse en verdaderos directivos.

La adaptación de estas recetas gerenciales a las Administraciones públicas podría suponer: a) Limitar el número de niveles administrativos a unos pocos (en el caso de las Administraciones públicas: el nivel político de gobierno, el nivel de grandes direcciones generales al estilo de lo que es hoy, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, y el nivel de unidades de gestión de servicios potentes dentro de aquellas); b) Desarrollar objetivos para las unidades no en función de sus operaciones internas, sino de su contribución a metas relevantes; c) Vincular la promoción de los empleados a la evaluación de su rendimiento.

La segunda propuesta sería “romper” las organizaciones grandes en entidades más pequeñas, que actúen de forma autónoma y compitan entre ellas. Se trataría de descentralizar poder de la oficina central del ministerio a la dirección del centro escolar, de la oficina de empleo o del centro de salud. Ello significaría: a) Calcular la dotación económica que precisa el servicio en función de criterios objetivos como el número de alumnos, de usuarios o pacientes; b) Dejar libertad de gestión a los responsables de esas entidades, incluyendo la contratación de personal entre candidatos acreditados para la función.

En tercer lugar, también es necesaria una mayor responsabilidad del usuario en el momento de acceder o beneficiarse de algunos servicios. Urge desincentivar ciertos comportamientos abusivos: una frecuentación excesiva en asistencia primaria, que un estudiante universitario repita una asignatura por encima de un número razonable de veces o que una persona sin empleo esté inactiva. Y sí, nos referimos a esa palabra casi proscrita en el debate público en nuestro país: el copago. La experiencia de otros países nos enseña que es posible introducir copagos sencillos y, a la vez, socialmente justos. Por ejemplo, que todos paguemos una cantidad lo suficientemente elevada (unos 20 euros por visita médica) para evitar un abuso de los servicios, pero con un límite anual lo suficientemente bajo (unos 100 euros al año) para no discriminar a los más necesitados económica o sanitariamente, como los enfermos crónicos. La posibilidad de gratuidad total o reembolso debería quedar limitada a colectivos extremadamente vulnerables y no, por ejemplo, a todos los pensionistas.

Como accionistas del Estado, nos gustaría que estas propuestas, y no solo los recortes presupuestarios, formaran parte del debate político para salir de la crisis.

Éste sí que ha sido un funeral en vida. El difunto -políticamente hablando- todavía respira, lee y oye, pero los españoles ya le han despedido para siempre jamás con un epitafio muy repetido estos días en las redes sociales y que resume el balance de estas dos últimas legislaturas: «tanta gloria lleves como paz nos dejas». La famosa frase, grabada a cincel sobre granito en una losa de un cementerio español, le ha sido dedicado a Zapatero con fría y machacona insistencia en cuanto ha anunciado el adelanto de las elecciones y ha garantizado que en noviembre se irá por donde ha venido porque ni siquiera ocupará escaño en el Congreso.

Celebrado por los oficiantes este implacable funeral, en el que han participado a media voz sus propios compañeros de partido, lo que se concluye tras esta ceremonia de apuñalamiento político a cargo de millones de manos es que los españoles están mayoritariamente hartos de su presencia y más hartos aún de su ejecutoria. Y que perderle de vista cuanto antes es una aspiración colectiva sentida con vehemencia.

Qué mal final está teniendo Zapatero y qué difícil va a ser que los libros de Historia le hagan un sitio, no ya de honor, que eso no se lo ha ganado ni de lejos, sino de un reconocimiento por su contribución a la mejora de la vida española en cualquier orden. Sus cuatro antecesores en democracia ocupan su sitio por merecimientos propios, pero en su caso puede que la aportación más relevante que se le reconozca tras ocho años haya sido la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales; porque ese repetido eufemismo de que ha implantado la «extensión de derechos sociales» ha resultado al final una frase vacua que los hechos se han encargado de destrozar dejándola en añicos.

Su exiguo bagaje como gobernante de altura queda tristemente sepultado por una lista interminable de errores y torpezas que han dañado a España por dentro y por fuera hasta poner en riesgo su futuro como nación reconocible y sólida y como un Estado de Derecho que tenga de ello algo más que el nombre.

Por eso, la España que hereda el nuevo Gobierno no sólo necesita recetas económicas que la saquen del ahogo, vayan creando empleo, reactiven poco a poco la actividad y sean capaces de volver a generar confianza en los inversores nacionales y extranjeros. Todo ello es muy urgente, sí. Pero a lo urgente será imprescindible sumar lo trascendental. Este es un país que necesita líderes que se esfuercen por recuperar la cohesión entre los españoles. Que busquen derribar la idea mostrenca de que cada grupo de aldeas de esta tierra constituye un grupo étnica y políticamente sujeto de derechos históricos, de identidades diferenciadas y ajenas a la de sus vecinos; la idea mostrenca de que el mundo de sus intereses y sus desvelos empieza y acaba en las lindes de su pequeño territorio y que más allá se extiende el mundo lunar llamado de los otros.

