La publicación del desglose de las cuentas de la Casa del Rey por parte de Don Juan Carlos es un ejemplo de saber hacer, de prudencia política y de capacidad para empatizar con las aspiraciones y preocupaciones del pueblo español. Una decisión que el Monarca no se hallaba impelido jurídicamente a realizar. El artículo 65. 2 de la Constitución dispone: «El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Pero no se gobierna, y Don Juan Carlos lo conoce, actuando sólo de acuerdo con las prescripciones legales, sino con una acción política pertinente, adecuada a las exigencias de los tiempos y de conformidad con los sentimientos de la ciudadanía. La transparencia y claridad en el uso de los fondos públicos lo impone. Ya hace año y medio, el Real Decreto 999/2010, de 5 de agosto, había dado un primer paso al constituir una intervención interna. Una forma de actuar que refrenda la ganada auctoritasde Don Juan Carlos y su sensibilidad para sintonizar con las cuestiones que interesan y ocupan a esta Nación de españoles libres e iguales. Este es el mejor camino de preservación y respaldo de las instituciones.

En los mismos días el Monarca resaltaba, en su alocución navideña, la importancia de respetar la «credibilidad y prestigio de nuestras instituciones», al tiempo que reclamaba «rigor, seriedad y ejemplaridad». «Todos, especialmente las personas con responsabilidades públicas —afirmó— tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar». Para finalizar con una comprometida declaración de moralidad pública: «Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos». Una igualdad ante la ley, propia de los regímenes constitucionales, aunque no está de más recordar su inviolabilidad. «La persona del Rey es inviolable —dice el artículo 56.2 de la CE— y no está sujeta a responsabilidad». De aquí la necesidad de que sus actos sean refrendados (artículo 64 CE). «The King can do not wrong», el «Rey no puede hacer mal».

Pero quiero ir más allá del Discurso de Navidad, toda vez que las presentes circunstancias han brindado la ocasión de recordar la vigencia de nuestra Monarquía parlamentaria. Hay varias y relevantes razones para seguir destacando sus bondades.

Primera. La Monarquía supone un modo sosegado, tranquilo y ordinario en la transmisión del poder político en la más alta magistratura del Estado, más allá de los sobresaltos vinculados a toda elección representativa. Tenía razón el politólogo Karl Friedrich (Gobierno Constitucional y Democracia), cuando argumentaba que el «constitucionalismo representa un complejo sistema para organizar adecuadamente la transmisión del poder». En el caso de las monarquías, reviste las ventajas de su carácter automático, sin solución de continuidad, sin que quede vacante, ni un solo momento, la máxima titularidad del Estado. «Le roi est mort, vive le roi», «The King is dead, long live the King», «¡El Rey ha muerto, viva el Rey!». Permanencia institucional, estabilidad política y referencia pública. He aquí sus virtudes.

Segunda. La Monarquía parlamentaria es plenamente compatible con los sistemas democráticos. Una Monarquía parlamentaria que, situada au dessus de la melée, fuera de la cotidiana refriega política, ejerce una impagable función relacional, arbitrando y moderando los poderes del Estado. «El Rey arbitra y modera —prescribe el artículo 57.1 CE— el funcionamiento regular de las instituciones…». Ya lo adelantaba Benjamin Constant (Principios de Política) al hilo de su teoría sobre el pouvoir neutre: «El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres resortes que deben cooperar… pero cuando descompuestos se entrecruzan, chocan y se traban, se requiere una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio… La Monarquía constitucional tiene ese poder neutral». Una labor desglosada por Walther Bagehot (The English Constitution) en tres derechos: «El derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho de advertir». Hoy la distinción relevante no es entre monarquía o república, sino entre Estados autocráticos o democráticos. Lo significativo es, afirmada la soberanía nacional (artículo 1. 2 CE), el cumplimiento, en una monarquía o república, de lo dispuesto en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadanode 1789: el respeto a los derechos fundamentales y la garantía del principio de separación de poderes.

Tercera. La Monarquía implica, en un Estado tan descentralizado como el autonómico, disfrutar de un aglutinador centro de referencia e imputación de la unidad del Estado, y, por ende, de su permanencia. De nuevo lo señala la Constitución: «El Rey es el Jefe del Estado (lo Stato significaba en sus orígenes lo que permanece, lo que no muda), símbolo de su unidad y permanencia…» (artículo 56. 1). Lo reseñaba Javier Gomá en una Tercera titulada La Majestad del símbolo: «Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado: la unidad de la Nación española. En suma, nada más alto, grave e importante para nosotros».

Cuarta. La Monarquía satisface, en tanto que institución simbólica, una benefactora función de integración política. Smend (Constitución y Derecho Constitucional) lo afirmaba acertadamente: «El Monarca legítimo simboliza básicamente la tradición histórica de los valores comunitarios… cumple el papel que en una República sólo pueden desempeñar figuras históricas, o incluso míticas, como pueden ser un Guillermo Tell o un Winkelried». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Quinta. La Monarquía es la forma tradicional en nuestro Derecho histórico desde la admirable Constitución de Cádiz de 1812 (Título IV) hasta la actual Constitución de 1978 («La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria» (artículo 1. 3). Por el contrario, las dos experiencias republicanas, explicita Stanley G. Payne (España, una historia única), resultaron fallidas: la I República terminó en un cantonalismo de fragmentaciones y enfrentamientos territoriales y la II dividió cainitamente a los españoles. «El Estado español es —señaló gráficamente Antonio Fontán— un Reino, o es un barullo».

Sexta. La Monarquía ha sido, a través de Don Juan Carlos, la impulsora de la reconciliación de los españoles enfrentados por una fratricida guerra civil y separados por cuarenta años de dictadura, así como del desmantelamiento de las rancias estructuras franquistas, del proceso de Transición Política sintetizada en la Carta Magna de 1978 —de motor del cambio lo calificó Charles Powell (El Rey, la Monarquía y la Transición a la democracia)—, del restablecimiento del orden constitucional tras el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y lo que es más significativo: de un exigente diario cumplimiento del deber. Esto es, satisfaciéndose no sólo la legitimidad de origen, sino de ejercicio. «Rex eris si recte facies», «Rey eres, si rectamente actúas».

Séptima. Y además, la Monarquía aparece, tras el desglose de las cuentas de la Casa Real, como una institución austera y económica. Baratísima, si la comparamos con los ingentes gastos de la República italiana o con los fastos de la V República francesa. ¡8,4 millones de euros anuales! Muy por debajo, además, de otras Casas Reales, como la inglesa o la holandesa. Y algo que se suele olvidar. El correlativo ahorro de no convocar más comicios electorales de los generales, autonómicos, locales, y europeos.
Siendo lo afirmado digno de mención, lo mejor de nuestra Monarquía parlamentaria es todavía otra cosa: ¡que funciona y funciona bien! Sólo los necios o suicidas se replantean frívolamente sus instituciones. Y este pueblo ni es necio, ni es suicida. Es inteligente y valora los logros alcanzados. ¡Felicidades por ello, Majestad!

Sobre el calendario de España, al galope, han pasado 33 años, ¡qué barbaridad!, desde que nuestra Constitución proclamó a la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado y a Don Juan Carlos I de Borbón Rey de España, o sea, un híbrido de rey con atribuciones de presidente de república. Al margen de las encuestas, que no pueden ser más contundentes en el grado de aceptación, creo que el sentimiento de los españoles no es la disyuntiva República o Monarquía, sino la democracia, y aunque es verdad que la primera es más racional que la segunda, sin embargo la historia nos enseña que no siempre la política se guía por la razón. En los términos República o Monarquía no se encuentra la solución de los problemas, sino en sus gobernantes e instituciones y hoy en España los monárquicos lo son en tanto en cuanto la Monarquía se identifica con la idea básica de libertad.

La Monarquía considerada como ornato y boato ya no funciona y aquí, el Rey, desde el primer momento, nos dijo que a la democracia había que llegar sin saltos en el vacío, ni quebranto de nadie. Por aquel entonces, el ejemplo portugués de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 estaba muy cerca en tiempo y espacio y pese a ello, los españoles, muerto Franco, tuvimos la serenidad suficiente para que nada se rompiese. Se trataba de suplir con mano maestra una pieza quebrada por otra de necesario recambio y hacerlo sin acudir a la catástrofe. Fuimos nosotros, con el Rey a la cabeza, los que preconizamos el cambio inteligente que no el incendio, sin olvidar jamás que en semejante situación, el tumulto por el tumulto es una fórmula tan ingenua como inútil y que detrás de ella siempre está agazapado el espectro de un general del que los dioses nos libren.

Desde la perspectiva del tiempo, es evidente que la tarea de Don Juan Carlos fue gigantesca. No se trataba de dar la vuelta a la tortilla, sino de que hubiera tortilla para todos y a gusto de casi todos, lo cual era cosa nada fácil. Cuarenta años de somnolencia política desentrenan a cualquier sociedad, por madura que sea, y a los españoles que tenían hambre y sed de libertad hubo que convencerles de que no gritaran más de lo preciso durante el tiempo necesario que el cambio político requería.

Respecto a la Justicia que, en realidad, es de lo que entiendo un poco, me consta la preocupación del Rey por ella. Tan es así que cuantas ocasiones se le presentan -la mayoría, en las solemnes aperturas del año judicial-, pide especial atención para el buen funcionamiento de los tribunales y clama por una tutela judicial efectiva y ágil. De él son estás palabras escritas, en diciembre de 1981, con motivo de la aparición del primer número de la revista Poder Judicial: «Si, de acuerdo con el texto de las leyes, la justicia se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, quiero deciros que estoy orgulloso de ser tan dignamente representado».

Lo cual no quiere decir que comparta algunas ficciones jurídicas como, por ejemplo, la invocatio regi de que la Justicia se administre «en su nombre». Bentham afirma que la Justicia no se administra en nombre de nadie y, más modestamente, pienso que algo tan natural y universal tiene categoría suficiente para ser administrada en el suyo propio, aunque tampoco descarto que aquella declaración tuviera que ver con la función arbitral que la Constitución encomienda al Monarca.

No menos difícil de entender puede ser la prerrogativa que el artículo 56.3 de la Constitución concede al Rey cuando dice que su persona «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», proclamación, por cierto, que choca frontalmente con la declaración que Don Juan Carlos hizo en el último mensaje de Navidad y que tanto gustó, cuando, en clara referencia a su yerno, afirmó que «la Justicia es igual para todos». Nadie está dispensado de rendir cuentas ante la Justicia, aunque sea Rey y el argumento de que «todo acto del Rey se refrenda por el Gobierno» carece de peso, entre otras cosas porque el texto constitucional no distingue entre lo público y lo privado. Un rey que sólo responde ante Dios y ante la historia es un residuo autocrático inconciliable con una Monarquía parlamentaria, donde todo el mundo ha de estar dentro de la ley y bajo ella. No obstante, consuela pensar que, según dicen, al Rey no le hace gracia alguna que le llamen «irresponsable».

En trance de censurar, creo que la norma sucesoria del artículo 57.1 de la Constitución que, al igual que la hemofilia salta sobre las mujeres y que importó Felipe V en 1713, dando preferencia al varón sobre la mujer, es reprobable por contraria al principio de igualdad de todos los españoles expresado en el artículo 14 del propio texto constitucional. Si bien en su momento, como Ley Sálica, pudo ser oportuna, hoy es un precepto surrealista que va en contra de la realidad social y de la historia, ese río de sucesos que nunca se detiene ni mucho menos funciona marcha atrás.

Un rey debe saber que su poder es el instrumento de los fines de su pueblo. Ya lo dijo Raimundo Lulio, lo mismo que dijo que el desacuerdo entre el príncipe y los ciudadanos difícilmente alcanza a ser remediado. Los españoles, según síntomas ciertos -véase el sondeo que ayer publicaba este periódico-, lo que siempre han querido es un rey para todos y una Monarquía en la que todos quepan y puedan opinar, pensar, votar y contribuir al buen gobierno. Un rey, como el nuestro, que cultiva la sencillez hasta la campechanía y habla un correcto inglés, sabe que la institución monárquica no puede basarse sólo en el encanto personal ni se hace en los museos de figuras de cera, esas colecciones que no sirven más que para que, llegado el caso, haya que derretirlas a fuego rápido con el consiguiente calentón de cabeza y heladura de pies.

