En una época de incertidumbre, pero a la vez fascinante, aparece la idea de gestión como concepto fuerza y catalizador de todo tipo de esfuerzos en el intento de organizar una empresa, sea esta privada o pública. Es indudable la diferencia en la gestión de una empresa pública y otra privada. Son distintos los intereses y los objetivos. Pero solo en parte, ya que la dimensión técnica que ambas exigen tiene un sustrato común y una metodología semejante. Por lo tanto, hablar hoy de gestión empresarial no es sinónimo de empresa privada, ya que la empresa ya no puede interpretarse solo como una unidad económica sino que ha pasado a ser un concepto de organización. Y así, podemos decir que la gestión empresarial es un producto del siglo XX que ha entrado en una fase más humana, teñida de psicosociología y de una reflexión más templada. No es ajena esta evolución a la del pensamiento contemporáneo, sometido a los vaivenes de la era industrial e informática.

Dirigir una empresa significa una actividad global que requiere tanto la experiencia y el sentido común como la filosofía y la organización del trabajo. La finalidad de la gestión concierne a la parte racional de la actividad humana y es una adaptación permanente al cambio. Gestionar mal es un peligro para la libertad, porque eso significa dejar que una fuerza distinta de la razón condicione la realidad.

Esto no supone un cambio de bando vergonzante de los intereses sociales. Hoy es posible y necesario superar la tradicional relación hostil y un tanto esquizofrénica entre técnica organizativa (gestión eficiente) y progreso de los trabajadores. Esta dicotomía ha sido generada tanto por la presencia de elementos ideológicos no depurados como por la ausencia de análisis dialéctico. Actualmente se dibuja un perfil de técnico y de funcionario con talento, la posibilidad de un conocimiento culto y humanista de la gestión, libre de contingencias mecánicas por la explosión de la informática, y liberado también de la beligerancia social, ya que no tiene porqué plantearse en términos de conflicto sino de diálogo y comunidad de intereses. Una empresa, privada o pública, se administra, en su especificidad, según algunos principios comunes: organización, estrategia, poder y control. Cada empresa se articula en torno a su propia misión. Y el gestor tiene que saber quién es, dónde está y dónde va, antes de ir a la acción.

Con la crisis, se habla excesivamente de financiación y economía, pero menos de calidad, concepto que antes era la idea catalizadora de todo proceso productivo. Hay que volver a hablar de calidad y evaluación de la calidad, marcar objetivos claros de mejora y de rendición de cuentas, elaborando indicadores de gestión y de rendimiento. Ahora que aparece la racionalidad como imprescindible en la gestión pública, es el momento idóneo de transformar la amenaza en oportunidad, introduciendo cambios organizativos profundos, gestión estratégica, planes de calidad y mejorar la distribución interna de recursos.

Posiblemente este artículo sea excesivamente teórico y el lector exija una mayor concreción. Pues bien, aunque sea al final, pienso y digo que la administración pública en general es una empresa sin jefes y sin organización; está deficitaria de planificación y de objetivos claros. Sin embargo, hay funcionarios magníficos insuficiente motivados y otros funcionarios, los menos, incumplidores de su función y profesionales del escaqueo. Lo perverso del sistema es que ambos grupos de funcionarios son igualmente tratados, lo que desmotiva aún más al probo funcionario. Una de las causas de esta situación es la indefinición del concepto y de la función del directivo profesional en la administración pública. El EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) toca esta cuestión por primera vez pero no la resuelve. Otro factor incidente es la excesiva politización de la administración, lo que resta posibilidades a la implantación de una más eficaz y eficiente profesionalización. Y, por último, no es menos perjudicial para este reto la corrupción (de políticos y funcionarios), y lo que aún es peor, la excesiva tolerancia social con la corrupción.

Con el artículo ya finalizado, percibo la gravedad del asunto tratado, por lo que volveré a reflexionar sobré él.

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El problema de fondo que late en todo el artículo anterior y en éste es el análisis de los niveles políticos de las administraciones y de las relaciones entre política y administración. Ambos campos están muy relacionados ya que la política, por medio de las administraciones públicas, administra los recursos de la sociedad. Por eso, la Administración necesita de la política para llevar a cabo sus funciones principales.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la Administración pública en tres niveles como consecuencia de la definición de un Estado fuertemente descentralizado:

• Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado español, encargada de llevar a la práctica el programa del Gobierno y de satisfacer los intereses generales.
• Administración autonómica: compuesta por todos aquellos organismos que gestionan competencias atribuidas total o parcialmente a las regiones y nacionalidades de España.
• Administración local: comprende las competencias que tienen atribuidas los municipios, las diputaciones provinciales o forales y los cabildos insulares.
• Otras Administraciones: por ejemplo, la Universidad.

En todas las administraciones públicas mencionadas anteriormente existe la problemática funcional y competencial entre políticos y funcionarios. Como una referencia del proceso habido desde el siglo XVII, tras el final de la monarquía absoluta y su sentido patrimonial de la Administración Pública, la doctrina política liberal gira alrededor de la idea de la protección y la libertad del individuo. De ello se deriva la separación de poderes: política y administración. Posteriormente, Max Weber consolidará el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública. En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el cliente de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente, ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por omisión, la eficacia-eficiencia.

La corrupción es un abuso de poder que supedita el bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría corrupción.

La eficacia-eficiencia (hacerlo bien optimizando los recursos) es una consecuencia de la ausencia de auténticos directivos, con todo lo que la Nueva Gestión Pública conlleva, y de una inexistente coordinación político-administrativa que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una respuesta rigurosa a sus demandas.

No será quien suscribe estas líneas el que prohíba a nadie referirse a España como nación ni hablar de nación española. En una España en la que los nacionalismos, sobre todo los periféricos, han impuesto un discurso público en el que la referencia a Euskadi y Cataluña como naciones que componen el Estado plurinacional es obligatoria, no es de recibo que no se pueda hablar de España como nación, de la nación española.

Al mismo tiempo, y puesto que es conveniente no olvidar los demasiado cercanos tiempos en los que desde las más altas instancias del Gobierno central se afirmaba que el concepto de nación es «discutible y discutido», es preciso plantear el significado del término nación, en este caso aplicado a España. Pues tan cierto como que el término es discutible y discutido, es que se pueden y se deben distinguir algunas definiciones de nación que ayudan a precisar el lenguaje y a hacer explícito el sentido en el que se usa el término cada vez que se hace.

El término nación comienza a ser utilizado políticamente con el liberalismo, con la revolución liberal en Europa. Por eso es el concepto de nación en sus comienzos un concepto revolucionario. Como bien explica José Álvarez Junco -Mater Dolorosa-, los problemas de España para consolidarse como Estado nacional tienen que ver precisamente con las dificultades de los conservadores para hacer suyo el concepto de nación, que, por sus orígenes, les resultaba extraño. Cuando los conservadores hacen suyo el término es cuando España da un salto importante en su consolidación como Estado nacional.

Nación en el sentido liberal, revolucionario, es un concepto eminentemente político. Define a una comunidad política. Es la sociedad que se constituye en comunidad política para actuar como un sujeto político colectivo en virtud de su propia voluntad, y que queda representada en las instituciones decididas por la voluntad popular. Rompe con la encarnación de la nación por el monarca, por el rey.

Esta dimensión política se da ciertamente en sociedades que luego han sido culturalmente homogéneas, aunque en el momento en que se constituyeron como comunidad política no lo fueran. Esta realidad, ocultada por el devenir, convertido en mito, de Francia como paradigma del Estado nacional, debe ser rescatada para entender lo que significa la nación política: una comunidad en la que lo que une a quienes la conforman es la idea de ser ciudadanos, sujetos de derechos, y no pertenecientes a una comunidad lingüística o cultural. La Francia de la revolución francesa era una sociedad en la que convivían más de 90 lenguas y patois, y hay quien afirma que la definitiva homogeneización cultural y lingüística de Francia no se produce hasta 1918, sobre la fuerza de la frase mort pour la patrie: habría sido la experiencia de la Gran Guerra, como la siguen llamando los franceses, la que habría hecho la homogeneidad de Francia y de los franceses.

Pero sí es importante tener en cuenta que la experiencia española -la asunción por los conservadores del concepto revolucionario y político de nación- es una experiencia europea, en la que el concepto de nación se transforma al fusionarse con el segundo concepto de nación que nace en la modernidad: con el concepto romántico de nación. Este concepto subraya la comunidad de cultura y de lengua como lo constitutivo de una identidad colectiva. Y si bien este concepto romántico, en un principio -con Herder y Humboldt- era perfectamente compatible con una idea humanista y cosmopolita de la política, se viste de una ropaje directamente político con Fichte y sus Discursos a la nación alemana frente a la invasión napoleónica: un concepto cultural de nación se dota de un significado político en el que las dos tradiciones conceptuales de nación se fusionan para dar lugar a lo que el historiador alemán Hagen Schulze -Estado y nación en Europa- denomina la nación integral o imperial primero y luego total.

La comunidad política de la nación liberal es ahora una comunidad en la que al ciudadano se le sobrepone y se le impone -el imperialismo es de doble dirección, hacia fuera y hacia dentro de la propia sociedad- una identidad cultural, un sentimiento de pertenencia colectiva marcado por una misma lengua, una misma tradición, una misma cultura y una misma identidad. Esta fusión de concepto político y de concepto cultural es la semilla de la tragedia de Europa en el siglo XX.

La evolución de las sociedades democráticas europeas después de la Segunda Guerra Mundial va en la dirección de superar esa fusión y abrir posibilidades para que la identificación entre la identidad personal, la pertenencia al grupo por medio de la misma lengua y de la misma cultura, y el derecho de ciudadanía se ablande, se abra, de forma que, al igual que para gozar de los derechos de ciudadanía no es necesario ni ser católico, ni ser protestante, ni ser agnóstico o ateo, tampoco es necesario poseer una identidad obligatoria, ni poseer un sentimiento de pertenencia obligatorio. Los derechos humanos que están en la base de los derechos ciudadanos proclamados por todas las constituciones democráticas lo son sin consideración de lengua, cultura, identidad o sentimiento de pertenencia.

España ha hecho un gran camino, pese a todas las críticas de los nacionalismos periféricos, en esta dirección, aunque nada hay perfecto. El problema de España no reside tanto en la nación cultural española sino en los nacionalismos periféricos que en lugar de superar el nacionalismo español de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, lo mimetiza, lo reproduce en los mismos defectos. Por eso, el problema del reconocimiento del plurinacionalismo de España no está en el Estado, sino en los nacionalismos catalán y vasco y el socialista vasco Jesus Eguiguren, que son incapaces de pensar Euskadi y Cataluña como entidades a su vez plurinacionales.

Lo que suele suceder con estas dinámicas históricas es que se refuerzan mutuamente. De la misma forma que los nacionalismos catalán y vasco reproducen el nacionalismo de Cánovas -y lo siguen haciendo aún hoy, aunque España ha cambiado radicalmente-, podría producirse que resurja un nacionalismo español mimético a los nacionalismos periféricos, volviendo la rueda a su estado inicial, algo que vendría muy bien a estos nacionalismos para legitimarse.

Pero España no necesita volver a un nacionalismo político-cultural cuando puede desarrollar un nacionalismo patriótico y un patriotismo constitucional eminentemente político, que sin negar la existencia y las grandezas -y miserias- de la tradición española, se enorgullece con razón de la conquista política y democrática llevada a cabo con la Constitución de 1978 que implica su constitución como comunidad política integrando e incluyendo distintas lenguas, identidades, culturas y pueblos. Nada más grande que este nacionalismo político, que esta idea de Nación política superadora, que no negadora, de identidades y culturas.

Como escribe acertadamente Maurizio Viroli -Por amor a la patria-, nada hay más grande que estar orgulloso de las reglas, leyes y normas que aseguran la convivencia de los distintos individuos en paz. Eso es la nación política, eso es la democracia, esa la gran cultura constitucional que nace con la revolución francesa y para cuyo abandono no existen razones de peso.

Esperemos que quienes empiezan a hablar ahora con fuerza de recuperar el discurso de la nación española sepan lo que están haciendo y tengan en cuenta la tradición europea de la que provenimos, con sus grandezas y con todas sus miserias, que tengan en cuenta que las grandezas están unidas al concepto de nación política, y que sus muchas miserias se deben a la trágica unión de los dos bien distintos conceptos.

¿Puede un Estado abordar importantes reformas estructurales cuando los únicos que tienen potestad para adoptarlas son a la vez los que principalmente deben sufrirlas? Si hemos de confiar en la experiencia histórica, la respuesta es no.

Una referencia interesante la constituye la fortísima crisis que la mayor parte de Europa atravesó durante el convulso siglo XVII. Según los mejores historiadores de la época, la causa fundamental hay que buscarla en la profunda debilidad estructural que padecían las monarquías renacentistas. Su poder había crecido exponencialmente a expensas de las ciudades del continente, las viejas forjadoras de la civilización europea; en definitiva, a expensas de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. La virtud del autogobierno cívico claudicando paulatinamente frente a la rapacidad y al irresponsable exhibicionismo de los príncipes.

Durante la bonanza económica todo pareció ir bien. La burocracia crecía incesantemente multiplicando los puestos de cortesanos y funcionarios, ofreciendo así nuevas posibilidades de ascenso social. Los edificios públicos, los palacios, las escuelas, colegios y monasterios, proliferaban como caídos del cielo. Sin embargo, pagar todo eso no resultaba fácil, especialmente cuando las crisis financieras empezaron a convertirse en algo crónico. Los príncipes acudieron cada vez más al socorrido recurso de utilizar los oficios públicos como fuente de financiación, dejando libertad a sus usufructuarios para compensarse a sí mismos a costa de la nación. En toda Europa, no sólo en España, las monarquías siguieron la misma pauta. No había otra salida. La sutil línea divisoria entre los ingresos legítimos y la pura y dura corrupción se borró completamente. El número y cuantía de los impuestos se multiplicaban a la vez que las redes clientelares adquirían proporciones gigantescas, creando oficios sin aparente fin.

Como ha ocurrido siempre, el oficio creaba su propia función, y no la necesidad el oficio, por lo que el resultado final terminó siendo una burocracia parasitaria completamente insostenible. A partir de 1620 el malestar en todas las naciones de Europa es patente. Proliferan los memoriales exigiendo reformas. Los príncipes son conscientes del problema, pero su capacidad de autorreformarse es muy escasa. ¿Hay algo más difícil que el que una poderosa burocracia pueda reducirse y limitarse a sí misma?

Por eso, allí donde se logró, fue a través de una mayor o menor dosis de revolución, como en Inglaterra y Holanda, o incluso moderadamente en Francia, aunque no lo suficiente como para evitar la grande del final del siglo siguiente. En España, por el contrario, la burocracia era demasiado imponente como para poder ser retada por una sociedad civil muy débil. Durante las grandes crisis del XVII, mientras la economía se contraía, los oficios no sólo no disminuyeron, sino que crecieron cada vez más. El resto es historia conocida.

Hoy vivimos un momento muy semejante: la economía se contrae, los impuestos suben y los oficios no disminuyen (es más, el número de entes autonómicos se incrementó un 23% entre 2009 y 2011). Los que tienen que reducir esta burocracia política, que se extiende desde el Estado central hasta las CCAA, diputaciones y ayuntamientos, con su entramado de organismos y empresas públicas, cámaras legislativas, consejos consultivos, cajas de ahorro, órganos de control redundantes y demás parafernalia, son los mismos que la usufructúan. En ese entramado, como no podía ser de otra manera, ha penetrado la corrupción hasta lo más profundo de la red, en forma de comisiones, astillas y apaños de toda índole. Es éste precisamente el efecto más pernicioso de las burocracias parasitarias: su capacidad de contaminar con sus prácticas ventajistas casi todos los sectores sociales y de hacer cómplices por doquier.

La historia no tiene por qué repetirse, porque, a diferencia de la época de las cortes renacentistas, nosotros vivimos en una democracia. Con muchas limitaciones, sin duda, pero en la que la sociedad civil tiene un papel institucional que jugar. Pero debemos de ser muy conscientes de que, en esa tarea, la burocracia política, pese a representarnos, no va a ser nuestra aliada. El cambio político no arregla nada por sí sólo, como demuestran las tímidas medidas del nuevo Gobierno. Crear oficios es muy sencillo, eliminarlos, algo mucho más complicado.

Los memoriales, los estudios, los informes, son sin duda importantes para tomar conciencia de la gravedad del problema, pero no son el principal recurso en una democracia. No se trata de hacer ver educadamente a nuestro soberano la necesidad de la reforma, incluso en su propio beneficio. Se trata, por el contrario, de ordenar a nuestros empleados políticos que adopten las medidas necesarias para ello. Encontraremos resistencias, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada uno hacer sentir el peso de su inconformismo y de su protesta por las vías que un Estado democrático y de Derecho ofrece. Sólo de ello dependerá el resultado final.

Estaba echándole una mirada a una novela ya disfrutada en otro tiempo, «Tinieblas en las cumbres», de Ramón Pérez de Ayala, un escritor de gran interés no muy admirado entre los jesuítas, y me encontré en su introducción con unas hermosas palabras sobre la España de 1934, cuando parecía posible la convivencia. En un discurso conmemorativo del tercer aniversario de la República, en Londres, donde ejercía de embajador, Pérez de Ayala apostaba por una nación bien trabada, formada por españoles irreprochablemente unidos y concordes, cualesquiera que fueran sus discrepancias, inevitables y aún convenientes. Pensaba que el español era tan apto para la armonía social como el que más y no era cierto que, por una especie de fatalismo temperamental, llevara dentro de sí la tendencia irrefrenable a la contradicción, la indisciplina o la anarquía.

El escritor-embajador combatía el viejo cliché del español de sangre caliente, habitado por el odio, que se veía arrastrado a pesar suyo, como única manifestación de su personalidad, a adoptar posiciones extremas de guerra civil y no pudiera escapar a la maldición bíblica de la violencia y la sangre derramada. «No estamos condenados a ser cainitas y abelianos, verdugos y víctimas de nosotros mismos. Aquí está la prueba: la colonia española en Londres. Si fracasáramos, no digo los republicanos sino los españoles, será menester que con las lágrimas de Boabdil en los ojos nos dispongamos a abandonar por el foro el escenario del mundo y a llorar como mujeres lo que no supimos conservar como hombres».

Salvo el evidente machismo de la frase final, que resulta un tanto anacrónica con respecto al sentido común, no a las turgencias ideológicas de Bibiana Aído y las mujeres de la cuota, hay que rubricar esa España que pudo haber sido, que fue, y que resultó tronchada por las apetencias intolerantes. A los que nunca hemos estado en la equivalencia nos cuesta demasiado encontrar el talante del liberalismo y del reformismo social en la boca de quienes se levantaron con espíritu cuartelero y ánimo de guerra carlista a destiempo. Y sentimos que el franquismo, heredado de la voluntad de uno de los contendientes, nos llevara a la amputación moral de la idea de España, patrimonio considerado suyo por el integrismo más torpe y menos relacionado con el envidiable liberalismo conservador de Europa.

Resulta difícil de asimilar que, a falta de un sentido de pertenencia a una nación, por la que sólo podía transitarse en el camino de la adhesión al régimen, se consolidara el sarcasmo de una historia con marcha atrás despachada en el relicario del nacionalismo catalán o vasco, al que se han unido los caciquismos a lo Romanones o La Cierva que toman cuerpo, cuando astutos líderes regionales se dan cuenta de la inutilidad política del narcisismo nacional.

Esta hora de España con un nuevo gobierno dispuesto a tapar los agujeros de las arcas y baúles de la nación puede ser el tiempo de la normalización de un país, cuya cultura política estaba derivando hacia una situación dramática de exclusión, de competencia entre territorios, de creencia en que los derechos de unos españoles podían ser una agresión a los derechos de todos. Que la diversidad podía camuflarse de desigualdad según la zona en que se resida.

Los momentos en que una sociedad se interroga no son zonas históricas de lamentación, de incitación al conflicto artificioso. Por la igualdad de todos debe restablecerse la normalidad que nos vincule a nuestro entorno europeo y satisfaga el mandato constitucional, según el cual el poder radica en el pueblo español, del que derivan todos los poderes del Estado. No es una afirmación retórica de españolismo rancio, es la plasmación de una nación frustrada tantas veces y hoy capaz de realizarse en la constante perfección de lo que se acordó en los difíciles años setenta del pasado siglo.

Ahora que se anuncian cambios deberíamos detenernos a pensar cómo se nos ha arrebatado la posibilidad de ser españoles no meramente constitucionales, sino ciudadanos cuyo afecto por la patria se asienta en el terreno de las emociones, en el gozo de sentirse parte de una tradición que no se asume con el aire de una patética eucaristía, donde los imperios y las decadencias se transustancian en desvaríos fascistas o en melancolías regeneracionistas. Esa pérdida del ser de España no se refiere a una metafísica como la que atormentó a los noventayochistas y, después, a los ejercicios literarios de los vencedores en 1939. Es el sentimiento de orfandad y desgarro que se justifica con los glaciares de los artículos de una Constitución, porque la calidez de un afecto parece avergonzar a quienes proclaman su patriotismo. Hemos acabado por disponer de una España reducida —no elevada— a institución jurídica, y unas autonomías que han pasado a ser la centralidad del sentimiento nacional. Todo lo contrario a lo que se pretendía, seguramente, pero todo lo que debía ocurrir cuando se negociaba lo esencial del modo menos riguroso.

No se puede amar a un Estado o a una institución revocable a través de reformas de mayorías coyunturales. Por eso, los nacionalistas nunca plantean escenarios institucionales, sino que parten de una asunción indispensable y previa: la nación tiene que vivirse como comunidad de voluntad de sus ciudadanos. Sólo sobre esa base se constituye la reivindicación de una Carta de Derechos y Deberes, sólo sobre la aceptación y el fervor de ese espacio común, hecho de historia y proyecto, puede construirse algo duradero que vaya más allá de los meros acuerdos de oportunidad política.
Que nadie se equivoque. En plena crisis económica, el discurso nacionalista ha dejado a un lado la identidad mística y la sobreexcitación cultural. Estas últimas elecciones las ha ganado el nacionalismo en Cataluña defendiendo algo que los propios oradores, como Durán Lleida, llamaban «la cartera», que debía sumarse al corazón y a la cabeza en una Laicísima Trinidad. Los nacionalistas, una vez capturado el campo de su condición respetable, de que se les permita la constante negativa a ser españoles mientras forman parte de las instituciones del Estado, han pasado a otro nivel más peligroso y de sustanciosos réditos electorales. Un nacionalismo que va a basarse ahora en la reivindicación de un bienestar económico que no ha sido saqueado por la crisis, sino por el expolio de los españoles. La liberación del pueblo adquiere una textura mucho menos lírica que hace treinta años: precisamente por ello ha conseguido triunfar. Porque ha conseguido relacionar el sufrimiento de la gente con la condición de sometimiento de la verdadera nación, con el atentado a sus recursos, con el drenaje de sus fondos materiales. Una vez se ha aceptado por casi todos esa legítima identidad del nacionalismo, ¿podrá sorprendernos que crezca ahora sobre otra representación exclusiva, que será la de los defensores de las condiciones de vida, de los servicios públicos, de los niveles salariales de los catalanes frente a la avidez del fisco español?

Tenemos nuevo Gobierno con una cómoda mayoría absoluta, es decir, con las condiciones suficientes para que podamos salir de la postración a que nos han llevado especialmente los Gobiernos de Zapatero. Ahora bien, lo primero que habría que decir, en la preocupante situación en que nos hallamos, sería, parafraseando la famosa sentencia de Clinton, pero adaptada a nuestro caso, que lo grave «no es sólo la economía, estúpidos».

El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.

Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica… Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.

En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.

Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.

Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades,que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.

De esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.

Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.

La publicación del desglose de las cuentas de la Casa del Rey por parte de Don Juan Carlos es un ejemplo de saber hacer, de prudencia política y de capacidad para empatizar con las aspiraciones y preocupaciones del pueblo español. Una decisión que el Monarca no se hallaba impelido jurídicamente a realizar. El artículo 65. 2 de la Constitución dispone: «El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Pero no se gobierna, y Don Juan Carlos lo conoce, actuando sólo de acuerdo con las prescripciones legales, sino con una acción política pertinente, adecuada a las exigencias de los tiempos y de conformidad con los sentimientos de la ciudadanía. La transparencia y claridad en el uso de los fondos públicos lo impone. Ya hace año y medio, el Real Decreto 999/2010, de 5 de agosto, había dado un primer paso al constituir una intervención interna. Una forma de actuar que refrenda la ganada auctoritasde Don Juan Carlos y su sensibilidad para sintonizar con las cuestiones que interesan y ocupan a esta Nación de españoles libres e iguales. Este es el mejor camino de preservación y respaldo de las instituciones.

En los mismos días el Monarca resaltaba, en su alocución navideña, la importancia de respetar la «credibilidad y prestigio de nuestras instituciones», al tiempo que reclamaba «rigor, seriedad y ejemplaridad». «Todos, especialmente las personas con responsabilidades públicas —afirmó— tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar». Para finalizar con una comprometida declaración de moralidad pública: «Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos». Una igualdad ante la ley, propia de los regímenes constitucionales, aunque no está de más recordar su inviolabilidad. «La persona del Rey es inviolable —dice el artículo 56.2 de la CE— y no está sujeta a responsabilidad». De aquí la necesidad de que sus actos sean refrendados (artículo 64 CE). «The King can do not wrong», el «Rey no puede hacer mal».

Pero quiero ir más allá del Discurso de Navidad, toda vez que las presentes circunstancias han brindado la ocasión de recordar la vigencia de nuestra Monarquía parlamentaria. Hay varias y relevantes razones para seguir destacando sus bondades.

Primera. La Monarquía supone un modo sosegado, tranquilo y ordinario en la transmisión del poder político en la más alta magistratura del Estado, más allá de los sobresaltos vinculados a toda elección representativa. Tenía razón el politólogo Karl Friedrich (Gobierno Constitucional y Democracia), cuando argumentaba que el «constitucionalismo representa un complejo sistema para organizar adecuadamente la transmisión del poder». En el caso de las monarquías, reviste las ventajas de su carácter automático, sin solución de continuidad, sin que quede vacante, ni un solo momento, la máxima titularidad del Estado. «Le roi est mort, vive le roi», «The King is dead, long live the King», «¡El Rey ha muerto, viva el Rey!». Permanencia institucional, estabilidad política y referencia pública. He aquí sus virtudes.

Segunda. La Monarquía parlamentaria es plenamente compatible con los sistemas democráticos. Una Monarquía parlamentaria que, situada au dessus de la melée, fuera de la cotidiana refriega política, ejerce una impagable función relacional, arbitrando y moderando los poderes del Estado. «El Rey arbitra y modera —prescribe el artículo 57.1 CE— el funcionamiento regular de las instituciones…». Ya lo adelantaba Benjamin Constant (Principios de Política) al hilo de su teoría sobre el pouvoir neutre: «El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres resortes que deben cooperar… pero cuando descompuestos se entrecruzan, chocan y se traban, se requiere una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio… La Monarquía constitucional tiene ese poder neutral». Una labor desglosada por Walther Bagehot (The English Constitution) en tres derechos: «El derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho de advertir». Hoy la distinción relevante no es entre monarquía o república, sino entre Estados autocráticos o democráticos. Lo significativo es, afirmada la soberanía nacional (artículo 1. 2 CE), el cumplimiento, en una monarquía o república, de lo dispuesto en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadanode 1789: el respeto a los derechos fundamentales y la garantía del principio de separación de poderes.

Tercera. La Monarquía implica, en un Estado tan descentralizado como el autonómico, disfrutar de un aglutinador centro de referencia e imputación de la unidad del Estado, y, por ende, de su permanencia. De nuevo lo señala la Constitución: «El Rey es el Jefe del Estado (lo Stato significaba en sus orígenes lo que permanece, lo que no muda), símbolo de su unidad y permanencia…» (artículo 56. 1). Lo reseñaba Javier Gomá en una Tercera titulada La Majestad del símbolo: «Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado: la unidad de la Nación española. En suma, nada más alto, grave e importante para nosotros».

Cuarta. La Monarquía satisface, en tanto que institución simbólica, una benefactora función de integración política. Smend (Constitución y Derecho Constitucional) lo afirmaba acertadamente: «El Monarca legítimo simboliza básicamente la tradición histórica de los valores comunitarios… cumple el papel que en una República sólo pueden desempeñar figuras históricas, o incluso míticas, como pueden ser un Guillermo Tell o un Winkelried». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Quinta. La Monarquía es la forma tradicional en nuestro Derecho histórico desde la admirable Constitución de Cádiz de 1812 (Título IV) hasta la actual Constitución de 1978 («La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria» (artículo 1. 3). Por el contrario, las dos experiencias republicanas, explicita Stanley G. Payne (España, una historia única), resultaron fallidas: la I República terminó en un cantonalismo de fragmentaciones y enfrentamientos territoriales y la II dividió cainitamente a los españoles. «El Estado español es —señaló gráficamente Antonio Fontán— un Reino, o es un barullo».

Sexta. La Monarquía ha sido, a través de Don Juan Carlos, la impulsora de la reconciliación de los españoles enfrentados por una fratricida guerra civil y separados por cuarenta años de dictadura, así como del desmantelamiento de las rancias estructuras franquistas, del proceso de Transición Política sintetizada en la Carta Magna de 1978 —de motor del cambio lo calificó Charles Powell (El Rey, la Monarquía y la Transición a la democracia)—, del restablecimiento del orden constitucional tras el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y lo que es más significativo: de un exigente diario cumplimiento del deber. Esto es, satisfaciéndose no sólo la legitimidad de origen, sino de ejercicio. «Rex eris si recte facies», «Rey eres, si rectamente actúas».

Séptima. Y además, la Monarquía aparece, tras el desglose de las cuentas de la Casa Real, como una institución austera y económica. Baratísima, si la comparamos con los ingentes gastos de la República italiana o con los fastos de la V República francesa. ¡8,4 millones de euros anuales! Muy por debajo, además, de otras Casas Reales, como la inglesa o la holandesa. Y algo que se suele olvidar. El correlativo ahorro de no convocar más comicios electorales de los generales, autonómicos, locales, y europeos.
Siendo lo afirmado digno de mención, lo mejor de nuestra Monarquía parlamentaria es todavía otra cosa: ¡que funciona y funciona bien! Sólo los necios o suicidas se replantean frívolamente sus instituciones. Y este pueblo ni es necio, ni es suicida. Es inteligente y valora los logros alcanzados. ¡Felicidades por ello, Majestad!

Sobre el calendario de España, al galope, han pasado 33 años, ¡qué barbaridad!, desde que nuestra Constitución proclamó a la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado y a Don Juan Carlos I de Borbón Rey de España, o sea, un híbrido de rey con atribuciones de presidente de república. Al margen de las encuestas, que no pueden ser más contundentes en el grado de aceptación, creo que el sentimiento de los españoles no es la disyuntiva República o Monarquía, sino la democracia, y aunque es verdad que la primera es más racional que la segunda, sin embargo la historia nos enseña que no siempre la política se guía por la razón. En los términos República o Monarquía no se encuentra la solución de los problemas, sino en sus gobernantes e instituciones y hoy en España los monárquicos lo son en tanto en cuanto la Monarquía se identifica con la idea básica de libertad.

La Monarquía considerada como ornato y boato ya no funciona y aquí, el Rey, desde el primer momento, nos dijo que a la democracia había que llegar sin saltos en el vacío, ni quebranto de nadie. Por aquel entonces, el ejemplo portugués de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 estaba muy cerca en tiempo y espacio y pese a ello, los españoles, muerto Franco, tuvimos la serenidad suficiente para que nada se rompiese. Se trataba de suplir con mano maestra una pieza quebrada por otra de necesario recambio y hacerlo sin acudir a la catástrofe. Fuimos nosotros, con el Rey a la cabeza, los que preconizamos el cambio inteligente que no el incendio, sin olvidar jamás que en semejante situación, el tumulto por el tumulto es una fórmula tan ingenua como inútil y que detrás de ella siempre está agazapado el espectro de un general del que los dioses nos libren.

Desde la perspectiva del tiempo, es evidente que la tarea de Don Juan Carlos fue gigantesca. No se trataba de dar la vuelta a la tortilla, sino de que hubiera tortilla para todos y a gusto de casi todos, lo cual era cosa nada fácil. Cuarenta años de somnolencia política desentrenan a cualquier sociedad, por madura que sea, y a los españoles que tenían hambre y sed de libertad hubo que convencerles de que no gritaran más de lo preciso durante el tiempo necesario que el cambio político requería.

Respecto a la Justicia que, en realidad, es de lo que entiendo un poco, me consta la preocupación del Rey por ella. Tan es así que cuantas ocasiones se le presentan -la mayoría, en las solemnes aperturas del año judicial-, pide especial atención para el buen funcionamiento de los tribunales y clama por una tutela judicial efectiva y ágil. De él son estás palabras escritas, en diciembre de 1981, con motivo de la aparición del primer número de la revista Poder Judicial: «Si, de acuerdo con el texto de las leyes, la justicia se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, quiero deciros que estoy orgulloso de ser tan dignamente representado».

Lo cual no quiere decir que comparta algunas ficciones jurídicas como, por ejemplo, la invocatio regi de que la Justicia se administre «en su nombre». Bentham afirma que la Justicia no se administra en nombre de nadie y, más modestamente, pienso que algo tan natural y universal tiene categoría suficiente para ser administrada en el suyo propio, aunque tampoco descarto que aquella declaración tuviera que ver con la función arbitral que la Constitución encomienda al Monarca.

No menos difícil de entender puede ser la prerrogativa que el artículo 56.3 de la Constitución concede al Rey cuando dice que su persona «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», proclamación, por cierto, que choca frontalmente con la declaración que Don Juan Carlos hizo en el último mensaje de Navidad y que tanto gustó, cuando, en clara referencia a su yerno, afirmó que «la Justicia es igual para todos». Nadie está dispensado de rendir cuentas ante la Justicia, aunque sea Rey y el argumento de que «todo acto del Rey se refrenda por el Gobierno» carece de peso, entre otras cosas porque el texto constitucional no distingue entre lo público y lo privado. Un rey que sólo responde ante Dios y ante la historia es un residuo autocrático inconciliable con una Monarquía parlamentaria, donde todo el mundo ha de estar dentro de la ley y bajo ella. No obstante, consuela pensar que, según dicen, al Rey no le hace gracia alguna que le llamen «irresponsable».

En trance de censurar, creo que la norma sucesoria del artículo 57.1 de la Constitución que, al igual que la hemofilia salta sobre las mujeres y que importó Felipe V en 1713, dando preferencia al varón sobre la mujer, es reprobable por contraria al principio de igualdad de todos los españoles expresado en el artículo 14 del propio texto constitucional. Si bien en su momento, como Ley Sálica, pudo ser oportuna, hoy es un precepto surrealista que va en contra de la realidad social y de la historia, ese río de sucesos que nunca se detiene ni mucho menos funciona marcha atrás.

Un rey debe saber que su poder es el instrumento de los fines de su pueblo. Ya lo dijo Raimundo Lulio, lo mismo que dijo que el desacuerdo entre el príncipe y los ciudadanos difícilmente alcanza a ser remediado. Los españoles, según síntomas ciertos -véase el sondeo que ayer publicaba este periódico-, lo que siempre han querido es un rey para todos y una Monarquía en la que todos quepan y puedan opinar, pensar, votar y contribuir al buen gobierno. Un rey, como el nuestro, que cultiva la sencillez hasta la campechanía y habla un correcto inglés, sabe que la institución monárquica no puede basarse sólo en el encanto personal ni se hace en los museos de figuras de cera, esas colecciones que no sirven más que para que, llegado el caso, haya que derretirlas a fuego rápido con el consiguiente calentón de cabeza y heladura de pies.