España va a necesitar líderes que tengan el coraje de extirpar el veneno de la intromisión del poder político en todas las instituciones, de las más altas a la más bajas, empezando por el Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, siguiendo por las cajas de ahorro y llegando hasta la SGAE y las modestas asociaciones de consumidores. Ese veneno está extendido por todo el cuerpo nacional y ha corrompido la actuación de los organismos que en su día recibieron la comanda de velar por la limpieza y legalidad de las actuaciones del poder político. Y eso los ciudadanos lo ven.

Hace mucho que ese encargo constitucional se está incumpliendo porque detrás del comportamiento de las instituciones aparece siempre, inexorablemente, el cálculo de los intereses del partido político en el poder. Y ese es un veneno que puede matar el sistema a no mucho tardar porque, inexorablemente también, porta consigo el virus de la corrupción.

Quienes ocupen el nuevo Gobierno tienen por delante esa trascendental tarea que, sin duda, perjudicará las más zafias pretensiones del partido en que se apoya pero quizá pueda devolver a los ciudadanos la confianza, que en su día tuvieron pero que ya han perdido, en las instituciones y en la limpieza de su actuación. Porque si al final los españoles acaban dando definitivamente la espalda a quienes se han comprometido a garantizar la marcha de nuestro país por los cauces reales de un verdadero Estado de Derecho, habremos perdido la apuesta que se hizo en 1978. Esos datos del CIS que dicen que la clase política es una de las preocupaciones de los ciudadanos es de una extraordinaria importancia por las consecuencias «sistémicas», como se dice ahora, que puede tener a largo plazo.

Necesita el país que el diseño que en los años 70 se hizo de la llamada «España de las autonomías» deje de correr ciegamente en zigzag pero siempre con impulso centrífugo y camino de estrellarse contra el muro de la desintegración y el fracaso. Necesitamos líderes capaces de poner lógica e inteligencia en la recomposición de los lazos entre las comunidades y capaces de hacer que el Estado deje de acurrucarse en un rincón por miedo a que, al ponerse de pie y ejercer el poder y las funciones de control y coordinación que la Constitución le encomienda, le lluevan las pedradas y las acusaciones de antidemocrático lanzadas por quienes ignoran o fingen ignorar que, de no hacerse así, lo que peligra es precisamente el sistema democrático de esta España que desde 1975 ha crecido políticamente muy deprisa pero cuyo crecimiento no ha ido acompañado de un proceso hacia la madurez.

España necesita con urgencia muchos cambios, no sólo en su política económica. También necesita que podamos regresar poco a poco a ocupar libremente las posiciones ideológicas de cada cual sin convertir al adversario en enemigo a muerte ni hacer caer sobre el discrepante la condena moral, la negación radical de su decencia y la adjudicación automática de su iniquidad y de la intrínseca malignidad de sus propósitos. Ese es otro de los venenos que, conscientemente o no, el presidente saliente ha acabado por inocular en la sociedad española a lo largo de estos últimos ocho años de los que vamos a salir muy empobrecidos pero aún más encabronados.

Todos los españoles de una cierta edad llevan en sus genes intelectuales la idea y la urgencia de la regeneración nacional. Apremiados por el dolor que les produce España, que nos ensenó el maestro Miguel de Unamuno, están siempre dispuestos a cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid, evocando a Joaquín Costa, y prontos a trabajar en el solar originario porque, como patrióticamente reclamara Ángel Ganivet, parafraseando a San Agustín, «in interiore Hispaniae habitat veritas». La necesidad de la regeneración coincide lógica e inevitablemente con las catástrofes que suelen ensombrecer la historia española y si antes del 98 sembraron el terreno para los arbitristas del XVII y del XVIII, a partir del año del desastre tuvieron siempre un aire post colonial y postrado al que sin embargo no faltaba una nota voluntarista: adecuadamente dirigidos, decían unos y otros, España y los españoles saldrán adelante. Regeneracionistas fueron los republicanos del 31, como también lo fueron los falangistas de la primera hora, y regeneracionistas fueron, fuimos, por no alargar demasiado la relación, aquellos a los que el tiempo nos encontró ilusionada y sufridamente trabajando para que la España del posfranquismo consiguiera ser lo que los padres del 98 habían predicado y nunca desde entonces conseguido: un país democrático, moderno, próspero, plenamente integrado con el mundo europeo y occidental que ya llevaba décadas viviendo bajo tales formas políticas, económicas y vitales. Los españoles estuvieron a la altura de las circunstancias y aprovechando un conjunto de felices circunstancias —entre las que siempre habrá que poner como protagonistas al Rey Juan Carlos I y al presidente del Gobierno Adolfo Suárez— lograron que le regeneración no fuera sólo una reclamación poética sino además y sobre todo una realidad popular y nacional, de la que la Constitución del 78 es testigo y horma.