En la seguridad de que el director de EL MUNDO no me demandará, hoy me quedo con una frase que es suya y copio del libro Amarga Victoria: «(…) estos años de reinado de Don Juan Carlos han proporcionado a nuestro país la suficiente solidez institucional como para hacer frente a cualquier crisis originada por el comportamiento de sus hombres públicos (…)». Cierto. Lo mejor que ha hecho el Rey es que, siguiendo el consejo de sus verdaderos leales, pronto se olvidó de quién lo nombró y en seguida supo que su limitado poder debía estar al servicio del pueblo. Si el Rey goza de la confianza de los españoles y, a lo que se ve, el Príncipe Felipe también, es porque los ciudadanos encuentran en sus personas los caminos que habrán de llevarles a lo que buscan, algo que responde a cuándo un rey tiene vocación de serlo y conciencia de cómo y de qué manera debe serlo.

Don Juan Carlos I ya no es joven, aunque tampoco viejo, ese estado de vida que a decir del sereno Goethe le convertiría en un Rey Lear. Me preocupa que desde hace algún tiempo las peores arrugas del Rey de España no sean las de la cara sino las del alma.

Entre otras muchas cosas, Vaclav Havel -escritor, estadista, ciudadano ejemplar, persona valiente y buena, que acabamos de perder hace poco-, nos enseñó hace mucho tiempo que en esta vida teníamos que aprender a «vivir con huecos y fragmentos», no esperar que todo encajara con todo, sino saber que la realidad humana puede ser dura, compleja, cambiante y engañosa. Y aun así pactar con ella, pactar con los propios fracasos, para hacernos más fuertes, más conscientes, para seguir peleando contra toda resignación e injusticia y seguir confiando en la capacidad de las personas y de las instituciones democráticas que han costado históricamente muchos esfuerzos, sudor y lágrimas, de varias generaciones y que, como la tela de Penélope, son siempre perfectibles y sin final previsto.

Pensaba en ello mientras escuchaba el sábado el discurso de Navidad de nuestro Rey, en uno de los años más esperados por una opinión pública hipersensibilizada ante la prolongada crisis y con el agravante de las noticias constantes de que la corrupción codiciosa, que se ha ido conociendo sobre ciertos sectores del mundo político y económico, en esta ocasión había llegado, por primera vez, a tocar directamente a familiares de nuestra primera Institución. El discurso del Rey -que por lo demás será ampliamente comentado en sus detalles por todos los medios de comunicación-, estuvo una vez más, en mi opinión, a la altura de su responsabilidad y de sus convicciones, haciendo frente a los problemas nacionales y personales con los que se enfrentaba. Como decía el científico Richard Feynmann, «la integridad no consiste solo en no mentir, sino en mostrar en qué puede uno estar equivocado», y como norma científica bien puede ser aplicada a los asuntos públicos que a todos nos afectan.

El Rey no ha dudado en su larga trayectoria institucional en acomodar inteligente y políticamente la corrección necesaria con los principios que ha defendido desde el primer discurso de la Corona y el mensaje navideño de 1975 hasta hoy. A esa continuación y al tiempo rectificación si era preciso ante los cambios de la realidad, dediqué un breve estudio en el 25 aniversario de la Corona, precisamente como prólogo a la edición que Galaxia Gutenberg hizo de los mensajes navideños desde 1975 al 2000.

Además de insistir en estos discursos, año tras año, sobre el papel constitucional de la Corona, la unidad y pluralidad de España, la condena tajante del terrorismo de ETA -sobre todo en aquellos terribles «años de plomo» de los ochenta- y en la solidaridad con las víctimas, Europa y el mundo internacional, la recuperación de la propia historia evitando considerar al adversario como enemigo, la importancia de la alternancia y otras cuestiones y problemas -el paro juvenil, la emigración e inmigración-, más o menos coyunturales, hay desde siempre la preocupación por la calidad y el valor de las instituciones y por la importancia de una ejemplaridad ética pública, que no rompa «con el respeto a los valores morales y a las normas de conducta que deben regir» la vida de los hombres, debido a un «afán por alcanzar niveles económicos y sociales cada vez más sólidos y destacados» (1991). (Estábamos en plena era de la codicia acumulativa y de aquel dicho de un alto cargo político de que España era el país donde más fácil y rápidamente se podía hacer uno rico [¡!]) No es que se hiciera demasiado caso a tales mensajes, quizás, pero lo cierto es que el Rey cumplía con ese poder moderador y altamente simbólico que es esencial de la institución.

Ese poder moderador y simbólico, que da estabilidad y permanencia además de prestigio al sistema, es el que quisiera resaltar en un momento en que sobre todo en un sector joven, ya nacido en democracia, y falto de una conciencia histórica que vaya más allá de lo inmediato, prolifera el sentimiento de para qué puede hacer falta una Monarquía parlamentaria cuyo principio hereditario estaría en contradicción con el principio del mérito que, al menos doctrinalmente, es la base de una sociedad democrática. Y que es susceptible de generalizar el caso individual al colectivo institucional.

¿Cómo explicar o definir una institución como la monárquica en nuestra sociedad secularizada y meritocrática? Nietzsche ya señaló que «tan solo puede definirse aquello que no tiene historia». Y precisamente la monarquía occidental, que tiene sus raíces en la edad media y que atraviesa por etapas históricas tan diferentes como la medieval -con la idea siempre del rey gobernando junto con el «pueblo» y bajo el derecho natural-; la absolutista -con una soberanía que está en la cúspide del poder, pero con las limitaciones de las leyes fundamentales del reino y de la propiedad privada de las familias, además de las leyes divinas y el derecho natural-; la constitucional, en donde ya la soberanía o pertenece totalmente al pueblo o es compartida con el rey, y finalmente la actual parlamentaria, con soberanía exclusiva del pueblo español.

Y todos estos procesos rodeados de cambios económicos, sociales, demográficos y políticos que se configuran además de distintas maneras según las historias propias de cada región europea convertida en país y nación, y que van parejos con un cambio de mentalidades y de emergencia de grupos sociales que reclaman para sí la libertad y la igualdad ante la ley que durante siglos sólo había pertenecido a sectores privilegiados según las circunstancias históricas.

A partir del siglo XIX y especialmente en el XX, con la experiencia de los totalitarismos, se desarrolla una cultura política que, siguiendo una de las líneas principales de la Ilustración, pone el énfasis no en la dicotomía del sistema de gobierno «monarquía-república», sino en el de la «dictadura-democracia». Pues la realidad histórica demuestra que puede haber repúblicas dictatoriales y monarquías liberales y democráticas. La clave es que aseguren a los ciudadanos la libertad y la igualdad ante la ley, como derechos fundamentales.

Ya Montesquieu y los ilustrados habían insistido en que lo fundamental de un sistema político era que salvaguardara la libertad, para lo cual tenía que estar sujeto a ciertas limitaciones, y ello se podía lograr bajo una forma de gobierno o de otra. No siempre el poder del pueblo directo garantizaba la libertad, a veces lo contrario, como estudió Tocqueville. Lo que importaba era que fuera un régimen moderado, que unos poderes se contrapesen con otros, que sea posible el ejercicio de la libertad y el pluralismo social. Que la articulación entre poder y libertad esté plasmada en unas instituciones, fuertes y flexibles a la vez. Como señala entre otros Sternberger, no puede haber tampoco libertad sin Estado. Un Estado no intervencionista en la vida privada, pero que garantice el mantenimiento de las reglas de juego, la paz y seguridad suficientes para el desarrollo de los ciudadanos. Sólo bajo esas premisas, ya los ilustrados fundaron el principio de la nación, de la patria, del patriotismo, en el sentido constitucional: «Patria no era tanto el lugar de nacimiento, sino poder vivir en libertad bajo las leyes». En definitiva, la pregunta sobre el poder, como señaló Popper, no es tanto «quién debe gobernar» o «cuál es la mejor forma de gobierno» -en abstracto-, sino «cómo diseñar nuestras instituciones a fin de poder evitar o minimizar los daños que gobernantes incompetentes o deshonestos pueden causar». Y, como decía irónicamente uno de los grandes estadistas británicos, «la democracia es el peor de los regímenes posibles, si exceptuamos todos los demás».

La experiencia histórica y la historia particular de España en nuestro caso han demostrado que esa convivencia democrática se ha logrado bajo la monarquía parlamentaria, en una democracia basada en la soberanía del pueblo español, que tiene como cabeza y símbolo del Estado al Monarca. Desde el punto de vista de las formas políticas, sería para los clásicos un auténtico régimen mixto, el mejor de los posibles, un modelo de equilibrio, que evita entre otras cosas que la Jefatura del Estado esté sometida cada cuatro años a los vaivenes de toda política electoral, proporcionando una estabilidad y continuidad constante, al tiempo que es una Jefatura sometida a las limitaciones marcadas en la Constitución, incluido el refrendo.

Por lo demás, es el tipo de régimen adoptado por algunos de los países europeos de mayor desarrollo y goza de un prestigio internacional muy beneficioso para España. El discurso del Rey en 1975 resume y es ejemplo de una continuidad y una solidez flexible que se extiende hasta el de ayer noche: «La institución que personifico integra a todos los españoles -declaró en aquel momento fundacional-… El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos… deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo… Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función». En estos principios y en el respeto impecable a la Constitución y a los españoles ha crecido y madurado el heredero, a quien el Rey dedica su último párrafo del discurso de cada año. Su ejemplaridad pública está a la vista de todos.

En 1919 el escritor satírico austriaco Karl Kraus publicó la obra Los últimos días de la humanidad, en la cual, ante la caída inminente del Imperio austro-húngaro, que le parecía presagiaba el fin del mundo, uno de sus personajes exclamaba: «El que tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle». Pues bien, tras la reciente conmemoración del 33 aniversario de nuestra Constitución, que hace agua por todas partes, a diferencia del personaje de Kraus, creo que hay que dar un paso al frente y hablar.

En efecto, hablar sobre una de las pocas instituciones constitucionales que ha funcionado razonablemente bien en estos años, y que hoy se ve amenazada por la presunta conducta irregular e irresponsable de una persona relacionada con ella. Me refiero obviamente a la Corona, que es un órgano del Estado, y a la compleja madeja que están desenredando dos sagaces periodistas de este diario en búsqueda de la verdad de lo que ya se llama el caso Urdangarin, algo que sin duda podría afectar seriamente a la Monarquía española.

Sea lo que fuere, lo que pretendo explicar en estas líneas se refiere, especialmente, a lo que debe entenderse por Familia Real y por familia del Rey respectivamente, pues no son términos sinónimos. La confusión, de la que no ha estado ausente ni siquiera la propia Casa Real, debe aclararse cuanto antes, porque posee claras consecuencias constitucionales según se entienda una y otra acepción. Para conseguirlo, disponemos únicamente de tres instrumentos jurídicos: la propia Constitución, el Real Decreto de 27 de noviembre de 1981 sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto de 6 de noviembre de 1987 sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Sin embargo, estas normas no son suficientes para regular el estatus no sólo del Rey, sino sobre todo de la Familia Real, tal y como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones aquí, desde la entrada en vigor de la Constitución. Por eso, tanto en varios artículos míos publicados en este diario, como en diversos editoriales y en las 100 propuestas que formulamos en vísperas de todas las elecciones generales desde hace 20 años, hemos reivindicado una Ley Orgánica sobre la Corona que regule el funcionamiento transparente de la Casa Real y las posibles funciones y deberes de la Familia Real.

Si se hubiese aprobado esta norma hace tiempo, es posible que no nos encontrásemos en la actualidad con una situación tan delicada como la que ha surgido a causa de las extrañas actividades del duque de Palma, el cual, en una entrevista que han pasado estos días por las televisiones y que fue hecha hace años, ante la pregunta que le formula Fernando Schwartz sobre cómo era su vida de duque consorte, respondió que «seguía el guión». ¿En ese guión se incluía la rapacidad para conseguir dinero, abusando de su nuevo estatus?