En la seguridad de que el director de EL MUNDO no me demandará, hoy me quedo con una frase que es suya y copio del libro Amarga Victoria: «(…) estos años de reinado de Don Juan Carlos han proporcionado a nuestro país la suficiente solidez institucional como para hacer frente a cualquier crisis originada por el comportamiento de sus hombres públicos (…)». Cierto. Lo mejor que ha hecho el Rey es que, siguiendo el consejo de sus verdaderos leales, pronto se olvidó de quién lo nombró y en seguida supo que su limitado poder debía estar al servicio del pueblo. Si el Rey goza de la confianza de los españoles y, a lo que se ve, el Príncipe Felipe también, es porque los ciudadanos encuentran en sus personas los caminos que habrán de llevarles a lo que buscan, algo que responde a cuándo un rey tiene vocación de serlo y conciencia de cómo y de qué manera debe serlo.

Don Juan Carlos I ya no es joven, aunque tampoco viejo, ese estado de vida que a decir del sereno Goethe le convertiría en un Rey Lear. Me preocupa que desde hace algún tiempo las peores arrugas del Rey de España no sean las de la cara sino las del alma.

«Europa no es menos soberanía; es más soberanía, porque es más capacidad de actuar. Se defiende mejor la soberanía con aliados que solos. (…) Europa ya no es una elección, es una necesidad». Lo dijo Nicolas Sarkozy el pasado 1 de diciembre en Tolón, durante el discurso en que reclamó un nuevo tratado europeo, con Alemania y Francia a la cabeza, y en que fijó las líneas maestras de lo que será la política francesa en el próximo quinquenio si una mayoría de sus conciudadanos le vuelve a dar su confianza en las urnas. Por supuesto, esa referencia a la salvaguarda de la soberanía, e incluso a su incremento, no era sino una respuesta valiente y resuelta, propia de un estadista, a quienes desde distintas zonas del arco político francés —y muy especialmente desde la extrema derecha, encarnada por el Frente Nacional de Marine Le Pen— reclaman que Francia se desgaje de una vez por todas de la unión monetaria, cuando no de Europa misma. Es más, no sólo las palabras apuntaban en esa dirección; también el atrezo utilizado. Baste indicar que en el escenario del recinto tolonés no había otros enseres que el atril y dos banderas, la tricolor y la europea, situadas en el suelo, justo detrás del orador, y dispuestas de tal modo que la primera era vista en su integridad y medio cubría la segunda. Lo demás eran milagros de la tecnología. Como el que permitía ver permanentemente reflejado, al fondo del escenario y en cada uno de sus extremos, los tres colores de la bandera de la República, o como el que hizo posible que en la pantalla gigante donde los cerca de cinco mil correligionarios siguieron durante una hora el parlamento de su jefe de filas apareciera, lo mismo al principio que al final, un enorme y tremolante «drapeau», junto al que apenas se vislumbraba, a un lado y otro, el emblema estrellado de la Unión. No hace falta añadir, supongo, que el discurso se cerró con el canto del himno nacional.

Semejante ostentación de simbología tuvo lugar —y no es ocioso recordarlo— en un acto de partido. Es verdad que quien hablaba era, a un tiempo, presidente de la República, y que la República en cuestión no era otra que la francesa, esto es, el paradigma mismo del Estado unitario. Pero, insisto, el acto respondía a la lógica partidista y no a la institucional y, aun así, la bandera y el himno de todos habían sido usados con absoluta naturalidad, sin reserva alguna y en la creencia de que lo común puede y debe ser compartido por cada cual. Diez días antes, algo más al sur pero sin salir de Europa, millones de ciudadanos habían decidido con su voto dar un vuelco insólito, por su magnitud, a la relación entre sus fuerzas políticas, otorgando una holgada mayoría absoluta al partido que había permanecido hasta entonces en la oposición y rebajando a unos niveles paupérrimos —sus peores guarismos en la presente democracia— a la formación que había estado gestionando durante siete largos años los destinos de los españoles. Como suele ocurrir en estos casos, el resultado electoral fue recibido con júbilo entre la militancia de la fuerza ganadora. O sea, con banderas al viento —del partido y de España, aunque también había alguna autonómica—, cánticos de alegría —entre ellos, el «yo soy español, español, español» o el «España, unida, jamás será vencida», nacidos como respuesta a otra clase de cánticos y consignas de naturaleza radicalmente distinta— y jaleos a los líderes del partido cuando estos se asomaron al balcón de la sede —en el que no se advertían sino las siglas y los colores de la formación— o cuando el futuro presidente del Gobierno dirigió a los congregados unas palabras de agradecimiento. Y, como también suele ocurrir, estas imágenes fueron retransmitidas por la televisión pública y glosadas por unos comentaristas invitados para la ocasión.

Entre las glosas, alguien tuvo a bien destacar, en alusión a los cánticos y proclamas de la calle, que acabábamos de asistir a una «explosión de nacionalismo español». Nadie le contradijo, aunque sí hubo quien discrepó del término y prefirió ver en la manifestación callejera un simple epígono de la campaña recién terminada. Al poco, la televisión conectó con la sede del principal partido nacionalista de una de las Comunidades Autónomas que componen, según la Carta Magna, la Nación española. Allí, el candidato —jubiloso por cuanto la federación por él encabezada había ganado por vez primera en su Comunidad en esta clase de comicios— ya no estaba en pleno discurso, pero sí en el uso de la palabra. O de la voz. Y es que el candidato cantaba, al igual que los demás dirigentes presentes en el escenario y al igual que los militantes y simpatizantes que abarrotaban la sala. No era, como en el caso anterior, un cántico peleón, de esos que sirven para animar la marcha o para matar la espera. Era un himno: el himno que los nacionalistas del lugar califican, sin ambages, de nacional. Y, al contrario también que en el caso anterior, no habían sido las bases del partido las que habían tomado la iniciativa de cantarlo, sino la dirección misma. Aunque mejor sería decir que, en esta clase de jornadas, el canto de marras siempre ha formado parte del guión. De ahí, tal vez, que ni las presentadoras de la cadena pública ni los tertulianos que las secundaban con sus comentarios juzgasen necesario referirse a ello.

Sea como fuere, lo acontecido en la última noche electoral demuestra hasta qué punto nuestro Estado de las Autonomías responde a unos parámetros completamente extemporáneos en lo tocante al uso de la simbología. Aquello que en cualquier país civilizado y en circunstancias de cierta solemnidad sería considerado normal —a saber, la exhibición de la bandera, y el canto o la escucha del himno— parece aquí reservado a las fuerzas políticas nacionalistas, con lo que, a la postre, los únicos símbolos exhibidos o cantados son siempre los de una parte, cuando no los de una parte de una parte. Los del todo, los que deberían unir al conjunto de los españoles, tienen escaso predicamento entre quienes podrían utilizarlos, esto es, los partidos de ámbito nacional. Ni siquiera en tareas de gobierno. En realidad, para ver la bandera y escuchar el himno uno tiene que acercarse en España a los actos organizados por otro tipo de fuerzas, las armadas. O a una competición deportiva de carácter internacional en la que participe nuestro país. La escenificación de un acto como el de Tolón, eminentemente político, deviene inimaginable por estos lares, a no ser que la bandera y el himno correspondan a una Comunidad Autónoma.

No se me escapa que existen sin duda prioridades más acuciantes que esta en la agenda del nuevo Gobierno. Pero no es menos cierto que las empresas solidarias, las que necesitan del esfuerzo de todos, resultan mucho más llevaderas cuando uno tiene la sensación de formar parte de un todo y no de una simple suma de partes. Y no digamos ya cuando algunas de esas partes no están por la labor de sumar, sino más bien por la contraria, como se ha comprobado en el reciente debate de investidura. En semejantes circunstancias, el uso natural y desacomplejado de una bandera y un himno comunes ayudan lo suyo.

Entre otras muchas cosas, Vaclav Havel -escritor, estadista, ciudadano ejemplar, persona valiente y buena, que acabamos de perder hace poco-, nos enseñó hace mucho tiempo que en esta vida teníamos que aprender a «vivir con huecos y fragmentos», no esperar que todo encajara con todo, sino saber que la realidad humana puede ser dura, compleja, cambiante y engañosa. Y aun así pactar con ella, pactar con los propios fracasos, para hacernos más fuertes, más conscientes, para seguir peleando contra toda resignación e injusticia y seguir confiando en la capacidad de las personas y de las instituciones democráticas que han costado históricamente muchos esfuerzos, sudor y lágrimas, de varias generaciones y que, como la tela de Penélope, son siempre perfectibles y sin final previsto.

Pensaba en ello mientras escuchaba el sábado el discurso de Navidad de nuestro Rey, en uno de los años más esperados por una opinión pública hipersensibilizada ante la prolongada crisis y con el agravante de las noticias constantes de que la corrupción codiciosa, que se ha ido conociendo sobre ciertos sectores del mundo político y económico, en esta ocasión había llegado, por primera vez, a tocar directamente a familiares de nuestra primera Institución. El discurso del Rey -que por lo demás será ampliamente comentado en sus detalles por todos los medios de comunicación-, estuvo una vez más, en mi opinión, a la altura de su responsabilidad y de sus convicciones, haciendo frente a los problemas nacionales y personales con los que se enfrentaba. Como decía el científico Richard Feynmann, «la integridad no consiste solo en no mentir, sino en mostrar en qué puede uno estar equivocado», y como norma científica bien puede ser aplicada a los asuntos públicos que a todos nos afectan.

El Rey no ha dudado en su larga trayectoria institucional en acomodar inteligente y políticamente la corrección necesaria con los principios que ha defendido desde el primer discurso de la Corona y el mensaje navideño de 1975 hasta hoy. A esa continuación y al tiempo rectificación si era preciso ante los cambios de la realidad, dediqué un breve estudio en el 25 aniversario de la Corona, precisamente como prólogo a la edición que Galaxia Gutenberg hizo de los mensajes navideños desde 1975 al 2000.

Además de insistir en estos discursos, año tras año, sobre el papel constitucional de la Corona, la unidad y pluralidad de España, la condena tajante del terrorismo de ETA -sobre todo en aquellos terribles «años de plomo» de los ochenta- y en la solidaridad con las víctimas, Europa y el mundo internacional, la recuperación de la propia historia evitando considerar al adversario como enemigo, la importancia de la alternancia y otras cuestiones y problemas -el paro juvenil, la emigración e inmigración-, más o menos coyunturales, hay desde siempre la preocupación por la calidad y el valor de las instituciones y por la importancia de una ejemplaridad ética pública, que no rompa «con el respeto a los valores morales y a las normas de conducta que deben regir» la vida de los hombres, debido a un «afán por alcanzar niveles económicos y sociales cada vez más sólidos y destacados» (1991). (Estábamos en plena era de la codicia acumulativa y de aquel dicho de un alto cargo político de que España era el país donde más fácil y rápidamente se podía hacer uno rico [¡!]) No es que se hiciera demasiado caso a tales mensajes, quizás, pero lo cierto es que el Rey cumplía con ese poder moderador y altamente simbólico que es esencial de la institución.

Ese poder moderador y simbólico, que da estabilidad y permanencia además de prestigio al sistema, es el que quisiera resaltar en un momento en que sobre todo en un sector joven, ya nacido en democracia, y falto de una conciencia histórica que vaya más allá de lo inmediato, prolifera el sentimiento de para qué puede hacer falta una Monarquía parlamentaria cuyo principio hereditario estaría en contradicción con el principio del mérito que, al menos doctrinalmente, es la base de una sociedad democrática. Y que es susceptible de generalizar el caso individual al colectivo institucional.

¿Cómo explicar o definir una institución como la monárquica en nuestra sociedad secularizada y meritocrática? Nietzsche ya señaló que «tan solo puede definirse aquello que no tiene historia». Y precisamente la monarquía occidental, que tiene sus raíces en la edad media y que atraviesa por etapas históricas tan diferentes como la medieval -con la idea siempre del rey gobernando junto con el «pueblo» y bajo el derecho natural-; la absolutista -con una soberanía que está en la cúspide del poder, pero con las limitaciones de las leyes fundamentales del reino y de la propiedad privada de las familias, además de las leyes divinas y el derecho natural-; la constitucional, en donde ya la soberanía o pertenece totalmente al pueblo o es compartida con el rey, y finalmente la actual parlamentaria, con soberanía exclusiva del pueblo español.

Y todos estos procesos rodeados de cambios económicos, sociales, demográficos y políticos que se configuran además de distintas maneras según las historias propias de cada región europea convertida en país y nación, y que van parejos con un cambio de mentalidades y de emergencia de grupos sociales que reclaman para sí la libertad y la igualdad ante la ley que durante siglos sólo había pertenecido a sectores privilegiados según las circunstancias históricas.

A partir del siglo XIX y especialmente en el XX, con la experiencia de los totalitarismos, se desarrolla una cultura política que, siguiendo una de las líneas principales de la Ilustración, pone el énfasis no en la dicotomía del sistema de gobierno «monarquía-república», sino en el de la «dictadura-democracia». Pues la realidad histórica demuestra que puede haber repúblicas dictatoriales y monarquías liberales y democráticas. La clave es que aseguren a los ciudadanos la libertad y la igualdad ante la ley, como derechos fundamentales.

Ya Montesquieu y los ilustrados habían insistido en que lo fundamental de un sistema político era que salvaguardara la libertad, para lo cual tenía que estar sujeto a ciertas limitaciones, y ello se podía lograr bajo una forma de gobierno o de otra. No siempre el poder del pueblo directo garantizaba la libertad, a veces lo contrario, como estudió Tocqueville. Lo que importaba era que fuera un régimen moderado, que unos poderes se contrapesen con otros, que sea posible el ejercicio de la libertad y el pluralismo social. Que la articulación entre poder y libertad esté plasmada en unas instituciones, fuertes y flexibles a la vez. Como señala entre otros Sternberger, no puede haber tampoco libertad sin Estado. Un Estado no intervencionista en la vida privada, pero que garantice el mantenimiento de las reglas de juego, la paz y seguridad suficientes para el desarrollo de los ciudadanos. Sólo bajo esas premisas, ya los ilustrados fundaron el principio de la nación, de la patria, del patriotismo, en el sentido constitucional: «Patria no era tanto el lugar de nacimiento, sino poder vivir en libertad bajo las leyes». En definitiva, la pregunta sobre el poder, como señaló Popper, no es tanto «quién debe gobernar» o «cuál es la mejor forma de gobierno» -en abstracto-, sino «cómo diseñar nuestras instituciones a fin de poder evitar o minimizar los daños que gobernantes incompetentes o deshonestos pueden causar». Y, como decía irónicamente uno de los grandes estadistas británicos, «la democracia es el peor de los regímenes posibles, si exceptuamos todos los demás».

La experiencia histórica y la historia particular de España en nuestro caso han demostrado que esa convivencia democrática se ha logrado bajo la monarquía parlamentaria, en una democracia basada en la soberanía del pueblo español, que tiene como cabeza y símbolo del Estado al Monarca. Desde el punto de vista de las formas políticas, sería para los clásicos un auténtico régimen mixto, el mejor de los posibles, un modelo de equilibrio, que evita entre otras cosas que la Jefatura del Estado esté sometida cada cuatro años a los vaivenes de toda política electoral, proporcionando una estabilidad y continuidad constante, al tiempo que es una Jefatura sometida a las limitaciones marcadas en la Constitución, incluido el refrendo.

Por lo demás, es el tipo de régimen adoptado por algunos de los países europeos de mayor desarrollo y goza de un prestigio internacional muy beneficioso para España. El discurso del Rey en 1975 resume y es ejemplo de una continuidad y una solidez flexible que se extiende hasta el de ayer noche: «La institución que personifico integra a todos los españoles -declaró en aquel momento fundacional-… El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos… deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo… Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función». En estos principios y en el respeto impecable a la Constitución y a los españoles ha crecido y madurado el heredero, a quien el Rey dedica su último párrafo del discurso de cada año. Su ejemplaridad pública está a la vista de todos.

“Cuando se incumple la ley, se vulnera la libertad de las personas”. Esta frase encierra el núcleo fundamental del Estado de derecho. Hoy en día, con demasiada frecuencia, muchos cargos públicos y muchos ciudadanos incumplen la ley y dicen defender la libertad. Un grave error, algo imposible en un Estado democrático de derecho como el nuestro.

En efecto, la más importante innovación que aporta el Estado de derecho, concebido en los siglos XVII y XVIII por los filósofos racionalistas, es que logra conciliar tres conceptos que hasta entonces parecían antagónicos: libertad, derecho y Estado. Hasta entonces, para muchos, la libertad era el derecho a hacer todo lo que a uno le diera la gana. Como ello generaba violencia y enfrentamiento entre personas, había que limitar la libertad. El encargado de limitarla era el monarca, el rey, dotado de la fuerza necesaria para imponer su ley natural que hacía derivar de la voluntad de Dios.

Por tanto, este monarca -el equivalente del Estado de hoy- imponía unas reglas -un derecho- que mediante la coacción -la fuerza física- negaban esta libertad personal: lo único permitido era cumplir la voluntad del rey, que amparaba su autoridad en la voluntad de Dios. El rey negaba la libertad de los individuos ya que esta dependía de su libre voluntad. El único ser libre era, pues, el rey, el soberano, que detentaba un poder absoluto sobre todos los hombres. Así pues, el poder político, el monarca, el Estado en definitiva, eran incompatibles con la libertad de las personas y el derecho no era otra cosa que la libre voluntad del rey. Libertad de las personas, derecho y Estado eran, pues, conceptos incompatibles.

Los teóricos de las ideas liberales y democráticas llevaron a cabo una subversión total de estos términos. De entrada, sostuvieron que la libertad individual no es el derecho a hacer todo lo que nos da la gana sino, como dijo Montesquieu, “el derecho a hacer todo aquello que las leyes permiten”. Ahora bien, no toda ley concede libertad sino que sólo son legítimas, es decir, sólo deben ser obedecidas, aquellas leyes que son el producto de la voluntad de los ciudadanos. En este punto, Rousseau completa la idea de Montesquieu al sostener: “La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito”.

En otras palabras, las únicas leyes que conceden libertad en un Estado de derecho son aquellas en las que han participado todos los hombres en un plano de igualdad. Por ello, los únicos parlamentos que dictan leyes que deben ser obedecidas -leyes legítimas- son aquellos que han sido elegidos mediante el voto libre e igual de ciudadanos libres e iguales en derechos. Estas leyes son las de obligado cumplimiento para todos.

Y ahí radica una de las claves de este tipo de Estado: si todos están sometidos a la ley, por supuesto legítima, ello incluye también a los poderes públicos. Así pues, el soberano ya no es el rey, ni tampoco el Estado, sino sólo el pueblo, el conjunto de ciudadanos libres que expresan su voluntad creando derecho. Sólo el derecho, por tanto, puede establecer límites a libertad del individuo y el fundamento de estos límites está, precisamente, en los llamados derechos fundamentales.

¿Cómo puede entenderse que negar libertad a las personas, es decir, coaccionarlas, se fundamente en los derechos fundamentales, aquellos que, precisamente, conceden libertad? Distingamos. No todo poder de coacción en manos del Estado es legítimo sino solamente aquel que se justifica en la protección de los derechos de los demás. Kant lo expresó así: “Si el ejercicio de la libertad por parte de un individuo es un obstáculo para la libertad de otro, la coacción que se le opone, en tanto que obstáculo a quién impide la libertad, coincide con la libertad”.

Los anglosajones tienen un aforismo que permite entenderlo de forma aún más clara: “La libertad de mi puño acaba donde empieza la nariz de la persona que tengo enfrente”. Es decir, el límite de mi libertad se halla donde comienza la libertad del otro. En consecuencia, en defensa de la libertad de este otro, es legítima la fuerza necesaria para frenar el puño dirigido a romper una nariz dado que ya que sirve para proteger su derecho a la integridad física. O, con otro ejemplo, es legítimo el porrazo de un policía que persigue a un ladrón para restituir a su dueño la cartera robada. Es en esta medida que, si bien en sentido no jurídico se ejerce coacción, esta coacción no es otra cosa, desde el punto de vista jurídico, que libertad.

Por tanto, si bien no toda coacción proporciona libertad, es legítima la fuerza coactiva necesaria para que la libertad exista: se trata de la fuerza que se ejerce ante una determinada persona para impedir que vulnere los derechos de otra. En tanto que esta coacción está autorizada por la ley y es ejercida por los órganos estatales, el derecho, el Estado y la libertad, no solamente no son incompatibles entre ellos, sino que se identifican: la igual libertad de todos es, así, el contenido mismo del Estado de derecho, su objetivo único. Defender la ley es defender la libertad.

Ante al revuelo que están causando los continuos recortes al Estado de Bienestar que estamos experimentando en los últimos dos años y los que quedan por venir, es precisa una reflexión rigurosa que permita identificar qué significan esos recortes desde el punto de vista de la cohesión social. La ola neoliberal que nos azota está procediendo a desmontar lo que, como defendería Benjamin Constant, es un estado sustentado en la “garantía de los goces” del individuo moderno. Bajo la hipótesis de que el mantenimiento del conjunto de servicios que presta el Estado, tal y como lo hemos conocido hasta el momento, es insostenible financieramente, se trata de garantizar unos mínimos (en educación, en sanidad y en protección social), dejando el resto en manos del mercado y de la capacidad económica de cada familia.

COMO PODEMOS comprobar, las tesis neoliberales centran el punto de atención en la insostenibilidad del sistema y en el convencimiento de que un Estado así constituido solo contribuye a formar ciudadanos maleducados y acomodados, en el sentido de que disfrutan de unos servicios y de una protección tan elevada que terminan por disuadirles de adoptar posturas más creativas, innovadoras y productivas. Es decir, dicho en palabras más comunes, solo crea vagos. Vagos que, por cerrar el círculo, deben ser mantenidos por las clases productivas, por empresarios, autónomos o trabajadores. En este sentido, los impuestos, además de injustos, son considerados contraproducentes, pues dificultan el crecimiento y la reinversión y, en definitiva, la generación de riqueza y, por derivación, la creación de empleo.

Estas tesis olvidan otra de las funciones esenciales que cumple desde sus orígenes el Estado de Bienestar. El Estado, especialmente desde la época de la república de Weimar (1919) del New Deal (1933), no puede entenderse sino como una reacción a la presión que ejercía la incipiente Rusia soviética y los movimientos revolucionarios que se extendían por todo el mundo desarrollado. En concreto, la expansión del Estado moderno tiene sus orígenes en un acuerdo tácito entre las dos fuerzas en tensión que se encontraban en pleno conflicto en aquella época (el capital y el trabajo) y tiene como objeto la búsqueda de la paz social por medio de una cesión por ambas partes: el movimiento obrero aceptaba el sistema capitalista de corte democrático a condición de que el capital (a través de los impuestos) desarrollase un potente Estado de Bienestar que asegurase a los trabajadores ante determinados riesgos (desempleo, enfermedad y vejez) y que se universalizase el acceso a una serie de sistemas que se consideran esenciales (educación y salud). Igualmente, con la apertura de la democracia parlamentaria a los partidos de izquierda, se articulaba un sistema de negociación en el seno de las empresas, que garantizase la participación efectiva de los trabajadores, en la fijación de las condiciones de trabajo e igualmente en el reparto de las plusvalías generadas.

Gran parte de las medidas, reformas y recortes que se están implementando son presentados simplemente como una fórmula para reducir los enormes costes que supone el mantenimiento de los sistemas públicos de bienestar. Sin embargo, desde mi punto de vista, deben ser considerados igualmente como una cierta ruptura de ese pacto fundacional del Estado moderno. En este escenario, lo que es evidente es que los Estados, casi sin excepción (véase Islandia), han sido incapaces de someter y reconducir las demandas de estas fuerzas emergentes, encontrando serias dificultades para recuperar su papel armonizador y mediador entre los agentes en disputa. Esto es así porque los viejos estados europeos no pueden actuar más allá de sus fronteras, ni imponer al capital lejos de ellas los mismos criterios y acuerdos que aceptó hace cerca de un siglo para garantizar la paz social. Podríamos decir que actualmente las dos fuerzas en disputa no actúan en el mismo campo de batalla, sino en escenarios cruzados. Y no disponemos de instituciones políticas internacionales que sean capaces de volver a integrar en un mismo plano esa tensión histórica.

EN ESE JUEGO pendular que ha representado la tensión entre capital y trabajo, tenemos que aceptar que no está todo dicho acerca de la salida a esta nueva disputa que ha propiciado la crisis. Si aceptamos la función esencialmente negociadora y de intermediación del Estado, lo que no puede sorprendernos es que si sólo una de las partes en disputa ofrece argumentos y ejerce presión sobre él, no tenga otra salida que plegarse a sus demandas. Pero si, por el contrario, se da un vuelco a esa situación y los trabajadores y, en general, toda la población, salen de la fase de shock en la que se encuentran, podrán organizarse en torno a movimientos de reacción que traten de hacer conscientes a las clases populares no solo de las pérdidas (de protección, de condiciones de trabajo y de vida, etc.) que suponen las medidas que se han aprobado últimamente, sino de algo mucho más importante, la evaporación de gran parte de la capacidad negociadora que atesoraban ante el capital a través de la acción mediadora del Estado. En este nuevo escenario seguro que se encuentran nuevas alternativas de salida a la crisis que permitan reestablecer el equilibrio que nunca debió haberse perdido.

A primera vista, la cuestión que plantea el título de este artículo debería responderse con una rotunda negativa: la secesión de parte de un Estado por respecto al conjunto carece de cualquier relevancia en el plano de la ética política democrática, porque la determinación de las fronteras que corresponden a un concreto demos es una cuestión que excede de la democracia misma. En realidad, es una cuestión que la antecede y sobre la cual los principios normativos de la democracia no podrían aparentemente decir nada. La democracia se ocupa de las reglas de gobierno de un demos, pero la constitución territorial y personal de ese demos es algo previo a ella misma. Por ello, si un pueblo particular decide separarse del conjunto del Estado en el que hasta entonces vivía, la filosofía política no podría sino tomar nota de ello, sin poder valorar la corrección o no de esa decisión desde principio alguno.

¿Es así de simple? ¿Carece la secesión de cualquier relevancia moral? Una valiosa parte del pensamiento democrático contemporáneo lo cuestiona y afirma, por el contrario, que no puede hablarse hoy en día (y fuera de situaciones coloniales o de opresión de minorías étnicas) de un supuesto derecho a la estatalidad en virtud del cual una minoría nacional podría validamente reclamar la secesión del Estado en que vive, por la sencilla razón de que un tal derecho atentaría a los principios democráticos esenciales, sería autodestructivo de la democracia misma (Luigi Ferrajoli). De manera que, muy en contra de tal supuesto derecho, en las sociedades nacional y culturalmente complejas, lo que la teoría democrática proclama es una exigencia normativa para los nacionalistas de mantener la convivencia dentro del Estado realmente existente (vamos, de renunciar a la secesión) siempre que, claro está, ese Estado respete los mecanismos de tipo federal de protección de las minorías nacionales (Ramón Maíz). Para la democracia, la pluralidad nacional está mejor defendida en un Estado complejo que en uno secesionado que pretenda ser “el único Estado de una única nación”.

Para entender estas afirmaciones, que resultan inicialmente contraintuitivas, la vía más directa es la de interrogar a quienes reclaman la independencia nacional por el para qué de su reclamación. No por el por qué o el cómo de su petición (algo que remite a la prestigiosa idea de autodeterminación), sino por la finalidad de la pretensión de constituir un nuevo Estado: “La independencia, ¿para qué?”, esa es la cuestión relevante para opinar sobre las consecuencias morales de la secesión.

En 1990, en la declaración aprobada por el Parlamento vasco a favor del derecho de autodeterminación, se respondía con toda nitidez a esta pregunta: “El ejercicio del derecho de autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi”. Es decir, que la independencia no es un fin en sí misma, sino un medio para poder realizar una política, hacer un algo que ahora no sería posible. ¿Qué? Construir desde un poder político soberano un nuevo ciudadano que se ajuste al modelo de ciudadano nacional predeterminado y que se integre en una sociedad socioculturalmente homogénea en sus lealtades, valores y sentimientos. Tal como lo expresó el PNV en la declaración aprobada por su máximo órgano: “La libertad que reclamamos es libertad para restaurar nuestra personalidad colectiva a partir de valores creados a lo largo de una historia de milenios”.

No es difícil establecer un paralelismo entre esta finalidad confesa del independentismo nacionalista y la sugestiva distinción que hizo Benjamin Constant en 1819 entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos, y que se considera generalmente como la clave de bóveda de las democracias actuales, para ver que la libertad que reclaman los nacionalistas es un caso flagrante de libertad de los antiguos. Es decir, es la libertad del colectivo, del pueblo entendido como un todo homogéneo e intemporal, una libertad de la nación. Y es una libertad que se reclama para ejercitarla, precisamente, contra la libertad de los modernos, es decir, contra los individuos que componen ese pueblo y a los que se desea hacer objeto de un proceso personal de reconstrucción (de perfeccionamiento).

La pretensión de edificar un Estado uninacional que a su vez construya posteriormente una sociedad uninacional homogénea es una pretensión en radical oposición con las libertades personales que garantiza la democracia, entre las cuales la libertad de identidad pasa como libertad fundante. Es una pretensión que tuvo su momento triunfal en el pasado, cuando las exigencias democráticas no eran tan claramente percibidas como lo son hoy. Así se gestaron los Estados uninacionales que hoy son objeto de necesaria refacción mediante técnicas federales. Pero, pretender aquí y ahora volver a crear un Estado uninacional es tanto como caminar contra el entendimiento moderno de la libertad y la democracia.

Expresado en términos paradójicos: la secesión es inmoral porque quienes la piden son nacionalistas. Aunque es cierto que, si no lo fueran, no la pedirían. Y es que la inmoralidad no está en el qué, sino en el para qué.

En 1919 el escritor satírico austriaco Karl Kraus publicó la obra Los últimos días de la humanidad, en la cual, ante la caída inminente del Imperio austro-húngaro, que le parecía presagiaba el fin del mundo, uno de sus personajes exclamaba: «El que tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle». Pues bien, tras la reciente conmemoración del 33 aniversario de nuestra Constitución, que hace agua por todas partes, a diferencia del personaje de Kraus, creo que hay que dar un paso al frente y hablar.

En efecto, hablar sobre una de las pocas instituciones constitucionales que ha funcionado razonablemente bien en estos años, y que hoy se ve amenazada por la presunta conducta irregular e irresponsable de una persona relacionada con ella. Me refiero obviamente a la Corona, que es un órgano del Estado, y a la compleja madeja que están desenredando dos sagaces periodistas de este diario en búsqueda de la verdad de lo que ya se llama el caso Urdangarin, algo que sin duda podría afectar seriamente a la Monarquía española.

Sea lo que fuere, lo que pretendo explicar en estas líneas se refiere, especialmente, a lo que debe entenderse por Familia Real y por familia del Rey respectivamente, pues no son términos sinónimos. La confusión, de la que no ha estado ausente ni siquiera la propia Casa Real, debe aclararse cuanto antes, porque posee claras consecuencias constitucionales según se entienda una y otra acepción. Para conseguirlo, disponemos únicamente de tres instrumentos jurídicos: la propia Constitución, el Real Decreto de 27 de noviembre de 1981 sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto de 6 de noviembre de 1987 sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Sin embargo, estas normas no son suficientes para regular el estatus no sólo del Rey, sino sobre todo de la Familia Real, tal y como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones aquí, desde la entrada en vigor de la Constitución. Por eso, tanto en varios artículos míos publicados en este diario, como en diversos editoriales y en las 100 propuestas que formulamos en vísperas de todas las elecciones generales desde hace 20 años, hemos reivindicado una Ley Orgánica sobre la Corona que regule el funcionamiento transparente de la Casa Real y las posibles funciones y deberes de la Familia Real.

Si se hubiese aprobado esta norma hace tiempo, es posible que no nos encontrásemos en la actualidad con una situación tan delicada como la que ha surgido a causa de las extrañas actividades del duque de Palma, el cual, en una entrevista que han pasado estos días por las televisiones y que fue hecha hace años, ante la pregunta que le formula Fernando Schwartz sobre cómo era su vida de duque consorte, respondió que «seguía el guión». ¿En ese guión se incluía la rapacidad para conseguir dinero, abusando de su nuevo estatus?

En cualquier caso, como todavía no existe esa previsión normativa, tenemos que valernos de lo que hay. De este modo, podemos afirmar que existe una gran diferencia entre la Familia Real y la familia del Rey. En efecto, la familia del Rey está formada, como cualquier otra familia, por todos los parientes del Rey, sin importar su mayor o menor cercanía o lejanía, en su situación parental con él. Por supuesto, la familia del Rey engloba a la Familia Real, pero ésta se diferencia de aquella por ser mucho más restringida y porque la caracterizan tres atributos que no tienen los demás familiares. Por una parte, todos los miembros de la Familia Real poseen una opción hereditaria al trono, que puede ser directa o indirecta. Es directa cuándo se trata de los descendientes del Rey, según lo que señala el artículo 57.1 de la Constitución, y es indirecta cuando se trata del consorte o la consorte de alguno de ellos, los cuales no podrán asumir funciones constitucionales, salvo, en su caso, la Regencia, según establece el artículo 58 de la Constitución. En segundo lugar, los miembros de la Familia Real se caracterizan también porque disponen de la posibilidad de ejercer una representación delegada del Rey, a efectos de acudir, representando a la Corona, a actos oficiales dentro y fuera de España. Y, por último, los miembros de la Familia Real son personajes públicos, cualidad que conlleva el que su esfera de privacidad sea mucho más restringida que la del resto de los españoles

Estos tres atributos, de acuerdo con el artículo 57.1 de la Constitución, el artículo 1 del Real Decreto sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real, se refieren por supuesto, además de al Rey, a la Reina consorte, a sus ascendientes del primer grado (ya fallecidos), a sus descendientes y, lógicamente, al Príncipe heredero y su consorte. Concretamente, la distinción entre la Familia Real y la familia del Rey la reconoce claramente también el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamiento y honores de la Familia Real, consagrando los cuatro primeros artículos a la Familia Real y la Disposición Transitoria Tercera a la Familia del Rey,

Desde finales del siglo XIX, se instituyó en la Monarquía española un Registro Civil de la Familia Real que rigió hasta 1931, que en esa época pudo parecer válido. Sin embargo, el actual Real Decreto de noviembre de 1981 que lo regula es claramente insuficiente. Se dice así que en él se inscribirán en el mismo los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España y a los demás miembros de la Familia Real. Ahora bien, no se incluye el divorcio de forma expresa, en parte porque no se concebía, cuando se aprobó el Real Decreto, que se diese esa posibilidad en la Familia Real, incluso aunque ya se había aprobado la legalidad del divorcio en España unos meses antes. En consecuencia, el divorcio de la Infanta Elena, a pesar de esta laguna, fue inscrito en el Registro Civil de la Familia Real el día 21 de enero de 2010, dejando de pertenecer a la misma, a partir de ese momento, don Jaime de Marichalar. Esto es, ya no forma parte de la Familia Real, pero sigue perteneciendo, en algún sentido, a la familia del Rey, porque es el padre de dos de sus nietos.

En consecuencia, si nos atenemos a la actual regulación que acabo de señalar, mientras que no se apruebe otra más completa mediante ley, no es posible excluir de la Familia Real, como se llegó a decir, simplemente con una decisión de la Casa Real, a la Infanta Elena y a la Infanta Cristina, e igualmente, a su consorte. Pues además de no ser legal, sería también una enorme paradoja, cuando existe un acuerdo general para que las mujeres puedan reinar, en igualdad de condiciones con los varones, que ahora se las discriminase en el orden sucesorio, dejando de pertenecer a la Familia Real, con la agravante de que ambas son mayores que el Príncipe heredero. Este despiste, por llamarlo así, que han cometido no sólo muchos comentaristas, sino también la propia Casa Real, es el mejor argumento para que durante la próxima legislatura que comienza hoy se apruebe por fin una ley que aclare todos los posibles puntos oscuros de la actividad de la Corona, incluido la financiación de la misma, en donde debe prevalecer una total transparencia. Sería también la ocasión para que se modifique de una vez el artículo 57 de la Constitución, para permitir que la mujer primogénita prevalezca sobre un varón nacido después que ella. España es la única Monarquía europea que todavía no ha hecho esta reforma, ya que Gran Bretaña acaba de aprobar también esta posibilidad que se considera ya como normal.