Y tanto ello ha sido así que en el periodo hasta ahora transcurrido la reclamación regeneracionista ha aparecido sólo con fuerza en dos ocasiones, las dos coincidentes con los finales de ciclo del PSOE en el poder. La primera fue a mediados de los años noventa del pasado siglo, cuando era ocurrencia frecuente ver a ministros, secretarios de Estado, directores generales de la Guardia Civil y asimilados sentados en los banquillos de los acusados antes de acabar con sus delincuentes huesos en la cárcel como consecuencia de tropelías que oscilaban entre ejecuciones extrajudiciales y los puros y simples y masivos latrocinios. La segunda está ocurriendo ahora mismo, en el tiempo final de la gestión gubernamental más ignominiosa que ha conocido España desde los tiempos de Fernando VII, donde la ineptitud en la gestión ha sido sólo superada por la vesania partidista de un iluminado dedicado en su ignorancia a reescribir precisamente los términos en que había sido posible la regeneración del 75. No es extraño que gentes de buena voluntad, la inmensa mayoría de los españoles, se digan «algo hay que hacer». Tampoco es extraño, aunque sus manifestaciones tengan más que ver con la algarabía que con los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, que ciudadanos de múltiple condición se sientan «indignados» ante este estado de cosas. Y tampoco debería escandalizarnos a estas alturas de la historia que los habituales aprovechadores de la confusión manipulen tales nobles sentimientos para evitar hacer frente a sus responsabilidades y reclamen un cambio de sistema. Ni más ni menos.

Dicen muchos, por ejemplo, que el problema principal se encuentra en los partidos políticos, en su defectuosa composición, en su falta de transparencia, en la manera en que seleccionan a los candidatos que deben ocupar puestos representativos en los diversos niveles de la política nacional. Y razones no faltan para opinar de tal manera. Pero en su entusiasmo crítico, los tales, posiblemente sin darse cuenta, bordean dos límites elementales. El primero es que el sistema que libremente nos hemos dado es uno, recogido en la Constitución, en donde los ciudadanos se agrupan por preferencias ideológicas, representadas por los distintos partidos políticos, y no por las «entidades naturales» de la «democracia orgánica» franquista. El segundo es que el sistema tiene en la alternancia en el Gobierno su mejor garantía, como ha venido demostrando desde 1977, de manera que si un partido político lo hace mal —caso que dolorosamente llevamos contemplando desde hace cerca de ocho años— hay siempre un repuesto capaz de tomar la alternativa. Lo cual no quiere decir que el ciudadano con su voto lo haga, y en ello radica la grandeza y la responsabilidad del voto. Y también sus limitaciones. Pero recordando a Churchill, ¿conoce alguien un mejor sistema?

El sistema, aun siendo mejorable, no está en cuestión y no debemos prestar oídos a los que, aprovechando el río revuelto, pretenden ahora cubrir sus vergüenzas con la reclamación de una revolución sistémica cuya necesidad no está en otro lugar que no sea el de las mentes que aquellos que contemplan con horror la pérdida del poder. La solución pasa por las elecciones, idealmente celebradas sin las traumáticas circunstancias externas o inducidas que rodearon las del 14 de marzo de 2004 y por la aceptación sin resabios del veredicto que las urnas arrojen. Y es más que probable que en ellas los ciudadanos sepan utilizar su discernimiento para separar el polvo de la paja, porque en esta historia de la regeneración no todos son iguales, no tienen todos los mismos títulos ni cargan con los mismos errores. «Todos son iguales» es, en el mejor de los casos, un lema para perezosos. En el peor, una manipulación interesada. Precisamente por aquellos que siendo responsables del desastre gubernamental quieren hacer pasar churras por merinas.

Y ya embalados por la cuesta regeneracionista no faltan los que se lanzan a diversas enmiendas a la totalidad. La mía, sin haber nunca renunciado al regeneracionismo que tan buenos resultados nos dio a partir de 1975, es bastante más simple y tiene sólo una pequeña exigencia: que la Constitución se cumpla. Es decir, que España sea de verdad «la patria común e indivisible de todos los españoles»; que todos los españoles practiquen sin trabas su derecho a conocer y usar «el castellano, la lengua española oficial del Estado»; que los Estatutos de Autonomía no traigan consigo «privilegios económicos y sociales»; que todos los españoles vean sus derechos igualmente reconocidos «en cualquier parte del territorio del Estado»; que los poderes públicos «inspeccionen y homologuen» el sistema educativo. Una lectura regeneracionista de la Constitución nos ofrecería multitud de buenas razones para estimar que el problema con que nos encontramos no es su inadecuación o su anacronismo sino la escasez de vigor en el cumplimiento de muchos de sus mandatos. ¿Sería ello bastante para salir del marasmo? Posiblemente no. ¿Excluye ello cualquier reforma constitucional? Tampoco. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional que no pudiera ser realizado, al modo americano, por los tribunales ordinarios en la tarea del control de la constitucionalidad?

Pero la regeneración exige como tarea previa la de no empezar la casa por el tejado ni hacer «tabla rasa» del entramado legal que el pueblo español consideró masivamente suyo en 1978. Lo contrario de lo que con tanta ineptitud como gratuita vesania ha intentado el Gobierno socialista en los últimos siete años. Así nos ha ido.