En cualquier caso, como todavía no existe esa previsión normativa, tenemos que valernos de lo que hay. De este modo, podemos afirmar que existe una gran diferencia entre la Familia Real y la familia del Rey. En efecto, la familia del Rey está formada, como cualquier otra familia, por todos los parientes del Rey, sin importar su mayor o menor cercanía o lejanía, en su situación parental con él. Por supuesto, la familia del Rey engloba a la Familia Real, pero ésta se diferencia de aquella por ser mucho más restringida y porque la caracterizan tres atributos que no tienen los demás familiares. Por una parte, todos los miembros de la Familia Real poseen una opción hereditaria al trono, que puede ser directa o indirecta. Es directa cuándo se trata de los descendientes del Rey, según lo que señala el artículo 57.1 de la Constitución, y es indirecta cuando se trata del consorte o la consorte de alguno de ellos, los cuales no podrán asumir funciones constitucionales, salvo, en su caso, la Regencia, según establece el artículo 58 de la Constitución. En segundo lugar, los miembros de la Familia Real se caracterizan también porque disponen de la posibilidad de ejercer una representación delegada del Rey, a efectos de acudir, representando a la Corona, a actos oficiales dentro y fuera de España. Y, por último, los miembros de la Familia Real son personajes públicos, cualidad que conlleva el que su esfera de privacidad sea mucho más restringida que la del resto de los españoles

Estos tres atributos, de acuerdo con el artículo 57.1 de la Constitución, el artículo 1 del Real Decreto sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real, se refieren por supuesto, además de al Rey, a la Reina consorte, a sus ascendientes del primer grado (ya fallecidos), a sus descendientes y, lógicamente, al Príncipe heredero y su consorte. Concretamente, la distinción entre la Familia Real y la familia del Rey la reconoce claramente también el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamiento y honores de la Familia Real, consagrando los cuatro primeros artículos a la Familia Real y la Disposición Transitoria Tercera a la Familia del Rey,

Desde finales del siglo XIX, se instituyó en la Monarquía española un Registro Civil de la Familia Real que rigió hasta 1931, que en esa época pudo parecer válido. Sin embargo, el actual Real Decreto de noviembre de 1981 que lo regula es claramente insuficiente. Se dice así que en él se inscribirán en el mismo los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España y a los demás miembros de la Familia Real. Ahora bien, no se incluye el divorcio de forma expresa, en parte porque no se concebía, cuando se aprobó el Real Decreto, que se diese esa posibilidad en la Familia Real, incluso aunque ya se había aprobado la legalidad del divorcio en España unos meses antes. En consecuencia, el divorcio de la Infanta Elena, a pesar de esta laguna, fue inscrito en el Registro Civil de la Familia Real el día 21 de enero de 2010, dejando de pertenecer a la misma, a partir de ese momento, don Jaime de Marichalar. Esto es, ya no forma parte de la Familia Real, pero sigue perteneciendo, en algún sentido, a la familia del Rey, porque es el padre de dos de sus nietos.

En consecuencia, si nos atenemos a la actual regulación que acabo de señalar, mientras que no se apruebe otra más completa mediante ley, no es posible excluir de la Familia Real, como se llegó a decir, simplemente con una decisión de la Casa Real, a la Infanta Elena y a la Infanta Cristina, e igualmente, a su consorte. Pues además de no ser legal, sería también una enorme paradoja, cuando existe un acuerdo general para que las mujeres puedan reinar, en igualdad de condiciones con los varones, que ahora se las discriminase en el orden sucesorio, dejando de pertenecer a la Familia Real, con la agravante de que ambas son mayores que el Príncipe heredero. Este despiste, por llamarlo así, que han cometido no sólo muchos comentaristas, sino también la propia Casa Real, es el mejor argumento para que durante la próxima legislatura que comienza hoy se apruebe por fin una ley que aclare todos los posibles puntos oscuros de la actividad de la Corona, incluido la financiación de la misma, en donde debe prevalecer una total transparencia. Sería también la ocasión para que se modifique de una vez el artículo 57 de la Constitución, para permitir que la mujer primogénita prevalezca sobre un varón nacido después que ella. España es la única Monarquía europea que todavía no ha hecho esta reforma, ya que Gran Bretaña acaba de aprobar también esta posibilidad que se considera ya como normal.

En definitiva, no es posible separar al consorte de la Infanta Cristina del seno de la Familia Real, mientras que no haya una resolución judicial que lo declare culpable. Sin embargo, éste podría y debería haber redactado, motu proprio, un comunicado, en el que renunciase a participar en todo acto oficial o representativo, mientras que no se demuestre su inocencia. De ahí su enorme torpeza en la escueta nota dictada a la Agencia Efe el sábado pasado, en la que comete dos graves errores. Por un lado, como siempre ocurre en estos casos, quiere matar al mensajero, culpando del daño que se está infringiendo a la Casa Real, únicamente a la prensa, en lugar de reconocer sus errores, Y, por otro, comete también un grave desliz al hablar de «sus actividades privadas», pues ya he señalado que un miembro de la Familia Real no puede dedicarse a los negocios como otra persona cualquiera. Por descontado, en el caso de Iñaki Urdangarin, como en el caso de cualquier otro español, debe presumirse siempre la presunción de inocencia. Pero cuando se pertenece a la Familia Real hay que exigir igualmente una clara ejemplaridad. Si la Monarquía tiene en la actualidad una posible superioridad sobre la República, lo cual es siempre opinable según cada cual, no podría ser otra que la de que los miembros de la Familia Real, comenzando por el Rey y el Príncipe heredero, sin pertenecer a ningún partido o grupo de interés, deberían servir como ejemplo a los ciudadanos. Mientras que esta cualidad se mantenga, la Monarquía será útil para los españoles, pero si deja de serlo, por las razones que sean, su fin estaría próximo. Conviene recordar que el yernismo se pudo dar en la dictadura de Franco, pero es incompatible con una Monarquía parlamentaria y democrática.

Como más vale tarde que nunca, la Casa Real ha reaccionado en las últimas horas con dos medidas por fin. Por un lado, el propio Rey ha decidido apartar a su yerno de los actos oficiales de la Corona y, por otro, el jefe de la Casa Real ha informado sobre cómo se distribuye le presupuesto anual de la misma.

En resumidas cuentas, si la bola de nieve de los presuntos irregulares asuntos privados del duque de Palma sigue engordando, implicando también a la Infanta Cristina, se pondría cada vez más difícil el futuro de la Monarquía. Ante ese horizonte desolador, si es que se quiere mantenerla, el Rey no tendría más remedio que tomar una decisión muy dolorosa para él y para todos los que hemos valorado positivamente su reinado. Como él conoce perfectamente, a veces la supervivencia de la Corona exige dejar paso franco a una nueva generación.

En las monarquías parlamentarias, el Rey carece de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ¿quiere eso decir que carece de poder? Se oye que la Corona tiene un valor simbólico; pero ¿qué quiere decir simbólico? ¿Es meramente simbólico, como si dijéramos decorativo o superfluo, o por el contrario el símbolo ostenta un poder real y efectivo, con los demás poderes, si bien de otra índole, encerrando incluso una posibilidad única y positiva?

El orden político durante la Edad Media europea se componía de una constelación de derechos privados. Antes de emerger la soberanía de los Estados modernos, cada persona, cada familia, cada municipio, se regía por su derecho singular consuetudinario. Los derechos familiares y personales, cristalizados por el demorado discurrir de la Historia, implicaban una posición política en aquella sociedad estamental. El resultado era un conglomerado vistoso y asimétrico de privilegios. El Antiguo Régimen fue una boscosa urdimbre de árboles genealógicos.

La Revolución Francesa borró todo vestigio personal del orden político, toda genealogía; en lugar del rey, la ley; en lugar de la persona concreta, la norma abstracta. Se levantó el formidable edificio del Estado de Derecho en su versión continental, que exigía el sacrificio de todo elemnto histórico y singular. Los gremios, las regiones, los fueros, las leyes especiales del mar o del comercio, las vinculaciones y dinastías debían ceder ante la solemnidad de una Ley general, intemporal. En mi opinión, el Estado de Derecho es una de esas «conquistas para siempre» de que hablaba Tucídides, como lo son el Estado del bienestar o el reconocimiento de los derechos fundamentales. En cambio, la versión francesa del mismo, de hechura neoclásica, que tanto desvío profesó a lo histórico y a lo concreto, es, según creo, susceptible de complementos o correcciones, como el mismo neoclasicismo. Nuestro tiempo ha alumbrado una razón histórica, un sentido para lo temporal y las formaciones asimétricas de la Historia, que ha alterado aquella geometría ilustrada, sin menoscabo de la igualdad.

La Constitución española de 1978 responde en sus principales rasgos a la esencia de la Ley general y abstracta. Desde el artículo 1 al 169, la Constitución es una ley que contempla casos típicos, sin referirse a situaciones ni circunstancias individuales. De ese modo, lo que la racionalidad garantiza en las modernas democracias está también asegurado en nuestra Constitución.

Pero al lado de la ratio intemporal, la Constitución española reconoce la existencia de ciertos sujetos históricos. Dos principalmente: las nacionalidades y regiones, cuyos derechos históricos la Constitución «ampara y respeta», conforme a su disposición adicional primera; y en el artículo 57 reconoce la restauración monárquica en cabeza del actual Rey. Los territorios históricos y la restauración van de la mano porque comparten una historicidad pareja. Con todo, hay entre ellos una diferencia esencial: los territorios forales son poderes políticos efectivos; en cambio, la Corona ostenta solo un poder simbólico. Quisiera referirme ahora a esto último.

Cuando alguno pregunta para qué sirve la monarquía, decimos normalmente que desempeña una función simbólica y con ello pretendemos haber zanjado la cuestión. Cabe preguntarse, sin embargo, qué es un símbolo, qué sucede con los símbolos, cuál es su contenido y eficacia y qué clase de símbolo es la Corona.

La esencia del símbolo estriba en ser un cuerpo sensible y concreto que se remite o señala un sentido inteligible y abstracto. El lado sensible del símbolo suscita un calor sentimental, un apego directo y espontáneo, del que carece el concepto puro; pero el sentido inteligible presta al símbolo una profundidad y gravedad que no pude venir del solo soporte sensible. Cuanto más concreto y particular es este apoyo sensible, más libremente se dispara el sentimiento de adhesión; pero también cuanto más alto y trascendente es el sentido, más intensa y total es la comprensión.

Dice el artículo 56 de la constitución: «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». La corona como símbolo reúne en grado eminente las dos características enunciadas de concreción y gravedad. Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado; la unidad de la nación española. En suma, nada hay más alto, grave e importante para nosotros. Pero al mismo tiempo, la gravedad del símbolo está encarnada en lo más doméstico que pueda imaginarse: una familia. En las más complejas sociedades avanzadas, el Estado concentra un poder superlativo y un grado enorme de sofisticación técnica. Debido a las exigencias de administración del interés general, el Estado se estructura jerárquicamente como escala de poder coactivo creciente, pero en la cima, en lugar de la esperable apoteosis de fuerza y decisión, luce un símbolo desnudo. ¿Por qué un símbolo?

Porque los otros Poderes se imponen por su propia fuerza y disfrutan de toda la capacidad coactiva del Estado; en cambio, la Corona, a fuer de símbolo, es un poder no coactivo. Si es difícil la adhesión sentimental a la organización completa, jerárquica y técnica del Estado, resulta más fácil para un símbolo que ofrece la estampa de una amabilidad no coercitiva.

La Corona presenta un rasgo que solo a ella le es propio. La Corona es un símbolo personal y concreto. Las personas concretas son capaces de suscitar un sentimiento que no producen un símbolo abstracto o una idea general, por estimable que sea. El respeto o incluso el entusiasmo hacia el orden constitucional, cuando se dirigen a una persona, se ensanchan en un rico surtido sentimental que va desde la simpatía, la adhesión o la identificación hasta el mismo amor.

Es conveniente ahora llamar la atención sobre el tenor del artículo 57: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón». Un individuo es nombrado por su gracia completa, nombre y apellido. Juan Carlos Borbón es el único nombre propio personal mencionado en toda la Constitución. En la norma abstracta, se menciona a una persona concreta. A diferencia de la bandera, el escudo, el himno, la moneda, que son ejemplares de un símbolo abstracto, el Rey y su familia son personas particulares. La Monarquía se realiza mediante una familia concreta, con unos miembros corporales y contingentes. La más alta magistratura es una de esas genealogías que fueron abrogadas por los revolucionarios y que ahora se injertan pacíficamente en el cénit del Estado de Derecho. Un símbolo concreto, sin perder nunca su entronque con lo sensible, remite a una instancia de sentido superior; si además es personal, atrae, eleva y peralta hacia eso otro simbolizado, cautivando los sentidos con la exhibición de lo tangible. Sin necesidad de amenaza y de coacción, sin el temor como guía de obediencia y respeto, por propio impulso y movimiento, comprendemos en la persona el sentido abstracto sin perder el encanto de lo sensible.