En definitiva, no es posible separar al consorte de la Infanta Cristina del seno de la Familia Real, mientras que no haya una resolución judicial que lo declare culpable. Sin embargo, éste podría y debería haber redactado, motu proprio, un comunicado, en el que renunciase a participar en todo acto oficial o representativo, mientras que no se demuestre su inocencia. De ahí su enorme torpeza en la escueta nota dictada a la Agencia Efe el sábado pasado, en la que comete dos graves errores. Por un lado, como siempre ocurre en estos casos, quiere matar al mensajero, culpando del daño que se está infringiendo a la Casa Real, únicamente a la prensa, en lugar de reconocer sus errores, Y, por otro, comete también un grave desliz al hablar de «sus actividades privadas», pues ya he señalado que un miembro de la Familia Real no puede dedicarse a los negocios como otra persona cualquiera. Por descontado, en el caso de Iñaki Urdangarin, como en el caso de cualquier otro español, debe presumirse siempre la presunción de inocencia. Pero cuando se pertenece a la Familia Real hay que exigir igualmente una clara ejemplaridad. Si la Monarquía tiene en la actualidad una posible superioridad sobre la República, lo cual es siempre opinable según cada cual, no podría ser otra que la de que los miembros de la Familia Real, comenzando por el Rey y el Príncipe heredero, sin pertenecer a ningún partido o grupo de interés, deberían servir como ejemplo a los ciudadanos. Mientras que esta cualidad se mantenga, la Monarquía será útil para los españoles, pero si deja de serlo, por las razones que sean, su fin estaría próximo. Conviene recordar que el yernismo se pudo dar en la dictadura de Franco, pero es incompatible con una Monarquía parlamentaria y democrática.

Como más vale tarde que nunca, la Casa Real ha reaccionado en las últimas horas con dos medidas por fin. Por un lado, el propio Rey ha decidido apartar a su yerno de los actos oficiales de la Corona y, por otro, el jefe de la Casa Real ha informado sobre cómo se distribuye le presupuesto anual de la misma.

En resumidas cuentas, si la bola de nieve de los presuntos irregulares asuntos privados del duque de Palma sigue engordando, implicando también a la Infanta Cristina, se pondría cada vez más difícil el futuro de la Monarquía. Ante ese horizonte desolador, si es que se quiere mantenerla, el Rey no tendría más remedio que tomar una decisión muy dolorosa para él y para todos los que hemos valorado positivamente su reinado. Como él conoce perfectamente, a veces la supervivencia de la Corona exige dejar paso franco a una nueva generación.

En las monarquías parlamentarias, el Rey carece de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ¿quiere eso decir que carece de poder? Se oye que la Corona tiene un valor simbólico; pero ¿qué quiere decir simbólico? ¿Es meramente simbólico, como si dijéramos decorativo o superfluo, o por el contrario el símbolo ostenta un poder real y efectivo, con los demás poderes, si bien de otra índole, encerrando incluso una posibilidad única y positiva?

El orden político durante la Edad Media europea se componía de una constelación de derechos privados. Antes de emerger la soberanía de los Estados modernos, cada persona, cada familia, cada municipio, se regía por su derecho singular consuetudinario. Los derechos familiares y personales, cristalizados por el demorado discurrir de la Historia, implicaban una posición política en aquella sociedad estamental. El resultado era un conglomerado vistoso y asimétrico de privilegios. El Antiguo Régimen fue una boscosa urdimbre de árboles genealógicos.

La Revolución Francesa borró todo vestigio personal del orden político, toda genealogía; en lugar del rey, la ley; en lugar de la persona concreta, la norma abstracta. Se levantó el formidable edificio del Estado de Derecho en su versión continental, que exigía el sacrificio de todo elemnto histórico y singular. Los gremios, las regiones, los fueros, las leyes especiales del mar o del comercio, las vinculaciones y dinastías debían ceder ante la solemnidad de una Ley general, intemporal. En mi opinión, el Estado de Derecho es una de esas «conquistas para siempre» de que hablaba Tucídides, como lo son el Estado del bienestar o el reconocimiento de los derechos fundamentales. En cambio, la versión francesa del mismo, de hechura neoclásica, que tanto desvío profesó a lo histórico y a lo concreto, es, según creo, susceptible de complementos o correcciones, como el mismo neoclasicismo. Nuestro tiempo ha alumbrado una razón histórica, un sentido para lo temporal y las formaciones asimétricas de la Historia, que ha alterado aquella geometría ilustrada, sin menoscabo de la igualdad.

La Constitución española de 1978 responde en sus principales rasgos a la esencia de la Ley general y abstracta. Desde el artículo 1 al 169, la Constitución es una ley que contempla casos típicos, sin referirse a situaciones ni circunstancias individuales. De ese modo, lo que la racionalidad garantiza en las modernas democracias está también asegurado en nuestra Constitución.

Pero al lado de la ratio intemporal, la Constitución española reconoce la existencia de ciertos sujetos históricos. Dos principalmente: las nacionalidades y regiones, cuyos derechos históricos la Constitución «ampara y respeta», conforme a su disposición adicional primera; y en el artículo 57 reconoce la restauración monárquica en cabeza del actual Rey. Los territorios históricos y la restauración van de la mano porque comparten una historicidad pareja. Con todo, hay entre ellos una diferencia esencial: los territorios forales son poderes políticos efectivos; en cambio, la Corona ostenta solo un poder simbólico. Quisiera referirme ahora a esto último.

Cuando alguno pregunta para qué sirve la monarquía, decimos normalmente que desempeña una función simbólica y con ello pretendemos haber zanjado la cuestión. Cabe preguntarse, sin embargo, qué es un símbolo, qué sucede con los símbolos, cuál es su contenido y eficacia y qué clase de símbolo es la Corona.

La esencia del símbolo estriba en ser un cuerpo sensible y concreto que se remite o señala un sentido inteligible y abstracto. El lado sensible del símbolo suscita un calor sentimental, un apego directo y espontáneo, del que carece el concepto puro; pero el sentido inteligible presta al símbolo una profundidad y gravedad que no pude venir del solo soporte sensible. Cuanto más concreto y particular es este apoyo sensible, más libremente se dispara el sentimiento de adhesión; pero también cuanto más alto y trascendente es el sentido, más intensa y total es la comprensión.

Dice el artículo 56 de la constitución: «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». La corona como símbolo reúne en grado eminente las dos características enunciadas de concreción y gravedad. Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado; la unidad de la nación española. En suma, nada hay más alto, grave e importante para nosotros. Pero al mismo tiempo, la gravedad del símbolo está encarnada en lo más doméstico que pueda imaginarse: una familia. En las más complejas sociedades avanzadas, el Estado concentra un poder superlativo y un grado enorme de sofisticación técnica. Debido a las exigencias de administración del interés general, el Estado se estructura jerárquicamente como escala de poder coactivo creciente, pero en la cima, en lugar de la esperable apoteosis de fuerza y decisión, luce un símbolo desnudo. ¿Por qué un símbolo?

Porque los otros Poderes se imponen por su propia fuerza y disfrutan de toda la capacidad coactiva del Estado; en cambio, la Corona, a fuer de símbolo, es un poder no coactivo. Si es difícil la adhesión sentimental a la organización completa, jerárquica y técnica del Estado, resulta más fácil para un símbolo que ofrece la estampa de una amabilidad no coercitiva.

La Corona presenta un rasgo que solo a ella le es propio. La Corona es un símbolo personal y concreto. Las personas concretas son capaces de suscitar un sentimiento que no producen un símbolo abstracto o una idea general, por estimable que sea. El respeto o incluso el entusiasmo hacia el orden constitucional, cuando se dirigen a una persona, se ensanchan en un rico surtido sentimental que va desde la simpatía, la adhesión o la identificación hasta el mismo amor.

Es conveniente ahora llamar la atención sobre el tenor del artículo 57: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón». Un individuo es nombrado por su gracia completa, nombre y apellido. Juan Carlos Borbón es el único nombre propio personal mencionado en toda la Constitución. En la norma abstracta, se menciona a una persona concreta. A diferencia de la bandera, el escudo, el himno, la moneda, que son ejemplares de un símbolo abstracto, el Rey y su familia son personas particulares. La Monarquía se realiza mediante una familia concreta, con unos miembros corporales y contingentes. La más alta magistratura es una de esas genealogías que fueron abrogadas por los revolucionarios y que ahora se injertan pacíficamente en el cénit del Estado de Derecho. Un símbolo concreto, sin perder nunca su entronque con lo sensible, remite a una instancia de sentido superior; si además es personal, atrae, eleva y peralta hacia eso otro simbolizado, cautivando los sentidos con la exhibición de lo tangible. Sin necesidad de amenaza y de coacción, sin el temor como guía de obediencia y respeto, por propio impulso y movimiento, comprendemos en la persona el sentido abstracto sin perder el encanto de lo sensible.

La Corona es una institución, pero una institución que se contrae a una persona o una familia. No puede aislarse lo institucional y público de lo personal-privado. Se dice que la Corona es la institución más valorada por los españoles en las encuestas, pero ¿puede separarse la institución de la persona, cuando la institución es personal, es familiar? Según la Constitución, la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad, pero, bien mirado, tiene la responsabilidad de su significado. De ahí que pertenezca a la esencia del símbolo la fidelidad a lo simbolizado. Porque lo que no es solo símbolo, si pierde su simbolismo, puede tener la utilidad de su eficacia o de su función; pero un símbolo que no simboliza ¿cómo lo llamaremos? El oficio del Rey en un Estado plenamente democrático es esa fidelidad a su sentido, ejerciendo la doble función de suscitar la adhesión de los ciudadanos por su ejemplaridad sensible y al mismo tiempo señalar con gravedad intachable la seriedad de lo simbolizado. Lo que hemos llamado fidelidad del símbolo a su significado tiene, en teoría política, un nombre: ejemplaridad. Lo contrario a la ejemplaridad no es, en el símbolo, la corrupción o la perversión, sino la banalidad.

Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y por tanto de los contribuyentes españoles.

La primera reflexión parece evidente: la trayectoria profesional que justificaba la posibilidad de estos negocios del Sr. Urdangarin (en tiempos deportista profesional) así como su actual puesto de trabajo en Washington en una multinacional española del sector de las telecomunicaciones está indisolublemente ligada a su condición de yerno del Rey. Con esto lo que quiero decir es que las administraciones públicas que contrataban «a dedo» (aunque fuera bajo la figura del convenio o mediante contratos con entidades instrumentales financiadas por ellas) al Instituto Nóos para realizar distintas actuaciones en el ámbito de la comunicación y los deportes lo hacían precisamente atendiendo a dicha condición. Ayudaba el socio, Diego Torres, avispado profesor de ESADE, y la existencia de una junta directiva donde aparecía nada más y nada menos que una Infanta de España y cuyo tesorero era Carlos García Revenga, que trabajaba para la Casa Real. Casi nada.

Si hubiera sido de otra forma, es decir, si el Instituto Nóos hubiera tenido un prestigio o una trayectoria profesional propia más allá de la de su presidente y su junta directiva, las administraciones públicas implicadas hubieran elaborado los correspondientes pliegos para la contratación de los servicios que ofrecían, aunque hubieran tenido que competir, eso sí, con otras empresas que hubieran podido prestar servicios similares posiblemente de forma más económica. Incluso descontando la voluntad política de los respectivos presidentes autonómicos o alcaldes de favorecer un instituto con este caché.

La prueba de que esto fue así es que existió un primer contrato que ganó el Instituto Nóos por el procedimiento negociado con el Gobierno de las Islas Baleares por un importe menor de 60.000 euros, donde el propio Instituto confeccionó las tres ofertas que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Debió de parecer poco dinero para tanta grandeza y a partir de entonces el Gobierno balear prefirió acudir a la socorrida figura del convenio (que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe si su objeto equivale al de un contrato, como sería el caso) dadas las escasas probabilidades de que el Instituto Nóos, con su inexistente solvencia técnica y económica, pudiera ganar un contrato público por una cantidad importante, incluso echándole mucha buena voluntad, es decir, forzando la contratación.

Con independencia de la opinión que merezca la oportunidad de realizar unas jornadas sobre turismo y deporte por importe de 2,3 millones de euros, decidida por el Gobierno autonómico de Jaume Matas, cuya trayectoria de despilfarro y de corrupción es bastante impresionante, lo cierto es que el instrumento jurídico para hacer esta contratación con dinero público está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento bastante complejo y necesariamente abierto a la competencia. El Instituto Nóos o cualquiera de sus instrumentales, no estaba en condiciones de ganar concursos públicos de este importe. Pero incluso de haberse ganado estos contratos hubieran quedado sometidos al control de la intervención de la comunidad autonóma balear, que. aunque a estas alturas ya sabemos que no era gran cosa, sin duda era mejor que ningún control en absoluto, que es básicamente a lo que equivalía una entrega de dinero muy importante mediante convenio a un instituto privado a cambio de la realización de unas jornadas (o un observatorio más tarde)

En cuanto a los contratos o acuerdos con el Gobierno autonómico de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia (por no mencionar a los clubs deportivos, Aguas de Valencia, la empresa privada que tan atenta resulta con la Generalitat de la que depende su concesión y su negocio, etcétera) la historia es básicamente similar, aunque los mecanismos utilizados para la entrega de la nada despreciable suma de 3,4 millones de euros fueran un poco distintos, al parecer contratos con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) por parte del Gobierno autónomo y con la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al Consistorio, que actuaron como obedientes entes instrumentales para financiar al Instituto tres ediciones del Valencia Summit.

Y así, a medida que pasan los días, van saliendo también otros contratos de menor importe con otros gobiernos autonómicos y con ayuntamientos. La historia es siempre la misma: administraciones públicas que entregaron importantes sumas de dinero público sin prácticamente ningún control mediante convenios o contratos realizados por entidades instrumentales al Instituto presidido por el Sr. Urdangarin en base a su figura y conexiones familiares por motivos que podrían resumirse en una frase: en España a la hora de hacer negocios importa más el who you know (a quién conoces) que el what you know (qué conoces, o qué sabes hacer). Pero claro que aquí hay un matiz importante; estamos hablando de dinero y contratos públicos y de conexiones con la más alta magistratura del Estado español, por lo menos mientras éste siga siendo una monarquía. En definitiva, nos tenemos que preguntar si es razonable invertir el dinero de los contribuyentes para que un político local se de el gusto de posar junto a la hija, el yerno -o incluso a los nietos del Rey si se da el caso- en una recepción porque otro resultado visible de estas inversiones brilla por su ausencia. Pero un momento, ¿no se supone que estas apariciones institucionales ya sean a nivel estatal, regional o local es precisamente una de las contraprestaciones -valga la expresión- que se reciben a cambio de mantener el presupuesto de la Casa Real? Claro está que sin Instituto Nóos por medio a lo mejor la lista de prioridades institucionales de la familia Urdangarin no hubiera sido exactamente la misma.

Sigamos. Presuntamente el Sr. Urdangarin no sólo recibió dinero público por procedimientos poco ortodoxos, sino que lo desvió a empresas suyas patrimoniales, si bien esta cuestión está sub iúdice, aunque a medida que avanzan las investigaciones los indicios son más demoledores, paraísos fiscales incluidos. En cualquier caso, que una persona con su puesto de trabajo y sus conexiones familiares tuviese tan siquiera la tentación de utilizar el dinero de los españoles no ya para hacer negocio de lobby a través del Instituto Nóos -lo que ya me parece muy cuestionable- sino para su enriquecimiento personal, invita también a algunas reflexiones. Efectivamente, cabe pensar que el modelo de sostenibilidad de la monarquía española no resulta muy adecuado cuando la familia política de la Familia Real tiene estas veleidades. Por otro lado, el que la Casa Real no haya impedido ab initio este tipo de conductas, prohibiendo tajantemente el aventurerismo empresarial con cargo a la institución parece muy grave, pues es de suponer que a menos la Infanta sí tenía conocimiento de las actividades de su marido, dado que figuraba en varias de las empresas. El que además las actuaciones realizadas se hayan dirigido fundamentalmente a obtener dinero público resulta especialmente dañino para la institución, y todo esto con independencia de la suerte judicial que corra finalmente el Sr. Urdangarin pues el mal ya está hecho.

No obstante, la segunda reflexión y última es la que me parece más importante en la gravísima situación de crisis política e institucional que estamos viviendo, por no hablar de la económica. El Sr. Urdangarin es un ciudadano español más, y como tal carece de cualquier privilegio ante las leyes españolas. La única figura que goza de inviolabilidad ante los tribunales de Justicia es la del Rey, y el Sr. Urdangarin, según nos recuerdan estos días con insistencia, ni siquiera es miembro de la Casa Real por lo que no goza de privilegio o inmunidad alguna frente a las leyes y los Tribunales españoles. Conviene no olvidarlo, máxime teniendo en cuenta que el 82% de los ciudadanos españoles han manifestado en el último barómetro del CIS (el de febrero) su opinión de que los españoles no son iguales ante la ley.

Por esa razón, me parece que una muy buena medida para demostrar lo contrario es que este español tenga los mismos medios jurídicos para defender su inocencia que el resto de sus compatriotas, ni más ni menos. Contando con que tendrá una legión de abogados expertos a su disposición que le facilitarán la tarea y que no están precisamente al alcance del bolsillo del contribuyente común. Mi opinión personal es que la subsistencia de la monarquía -si es que todavía tiene opciones- depende en gran medida de que sea así, frente a los que puedan pensar que, al contrario, debe de hacerse todo lo posible para que el Sr. Urdangarin no pise ni el juzgado ni la cárcel si llegara el caso. Porque entonces nos habremos quedado ya sin Constitución y sin Estado de Derecho definitivamente y ¿de qué sirve entonces una monarquía constitucional?

Juan Carlos I es rey de España desde hace 36 años. En enero próximo cumplirá 74. El reinado es largo, pero no tiene una edad avanzada ni impedimento que le impida ejercer sus funciones como jefe de Estado. El prestigio y la estima de que dispone el Rey son muy considerables. Felipe de Borbón, príncipe de Asturias y de Girona, el heredero del Rey, cumplirá 44 años. Es una persona preparada, responsable, madura, nada controvertida, pero en principio puede esperar (Isabel II subió al trono en 1953 y tiene 85 años; el príncipe de Gales tiene 63 y es un personaje polémico). Sin embargo…

La historia tiene etapas. La vida es ondulante, como sentenciaba Montaigne. La institución de la monarquía española ha bajado un poco por debajo del nivel de aprobado en el barómetro del CIS. Es la primera vez. El hecho podría ser anecdótico si no fuera que el caso Urdangarín, duque de Palma y yerno del Rey, presenta todos los síntomas para convertirse, en poco tiempo, en un escándalo de primera magnitud, de aquellos que martillean con insistencia durante mucho tiempo. Portadas de diarios, detalles, ramificaciones, implicaciones, declaraciones, condenas morales, una serie interminable de golpes.

SI LA PREVISIÓN de calvario judicial y mediático, tan generalizada, se cumple –insisto en el condicional–, el prestigio de la Casa Real se verá inexorablemente afectado, como señalaba Carlos Elordi hace unos días en estas mismas páginas. Nadie sabe hasta qué punto, pero es probable que de forma muy considerable. A medio plazo, puede ser fatal para la casa de Borbón. En el horizonte, la posibilidad de que al hijo del Rey le pase lo mismo que al padre, que no reinó nunca, si bien por motivos bien diferentes. El padre, por los avatares de una historia trágica y convulsa; el hijo, por un escándalo que puede convertirse en huracán.

Si añadimos que la monarquía tiene enemigos de notable capacidad entre los poderosos de Madrid, dispuestos a expandir el republicanismo desde la derecha y forzar de paso otros cambios en la Constitución, contando que la izquierda se acabaría sumando, el cuadro que podría resultar en términos de cuestionamiento es de incertidumbre, tensión y desestabilización.

Es más, la popularidad de Juan Carlos I convive con una muy extendida consideración según la cual la monarquía es un anacronismo, un retraso impropio de un país avanzado. Nada más lejos de la realidad, como se demuestra en Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Bélgica, todos ellos países nórdicos y con índices de bienestar envidiables, que compaginan sin problemas modernidad y tradición monárquica. Que para unos cuantos entre los primeros de la clase la Monarquía sea motivo de orgullo invalida cualquier argumento sobre las ventajas intrínsecas de las repúblicas sobre las monarquías parlamentarias. Lo invalida sobre el papel, no en la sociedad española.

Debería bastar un ejercicio de imaginación muy sencillo, que consiste en una lista de los políticos que habrían podido ser presidentes de una hipotética república (Fraga, Guerra, quizá Mayor Oreja, Bono…), para decantarse sin ambigüedades ni dudas por la ecuanimidad y la ponderación de Juan Carlos. Sin embargo…

En caso de que los próximos pasos de la justicia comporten el encausamiento del duque de Palma (vuelvo a insistir en el condicional), de poco valdrá la consideración de que no forma parte, en sentido estricto, de la Casa Real. De poco valdrá recordar que un suegro, aunque sea el Rey, no es responsable de los actos de su yerno. De poco también que Iñaki Urdangarín desapareciera del protocolo y los actos oficiales, fuera apartado de la familia o incluso que se separara de la infanta Cristina. El desprestigio de la institución sería inexorable. Aunque resistiera y no sucumbiera de entrada, quedaría tocada, quién sabe si de un final irrevocable.

PARA CONJURAR el peligro, si lo que es previsible se vuelve real, quizá lo mejor sería que el Rey se planteara ceder el testigo al Príncipe de Asturias. En toda democracia, los cambios en la cúpula del poder, en este caso de la representatividad, actúan como factores insustituibles de limpieza. Abrir una nueva etapa es casi siempre la única manera de pasar página. Poner la institución a cubierto antes de que se desencadene la tormenta, o antes de que se convierta en implacable, es preferible a sufrir una mala última etapa para un reinado que sin duda merecerá la aprobación e incluso el aplauso de la historia.

¿Puede suceder tal cosa? No es sencillo bajar del trono. El padre del Rey, Juan de Borbón, no cedió sus derechos dinásticos hasta después de que su hijo lo ocupara. Es natural y humano que nadie quiera renunciar a una dignidad tan alta. Un sacrificio de este tipo requeriría una grandeza de ánimo extraordinaria, que sin duda sería muy bien valorada y consolidaría la institución. No hay que correr. Sólo prepararse para cuando llegue el momento.

La semana pasada (¿El Senado es inútil? Sí) concluíamos que actualmente el Senado es una cámara parlamentaria inútil pero que, previa reforma, podría resultar muy valiosa. La premisa en la que se fundaba esta conclusión era que en los estados centralizados los senados son perfectamente prescindibles pero que en los federales son necesarios.

Asimismo, todo ello se refuerza en nuestro caso porque, encima de tener un Senado con muy escasas competencias efectivas, su modelo es el de los estados centralizados precisamente cuando nuestro Estado es todo lo contrario, es un Estado descentralizado, un determinado tipo de Estado federal. Esto último hace que el actual Senado sea, además, una cámara desaprovechada si no se reforma en un sentido federal: entonces podría ser enormemente útil para que el conjunto de la maquinaria estatal resultara más eficaz.

Para que todo esto se comprenda bien intentaremos aclarar concisamente, primero, qué es un Estado federal y, segundo, en el caso de que el Estado de las autonomía tenga esta naturaleza, cuál sería el Senado más apropiado a la misma.

El fundamento jurídico de todo Estado federal es una constitución que exprese la voluntad de los ciudadanos de este Estado; no un pacto entre los territorios que lo componen. Esta constitución debe garantizar la igualad básica de derechos entre los ciudadanos, presupuesto de la unidad del Estado. Todo Estado federal se compone de dos esferas separadas, el Estado central y los poderes autónomos, cada uno de ellos con instituciones políticas y competencias distintas, lo cual da lugar a diversos ordenamientos jurídicos subordinados únicamente a la Constitución federal que asegura la unidad del Estado. Esta separación entre poderes no supone relación de jerarquía ni controles políticos entre el Estado central y los poderes autónomos sino, simplemente, ámbitos de competencia distintos cuyos eventuales conflictos deben ser resueltos sólo por los jueces. También es necesario que para cumplir con sus competencias específicas cada una de estas esferas de poder –central y autónomas– esté dotada de su propia hacienda.

Ahora bien, el Estado central y los poderes autónomos, aunque ejerzan sus funciones de forma separada de acuerdo con sus respectivas competencias, deben colaborar entre sí con la finalidad de contribuir de la mejor manera posible tanto a la realización de sus propios objetivos como a los fines del conjunto. Un Estado federal no es sólo la suma de poderes autónomos más un Estado central sino una estructura global y compleja cuyas piezas deben colaborar entre sí para alcanzar la mayor eficiencia posible.

Pero el federalismo no presupone sólo un conjunto de poderes que funcionan por separado sino también un conjunto de poderes integrados que colaboran y cooperan lealmente entre sí y en el que las instituciones territoriales participan en determinadas instituciones centrales del Estado. Por tanto, el Estado federal es un Estado unitario –en otro caso no sería un Estado– en el que la soberanía reside en todo un pueblo, basado en los principios de autonomía política, integración y colaboración entre las partes de acuerdo con el principio de solidaridad mutua. Una institución clave, aunque no la única, para esta integración en las instituciones centrales es el Senado. Naturalmente un Senado que sea representación de los poderes autónomos y que tenga, juntamente con la cámara baja o Asamblea, competencias legislativas, especialmente en aquellas leyes que pueden afectar o condicionar la esfera de atribuciones de las instituciones autonómicas. Así los poderes territoriales contribuyen a formar la voluntad estatal del conjunto.

A la vista de este modelo, ¿es nuestro Estado de las autonomías un Estado federal? En realidad cumple con todos los elementos menos con uno. Cumple al tener una Constitución común legitimada por la voluntad de los ciudadanos, unos derechos básicos iguales, instituciones centrales separadas de los poderes autonómicos, ordenamientos jurídicos distintos, competencias repartidas en cada esfera de poder, haciendas propias, instrumentos de cooperación. Lo que falta es el dichoso Senado, un Senado federal. Y también cultura federal, colaboración mutua, lealtad y confianza entre poderes, la sensación de navegar en el mismo barco. Ello no obstante, por todo lo dicho no cabe duda que España pertenece a la gran familia de estados federales europeos.

Sin embargo, aunque todos los estados federales tienen Senado, estas cámaras no siempre cumplen con eficacia la función participativa e integradora. Tratar esta materia exigiría otro artículo. De momento, sólo cabe apuntar que, en mi opinión, el Senado más adaptado a las funciones que hoy llevan a cabo los actuales estados es el alemán, compuesto por representantes de los gobiernos de los länder y con amplias funciones legislativas y de cooperación. Hasta ahora el Estado de las autonomías ha supuesto una amplia descentralización. En el futuro debe darse prioridad a la integración, a una mayor eficacia del conjunto. Para estas tareas un Senado reformado puede resultar muy útil.

Al cumplirse el 33º aniversario de la aprobación, en referéndum, de la Constitución de 1978, conviene señalar que la plasmación que entonces se hizo de las reglas del juego democrático, se merece una reforma. El transcurso del tiempo y la necesidad política de que las nuevas generaciones se impliquen en la Ley Fundamental que aprobaron sus padres o sus abuelos favorece esa reforma, para reparar anacronismos, subsanar omisiones, configurar instituciones, modificar preceptos hoy innecesarios o insuficientes. La Constitución portuguesa de 1976, aprobada tras la revolución de los claveles, lleva ya siete reformas.

Cierto es que, tras los resultados electorales del 20-N, que han incrementado abrumadoramente el poder político de la derecha, no sería procedente revisar el núcleo esencial de la Constitución, porque resultaría contraproducente con la voluntad, expresada en su Preámbulo, de “establecer una sociedad democrática avanzada”. Dicho más claramente: una reforma a fondo de la Constitución, realizada ahora y liderada por el PP -heredero de la Alianza Popular de Manuel Fraga, afortunadamente minoritaria en el proceso constituyente-, significaría un retroceso.

Sea cual sea la habilidad de Rajoy para combatir la crisis -ya se verá-, lo que no puede confiarse a un PP pletórico de poder es una revisión de puntos esenciales de la Constitución, que posiblemente apoyarían minorías de signo ideológico similar. Así, un artículo como el 27, sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que fue elaborado con una arquitectura muy laboriosa, representativa del consenso global, no debe ser reformado. De hacerlo, desequilibraría el acuerdo constitucional. Tampoco debería acometerse una reforma sugerida por el PP: la supresión de la disposición transitoria 4ª sobre la posible anexión de Navarra a Euskadi. Removería viejas querellas sobre una cuestión bien resuelta, porque depende de la voluntad de los navarros.

Pero la preservación del equilibrio ideológico logrado hace 33 años no es óbice para que aquel éxito político, que ha permitido la más extensa etapa de vida democrática de España, exija -con el término utilizado en estas páginas por Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona- “renovar” la Constitución en una serie de puntos obsoletos o necesitados de desarrollo o actualización, siempre que no se altere ni destruya el consenso político básico alcanzado. El Gobierno de Zapatero propuso algunas de esas reformas, que después abandonó.

Por lo general, la reforma constitucional ha estado ausente de la reciente campaña electoral, como muestra del escaso aprecio de nuestros políticos por dar vitalidad y actualizar la Ley Fundamental, en flagrante contraste con la velocidad que Zapatero y Rajoy imprimieron a la reforma exprés del artículo 135, para impedir que las Administraciones públicas incurran en déficits estructurales, más allá de lo permitido por la Unión Europea (UE). Tal modificación instrumental, para tratar de atajar la crisis económica, ha servido, por cierto, para abordar una de las reformas pendientes: constitucionalizar la UE. Por encima de esa coyuntural mención de la UE, la Constitución tiene pendiente implicar a España en Europa con un peso y un protagonismo suficiente.

Más reformas. En lugar preferente, la programada en el artículo 69, cuando dice: “El Senado es la Cámara de representación territorial”. Procede desarrollar ese precepto y aprovechar esa institución parlamentaria para racionalizar el modelo autonómico del Estado mediante una estructura de perfil federal, el abandono de la circunscripción electoral provincial, la revitalización del papel de las comunidades “y la solidaridad entre todas ellas” (artículo 2). La opción de suprimir la Cámara alta, de la que empieza a hablarse, permitiría recortar el gasto público, pero conllevaría calificar a los políticos con un suspenso en esa asignatura constitucional pendiente.

Habría que modificar el capítulo tercero del Título VIII, dedicado a las comunidades autónomas, que se iniciaría con la enumeración de las 17 comunidades autónomas constituidas. La plena abolición por ley de la pena de muerte debe llevar a suprimir la coletilla del artículo 15, que condiciona tal abolición a “lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. La preferencia del varón sobre la mujer para la sucesión en la Corona, que figura en el artículo 57, debe suprimirse, sea cual sea el criterio de La Zarzuela sobre esta reforma, del mismo modo que debe introducirse transparencia en la distribución de la “cantidad global” que recibe el Rey de los Presupuestos del Estado “para el sostenimiento de su familia y de su Casa”, que, según el artículo 65, el Monarca “distribuye libremente”.

En cuanto a la participación política directa de los ciudadanos, reconocida en el artículo 23, transcurridas más de tres décadas desde que el artículo 87.3 estableció límites muy severos, hora es ya de que la democracia representativa abra la puerta a la democracia popular, como piden razonablemente los indignados del 15-M (véase mi artículo Autocrítica y democracia, en EL PAÍS, 5-11-2011). El Consejo de Estado, a cuyo frente figura Francisco Rubio Llorente, un experto conocedor de los entresijos de la Constitución, es el asesor adecuado para estas y otras reformas, convenientes para un texto que se ha quedado desfasado en algunos puntos a sus 33 años.

Tras el paréntesis impuesto por la última fase de la campaña electoral –en la que los grandes partidos no hablaron de corrupción– el asunto Urdangarín ha vuelto con fuerza a los diarios. Con nuevos detalles que amplían, y mucho, sus dimensiones y ramificaciones, pero también con una novedad respecto de la precedente ola de informaciones y opiniones en torno al caso: la de que algunos de esos diarios –El Mundo o Público, por ejemplo– ahora se esfuerzan por dejar claro que no hay que achacar al Rey el comportamiento de su yerno, aunque sí le piden que explique su posición ante un escándalo que, por lo que se ha contado hasta el momento, se parece demasiado a los que han salpicado la crónica negra de estos últimos años.

LA ÚLTIMA VEZ que la Casa Real salió a la escena pública al respecto fue a mediados de noviembre para declarar que Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina, actuó a “título estrictamente privado” al ejercer, tal y como reveló la prensa, también como tesorero del Instituto Nóos, la empresa presidida por Iñaki Urdangarín y eje de la trama societaria que la justicia investiga porque sus actividades podrían haber incurrido en prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y evasión de capitales. Unos días antes la Casa Real había pedido en otro comunicado oficial que Urdangarín fuera “tratado como un ciudadano más” si un día tuviera que afrontar la justicia.

A las filtraciones del sumario se ha añadido un largo informe de la Agencia Tributaria que describe con detalle las prácticas llevadas a cabo por la trama societaria de Urdangarín, entre otras cosas “para desviar dinero público”. Pero el yerno del Rey –que como consorte ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono– aún no ha sido imputado. Y eso no ocurrirá, si debe ocurrir, al menos hasta que el Gobierno del PP tome posesión y nombre un nuevo fiscal general del Estado. Este deberá decidir no solo si su departamento asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la jurisdicción a la que se asigna el caso, que podría finalmente ser la Audiencia Nacional, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en distintas autonomías, cuando menos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Mariano Rajoy tendrá por tanto que desempeñar un papel importante en el encauzamiento de la cuestión. Aunque no pocos de los antimonárquicos más activos se inscriben en los ámbitos de la derecha, caben pocas dudas de que el nuevo presidente del Gobierno optará por una línea de defensa de la estabilidad institucional. Pero necesita que previamente el jefe del Estado se pronuncie sobre el futuro de Urdangarín en cuanto miembro de su institución.

En ese sentido, en los mentideros madrileños se barajan hipótesis que van desde el divorcio de la infanta Cristina –que quienes aseguran conocerla descartan absolutamente– hasta la renuncia por parte del investigado duque de Palma a su condición de miembro de la familia real. Puede que estemos en vísperas de un anuncio que no tiene ni un remoto precedente en las más de tres décadas de la reinstaurada Monarquía española. Pero todo indica que los acontecimientos hacen inevitable un paso de esa índole.

Muchos españoles aceptarían, aunque con razonamientos distintos y no todos benevolentes, que el Rey dejara caer a su yerno. La pregunta q ue quedaría en el aire después de ese gesto, y a la espera de la conclusión de un eventual procedimiento judicial que puede durar bastante tiempo, es la que se refiere a los daños que el asunto ha provocado ya y puede provocar aún a la institución monárquica.

LO CIERTO ES QUE no ha agrandado significativamente el círculo de los antimonárquicos militantes, que sigue estando formado por los mismos columnistas de ciertos medios y algún político aislado como Iñaki Anasagasti, a los que cabe sumar, aunque sus planteamientos no son idénticos, a los partidos de la izquierda republicana, encabezados por IU. Pero frente a eso el escándalo ha tenido, y sigue teniendo, una difusión extraordinaria. No solo por la cantidad de páginas que le dedican los diarios, sino, sobre todo, por el enorme impacto que tiene en la red de medios digitales. Que nadie, por mucho poder que tenga, puede controlar.