Todo indica que el tres es necesario. No hay dos sin tres, dice el proverbio —y lo dice en más de una lengua—. Puede que esa percepción del número tres como complemento imprescindible tenga sus raíces en la cultura cristiana. Piénsese en la Santísima Trinidad, por ejemplo. O quizá se diera ya en otros tiempos y en otras culturas. En todo caso, después del dos viene el tres, de eso no hay duda. Y la mayoría de las veces viene para bien. O así lo cree la gente cuando sueña con la segunda repetición de algo benéfico, ya sea un hijo, un empleo, un premio en la lotería o una simple oportunidad en esta vida. Por otra parte, tres son también las dimensiones espaciales en que nos movemos —sobra añadir que, de no existir más que dos, mal andaríamos—. Y tres, como mínimo, los puntos de apoyo requeridos para que un asiento sea realmente un asiento.

Pero, cuando pasamos del mundo cardinal al ordinal, el asunto se complica. Está, por supuesto, el tercero como lugar en una lista, en una serie. Es el caso, sin ir más lejos, de esta página en la que me leen, por más que su indiscutible valor antonomásico nos haga olvidar a menudo sus orígenes. Pero está también el tercero como expresión de lo que no es —porque no puede o porque no quiere ser— ni primero ni segundo. Así, aquel Tiers État de los tiempos del Ancien Régime y la Revolución francesa. O el tercero como punto de encuentro, como solución de compromiso entre un primero y un segundo manifiestamente antagónicos y en gran medida irreconciliables. Repárese, por ejemplo, en la Tercera Vía, esa suerte de síntesis entre socialismo y capitalismo, entre economía centralizada y libre mercado, de tan largo recorrido y cuya bandera fue enarbolada, en las postrimerías del pasado milenio, por la izquierda europea —y, en concreto, por Tony Blair y Gerhard Schröder—. (También fue enarbolada en aquella misma época, si bien algo más tarde, por un desconocido diputado socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en el XXXV Congreso de su partido. Claro que, en su caso, el ejercicio de síntesis quedó circunscrito a la pragmática congresual o, como mucho, al campo filológico, en la medida en que la Nueva Vía que capitaneó era hija, a un tiempo, del «Third Way» del británico y del «Neue Mitte» del alemán).

Sea como fuere, algo de esos dos últimos significados del ordinal hay en el concepto de Tercera España. Algo hay y algo hubo, puesto que el sintagma, acuñado en plena guerra civil por el ex presidente de la Segunda República Niceto Alcalá-Zamora, nació ya como alternativa a las dos Españas —y poco importa cuál era la primera y cuál la segunda— entonces enfrentadas a muerte. Como alternativa a los contendientes, en tanto en cuanto esa Tercera España pretendía congregar a quienes no se sentían representados ni por un bando ni por otro, y como alternativa a la contienda misma, dado que el objetivo manifiesto de Alcalá-Zamora en aquel momento era alcanzar la paz mediante un acuerdo entre las partes. Por supuesto, no fue este el caso. Y, aunque la fórmula siguió empleándose en las décadas siguientes —en especial, por quienes, como Salvador de Madariaga, porfiaron sin desmayo por construir una opción democrática al régimen dictatorial—, lo cierto es que no fraguó. Entre otras razones, porque los integrantes de esa España que no era ni la una ni la otra no constituían conjunto homogéneo alguno. Ni siquiera las individualidades que a ella se adscribían —políticos, intelectuales, periodistas—, caracterizadas en general por su liberalismo, pueden considerarse, a juzgar por su trayectoria en la guerra y la inmediata posguerra, ajenas a los bandos en liza.

En definitiva: de existir, la Tercera España sería lo más parecido a un desvencijado cajón de sastre, cuando no a un cascarón vacío. O sea, a algo informe, incorpóreo. Tanto es así que, puestos a buscar un nombre que la represente, sólo se me ocurre el de aquel pequeñoburgués liberal, de profesión periodista, llamado Manuel Chaves Nogales. Sí, ya sé que un nombre es muy poco. Pero es que no conozco a ningún otro, de entre los más ilustres que lograron poner entonces tierra de por medio, que denunciara a su debido tiempo la barbarie de uno y otro bando —A sangre y fuego, fechado en 1937 y recientemente reeditado por Libros del Asteroide, da fe de ello de punta a cabo— y siguiera luego al pie del cañón, ya en Francia, ya en Inglaterra, defendiendo con la palabra y con la vida, desde la más febril individualidad, los ideales por los que siempre había luchado —esto es, la libertad y la democracia, esa pareja indisociable—.