La Corona es una institución, pero una institución que se contrae a una persona o una familia. No puede aislarse lo institucional y público de lo personal-privado. Se dice que la Corona es la institución más valorada por los españoles en las encuestas, pero ¿puede separarse la institución de la persona, cuando la institución es personal, es familiar? Según la Constitución, la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad, pero, bien mirado, tiene la responsabilidad de su significado. De ahí que pertenezca a la esencia del símbolo la fidelidad a lo simbolizado. Porque lo que no es solo símbolo, si pierde su simbolismo, puede tener la utilidad de su eficacia o de su función; pero un símbolo que no simboliza ¿cómo lo llamaremos? El oficio del Rey en un Estado plenamente democrático es esa fidelidad a su sentido, ejerciendo la doble función de suscitar la adhesión de los ciudadanos por su ejemplaridad sensible y al mismo tiempo señalar con gravedad intachable la seriedad de lo simbolizado. Lo que hemos llamado fidelidad del símbolo a su significado tiene, en teoría política, un nombre: ejemplaridad. Lo contrario a la ejemplaridad no es, en el símbolo, la corrupción o la perversión, sino la banalidad.

Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y por tanto de los contribuyentes españoles.

La primera reflexión parece evidente: la trayectoria profesional que justificaba la posibilidad de estos negocios del Sr. Urdangarin (en tiempos deportista profesional) así como su actual puesto de trabajo en Washington en una multinacional española del sector de las telecomunicaciones está indisolublemente ligada a su condición de yerno del Rey. Con esto lo que quiero decir es que las administraciones públicas que contrataban «a dedo» (aunque fuera bajo la figura del convenio o mediante contratos con entidades instrumentales financiadas por ellas) al Instituto Nóos para realizar distintas actuaciones en el ámbito de la comunicación y los deportes lo hacían precisamente atendiendo a dicha condición. Ayudaba el socio, Diego Torres, avispado profesor de ESADE, y la existencia de una junta directiva donde aparecía nada más y nada menos que una Infanta de España y cuyo tesorero era Carlos García Revenga, que trabajaba para la Casa Real. Casi nada.

Si hubiera sido de otra forma, es decir, si el Instituto Nóos hubiera tenido un prestigio o una trayectoria profesional propia más allá de la de su presidente y su junta directiva, las administraciones públicas implicadas hubieran elaborado los correspondientes pliegos para la contratación de los servicios que ofrecían, aunque hubieran tenido que competir, eso sí, con otras empresas que hubieran podido prestar servicios similares posiblemente de forma más económica. Incluso descontando la voluntad política de los respectivos presidentes autonómicos o alcaldes de favorecer un instituto con este caché.

La prueba de que esto fue así es que existió un primer contrato que ganó el Instituto Nóos por el procedimiento negociado con el Gobierno de las Islas Baleares por un importe menor de 60.000 euros, donde el propio Instituto confeccionó las tres ofertas que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Debió de parecer poco dinero para tanta grandeza y a partir de entonces el Gobierno balear prefirió acudir a la socorrida figura del convenio (que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe si su objeto equivale al de un contrato, como sería el caso) dadas las escasas probabilidades de que el Instituto Nóos, con su inexistente solvencia técnica y económica, pudiera ganar un contrato público por una cantidad importante, incluso echándole mucha buena voluntad, es decir, forzando la contratación.

Con independencia de la opinión que merezca la oportunidad de realizar unas jornadas sobre turismo y deporte por importe de 2,3 millones de euros, decidida por el Gobierno autonómico de Jaume Matas, cuya trayectoria de despilfarro y de corrupción es bastante impresionante, lo cierto es que el instrumento jurídico para hacer esta contratación con dinero público está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento bastante complejo y necesariamente abierto a la competencia. El Instituto Nóos o cualquiera de sus instrumentales, no estaba en condiciones de ganar concursos públicos de este importe. Pero incluso de haberse ganado estos contratos hubieran quedado sometidos al control de la intervención de la comunidad autonóma balear, que. aunque a estas alturas ya sabemos que no era gran cosa, sin duda era mejor que ningún control en absoluto, que es básicamente a lo que equivalía una entrega de dinero muy importante mediante convenio a un instituto privado a cambio de la realización de unas jornadas (o un observatorio más tarde)

En cuanto a los contratos o acuerdos con el Gobierno autonómico de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia (por no mencionar a los clubs deportivos, Aguas de Valencia, la empresa privada que tan atenta resulta con la Generalitat de la que depende su concesión y su negocio, etcétera) la historia es básicamente similar, aunque los mecanismos utilizados para la entrega de la nada despreciable suma de 3,4 millones de euros fueran un poco distintos, al parecer contratos con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) por parte del Gobierno autónomo y con la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al Consistorio, que actuaron como obedientes entes instrumentales para financiar al Instituto tres ediciones del Valencia Summit.

Y así, a medida que pasan los días, van saliendo también otros contratos de menor importe con otros gobiernos autonómicos y con ayuntamientos. La historia es siempre la misma: administraciones públicas que entregaron importantes sumas de dinero público sin prácticamente ningún control mediante convenios o contratos realizados por entidades instrumentales al Instituto presidido por el Sr. Urdangarin en base a su figura y conexiones familiares por motivos que podrían resumirse en una frase: en España a la hora de hacer negocios importa más el who you know (a quién conoces) que el what you know (qué conoces, o qué sabes hacer). Pero claro que aquí hay un matiz importante; estamos hablando de dinero y contratos públicos y de conexiones con la más alta magistratura del Estado español, por lo menos mientras éste siga siendo una monarquía. En definitiva, nos tenemos que preguntar si es razonable invertir el dinero de los contribuyentes para que un político local se de el gusto de posar junto a la hija, el yerno -o incluso a los nietos del Rey si se da el caso- en una recepción porque otro resultado visible de estas inversiones brilla por su ausencia. Pero un momento, ¿no se supone que estas apariciones institucionales ya sean a nivel estatal, regional o local es precisamente una de las contraprestaciones -valga la expresión- que se reciben a cambio de mantener el presupuesto de la Casa Real? Claro está que sin Instituto Nóos por medio a lo mejor la lista de prioridades institucionales de la familia Urdangarin no hubiera sido exactamente la misma.

Sigamos. Presuntamente el Sr. Urdangarin no sólo recibió dinero público por procedimientos poco ortodoxos, sino que lo desvió a empresas suyas patrimoniales, si bien esta cuestión está sub iúdice, aunque a medida que avanzan las investigaciones los indicios son más demoledores, paraísos fiscales incluidos. En cualquier caso, que una persona con su puesto de trabajo y sus conexiones familiares tuviese tan siquiera la tentación de utilizar el dinero de los españoles no ya para hacer negocio de lobby a través del Instituto Nóos -lo que ya me parece muy cuestionable- sino para su enriquecimiento personal, invita también a algunas reflexiones. Efectivamente, cabe pensar que el modelo de sostenibilidad de la monarquía española no resulta muy adecuado cuando la familia política de la Familia Real tiene estas veleidades. Por otro lado, el que la Casa Real no haya impedido ab initio este tipo de conductas, prohibiendo tajantemente el aventurerismo empresarial con cargo a la institución parece muy grave, pues es de suponer que a menos la Infanta sí tenía conocimiento de las actividades de su marido, dado que figuraba en varias de las empresas. El que además las actuaciones realizadas se hayan dirigido fundamentalmente a obtener dinero público resulta especialmente dañino para la institución, y todo esto con independencia de la suerte judicial que corra finalmente el Sr. Urdangarin pues el mal ya está hecho.

No obstante, la segunda reflexión y última es la que me parece más importante en la gravísima situación de crisis política e institucional que estamos viviendo, por no hablar de la económica. El Sr. Urdangarin es un ciudadano español más, y como tal carece de cualquier privilegio ante las leyes españolas. La única figura que goza de inviolabilidad ante los tribunales de Justicia es la del Rey, y el Sr. Urdangarin, según nos recuerdan estos días con insistencia, ni siquiera es miembro de la Casa Real por lo que no goza de privilegio o inmunidad alguna frente a las leyes y los Tribunales españoles. Conviene no olvidarlo, máxime teniendo en cuenta que el 82% de los ciudadanos españoles han manifestado en el último barómetro del CIS (el de febrero) su opinión de que los españoles no son iguales ante la ley.

Por esa razón, me parece que una muy buena medida para demostrar lo contrario es que este español tenga los mismos medios jurídicos para defender su inocencia que el resto de sus compatriotas, ni más ni menos. Contando con que tendrá una legión de abogados expertos a su disposición que le facilitarán la tarea y que no están precisamente al alcance del bolsillo del contribuyente común. Mi opinión personal es que la subsistencia de la monarquía -si es que todavía tiene opciones- depende en gran medida de que sea así, frente a los que puedan pensar que, al contrario, debe de hacerse todo lo posible para que el Sr. Urdangarin no pise ni el juzgado ni la cárcel si llegara el caso. Porque entonces nos habremos quedado ya sin Constitución y sin Estado de Derecho definitivamente y ¿de qué sirve entonces una monarquía constitucional?

Juan Carlos I es rey de España desde hace 36 años. En enero próximo cumplirá 74. El reinado es largo, pero no tiene una edad avanzada ni impedimento que le impida ejercer sus funciones como jefe de Estado. El prestigio y la estima de que dispone el Rey son muy considerables. Felipe de Borbón, príncipe de Asturias y de Girona, el heredero del Rey, cumplirá 44 años. Es una persona preparada, responsable, madura, nada controvertida, pero en principio puede esperar (Isabel II subió al trono en 1953 y tiene 85 años; el príncipe de Gales tiene 63 y es un personaje polémico). Sin embargo…

La historia tiene etapas. La vida es ondulante, como sentenciaba Montaigne. La institución de la monarquía española ha bajado un poco por debajo del nivel de aprobado en el barómetro del CIS. Es la primera vez. El hecho podría ser anecdótico si no fuera que el caso Urdangarín, duque de Palma y yerno del Rey, presenta todos los síntomas para convertirse, en poco tiempo, en un escándalo de primera magnitud, de aquellos que martillean con insistencia durante mucho tiempo. Portadas de diarios, detalles, ramificaciones, implicaciones, declaraciones, condenas morales, una serie interminable de golpes.

SI LA PREVISIÓN de calvario judicial y mediático, tan generalizada, se cumple –insisto en el condicional–, el prestigio de la Casa Real se verá inexorablemente afectado, como señalaba Carlos Elordi hace unos días en estas mismas páginas. Nadie sabe hasta qué punto, pero es probable que de forma muy considerable. A medio plazo, puede ser fatal para la casa de Borbón. En el horizonte, la posibilidad de que al hijo del Rey le pase lo mismo que al padre, que no reinó nunca, si bien por motivos bien diferentes. El padre, por los avatares de una historia trágica y convulsa; el hijo, por un escándalo que puede convertirse en huracán.

Si añadimos que la monarquía tiene enemigos de notable capacidad entre los poderosos de Madrid, dispuestos a expandir el republicanismo desde la derecha y forzar de paso otros cambios en la Constitución, contando que la izquierda se acabaría sumando, el cuadro que podría resultar en términos de cuestionamiento es de incertidumbre, tensión y desestabilización.

Es más, la popularidad de Juan Carlos I convive con una muy extendida consideración según la cual la monarquía es un anacronismo, un retraso impropio de un país avanzado. Nada más lejos de la realidad, como se demuestra en Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Bélgica, todos ellos países nórdicos y con índices de bienestar envidiables, que compaginan sin problemas modernidad y tradición monárquica. Que para unos cuantos entre los primeros de la clase la Monarquía sea motivo de orgullo invalida cualquier argumento sobre las ventajas intrínsecas de las repúblicas sobre las monarquías parlamentarias. Lo invalida sobre el papel, no en la sociedad española.

Debería bastar un ejercicio de imaginación muy sencillo, que consiste en una lista de los políticos que habrían podido ser presidentes de una hipotética república (Fraga, Guerra, quizá Mayor Oreja, Bono…), para decantarse sin ambigüedades ni dudas por la ecuanimidad y la ponderación de Juan Carlos. Sin embargo…

En caso de que los próximos pasos de la justicia comporten el encausamiento del duque de Palma (vuelvo a insistir en el condicional), de poco valdrá la consideración de que no forma parte, en sentido estricto, de la Casa Real. De poco valdrá recordar que un suegro, aunque sea el Rey, no es responsable de los actos de su yerno. De poco también que Iñaki Urdangarín desapareciera del protocolo y los actos oficiales, fuera apartado de la familia o incluso que se separara de la infanta Cristina. El desprestigio de la institución sería inexorable. Aunque resistiera y no sucumbiera de entrada, quedaría tocada, quién sabe si de un final irrevocable.