Con un elemento adicional: los jóvenes son los principales usuarios de la red. Y es justamente la negativa valoración de la Monarquía por parte de los jóvenes la que ha provocado que por primera vez la institución haya resultado suspendida, con una nota de 4,89, en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La actitud de las generaciones que no vivieron la transición ni el 23-F ni tienen casi referencias del papel que entonces tuvo el Rey es la principal fuente de preocupación sobre el futuro de la Monarquía. Porque a la postre son los estratos poblacionales con los que más debería identificarse el sucesor, el príncipe Felipe, para que su acceso a la Corona tuviera un sólido apoyo popular. Nada indica que el asunto Urdangarín vaya a hacer tambalear ahora a la Corona. Los problemas pueden surgir más adelante.

Ee 1934, Thomas Mann escribió la necrológica de Sammi Fischer, su editor húngaro judío de Berlín, el hombre que, en gran medida, había hecho que él llegase a ser escritor. Allí recordaba Mann la conversación mantenida con el anciano, ya muy enfermo, la última vez que se vieron:
—No es europeo —dijo Fischer, expresando su opinión sobre un conocido común.
—¿No es europeo? ¿Y por qué no?
—No comprende nada de las grandes ideas humanas.

Las grandes ideas. Esa es la cultura europea. Eso es lo que Mann había aprendido de Goethe y los mejores escritores del primer tercio del siglo XX de Cervantes. Esta es la tradición sobre la que se edifica la educación liberal, el sentimiento democrático y el humanismo europeo, creador de las grandes utopías modernas de la libertad y la igualdad. En él aprendió su oficio de poeta Antonio Machado. De ahí que su muerte en los últimos días de la guerra civil pudiera ser sentida como el final de un sueño y de una España que había tocado la gloria de la belleza y el pensamiento, como no lo hiciera desde el Siglo de Oro. «En el dolor de España —escribiría Altolaguirre al despedir al autor de Campos de Castilla— te he sentido».

Con el triunfo de Franco y el desguace del país liberal de Machado, España se alejaba de las grandes ideas y, dicho en palabras del editor de Thomas Mann, dejaba de ser europea. Pasaron los años y los españoles enterraron la dictadura pero la mala conciencia de su excepcionalidad en el viejo continente acompañó inmisericorde su caminar hacia la democracia. Quedó poco tiempo para las grandes ideas y la cultura democrática no dejó de naufragar en agendas que permiten llamar a cualquiera para decirle «esto me lo arreglas» mientras los demás deben enfrentarse al «vuelva usted mañana», dependiendo si supieron o no tomar el tren adecuado. Y algo, grave y excéntrico en las formas de construir regímenes sólidos en Europa, alcanzó niveles de mascarada cuando quienes se consideran ajenos a una nación, pasaron a redactar los certificados de buena conducta ciudadana no sólo en aquellos territorios donde se supone que disponen de un apoyo más o menos importante, sino que determinaron también cuál debía ser el perfil de una España con la que dicen mantener lazos casuales.

Para mayor desgracia, la recuperación de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de una conciencia cívica basada en el ejercicio de la libertad se han visto golpeadas continuamente por la actividad terrorista y la infamia de un discurso de justificación que convierte a los asesinos en la encarnación de una Causa. En ningún otro lugar de Europa se hace de los criminales la expresión de una realidad nacional ni nadie piensa que a través de ellos se manifiesta la voluntad de un pueblo. En España, por el contrario, hasta el discurso eclesiástico desbocado ha engendrado mecanismos de defensa e imposición violentos: lo que podríamos llamar síndrome de Jerusalén, el sentirse mesías del nacionalismo más extremoso pertenece también a la ceremonia de la confusión político-religiosa del País Vasco.

Sufrimos ahora la gran impostura de que la comprensión de los fenómenos sociales olvida, alegremente, algunas verdades elementales que están por encima de los acontecimientos históricos y los condicionantes de los tiempos: el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a ni siquiera tener que dar explicaciones sobre lo que uno piensa, para poder vivir en paz con uno mismo, sin la compañía del miedo, de la marginación o del desprecio que destilan los portadores de las ideas dominantes y sus vehículos de expresión.

Sufrimos ahora la gran impostura de ver cómo los que han exigido su presencia en las urnas a golpe de pistola son convertidos en respetables demócratas, a los que, ya sin armas, no se puede juzgar por sus ideas, olvidándose de que el fascismo radica en el discurso no en la acción de poner bombas. Nada más equivocado que creer que el diálogo es posible con quien ha enterrado en sangre y en furia el lenguaje de la humanidad. Hemos visto mentir, envilecer, amenazar, secuestrar, matar, y nunca fue posible persuadir a quienes lo hacían de que no lo hicieran. Porque están seguros de sí mismos y porque no se persuade al representante de una idea absoluta, de un mesianismo sin matices.

De otro lado, los asesinos convertidos en héroes, por el simple hecho de entregar sus vidas más tarde, han llenado las páginas de nuestra historia. Saint Just no es inocente porque la guillotina le corte el cuello a él también. Trotsky no es un mártir porque ha sido previamente verdugo. El falangista que acabó con la vida de Ciges Aparicio no fue inocente porque su vida pudiera concluir en el frente ni porque su corazón estallara de fervor patriótico. Y el requeté que se embadurnaba de escapularios ensuciaba una fe al convertirla en excusa de la masacre.

Por una u otra causa, en España se ha instalado una confusión elemental: tantos años de nacionalismo violento que ha matado a cientos de personas en nuestro país han permitido al que no recurre a esa violencia física aparecer como demócrata, sin reparar en que la extrema derecha europea es calificada de antidemocrática cuando no mata a nadie, como ocurre con el Frente Nacional francés. Conviene insistir: lo antidemocrático es el discurso, no solamente la acción. ¿Por qué nos alarmamos cuando los franceses votan a Le Pen y ponderamos la calidad democrática del voto al nacionalismo vasco heredero de ETA? ¿O es que estos mismos nacionalistas no aplauden con entusiasmo la represión de grupos neofascistas, a quienes se requisan materiales, se cierran librerías o se mete en la cárcel por negar el Holocausto? Claro que hay ideas criminales, claro que hay ideas punibles. Simone de Beauvoir decía que había palabras que mataban, cuando se negó a firmar la petición de gracia a favor del escritor Brasillach fusilado por orden del general De Gaulle por haber colaborado con la Alemania nazi durante la ocupación de Francia. Hay ideas que pueden ser consideradas denigratorias de los derechos de los demás, como las xenófobas, y es obvio que son criminales en el sentido estricto del código penal.

En nombre de la pluralidad se nos cuela todo y hemos llegado a creernos que todas las opiniones son integrables, incluso aquellas que atentan contra la democracia, y quizás es la hora de poner ciertas ideas en orden, aprovechando la forma que ha adquirido el paisaje después de la batalla electoral. Los rasgos más pintorescos de nuestra situación proceden de la falta de voluntad política, de capacidad argumentativa, de coraje ideológico para enfrentarse a aquellos que nos han impedido ser una nación normal, equivalente en su conciencia propia a aquella que poseen naciones que ni siquiera necesitan recordar a cada instante que lo son, entre otras cosas porque en ninguna parte se han construido las naciones sobre la permanente negociación con quienes no las aceptan. Y como ocurre siempre al calor de la ausencia de respuestas políticas, los nacionalistas no se han conformado con decirnos quiénes son, sino que se empeñan en indicarnos lo que debemos ser los demás. Incluso cuando los demás somos la inmensa mayoría de la sociedad española. Quien esté libre del pecado político de haber considerado que una extravagancia arcaizante era una muestra de modernización y de calidad democrática española, que tire la primera piedra, antes de que todos los proyectiles estén a disposición de los de siempre.

Nureyev decía que debía existir una estrella y otros que dancen en torno a ella. Esa fascinación por el centralismo o, en su versión jurídica, por el derecho universal, superior a los derechos particulares, esa tarea unificadora del Derecho, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos como un camino de retorno a la universalidad romana que configuró la civilización más asombrosa de la historia. El profesor Koschaker, aquel gran jurista alemán del pasado siglo, escribía: «Esta labor fue preparada por la ordenanza de Carlos VII, de Montils-les-Tours (1454), en la que se ordenaba con carácter obligatorio para toda Francia la consignación por escrito de las Coutumes, lo cual fue llevándose a efecto durante los siglos sucesivos. Sobre este fundamento los juristas franceses de los siglos XVI al XVIII construyeron el droit civil commun en conexión con el derecho Romano. La coutume de París redactada en 1510 y reformada en 1580, según Dumoulin, caput ommnium totius Galliae consuetudinum, fue considerada como modelo en esta tarea unificadora, lo mismo que la jurisprudencia del Parlamento de París». Y anota Koschaker la conocida manifestación de Loyseau (siglo XVIII) sobre el Parlamente de París, «qui nous a sauvé en France d´être cantonné et démembré comme en Italie et en Alemagne».

En España el conde-duque de Olivares pretendía algo parecido y tan sensato como la racionalización de la maquinaria imperial y desarrolló sus ideas en un memorial que presentó a Felipe IV en 1625, donde ya aparecía la idea de unificación que luego desarrollaron lúcidamente los Borbones. Pero Cataluña se aisló, y ni Olivares ni la Corona pudieron aplicar en el Principado la Unión de Armas, convirtiéndose el territorio catalán ya entonces en un problema político, no solamente fiscal. Un problema político que adquirió insospechada dimensión con la revuelta de los «segadors» que asaltaron la ciudad de Barcelona y cazaron, literalmente, como animales al virrey y a los jueces reales cuando trataban de huir. El canónigo de Urgell, Pau Claris, miembro de la Diputació, llamó entonces a la resistencia contra el Reino, terminando Cataluña por someterse a la soberanía del rey de Francia, hasta que fue recuperada por las tropas de Felipe IV, que entraron por Monzón y Lérida. La sustitución de Felipe IV de España por Luis XIII de Francia fue catastrófica para Cataluña. Lynch, en su obra «España bajo los Austrias», sostiene que esa modificación de soberanía no solucionó ningún problema de Cataluña y todas las quejas que los catalanes formulaban contra Castilla se volvieron hacia Francia, franceses que ciertamente acabaron hartos de los permanentes quejosos, y, por fin, doce años después de 1640, Cataluña volvió a aceptar la soberanía de Felipe IV. Contra España, parafraseando a Vázquez Montalbán, en el siglo XVII también se vivía mejor. El resultado fue la irreparable pérdida para España del Rosellón y Conflent.

En el siglo XVIII, con Felipe V, comienza el progreso de Cataluña tras el Decreto de Nueva Planta, una ley universal y unificadora al estilo del Parlamento de París, que iguala jurídicamente, es decir políticamente, el Principado al resto de los territorios y posibilitó, años más tarde, la apertura del comercio de los catalanes con América reinando Carlos III. En ese siglo fue tal el fervor que se sintió en Cataluña por la Corona de España que las más destacadas figuras de la intelectualidad (Dou, Finestres, Capmany) dedicaron encendidos elogios a la dinastía borbónica. Y aunque Ferrán Soldevilla, el historiador catalán, se duela profundamente de los comentarios de Capmany, la realidad, romanticismo aparte, es la que fue: en esta época de gran centralismo Cataluña progresó de una forma antes inimaginable.

Durante el siglo XIX la intelectualidad catalana se rebela contra la España exhausta que salta de guerra civil en guerra civil y contra esa concepción nacionalista que no es capaz de llevar a la práctica el gran proyecto político canovista; se rebela, en suma, contra una España que se comenzaba a construir, pero que se refocila en las desgracias de su Historia. Quizá sea esa la raíz y la explicación de por qué los catalanes, ahora ricos, se desinteresan de España y les parece la capital del Reino, en el mejor de los casos, un lugar lleno de exotismo, para ir de visita de vez en cuando. El poema, citado hasta la saciedad, de Maragall la «Oda a España» sería un canto último, o epitafio desesperado, hacia alguien al que se ha amado mucho y con quien ya no es posible —o no se quiere, porque se ha hecho vieja y pobre— convivir. No he leído un solo escritor de la Generación del 98 —Ganivet, Unamuno, Valle-Inclán, Maeztu, Azorín, Baroja, los Machado, y Ortega— que hable con admiración de España. «Me duele España», afirmaba Unamuno como si nuestra Nación fuese una enfermedad. Incluso la frase de que «es español el que no puede ser otra cosa» es del propio Cánovas. Y Ortega, en su desolador ensayo «La España invertebrada», afirma que «la Historia de España entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la Historia de una decadencia».

En este panorama patético de España surge el movimiento catalanista en sus distintas acepciones políticas, que a partir de entonces será lo que determine las relaciones entre Cataluña y el Estado. Ese mismo catalanismo, que también fue determinante de forma lúcida y constructiva en el debate constitucional de 1978, constituye un movimiento socio-cultural (y por lo tanto político) que parte del siglo XIX como consecuencia de la descomposición de España. Catalanismo que se forma con base a distintos ingredientes sintetizados por Pabón en cuatro corrientes que confluyen en su gestación: el proteccionismo económico; el federalismo con su doble vertiente, la de Pi y Margall y la del particularismo, preferentemente catalán, de Valentí Almirall; el tradicionalismo con la recuperación del romanticismo (Duran i Bas en lo jurídico, Balmes y Torras i Bages en lo religioso y Estelric en lo intelectual); y el renacimiento cultural basado en la recuperación de la lengua.

Si, como decía Gil de Biedma, la Historia de España es una Historia que acaba mal, la de la Cataluña contemporánea no sabemos cómo acabará. Que termine bien o mal, y no se convierta esa quiebra que siempre ha existido con el Estado en una sima insuperable, dependerá de la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder político. Estoy convencido de que muchas de las ideas que he plasmado en estas notas son fácilmente refutables, incluso es posible que me haya equivocado en la construcción de parte de ellas. Pero de lo que no tengo la menor duda es de que existe esa fractura y no es de ahora, sino que procede de la Edad Media, fractura que solo ha sido soldada temporalmente cuando Cataluña ha progresado económicamente, y progresó en la Edad Media durante el gran proyecto de reconquista peninsular, de Norte a Sur, y paralelo al de Castilla; en el siglo XVIII, cuando se participa en el gran proyecto español ilustrado iniciado por Carlos III y que abre para Cataluña el comercio con América; y, mal que les pese a quienes quieren olvidar la historia, durante el franquismo, en cuya época se protegieron los intereses de Cataluña y se completó el ideal de Cambó de igualar España económicamente a Cataluña. Con el nacionalismo, en cambio, Cataluña ha padecido una notoria decadencia cultural y, como consecuencia, económica.

Anteayer, Quim Monzó nos soltaba esto: “El Senado no sirve más que para ejercer de centro de día de políticos caducados”. Y añadía: “Que ese montaje grotesco denominado Senado se mantenga en esta época de penurias es una indecencia”.

A los escritores les amparan las licencias literarias, que deben leerse de acuerdo con un código especial. Pero en el fondo, tal como está las cosas, Monzó lleva mucha razón: el Senado actual no sirve para casi nada y, encima, en este casi nada se incluye su onerosa función de acoger a políticos cuyo tiempo ya pasó. El problema, sin embargo, no es que exista un Senado sino el modelo de Senado que tenemos. Vamos a verlo.

En los estados centralizados, y remarquemos esto de centralizados, la cámara alta o Senado surge en el siglo XIX como contrapeso conservador a la cámara baja o Asamblea. En las asambleas los diputados eran considerados los representantes del pueblo aunque, en realidad, sólo eran elegidos por quienes tenían derecho de sufragio censitario, es decir, un reducido sector que, al disfrutar de un determinado grado de riqueza (propietarios agrícolas, empresarios, profesionales liberales y funcionarios), pagaba impuestos. Los senadores, por el contrario, eran designados por el rey entre una selecta minoría de aristócratas, alto clero, gran burguesía y élites políticas y funcionariales. La Asamblea representaba a las clases medias, el Senado a las clases altas Ambas cámaras, junto al rey, aprobaban las leyes y designaban y controlaban al Gobierno. Así de socialmente conservador y escasamente democrático fue el Estado liberal decimonónico.

En el siglo XX se extiende el sufragio universal, es decir, se establece la igualdad de todos los ciudadanos al derecho al voto y, obviamente, se pone en cuestión la necesidad de los senados. Si las asambleas elegidas por sufragio universal representan al pueblo, ¿a quién representan unos senados elegidos por el mismo procedimiento? Para justificar su pervivencia se utilizan sistemas electorales distintos en ambas cámaras y se las dota de idénticos poderes. Sin embargo, debido a su similar composición partidista, las decisiones que toman ambas cámaras son sustancialmente las mismas: una de las dos es superflua.

Un último argumento a favor de la pervivencia de los senados es que sirvan como “cámaras de reflexión” cuya finalidad sea enfriar los debates más apasionados de las asambleas y así revisar las leyes que estas aprueben mediante una “segunda lectura” más reposada y objetiva. Aunque en teoría ello sería posible, en general no resulta así: las cámaras altas, como también las bajas, están dominadas por los partidos y estos se comportan igual en unas que en otras. Por tanto, los senados siguen siendo cámaras superfluas aunque se mantienen, salvo excepciones, debido a las espurias necesidades endógenas de la clase política.

En el caso de España, esta inutilidad se agrava. En efecto, el Senado español pertenece a este modelo de cámara de reflexión y segunda lectura de las leyes que resulta inútil pero, además, su composición es incoherente y sus funciones, con alguna excepción, duplican y están claramente subordinadas al Congreso. El pasado 20 de noviembre elegimos no a la totalidad del Senado sino a una fracción del mismo: en estos días los parlamentos autonómicos completarán su composición. Se trata, pues, de una cámara en la que los ciudadanos eligen directamente mediante voto limitado a cuatro quintas partes y los parlamentos autonómicos a la restante. La Constitución la cualifica de cámara territorial: ¿de provincias y de comunidades autónomas en una relación asimétrica sin lógica razonable alguna? La única lógica que aquí encontramos es la de los partidos y su necesidad de colocar a algunos de sus miembros.

En cuanto a las funciones, nuestro Senado tiene pocas y las que tiene suelen estar subordinadas al Congreso. En relación al control del Gobierno, sólo pueden formular preguntas, interpelaciones y mociones: ni participa en la elección del presidente ni tampoco, por tanto, puede interponer mociones de censura ni cuestiones de confianza. En relación a la función legislativa, aunque puede enmendar leyes previamente aprobadas por el Congreso, tales enmiendas pueden ser rechazadas por este. En igualdad con el Congreso, el Senado está facultado para designar determinados altos cargos y, en cuestiones puntuales y menores, disfruta de alguna competencia que no tiene la cámara alta. En todo caso, en el Senado dominan los mismos partidos que en el Congreso y son estos quienes, en definitiva, adoptan las decisiones.

Así pues, el Senado tiene una composición dotada de una rara representatividad y sus funciones, en general, son innecesarias o irrelevantes. Actualmente nuestro Senado es, pues, una cámara inútil porque siendo España un Estado de hecho federal su modelo de segunda cámara responde al de los estados centralistas cuando en estos estados el Senado ya no tiene razón de ser. ¿Podría llegar a ser una cámara útil? Sí, podría ser muy útil si se convirtiera en un senado federal. De esta posibilidad trataremos en el artículo de la semana próxima.

Reformar el sistema electoral es una reivindicación social de esta legislatura que no debiera quedar aparcada. Si el que está vigente se ajustara proporcionalmente al veredicto de las urnas del pasado 20 de noviembre, Mariano Rajoy tendría hoy más urgencia en despachar con Rosa Díez y Josep Antoni Duran i Lleida que con los banqueros. Necesitaría la coalición o el apoyo explícito de la cuarta fuerza política en número de votos (UPyD) y la quinta (CiU) para poder formar un Gobierno con ciertas garantías de estabilidad. En su lugar, como es bien sabido, y dado que nuestro sistema electoral se sirve de dos reglas que distorsionan el resultado final (el sistema D’Hont y la circunscripción provincial), el Partido Popular dispondrá en el próximo cuatrienio de una holgada mayoría absoluta habiendo cosechado menos del 50% de los votos, y partidos como Amaiur o Esquerra Republicana disfrutarán de un altavoz desproporcionado en la política nacional, a pesar de no sumar entre ambos más que el 2,42% de las papeletas emitidas.

Que nuestra ley electoral necesita una revisión no es ninguna novedad. Lo que es nuevo es que dicha revisión, dada la victoria del PP, vaya a quedar en el baúl de los recuerdos tras el 20-N, justamente después de una legislatura marcada por la insatisfacción generalizada hacia nuestra clase política (tercer problema que más preocupa a los españoles después del paro y la economía) y el movimiento de los indignados, que tantas simpatías ha cosechado. La renovación de la vida política, la representatividad de las instituciones y el sistema electoral eran algunas de las reivindicaciones de este movimiento que solo atienden ahora las formaciones que como UPyD, IU o Equo salen perjudicadas en el reparto de escaños y, por tanto, no tienen ninguna posibilidad de abrir el debate.

La proporcionalidad de los votos es la base de la democracia: un ciudadano, un voto. Nuestro sistema transgrede tal principio exageradamente. Mientras que cada escaño de UPyD ha necesitado casi 230.000 votos, el PP solo ha requerido 58.230 y Amaiur, 47.661. Visto desde otro ángulo, al único diputado socialista por Soria salido del 20-N solo ha obtenido 16.058 votos. Los 10 de Madrid, 87.504 cada uno.

Puede, sin embargo, que no sea una mala idea incorporar ciertos correctivos para promover legislaturas estables y dar voz a los territorios menos poblados y periféricos. El sistema D’Hont se aplica en una treintena de países porque evita la excesiva fragmentación de los Parlamentos y los problemas de gobernabilidad. En España se suma, sin embargo, otro elemento mucho más distorsionador (la circunscripción provincial) que favorece con exceso a los partidos con alta concentración territorial de votantes, lo que tendría sentido en un país tan descentralizado como este si no fuera porque ya se dispone de Gobiernos y Parlamentos autónomos, además del Senado. Esta Cámara alta, por cierto, de importante representación territorial, cuesta 55 millones de euros anuales y su reforma, cuando no su desaparición, es una reivindicación que debería ser atendida. De su escasa relevancia tal como está hoy concebida da fe el mínimo interés que suscita su composición. De la necesidad de su reforma hablan también las urnas: se han disparado esta vez los votos para el Senado en blanco (1,26 millones; el 5,3% del total) y nulos (más de 900.000; el 3,71%).

De los dos grandes, solo el Partido Socialista ha mencionado en la campaña electoral alguna reforma del sistema, pero establecer listas abiertas, aun suponiendo una mejora de la representatividad política, no tiene el calado suficiente para la regeneración que se desea. Cambiar las reglas para el reparto de escaños o reformar el Senado tampoco sería la panacea, pero abriría una vía importante de regeneración en una democracia que como la española empieza a ofrecer síntomas de rigidez y partitocracia.

Es síntoma de rigidez la incapacidad para pactar un cambio de la Constitución que no sea por el procedimiento abreviado, como ha ocurrido recientemente con el techo para los déficits públicos. La sucesión de la Corona, eliminando la extemporánea preferencia del varón, y la remodelación del Senado son las reivindicaciones más demandadas desde que hace 33 años se aprobó la Carta Magna.

De la partitocracia hay abundantes señales. Las más obvias son los sistemas cerrados y casi siempre por aclamación mediante los cuales los partidos encumbran a sus líderes y la numantina resistencia de las grandes formaciones a perder los privilegios que les otorga un reparto de escaños evidentemente injusto. Porque la distancia que hoy castiga en escaños al PSOE frente al PP puede volverse en su favor en los próximos comicios y viceversa. Los partidos se aferran al poder conquistado y rechazan también la posibilidad de perder puestos de trabajo en los que colocar a los suyos, bien sea en las Diputaciones, bien en el Senado, bien en las Administraciones autonómicas.

En tales reformas tienen, además, los nuevos gobernantes una panoplia de posibilidades para aplicar sus planes de austeridad. Pero su necesidad no deviene de la mera coyuntura económica, sino de la imperiosa urgencia de profundizar en nuestros modos democráticos y de devolver a los ciudadanos su afecto por la política.

Cardiff, 23 de octubre de 2011. Las Tertulias Hispano-Británicas de 2011 tocan a su fin. El copresidente español, Luis Atienza, pide a uno de los contertulios de su país que esboce algunos de los asuntos que pueden ser sometidos a debate dentro de un año. Este foro de discusión fue creado a raíz de la visita de la Reina de Inglaterra a España en 1988 y surgió bajo el patrocinio de los Soberanos de ambos países. Es, sin duda, el de mayor relevancia entre los encuentros bilaterales de este tipo que mantiene España con otros países. En respuesta a la petición de Atienza, el ponente sugiere, entre otras cuestiones, debatir en otoño de 2012 el problema constitucional que afrontan el Reino Unido y el Reino de España por la reforma de sus leyes de sucesión.

La cuestión, en esa fecha, era que la reforma para conceder igualdad de derechos en la línea de sucesión a las mujeres implicaba una reforma constitucional en el Reino Unido que afectaba, además, a otros quince estados de los que el Monarca inglés es igualmente soberano. Y no hablamos de Escocia o Gales, que también. Hablamos de Canadá, Jamaica, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. El Rey de Inglaterra es soberano sobre países que agrupan a 134 millones de habitantes, de los que solo 62 millones son ciudadanos del Reino Unido. El reto era poner de acuerdo a los gobiernos de esos dieciséis países.

Enfrente estaba —y está— el problema español. Nuestros padres constitucionales de 1978 tuvieron la prudencia y el buen criterio de dar la máxima protección a la Monarquía dentro de la Carta Magna. Junto con el Título Preliminar y el Capítulo II Sección I del Título Primero —referido a los derechos fundamentales y las libertades públicas—, el Título II, «De la Corona», está sometido a una especial protección en el procedimiento de reforma de la Constitución. Así, para el resto de la Carta Magna, una posible reforma se guía por el artículo 167 de la Constitución y requiere de una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y un referéndum cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado. El pasado mes de agosto vivimos una reforma de este tipo. En cambio, para los tres apartados antes señalados hay una triple protección. Cualquier reforma de ellos está tasada en el artículo 168 y requiere una mayoría de tres quintos y la inmediata disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Constituidas las nuevas Cortes, deberán ambas Cámaras ratificar la reforma por una mayoría igualmente de tres quintos. Y después se celebrará un referéndum sobre la reforma propuesta.

La urgencia para ambas reformas deriva de que, en el caso británico, es previsible que los Duques de Cambridge tengan descendencia a corto plazo, y la posibilidad de que esa descendencia sea femenina, precediendo a una posterior descendencia masculina, crearía un problema constitucional que una reforma a priorievitaba. En el caso español, los Príncipes de Asturias ya tienen dos hijas, y la Infanta Leonor es, en el imaginario popular, «la heredera». Y lo es pese a que la Constitución vigente establece con toda certeza que si los Príncipes de Asturias tuviesen un hijo varón el sucesor de Don Felipe sería él. Y por más que cueste imaginarlo hoy, no olvidemos que por la sucesión de una mujer al trono, en detrimento de un varón, los españoles tuvimos tres guerras civiles en el siglo XIX entre los partidarios del Infante Carlos María Isidro y sus descendientes (los «carlistas») y los defensores de Isabel II y sus descendientes (los «liberales»).
Hay constitucionalistas que sostienen que una reforma después de haber nacido un hipotético hijo varón de los Príncipes no implicaría retroactividad sobre ese Infante mientras Don Felipe no haya sucedido al Rey. Y ello porque no se es Príncipe Heredero hasta que no se es el primero en la línea de sucesión, lo que ningún hijo de Don Felipe será mientras reine Don Juan Carlos y Don Felipe sea su heredero. Pero otros constitucionalistas sostienen que la línea de sucesión establece la posición de cada uno al nacer, y, al cambiar el orden sucesorio habiendo nacido ya un nuevo Infante, se le estaría desposeyendo de unos derechos que están consagrados constitucionalmente.

Dejaré ese debate sobre la mesa de los constitucionalistas, entre los que no me cuento. La cuestión es por qué no somos capaces de hacer de forma inmediata una reforma sobre la que los dos grandes partidos están ampliamente de acuerdo, para la que tienen una mayoría sobrada, y para la que el momento procesal idóneo se dejó pasar con la última disolución de las Cortes. Esta última ha sido una de las convocatorias electorales anunciadas con más antelación. Zapatero fijó el pasado 29 de julio la fecha de los comicios. Se podía haber aprovechado el periodo de casi cuatro meses que iba hasta la celebración de los mismos para hacer una reforma que ni el Gobierno ni la oposición plantearon. Lo que crea ahora una situación de incertidumbre constitucional. Porque en la situación de crisis que vivimos es inimaginable que se puedan disolver las Cortes en mitad de esta legislatura para proceder a esa reforma. Hay prioridades mucho más relevantes para la vida cotidiana de los españoles a las que hay que atender. Pero tampoco se puede despreciar el pináculo de nuestra democracia constitucional y, por dejadez, llegar a una situación en la que podamos encontrarnos con Don Felipe como Rey y un hijo varón como Heredero constitucional. Y no es que yo tenga nada contra la preferencia del varón en la sucesión. Me atrevería a mantener un debate en defensa de salvaguardar las actuales normas sucesorias. Pero sí creo que, una vez que se ha establecido en el imaginario popular la idea de que la Infanta Leonor está llamada a ser la sucesora de Don Felipe en la titularidad de la Corona, mantener esta línea de sucesión tal y como queda establecida en el artículo 57.1 de nuestra norma superior implicaría crear una crisis constitucional innecesaria. Una crisis provocada por la desidia de los dos grandes partidos. Estamos creando un problema que podríamos haber resuelto ya de forma expedita.

Cuando nos reunimos en Cardiff el pasado 23 de octubre parecía imposible lograr un consenso entre los dieciséis países de la Commonwealth de los que el Rey de Inglaterra es también Monarca. Hacía cinco meses que el Príncipe Guillermo se había casado, y había preocupación por los problemas que podría generar el nacimiento de una hija de los Duques de Cambridge. Cinco días después la reforma estaba hecha. Y no solo esa reforma, también se había limitado —aunque no suprimido— la discriminación de los católicos en la Monarquía británica: no podrá haber Soberanos miembros de la Iglesia Romana, pero al menos sí podrá haberlos casados con católicos. Y frente a tan sustancial reforma, tenemos el caso de los Príncipes de Asturias, que se casaron en 2004. Siete años —y dos hijas— después la reforma no ha sido acometida. Y a nadie parece preocupar. Será que algunos prefieren dejar que se pudra el asunto y, cuando surja el problema, verse desbordados por los debates en nuestra televisión basura propiedad de extranjeros que tan claramente han demostrado su voluntad de acabar con el mayor símbolo de progreso y estabilidad que tiene hoy España: su Corona.

Estamos en tiempos de recortes y los políticos no quieren presentarse ante sus potenciales electores armados de un hacha y una motosierra. Se puede eludir la crudeza de la palabra recorte envolviéndola bajo formas, menos incisivas. Hablemos de ajuste, austeridad, equilibrio contable o acudamos a la metáfora del adelgazamiento que incluso resulta saludable.

El campo donde aplicar los recortes es amplio y los políticos que manejan los instrumentos cortantes tienen ante sí el dilema de elegir y la obligación de explicar convincentemente los motivos de las amputaciones y, sobre todo, predicar con el ejemplo si no quieren desatar las críticas y el rechazo de los ciudadanos.

Los recortes parecen inevitables, pero las decisiones arrogantes, son perfectamente evitables. Nuestros políticos carecen de reflejos. En Cataluña anuncian la reducción de la paga de Navidad al sector sanitario, provocan la reacción de los afectados y al mes anuncian que ellos también se privan generosamente de ella. Haber comenzado por ahí. En Galicia se responde tarde al escándalo de los directivos de la caja que se fijan, quizá por derecho divino, sumas ingentes en indemnizaciones, seguros, rentas vitalicias y otras prebendas.

Por fin, cuando el tema ya está en la calle, se plantean la posibilidad de hacer recortes en la sobredimensionada organización estructural del Estado. Las propuestas del PSOE y el PP me parecen improvisadas. En mi opinión se deben distinguir los recortes en las Administraciones públicas y la reorganización de las instituciones del Estado.

La Administración proporciona a los ciudadanos servicios de interés general, lo que obliga a reflexionar profundamente sobre cuáles podrían ser reducidos.

Los órganos representativos de la estructura institucional del Estado deben ser ajustados. La propuesta que, en este sentido, formula el Partido Popular no me parece acertada. El Congreso, según la Constitución debe estar compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Electoral los fijó en 350 y la cifra se ha mantenido. Si se suprimen 50 como se apunta por este partido, nuestro sistema electoral nos llevaría a un bipartidismo todavía más exclusivista. Desde mi punto de vista, una forma de corregir nuestro alarmante déficit de pluralismo, pasa por elevar el número de diputados a 400. Si a ello añadimos una reforma profunda de la Ley Electoral para buscar una verdadera proporcionalidad se atenuarían los efectos perversos del bipartidismo actual.

El Senado siempre fue un órgano controvertido. Desde sus inicios tuvo sus detractores y algunos proponen su eliminación. La mayoría coincide en que hay que convertirlo en Cámara de representación autonómica o territorial. En todo caso, creo que este debate debe seguir cauces distintos, sin descartar el estudio de su posible adelgazamiento.

La regla que preside la determinación del número de parlamentarios autonómicos se recoge en todos los estatutos. Su composición no obedece a segmentos de población sino a la búsqueda de la representación adecuada de los territorios. Siguiendo el esquema constitucional los estatutos marcan un mínimo y un máximo de parlamentarios. Me parece perfectamente compatible este propósito con la necesaria reducción de su número. La Rioja ofrece el ejemplo más llamativo. Con una población de 322.000 habitantes tiene 33 parlamentarios (mínimo 32 y máximo 40). ¿De verdad alguien quiere sostener, sin sonrojo, que la producción legislativa de la comunidad requiere tal número de parlamentarios?

La diferencia de extensión territorial entre las diversas comunidades autónomas es notoria, tanto en habitantes como en kilómetros cuadrados. Andalucía tiene la mayor extensión territorial y el más importante contingente de población. Hay comunidades de amplia superficie y escasa densidad de habitantes, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Coexisten con las uniprovinciales. Todas ellas, salvo Madrid, tienen una extensión más reducida y menos habitantes.

En estos momentos el número total de parlamentarios autonómicos es de 1.218. Como es lógico esta suma debe ser desglosada. Resulta necesario reducir el número pero sin caer en la simpleza de aplicar un porcentaje reductor igual para todas las autonomías. Es necesario examinar caso por caso para adaptarse a las necesidades reales, soportables por el erario público. En el escalón inmediato, las Diputaciones Provinciales necesitan un estudio detallado para encajar sus funciones en otros órganos ya existentes. Sin salirnos del ámbito autonómico la existencia de unos costosísimos Consejos Consultivos integrados por un número de altos cargos absolutamente innecesarios, dotados de unos gastos suntuarios injustificables, plantea la necesidad de suprimirlos.

Finalmente el número de concejales en un país con más de 8.000 Ayuntamientos necesita una revisión. Me preocupa que la decisión sea indiscriminada. Me opongo a la reducción de los concejales de los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Los que ostentan el cargo no cobran nada y son un factor de integración del pueblo en los asuntos de su interés. En el resto habrá que buscar fórmulas adecuadas a sus necesidades.

Al final, la operación resulta económicamente rentable y políticamente ejemplarizante. Es posible que la suma alcanzada con los recortes no resulte significativa, pero me parece pedagógica e inaplazable. Y por favor, ¡dejad en paz al loro y su chocolate!