Pero, así como puede decirse que aquella España alternativa nació casi muerta, puede afirmarse también que terminó gozando de una segunda existencia, mucho más feliz. Me refiero, claro está, a la que le procuró, no sin grandes trabajos, nuestra transición política. Si bien se mira, la Transición no fue otra cosa que el intento —por lo demás, exitoso— de superar el enfrentamiento entre las dos Españas. Pero no por la vía de la alteridad, sino de la síntesis; no echando mano de una Tercera España hasta entonces agazapada y durmiente para que arrinconara a las dos restantes, sino fundiendo en un proyecto único de convivencia a cuantas Españas se consideraran con derecho a existir. Fue, pues, el concierto entre contrarios y, hasta cierto punto, la disolución del viejo antagonismo lo que llevó a creer que aquella España nonata —y, con todo, viviente, aunque sólo fuera en la imaginación de muchos— había por fin triunfado.

Nada más ilusorio, por supuesto. Bastó con que el PP, allá por 1996, diera signos de poder alcanzar el Gobierno de la Nación para que se oyeran los primeros clarines llamando a combatir a la «derechona», o sea, a la derecha de siempre, a la heredera de la guerra civil. Y cuando dicho partido, cuatro años más tarde, revalidó con una mayoría absoluta su victoria, esos clarines vengativos arreciaron de lo lindo. Aun así, no fue hasta 2004, con la vuelta del PSOE al Gobierno de la Nación y la puesta en marcha del proyecto de ley para la recuperación de lo que, desde hacía ya algún tiempo, la izquierda insistía en denominar «memoria histórica», en que empezó a desvanecerse del todo aquella Tercera España de cartón que tanto había costado construir. El viejo antagonismo no sólo presidía de nuevo el debate público, sino que encima contaba con el empuje gubernativo —y, muy en primer plano, con el del propio presidente del Gobierno— y la promesa de un ulterior amparo legal.

Lo que ha venido después es de sobra conocido. E irreparable. No estamos, por suerte, en julio de 1936. Pero, no obstante los tres cuartos de siglo transcurridos, la Tercera España del consenso sigue siendo, como entonces, una quimera. Sí, mal que le pese al proverbio, hay dos sin tres. Tal vez no quede más remedio que resignarse a vivir —como se resignaba Jorge Semprún en su última entrevista televisiva, según nos recordaba jubiloso Jon Juaristi en estas mismas páginas— «con dos memorias colectivas distintas y rencorosas, pero evitando siempre que cualquiera de ellas se convierta en hegemónica».

La UE y el euro han demostrado su utilidad durante la crisis: basta imaginar para comprobarlo lo que hubiera ocurrido sin las decisiones adoptadas en los temas y momentos más difíciles, que han puesto las bases de un gobierno económico europeo.

¿Dónde estarían Grecia, Irlanda o Portugal sin la solidaridad europea?, ¿cómo se habrían financiado y, de haberlo conseguido en los mercados, a qué precio brutal?, ¿hasta qué punto se habrían empobrecido sus habitantes?, ¿cuánto sufrimiento les hubiera costado retornar a sus monedas nacionales?, ¿habrían protagonizado un nuevo corralito?, ¿habría estallado en mil pedazos la eurozona, haciéndonos entrar en una turbulencia sin fin? Un sueño para los que especulan con la crisis: para frotarse las manos.

Para que esa pesadilla no se hiciera realidad, España impulsó tal gobierno durante su presidencia de la UE en 2010, en el marco de un trío con Bélgica y Hungría que acaba de finalizar. La apuesta fue acertada: los rescates aplicados, los cientos de miles de millones de euros movilizados o las nuevas normas y autoridades de supervisión financiera puestas en marcha lo atestiguan.

Ni la UE ni el euro están en crisis. Que los espejismos no nos confundan: a pocos años de su nacimiento, el euro se cambia prácticamente a un dólar y medio, es una incuestionable moneda de reserva e intercambio y sigue en pie y ampliando su número de socios. ¡Si eso es estar en crisis, qué será no estarlo!

El proyecto europeo, contra lo que está de moda afirmar -una suerte de europeísmo pesimista que nos invade-, continúa avanzando, con contradicciones e insuficiencias, como cualquier proceso político, económico y social.

Habrá que completar ese gobierno económico de la UE con la armonización fiscal y la desaparición de los paraísos fiscales, la creación de un Tesoro Europeo, el establecimiento de una Europa social con reglas a la altura de las del mercado único y la adopción de un presupuesto mayor que el actual financiado con recursos propios directos como un impuesto sobre las transacciones financieras. Más unión política implica más unión económica para garantizar y desarrollar el Estado de bienestar e intervenir en la globalización, a fin de evitar las situaciones vividas desde 2008.

El gobierno económico de la UE debe ser un instrumento para aplicar políticas adecuadas a cada ciclo económico, de acuerdo con la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En una primera fase, esas políticas han servido para ordenar la casa común que es la eurozona. Ahora ha llegado el momento de que promuevan prioritariamente el crecimiento sostenible y la creación de empleo, la inversión productiva y el aumento de la competitividad. Haber aplicado aquellas permite ahora implementar estas. Es hora de invitar a Keynes a la sala de mandos.