PARA CONJURAR el peligro, si lo que es previsible se vuelve real, quizá lo mejor sería que el Rey se planteara ceder el testigo al Príncipe de Asturias. En toda democracia, los cambios en la cúpula del poder, en este caso de la representatividad, actúan como factores insustituibles de limpieza. Abrir una nueva etapa es casi siempre la única manera de pasar página. Poner la institución a cubierto antes de que se desencadene la tormenta, o antes de que se convierta en implacable, es preferible a sufrir una mala última etapa para un reinado que sin duda merecerá la aprobación e incluso el aplauso de la historia.

¿Puede suceder tal cosa? No es sencillo bajar del trono. El padre del Rey, Juan de Borbón, no cedió sus derechos dinásticos hasta después de que su hijo lo ocupara. Es natural y humano que nadie quiera renunciar a una dignidad tan alta. Un sacrificio de este tipo requeriría una grandeza de ánimo extraordinaria, que sin duda sería muy bien valorada y consolidaría la institución. No hay que correr. Sólo prepararse para cuando llegue el momento.

Tras el paréntesis impuesto por la última fase de la campaña electoral –en la que los grandes partidos no hablaron de corrupción– el asunto Urdangarín ha vuelto con fuerza a los diarios. Con nuevos detalles que amplían, y mucho, sus dimensiones y ramificaciones, pero también con una novedad respecto de la precedente ola de informaciones y opiniones en torno al caso: la de que algunos de esos diarios –El Mundo o Público, por ejemplo– ahora se esfuerzan por dejar claro que no hay que achacar al Rey el comportamiento de su yerno, aunque sí le piden que explique su posición ante un escándalo que, por lo que se ha contado hasta el momento, se parece demasiado a los que han salpicado la crónica negra de estos últimos años.

LA ÚLTIMA VEZ que la Casa Real salió a la escena pública al respecto fue a mediados de noviembre para declarar que Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina, actuó a “título estrictamente privado” al ejercer, tal y como reveló la prensa, también como tesorero del Instituto Nóos, la empresa presidida por Iñaki Urdangarín y eje de la trama societaria que la justicia investiga porque sus actividades podrían haber incurrido en prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y evasión de capitales. Unos días antes la Casa Real había pedido en otro comunicado oficial que Urdangarín fuera “tratado como un ciudadano más” si un día tuviera que afrontar la justicia.

A las filtraciones del sumario se ha añadido un largo informe de la Agencia Tributaria que describe con detalle las prácticas llevadas a cabo por la trama societaria de Urdangarín, entre otras cosas “para desviar dinero público”. Pero el yerno del Rey –que como consorte ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono– aún no ha sido imputado. Y eso no ocurrirá, si debe ocurrir, al menos hasta que el Gobierno del PP tome posesión y nombre un nuevo fiscal general del Estado. Este deberá decidir no solo si su departamento asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la jurisdicción a la que se asigna el caso, que podría finalmente ser la Audiencia Nacional, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en distintas autonomías, cuando menos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Mariano Rajoy tendrá por tanto que desempeñar un papel importante en el encauzamiento de la cuestión. Aunque no pocos de los antimonárquicos más activos se inscriben en los ámbitos de la derecha, caben pocas dudas de que el nuevo presidente del Gobierno optará por una línea de defensa de la estabilidad institucional. Pero necesita que previamente el jefe del Estado se pronuncie sobre el futuro de Urdangarín en cuanto miembro de su institución.

En ese sentido, en los mentideros madrileños se barajan hipótesis que van desde el divorcio de la infanta Cristina –que quienes aseguran conocerla descartan absolutamente– hasta la renuncia por parte del investigado duque de Palma a su condición de miembro de la familia real. Puede que estemos en vísperas de un anuncio que no tiene ni un remoto precedente en las más de tres décadas de la reinstaurada Monarquía española. Pero todo indica que los acontecimientos hacen inevitable un paso de esa índole.

Muchos españoles aceptarían, aunque con razonamientos distintos y no todos benevolentes, que el Rey dejara caer a su yerno. La pregunta q ue quedaría en el aire después de ese gesto, y a la espera de la conclusión de un eventual procedimiento judicial que puede durar bastante tiempo, es la que se refiere a los daños que el asunto ha provocado ya y puede provocar aún a la institución monárquica.

LO CIERTO ES QUE no ha agrandado significativamente el círculo de los antimonárquicos militantes, que sigue estando formado por los mismos columnistas de ciertos medios y algún político aislado como Iñaki Anasagasti, a los que cabe sumar, aunque sus planteamientos no son idénticos, a los partidos de la izquierda republicana, encabezados por IU. Pero frente a eso el escándalo ha tenido, y sigue teniendo, una difusión extraordinaria. No solo por la cantidad de páginas que le dedican los diarios, sino, sobre todo, por el enorme impacto que tiene en la red de medios digitales. Que nadie, por mucho poder que tenga, puede controlar.

Con un elemento adicional: los jóvenes son los principales usuarios de la red. Y es justamente la negativa valoración de la Monarquía por parte de los jóvenes la que ha provocado que por primera vez la institución haya resultado suspendida, con una nota de 4,89, en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La actitud de las generaciones que no vivieron la transición ni el 23-F ni tienen casi referencias del papel que entonces tuvo el Rey es la principal fuente de preocupación sobre el futuro de la Monarquía. Porque a la postre son los estratos poblacionales con los que más debería identificarse el sucesor, el príncipe Felipe, para que su acceso a la Corona tuviera un sólido apoyo popular. Nada indica que el asunto Urdangarín vaya a hacer tambalear ahora a la Corona. Los problemas pueden surgir más adelante.

Cardiff, 23 de octubre de 2011. Las Tertulias Hispano-Británicas de 2011 tocan a su fin. El copresidente español, Luis Atienza, pide a uno de los contertulios de su país que esboce algunos de los asuntos que pueden ser sometidos a debate dentro de un año. Este foro de discusión fue creado a raíz de la visita de la Reina de Inglaterra a España en 1988 y surgió bajo el patrocinio de los Soberanos de ambos países. Es, sin duda, el de mayor relevancia entre los encuentros bilaterales de este tipo que mantiene España con otros países. En respuesta a la petición de Atienza, el ponente sugiere, entre otras cuestiones, debatir en otoño de 2012 el problema constitucional que afrontan el Reino Unido y el Reino de España por la reforma de sus leyes de sucesión.

La cuestión, en esa fecha, era que la reforma para conceder igualdad de derechos en la línea de sucesión a las mujeres implicaba una reforma constitucional en el Reino Unido que afectaba, además, a otros quince estados de los que el Monarca inglés es igualmente soberano. Y no hablamos de Escocia o Gales, que también. Hablamos de Canadá, Jamaica, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. El Rey de Inglaterra es soberano sobre países que agrupan a 134 millones de habitantes, de los que solo 62 millones son ciudadanos del Reino Unido. El reto era poner de acuerdo a los gobiernos de esos dieciséis países.

Enfrente estaba —y está— el problema español. Nuestros padres constitucionales de 1978 tuvieron la prudencia y el buen criterio de dar la máxima protección a la Monarquía dentro de la Carta Magna. Junto con el Título Preliminar y el Capítulo II Sección I del Título Primero —referido a los derechos fundamentales y las libertades públicas—, el Título II, «De la Corona», está sometido a una especial protección en el procedimiento de reforma de la Constitución. Así, para el resto de la Carta Magna, una posible reforma se guía por el artículo 167 de la Constitución y requiere de una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y un referéndum cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado. El pasado mes de agosto vivimos una reforma de este tipo. En cambio, para los tres apartados antes señalados hay una triple protección. Cualquier reforma de ellos está tasada en el artículo 168 y requiere una mayoría de tres quintos y la inmediata disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Constituidas las nuevas Cortes, deberán ambas Cámaras ratificar la reforma por una mayoría igualmente de tres quintos. Y después se celebrará un referéndum sobre la reforma propuesta.

La urgencia para ambas reformas deriva de que, en el caso británico, es previsible que los Duques de Cambridge tengan descendencia a corto plazo, y la posibilidad de que esa descendencia sea femenina, precediendo a una posterior descendencia masculina, crearía un problema constitucional que una reforma a priorievitaba. En el caso español, los Príncipes de Asturias ya tienen dos hijas, y la Infanta Leonor es, en el imaginario popular, «la heredera». Y lo es pese a que la Constitución vigente establece con toda certeza que si los Príncipes de Asturias tuviesen un hijo varón el sucesor de Don Felipe sería él. Y por más que cueste imaginarlo hoy, no olvidemos que por la sucesión de una mujer al trono, en detrimento de un varón, los españoles tuvimos tres guerras civiles en el siglo XIX entre los partidarios del Infante Carlos María Isidro y sus descendientes (los «carlistas») y los defensores de Isabel II y sus descendientes (los «liberales»).
Hay constitucionalistas que sostienen que una reforma después de haber nacido un hipotético hijo varón de los Príncipes no implicaría retroactividad sobre ese Infante mientras Don Felipe no haya sucedido al Rey. Y ello porque no se es Príncipe Heredero hasta que no se es el primero en la línea de sucesión, lo que ningún hijo de Don Felipe será mientras reine Don Juan Carlos y Don Felipe sea su heredero. Pero otros constitucionalistas sostienen que la línea de sucesión establece la posición de cada uno al nacer, y, al cambiar el orden sucesorio habiendo nacido ya un nuevo Infante, se le estaría desposeyendo de unos derechos que están consagrados constitucionalmente.

Dejaré ese debate sobre la mesa de los constitucionalistas, entre los que no me cuento. La cuestión es por qué no somos capaces de hacer de forma inmediata una reforma sobre la que los dos grandes partidos están ampliamente de acuerdo, para la que tienen una mayoría sobrada, y para la que el momento procesal idóneo se dejó pasar con la última disolución de las Cortes. Esta última ha sido una de las convocatorias electorales anunciadas con más antelación. Zapatero fijó el pasado 29 de julio la fecha de los comicios. Se podía haber aprovechado el periodo de casi cuatro meses que iba hasta la celebración de los mismos para hacer una reforma que ni el Gobierno ni la oposición plantearon. Lo que crea ahora una situación de incertidumbre constitucional. Porque en la situación de crisis que vivimos es inimaginable que se puedan disolver las Cortes en mitad de esta legislatura para proceder a esa reforma. Hay prioridades mucho más relevantes para la vida cotidiana de los españoles a las que hay que atender. Pero tampoco se puede despreciar el pináculo de nuestra democracia constitucional y, por dejadez, llegar a una situación en la que podamos encontrarnos con Don Felipe como Rey y un hijo varón como Heredero constitucional. Y no es que yo tenga nada contra la preferencia del varón en la sucesión. Me atrevería a mantener un debate en defensa de salvaguardar las actuales normas sucesorias. Pero sí creo que, una vez que se ha establecido en el imaginario popular la idea de que la Infanta Leonor está llamada a ser la sucesora de Don Felipe en la titularidad de la Corona, mantener esta línea de sucesión tal y como queda establecida en el artículo 57.1 de nuestra norma superior implicaría crear una crisis constitucional innecesaria. Una crisis provocada por la desidia de los dos grandes partidos. Estamos creando un problema que podríamos haber resuelto ya de forma expedita.

Cuando nos reunimos en Cardiff el pasado 23 de octubre parecía imposible lograr un consenso entre los dieciséis países de la Commonwealth de los que el Rey de Inglaterra es también Monarca. Hacía cinco meses que el Príncipe Guillermo se había casado, y había preocupación por los problemas que podría generar el nacimiento de una hija de los Duques de Cambridge. Cinco días después la reforma estaba hecha. Y no solo esa reforma, también se había limitado —aunque no suprimido— la discriminación de los católicos en la Monarquía británica: no podrá haber Soberanos miembros de la Iglesia Romana, pero al menos sí podrá haberlos casados con católicos. Y frente a tan sustancial reforma, tenemos el caso de los Príncipes de Asturias, que se casaron en 2004. Siete años —y dos hijas— después la reforma no ha sido acometida. Y a nadie parece preocupar. Será que algunos prefieren dejar que se pudra el asunto y, cuando surja el problema, verse desbordados por los debates en nuestra televisión basura propiedad de extranjeros que tan claramente han demostrado su voluntad de acabar con el mayor símbolo de progreso y estabilidad que tiene hoy España: su Corona.