Las elecciones españolas 2011 giran, como una ruleta, en torno al Estado del bienestar, con todos los contendientes proclamándose defensores del mismo y acusando a sus rivales de intentar destruirlo. Quienes van más lejos en tal comportamiento son los socialistas, que llegan a presumir de implantarlo en nuestro país y haberlo llevado a su máxima expresión bajo Zapatero. Forma parte de una de las grandes mentiras de la izquierda, pues el Estado del bienestar —básicamente, garantizar por ley la sanidad, el trabajo, la educación y el retiro de todos los trabajadores— no lo creó ella. Lo creó uno de los políticos más conservadores que haya tenido Europa, Otto von Bismark, que ya en el siglo XIX instituyó el seguro de enfermedad, el de accidentes laborales y el de vejez, aparte de la instrucción pública, para los obreros alemanes. Me atrevo a decir incluso que a la izquierda-izquierda tales reformas no le han importado en absoluto, y para demostrarlo ahí tienen la forma como Stalin y Mao trataron a sus campesinos y trabajadores. La izquierda, en su búsqueda de la utopía, del «nuevo hombre», quiere la revolución, despreciando las «reformas burguesas», tal vez por temer que encandilen a quien cree le pertenece: el proletariado.

En nuestro país tenemos que el Estado del bienestar empezó en los años sesenta del pasado siglo, cuando los obreros españoles empezaron a tener un piso, un coche y un trabajo asegurado, algo que, curiosamente, tienen hoy cada vez menos. La Segunda República, ocupada en que «España dejase de ser católica», en cambiar su «alma», en buscarle una nueva estructura territorial y otros grandes proyectos, se olvidó de ellos. Y para ceñirnos a nuestros días, ¿cuáles son los cambios introducidos por el Gobierno Zapatero que le autorizan a proclamarse padrino del Estado del bienestar español? Pues el matrimonio gay, la píldora del día después, el aborto a discreción, el divorcio exprés, el pasar curso con cuatro asignaturas pendientes, el acampar en la calle y, si me descuido, «el botellón». ¿Qué tiene que ver todo eso con el Estado del bienestar, con la política económica, con la social incluso? Todos ellos son derechos individuales, demandas de minorías, no de la sociedad en su conjunto. Estamos, por tanto, ante un travestismo de la política, ante un fraude democrático, al no afectar a la mayoría. Nada de extraño que la poca izquierda que queda acuse al PSOE de imitar al PP. Con una diferencia: el conservadurismo del PP es auténtico; el del PSOE, falso. El domingo sabremos si los españoles se dejan engañar una vez más por sus falacias.

Pero la cuestión de fondo no es esa. La cuestión de fondo a día de hoy es si el Estado del bienestar puede sostenerse. Bastantes dicen que no, que resulta demasiado costoso, dadas las dimensiones que ha alcanzado y las nuevas circunstancias que reinan. Y ponen como ejemplo las pensiones. Estaban estas diseñadas para una población con expectativas de vida de 75 años y una edad de retiro de 70, lo que arrojaba entre cuatro y cinco contribuyentes por jubilado. Pero hoy nos encontramos, por la baja natalidad, el aumento de las expectativas de vida y el recorte de la edad de jubilación, con que cada jubilado tiene que ser sostenido por algo más de dos cotizantes, que pronto serán menos, de seguir las cosas como van. Si a ello se añade que los últimos años de vida son los que más atención médica requieren y que los tratamientos han hecho avances tan espectaculares como costosos, tendremos que también el coste sanitario resulta cada vez más difícil de sostener. Otro tanto puede decirse de la educación y otros servicios sociales, como la dependencia. En una palabra: el Estado del bienestar se está devorando a sí mismo.

¿Es verdad? Solo a medias. Que el Estado del bienestar es sostenible lo demuestra que hay países donde lo es: los escandinavos, Alemania, Holanda, la misma Austria. ¿Por qué es sostenible en esos países y no en el resto del llamado primer mundo? Pues porque esos países han venido ajustándose a los cambio ocurridos en las últimas décadas en demografía, jubilación, productividad, enseñanza y estructura social. Mientras, en el resto se tomaba el Estado del bienestar por una especie de lámpara de Aladino, que bastaba frotarla para que el genio en su interior produjese lo que deseábamos. Que su expansión no es indefinida ni automática lo demuestra que el genio maligno nos ha llevado a la bancarrota. El Estado del bienestar necesita, como todo en este mundo, continuos reajustes para acomodarlo a los cambios que se producen en la sociedad y en el mundo, últimamente vertiginosos. Y si no se le hacen esos reajustes, dicho Estado se convierte en algo tan anticuado como lo son hoy el feudalismo o la monarquía absoluta, es decir, en un freno del desarrollo. Algo parecido ocurre a los «derechos adquiridos», que son coyunturales, y no digamos ya a los «históricos», que ni siquiera son históricos en la mayoría de los casos.

Cuando los alemanes, tras la unificación, se encontraron con que tenían que absorber a 17 millones de compatriotas que llegaban del Este con una mano delante y otra detrás, en un mundo donde las potencias emergentes iban a ser pronto competidoras, acordaron, primero, un Gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, y luego un plan para afrontar el nuevo desafío en todos los campos, desde el laboral al social, pasando por el económico y el educativo, que les ha permitido llegar a esta crisis con su capacidad económica e industrial intacta. Naturalmente que tuvieron que hacer sacrificios. Los alemanes llevan ya años jubilándose a los 67 años y han tenido las pensiones congeladas durante varios ejercicios. También han prescindido de aquellas deliciosas «curas» del estrés en los balnearios a cargo de la Seguridad Social y han aceptado el copago en la sanidad pública. Si eso ha tenido que hacer la mayor potencia económica europea, ¿qué hubiéramos tenido que hacer los que vamos muy detrás de ella?

Aunque de poco sirve llorar sobre la leche derramada, como dicen los norteamericanos, y la pregunta del momento es: ¿estamos todavía a tiempo de hacerlo? Pienso que sí. Y no solo porque en este mundo todo tiene arreglo menos la muerte, que en este caso sería despeñarnos por el camino que vamos, sino también porque los españoles hemos pasado por pruebas tan duras o más. Pero para ello necesitamos aceptar la realidad. Y la realidad es que el Estado del bienestar no es una fórmula mágica para crear riqueza de la nada. La riqueza hay que trabajarla, y lo primero que tendrá que hacer el nuevo Gobierno será separar los gastos imprescindibles de los que podríamos llamar suntuarios. Imprescindibles son la sanidad, el fomento del empleo y la educación, único modo de que seamos competitivos. Todo el resto es prescindible, al menos en los tiempos de crisis que atravesamos. Quiere ello decir que no todas las ciudades españolas podrán tener tren AVE, ni aeropuerto, ni palacio de congresos, ni museo diseñado por un arquitecto famoso, ni festival de cine internacional ni premio literario de campanillas, y los españoles tendremos que prescindir de los «puentes», «acueductos», «moscosos» y otras canonjías que hemos ido acumulando en estos años de vacas gordas, pero que no tienen razón ni sentido en los de vacas flacas actuales. Por no hablar ya de las ínfulas de Estado que se dan ciertas autonomías, imitadas paletamente por las restantes. Por ahí se han ido en los últimos años ríos de dinero, y por ahí habrá que cortar, para sostener el Estado del bienestar sobre bases firmes y mantenerlo en sus justos límites.

¿Seremos capaces? Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que, de no hacerlo, de seguir como hasta ahora, nos vamos de cabeza a lo que temían nuestros abuelos: a África.

“Gobierno de técnicos”: el término se ha puesto de moda a raíz de que Lukas Papadimos ha sido nombrado primer ministro de Grecia, y Mario Monti está propuesto como presidente del Consejo de Ministros de Italia. Pero eso de “gobierno de técnicos” suena mal, muy elitista, con un fuerte tufillo antidemocrático. Y así ha sido otras veces. Pero si nos quedamos ahí, si no indagamos un poco más, creo que no vamos al fondo de la cuestión: no sólo no existe oposición alguna entre técnicos y políticos sino todo lo contrario.

Gobernar es un asunto complicado, muy complicado, para el que se necesitan conocimientos especializados. Rodríguez Zapatero dijo hace un tiempo algo así como que muchos en España estaban capacitados para ser presidentes del Gobierno. A mí me pareció que aquella frase era una solemne tontería aunque nunca dudé que la decía con total convencimiento y ahí están las consecuencias. En realidad pocos, o relativamente pocos, están preparados en España para presidir un Gobierno, como también son pocos –aunque más– los que están preparados para dirigir una gran empresa o un importante equipo de investigación científica o, en fin, a otro nivel, para ser entrenadores del Barcelona o del Madrid.

Ocupar un lugar de responsabilidad en una organización compleja requiere conocimientos adecuados. Los políticos no escapan a esta regla: ni el presidente del Gobierno ni el concejal de urbanismo de un municipio. Otra cosa es que, para desempeñar un cargo público, los conocimientos técnicos sobre una materia determinada sean una condición necesaria pero no suficiente. Además, el político debe estar también dotado de otras cualidades, las específicas de la acción política, como son capacidad de diálogo, de comunicación o de gestión públicas. Pero esto sucede también en todas las profesiones: suele denominarse adecuación al puesto de trabajo. Tampoco los políticos escapan, pues, a esta segunda regla.

Los políticos, por tanto, además de una solvencia técnica específica, deben tener una especial capacidad para ejercer funciones públicas. El actual desprestigio de la política y de los políticos no proviene tanto de que cuestionemos su legitimidad democrática, que nadie pone en duda, sino de que encontremos a faltar estas condiciones en el desarrollo de su actividad.

El proceso democrático en un sistema parlamentario consiste en que los ciudadanos eligen a los parlamentarios y éstos designan, directa o indirectamente, a los demás cargos públicos, desde el presidente del Gobierno a los altos cargos de la Administración. Una relación de confianza se establece así entre ciudadanos y cargos públicos: en esto reside la democracia política. El primer paso es, pues, la elección de los parlamentarios Para ello las direcciones de los partidos elaboran listas de candidatos. Pues bien, ¿se tienen en cuenta al elaborarlas los conocimientos técnicos de los candidatos propuestos? Dudo mucho que así sea, por lo menos en la mayoría de las ocasiones. Normalmente, uno consigue figurar en un lugar relevante de una lista electoral si previamente conoce los complicados vericuetos de los partidos, se comporta dócilmente ante el mando y calla a su debido tiempo.

Pero tampoco los ciudadanos votan una lista u otra según los conocimientos de los candidatos sino, en general, por otros motivos: el partido al que pertenecen, la ideología que defienden, su capacidad de argumentación, la empatía que trasmiten o, en el límite, su aspecto físico. Estamos en campaña electoral y sabemos que cuentan estos factores, no su nivel de conocimientos. A su vez, tampoco la designación de los altos cargos de la Administración, incluso los ministros, se debe en muchas ocasiones a su condición de personas preparadas sino a la necesidad de colocar a quienes se han quedado sin cargo. En todo este proceso, como se ve, lo que importa es saber deambular con habilidad por los pasillos de las sedes de los partidos, aunque no se posean especiales conocimientos, ni adecuación al cargo, ni siquiera experiencia alguna en un trabajo profesional previo.

Por tanto, ni a políticos ni a ciudadanos les importa el grado de preparación técnica de los políticos. De ahí que uno de los vicios más visibles de nuestras actuales democracias es la incompetencia y quizás por ello hemos llegado adonde hemos llegado. Desde esta perspectiva, mientras los procedimientos democráticos sigan funcionando, la presencia en los gobiernos de técnicos, de personas cualificadas por sus conocimientos y no por su adscripción a un partido, debería ser bien vista por todos: es el justo castigo a la ineptitud de los políticos tradicionales.

1. La indignación puede ser provocada por muy diversas causas. Personalmente, me la produce una opinión muy extendida y hasta muy popular: que los males que padecemos, que son muchos, proceden casi en su totalidad de la clase política. Ya este sustantivo, clase, referido a nuestros políticos tiende a discriminar a estos, como si se tratase de un sector de la sociedad al que debe darse de comer aparte.

Que nuestros políticos sean el reflejo fidedigno de nuestra sociedad es, quizás, la mayor objeción que puede hacérseles. Desearíamos que fuesen algo superiores. O que tuvieran mayor nivel para así guiarnos con más solvencia en las difíciles travesías de esta terrible e interminable crisis que afecta a tantos países, y al nuestro en particular. El reproche tan generalizado sobre la insolvencia de nuestros políticos tiene naturaleza de bumerán. Sabemos que no todos son corruptos, ni todos son escasos de luces, ni viven todos ellos de espaldas a los problemas de nuestra sociedad. Pero llevamos demasiados años de mala gobernanza a causa de erradas decisiones fundadas muchas veces en pronósticos irresponsables.

Olvidamos que esos políticos han sido elegidos por nosotros. Proceden de la sociedad a la que pertenecemos. La responsabilidad es, pues, de la sociedad; es nuestra. Si no cumplen sus obligaciones, tenemos la dichosa posibilidad, propia de las democracias, de sustituirlos por otros que, quizás, podemos suponer que sean mejores, o que se rodeen de profesionales más aptos. Ocho años de gobierno es, por lo que se ve, la cifra a la que la sociedad española parece haberse acomodado.

No vale, de ningún modo, la afirmación —tan extendida— de que todos los políticos son iguales, o que la clase política que padecemos es inservible. Con esas afirmaciones se está, en realidad, repudiando a nuestra propia sociedad. Es cierto que hay democracias mejores, con grandes partidos mucho más descentralizados. Sociedades como la que ya empezó a describir y a explicar, en pleno siglo XIX, el gran analista Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América. En Norteamérica los partidos dependen de elecciones individualizadas. La gente vota a personas concretas. Los representantes responden ante esas gentes que les han votado. Para que una ley sea efectiva debe el Ejecutivo convencer, a veces de manera individual, uno por uno en ocasiones, a aquellos representantes del pueblo del propio partido.

En nuestros sistemas europeos, y en España en concreto, rigen esa disciplina partidista y esa militancia sin fisuras que lleva consigo el deterioro del sistema. La nuestra es una democracia imperfecta. Pero es el justo reflejo de la sociedad a la que pertenecemos, herencia de siglos de caciquismo salvaje, hoy más o menos ilustrado.

2. Es legítimo y necesario achacar a los partidos su insensibilidad en temas tan importantes como la educación, la investigación, las humanidades. Pero esas deficiencias no hacen sino reflejar, como en un espejo, la carencia de motivaciones en esas materias que se descubren en la mayoría de los estamentos y clases de nuestra sociedad. Entre los principales valores de esta no se hallan ideales educativos, culturales o científicos.

Se vivió la bonanza económica y social como un golpe de fortuna que, de pronto, dio paso a la ruina, al cierre sistemático de empresas y negocios, a la penuria, al paro, a la estrechez. La historia bíblica de José el proveedor no parece haber regido en nuestra sociedad como prevención necesaria para los años de vacas flacas.

Se inicia ahora un período de elecciones en el que las responsabilidades sociales se pondrán a prueba. Dependerá de ellas encontrar a aquellos representantes que mejor puedan acometer las iniciativas que en esta difícil coyuntura económica y social sean precisas. Serán elecciones presionadas por las urgencias de una situación internacional, europea y española particularmente vulnerable.

Siempre he abogado por la renovación, sobre todo cuando el ideario de quienes regentan el poder presenta síntomas de claro agotamiento. Desearía un equipo de gobierno con clara voluntad de asumir esa crisis sistémica con los recortes que hagan falta. Pero que no sea esa la coartada para empezar el capítulo de restricciones en aquellos ámbitos en los que más necesitada se encuentra nuestra sociedad.

Los programas de los partidos deberían primar, de una vez, la educación en todos sus estratos, desde la primera a la segunda enseñanza; y de esta, a la formación profesional y a las carreras universitarias. Y la investigación, sobre todo en el terreno de la tecnología y de las ciencias, pero también en las humanidades.

Pero reconozcámoslo: no existe la suficiente presión para que nuestros políticos pongan estas materias en la cabeza de sus programas. No, no hay tal presión social. Las responsabilidades sociales no parecen tener vigencia en esos ámbitos que debieran estar, en varias legislaturas, en la unidad de cuidados intensivos.

En Alemania, si la evaluación en esos campos presenta síntomas de deterioro y decadencia, el Gobierno de la nación o el del estado federal se tambalean; deben atender a esas materias consideradas siempre prioritarias. Aquí, a lo máximo, las calificaciones raquíticas a las que los baremos europeos o internacionales nos tienen acostumbrados pueden suscitar, como máximo, un par de indignados artículos de opinión, quizás dos o tres editoriales de algunos periódicos.

Es muy fácil despotricar contra nuestros políticos. Es tanto como dar puñetazos contra un espejo. Desearíamos vernos reflejados en un conjunto dirigente que nos inspirase respeto, y a cuyas iniciativas atendiéramos con verdadero interés. No vale situarse en posición de minoría de edad y responder al disgusto que esos dirigentes nos producen con una revuelta que sea estéril.

3. Es comprensible que en zonas que padecen profunda depresión social prenda la llama que provoca un temible incendio (aunque casi siempre tiene por causa algún evento luctuoso). En tiempos de penuria hay que estar preparado para que un imprevisto sumerja a la sociedad en un caos de revueltas espontáneas.

Nunca será válida la consigna de situar el orden por encima de la libertad. Pero tampoco es posible olvidar, tras los terribles atentados de este comienzo de milenio tan inquietante, que la seguridad es un valor, y no únicamente una coartada —estilo Thomas Hobbes— de regímenes políticos ultraconservadores.

La crisis sistémica engulle a veces los mejores personajes de la política; las esperanzas que estos podían despertar son defraudadas, como está sucediendo en Norteamérica.

Queremos que estos últimos años de mala gobernanza en nuestro país den paso a opciones mejores. Se ha tocado fondo en la cuantía de errores provocados por la incompetencia y/o la frivolidad.

Sería deseable que la sociedad civil se evitase la comodidad de echar todas las culpas a los políticos como descargo de las propias responsabilidades. La sociedad debe hacer examen de conciencia; no solo sus representantes. Si bien demasiadas veces se prefiere achacar a otro los fracasos derivados de las propias faltas. Algunos de nuestros políticos practican con asiduidad este falso eximente. De este modo, sus propias decisiones erróneas terminan intensificando los desajustes sistémicos que un capitalismo desbocado está generando.

Estamos ante unas elecciones generales a finales de la próxima semana y parece un buen momento para volver a pensar en nuestra querida España, sacudida desde siempre por patriotismos falsos y retóricos, lejos del auténtico patriotismo y por desprecios y calumnias de sus enemigos interiores. El respeto exterior es, por el contrario, cada vez más amplio y extendido.

El patriotismo es una virtud que debe adornar a los buenos ciudadanos, aunque conviene pensar de qué estamos hablando cuando lo reivindicamos como un rasgo indisolublemente unido a la ciudadanía. Se debe descartar el patriotismo rancio y sentimental característico del pensamiento conservador y reaccionario español y también el patriotismo selectivo de un fragmento de Estado, como el que defienden en Cataluña y en el País Vasco los nacionalistas radicales, que no aceptan la idea de una España fundidora e integradora. La historia nos ha mostrado en esa materia otros horrores derivados de los fascismos y del nazismo, en forma de patriotismos de pureza de raza, de integrismo religioso o de raíz militarista. Muchos crímenes y muchas agresiones se han cometido en su nombre. Ese patriotismo de nación o de partido también ha aparecido en los regímenes comunistas como patriotismo del partido único “vanguardia del proletariado”.

Después de la Segunda Guerra Mundial y de los atroces daños producidos por los patriotismos de la unidad total, de la raza, de la nación y de la clase, se impulsó una nueva línea que podíamos identificar como patriotismo democrático imaginado por Elzenberger y consolidado por Habermas. Es un patriotismo que arraiga con la Constitución y con el Estado de derecho, deriva de la racionalidad de la libertad y de la igualdad y tiene como fin el progreso solidario y el desarrollo integral de las personas. Solo cabe hoy abrazar ese modelo de patriotismo, el único compatible con el sistema institucional en que vive España, y en general el mundo occidental. Desde esa atalaya se contempla cómodamente nuestro país y se alcanzan conclusiones positivas para “ese proyecto sugestivo de vida en común” que soñó Ortega y Gasset.

Hay un precedente de este modelo en el patriotismo de los socialistas y republicanos españoles en la Segunda República, vinculado a los ideales de justicia, de libertad y de igualdad que plasmaron en la Constitución de 1931. Cuando el exilio obligó a muchos a prescindir de su presencia en España, trasladaron su patriotismo intacto a los países que les acogieron. Leer los escritos de recuerdo de España, todavía hoy, resulta emocionante en Azaña, en Prieto, en Largo Caballero, en Negrín y especialmente en el Salve España que Fernando de los Ríos lanzó en su conferencia en el Centro Pablo Iglesias en 1945. Nostalgia, razón y sentimiento se mezclaban con una grandeza llena de afecto y emoción.

Desde que en 1572 Jean Bodin escribió los Seis libros de la República y construyó el concepto de soberanía como “pouvoir absolu et perpetuel d’une Republique”, para justificar “el monopolio en el uso de la fuerza legítima” del naciente Estado absoluto y en concreto de la monarquía francesa, es decir, en España a partir de Felipe II, a finales del XVI, solo ha habido dos soberanos: el Rey y la Nación. El primero en la monarquía absoluta y el segundo desde los orígenes del Estado liberal. La soberanía nacional, expresa la soberanía de la nación española como unidad. En la terminología más moderna se suele hablar de soberanía popular o simplemente de soberanía, aunque en la Constitución de 1978 en su artículo 1-2 se mantiene la terminología clásica: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. La misma idea se repite antes en el art. 1-1 cuando se afirma que “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho”, lo que la sitúa en el poder constituyente y en la norma fundante básica, como poder supremo.

El mensaje nítido y tajante es que las demás naciones que se pueden encontrar en el territorio español son naciones culturales, porque tienen una lengua y una cultura además de la común y propia de todos los españoles. Es la lengua que hablan castellanos, leoneses, y aragoneses y todas las regiones como Andalucía o Extremadura que proceden de Castilla y León o de Aragón. Las conclusiones que se obtienen de estas constataciones son evidentes. Ningún fragmento de Estado, como diría Jellinek, ha sido nunca soberano, y esa unidad no se puede romper, como ha ocurrido con Estados de Europa del Este, mucho más recientes que apenas tenían medio siglo. El caso más visible ha sido la división en varios Estados de la antigua Yugoslavia. En nuestro caso ni la Unión Europea lo consentiría, ni los partidos políticos españoles lo permitirían ni tampoco las instituciones. Sigue habiendo sueños separatistas en Euskadi y en Cataluña, pero no solo son imposibles, sino que también son minoritarios.

La crisis profunda que sufre Europa y España en empleo, en crecimiento sostenible y también en ilusión colectiva solo se soluciona desde la unidad del patriotismo constitucional y desde el acierto en la búsqueda de las soluciones. Hace falta constancia tesón, sudor y lágrimas, buenas ideas, mucha ilusión, mucho trabajo y que los ciudadanos comprendan que hay que ayudar sobre todo a los más pobres. Al final del túnel aparecerá la luz y saldremos del bache. España y los españoles recuperaremos la unidad y redoblaremos los esfuerzos para defender nuestra imagen y nuestra creatividad. Eso espero, eso deseo y por eso pienso que todo se superará, aunque dejaremos tristezas y sufrimientos por el camino.

No va a ser fácil defender un pacto fiscal basado en el concierto económico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Cataluña la titularidad y recaudación de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gestión porque no sitúa estas competencias en la jurisdicción adecuada. En general, las jurisdicciones centrales están en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categoría y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribución de impuestos no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales.

La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deberían ser también los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se vería obligada a asumir la titularidad y recaudación de impuestos que van más allá de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se vería liberado de esta responsabilidad.

En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias debería permitir que cada jurisdicción dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiación pautada es mucho más difícil. La estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.

Si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ,¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.

Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica funcione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno español, reclamando para sí todas las bases fiscales devengadas en Cataluña.

Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para financiar servicios públicos. Los recursos de los que finalmente dispondría la Generalitat dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución Española (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera a Cataluña más recursos que los generados por el sistema de régimen común.

La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se, sino del particular diseño de la transferencia que, en mi opinión, es incorrecto. En su Disposición Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios económicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las de régimen común no ha despertado demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podría ser contestada.

Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español debería ser territorialmente equitativa.

Si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan debería girar alrededor de los siguientes tres ejes:

El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descentralización desde un Estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El árbitro del proceso debería ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. La reforma del Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.

El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pero es complejo y oscuro. Adopta la retórica del Estatuto catalán, pero no la sustancia. El modelo de financiación debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero también por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.

El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.

De los tres, este es el eje más difícil de este pacto fiscal alternativo. Pero quizás ahora sea el momento adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?

Aumentan los indicios de que el régimen que inauguró la Transición pierde capacidad operativa, y con ello, legitimidad, para resolver los problemas que se han ido acumulando. Se precisa de una reforma radical -desde muy diferentes intereses y puntos de vista se ha hablado incluso de una Segunda Transición- que, sin embargo, parece altamente inverosímil que las fuerzas políticas establecidas lleven a cabo.

La crisis mundial puede estar abriendo un nuevo ciclo en nuestra historia contemporánea. Recordemos que desde la invasión napoleónica hemos tenido cuatro. La Primera Restauración, de carácter absolutista, dura de 1814 a 1833 y, como en 1975, acaba con la muerte de la persona que encarna todo el poder del Estado. El segundo ciclo, este ya liberal, aunque muy debilitado por las guerras carlistas, persiste hasta septiembre de 1868 en que Isabel II tiene que salir de España. Sigue una etapa de tanteo e incertidumbre que no logra consolidarse en monarquía constitucional ni en república. Un tercer ciclo liberal, hasta ahora el más largo, se extiende desde la Segunda Restauración en 1875 a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Curiosamente, el Desastre de 1898 no puso en cuestión al régimen, por lo menos a corto plazo, aunque facilitó que emergiese la todavía no resuelta “cuestión catalana”.

Desde 1917 se multiplican las señales de que la Segunda Restauración perecería si no lograba reformarse. La I Guerra Mundial fue el factor determinante para que se planteara este dilema, tanto por el crecimiento económico que los dos primeros años de guerra trajeron consigo, como por la grave crisis social que desencadenó el final. El desmoronamiento de los imperios alemán, austriaco y, sobre todo, el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, influyeron de manera decisiva sobre el movimiento obrero europeo; también en España la crisis se sintió con fuerza, donde el régimen liberal alfonsino había impedido la integración social y política de las clases trabajadoras. Después de un largo interregno (1923-1936) en el que tampoco pudo consolidarse la monarquía parlamentaria ni la república, en 1936 empieza un cuarto ciclo autoritario que llega hasta 1975. Se destaca por la estabilidad, debida tanto a la brutal represión de los 20 años posteriores a la Guerra Civil, como al rápido crecimiento económico a partir de los sesenta que transformó España en una moderna sociedad industrial.

Un hecho altamente significativo resalta en esta historia: en los regímenes que mostraron mayor estabilidad, el fernandino (1814-1833), el alfonsino (1875-1923) y el franquista (1936-1976), incluso en el mucho menos estable primer liberalismo (1833-1868), el poder estuvo al servicio de las clases superiores, aunque, obviamente, la evolución socioeconómica llevase consigo una distinta composición tanto de las clases dominantes (latifundistas, industriales, financieras) como de las trabajadoras (ocupadas en el campo, en la industria, en servicios) con un crecimiento lento, pero continuo de los sectores medios.

No es exagerado decir que en España siempre ha gobernado la derecha, hasta el punto de que los partidos de esta tendencia piensan que casi es un derecho natural. Cuando no se respeta la “mayoría natural”, de la que hablaba Fraga, más bien pronto que tarde, se desemboca en la catástrofe. Solo causas excepcionales, como la permanencia de algunos rescoldos del franquismo, llevaron a los socialistas al poder en 1982, o el brutal atentado del 11 de marzo permitió a Zapatero ganar las elecciones contra todo pronóstico y lógica. Sin ello no se entendería que la derecha hubiera quedado en minoría ante una izquierda que, al cuestionar el orden natural, no produciría más que incertidumbre e inestabilidad. Este último año el PP ha vuelto con especial vigor a este discurso: para salvar todas las dificultades, incluida la crisis, basta con que las aguas vuelvan a su cauce natural y gobierne la derecha.

Se amontonan los indicios de que elementos básicos del régimen actual no casan, o simplemente no funcionan, y no cabe descartar que a medio plazo el ciclo llegue a su final. Las señales son tan conocidas, que basta con mencionarlas. La más palpable es el distanciamiento creciente de los ciudadanos, no de la política, sino de los políticos. Nos vamos acercando peligrosamente al sistema de partidos, caciquismo y corrupción, que ya hundió la Segunda Restauración. En la Transición hubo que improvisar a partir de la nada los partidos de la derecha gobernante, y casi de la nada a los de izquierda, con la sola excepción del Partido Comunista que contaba con una cierta presencia en Madrid y Barcelona, pero también casi inexistente en la España rural y provinciana. Para garantizar la mayoría absoluta al partido gubernamental recurrió a una ley electoral muy injusta con los partidos de ámbito nacional que quedasen en tercer y sucesivos lugares; de hecho se implantó un bipartidismo que en algunos aspectos recuerda al que operó en la Segunda Restauración. A ello se suma la financiación pública de partidos, sindicatos, patronales, y organizaciones sociales de todo tipo, de modo que la “sociedad civil” queda reducida, como decía Aranguren, a la “sociedad mercantil”, es decir, a las empresas y sus fundaciones.

Los nacionalismos periféricos empiezan a arreciar al comenzar el siglo XX. La Mancomunidad de Cataluña se establece en abril de 1914 y la dictadura de Primo de Rivera la suprime. Sobre un Estado unitario que mantiene la provincia y sus diputaciones intactas, la Constitución de 1978 levanta las autonomías, una forma muy especial de descentralización administrativa a las que se otorga poder ejecutivo y legislativo. Con la esperanza de acabar con ETA, se establece el concierto económico en el País Vasco y Navarra -luego dicen que no se paga a la violencia terrorista- sin caer en la cuenta de que comporta una dinámica confederal que a medio plazo amenaza con la desmembración del Estado. La crisis ha puesto de manifiesto los costos impagables de la organización territorial que nos hemos dado; incluso los defensores a ultranza de las bondades de nuestra Constitución terminarán por reconocerlo. Ahora bien, cualquier modificación drástica de las autonomías, y no digamos su supresión, traería consigo el final del régimen. Creo que nos encontramos en un momento comparable al que vivió a partir de 1917 la Segunda Restauración. Ante los enormes retos a los que nos enfrentamos -estos sí, bien visibles- es difícil predecir la fuerza que puedan desarrollar los sectores sociales más críticos. En todo caso, los defensores del régimen seguirán ensalzando una Transición que permitió pasar de la dictadura a la democracia “desde la legalidad a la legalidad”, reclamando volver al “espíritu de consenso”, que habría dado tan buenos frutos.

Empero, no toman en consideración dos cuestiones claves. La primera, que el milagro español resultó de tener el reformismo franquista la sartén por el mango y no poder aspirar los vencidos, bajo la mirada vigilante de un Ejército franquista, más que a ser tolerados en un régimen de libertades, que desde la situación de que partimos no era moco de pavo. A ello se sumaba el temor de uno y otro bando de enfrentarse en una nueva guerra civil, tragedia que a toda costa había que impedir, este sí un consenso en el que todos participamos.

Tampoco se toma en cuenta que aquellos barros trajeron estos lodos. La Transición se hizo desde el poder, con los mínimos cambios posibles -únicamente se suprimieron las estructuras directas del Movimiento, prensa, sindicatos verticales, cuyo personal se reintegró en el sector público- manteniendo intocadas todas las demás estructuras del Estado. Una buena parte de los problemas que hoy tenemos en la Universidad, en la judicatura, en las Administraciones centrales y autonómicas, provienen de que hayan permanecido con pocas modificaciones, que en muchos casos solo han servido para empeorarlas.

Desde hace más de un decenio los hijos, y sobre todo los nietos, de la generación que hizo la Transición han hecho público su desacuerdo con el régimen. El distanciamiento, y ahora la protesta en la calle, han ido en rápido aumento. Si a ello añadimos el calado y la duración previsible de la crisis -se ha desplomado nuestro sistema productivo, cayendo en picado la productividad y el empleo, sin que se divise el que lo pueda sustituir ni el tiempo que requiere su instalación- no me parece un disparate prever a medio plazo el final del ciclo.

Produce una cierta satisfacción comprobar que aquello que algunos venimos escribiendo desde hace años acerca del rumbo errático de nuestro Estado de las autonomías se empieza a convertir en lenguaje “políticamente correcto. Así, por ejemplo, vemos cómo el candidato socialista advierte ahora que se ha roto la unidad de mercado, que existen duplicidades entre las administraciones, que la gestión sanitaria o la educativa exige correcciones, que el despilfarro autonómico no hay Estado que lo resista, que el urbanismo descentralizado ha llevado al saqueo del paisaje … Es decir todo aquello que sabemos quienes éramos tildados, desde las tribunas oficiales, de retrógrados sin remedio y lo hemos denunciado en libros y conferencias con abundancia de razonamientos y de verbigracias. Ya no se oye aquella cantinela según la cual el Estado autonómico funciona razonablemente bien, que era la consigna propalada sin descanso por los altavoces de ese cansino progresismo tan fingido como vacuo.

En esta posición revisionista se aloja estos días la polémica acerca de la devolución de competencias al Estado por parte de algunas comunidades autónomas. También en esto nos acabamos de caer del nido porque ha sido de ver la carrera hasta ahora desenfrenada que se había entablado entre los dirigentes de las comunidades autónomas para acumular competencias, sin pararse a pensar si venían o no a cuento o si era posible financiarlas y gestionarlas. Incluso existe circulando por algún Estatuto de autonomía una cláusula ideada por un político -hoy en desgracia- que reivindicaba para sí todo aquello que obtuviera su vecino. Una actitud cuyo tierno infantilismo -practicado por persona ya en sazón- admira y desarma a un tiempo.

Lo cierto es que caemos ahora en la cuenta de que devolver las competencias que esta o aquella comunidad autónoma ostenta sería una solución para los desatinos y destrozos producidos. Adviértase que no es el Estado el que está demandando que se le devuelva «el rosario de mi madre», como cantaba María Dolores Pradera, sino que son las mismas administraciones autonómicas las que están dispuestas a remitir por correo certificado a Madrid la engorrosa encomienda de la que un día -alegre y de feliz inconsciencia- se hicieron cargo. Cosa distinta es la recuperación por el Estado de competencias en la cuenca del Guadalquivir por aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional (30/2011 de 16 de marzo).

Todo parece indicar que se nos ha roto el ánfora donde guardábamos las esencias de las bondades autonómicas.

El problema que se plantea es el de si la devolución en estos términos es posible según nuestro ordenamiento constitucional.

Veamos. «Las competencias son irrenunciables e indisponibles por imperativo constitucional», ha repetido en varias ocasiones el Tribunal Constitucional (así, por ejemplo, entre las primeras sentencias, puede verse la número 26/1982, de 24 de mayo y, entre las últimas, la número 247/2007, de 12 de diciembre). Se trata, en efecto, de un principio obvio: las competencias atribuidas por la Constitución y asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía deben ejercerse precisamente por ellas. Estamos ante un elemental cumplimiento de la distribución del poder que nos es propio y una consecuencia que podemos encajar en el principio jurídico de la responsabilidad pública y que desde antiguo obliga a todas las instituciones. Lo mismo ocurre en el ámbito judicial donde rige la regla non liquet, que implica que «los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan» (art. 1.7 Código civil). En el ámbito de la Administración Pública, de igual modo, las leyes nos enseñan que las competencias son irrenunciables y deben ejercerse por el órgano que las tenga atribuidas como propias (artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común). Conclusión: la Administración autonómica ha de ejercer las competencias que tiene encomendadas y para las que cuenta con los medios que ha concretado con la Administración estatal en los reales decretos de traspasos.