La política económica de la UE no tiene por qué exigir más sacrificios: los peores momentos han pasado y lo que hoy necesitamos son recursos adicionales para crear empleo creciendo más y mejor. Eso pasa por el citado impuesto sobre las transacciones financieras, por una tasa bancaria y por la emisión de eurobonos. La deuda pública debería ser una vía excepcional llamada a ser sustituida por la imposición progresiva para conseguir ingresos públicos, gestionada en términos europeos. Y no podemos seguir siendo víctimas de los especuladores: para combatirles necesitamos ya una agencia europea de calificación de riesgos que deje a las privadas al nivel de credibilidad que merecen, poco o ninguno.

La crisis la creó un neoliberalismo irresponsable. En muchos casos, a los progresistas les ha correspondido gestionarla. Lo han hecho a través de una UE que tampoco la provocó, sino que la ha combatido, creando instrumentos en tiempo real, pero que no puede terminar identificando su gobierno económico con una única política de ajuste permanente y, menos aún, con el debilitamiento del Estado de bienestar. Eso diferencia a derecha e izquierda, que comparten el marco constitucional europeo, pero pueden aplicar políticas distintas en el mismo.

La izquierda ha de apoyar una UE que responda a su propia definición: una democracia supranacional basada en la economía social de mercado, al servicio de las grandes mayorías sociales que demandan más derechos, empleo y servicios públicos y de interés general de calidad, es decir, mejor y mayor nivel de vida.

Esa tendría que ser la apuesta del europeísmo progresista: una UE que culmine su unión política, posea un fuerte gobierno económico y social, desarrolle al máximo su norma constitucional -introduciendo la figura del referéndum europeo, eligiendo eurodiputados en candidaturas transnacionales, siendo paritaria en todas sus instituciones no intergubernamentales-, mejore sustancialmente su presencia internacional -con la legalidad internacional por delante, incluida la responsabilidad de proteger- y sea más democrática y eficaz, más ciudadana.

La UE ni se resquebraja, ni se fragmenta, ni está en declive. Pero debe seguir profundizando su integración hasta llegar a ser una unión política, económica y social federal. España, que cumple 25 años en la UE, no ha cesado de empujar en ese sentido. Y debe seguir haciéndolo desde su sitio, que no es la periferia, sino el corazón de la construcción europea.

Buen revuelo han armado las declaraciones del conseller del Gobierno catalán Andreu Mas Colell y las del presidente de la CEOE, Juan Rosell, sobre los funcionarios. Suaves las primeras, en el fondo y en la forma, más contundentes las segundas, ambas vuelven a cuestionar la productividad de un sector del empleo (12,5% del PIB español) crucial para la competitividad del país. ¿Con razón? Antes de contestar, introduzcamos un matiz. Entre los empleados públicos españoles abundan los profesionales competentes y guiados por un espíritu de servicio público. No es eso lo que está en discusión. No se trata de analizar comportamientos individuales ni de establecer comparaciones entre esas conductas y las que cabría encontrar en otros sectores. Lo que importa es saber si el funcionamiento del conjunto del sistema -eso que llamamos genéricamente función pública- responde a las exigencias de una sociedad como la nuestra.

Formulada la cuestión en estos términos, hay que responder con claridad que no es así. El empleo público español adolece de serios problemas de rigidez, de alejamiento del mercado y de los referentes internacionales comparados, de deterioro de la productividad. Muestra patentes desequilibrios en la composición de sus plantillas, en sus mecanismos de compensación y reconocimiento, en sus sistemas de relaciones laborales. Sufre de una incapacidad endémica para diferenciar niveles de rendimiento y para premiar o sancionar en función de ellos. Abandonada desde hace décadas a sus propias inercias, nuestra función pública exhibe, en definitiva, un alarmante déficit de gestión. Y el problema es que se trata de un componente esencial de la gobernanza en una democracia. Por eso, lo inteligente es reinventarla. Afrontar con la radicalidad necesaria reformas que persigan, entre otros, los objetivos siguientes:

1. Adaptarla a una gran diversidad de entornos. Las reglas de la burocracia weberiana no sirven para aplicarlas a la salud, la educación, la promoción económica o la producción científica.

2. Mejorar la dotación de talento. En la Administración, necesitamos concentrar más cerebro que músculo y la composición actual es la inversa. Una gran parte del trabajo de ejecución podría y debería ser trasladado al mercado.

3. Introducir flexibilidad. No tiene sentido que la misma estructura -cuantitativa y cualitativa- que servía supuestamente hace cinco años para gestionar políticas activas de empleo con cifras próximas a la plena ocupación, deba servir ahora con un paro superior al 20%.

4. Aproximarla a la sociedad, ajustando las plantillas, los salarios y la jornada de trabajo según pautas homologables con el resto de la actividad productiva. La tímida propuesta de Mas Colell de aumentar los horarios se queda, en este sentido, cortísima si comparamos la jornada media con la del sector privado o con el resto de administraciones europeas.

5. Introducir incentivos al rendimiento, vinculando premios y sanciones -incluida la desvinculación- al desempeño y a los resultados obtenidos.

6. Descentralizar la gestión, dotando a las organizaciones y centros públicos de capacidades propias para gestionar su capital humano, lo que exige el fortalecimiento y profesionalización de sus direcciones.