La Monarquía Constitucional es útil, y goza de plena vigencia en la España de la segunda década del siglo XXI. No es una realidad anacrónica o caduca; muy al contrario, constituye una herramienta válida y necesaria —hoy como ayer— para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Como instrumento teórico, la Monarquía, como tantas veces se ha insistido, proporciona una Jefatura de Estado que se sitúa más allá de la política partidista, y otorga a la Nación un elemento tangible que representa tanto su continuidad en el tiempo como su proyección al futuro. Al mismo tiempo, ofrece una plataforma relevante sobre la que sustentar la representación de los intereses internacionales y si — como es nuestro caso— viene avalada por el prestigio de quien la representa, puede ser un sólido punto de referencia en momentos de crisis. Durante el reinado de Juan Carlos I, la Monarquía ha representado, en efecto, fiel y canónicamente, esos principios, erigiéndose en un elemento central del éxito español desde 1978.

Hoy en día, sin embargo, la gravísima alteración de los elementos sustantivos que constituyen la base de la convivencia de los españoles en las últimas décadas —no debemos olvidarlo—, en gran parte propiciados por la esencial labor del Rey durante la Transición, dificulta y erosiona la labor de la Corona como agente moderador de las instituciones, e integrador del conjunto de la sociedad española. La Monarquía Constitucional solo puede operar adecuadamente en unas condiciones en las que la mínima voluntad de responsabilidad del resto de los poderes del Estado se dé por garantizada, o ante una crisis exógena, en la que pueda hacer valer su prestigio acumulado, sin con ello coartar el papel central de los ciudadanos en el proceso político. Cuando la temperatura de la convivencia se eleva hasta niveles insoportables, y eso sucede, además, como fruto de la vacuidad de la clase política, o de actitudes irresponsables del propio gobierno democráticamente elegido, la Corona pasa a encontrarse en una situación extremamente delicada. Por un lado, se convierte en el argumento de prestigio que todos esgrimen interesada y egoístamente; por otro, cada una de sus intervenciones es interpretada en términos del más puro oportunismo político partisano, sin atender al necesario sentido de Estado que informa la acción de la Institución. Y cualquier análisis desapasionado y centrado de las palabras y actitudes del Rey en los últimos meses, sobre el complicado momento que atraviesa España, no puede sino incidir en la hondura constitucional de la labor de la Corona ante los gravísimos problemas del presente. Lo triste es que Don Juan Carlos predica en el desierto. De hecho, en lo que parece un proceso de irresponsabilidad que quizá no debería sorprender en nuestro país, tan dado a los maximalismos como refractario a posturas constructivas, tanto la Corona como sus representantes están siendo víctimas de un ataque sin precedentes, beligerante e indiscriminado. Un ataque que pretende

convertir al Rey nada menos que en uno de los responsables principales del proceso de innegable degradación política que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

Pero no nos engañemos, en 1978 los españoles nos dotamos de un régimen democrático con el que los ciudadanos pasábamos a ser los responsables de la vida política nacional, los protagonistas de nuestra propia historia. Poco más de treinta años después de aquel momento decisivo, España vive —es dolorosamente cierto— una profundísima crisis, política, social, económica y de valores, cuyo origen no es el objetivo de estas líneas, pero que tiene mucho que ver tanto con la frivolidad de gran parte de la clase política española como —en concreto— con la insoportable levedad del actual gobierno, y con su dramática evanescencia doctrinal. Ambas realidades íntimamente vinculadas con las propias decisiones colectivas del conjunto de los españoles. La crisis a la que nos enfrentamos supera los escenarios imaginables más tenebrosos que hace cinco o seis años hubiésemos podido imaginar, y requiere reformas estructurales profundas. De eso no hay duda. Pero, aunque su gravedad en todos los órdenes no se pueda exagerar, el ataque a la Corona no solo es terriblemente injusto, sino que encierra en su seno algunas de las gangrenas que se sitúan en la génesis de la endémica inestabilidad política de nuestro país desde la Guerra de la Independencia.

Los españoles no podemos conformarnos con enmendar nuestro sistema político cada veinte o treinta años. Como dijo Don Juan Carlos en su discurso de la pasada Nochebuena, España es una gran Nación. Comportémonos como tal. Ante cada dificultad, por muy significativa y atemorizante que sea, no podemos arrumbar los logros y éxitos del pasado y lanzarnos por el camino fácil de ver en cambios de régimen soluciones fáciles que no supondrían sino recaer en nuestros peores vicios del pasado. Las grandes naciones no son solo aquellas con un pasado glorioso, son aquellas que saben actuar con responsabilidad, serenidad y determinación ante las adversidades. Aquellas que son capaces de darse una organización política lo suficientemente firme como para resistir los envites de los tiempos difíciles, sin el doctrinarismo que impide reformar, modular y adaptar las instituciones ante al auge de nuevos desafíos. Ese es el secreto del éxito de las grandes democracias de nuestro mundo. En ese sentido, la Monarquía no puede ni debe ser entendida como una solución transitoria para un momento concreto. Es una institución con sobrada capacidad y vigencia para seguir sirviendo a nuestro país, hoy y en el futuro. Ese es un bagaje que no podemos arriesgarnos a desperdiciar.

Y en 1978 los españoles nos dimos, en efecto, una organización política con voluntad de perdurar en el tiempo y conjurar definitivamente el fantasma de la perpetua interinidad de nuestras constituciones en el pasado. Un sistema que asumía en su seno la realidad de que los tiempos cambian, y que las instituciones deben adaptarse a su compás. Nuestro problema real es que, en los últimos años, esa realidad, que hasta entonces había sido una plataforma operativa sobre la que se habían construido la prosperidad y estabilidad ganada por los españoles desde la Transición, ha sido tornada interesadamente en la excusa para desvirtuar, pervertir y hacer inservible el propio concepto perdurable de la Nación Española. Nuevos estatutos de autonomía amenazan, aupados por la perenne cesión de los partidos políticos nacionales, la propia integración y continuidad del Estado como un agente viable para articular la vida en común de los ciudadanos de este país, así como la igualdad de los españoles, y el mismo imperio de la Ley. Nos hemos lanzado a una arriesgada carrera en la que se quiere convertir a los jueces en historiadores, y a estos en comparsas serviles de una puesta del pasado al servicio de un programa político destructivo. Mientras tanto, el esfuerzo de tantos años por construir una base económica sólida para el conjunto de la sociedad, y hacer a España competitiva internacionalmente, se ha desmoronado. Es un hecho; en todos los órdenes se ha iniciado un proceso de alteración silenciosa del orden constitucional, sin precedentes en su corta historia. Se ha puesto en cuestión a la postre nuestra capacidad para continuar siendo en el futuro un país digno de ser vivido; ese proyecto sugestivo de vida en comúndel que hablaba Ortega.

Los discursos adormecedores que sitúan al Rey como parte del problema no solo yerran en el diagnóstico, sino que pretenden anestesiar nuestra propia e insoslayable responsabilidad. Yo soy de los que creen firmemente que la Monarquía ha jugado un papel central en configurar el éxito de nuestra historia reciente, y que debe contar con el apoyo de todos en los momentos tan difíciles que atravesamos. El día de su proclamación como Rey, Don Juan Carlos afirmó que la mejor forma de que los españoles ganásemos nuestro futuro era mantenernos todos unidos. Esa fórmula es tan válida hoy como ayer, como lo es la propia Monarquía. O como diría Margaret Thatcher, el que crea que un político puede hacer las funciones de Jefe del Estado mejor que el Rey debería conocer a más políticos.

Nuestro sistema político se asienta felizmente, transcurridos más de treinta años de esta España constitucional, con el devenir de los tiempos. Una circunstancia que inviste a la Constitución, y a los poderes y órganos del Estado, del poso institucional y del respaldo ciudadano que el tiempo brinda a las obras humanas. Hoy conmemoramos una fecha dotada de especial significación: el veinticinco aniversario del Juramento de la Constitución por Don Felipe de Borbón, en sesión extraordinaria, solemne y conjunta de las Cortes Generales, un 30 de enero de 1986, de conformidad con el artículo 61.2 de nuestra Carta Magna. En dicho precepto se afirma: «El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey». Ese mismo juramento no es sino el referido al Monarca: «El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas» (artículo 61.1). Pocas veces la prestación de un juramento disfruta pues de tal relevancia: la promisoria adhesión de Don Felipe al vigente orden constitucional. Detengámonos en su trascendencia político-constitucional.

Primera: constitucional. La Monarquía parlamentaria se asienta en la legitimidad histórica —«La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica» (artículo 57. 1)—; pero, sobre todo, en la legitimidad legal-racional normativa, la característica de los regímenes constitucionales. Una Constitución erigida sobre la idea de la soberanía nacional —«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artículo 1. 2)—, basamento del principio democrático, donde el Rey ya no es un órgano soberano, sino un poder constituido, el titular de un órgano constitucional: la Corona. Una Corona sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Nada queda del Rey como Princeps legibus solutus y menos de L´Etat c´est moi. En el proceso de racionalización de la Monarquía parlamentaria, el adjetivo es sustantivo; la Monarquía parlamentaria no es una forma de Estado, como en las Monarquías absolutas, sino una forma de gobierno. No es casual, en suma, lo prescrito en el artículo 56.1 CE: «El Rey ejerce… las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Una realidad que es predicable de la Corona, del Monarca y, por ende, de Don Felipe, como Príncipe heredero. Si bien, mientras que el origen del juramento del Rey se encuentra —puntualiza Torres del Moral— en una práctica pactista del Antiguo Régimen (el Monarca juraba fidelidad a sus súbditos, pero éstos hacían lo mismo respecto al Rey, fijándose derechos y deberes para ambas partes), el del Príncipe heredero es más propio de los nuevos tiempos, de los regímenes constitucionales. Los Parlamentos eran entonces los que juraban fidelidad al Heredero; hoy es el Heredero, en forma inversa, quien lo hace ante las Cortes Generales. Un juramento que carece, no obstante, de efectos constitutivos o declarativos del statusy condición de Príncipe heredero. No crea titularidades, obligaciones, ni derechos. No asigna efectos atributivos a la titularidad del Heredero, que ya lo era desde antes. Se es Heredero en virtud del principio sucesorio definitorio de la Monarquía, y de naturaleza ordinariamente automático, nunca por el juramento. Estamos ante un compromiso, ante una fórmula de integración, ante una garantía moral, ante una condición, eso sí, para cumplir las funciones constitucionales.

Si el Monarca jura, al momento de su proclamación, desempeñar sus funciones, guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, la lógica constitucional invita a que el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad —dieciocho años (artículo 12 CE)—, preste semejante juramento. Y decimos semejante, porque a los mentados contenidos se añade el de fidelidad al Rey, consecuencia de la condición de Don Juan Carlos como titular de la Corona. «Fiel y obediente —decía la Constitución de 1812— al Rey».

Segunda: histórica. El juramento de Don Felipe es una constante, dentro de las competencias no legislativas de las Cortes Generales, a lo largo del constitucionalismo: desde Cádiz (1812) hasta la Constitución de la Restauración (1876). Nuestras Constituciones han previsto, en el mismo precepto, el juramento del Príncipe heredero, junto al del Rey y la Regencia. La única matización se producía en la Constitución de Cádiz: por un lado, se pormenorizaba su forma y contenido; y, por otro, se prescribía su prestación antes de la mayoría de edad. Aunque, y este sí es un hecho relevante —reseña Jorge de Esteban—, es la primera vez desde el inicio de nuestra Monarquía constitucional en el siglo XIX, que un Príncipe heredero ha cumplido dicha exigencia. Una razón para regocijarnos, por lo que explicita de acomodación del texto de la Constitución a la realidad política del país. Un juramento que se reproducirá, en su día, cuando Don Felipe sea proclamado Rey, no por, sino antelas Cortes Generales.