Por consiguiente, resulta imposible la devolución unilateral por una comunidad autónoma de una competencia a la Administración estatal. Y si a la irresponsabilidad de dejación del ejercicio de competencias llegara alguna comunidad autónoma, la Constitución prevé las consecuencias: el Gobierno de la Nación ha de requerir al presidente autonómico para que observe la legalidad vigente y, ante la desatención del mismo y tras la aprobación por el Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento forzoso de sus obligaciones (art. 155 CE).

Importa añadir, para cerrar el razonamiento, que tampoco es posible que una Administración autonómica suscriba con la Administración del Estado un convenio para la devolución de sus competencias. Ello también supondría un incumplimiento de la ley pues el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de declarar que un convenio «no puede servir para que el Estado recupere competencias en sectores de actividad descentralizados por completo … ni tampoco es admisible, como se dijo en la STC 95/1986, fj 5º, que merced a dicho convenio, la Comunidad autónoma ‘haya podido renunciar a unas competencias que son indisponibles por imperativo constitucional y estatutario’» (STC 13/1992, de 6 de febrero).

En consecuencia, será necesario, para alterar el esquema de distribución de competencias, acudir a otros mecanismos legales. Uno sería la aprobación de una ley de armonización prevista en el artículo 150.3 CE; otro, la reforma estatutaria.

Y menos mal, amable lector, que todo esto es así y que existen sólidos principios jurídicos que sirven para ahormar el ejercicio del poder por parte de los órganos que lo tienen constitucionalmente atribuido.

pues no nos faltaba más que el retorno de funciones al Estado se hiciera de la manera fragmentaria, descabalada y a golpe de matutinas ocurrencias de los gobernantes de las comunidades autónomas. Es decir, que diéramos la vuelta al calcetín con el mismo desorden y el mismo atolondramiento con el que hemos estado despiezando el Estado.

Porque recordemos que en 2004 se inició por el Gobierno el banquete de las reformas estatutarias sin un acuerdo previo de los comensales, movido aquél exclusivamente por exigencias coyunturales de apoyos políticos. Y ello dio lugar a un festín en el que cada comunidad autónoma se tomaba el trozo de pastel que le petaba sin prestar la menor atención a sus vecinos de mesa. Que una comunidad autónoma quiera arreglarse su asunto de la manera que le resulte más rentable políticamente es lógico y forma parte de las humanas ambiciones y del cabildeo político local. Ahora bien, que esa actitud se respalde por quienes representan al Estado en su conjunto es una manifestación de ligereza y de culpable irreflexión cuyo exacto alcance estamos ahora conociendo.

Rectificar el rumbo vagabundo de nuestro Estado de las autonomías es necesario y urgente. Pero procede hacerlo con orden y no a base de repentes y de premuras. ¿Qué tal si imitamos a los alemanes, quienes en este comienzo de siglo han ultimado una reforma bastante completa del conjunto de su modelo federal? Podríamos acoger esa experiencia como luminar de nuestra acción y dejar la originalidad de pensamiento y los temblores creativos para nuestras aventuras intelectuales y artísticas.

De adolescente me enseñaron que dos fuerzas opuestas actuaban sobre un cuerpo en movimiento circular. Pero los físicos actuales tienden a considerar que la fuerza centrífuga no es tal, sino una reacción a la centrípeta, que es, por lo tanto, la única auténtica. Muchos políticos actuales siguen hoy anclados en la antigua y desfasada explicación.

Recientemente, varios presidentes de comunidades autónomas han hecho manifestaciones públicas de su deseo de devolver al Estado algunas de las competencias transferidas. Como es de rigor, la más estentórea ha sido la señora Esperanza Aguirre, que considera que la Administración de justicia debería ser la primera, pero no la única, en hacer el camino de vuelta hacia lo que según ella es su hábitat natural. Ni con un sustancial aumento en su presupuesto la justicia madrileña ha ganado en eficiencia por lo que mejor dejar sus riendas en manos del Gobierno central. La postura de su colega murciano es similar, pero se sustenta sobre un argumento distinto. Según sus palabras, quiere devolver las competencias sobre educación con la esperanza de ser seguido por las otras autonomías y así evitar que en otros lugares de España, donde no gusta esta condición, se enseñe una historia que no tiene nada que ver con España.

Esta confianza de que con matar al mensajero se resuelve el problema equivale a creer que la fuerza centrípeta puede anular por completo a la centrífuga. Craso error. La física moderna mantiene que esta última no es sino un reflejo, un eco, de la primera. Cuanto más fuerte es esta, más lo es su respuesta. Quienes no gustan de la condición de formar parte de España no solo no cambiarán de opinión con una devolución de las competencias de educación a un Gobierno uniformizador que imponga una determinada manera de explicar la historia, sino que extremarán su diferente interpretación de los acontecimientos pretéritos. Error similar cometen quienes claman por la ilegalización de Bildu. De hacerles caso, lo único que conseguirían es que se incrementara el número de simpatizantes de dicha formación y la identificación con su ideología. Como les ocurre a las meigas, haber independentistas, haylos. Y encontrarían la manera de expresar sus preferencias por medios alternativos a las urnas, no siempre de guante blanco.

Claro está que una manera no de anular, sino de disimular, la fuerza centrífuga consiste en apoyarse en la mayoría, después de haber definido el conjunto que tiene derecho a opinar de tal manera que la victoria esté asegurada. Eso sí, todo dentro de la más pura formalidad democrática. Si el Parlamento cree que se ha ido demasiado lejos en la descentralización y que conviene un reflujo, café para todos y santas pascuas. Y si considera que es un delito de sedición reivindicar el derecho a la autodeterminación, determinados partidos que alientan la independencia de sus territorios deberán ser ilegalizados. Además, siempre queda como último recurso, dentro del más puro espíritu democrático, cambiar la ley electoral de tal manera que el Parlamento esté dominado por quienes comulgan con estas dos ideas. Y si ninguno de estos mecanismos funcionara, basta con aplicar la receta del duque de la Victoria, el general Espartero, como se nos ha recordado recientemente.

Dos son las razones que han hecho rechinar los mecanismos del modelo autonómico. La primera, sin duda, es la inexperiencia como administradores de muchos de quienes súbitamente han tenido en sus manos las riendas de las comunidades en que se fraccionó el Estado centralizado. Ello ha sido especialmente cierto en las artificialmente creadas y por ello con nula tradición de autogobierno. En escaso tiempo crearon una burocracia poco profesionalizada, tintada de nepotismo y amiguismo. Ello ha provocado despilfarros e ineficiencias en el uso de los recursos. La segunda tiene que ver con el perverso sistema de financiación aplicado a las competencias traspasadas. Perverso porque conlleva que unos recauden y otros gasten con los efectos que son fáciles de imaginar y que la actual crisis ha magnificado. Perverso porque el cálculo del coste de los servicios no se ha revisado con los cambios de escenarios que la demografía, el progreso tecnológico y el aumento del nivel de vida han provocado.

Por ello, creo que antes de pensar en desandar el camino y devolver competencias, habría que revisar a fondo y con valentía el modelo de financiación. No introduciendo meros parches cosméticos, como se ha hecho en el pasado, que se han limitado a retocar los coeficientes de participación en los impuestos estatales en un cansino juego de escasos resultados. Cada palo ha de aguantar su vela y no como ahora, donde la confusión de responsabilidades es demencial. Esperemos que quien salga victorioso en la próxima contienda electoral tenga la valentía de encarar las raíces del problema y no opte por el cómodo repliegue que preconizan algunos presidentes autonómicos.

No hay, que yo sepa, estudios sociopolíticos sobre la contribución de la autocrítica a la democracia, acaso por la ausencia del material necesario para el imprescindible trabajo de campo. Pero el sentido común indica que se trata de una herramienta valiosa, por cuanto denota un reconocimiento de los errores, defectos o maldades propias, esencial para subsanarlos, corregirlos o superarlas, así como para que la ciudadanía tenga una percepción más atinada de la realidad.

Ahora bien, ¿sería concebible que ETA hubiera acompañado el anuncio del “cese definitivo de su actividad armada” con un relato autocrítico? Sería una muestra súbita de democracia, tras casi medio siglo de terror, que no resultaría creíble. Para la alegría de los demócratas basta con que cumplan lo que han decidido. Y tampoco sería satisfactoria esa autocrítica, ni la autoflagelación de los etarras, para la caverna mediática, cuya decepción por la noticia ha sido retratada con pulcritud por José María Izquierdo: “Desde la decencia, ¿por qué les molesta tanto que ETA no mate?”.

En cambio, entre demócratas, la falta de autocrítica por quienes piden el voto para el 20-N a los depositarios de la soberanía nacional, a fin de ejercer, en representación de ellos, el poder político, debería rechinar en el electorado, tanto como el usual “más eres tú” con que se obsequian entre sí los candidatos o sus secuaces. Sería curioso ¡y revolucionario! averiguar que los votantes fueran proclives a otorgar su representación a seres humanos capaces de admitir que no actuaron correctamente o que se equivocaron.

La gimnasia de la autocrítica debería ejercitarse también entre la ciudadanía, reacia igualmente a manifestar sus deficiencias. Los estudios de audiencia que apuntan al éxito cuantitativo de la telebasura o de programaciones audiovisuales que muy poca gente reconoce oír o ver, merecen ser tenidos en cuenta por los usuarios reales de tales productos, para hacérselo mirar por un especialista.

E igual cabe decir de una parte importante del electorado que, según las encuestas, parece prematuramente decantada para el 20-N en un determinado sentido, sin que, seguramente, haya realizado un análisis autocrítico de los pros y los contras de su decisión. Italia resulta paradigmática: ¿No debería ser autocrítico el electorado que sostiene en el poder a Silvio Berlusconi?

El talante deliberativo con que están actuando en España los indignados del 15-M, internacionalizados en el 15-O, con la impagable ayuda de Internet y las redes sociales, puede servir de ejemplo. Sobre todo, si son capaces de avanzar en la autocrítica, como lo han sido al acertar en la exposición pacífica de sus pretensiones y en la actuación contundente para impedir desahucios y dotar de utilidad social a inmuebles desocupados.

Frente a la reclamación de democracia directa y participativa, desde la derecha se acusa a los indignados de atentar contra la “democracia de las urnas” y se esgrime frente a ellos nuestro modelo constitucional de democracia representativa. Curiosamente, fue la derecha personificada por Manuel Fraga la que más abogó, durante el debate constituyente, en favor de una participación populista, mediante facilidades a la iniciativa popular para promover leyes, convocar el referéndum y reformar la Constitución.

Fueron la izquierda, los centristas y los nacionalistas quienes lograron restringir esa iniciativa popular, por entender -a la vista de lo ocurrido particularmente en Italia- que la derecha pretendía contrarrestar o anular desde la calle las normas progresistas que emanarían de las cámaras legislativas. Pero además de Fraga y los suyos, también defendieron una iniciativa popular parecida a lo que hoy reclama el 15-M el diputado republicano Heribert Barrera y el senador independiente Lluís María Xirinacs, ambos catalanes, ya fallecidos. Este último, que había propugnado la participación ciudadana “mediante referéndum, asambleas, manifestaciones…”, puso el dedo en la llaga cuando dijo -como auténtico precursor en 1978 de los indignados de hoy- que “los partidos tienen miedo al pueblo y lo quieren amordazar”.

Xirinacs calificó la democracia directa de tema maldito, porque “después de 40 años de prohibición de la democracia representativa, en la que los protagonistas son los partidos, estas asociaciones políticas tan importantes, e incluso, a mi juicio -precisó-, imprescindibles, han salido de sus jaulas como fieras hambrientas por causa del prolongado ayuno”. Y añadió: “Están crispados, son devoradores, especialmente los partidos de izquierda, por ser los más reprimidos”.

Acaso los constituyentes que sobreviven tendrían que hacer autocrítica por aquel exceso de celo, que limitó la participación popular, y avalar hoy una reforma constitucional en la línea que piden los indignados. El PP, si se dejara asesorar por Fraga, y si el veterano político no ha cambiado de criterio, debería estar de acuerdo.

Pero la autocrítica no es del gusto de los políticos. El 20 de octubre último, antes de que ETA hiciera público su comunicado, Carles Francino pidió en la SER a la abogada e integrante de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia, una autocrítica sobre la actuación de Batasuna. La interpelada contestó con un socorrido “como todo el mundo”. Se me ocurre sugerir a Francino una mesa redonda en la que solo se admitan intervenciones autocríticas. Merecería la pena.

El principal partido de la oposición acusa al Gobierno de “connivencia” o “chalaneo” con ETA durante años, tacha sus desatinos y errores de aviesas “mentiras”, omite evidencias y contextos a fin de argüir que la quiebra en curso solo se ceba en España. La jerarquía católica azuza a sus medios y corifeos para acusar a quienes defienden el derecho al aborto de promover la muerte de infantes. Un expresidente del Congreso y padre de la Constitución se declara convencido de que el irresuelto encaje de Cataluña en España podrá resolverse sin recurrir a bombardear Barcelona como ha pasado “no sé cuántas veces”. Los soberanistas periféricos proclaman sin rebozo el “expolio” que sus patrias, edénicas víctimas, sufren a manos del Estado victimario. Demasiados políticos y economistas, periodistas y profesores, financieros y empresarios tejen de consuno una neolengua que, como en la pesadilla de Orwell, reduce el polifacetismo y la complejidad del mundo a una jerga tecnocrática y opaca.

Apenas citamos un ramillete de ejemplos de distinta envergadura y calado -entre la negligencia expresiva y el voluntario fraude- para ilustrar la pujante corrupción del discurso que hoy cunde, grave dolencia en la que Occidente empezó a reparar hará 10 años, cuando fue arrastrado a una guerra contra el eje del mal que aún colea, en pos de las espectrales armas de destrucción masiva. Alentado por la frivolidad ética y política que cierto posmodernismo auspicia, el trastorno ha ido cobrando visos de pandemia, y encuentra en la actual debacle uno de sus campos de acción dilectos. Bajo la manida palabra crisis -fetiche verbal de corte economicista que oculta más que revela- late una colosal quiebra de alcance global y epocal que afecta muy distintas facetas del presente: política y religión, moral e ideología, educación y costumbres. Cualquier época crítica suele tener un correlato discursivo, y la que ahora sufrimos conlleva una infecciosa crisis gramatical tan ubicua que tiende a pasar inadvertida, ya que compromete todas las vertientes de la vida pública, privada e íntima. Naturalizada por la costumbre, la infección ya ha devenido pandemia, y se sustancia de dos modos principales: bien como depauperación sistémica del lenguaje, bien como negligente y aun deliberada perversión de sus usos y discursos concretos.

Depauperación lingüística. De entrada, tal crisis gramatical se manifiesta como un quebranto tangible y sistémicamente inducido de la facultad de empalabrar la realidad, y aqueja a la mayor parte de la ciudadanía y de quienes la instruyen, informan y ordenan. Las modulaciones del habla común delatan que la indigencia léxica, sintáctica y retórica medra a sus anchas, mengua que acarrea la de la aptitud para decantar un conocimiento lúcido, crítico y articulado acerca de la res publica; una sensible merma de la competencia y talante que el diálogo plural exige; y, en fin, la proliferación de patologías discursivas -de la anomia y el mutismo al desistimiento y la violencia- que socava los pilares de una sociedad compleja, plural y abierta.

Lo que semejante enfermedad pone en jaque es la salud de la convivencia y el sustento de la democracia misma, entendida como ideal cuya siempre imperfecta aunque indispensable persecución debe fomentar el uso público de la razón y sus frutos: la crítica y la pregunta, el difícil pero deseable equilibrio entre heterodoxia y ortodoxia, el benéfico cultivo de la duda responsable y de la sabiduría de la ilusión que postulaba Nietzsche. La búsqueda de la integral e integradora virtud cívica (areté) en el sentido griego requiere ejercitar con decisión el célebre “Atrévete a saber” (Sapere Aude que el progresista Kant propuso como divisa de la Ilustración). Pero hacia tan deseable horizonte, singularmente urgente en los días que corren, solo puede tenderse si la ciudadanía goza de los medios educativos y comunicativos imprescindibles para la realización de sus humanas potencias, en lugar del metódico y ofuscador adoctrinamiento que de facto padece. Hoy, como mañana y ayer, mujeres y hombres necesitan ser socializados y acogidos, a fin de que su innata fertilidad dé una fecunda cosecha.

Perversión del discurso. Si la mentada dimensión de la crisis gramatical atañe a las genéricas derivas que desde hace décadas vivimos, la segunda muestra un cariz mucho más ético y pragmático, ya que concierne al amplio y difuso territorio en el que a los sujetos les cabe ejercer su albedrío. Sometidas a sistémico deterioro, como hemos argumentado, las aptitudes empalabradoras sufren, además, abundantes perversiones y abusos, porque son los sujetos, los grupos y las instituciones quienes poseen la condicionada pero efectiva libertad de ejercerlas, amén de la responsabilidad de hacerlo de forma virtuosa.

La corrupción del discurso público se constata hoy por doquier, con tanta fuerza y tan disolventes efectos que urge atajar su contagio. La epidemia se manifiesta, por un lado, en la compartida incuria con que se expresan y piensan demasiados sujetos -próceres y poderosos incluidos-, y el daño que causa es proporcional a la inconsciente pereza que la impulsa. Ahí están, para ilustrarlo, la anemia léxica y la dejadez sintáctica; el decir vago y haragán; el arrogante desprecio de la complejidad y matiz; la saturación de tópicos y muletillas. Y en fin, sobre todo, la adopción de un habla renqueante, acomodaticia y canija, muy dada a acatar toda suerte de bogas y a sacrificar la belleza y precisión verbal en el altar de la neolengua economicista, tecnocrática y deshumanizada a que antes aludíamos, ese falsamente natural antiestilo en que encarna la racionalidad instrumental que combatieron con tanto ahínco los pensadores de Fráncfort.

Por otro lado, la perversión del discurso medra a manos de quienes adrede lo adulteran en aras del populismo, el mesianismo y la demagogia, cánceres de cualquier democracia y razón posibles. Son legión los dirigentes y portavoces dotados de público ascendiente -púlpitos o micrófonos, tribunas o tarimas- que trasgreden la más elemental ética comunicativa, ineludible sostén de la lealtad y la confianza que el convivir requiere. Con desfachatado cinismo, mandarines y gerifaltes tergiversan las certezas y probabilidades reconocibles, y confunden a cosa hecha la resabiada mentira -enunciación deliberada de una inteligible falsedad, como escribió Agustín de Hipona- con el desacierto o el yerro. La fractura de la confianza que de tal desmán resulta extiende su grangrena a la entera sociedad, y la deja en franquía para que la desvergüenza campe a sus anchas. Si la mendaz antiética del todo vale deviene al fin natural y objeto de aplauso y premio, como tantos persiguen, entonces no solo se malogra la comprensión de cada asunto en particular -y los consiguientes actos y decisiones-, sino la propia capacidad de empalabrar y conocer que ciudadanos y gobernantes precisan. Y lo que en suma se arruina es el cimiento de la comunicabilidad, la convivencia y la democracia, nada menos.

Desde Humboldt y Nietzsche sabemos que el ser humano lo es porque significa y habla, en la medida en que erige la entera civilización por medio de símbolos y palabras. Y que el polifacético discurso -con el verbo en su cima- no es simple vehículo para la expresión de lo ya ideado sin él, sino requisito del pensar y sus frutos. La moderna conciencia lingüística enseña que comprender y empalabrar van de la mano; y además -aunque no suele repararse en ello- que el discurso es hacedor de realidad: de sus hechos, procesos y circunstancias, allende la cruda materia. Él configura en buena medida la facticidad en que vivimos: el pasado y su memoria, el presente y su noción, el porvenir y su anticipo. De ahí la necesidad de atajar su corrupción. Y de ahí también, sobre todo, la urgencia de rehabilitar las Humanidades en general y la Ilustración en particular, el patrimonio de sabiduría que integra el legado crítico del Humanismo.

Hace algo menos de dos meses, se produjo en el Congreso un intercambio dialéctico muy revelador. Estuvo protagonizado por el presidente del Gobierno y el portavoz de ERC, a cuento de una serie de medidas que el nacionalista tachaba de recentralizadoras. En su respuesta, Zapatero le dijo que “la España plural, es plural… pero España”. De una forma oblicua y tardía, intentaba paliar las consecuencias de un debate territorial abierto sin tener en cuenta el objetivo, y buscando aliados poco compatibles con el Estado definido en la Constitución.

Aunque el desconcierto autonómico sea un legado eclipsado por la herencia económica, es evidente que estamos ante una de las asignaturas que el Gobierno saliente deja pendientes. La causa hay que buscarla en el pertinaz error de transformar lo que debiera formar parte de la macropolítica española, en un exponente más de la micropolítica partidaria. La apertura de determinados debates autonómicos no respondió a una necesidad objetiva, sino a una estrategia con la que los socialistas aspiraban a aislar al PP. En términos futbolísticos, Zapatero quería adelantar las líneas para dejar a sus adversarios en fuera de juego. No lo logró, pero sí dejó en el subconsciente político una idea muy nociva que es prioritario corregir: la asociación de autonomismo y descoordinación. De acuerdo con esta equivalencia, el compromiso autonómico no se demostraría con la buena gestión de las competencias o el impulso a una participación más activa de las autonomías en las tareas comunes, sino en un alejamiento progresivo del Estado. Esa anomalía se ha trasladado al lenguaje corriente, como se aprecia en las referencias a la relación de tal o cual comunidad “con” el Estado. ¿Acaso son realidades diferentes?

Semejante visión favorece tanto a la concepción nacionalista de la España autonómica, como al sentimiento nostálgico de una nación centralizada. Para la primera, el Estado es un enemigo al acecho al que hay que mantener a raya. Para la segunda, las autonomías son realidades disolventes de las que es preciso desconfiar. Sin embargo, ambas tendencias son minoritarias en el conjunto de una sociedad española que ve compatible su sentimiento de unidad, con el deseo de pertenencia a una comunidad concreta. El reto consiste en recuperar la máxima de la Transición, y elevar a la categoría de políticamente normal, lo que ya es normal en gran parte de España.

Galicia es un apreciable ejemplo de esa normalidad. Es una nacionalidad histórica con indiscutible identidad, que nunca ha entendido el galleguismo como coartada separadora. Nuestro autonomismo se ha enfocado en una doble dirección: la gestión adecuada de nuestras competencias y la aspiración a participar activamente en todas las políticas de Estado. La idea de que Galicia es Estado, que una comunidad es España, es la política autonómica del PP, que interpreta un sentir generalizado de la sociedad. Cuando se está en vísperas de un cambio de Gobierno, suele decirse que el gran reto territorial de los nuevos gobernantes es satisfacer las demandas de determinadas autonomías. No será el presidente de la Xunta quien niegue la importancia de que estas comunidades se sientan a gusto en la casa común. Sin embargo sería un error reducir a esta cuestión los desafíos futuros de la España de las autonomías. La política autonómica de Rajoy aspira a pasar de la micropolítica practicada por Zapatero, a la macropolítica que se necesita. El objetivo ha de ser mucho más ambicioso.

La siguiente etapa se resume en una palabra: cooperación. No tiene sentido que prediquemos constantemente que la solución para los problemas europeos estriba en la concentración de esfuerzos, mientras que aquí se defiende la dispersión. No es congruente que aquí la conferencia de presidentes se convierte en algo exótico, y las conferencias sectoriales en encuentros poco operativos. Es urgente cambiar ese paradigma al que me refería antes. Autonomismo y cooperación han de ser sinónimos. Autonomismo y descoordinación han de convertirse en términos antagónicos. La poco meditada política autonómica anterior condujo a esa apresurada aclaración de Zapatero que recordábamos al principio. Él y su Gobierno promovieron equívocos y frustraciones que se hace imprescindible corregir. El Estado de las autonomías es también un Estado “con” las autonomías. Si corregimos el rumbo, la España autonómica seguirá siendo uno de los grandes hallazgos de nuestra democracia.

En las últimas décadas el mundo ha cambiado, aunque no tanto como para que la historia haya llegado a su fin. En Europa, los Estados-nación no han conseguido adaptarse al nuevo contexto de mundialización ni han sido consecuentes con la construcción de una entidad supranacional.

El Estado no ha existido siempre. Engels y la tradición marxista ligan su aparición al momento en que la sociedad se divide en clases con intereses enfrentados. El propio colaborador de Marx escribió que la versión más elevada del Estado es la democracia burguesa en la que la riqueza ejerce su poder bajo la forma de alianza entre el Gobierno y la Bolsa. En 1884 hizo un análisis que compartirían hoy los indignados: “Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad cuanto más crecen las deudas del Estado y más van concentrando en sus manos las sociedades por acciones, haciendo de la Bolsa su centro”.

Es cierto que no todos los autores socialistas mantuvieron la tesis de que el Estado es necesariamente un instrumento de opresión. Ya Kautsky, del que renegaron los defensores de la dictadura del proletariado, mantuvo que la democracia puede conseguir que el Estado sirva al interés general.

La historia parece dar la razón a Kautsky y a la tradición del socialismo democrático y demuestra que han existido diferentes modelos de Estado, unos opresores de los individuos y otros garantes de sus derechos y libertades. Eso sí, desde el primer momento su nacimiento se acompañó de la aparición de los impuestos. Sea para sostener las instituciones coercitivas y la burocracia, o para redistribuir la riqueza y contribuir al interés general, el Estado ha precisado siempre de las contribuciones de los ciudadanos.

Tras la II Guerra Mundial, los Estados-nación de buena parte de los países occidentales administraron durante más de tres décadas recursos sin precedentes y se convirtieron en Estados providencia que garantizaban la seguridad y la tranquilidad desde la cuna hasta la tumba. Los Estados de bienestar cumplían una función preventiva contra la depresión económica y sus corolarios políticos extremos: el fascismo y el comunismo.

Sin embargo, en los ochenta, desde poco antes de hacerse evidente la derrota del comunismo, se desató en Occidente una campaña de desprestigio del Estado. Esa campaña se recrudeció con la caída del muro de Berlín y se pretendió enterrar al Estado junto con sus cascotes al presentarle como causante de la ineficacia económica y lastre para el progreso. Las consignas son bien conocidas: “Cuanto menos Estado, mejor”; “cuanto menos regulación, mejor”; “cuanto menos impuestos, mejor”. Son versiones nuevas del antiguo lema liberal “dejad hacer, dejad pasar, que el mundo gira por sí solo”. Triunfó la idea de que no había alternativa al capitalismo liberal, cada vez más puro y duro. El vendaval ideológico fue de tal magnitud que una buena parte de la izquierda, en una muestra de pérdida de la hegemonía ideológica, abrazó esos postulados.

Ello hace necesario reafirmar algo que debería ser evidente: no hay derechos ciudadanos sin la garantía de las instituciones estatales y no hay Estado sin impuestos. La Constitución Española está impregnada de este principio.

Es cierto que la necesidad de Estado para asegurar derechos de los individuos no justifica cualquier dimensión del Estado. La cuestión no es tanto de tamaño, que haya más o menos Estado, sino de eficacia.

Es verdad también que la tributación de las clases intermedias se tiene que implementar con su apoyo, facilitando también su acceso a los servicios ofrecidos y desplegando la necesaria pedagogía para que comprendan que el interés colectivo coincide con su interés específico.

Los Estados de bienestar europeos que aportaron estabilidad política y un gran éxito económico demuestran que ambas cosas son posibles. Pero aquella experiencia se construyó sobre otro mundo. Los Estados-nación han ido retrocediendo ante el avance de la economía global. Los partidos socialistas y los sindicatos de clase entonan La Internacional pero siguen actuando dentro de los estrechos límites de sus Estados, cuyos Gobiernos cada vez tienen menos capacidad de maniobra.

El eurocentrismo hace tiempo que terminó, por mucho que Europa siga siendo la región del planeta en la que hay más bienestar. Pero esa situación privilegiada se ve amenazada si no se hacen bien los deberes, sobre todo en relación a la materia prima que es hoy más importante. En este momento la materia prima más importante es la materia gris: el conocimiento, la inteligencia. Solo mejorando el capital humano podemos los europeos hacer cosas nuevas, buenas y distintas que nos sitúen en posición de ventaja frente a Estados Unidos, Japón, China y los demás países ya emergidos en el nuevo mundo globalizado.

Las dificultades de adaptación del Estado a la nueva realidad global se plantean con acentos específicos en nuestro país. Desde 1977 hemos protagonizado una transformación del Estado rápida, profunda y exitosa. Hemos pasado de una dictadura a una democracia y, paralelamente, de un hipercentralismo a una gran descentralización. En un doble proceso paralelo, y aparentemente contradictorio, en España hemos desarrollado el Estado de las Autonomías, descentralizando hacia abajo, y a la vez hemos cedido poder político hacia arriba, transfiriendo a Europa decisiones políticas que siempre se relacionaron con la soberanía nacional.

Para otras opciones, el debilitamiento del Estado puede ser un asunto menor, incluso deseable. Para los socialdemócratas el papel del Estado es fundamental para conseguir una sociedad que combine “la mayor igualdad posible con la mayor libertad posible”. Así pues, necesitamos de instituciones democráticas poderosas para desarrollar nuestra política, pero el Estado se ha ido vaciando de potencia en favor de instituciones autonómicas descentralizadas y en provecho de instituciones europeas poco democráticas. ¿Cómo resolver ese dilema?

A mi juicio, no es posible lograrlo en solitario. No es posible “construir la socialdemocracia” en un solo país, menos aún si ese país está tan descentralizado como España. Pero tampoco en los demás Estados-nación, porque ninguno alcanzan por sí solos a hacer frente con eficacia a los retos de la globalización.

La respuesta está en articular coherentemente la “unidad en la diversidad” que inspira a la UE. Es preciso articular unos Estados Unidos de Europa con instituciones plenamente democráticas y capaces de actuar con peso en el mundo globalizado. Es cierto que esa empresa tropieza con un obstáculo poderoso: los nacionalismos que frenan cualquier esfuerzo federal dentro de cada nación y en relación con el conjunto europeo. Y sin embargo ese es el desafío: democratizar plenamente los Estados de la Unión y, a la vez, el conjunto de la Unión, eliminando los déficits democráticos tan reiteradamente denunciados.

La otra cuestión crucial es que los Gobiernos democráticos y transparentes y el Gobierno europeo sean capaces de imponerse sobre los mercados ignotos y opacos. Que sean capaces de evitar que sea una mano invisible, que a nadie rinde cuentas, quien rija los destinos de la sociedad, sino los rostros conocidos, y elegidos, de los gobernantes democráticos.

Solo la actuación concertada de poderes públicos democráticos que sean representación efectiva de las mayorías permitirá afrontar la crisis sistémica. Que esto es posible lo muestra la historia del Estado moderno que, tras diversas etapas, devino en Estado de bienestar. Esta singular conquista de Europa es la que hoy está amenazada por la desvalorización de los débiles poderes públicos democráticos que alimenta la ideología populista de derechas.

España enfrenta un doble desafío: culminar el Estado autonómico, fomentando la unidad en la diversidad, y conseguir al tiempo la unidad europea preservando también su diversidad. No son procesos contradictorios. Los mismos que critican las autonomías son los que ven con recelo el traspaso de competencias en favor de Europa. El populismo de derechas aprovecha los estragos de la crisis y ha desatado una ofensiva en dos frentes: por un lado el enemigo es la burocracia de Bruselas, el euro, la Unidad Europea, que “despojan a España de soberanía”; por otro, las autonomías, que “debilitan a España y amenazan su unidad”.

Ahora está muy de moda entre ciertos políticos conservadores decir que sobran políticos… ¿Cuál será el paso siguiente? ¿Acaso sostener que sobra sin más la política y la democracia?

Ahora, cuando se acercan las elecciones generales y los partidos políticos presentan ante la ciudadanía sus programas, creemos que es un momento clave para recordar a nuestros conciudadanos que España, tras avances universalmente reconocidos, se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente. La lucha por una mayor calidad de nuestra democracia exige que todos los partidos democráticos asuman mejoras institucionales en la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, así como compromisos creíbles en relación a la implantación de dichas mejoras normativas.

No podemos aceptar que el compromiso por mejorar la situación de nuestra economía sea incompatible con las reformas institucionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, antes bien, creemos que estas reformas son parte de cualquier paquete de medidas que pretenda hacer frente a los problemas estructurales de nuestra economía y a la desafección existente en nuestro sistema político. Por ello, desde nuestro compromiso con la calidad de la democracia y como actores cívicos que no se resignan a ser meros espectadores del proceso electoral, demandamos de los distintos partidos políticos españoles, ante sus compromisos electorales, que asuman las medidas que se recogen en el siguiente Decálogo por la transparencia y la integridad:

- 1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuánto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta ley de transparencia.

- 2. Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada ley, este portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: empresas, organismos autónomos, fundaciones, agencias, mancomunidades, consorcios, etcétera, ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos.

- 3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las listas electorales.

- 4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.

- 5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos y que, sin embargo, no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.

- 6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO. En su último informe (mayo de 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos españoles en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.

- 7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas.

- 8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.

- 9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas, deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.

- 10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.

Aparte de estas 10 medidas fundamentales que integran el Decálogo, sería conveniente que los partidos políticos asumiesen adicionalmente o apoyasen las siguientes actuaciones:

1. Creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.

2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.

3. Implantación efectiva por los partidos políticos de un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.

4. Con vistas a fomentar los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se deberían llevar a cabo los siguientes programas de modernización:

a) Análisis y racionalización de los procesos administrativos con vistas a la simplificación de los trámites burocráticos de los servicios públicos, y publicación periódica de los correspondientes indicadores y resultados.

b) Desarrollo de la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos

c) Evaluación y publicación de los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.

d) Establecimiento e impulso de un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).

En resumen, la asunción y desarrollo de los principios y medidas anteriormente enunciados permitiría, por una parte, incrementar de forma importante el nivel de transparencia y eficacia de las instituciones públicas españolas; por otra parte, aumentaría el nivel de integridad y apertura informativa de los partidos políticos, lo cual contribuiría a una mejor imagen y un acercamiento a los mismos de los ciudadanos, y por supuesto contribuiría notablemente a combatir esa importante lacra social que es la corrupción, dado que el mejor antídoto contra la misma es sin duda la transparencia. Con todo ello, no solo no se daña la recuperación de nuestra economía, sino que, por el contrario, se ponen piezas fundamentales para el avance de la misma. Por todo ello, renovamos nuestra petición de que se incorporen estas medidas a los programas electorales, así como todas aquellas que favorezcan mayor transparencia, participación y rendición de cuentas de los poderes públicos y los partidos políticos.

En las últimas décadas, el resurgimiento de un constitucionalismo teocrático, especialmente en el mundo islámico, que sitúa la religión en el corazón de la esfera pública y del debate político, ha coincidido con el desarrollo de un secularismo liberal beligerante que mira con escepticismo cualquier aproximación a una realidad trascendente y trata de relegar la religión al terreno de lo privado.

Para los constitucionalistas teocráticos, toda comunidad política tiene el derecho de abrazar una religión concreta, hasta el punto de considerarla incluso fuente legal de su propio ordenamiento jurídico. La comunidad política sería así una extensión de la comunidad religiosa, y el mismo derecho una destilación de la religión. De acuerdo con esta posición, el famoso muro jeffersoniano de separación entre la Iglesia y el Estado no pasaría de ser una ligera cortina de un vestuario de playa.

Para los secularistas liberales, la religión como tal no tiene, no debe tener, sustantividad propia, y el derecho a la libertad religiosa se trata más bien de una mera concreción de un derecho más general a la autonomía individual en cuestiones éticas. La religión como fenómeno cultural o social no es, en modo alguno, generador de valor público, por lo que debe quedar totalmente aislada del debate político. Como afirma Thomas Nagel en su último libro, la religión es una «cuestión temperamental». La religión puede ser tu problema, pero nunca nuestro problema. La libertad religiosa, entonces, en un estado tolerante secular de estas características, implicaría tan sólo el derecho a tener ese temperamento y el consiguiente deber, para los demás, de soportarlo como se soporta un mal olor de una habitación poco ventilada.