Las declaraciones que comentamos han suscitado en los últimos días un torbellino de críticas. Una parte de estas han coincidido, como viene siendo habitual, en atribuir a sus autores maléficos propósitos de desmantelamiento de lo público.

Este tipo de respuesta defensiva es un grave error, desde el ángulo de quienes -como es mi caso- defienden un Estado fuerte y activo y atribuyen a los servidores públicos un papel central. No es este un buen momento para el repliegue tribal o la defensa corporativa. Por el contrario, la función pública está necesitada de liderazgos internos que enarbolen desde dentro la bandera de la reinvención.

Creo que muchos funcionarios se sentirían razonablemente cómodos y seguros en un marco de empleo estable, pero menos protegido, más flexible, más estimulador de talento, de innovación, de esfuerzo. Con evaluación del trabajo y rendición de cuentas. Capaz de diferenciar la contribución de unos y otros, de reconocer los logros y de corregir -y expulsar, si es necesario- a los incumplidores. Menos uniforme y mejor adaptado a las diferencias de profesión y entorno. Menos privilegiado y más comprensible y próximo para el resto de sus conciudadanos.

Este es el camino deseable. Elegir, en los tiempos que corren, la mera conservación de lo existente nos conduce al recorte sin reforma, al descrédito progresivo de lo público, a una Administración residual y a una función pública convertida en refugio para quienes optan por defenderse del futuro en vez de liderarlo.

La exigencia de sanear las finanzas públicas ha colocado bajo el microscopio la necesidad de mejorar el diseño organizativo de la Administración. Los solapamientos y duplicidades, que se producen incluso dentro de un mismo nivel de gobierno, se multiplican al considerar la realidad de un Estado descentralizado. La necesidad de añadir dosis de racionalidad, algo que venía siendo reclamado desde hace tiempo por numerosos economistas en el ejercicio de su función natural, pero incómoda, de aguafiestas profesionales, concita ahora un cierto consenso social y político.

Hay, sin embargo, otro aspecto del funcionamiento de la Administración aún más importante: la necesidad de impulsar normativas que no impongan a los ciudadanos obligaciones superfluas y onerosas. Las cargas derivadas de una burocracia ilógica son como un impuesto que grava a empresas y familias, con la diferencia de que no generan recaudación fiscal. Las regulaciones ineficientes son un obstáculo a la creación de riqueza y empleo, entorpecen la inversión y perjudican el bienestar.

En muchos países, y España no es una excepción, la práctica regulatoria ha provocado una hipertrofia de los aspectos formales y jurídicos en detrimento de los materiales y económicos. Se actúa en muchas ocasiones como si la elaboración de leyes o reglamentos y su publicación en un boletín oficial fuesen la meta final, olvidando que una norma jurídica es un mero instrumento para lograr un objetivo social o económico, concreto y cuantificable, y que importa, y mucho, la calidad de la regulación para que ese objetivo pueda alcanzarse con los menores costes posibles.

La preocupación por elaborar mejores normativas no es nueva. En el ámbito europeo, la Comisión lleva una década impulsando procedimientos que manifiestan un interés creciente por la eficacia económica de las normas. En una primera fase se generalizó el uso de herramientas de evaluación ex ante tendentes a cuantificar los efectos esperados de la legislación, lo que ha permitido mejorar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Naturalmente, el siguiente paso es el de la evaluación ex post, que supone comparar los resultados obtenidos con los inicialmente previstos y anunciados. Es el medio más eficaz de separar el grano de la paja, de diferenciar la regulación inteligente de la ineficiente.

En España nos hemos sumado bastante tarde a este proceso. Sólo desde hace poco más de un año es preceptiva la elaboración de memorias de evaluación de impacto normativo en los proyectos legislativos o reglamentarios de ámbito estatal. Pero queda mucha tarea por hacer. Para empezar, no existe ningún órgano independiente encargado de valorar la calidad de los análisis de impacto normativo realizados por los departamentos ministeriales. La experiencia europea demuestra que un órgano así contribuiría significativamente a elevar la calidad y rigurosidad de los análisis. Y desde un punto de vista político, ayudaría a reforzar esas evaluaciones como un instrumento al servicio de la eficacia de la gestión, más allá de su consideración como requisito formal.

En los momentos actuales se hace necesario implantar en todas las administraciones la cultura de la evaluación de resultados a posteriori, algo que hasta hace poco parecía ser incumbencia sólo del ámbito académico y de algunas unidades administrativas especializadas vinculadas a determinados centros directivos. Pero, sin duda, lo más importante es lograr que los resultados de las evaluaciones se integren verdaderamente en el diseño y reforma de las políticas públicas, pues en caso contrario serían papel mojado. Y así se convertirían en una nueva fuente de ineficiencia.