Tercera: simbólica. Los símbolos, como demostró García Pelayo, satisfacen una función integradora y exteriorizadora del compromiso de los órganos del Estado, en este caso del Heredero de la Corona, con la Constitución, con los demás órganos del entramado institucional y con los ciudadanos. De esta suerte, el juramento de Don Felipe expresó su explícita adhesión a los principios y valores constitucionales.

La reseñada naturaleza del juramento de Don Felipe se resaltó en el Acuerdo del Consejo de Ministrosde 27 de diciembre de 1985, que tomaba conocimiento de su inmediata mayoría de edad, y solicitaba la constitución de una sesión extraordinaria y conjunta de ambas Cámaras de las Cortes Generales: de un lado, su dimensión jurídica, en tanto que «acto de naturaleza constitucional que se proyecta sobre el conjunto de las instituciones estatales y, muy particularmente, sobre los restantes órganos constitucionales»; y, de otro, una faceta simbólica, pues «son las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado y en el que reside la soberanía nacional, quienes hayan de recibir compromiso de tanta relevancia». Una obligación, recuerda Óscar Alzaga, que se remonta a Alfonso VI que, sin heredero masculino, trató de facilitar el acceso al trono de su hija Doña Urraca; y a Alfonso VIII, en vida de su padre Sancho III, que recibía el homenaje de las Cortes, poniendo coto a las aspiraciones de su tío Fernando II de León. Por más que las circunstancias de hoy son muy distintas: en la época preconstitucional el juramento buscaba remediar la inseguridad jurídica en materia sucesoria, lo que requería que el Heredero fuera reconocido como tal en vida del Rey; en la actualidad manifiesta, en cambio, su inequívoco compromiso con el ordenamiento constitucional.

El entonces presidente de las Cortes Generales, Gregorio Peces-Barba, resaltó lúcidamente el citado perfil del juramento, al dirigirse a Don Felipe: «Estáis simbolizando vuestro sometimiento al Derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey». En suma, ¡celebramos un cumpleaños constitucional! ¡El de un Príncipe constitucional!

La reciente visita de los Príncipes de Asturias a Perú ratifica el compromiso de España con el desarrollo de la región y el gran momento que atraviesan los países latinos que han abrazado la democracia como forma de gobierno. El porvenir de Iberoamérica es moldeado por el enfrentamiento continuo entre el cesarismo estatista y las fuerzas democráticas populares. Los valores democráticos, en este contexto, han creado estabilidad y progreso, promoviendo el surgimiento de una nueva clase media, auténtico motor de la transformación económica. Por eso, Don Felipe estuvo especialmente acertado cuando afirmó, durante su periplo limeño, que el mundo es testigo de un «milagro peruano». Este milagro, propio de los países que optan por la libertad, no se habría llevado a cabo sin una verdadera revolución democrática.

En el futuro, Don Felipe y Doña Letizia heredarán el liderazgo de la monarquía europea que más ha hecho por la democracia de su país en los últimos treinta y cinco años. Y también, sin duda alguna, la que más ha bregado por la unidad iberoamericana. Los Príncipes encarnan esa gran comunidad espiritual que une a Latinoamérica con España. En este sentido, Iberoamérica, antes que un conjunto de naciones, es un gran y único pueblo enlazado por los vínculos indestructibles del idioma y la religión. Si consolidamos política e institucionalmente el espacio iberoamericano ello será, en buena medida, gracias a la tenaz actividad que a lo largo de las últimas décadas ha desplegado la Corona española en ambos lados del océano. Los Príncipes, por todo ello, forman parte esencial del presente y el futuro de la hispanidad.

España es consciente que su destino está ligado al nuestro. Nunca ha dejado de estarlo. Socio estratégico en la diplomacia, el comercio y la política, el ejemplo de la Transición española es un acicate para las jóvenes repúblicas latinas, más aún ahora que nos internamos en la celebración del bicentenario de las independencias. Sí, el bicentenario ha de convertirse en el marco propicio para una nueva era dorada de la hispanidad, una hispanidad revitalizada que se caracterice por su carácter abierto e incluyente, propio de un mundo globalizado. Es en este escenario que los Príncipes de Asturias tienen ante sí el enorme reto de impulsar una hispanidad que no sólo se construya a partir de lazos empresariales o comerciales. Si existe una continuidad histórica entre nuestros países, ello se debe a que el mestizaje no fue un proceso exclusivamente material. El mestizaje hispanoamericano es, en esencia, una síntesis de valores, una fusión trascendental. Por eso, la hispanidad del siglo XXI ha de promover, antes que la suma de objetivos económicos coyunturales, principios comunes basados en los valores democráticos de libertad, justicia y solidaridad. Esta hispanidad abierta del tercer milenio, promotora del Estado de derecho y las instituciones, transformará la fisonomía política y cultural del continente, gracias a su compromiso con el liderazgo de valores y la democracia real.

La nueva hispanidad está formada por personas, no por territorios. Lo que importa son los seres humanos. Los millones de latinos repartidos por todo el mundo -más de 50 millones de ellos viven, por ejemplo, entre EEUU y Canadá- forman parte de la comunidad espiritual del hispanismo, sin importar en qué lugar se encuentren. Los latinos somos hispanóforos, portadores de la hispanidad en el nuevo orden global. La cultura no se circunscribe a un espacio determinado porque viaja con las personas. Se expande y enriquece, en un proceso de perpetuo mestizaje.

Doscientos años después de las independencias, la Corona española, en pleno siglo XXI, se ha convertido en una instancia de autoridad antes que un núcleo de poder. Se encuentra unida, además, a un nuevo modelo de Estado, distinto a la idea de imperio que rigió durante la época colonial. La Corona española es un pilar de la democracia. Los Príncipes de Asturias, en este sentido, encarnan una unión fundada no en el poder del imperio sino en el prestigio global de una corona voluntariamente comprometida con los valores fundamentales de la libertad. Los Príncipes, en Iberoamérica, no ejercerán jamás un poder real. Pero gracias a su defensa de la democracia, están llamados a jugar un papel clave en la construcción del gran espacio iberoamericano.

La autoridad espiritual que une a los hispanos en una gran comunidad transpersonal responde al concepto romano de maiestas, una noción incluyente, propia de grandes espacios abiertos, como es el caso de Iberoamérica. La majestad del pueblo latinoamericano supera la soberanía exclusiva y excluyente del Estado-nación, un concepto que compartimenta nuestros países y los divide en bloques que se contraponen unos a otros. La soberanía exacerbada divide, la maiestas acopla, suma, unifica. Así, el pueblo hispano disperso por el mundo tiene maiestas, grandeza espiritual, vocación de síntesis, capacidad de cohesión. A esta maiestas hispana ha de contribuir con su defensa de los valores democráticos el liderazgo público de los Príncipes.

Los Príncipes de Asturias son el símbolo de la tradición y la modernidad del gran espacio iberoamericano. Hace unos años, su matrimonio los convirtió en artífices de la renovación de la Monarquía española y hoy encarnan el futuro democrático de toda la hispanidad. Vivimos en una sociedad que prefiere el ausentismo político y se niega a tomar conciencia de los retos que impone la modernidad. Iberoamérica no debe plegarse a esta postura disolvente y evasiva. Es preciso asumir el gran reto social de nuestro tiempo: la expansión de la democracia en Latinoamérica. La Transición española culminó con la democratización positiva de una institución clave en el proceso: la Corona. Por eso, para consolidar y fortalecer sus instituciones, los latinos debemos apelar a su ejemplo y mirar el futuro con optimismo. Jóvenes, emprendedores y llenos de esperanza -como las repúblicas latinas-, los Príncipes de Asturias personifican la autoridad global de la monarquía española. Una autoridad capaz -muy capaz- de acallar la vocinglería primitiva del populismo demagógico. Y también, por qué no, de acompañarnos fraternalmente por el duro camino de la regeneración.

Del discurso de Navidad de Don Juan Carlos, me quedo con la expresa, animosa y comprometida declaración de voluntad: «… asegurar que sigo y seguiré cumpliendo siempre con ilusión mis funciones constitucionales al servicio de España. Es sin duda mi deber, pero es también mi pasión». Una referencia que ha traído a mi memoria las bellísimas palabras de Bertrand Rusell, cuando manifestaba en su Autobiography: «Tres pasiones simples pero extremadamente poderosas han gobernado mi vida: el anhelo de amor, el deseo de saber y una compasión abrumadora ante el sufrimiento de la Humanidad». Unas razones, las del renombrado filósofo inglés, a las que el Monarca ha sumado, desde el específico carácter de la Corona y su particularísimo status, una consideración añadida: la pasión de Rey. Un rico, absorbente y vitalicio entusiasmo, encauzado por el saber hacer, la contrastada experiencia y el obligado marco constitucional. Un histórico officium regis construido sobre el exigente hacer y actuar diario. Rex eris, si recte facies; rey eres —decía la máxima política— si actúas rectamente. Un oficio regio que requiere para su desempeño, como todas las obras humanas que se precien, de pasión. Ya lo adelantaba Honoré de Balzac en La Comédie humaine: «La pasión constituye todo lo humano. Sin ella, la religión, la novela, el arte serían inútiles». Pasión, en el caso del Rey, ¡en la mejor gestión de la Res publica! Al tiempo que la persuasiva alocución navideña nos confirma nuevamente la lógica interna de toda monarquía: las abdicaciones y renuncias son excepcionales y anómalas, forman parte de las «patologías institucionales».

La monarquía parlamentaria supone en esta España constitucional tres cosas. Primera: la Monarquía resuelve, como ninguna forma de gobierno, la compleja cuestión de la transmisión del poder político, inevitablemente problemática al producirse en el vértice de la organización jurídico-política del Estado; esto es, aquella que se da entre órganos constitucionales situados —Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial— en relaciones de estricta paridad y coordinación jerárquicas. Por más que la Jefatura del Estado goce de una superior dignidad formal. Lo afirmaba Karl Friedrich en su obra Gobierno constitucional y democracia: «El constitucionalismo representa un complejo sistema para organizar adecuadamente la transmisión del poder supremo». Este es el último sentido de la distinguida mención del Monarca a don Felipe de Borbón. Una referencia que no es, pues viene realizándose intencionadamente desde hace años, improvisada ni secundaria: «He contado… con el afecto de los españoles y con el activo apoyo del Príncipe de Asturias». Don Juan Carlos ha explicitado, desde su condición de cabeza de la Corona y padre de Don Felipe, el mandato de la Constitución de 1978: «El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos… vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona» (artículo 57. 2).

Segunda: en una monarquía parlamentaria el Rey, y así lo ha refrendado Don Juan Carlos durante su reinado, disfruta de un Poder Moderador nacido de la Constitución. En esta halla aquel su principal legitimidad —la legitimidad racional normativa acuñada por Max Weber— y su legalidad de obrar. Nada de caducos principios monárquicos ni de ancestrales soberanías compartidas, incompatibles con los regímenes democráticos. Así se dispone sin ambages en el texto constitucional: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 2.2); «Los ciudadanos y los poderes públicos —incluido el Monarca— están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (artículo 9.1); y «El Rey… ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (artículo 56.1). Una realidad que Don Juan Carlos ha recordado asimismo, al invocar reflexivamente en su discurso el destacado papel de «nuestras instituciones en el marco de convivencia y estabilidad que asegura nuestra Constitución».

Y tercera: el Rey carece de Poderes Ejecutivos —encomendados al Gobierno («El Gobierno dirige —dice el artículo 97 CE— la política interior y exterior del Estado…»)—, Legislativos —asignados al Parlamento— («Las Cortes Generales representan —señala el artículo 66 1 y 2 CE— al pueblo español… ejercen la potestad legislativa, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno…») y Judiciales («La Justicia emana del pueblo —se apunta en el artículo 116.1 CE— y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley»)—. El Monarca disfruta así de auctoritas, pero carece de potestas; es decir, el Monarca «reina, pero no gobierna». Don Juan Carlos ejerce de esta suerte un Poder Moderador, un Pouvoir neutre —recordando a Benjamin Constant— tan pertinente en los sistemas constitucionales, en los que la Jefatura del Estado se encuentra audessus de la mêlée, al margen de la refriega política cotidiana entre partidos. Este es el significado de la Carta Magna de 1978, cuando prescribe: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…» (artículo 56.1 CE).