Los ecos de la reciente visita de Benedicto XVI a España y la presencia en nuestro país del famoso jurista judío Joseph Weiler, con ocasión de recibir mañana el doctorado honoris causa en la Universidad de Navarra, constituyen un buen acicate para abordar el tema de la libertad religiosa, sin miedos ni tapujos. Y hablar de libertad religiosa es hablar de religión.

Es hora, en mi opinión, de fijar un paradigma global de libertad religiosa, basado en la dignidad de la persona humana, compatible con los diversos modelos constitucionales y sobre la base de un desacuerdo generalizado en cuestiones religiosas, como es el que realmente existe en nuestro planeta. Porque, de la misma manera que no hay un ordenamiento jurídico ideal, tampoco existe un modelo constitucional perfecto para proteger la libertad religiosa. Cada modelo, como cada ordenamiento jurídico, es producto de la historia, la cultura, la tradición, el consenso público y, tantas veces, la propia religión. Pero si bien cada ordenamiento debe proteger la libertad religiosa de acuerdo con su propia identidad, no cabe duda de que existe un quid común a todos ellos, que justifica la abstracción.

El paradigma que voy a ofrecer sólo rechaza aquellos modelos constitucionales que promueven o toleran cualquier clase de fanatismo religioso o que desprecian la propia libertad religiosa, olvidando que se trata de una de las grandes aportaciones de Occidente a la Humanidad. En este sentido, es más abierto que el elaborado por el padre de la libertad religiosa, John Locke, que excluyó a los ateos por desconfianza y a los católicos por una cuestión de doble jurisdicción, o del recientemente propuesto por el filósofo estadounidense Ronald Dworkin, que ningunea la tradición monoteísta.

El modelo que ofrezco considera la libertad religiosa un patrimonio irrenunciable de toda comunidad pluralista y democrática, compuesta por creyentes y no creyentes. Pero parte de la idea, a diferencia del modelo de Dworkin, de que la religión como tal tiene una justificación intrínseca, es decir, se trata de un valor en sí mismo, de gran relevancia social. Esto es precisamente lo que permite que exista un derecho específico a la libertad religiosa.

En efecto, de la misma manera que no se puede regular adecuadamente el derecho a la vida partiendo de la base, aunque a veces sea cierta, de que vivir es la mayor fuente de males y desgracias sin mezcla de felicidad alguna, o el derecho al trabajo desde el presupuesto de que trabajar es el mejor modo de contribuir a la expansión del mal en el mundo, así tampoco se puede proteger ni regular la libertad religiosa partiendo de la presunción de que la religión es un producto obsoleto de sociedades ancestrales y cavernícolas o un fruto maligno de la superstición. Quienes piensen así, también han de tener cobijo bajo este derecho humano básico, pero esta aproximación conceptual no puede agotar el contenido mismo del derecho de libertad religiosa.

El paradigma que ofrezco está basado en tres argumentos, que son como tres reglas de juego. El primero se centra en la misma idea de religión; el segundo, en la idea de libertad; el tercero, en la idea de derecho. Los voy a formular en términos negativos porque el aspecto positivo de la libertad religiosa (búsqueda libérrima del sentido de lo transcendente) debe sustentarse sobre una base negativa (inmunidad de coacción).

Los tres argumentos son los siguientes: Primero, ningún sistema jurídico o modelo constitucional democrático puede proteger el derecho de libertad religiosa sin estar de alguna manera abierto a la transcendencia, reconociendo, al menos implícitamente, la posibilidad de la existencia de Dios, en el sentido abrahámico del término. No me estoy refiriendo aquí, por supuesto, a que Dios deba tener un estatus jurídico propio, ni a que las constituciones deban contener mención alguna a Dios (que decida el pueblo si procede o no), sino más bien al hecho de que el ordenamiento reconozca de alguna forma las consecuencias jurídicas implícitas en el hecho de que los ciudadanos sujetos a dicho ordenamiento puedan creer en Dios y puedan vivir, en privado o en comunidad, su propia religión. Así, la existencia de Dios vendría a ser un presupuesto social, y por tanto un presupuesto legal. Desde este presupuesto nació el mismo derecho a la libertad religiosa, y pienso que sigue siendo irrenunciable. En otras palabras, en una sociedad construida sobre la idea de que Dios no existe, no cabe, en mi opinión, un pleno respeto a la libertad religiosa.

Utilizando terminología cristiana diré que para poder «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», es necesario que el César reconozca al menos implícitamente la posibilidad de la existencia de Dios. Y hablo de Dios y no de dioses porque desde el punto de vista jurídico la identificabilidad de un Dios como fuente y fundamento de moralidad tiene mucha mayor relevancia que el reconocimiento de muchos dioses de difícil identificación, o el no reconocimiento de dios alguno. Por lo demás, me estoy refiriendo a un Dios, el de las religiones reveladas monoteístas, en el que cree más de la mitad de la población de la Tierra.

eL SEGUNDO argumento defiende que ningún ordenamiento jurídico o modelo constitucional puede proteger adecuadamente la libertad religiosa sin la existencia de una estructura dualista que garantice la autonomía necesaria tanto de la comunidad política como de las comunidades religiosas. Esta estructura se basa en la idea de que las comunidades políticas, en razón de sus fines, pueden ser cuasicompletas (Navarra, Galicia, por ejemplo), completas (España, Alemania) o incompletas (la Unión Europea o la comunidad global), pero las comunidades religiosas, al menos desde la perspectiva política, son siempre incompletas. La razón es que el fin de una comunidad religiosa no es la satisfacción de todas las necesidades humanas (o al menos de la mayor parte de ellas), sino tan sólo de aquellas de tipo espiritual o religioso. Este argumento limita sustancialmente la posibilidad de la existencia de las llamadas teocracias, pero no las excluye completamente, siempre y cuando se constituyan conforme a criterios y procedimientos democráticos y garanticen la libertad religiosa de todos los ciudadanos.

El tercer argumento es una consecuencia del anterior: ningún ordenamiento jurídico o modelo constitucional puede proteger adecuadamente la libertad religiosa sin el necesario poder para regular aquellas materias religiosas que afectan al orden público, o a los derechos de los ciudadanos, creyentes o no creyentes. Este argumento permite la colaboración entre la comunidades políticas y religiosas y protege a los ciudadanos de una comunidad pluralista de posibles contaminaciones religiosas en la esfera pública (la denominada freedom from religion).

Sin el reconocimiento teórico y práctico del derecho a la libertad religiosa, el Estado, cualquier Estado, por democrático que sea, se totaliza. La Historia nos muestra experiencias muy amargas. El problema es complejo. Pero tiene solución. Mejor dicho, soluciones. Todas ellas confluyen en la misma idea: En la Tierra, debe haber sitio para todos. También para Dios.

Ahora que se abre la campaña electoral surgen, cómo no, diversas propuestas e iniciativas de los partidos políticos. Una idea que ha venido ganando cierta simpatía en algunos sectores ha sido la posible supresión de las diputaciones. Es cierto que el régimen local español está necesitado de una profunda reforma, ya que los pilares que lo sustentan se muestran superados para afrontar las inmensas dificultades y complejos retos de los entes locales. Pero concluir que esa necesaria reforma debe conllevar la supresión de las diputaciones provinciales supone una de las más desafortunadas iniciativas.

Es hoy, en el periodo de mayor apuesta y despliegue de las diputaciones, cuando empiezan a alzarse voces cuestionando su necesidad en el sistema de ordenación territorial, por la emergencia de las comunidades autónomas y su dinámica expansionista en materia competencial. La supresión de las diputaciones en las comunidades autónomas uniprovinciales, el proyecto de sustitución por los consejos de veguerías en Cataluña y el giro en el pensamiento político, más preocupado ahora, con la crisis económica, en el control del gasto público y la eliminación de la duplicidad de servicios, abren ahora esta posibilidad.

Contribuye a reforzar dicha propuesta la extraña situación que hoy atraviesan las diputaciones, derivada de los siguientes factores con las consecuencias que se reseñan: sostenimiento de actividades y servicios del Estado y de las comunidades autónomas (desatención de servicios propios); permanente auxilio, con cesión de inmuebles y otros equipamientos, a éstas (despatrimonialización); exclusión de las políticas puestas en marcha por las comunidades autónomas (desprecio e ignorancia de las diputaciones); ausencia de participación en los ingresos de las comunidades autónomas (asfixia económica); realización de políticas sectarias respecto a los municipios (descrédito); desmesurados planes de subvenciones a colectivos y organizaciones sociales (establecimiento de redes de clientelismo).

Se concluye de lo anterior que las diputaciones no han sabido ocupar y defender el espacio por la legislación a ellas reservado, la atención a los municipios. El resultado ha sido la transformación de las diputaciones en unas entidades irreconocibles, casi esperpénticas. Recuperar su verdadera función como entidad supramunicipal, volcada en el apoyo a los municipios de menor capacidad, sería uno de los objetivos a lograr por la nueva Ley de Bases del Régimen Local.

Pero estos problemas, de exclusiva responsabilidad de los gestores políticos, no pueden concluir con la supresión de las diputaciones, cuyo arraigo y labor supera y se superpone a tan complicada realidad. Lo que cabe cuestionar no son las diputaciones, que como decimos deben corregir los problemas aludidos, sino los gestores que han dado lugar a esta situación. No es lícito dejar enfermar al perro para luego decir que ya no sirve para guardar el cortijo. Más bien, lo que procede es cuidarlo para que gane fuerza y salud y cumpla su cometido: proteger el caserío y a sus moradores.

Esto es lo que debe hacerse con las diputaciones: dotarlas de medios e instrumentos necesarios para que puedan llegar cada vez con más energía y vigor a los municipios. La duplicidad de servicios que ahora se argumenta como razón para acabar con su existencia no es sino la incapacidad del Estado y comunidades autónomas para ejercer y desplegar sus propias competencias. Antes que proponer la supresión, debería reconocerse el mérito de estas entidades locales dispuestas, con sus limitados medios, a cubrir los vacíos e inoperancia de unas administraciones más dispuestas a eludir sus propias responsabilidades que a dar servicios a los ciudadanos.

La prioridad inexcusable del equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones generales debiera ser, a mi juicio, la de impulsar una definición razonable del Estado autonómico que prefiguró la Constitución de 1978, dejando algo más que cabos sueltos. Una triple crisis —nacional, europea e internacional— está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia como sociedad y, también, la viabilidad de nuestro modelo de comunidad política. La dimensión del riesgo obliga a poner a punto, a definir mejor, el actual marco de organización y convivencia, sin esperar a eventuales interpretaciones de un órgano tan discutido como el Tribunal Constitucional. Porque si toda definición es peligrosa, como advierte el adagio latino, mayor peligro encierra la indefinición. Esta suele confundirse con la improvisación o la arbitrariedad, sobre todo cuando se convierte en el código de conducta de políticos mediocres, imprevisibles por indefinidos.

Sin duda, cuando pase un tiempo y si la definición se ajusta a un pragmatismo prudente, conciliando historia y razón, acabaremos agradeciendo a la crisis el que nos haya obligado a recuperar el sentido común y una conducta pública en la que todos, ciudadanos y poderes públicos, seamos responsables de nuestros propios actos.

La definición del Estado debiera partir de una convicción inequívoca, orientadora de lo que sería, por su trascendencia, un proceso complejo y difícil. Me refiero al reconocimiento de que el Estado, más aún los entes infraestatales, ya no es capaz por sí solo de dar respuesta a los grandes problemas institucionales y económicos que nos afectan. Basta admitir la evidencia de que hoy, ante la envergadura de los retos y de los riesgos que amenazan la estabilidad y el crecimiento económicos, la atención de la opinión pública se fija cada vez más en los acuerdos que puedan adoptarse en los foros internacionales, porque se tiene conciencia de que la entidad de las circunstancias concurrentes ha reducido el espacio nacional a una primera instancia de limitado alcance. El Estado, por tanto, debe ajustar su dimensión a esa realidad, descargándose de aquella ganga que no responda al test de racionalidad instrumental, parámetro inexcusable de su legitimación social. Si aplicáramos, por ejemplo, ese test a nuestra multipolar Administración de Justicia, descubriríamos las consecuencias de una improvisación sin fundamento, mantenida por inercia y sorprendentemente reforzada por la arbitrariedad y la indiferencia.

La complejidad de la operación de puesta a punto de un Estado como el nuestro, ya complejo de por sí, es tal que resulta irreducible a reformas administrativas aisladas, que no pasan de ocurrencias en las que, sin ser desdeñable, se prima la reducción del gasto público sobre la funcionalidad institucional. Tampoco cabe confundirla con meros retoques constitucionales, anunciados a veces enfáticamente como «pactos de Estado», que pretenden solemnizar o proclamar la voluntad de reforma, antes que reformar de hecho la estructura de un Estado como el nuestro, obsoleto por burocráticamente cancerígeno.

Definir el Estado obliga, en todo caso, a tener una visión de conjunto que establezca prioridades sobre el alcance y ejercicio de las respectivas competencias, considerando previamente el impacto que toda iniciativa reformadora tiene, como en una intervención quirúrgica, sobre el cuerpo reformado. La definición se ha de dirigir, por ello, no tanto a soportar más o menos Estado cuanto a disponer de un Estado democrático mejor dotado.

Una empresa de este alcance obliga también a valorar y reestructurar los medios personales y materiales de las distintas administraciones públicas, para poder cambiar el horizonte.

Como puede suponerse, la magnitud del cambio impone, ineludiblemente, la convocatoria de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sin que ello merme la responsabilidad de los dos grandes partidos nacionales. Una vez más, el consenso se revela como el único camino viable para, además de superar el miedo a reformar, renovar la confianza en el pacto constitucional, expresión y fundamento del contrato social que España necesita para superar la crisis.

En cuanto al método operativo, cabe que ese consenso se fragüe mediante la interlocución directa de los partidos políticos, pero también es posible y quizás más útil que, a la manera de las Reales Comisiones que preceden a las grandes reformas en el Reino Unido, la alternativa sea la de una negociación indirecta, con expertos del máximo nivel y representantes de la sociedad civil propuestos por los partidos. Se trataría de configurar un escenario favorable al enfriamiento de la pasión política y dispuesto a facilitar el entendimiento, que debería finalmente formalizarse como iniciativa sujeta a la aprobación partidaria, previa a la tramitación institucional que corresponda.

De esa vía cabe esperar el máximo esfuerzo para integrar todas las realidades que configuran la España de hoy, aunque el pragmatismo debiera respetar el límite de no contradecir o debilitar lo que la mayoría asume como razonable. Porque no se trata de seguir perdiendo el tiempo en voluntarismos arbitristas; tampoco de reinventar nada. Se trata solo de aprovechar la difícil circunstancia en que estamos para rectificar rumbos, sin dar tregua a pesimismos estériles, desde la inteligencia que reconoce la realidad y no la discute.

El tiempo nos urge a superar aquellos obstáculos, y algunos errores, que interrumpen el camino de libertad y progreso recorrido con el esfuerzo de todos. Obstáculos y errores que amenazan ya nuestro bienestar personal y social.

Hoy, cuando la crisis nos descubre la precariedad de lo que somos, podemos preguntarnos si no hemos gastado demasiadas energías, iba a decir perdido el tiempo, en contemplar mudos la puja de identidades territoriales en conflicto, ocupándonos muy poco en consolidar un Estado eficaz, inequívocamente definido como garantía instrumental de una recta administración. Podríamos decir hoy que el culto exacerbado de la identidad ha primado sobre la atención diligente a la intendencia. La esencialidad obsesiva de algunos, carentes del sentido común más primario, puede conseguir que el consenso constituyente, en el que la España democrática se asienta, salte por los aires.

Que nadie se engañe. Esa realidad, irresponsablemente negada o disimulada, no aguarda. Si ahora no ponemos a punto el Estado, por duros que sean los sacrificios, serán mayores cuando otros nos vuelvan a imponer el ajuste.

«Cada cual se fabrica su destino». Cervantes, que lo había aprendido de su propia vida, nos alerta y nos alienta, porque el buen consejo es siempre un mensaje de esperanza. Anima y no paraliza. Esta es la mejor consigna para este tiempo de incertidumbre, en el que nos toca decidir y dar la medida de lo que somos. El Estado social y democrático de Derecho, que libremente adoptamos hace un tercio de siglo, está en nuestras manos.

Los derechos que en las modernas legislaciones propias de un Estado de Derecho merecen el calificativo de «fundamentales» vienen a ser una transposición de los derechos humanos que tantos siglos costó conquistar y que, aun ahora, en muchos países no merecen el respeto que les es debido.

La aparición de un catálogo de derechos que se revelan inherentes a la persona y que tienen en la dignidad de la misma como sustrato troncal de todos ellos su propia raíz es algo que florece a partir del pensamiento racionalista, enciclopédico y de la ilustración allá por los siglos XVII y XVIII y que poco a poco, aunque no sin dificultad, se va abriendo paso con posterioridad hasta llegar a la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En esta línea de reconocimiento de los Derechos Humanos y como más reciente proclamación a nivel mundial sería de mencionar, también, la Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006, referida a personas discapacitadas, que viene a constituir el primer tratado internacional en esta materia del presente siglo XXI.

Es, por tanto, signo revelador de una nueva y moderna configuración jurídica de la persona y del ciudadano el que en los textos constitucionales o en las normas asimiladas de los distintos países del mundo civilizado se consagre una relación de derechos que, por su condición de básicos en el seno de una sociedad constituida en democracia, se erigen en principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico a los que habrá de someterse el resto de normas que lleguen a integrar dicho ordenamiento. Lo que son unos principios esenciales de toda convivencia humana en el seno de una sociedad democrática se convierte, desde una perspectiva subjetiva, en derechos fundamentales de la persona y del ciudadano.

Hasta aquí, parece que no debiera haber la más mínima discrepancia, y la preponderancia de los llamados derechos fundamentales se revela como algo indiscutible e indiscutido.

Ahora bien, existe, asimismo, un principio, igualmente jurídico, que establece que ningún poder o derecho —y por tanto, tampoco los conocidos como fundamentales— puede ser absoluto, sino que habrá de tener sus propios límites, dentro de los que debe operar en el ámbito de la colectividad en la que se actúa o ejerce.

De aquí que llamen poderosamente la atención algunos comportamientos sociales y actuaciones públicas que, en un desproporcionado entendimiento de lo que es y representa el ejercicio de un derecho fundamental, asuman actitudes o lleguen a adoptar decisiones que pretenden desconocer la concurrencia de otros derechos —algunos, incluso, de la misma jerarquía normativa— que se hallan precisados, igualmente, de la necesaria protección.

Los movimientos producidos en muchas ciudades españolas en protesta por el desenvolvimiento de la democracia y por la actuación de las elites políticas, sociales y económicas en nuestro país han desbordado, palmariamente, el legítimo derecho de la ciudadanía a expresar su rechazo y cansancio por el rumbo seguido en el desarrollo del Estado Social y Democrático instaurado en el artículo 1. 1. de la Constitución vigente desde 1978. Y es que resulta ciertamente desproporcionado y manifiestamente anómalo el que, con desprecio de las más elementales reglas relativas al ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y de manifestación no solo se invada la vía pública de tal forma que haga inviable su acceso para el resto de ciudadanos que siguen manteniendo su derecho a transitar libremente por la misma, sino, lo que es peor, que se desoigan, desobedeciéndolas, las resoluciones dictadas por las autoridades competentes en orden a la disolución de concentraciones y al desalojo de lugares públicos, sin que por parte de las fuerzas encargadas de cumplir tales resoluciones se llegue a adoptar medida alguna para hacerlas efectivas. Esto no es, en modo alguno, esa «democracia real» que, curiosamente, se reclama, porque el imperio de la Ley es lo que tiene que caracterizar una sociedad moderna y actualizada y lo que debe distinguir a los Estados de Derecho en los que la norma jurídica se erige en el verdadero «poder de los poderes».

Por otra parte, ciertas resoluciones de amparo constitucional no llegan a ser muy entendibles, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para el jurista avezado al estudio y seguimiento de los problemas jurídicos. Y así, por ejemplo, que el derecho de huelga, cuyo carácter fundamental nadie debe poner en duda a la vista del artículo 28. 2. del texto constitucional ya mencionado, llegue a traspasar con notoriedad no solo el marco, sino también los márgenes del contrato de trabajo dentro del que debe tener su propio asiento o, en otro aspecto, alcance a desvirtuar conductas manifiestamente delictivas y admitidas como tales que, incluso, llegan a entrar en colisión con otros principios básicos o derechos fundamentales, como son el sometimiento al ordenamiento jurídico, el respeto a la dignidad de toda persona, la igualdad sin discriminación, la preservación de la integridad física y moral, la libertad y seguridad, el honor y la intimidad…, es algo que resulta difícilmente asimilable y que las propias resoluciones judiciales que imponen la trasgresión de aquel derecho fundamental de índole laboral vienen a poner de relieve al haber sido adoptadas por la mínima mayoría exigible o con el ejercicio de un voto de calidad, lo que origina una cadena de otros discrepantes.
Cuando se habla de derechos se omite, frecuentemente, el correlativo margen de deberes que impone su ejercicio para no derivar en una situación de anarquía que repugna a toda sociedad que ha establecido la ley y el derecho como marco y guía de su desenvolvimiento como colectividad.

En este sentido, resulta oportuno recordar aquí que el artículo 29 de la ya mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene deberes respecto de la comunidad» y que se halla «sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática».

Cabría preguntarse si en el ejercicio de los incuestionables derechos fundamentales de libertad de expresión, de manifestación y de huelga, a los que se ha hecho referencia, se ha tenido en cuenta la observancia de esos deberes respecto a los ciudadanos en general o a los afectados en particular.

Exactamente desde el miércoles 12 de mayo de 2010, recortar es, en España, la palabra de moda. Tras una tormentosa reunión del Ecofin celebrada el fin de semana anterior, el presidente del Gobierno se vio obligado ese día a dar un giro radical a su política económica y anunció en el Congreso drásticas medidas de contención del gasto público. La fiesta se acabó y empezaron los recortes para reducir el déficit. El Estado empezó primero, sigue recortando y más lo debe hacer, pero el déficit alcanzaba también a las demás administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas, si no queremos, como espero, recortar el presupuesto de la Seguridad Social.

Las comunidades se han ido construyendo, en estos años de alegre irresponsabilidad, siguiendo el modelo catalán: como pequeños estados centralistas con fines generales y no como instituciones con competencias de muy amplio alcance pero limitadas. Así, nos encontramos con una proliferación de órganos sobredimensionados que exceden estas competencias y que duplican funciones de otras administraciones. Adelgazar es la palabra que comúnmente se usa junto a recortar y creo que es correcta. Uno no adelgaza para morirse o para vivir peor, sino todo lo contrario: lo hace para reforzar su salud. Así pues, hay que adelgazar a las administraciones públicas para que estas tengan una mejor salud, es decir, suministren mejores prestaciones a un menor coste. Todos aquellos que las conocen desde el interior, o de cerca, saben que ello es posible y, desde hace años, deseable.

Tras el ejemplo del Estado central, y presionados por este, las comunidades han empezado a hacer los deberes con ritmo diverso, debido, lamentablemente, a los calendarios electorales respectivos. Así, empezó Catalunya con el nuevo Gobierno Mas y, tras las elecciones del pasado junio, están siguiendo el mismo camino las demás comunidades, especialmente, Castilla-La Mancha y Galicia. En Baleares, el nuevo presidente Bauzá suprimió sin pensárselo dos veces 92 de las 168 empresas públicas existentes. Todos, o casi todos, están, pues, mentalizados.

Sin embargo, donde el grado de rechazo ha sido mayor es en Catalunya, en especial por los recortes en el campo de la sanidad pública. Por desconocimiento de la materia no puedo entrar a juzgar si la reducción de déficit sanitario se está haciendo bien, es decir, si se disminuye el gasto sin que empeore el servicio. En todo caso, en un campo que por experiencia me es próximo, como es la universidad, estoy seguro de que la disminución del gasto no necesariamente debe repercutir en un mal funcionamiento del servicio. Casi diría que al contrario: una racionalización del sistema universitario que mejorara su funcionamiento podría llevarse a cabo con menos recursos. Los problemas de la universidad no son económicos sino de otro orden. Por tanto, los recortes presupuestarios no siempre son malos ni los aumentos de dotación económica siempre son buenos. Malas o buenas son, en todo caso, las políticas que se llevan a cabo.

Lo que quizás no se acaba de entender en Catalunya es que se cierren quirófanos mientras subsisten instituciones y órganos de más que dudosa necesidad y eficacia. Es el caso, por ejemplo, de los 41 consejos comarcales, con un presupuesto de 556 millones, 1.040 consejeros y 1.600 funcionarios. O también de instituciones como el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, la Comissió Jurídica Assessora, la Oficina Antifrau o el Consell de Treball, Econòmic i Social, que en conjunto tienen asignados 35,1 millones de euros. ¿Tantos millones son necesarios para las funciones que realizan? ¿Es necesario que realicen estas funciones? O el CAC, con sueldos por encima de los 100.000 euros. O la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –TV3 y Catalunya Radio–, con un déficit crónico que, aun habiendo últimamente disminuido, alcanza este año aproximadamente los 350 millones.

Tampoco se entiende la eficacia de ciertas subvenciones y aquí la enumeración se alargaría demasiado. Pero, aun sabiendo que es una materia sagrada, ¿son necesarios 159 millones para el fomento del uso del catalán? Quién se aprovecha de ello, y de otras subvenciones al catalán, ¿la lengua o algunos catalanes avispados? Por último, ¿es coherente para un gobierno como el de Mas, tan liberal en economía, seguir auspiciando, con un alto coste económico, a la empresa Spanair, una línea aérea catalana de capital público y privado, una mala idea del tripartito que desde sus inicios ya se vio que estaba abocada al fracaso? Las pérdidas del 2009 fueron de 85 millones, las del 2010 fueron de 115 y este año les está salvando de la quiebra un crédito de 56 millones que alguien, algún día, tendrá que pagar, y ya podemos imaginar quién va a ser.

¿Hay que recortar? Pues recortemos. Pero ¿dónde? Pero todo se aceptaría mejor si antes de afectar a ciertos aspectos de la sanidad se modificaran otras partidas presupuestarias. Aunque me temo también que hay materias intocables, ¡y hasta innombrables! Construir un Estado en lugar de una comunidad autónoma resulta carísimo.

La tabla de derechos de la Constitución española es bastante extensa, una de las más completas de las promulgadas hasta este momento en Europa o América. Pero esto no quiere decir que todos los derechos fundamentales se encuentren ya tutelados en nuestra Norma Suprema.

Fue demasiado pretencioso el constituyente español en su afán omnicomprensivo y no dejó abierta la lista de los derechos que deben ser amparados. No se tuvo en cuenta la certera advertencia de los estadounidenses en 1789, al introducir en su Constitución la siguiente enmienda: «La enumeración de ciertos derechos que se hace en esta Constitución no debe interpretarse como denegación o menoscabo de otros derechos que conserva el pueblo» (Art. IX).

Recientemente naciones próximas a nosotros han modificado sus constituciones para dar cobijo en ellas a derechos fundamentales nuevos, que acaso no eran suficientemente relevantes en 1978, y admitiendo -lo que me interesa destacar- que pueden existir otros derechos de naturaleza análoga a los que figuran en las tablas oficialmente publicadas. Derechos constitucionales atípicos, en unos casos, de contenido material no formalizado en otros, y que son, en definitiva, derechos extraconstitucionales o derechos nuevos.

Los portugueses dieron el paso adelante con el artículo 17 de su Norma Suprema, revisado en 1982: «El régimen de derechos, libertades y garantías se aplica a los enunciados en el Título II y a los derechos fundamentales de naturaleza análoga». Resulta insatisfactorio, por otras causas, el sistema luso de cobertura de los derechos y libertades. Pero la atención prestada por la doctrina portuguesa a los derechos extraconstitucionales, con la advertencia de que los actuales catálogos de las constituciones resultan incompletos, nos obliga a meditar sobre una posible enmienda a lo nuestro, que derribe los obstáculos para el reconocimiento de nuevos derechos, pues la interpretación generosa que propicia el artículo 10.2 de la Constitución española no colma ya las legítimas pretensiones.

Y es que ese precepto 10.2 se limita a estipular que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. Se trata, sin duda, de una norma de interpretación que permite enriquecer el patrimonio cívico de los españoles. Somos titulares de unos derechos, enumerados en la Constitución, los cuales quedan reforzados por las proclamaciones supranacionales de mayor extensión o intensidad. Pero estos derechos robustecidos al máximo siguen siendo los expresamente reconocidos en el texto constitucional. Por el contrario, son los extraconstitucionales, aquéllos que fueron infravalorados en el texto de 1978, o de difícil captación entonces, los que en este momento debemos tener en cuenta para dar plenitud al proyecto democrático.

Otra nación entrañable del mundo iberoamericano, como es Argentina, se mostró sensible a estas pretensiones democráticas, y en su reforma de 1994 dedicó un capítulo del texto constitucional a Nuevos derechos y garantías (arts. 36 a 43). Es cierto que algunos de estos derechos, denominados corrientemente de la tercera generación (primera generación de derechos, los políticos o cívicos; segunda generación, los económicos y sociales; tercera generación, los derechos de solidaridad o colectivos) figuran ya en nuestra tabla de 1978. Pero aún más que el recuento pormenorizado, lo que me importa subrayar es que en Argentina, como en Portugal, no se cierran las puertas a futuros derechos. El viejo artículo 33 de la Constitución de Argentina facilitó la ampliación. Vale la pena transcribirlo (si bien la «forma republicana de gobierno» ha de leerse al modo francés, que no excluye los regímenes democráticos de las grandes monarquías europeas): «Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno».

En la doctrina argentina se distingue, antes y después de la reforma de 1994, entre derechos explícitos, derechos inferidos (consecuencia de los explícitos), derechos no enumerados en la Constitución y derechos imputados (creados por la jurisprudencia). Nunca, pues, un númerus clausus.

La República Dominicana, en su reciente Constitución (26 de enero de 2010), ha introducido un precepto que hace felices a las feministas más radicales: «Los géneros gramaticales que se adoptan en la redacción del texto de esta Constitución no significan, en modo alguno, restricción al principio de la igualdad de derechos de la mujer y del hombre» (art. 273). Es una norma a tener en cuenta que allí, en aquella República hermana, resulta quizás innecesaria pues siempre se menciona a las dominicanas al mismo nivel que a los dominicanos.

Conveniente y oportuno, en este momento de aceleración de la historia, con cambios en un decenio de más alcance que los que se registraron en siglos completos anteriores, cuando la fulgurante tesis del fin de la historia ha caído en el foso de los olvidos con la misma rapidez con que se propagó; conveniente y oportuno, digo, es mantener abiertas las constituciones para la recepción de cualquier derecho fundamental que merezca ser acogido y protegido en ellas. Por ejemplo, aún no hemos proclamado constitucionalmente el derecho a la paz. Y en esta época de televización de lo público, es otro derecho fundamental el derecho a no sentarse en el banquillo, el banquillo de los acusados, sin que previamente se hayan resuelto en el proceso las cuestiones (verbigracia, las peticiones de nulidad) relativas a la tutela judicial efectiva, sin indefensión.

Anticipo estas muestras de derechos fundamentales de distinto perfil y vario colorido. Los ciudadanos que nos sucedan en esta vida terrenal reclamarán, sin duda, otros derechos que nosotros apenas atisbamos en el horizonte democrático.

el caminar de la historia va por esta dirección. Derechos extraconstitucionales ganan, poco a poco, estatuto constitucional. En los últimos años, sin embargo, empieza a cobrar fuerza un movimiento jurisprudencial de signo contrario. El Tribunal Supremo estadounidense, bajo la dirección de William Rehnquist, quería expulsar del ordenamiento jurídico derechos que fueron paciente y eficazmente amparados cuando Warren E. Burger pilotaba aquella Corte de Justicia. Si el reloj de la jurisprudencia se hubiese parado en ese momento, y dada la influencia de EEUU en todos los países, probablemente pronto nos habríamos encontrado con otra clase de derechos extraconstitucionales, o sea, los erradicados del sistema liberal después de haber pertenecido al mismo.

Lo que Rehnquist y sus correligionarios predicaban era la vuelta a los orígenes, el retorno a los años fundacionales, con una tutela circunscrita a los derechos que los padres de la Nación estadounidense defendieron y consignaron en sus documentos, a finales del siglo XVIII. Parece una herejía histórica este originalismo, pero la aventura cuenta con numerosos entusiastas.

El mismo propósito fundamentalista se postula por el textualismo, la interpretación literal de las normas protectoras de derechos y libertades públicas, a fin de no admitir otros valores constitucionales en el presente ordenamiento. En suma, la desconstitucionalización de cuanto se pueda y la reducción al mínimo del capital jurídico de los ciudadanos. El mundo de 1978 no era el mundo de 1787, ni el de 1791, el que obligó a incorporar las Diez Enmiendas, o Bill of Rights, a la Constitución de EEUU.

Hace más de 30 años se captaron en España los derechos de la etapa final del siglo XX. Pero no fueron incluidos en el texto constitucional todos los derechos fundamentales. Bueno sería tomar conciencia de ello. Las constituciones, como los árboles, o crecen, o mueren.

El debate no es nuevo pero ahora lo tenemos planteado en carne viva, debido al descubrimiento que acabamos de hacer sobre el pozo de deuda pública en el que estamos metidos y desde donde hacemos todo tipo de aspavientos para salir a la superficie. Entre ellos está la polémica sobre las administraciones. ¿Tenemos muchas, tenemos pocas, están mal organizadas, se pueden perfeccionar, es mejor abandonar todo intento? Preciso es tener en cuenta, a la hora de adentrarse en este bosque, que las administraciones de las que hablo son correosas, dijérase que tienen la piel del proboscidio, por lo que ofrecen resistencia inusitada a ser perforadas.

En España tenemos, según creo, muchas administraciones. Demasiadas para las que un cuerpo social moderado y que pretende ser elástico puede soportar. 17 comunidades autónomas -más dos ciudades igualmente autónomas en el norte de África-, 50 provincias, más de 8.000 municipios, miles de entidades locales menores, comarcas, mancomunidades… Un festival para los juristas, para los abogados, para los políticos. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿No estarían más satisfechos con un aparato administrativo más ligero, más portátil?

Sin necesitar dotes de arúspice, es fácil sostener que el contribuyente, ese ser que gime bajo el peso del despiadado ejercicio de la potestad tributaria, se alegraría si en ese bosque espeso se hiciera algún clareo que dejara penetrar un poco más de luz, aquella luz que dicen reclamaba Goethe en el momento de ofrendar su vida a la eternidad.

La gran lanzada se ha proyectado recientemente sobre las provincias. Incluso alguna voz, con reconocida autoridad en la política española, ha llegado a anudar la desaparición de las provincias a la salvación del sistema sanitario público. Un desvarío que ha sido seguido de otros como esos ecos que se multiplican en las anfractuosidades de una cordillera. A mi modesto entender, afrontar este asunto exige recordar que en España tenemos espacios donde han desaparecido las organizaciones provinciales -las comunidades autónomas uniprovinciales-, territorios insulares que tienen sus específicas soluciones, supervivencias de las guerras carlistas como son las históricas forales -de Navarra y del País Vasco-, en fin, diputaciones normales en las comunidades autónomas pluriprovinciales. Entre éstas, a su vez, la prudencia aconseja distinguir entre aquellas que disponen de dos o tres diputaciones -Valencia o Extremadura- y las que cuentan con un número más abultado -las dos Castillas, Andalucía…-.