Los operadores económicos necesitan que la Administración les exima de cargas innecesarias y los ciudadanos necesitan más y mejor información acerca del grado de consecución de los objetivos. En el caso español, es preciso que la distribución de responsabilidades entre las distintas administraciones, la organización y funcionamiento de cada una de ellas, y las normativas que elaboran, estén firmemente comprometidas con la eficacia y con la rendición de cuentas. Los beneficios de una Administración inteligente son muy importantes y podrían estar a la vuelta de la esquina.

Aunque el movimiento del 15-M ha tenido la virtud de subrayar que hay otros debates posibles, aparte del territorial o identitario, es obligado hacer un breve análisis sobre el futuro del modelo autonómico al cumplirse un año de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Reflexión que se acompaña, a su vez, de otra sobre qué podemos hacer ahora los federalistas tras un proceso del que hemos salido anímicamente derrotados. Empecemos por reconocer que, lejos de solventar la sempiterna cuestión del encaje, el proceso sufrió tantos avatares que se ha agravado entre los catalanes la sensación de incomprensión. Digo sensación, porque me parece irrefutable que el avance del autogobierno no es menor, así como la mejora efectiva en la financiación, aunque el impacto de la crisis en los ingresos de la Generalitat no nos permita hoy darnos cuenta. En cualquier caso, habrá que esperar a finales de año para ver qué resultados ofrecen las balanzas fiscales y proceder a hacer una primera evaluación, sin la cual me parece un disparate lanzarse a nuevas reivindicaciones.

Dicho esto, nuestras frustradas expectativas no se han convertido en una victoria real de las tesis neocentralistas y soberanistas. Los primeros lograron una sentencia del Tribunal Constitucional agónica, desconfiada, y obtuvieron un triunfo simbólico en el título preliminar, imponiendo una lectura barroca sobre la unidad de España. No obstante, el recurso contra el Estatut en sus aspectos prácticos fue sustancialmente rechazado. Lo resumía muy bien un titular de EL PERIÓDICO, el pasado 28 de junio: La sentencia que no cambió nada. A ello hay que añadir que muchas otras autonomías han modificado en estos años sus estatutos y que, aunque se inspiraron en Catalunya, el mapa resultante es muy heterogéneo y se asemeja más a una tabla de quesos que a la tan denostada figura homogenizadora del café para todos.

En cuanto a los soberanistas, es cierto que han logrado que el independentismo haya alcanzado altas cotas de penetración social, pero la secesión sigue sin ser la opción preferida de los catalanes. Por delante está el Estado federal, seguida del modelo autonómico actual, según la última encuesta del CEO, que tan tendenciosamente ha introducido por primera vez una pregunta directa sobre la independencia. Dicha novedad forma parte de una estrategia para ir moldeando los imaginarios ciudadanos y, llegado el caso, indicar a Artur Mas cuál es el mejor momento para convocar un referendo, no fuera a ser que los catalanes digamos, ante el mundo, que queremos seguir siendo españoles.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que, tras este proceso de reformas estatutarias, el modelo exige de una revisión constitucional que le otorgue un sustento jurídico federal. Pero, por desgracia, esto no va a producirse en los próximos años. Para empezar, porque la enorme gravedad de la crisis ha acabado por fulminar un debate que ya de por sí había dejado bastante carbonizados a todos los partidos. Del que todos salen perdedores: también CiU y PP. Visto lo cual, no creo que nada sustancial vaya a moverse en España, incluso aunque Mariano Rajoy ganase las próximas elecciones con mayoría absoluta. Solo que, en este caso, CiU lo tendría más complicado y entonces se vería obligada a equilibrar sus apoyos en el Parlament. Con todo, tampoco me parece descabellada una alianza de largo recorrido entre populares y convergentes, en la que la imposibilidad de extender el concierto insolidario de vascos y navarros se compensase mediante un proceso de recentralización limitado a las autonomías castellanas, que el PP controla. Ello daría satisfacción a los imaginarios de ambos nacionalismos. Al español, para el que siempre es bueno acotar «tanto gasto y disparate autonómico», y al catalán, que siempre ha considerado insufrible la homogeneización competencial.

La tarea que tenemos los federalistas por delante es enorme, pero el bloqueo actual, que se avecina de larga duración, nos da la ocasión de rehacernos. A menudo se afirma que en España no hay federalistas, lo que me parece inexacto y ligado sobre todo a un malentendido semántico. De entrada, habrá que deshacer el equívoco que para algunos convierte el término federal en un sinónimo de separatismo y, para otros, en una formula que permite estructuras confederadas. Solo si somos capaces de extender en España una auténtica cultura federal, política y socialmente transversal, podrá plantearse dentro de unos años una reforma constitucional en esta dirección. Entre tanto, ahora toca rearmarse, reflexionar sobre el pasado reciente, reconocer errores, extrayendo algunas lecciones, entre las cuales salta a la vista que el pacto entre federalistas y soberanistas ya no es posible en Catalunya. Porque federalizar España es, ante todo, como explica el letrado aragonés José Tudela Aranda, «ordenación del Estado y construcción de ciudadanía común en la aceptación natural de la diferencia». Y esto es imposible volver a intentarlo con aquellos que rechazan compartir el Estado.