Toda fórmula simplificadora debe por tanto rechazarse. Menor atención si cabe merece la de ligar las churras provinciales con las merinas de la sanidad porque, si así se hiciera, antes habría de planearse un homenaje al papel que las diputaciones tuvieron en la modernización de una parte de nuestro sistema sanitario público, luego engullido ciertamente por el del Estado, pero tras un momento de esplendor provincial inequívoco.

¿Qué hacer con esta barroca situación? Creo que fue un error dotar de rigidez constitucional a la organización provincial porque su diseño exige soluciones diferenciadas. Ahora bien, contando con este rígor mortis a lo mejor sería bueno desempolvar las fórmulas que la comisión de expertos presidida por García de Enterría propuso a comienzos de los 80: a saber, utilizar los servicios provinciales como estructuras para el ejercicio provincial de las competencias autonómicas. Este consejo no se siguió porque, para los responsables de las autonomías, crear un aparato administrativo aquí y acullá les resultaba más apetecible que un bizcocho recién horneado y, encima, bien relleno con la crema pastelera de las tentaciones políticas. ¿Por qué en vez de dirigir nuestros dardos contra las provincias, constitucionalmente encapsuladas, no lo dirigimos contra la robusta estructura periférica de las comunidades autónomas?

Y ya que hablamos de éstas, algún día será preciso pensar en reducir su número. Tenemos más autonomías que Länder los alemanes cuando ellos nos doblan en población. Y, sin embargo, desde hace años está allí pendiente una reforma territorial destinada a su reducción. A tal efecto se han hecho muchos estudios de los que se extrae la conclusión de que los actuales 16 Länder deberían quedar en seis o siete. Es verdad que esta renovación esta remitida ad calendas graecas o puesta en el hielo, por utilizar la expresión alemana. Pero la discusión ahí está. Y me pregunto y pregunto: ¿nosotros no podemos tratar este asunto? Creo que algún día se hará y por eso siempre me ha parecido un disparate el proyecto de llevar los nombres de las comunidades autónomas al texto constitucional. Otro error que sería primo hermano del cometido con las provincias.

¿Y qué pasa con los municipios? Es bien probable que, cuando se haya consumado la revolución de las estructuras administrativas que los tiempos modernos reclaman y que afectan al mismo Estado, nos siga quedando pegado en los bolsillos el polvo municipal y ello por grande que sean las convulsiones de la globalización. No olvidemos que toda la inmensa Odisea gira en torno a la pequeña Ítaca de la misma forma que el enorme Ulises está centrado en un día cualquiera de la ciudad de Dublín.

En muchos países europeos se ha producido en el último tercio del siglo XX una supresión drástica de municipios. La Alemania anterior a la reunificación pasó de 25.000 a 8.000 en los años 70 como consecuencia de leyes específicas aprobadas en los parlamentos de los Länder. Y que, por cierto, dieron lugar a una cantidad apreciable de pleitos constitucionales, planteados por las autoridades locales, todos ellos desestimados sin que hicieran mella en los magistrados las invocaciones altisonantes a la autonomía local. Y un proceso análogo está en marcha en los nuevos Länder.

Lo mismo podemos decir de Bélgica que, por la misma época, dejó contraído su número de municipios de 2.700 a menos de 600. Y Dinamarca vivió algo semejante. Francia ha tenido menos suerte porque la Ley Marcellin, de principios de los 70, cosechó escasos efectos prácticos y ahora existe un plan que llega hasta 2014. En Grecia, Italia y Portugal son las autoridades europeas las que están forzando los cambios.

En España reducir el número de municipios, sobre la base de acuerdos voluntarios y, si no se logran, aplicando el bisturí, es indispensable. Pero no para ahorrar, porque los pequeños ayuntamientos generan muy poco gasto siendo los grandes los que exhiben cifras de sonrojo. Es decir, la reducción del número de municipios no debe ser -o no debe ser tan solo- parte de una política de ahorro sino de una política de mejora de la calidad de la democracia pues un ayuntamiento que representa a pocos vecinos antes es familia que organización política seria. Y de perfeccionamiento en la oferta de servicios. Cuando un ayuntamiento no los presta o ha de recurrir para hacerlo a mancomunarse con otros es que algo ha ocurrido en ese tejido social y la ley ha de ofrecer la respuesta adecuada.

Ahora bien, como trámite previo a todos esos esfuerzos, podríamos empezar -como ya se está haciendo en parte- con meter en el quirófano a las miles de sociedades, falsas fundaciones y otros entes instrumentales que se han creado sobre todo en los grandes municipios, en las provincias y en las comunidades autónomas como nidos de despilfarro y de clientelismo político. Si no lo hacemos así, estaremos disparando sobre un blanco equivocado.

Sépase en fin que el citado bisturí sobre el cuerpo municipal ha de ser empuñado por el Gobierno y por los parlamentos de las comunidades autónomas. Primero, por exigencias constitucionales, de los estatutos de autonomía y de la Ley de Régimen Local. Segundo, porque las comunidades autónomas tienen un magnífico espacio para demostrar que sirven para atender sus asuntos cercanos, cabalmente la propia ordenación de su espacio. Si no son capaces de esto, estarán poniendo de manifiesto que, desde lejos, se legisla y administra mejor. Lo que comprometería la dignidad y aun el sentido mismo de su papel institucional.

Salvar la vida municipal, que es a un tiempo cosmopolita, decadente y vanguardista, merece la pena.

La defensa de lo público hace vivir la democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura, la ética. Ellas son las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.

La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.

No es, sin embargo, una discusión sobre problemas económicos, cuyos entresijos y burbujeos desconocemos, a lo que voy a referirme, aunque haya siempre un principio de honradez y verdad en el que, seguro, todos nos entenderíamos. Aludiré únicamente a una de esas frases vacías que hincha las palabras de ciertas oligarquías. Desde hace años, de nuevo en estos días, como manifestación del menosprecio por la enseñanza pública y por sus profesores, se habla de la libertad de los padres para elegir el centro en el que educar a sus hijos. Esa defensa libertaria no tiene que ver con el deseo de que se practique en la educación una verdadera libertad: la libertad de entender, de pensar, de interpretar, de desfanatizar, de sentir. Libertad que, por encima de todas las sectas, debería fomentar la combatida Educación para la Ciudadanía y la identidad democrática. Una libertad que enseñase algo más que la obsesión por el dinero y por el solapado cultivo de la avaricia. A lo mejor, esa educación les obligaba a dimitir a algunos personajes de la vida pública, por vergüenza del engaño que arrastran y contaminan. Mejor dicho: haría imposible que se dieran semejantes individuos.

Ese sermoneo se funda sobre todo en el fomento de la privatización de la enseñanza que alimenta el dinero y la desigualdad. ¿Pueden gozar de esa libertad todos los padres? ¿También los de los barrios más modestos de las grandes ciudades? ¿Pueden ser libres para mandar a sus hijos a esos colegios privados? Centros que proliferan por nuestro país y que apenas pueden compararse, a pesar de sus supuestas y publicitadas excelencias, con cualquier colegio o instituto público de Francia o Alemania. Por lo visto los padres franceses o alemanes ni siquiera se han planteado esa posible libertad que, lógicamente, no necesitan. En ese mismo derrotero andan algunas universidades, que anuncian sus excelencias pregonando que “los alumnos encontrarán las profesiones que les permitirán colocarse rápidamente en la empresa”. ¡Magnífico ideario para fomentar la vida universitaria, la pasión por el saber, el crear, el innovar! En el fondo, toda esa propaganda libertaria es fruto de planteamientos políticos, de dominio ideológico, de sustanciosos prejuicios clasistas, que con doble o triple moral predican libertad, cuando lo que realmente les importa, aunque quieran engañarse y engañarnos, es el dinero. Solo por medio de una ideología de la decencia, de la justicia, de la lucha por la igualdad, tan problemática siempre, puede alzarse el sistema educativo de nuestro país, de todos los países. No puedo por menos de citar un texto de Giner de los Ríos, entre muchos de los que podrían citarse del olvidado precursor: “El dogmatismo, el dominio sectario sobre los espíritus, el afán de proselitismo doctrinal, tantas otras formas de opresión y de coacción muestran cómo esa tutela se corrompe, y en vez de disponer gradualmente al hombre para su emancipación procura disponerlo para perpetuar su servidumbre”.

En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.

Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo “maravillosamente dotado para la sabiduría”, como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, de la honradez. Es importante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.

Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia y la sensibilidad. Las opiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.

Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?

La democracia es un sistema político que inflama nuestras expectativas; nos hace creer en cosas tan irrenunciables e imposibles como que una sociedad libre se gobierna por sí misma, que son idénticos los que gobiernan y los gobernados. Este ideal de autodeterminación forma parte de las ficciones útiles para la democracia, lo que no significa que sea un ideal del que debamos prescindir, pero que tampoco refleja un hecho cierto o un derecho literalmente exigible. Es, como tantas propiedades por las que definimos una democracia, un horizonte, un principio crítico o normativo, o sea, como siempre, algo más complejo de lo que pudiera dar a entender su mera formulación.

Buena parte de los debates que ha suscitado el movimiento del 15-M han puesto de manifiesto las paradojas de la soberanía popular. Se trata de una tensión que atormenta desde sus inicios a las teorías de la democracia. Por un lado, el ideal de una democracia plena (para muchos, pensada sobre el modelo de una democracia directa), el deseo de participación, la exigencia de una ratificación popular de las decisiones, que la representación refleje con la mayor precisión posible a lo representado, mandatos más rígidos por parte de los electores, reivindicación de que los representantes cumplan lo que prometen… Desde esta aspiración, votar parece muy poco.

Estas pretensiones no son nuevas y frente a ellas hay posiciones más realistas que sostienen, con distintos matices, que la mayor democracia a la que podemos aspirar es una oligarquía competitiva. Al mismo tiempo, no es fácil adivinar cómo puede ser una democracia sin organismos que intervienen en las decisiones políticas y que no hemos elegido o solo de manera muy indirecta (como los jueces, las autoridades independientes o determinados organismos internacionales). Por otro lado, la experiencia nos enseña que la democracia no está hecha siempre por demócratas, sino por jacobinos y férreos aparatos, defendida por leyes de excepción y sostenida por una opinión pública que detesta a los partidos, pero especialmente a aquellos que no están unidos, es decir, en los que hay crítica y libertad de expresión.

Para comprender la inocencia de las primeras formulaciones de la autodeterminación democrática hay que tener en cuenta que la democracia representativa surgió en un momento en el que era pensable la armonía de intereses y valores en la sociedad. La democracia moderna se concibe con anterioridad a los grandes conflictos sociales de la era contemporánea y al actual pluralismo político. De ahí el antipartidismo de los fundadores de la democracia inglesa y americana, que ha tenido su continuidad en las democracias orgánicas del XX y en los actuales populismos (o en la generalizada aversión hacia los partidos). Supuesta la posibilidad y la conveniencia de que todos quieran vivir bajo las mismas leyes, los partidos eran entendidos como facciones, artificios que rompían la unidad natural de las sociedades. Incluso la idea misma de oposición carecía de sentido. Si el autogobierno del pueblo es literal, si coinciden los que gobiernan con los gobernados, no existe derecho de oposición. La idea de que la gente pueda oponerse a un gobierno elegido mayoritariamente tardó en abrirse paso.

¿Cómo definimos el ideal de autodeterminación en sociedades grandes, complejas y con preferencias heterogéneas, en las que no parece posible evitar que, al menos algunos y durante algún tiempo, vivan bajo leyes que no les gustan? La solución a este dilema ha sido la idea de representación, condensación institucional de una experiencia que nuestra retórica tiende a ocultar: que la democracia es un sistema representativo significa que los ciudadanos no gobiernan, que es inevitable ser gobernados por otros. No hay elecciones todos los días y en lo que elegimos hay cosas que nos gustan menos, los mandatos son vagos, los electores dejamos ciertos márgenes de maniobra a los elegidos, la exigencia de unanimidad (en la que se realizarían los deseos de todos) es imposible y bloquea…

De entrada, si en las sociedades complejas los ciudadanos no gobiernan -no gobiernan todo, ni continuamente, ni todos los detalles- es porque hay una dimensión de delegación: los Gobiernos deben ser capaces de gobernar. Si los Gobiernos únicamente hicieran aquello a lo que están autorizados expresamente por las elecciones, esto supondría muchas limitaciones a la hora de gobernar. Cualquier liderazgo tiene costes inevitables en términos de autorización democrática, distanciamientos exigidos por la adopción de decisiones (especialmente de algunas, que solemos llamar “impopulares”). O justificamos democráticamente esa “distancia” o no tenemos argumentos para oponernos al populismo plebiscitario, que cuenta, a derecha e izquierda, con impecables defensores.

La noción de autogobierno no es incoherente ni impracticable salvo que se formule de una manera débil: una democracia no es un régimen en el que se hace lo que todos queremos sino un régimen en el que las decisiones individuales tienen alguna influencia en la decisión colectiva final. La democracia es el sistema que mejor refleja las preferencias individuales, nada más y nada menos.

Toleramos que otros nos gobiernen porque es posible la alternancia, que es el procedimiento que permite realizar el ideal de autogobierno en sociedades complejas. Aunque estemos gobernados por otros, podemos estar gobernado por otros diferentes si así lo queremos. Como dice Bernard Manin, la libertad democrática no consiste en obedecerse únicamente a uno mismo, sino en obedecer a alguien en cuyo lugar puede encontrarse uno mañana. Por eso las elecciones son el instrumento fundamental del autogobierno. En ellas se trata de elegir a quien gobierna por mandato del pueblo. Entre todos los instrumentos de participación política, las elecciones son el más igualitario. Aunque la participación electoral no sea perfecta, son un mecanismo político más importante que cualquier otro procedimiento de participación, que privilegian frecuentemente a quienes tienen más recursos para participar.

En virtud de las elecciones, quienes tienen el poder se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de él mediante unos procedimientos establecidos; quien está en el Gobierno se ve obligado a anticipar esa amenaza. En ese momento se visualiza que la política nos introduce en un mundo en el que hay que responder y dar cuentas, que el poder no es absoluto porque está obligado a revalidar, que la política no da más que oportunidades a plazos.

Por supuesto que las elecciones, siendo muy importantes, no deberían ser idealizadas como si la democracia no tuviera ninguna otra exigencia. Pero gracias a esa institución se mantiene viva y se reitera la promesa de autodeterminación democrática. Al final va a resultar que algo tan corriente y poco extraordinario, que nos sabe a poco y que apenas interesa a una mitad de la población, es lo que mejor refleja el ideal de autogobierno y nos protege frente a la apropiación del nosotros por cualquier mayoría triunfante.

Nuestra condición política es algo que nos permite a los seres humanos hacer un gran número de cosas pero que plantea no pocas limitaciones. Ahora bien, ser conscientes de los límites es fundamental para poder empujar esos límites todo cuanto se pueda; así no criticaremos a la democracia por no proporcionar lo que no debemos esperar de ella y estaremos a salvo de los llamamientos demagógicos que prometen lo que no se puede prometer.

Habrá quien considere que esta disquisición es poco ilusionante y que arroja un jarro de agua fría sobre nuestras mejores expectativas en relación con la calidad de la democracia. Pero estoy convencido de que la experiencia política incluye una cierta desmitificación de la democracia, lo que no nos impide ni apreciarla, ni defenderla ni abandonar el trabajo por mejorarla. Más bien al contrario: son las expectativas desmesuradas lo que más puede cegarnos frente a las reformas posibles. La cuestión es distinguir qué insatisfacciones corresponden a defectos que deben corregirse y cuáles son consecuencia de la limitación de la condición humana y de nuestras formas de organizarnos. Saber en qué, cómo y cuándo no existen alternativas es fundamental para desenmascarar a quienes apelan interesadamente a que no hay alternativas cuando puede y debe haberlas.

La Constitución española de 1978 está hoy en riesgo de extinción. O sea, de muerte por incumplimiento, por falta de respeto o por pérdida de su energía vivificadora: el consenso. Si seguimos así la Constitución puede perder su virtualidad básica de regular la convivencia y dar expresión a una voluntad de vivir juntos.

La Constitución nació en clima de consenso muy amplio. Fue esa su principal virtud. El gran acuerdo, a la salida del franquismo, se fraguó en el seno de la generación de la Transición, formada por quienes nacimos -año más, año menos- entre 1930 y 1945. Entre nosotros hubo gentes de ideología muy diversa y antagónica. Pero escogimos, en contra de nuestras tradiciones y hábitos ancestrales, ceder -todos- un poco. Y así nació la Constitución.

Ahora venimos sufriendo un drástico empeoramiento en el clima de nuestra convivencia. La generación de la Constitución ha hecho mutis. Las generaciones más jóvenes andan indignadas, con bastante razón, porque nadie les preguntó nada, no se sienten representadas y además padecen un paro escandaloso. Al mismo tiempo, el cambio climático consistió en una degradación del diálogo político, en un encono y unos enfrentamientos verbales que causan sonrojo. Los dos grandes partidos ya no buscan lugares de encuentro. Las leyes orgánicas no se aprueban por amplio acuerdo. Las saca el partido gubernamental con sus votos, complementados por nacionalistas, a los que se les va traspasando, de la otrora gran alcachofa de competencias estatales, una hojita cada vez, a la que, a veces, tenían perfecto derecho. Por su parte esos partidos nacionalistas actúan con frecuencia como si no existiese Constitución o no regulase su conducta. Se desentienden de ella. Es una situación grave. Así no se puede seguir, entre otras razones porque se acabó la alcachofa. Y ya solo piden la autodeterminación o la independencia.

Con 33 años de vigencia formal sin apenas modificación, nuestra Constitución debería haber sido ya reformada en aspectos sustanciales, siempre mediante un consenso equiparable al de 1977-1978. No ha sido así. Solo se han producido inciertas mutaciones constitucionales, o sea, cambios reales, sin reforma explícita. Mutaciones discutibles que, a veces, solo quedan respaldadas por mayoría rasposa en un Constitucional incompleto, dividido y en crisis.

En nuestro caso el cambio climático ha degradado la discusión política con pérdida de altura, precisión y transparencia. Los políticos se han enzarzado en un tipo de argumentación ad hominem, en el “más eres tú”, en la aplicación sistemática de la ley del embudo, en denunciar la paja en el ojo ajeno, conolvido de la viga en el propio. Les gusta meter el dedo en el ojo al adversario político, como ya hemos visto en el fútbol. Entre tanto, el debate público se ha reducido a un penoso intercambio de reproches sobre trajes y facturas, EREs para amigos o parientes, faisanes, pillerías varias y hasta delitos o presuntos delitos.

El resultado es que la clase política ha caído en lo más bajo de la credibilidad social. Lo dicen las encuestas y no se equivocan mucho. Nos encontramos en una situación insostenible.

La reciente reforma del artículo 135 de la Constitución no ha resuelto gran cosa. Ha habido voces discrepantes en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Pero no se ha dicho con suficiente claridad que en la práctica no teníamos otra opción. Y no la hemos tenido por nuestra mala cabeza; por no habernos enterado hasta muy tarde de lo que se nos venía encima y de qué iba la cosa. Esta es la realidad. Que la reforma sirva, o no, lo sabremos pronto. De momento los mercados no están apaciguados, ni la Bolsa boyante, ni barata la financiación de la deuda. Pero el problema no vino en modo alguno por falta de normas.

Así en diciembre de 2001 ya se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 18/2001). Allí se proscribía el déficit presupuestario, y se ordenaba mantenerlo siempre por debajo del 3%, con una cierta flexibilidad. Esta ley firmada por Aznar fue corregida por otra de Zapatero, más laxa, promovida por Pedro Solbes. Es la Ley 15/2006, que mantiene el objetivo de estabilidad pero admite alcanzarlo “a lo largo del ciclo económico” y no año a año. Quiero decir que nunca nos faltaron en la materia leyes prudentes. Pero se incumplieron, en especial por algunas comunidades autónomas.

Poco después, tras la crisis financiera, con Grecia, Irlanda y Portugal ya intervenidos, el Banco Central Europeo nos sacó, junto a Italia, las castañas del fuego, al menos por un rato. Y los dos grandes de la Unión nos pidieron -rápida- esa reforma constitucional. ¿Cabía responderles que no? ¿Podíamos argüir que somos independientes, soberanos y con derecho a la libre autodeterminación? No, porque ya estábamos vendidos. Y por ese camino podríamos vernos pronto, quizá, también intervenidos, forzados a más sacrificios o a cosas peores.

Pero esta no es la reforma constitucional que necesitamos. Se precisa una más amplia, que vaya al fondo de nuestros problemas; que se estudie bien y no se improvise; que no se haga al dictado de nadie. Un cambio con amplio consenso, que mire hacia el futuro; que se apruebe por referéndum y plantee (y resuelva) cuestiones como estas: ¿Qué debe ser España en los próximos 50 años? ¿Qué deseamos que sea? ¿Un país que juegue -perenne- en la segunda división de la Unión Europea? ¿Pretendemos ver la península Ibérica integrada por dos o tres países “bálticos”, insolidarios, jugando por libre en la Unión, con Portugal donde siempre y los mesetarios, como España residual, arrinconados? ¿Vale para el futuro el sistema actual de las 17 comunidades, cada una con su autonomía despilfarradora o insolidaria? ¿Cabe reconstituir el sistema autonómico? ¿Sería posible cerrar un pacto federal entre nosotros, basado en la firme voluntad de vivir juntos y fijar con claridad las competencias de la Federación y los Estados federados, de modo que podamos hablar con voz fuerte en la Unión? ¿No será hora de cambiar la ley electoral y hacerla más adaptada a esa realidad, en la línea del sistema alemán? ¿No hay que acabar con las ominosas listas cerradas y bloqueadas? ¿Queremos ser un Estado laico o seguir como un Estado aconfesional en los términos de la Constitución? Y así, sucesivamente.

El pacto constitucional de 1978 perseguía una España democrática, descentralizada y respetuosa con los derechos ciudadanos. Lo consiguió. Hoy el objetivo es introducir reformas que nos permitan estar presentes y actuar en la Unión Europea con voz propia e influyente. Urge salir del pelotón de los torpes, en el que entramos por nuestra mala cabeza. Las viejas nociones de soberanía, independencia, autodeterminación, etcétera, están en crisis. Hay que pensar en términos de interdependencia, de poderes públicos en varios niveles, de identidades abiertas y plurales. No debemos huir de Europa, sino cooperar a que haya más Europa.

Para andar por ese camino y renovar nuestra Constitución se precisan al frente de los partidos (de todos, pero sobre todo de los grandes) auténticos estadistas. Recuerdo haberlo escrito en estas mismas páginas poco antes de las anteriores elecciones generales, en las que se apuntaba ya el triunfo de Zapatero, como sucedió. Afirmé que se precisaban estadistas y no políticos de regate en corto y ocurrencias cambiantes. Me atreví incluso a propugnar una gran coalición al estilo de Alemania entonces. El estrepitoso silencio en torno a la propuesta fue justo castigo a mi osadía. Pero mejor nos hubiera ido. Hoy las letras ZP desaparecen para del futuro. Prima la R de Rajoy, que se dibuja como próximo presidente del Gobierno, y la R de Rubalcaba, futuro jefe de la oposición, salvo que el batacazo del PSOE sea tan monumental que desista de su labor de oposición y deje el paso a otro (u otra), lo que sería, en mi opinión, negativo con vuelta a lo mismo.

Mal tiempo es una precam-paña electoral para pedir reflexión. Pero cualquiera que sea el Gobierno que salga de las urnas en noviembre solo una cooperación entre Rajoy y Rubalcaba para reformar la Constitución, expresada en la fórmula R+R, podría marcar una línea de solución. Y en cambio tendremos el fracaso asegurado -a mayor o menor plazo- si frente a R+R optamos por seguir erre que erre.

A partir de las próximas elecciones entraremos en una nueva fase política. Actores principales: un gobierno central del PP, un gobierno catalán de CiU, y una élite europea instalada en el desconcierto y que muestra una decepcionante voluntad de no implicarse a fondo en los problemas del continente. Es un buen momento para preguntarse cuál es la evolución previsible de diversos temas. A escala local, destaca la del modelo autonómico.

No hay que hacer balance de los últimos acontecimientos. Hablan por sí mismos (sentencia del TC sobre el Estatut, actitud de los dos partidos nacionalistas españoles –PSOE y PP–, actuación de las instituciones del Estado –Congreso, Gobierno central, tribunales, defensor del pueblo, etcétera–). Se percibe un giro y una clara voluntad de establecer un modelo autonómico interpretado en un sentido uniformista, homogeneizador y recentralizador. Catalunya constituye el centro de gravedad, la diana donde van dirigidos los dardos de este giro. El conservadurismo posfranquista de derechas y el conservadurismo jacobino de izquierdas trabajan aquí en la misma dirección. PP y PSOE son, en este punto, partidos reaccionarios.

¿Por dónde pueden ir las líneas básicas del más que previsible nuevo gobierno central del PP? Un indicador de respuesta es el informe Por un Estado Autonómico Racional y Viable (2010) de la fundación FAES, vinculada a este partido. Se trata de un documento que contiene tres artículos y un apéndice, escritos por autores diferentes: Julio Gómez-Pomar (inspector de hacienda; ex secretario de Estado), Mario Garcés (interventor auditor del Estado; inspector de hacienda) y Gabriel Elorriaga (diputado). El nivel de calidad es desigual, pero hay un tono general que recorre todos los trabajos. Dos de las tres colaboraciones y la adenda ofrecen un pobre nivel analítico, con errores graves de carácter teórico y empírico (además de un claro sesgo partidario). Son trabajos que serían inmediatamente fulminados caso de ser presentados en congresos académicos especializados de carácter internacional.

Sin embargo, vale la pena ver cuáles son algunas de las principales ideas que recorren este informe de cara a la política del futuro. Las autonomías se entienden, básicamente, como un mero modelo de “prestación de servicios a los ciudadanos”. Se trataría de decidir cuál es el nivel de gobierno más eficiente para esta prestación y cómo procurar una estabilidad macroeconómica general. El informe presenta una mezcla entre un lenguaje pretendidamente tecnocrático con una fuerte apuesta a favor del gobierno central –en una visión, por cierto, antitética con los postulados contemporáneos del federalismo que los autores parecen desconocer completamente, especialmente con respecto al federalismo en estados de pluralismo nacional– y un lenguaje nacionalista unitario que no admite ningún tipo de pluralismo nacional interno en la democracia española. A pesar de se reconoce que los “niveles subcentrales” pueden colaborar a la equidad y que habría que dotarlos de una mayor responsabilidad, se defiende que el sistema actual incentiva el crecimiento del gasto, la ineficiencia de la gestión pública, la irresponsabilidad fiscal (incluso un mayor grado de corrupción), y una falta de coordinación y con

trol por parte del poder central. Uno de los artículos incluso dice que el Estado de las autonomías resulta una amenaza para la “unidad de mercado” (¿y todos los países federales?) y que es el Estado “más descentralizado de todos los sistemas democráticos”, una afirmación que hace troncharse de risa a colegas extranjeros especializados en estos temas cuando se enteran de que algún político español dice cosas así.

Paralelamente, el informe critica que el TC no pueda entrar en la estructura organizativa de las comunidades autónomas, así, sin más, y que el sistema electoral favorezca la aparición y éxito de partidos regionales (sic), una afirmación que también muestra desconocimiento sobre cuáles son las fuerzas favorecidas en el Parlamento central con el sistema electoral actual. Las palabras mágicas, con voluntad legitimadora, que recorren el informe son “integración”, “coordinación”, “cooperación”, “equidad”, etcétera, en una interpretación de estos conceptos que recuerda la tecnocracia de los tiempos del franquismo. También se apela a recuperar la “homogeneidad perdida”, a “constitucionalizar las normas básicas”, a establecer “un sistema tributario único” –todo hecho a través de acuerdos PP-PSOE–. También se menciona la posibilidad de reducir el número de autonomías (se acepta, así, implícitamente que todo eso de las autonomías se hizo mal durante la transición de los años setenta, una percepción que hoy resulta bastante evidente).

¿Desde Catalunya, es conveniente plantear en la próxima legislatura un nuevo pacto fiscal tipo concierto económico? Creo que es una vía a explorar, a pesar de las escasas posibilidades de que triunfe, a pesar de su constitucionalidad. Es diferente haber comprobado que una política fracasa que no haberla transitado (como la, hoy sabemos fracasada, reforma del Estatut). Vamos hacia un escenario de más confrontación nacional, hacia una separación cada vez mayor de imaginarios colectivos. En Catalunya, el independentismo seguirá creciendo. Se trata de un hecho que hay que saber gestionar (liderazgo, organización y estrategia). Será el principal reto de la sociedad civil y de los partidos catalanes en los próximos años, incluido el PSC (cuando este deje de ser, esperamos, el preocupante partido desconcertado, ingrávido, triste, sin proyecto ni liderazgo, que es en estos momentos).

Uno.- Es de sentido común sostener que un exceso de deuda producida por una sucesión de déficits excesivos, ya sea por demasía en el gasto o disminución del ingreso o ambas cosas, es negativo para cualquier país. Coloca a este en manos de los acreedores y una parte sustancial de su riqueza se desliza por el sumidero del pago de los intereses de la deuda. Ahora bien, dejando a un lado los variados errores cometidos, que nos han colocado en mala situación ante la crisis, muchos se preguntan si la mejor medida para hacer frente a este fracaso es una reforma de la Constitución en los términos planteados por el pacto PP/PSOE. Es cierto que durante el mes de agosto el ataque de los mercados arreció, llevando el diferencial con el bono alemán al borde del precipicio del temido rescate.

También es verdad que si la soga se aflojó fue debido a la intervención del Banco Central Europeo, que compró bonos españoles e italianos. Ahora bien, a la primera cuestión a la que convendría responder sería: ¿Por qué los famosos mercados atacan la deuda española si esta es una de las más bajas de Europa? Se responderá, con razón, que el descontrol español no radica en la deuda pública, sino en la privada, y que, en cierto sentido, ambas forman un todo. Pero, en este caso, la reforma de la Constitución no incide en la deuda privada sino, únicamente, en la de las Administraciones públicas. Me temo, pues, que la medida no calme a los mercados, porque para los inversores-acreedores lo preocupante es que nuestra economía no crece lo suficiente, ni ven claro qué vamos a hacer para que crezca.

No creo que un cambio constitucional, con efectos a partir de 2020, sea suficiente. Lo que ven es que el consumo no tira debido al paro, la precariedad laboral y la reducción de sueldos, y que la inversión sigue estancada por falta de crédito y de acción pública.

Dos.- Hay que estar muy seguro de que es imprescindible la reforma constitucional para salir del atasco, pues el estropicio ha sido considerable. Se han roto algunos consensos en que se fundamentó la Constitución de 1978, no solo con partidos que entonces la sostuvieron -CiU, PCE, etcétera-, sino también con los sindicatos y otras fuerzas sociales, que fueron decisivas para alcanzar esta Carta Magna. Se ha erosionado la democracia al plantear una contrarreforma al final de una legislatura, deprisa y corriendo, sin consultar con nadie, a la trágala, dando la impresión de que ha sido una imposición de poderes foráneos, como condición para seguir comprando bonos españoles.

Porque la situación excepcional que se aduce para justificar la premura no es de ahora. Hace tiempo que España está en situación de alto riesgo, al que no han sabido responder ambos partidos. Y, por último, se desconcierta de nuevo al sufrido pueblo de la izquierda, al que no se le explican las cosas de manera razonable y ya no sabe si bajar o subir impuestos es de derechas o de izquierdas; si el déficit o la deuda es de derechas o de izquierdas. Debate a todas luces absurdo pues, lógicamente, todo depende de cómo se hagan esas cosas y para qué, hoy en la nebulosa.

Tres.- El argumento para conseguir que el personal se trague el marrón es que no había más remedio, que o el trágala o el desastre. Este tipo de razonamiento es la mayor prueba del fracaso, dado que el arte de gobernar consiste en colocarse en una posición que te permita escoger entre más de una opción y no todas pésimas. Además, es poco creíble que este cambio constitucional fuese la única opción. Se podía haber hecho a través de una ley, que permite flexibilidad y cuantificación. Se podía haber caminado hacia un aumento de los ingresos, vía impuestos a los más pudientes y en otros tributos, que permitiese mayores inversiones con el fin de reactivar la economía. En el fondo, la constitucionalización del “anti-keynesianismo” -si se me permite la expresión- es la manera de eludir la gran cuestión de la fiscalidad, con el mensaje de que como no estamos dispuestos a subir los impuestos, ni atacar en serio el fraude fiscal, ni acabar de una vez con los paraísos fiscales, la única salida es echar el cierre al candado del gasto y primar el pago de la deuda por encima de cualquier otra obligación. Da grima leer que millonarios franceses, alemanes, italianos, americanos -¿para cuándo los españoles?- claman pidiendo que les suban los impuestos, y es una vergüenza que el más rico de todos, en un gesto de sinceridad, denuncie que mientras él paga al fisco el 17% de sus rentas, muchos de sus empleados pagan el 30%. Hasta aquí ha llegado la degradación.

Cuatro.- Nadie defiende que la deuda o el déficit sean buenos. A mí, por ejemplo, me gustan unas cuentas saneadas. Pero soy consciente de que alcanzar un cierto equilibrio presupuestario, mantener el Estado de bienestar y converger con los países avanzados de Europa es inviable sin un potente sistema fiscal y sin un crecimiento sostenido de la economía. Cuestiones ambas de las que España carece hoy por hoy. Y tanto para los Estados como para las empresas el crédito y cierto nivel de deuda son imprescindibles para poder financiarse y crecer. Por eso, atarnos a un déficit del 0,40% del PIB, del 0,26% el Gobierno, del 0,14% las comunidades autónomas y 0% los Ayuntamientos resulta muy arriesgado, si no se garantiza un “sustituto” a nivel europeo.

Nosotros no somos Alemania ni Francia. No tenemos un sistema productivo tan potente y dedicamos 10 puntos menos en gastos sociales, en términos de PIB. Nos ponemos un dogal que nos hará difícil converger con esos países y que puede ser irreversible, si pensamos en la mayoría necesaria para modificar la reforma -3/5 para la Constitución- y no creo que la derecha esté, en el futuro, por la labor. Esta ha conseguido, en el último minuto, el pacto que le interesa y no el de Estado que se tenía que haber forzado hace años. Ya sé que la reforma contempla excepciones, como es el caso de situación de recesión, pero España puede no estar en recesión y, sin embargo, crecer por debajo de lo imprescindible, como ocurre en este momento y, quizá, durante algún tiempo.

Cinco.- Un planteamiento aceptable hubiese sido enmarcar el control estricto del déficit/deuda en una propuesta europea. Es decir, que los países del euro se comprometiesen a esta u otra reforma similar a cambio de una “mutualización de la deuda” por medio de la emisión de eurobonos y el aumento sustancial del presupuesto de la Unión, suficiente para hacer una política fiscal expansiva en el ciclo bajo de la economía y poder suplir a los Estados en dificultad.

Porque, además, nuestra reforma no servirá si no la hacen los demás países europeos, pues nuestros problemas dependen de lo que ocurra, también, en Italia o Grecia. Lo que no es razonable es que se nos coloque en una situación de pérdida de “soberanía” fiscal sin haber creado los instrumentos europeos comunes que suplan esa pérdida. En el caso del euro, cedimos las políticas monetarias nacionales a una entidad de la Unión que debe velar por el interés común; ahora estamos renunciando a una parte sustancial de la “soberanía” fiscal -una clave de todo Presupuesto es fijar el déficit- sin tener los instrumentos de la Unión que asuman las necesidades de crecimiento comunes.

Así pues, estamos en una situación de transición o vacío harto delicada. En una palabra, la medida adoptada solo sería asumible en el marco de un federalismo fiscal europeo. Nada de esto, de momento, está garantizado, ni el Gobierno ha explicado sus decisiones en esta dirección. Nos quedamos en la simpleza de que hay que calmar a los mercados. Conseguir ese “federalismo” es la batalla de los ciudadanos europeos con el fin de corregir el desaguisado.