Poderes, pues, sí, y además constitucionales por naturaleza, pero de arbitraje y moderación, mientras actúa como integrador símbolo de unidad y permanencia del Estado, de enorme relevancia hoy, dada la intensa descentralización del Estado de las Autonomías. Estos son sus títulos para su recurrente llamada a la unidad: «Y para crecer como necesitamos, debemos proseguir y abordar juntos las reformas necesarias… sabiendo que juntos llegaremos siempre más lejos.» Y la necesidad, apuntada acto seguido por el Rey, de rearmarnos moralmente en favor de una regeneración individual como ciudadanos y colectiva como pueblo: «Necesitamos unidad, responsabilidad y solidaridad. Estos son los mejores aliados para vencer dificultades y alimentar nuestras esperanzas. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez».

Tenía razón Roland Barthes, el semiólogo francés, al afirmar en sus Mythologies que «lo que el público reclama es la imagen de la pasión, no la pasión misma». Pasión de Rey, pasión por el trabajo bien hecho. Pero una pasión que no requiere de sobresaltos, azaramientos ni precipitaciones, sino todo lo contrario: equilibrio, sensatez y moderación. Un poco de pasión —decía bien Stendhal en Vida de Henri Brulard— aumenta el ingenio, mucho lo apaga». Don Juan Carlos, como antes el Premier británico, Benjamín Disraeli, atestigua pues que «el hombre es verdaderamente grande tan solo cuando actúa apasionadamente». A mí, Don Juan Carlos me ha persuadido. Quizá porque, como decía La Rochefoucauld en sus Maximes, «las pasiones son los únicos oradores que persuaden siempre». Sobre todo, diría yo, cuando la pasión se pone en la forja de una convivencia más libre, más justa y más solidaria. La pasión de todos, la pasión de una Nación. La pasión de suRey.

La mejor forma de sobrellevar esta inmisericorde crisis económica es buscar el espíritu benefactor y hasta taumatúrgico del arte. El arte puede sanarnos un alma atribulada por la desazón y el temor. Nada mejor para escapar a las malhadadas noticias sobre la caída de los mercados financieros, el desmantelamiento del tejido empresarial, el galopante desempleo, la ausencia de competitividad, la reducción de las prestaciones sociales, la falta de productividad y la quiebra de algunas instituciones y administraciones públicas, que echarnos literalmente en los brazos salvadores del arte. Tenía razón Nietzsche cuando esgrimía, en El crepúsculo de los dioses, que «el arte es el gran estimulante para vivir». Y a tal efecto les recomiendo una de las excelentes exposiciones que pueden disfrutarse en la capital de España, y que me temo no está recibiendo la atención que se merece, más centrada —no lo voy a recriminar, pues son asimismo espléndidas— en las retrospectivas sobre Renoir y Rubens en el Museo del Prado, y en los fondos de la Duncan Phillips en la Fundación Mapfre. Me refiero a La Pintura de los Reinos, que puede verse también en el Museo del Prado y en el Palacio Real. Una ocasión para satisfacer dos necesidades. Una, académica, vinculada al conocimiento de la mejor Historia de España; de la Historia de España con mayúsculas y de verdad. La historia de la Corona y de los Virreinatos americanos. En palabras de su comisario, el hispanista Jonathan Brown, la Exposición es «un gran regalo para los españoles, que en general no son conscientes del inmenso potencial de creación cultural que tuvo España». Otra, estética, en aras del pertinente sosiego del alma y de un ponderado equilibrio de unos ánimos entristecidos; el arte como instrumento de atemperar las dificultades y las penas. Una pintura dominada por las ideas de la Contrarreforma y el Barroco católico. En resumidas cuentas, el arte como mejor marañonianaterapéutica.

En efecto, la Exposición La Pintura de los Reinos es una oportunidad para acercarnos al arte de la Monarquía hispánica. Aquella Monarquía que forjaba, durante el Imperio español de los siglos XVI y XVII, la representación artística más importante del mundo. Ahora que se habla tanto de la internacionalización, de la macluhiana aldea global, La Pintura de los Reinoses una ocasión para aproximarnos —al hilo de sus ciento veinticinco piezas— a la que podríamos calificar como la primera muestra de arte global de la Historia: el arte de la Monarquía hispánica. Del arte creado en la España peninsular, pero también del arte elaborado en la América española. De zambullirnos en el arte español, en su sentido más amplio, lo que era tanto como decir europeo y americano. Un arte hispánico por sus orígenes y fines, pero universal por su extensión y pretensiones. Un arte que iba de la peruana Cuzco a la flamenca Amberes, de las ibéricas Madrid y Sevilla hasta la azteca México y la filipina Manila. Estamos, pues, ante la primigenia exteriorización del arte universal. La lectura nacionalista de la historia del arte, de contornos impermeables y cerrados, no aparece en Europa hasta la derrota de las tropas de Napoleón y el Congreso de Viena. El nacionalismo político, que salvaguardaba la identidad propia, frente a las frustradas aspiraciones uniformadoras bonapartistas, requería de una pintura nacional. Una realidad que se consolida en Europa con la I Guerra Mundial. Unas expresiones artísticas globalizadas que se adelantaban ¡más de trescientos años! a la mundialización artística.

Los artistas de la Monarquía hispánica erigieron un arte universalizado antes del advenimiento cosmopolita de los pintores impresionistas, de los revolucionarios cubistas y del expresionismo abstracto. En suma, unos adelantados a su tiempo y a la modernidad. Un arte que se redefinía diariamente, matizaba a conveniencia, se reinterpretaba según el lugar, se transformaba con el tiempo y se acomodaba a las especificidades de cada territorio dentro del paraguas común de una Monarquía compuesta, diferenciada y plural. Lo que se constata, por ejemplo, en la visualización de la representación del poder: dominada mayoritariamente en la América peninsular por la omnipotente figura del Rey, en la América española —dada la limitación de los mandatos de los virreyes— exaltaba, por contra, la atemporal jerarquía eclesiástica. Una diversidad que alcanzaba, asimismo, a cada uno de los territorios. Poco tenía que ver el mantenimiento de la herencia precolombina en las ciudades del Perú, con la mayor europeización en el Nuevo Mundo. O las disimilitudes evidentes entre Manila y Potosí. Sirva como ejemplo la disparidad compositiva y de factura entre el majestuoso Retrato de Moctezuma de Antonio Rodríguez y la piadosa Comunión de santa Teresa de Juan Martín Cabezalero. Un acierto, por tanto, el ciclo de conferencias que ha organizado la Real Academia de la Historia y el reciente libro de Hugh Thomas con el título El Imperio español de Carlos V. Ya lo adelantaba Stevenson: «El arte es un juego, pero hay que jugar con la seriedad de un niño que juega».

Una Monarquía hispánica que disfrutaba —dependiendo de sus territorios en Nápoles, Flandes, Castilla y Aragón, Nueva España, Quito, Perú— de sus particulares ordenamientos, leyes e instituciones políticas, como de sus plurales artistas, motivos y significados. Una Monarquía compuesta y descentralizada en su ordenación político-territorial, y compuesta y descentralizada en sus manifestaciones artísticas según los Estados de aquí y de allí, según los gustos de unos y de otros. En una Monarquía donde conviven el centro y la periferia, los elementos centrípetos pero también las tensiones centrífugas, las herencias comunes y los legados desemejantes, la mayor internacionalización, pero asimismo la exaltación de lo particular. Donde hay identidades propias y dispares, pero simultáneamente compartidas y leales al Rey. Nadie escapa a esta liturgia homogénea, pero diversa: ni monarcas, ni nobles, ni validos, ni virreyes, ni clero, ni el pueblo. Una Monarquía hispánica forjada desde la mezcolanza, la yuxtaposición, el intercambio, la simbiosis. Una Monarquía, por tanto, globalizada, única y plural, donde conviven sincréticamente las Vírgenes sevillanas de Murillo y las Vírgenes mejicanas de Guadalupe, los ángeles pintados en Bruselas y en Manila, los retratos de los Virreyes de Perú y los gobernantes de Filipinas. La Exposición, permítanme una metáfora politológica, sería la prueba de un constitucionalismo flexible y elástico. Un constitucionalismo que se acomoda, sin sobresaltos, de forma sosegada y tranquila, a las singulares circunstancias de cada hecho, negocio o relación. Un constitucionalismo que bebería en las fuentes de Bryce en su obra Constituciones rígidas y flexiblesy en la noción de elasticidad constitucional. Así las cosas, hemos de ir aquí obligatoriamente más allá de Flaubert, cuando señalaba descreídamente que «la moral del arte consiste en su belleza misma».

Ya lo manifestaba la Constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 1: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». La Exposición reiterada es una buena manera de conocer nuestro pasado, el mejor arte de los siglos XVII y XVIII, y de conmemorar —tras la fragmentación de la Monarquía hispánica— los procesos de independencia americana. Nos permite refrendar —como decía el pintor Manuel Viola— que «el objetivo final del arte es mostrar los tejidos internos del alma». En este caso, de la Monarquía hispánica, de nuestra historia y de su mejor arte.

La primera vez que vi a Don Juan Carlos fue en enero de 1975. Él todavía era Príncipe y Franco seguía vivo tras haberse recuperado, según todas las apariencias, de una grave enfermedad que había padecido el año anterior, cuando había transferido temporalmente el poder al Príncipe. Programé una entrevista en La Zarzuela y salí hacia las cuatro para asistir a la cita, prevista para las cinco. Al cabo de media hora el taxista me había llevado al teatro de la Zarzuela de la calle Jovellanos, en el casco antiguo de Madrid, y no al palacio situado a las afueras. Me contuve y, con la ayuda de un mapa, dirigí el trayecto a lo largo de la carretera de La Coruña, donde vi que había una buena entrada a la auténtica Zarzuela. Pero al llegar allí me encontré con una verja que nunca llegó a abrirse. Nos dirigimos a toda prisa a la entrada principal mientras yo repetía una frase que creo que era de Luis XVIII: «La puntualidad es la educación de los reyes».

Llegué tres cuartos de hora tarde a mi cita. Don Juan Carlos no pudo ser más considerado. «Mire —me dijo—, tengo que irme a ver a Franco para hablar de un posible viaje que quiero realizar a China. Quédese aquí, charle con mi secretario particular y yo volveré en media hora». Y allí me quedé, y hablé con su secretario particular, que era muy inteligente, y el Príncipe regresó y me concedió una excelente entrevista.

Le pregunté qué clase de Monarquía pensaba instaurar. «Una Monarquía muy moderna», me respondió, y así lo hizo. Nada de aquel viejo estilo cortesano que había dado al reinado del Rey Alfonso XIII un aire un tanto pomposo. Lo que hizo Don Juan Carlos fue implantar la Monarquía en noviembre de 1975, no como si fuese una restauración, sino algo bastante nuevo. Eso obedeció en parte a que él y Doña Sofía eran muy jóvenes en comparación con Franco y sus generales, que habían dominado España durante mucho tiempo. Pertenecían a una nueva generación. Franco había mantenido relación con personas jóvenes como Adolfo Suárez y también Fraga, quien por entonces tenía aún unos 40 años. Pero Don Juan Carlos pareció infundir un cambio muy refrescante a lo que parecía una institución bastante nueva, con la que la mayoría de los españoles nunca había tenido experiencia. De hecho, algunos viejos monárquicos mostraron su rechazo a la falta de ceremonia de Don Juan Carlos. Recuerdo que asistí a un congreso del partido de Fraga, creo que en Barcelona, y en la mesa a la que yo estaba sentado, los invitados criticaron muy duramente a Don Juan Carlos. Sus innovaciones les habían disgustado.

En cuanto Don Juan Carlos fue proclamado ante las Cortes y tuvo un Te Deum de acción de gracias, a la manera tradicional, en la iglesia de San Jerónimo el Real, se embarcó en los brillantes cambios que España necesitaba para convertirse en una democracia occidental. No es preciso detallarlos, pues son de sobra conocidos. Uno de los elementos esenciales del proceso que merece la pena recordar fue el denominado Pacto de la Moncloa, que relegó a la historia todas las discrepancias del pasado. No creo que esos cambios democráticos se hubieran podido materializar sin violencia de no ser por ese acuerdo.

Estos logros son los que afianzaron a Juan Carlos como Monarca. Fue un líder de máxima importancia en la instauración de la libertad y también de la Monarquía, una combinación que no siempre ha caracterizado a la vida monárquica. La restauración de la década de 1870 fue sobre todo una restauración de la dinastía, y no primordialmente de la libertad, aunque el Rey Alfonso XII fue benigno y útil. La de 1812 fue exactamente igual.

Desde la implantación de la libertad y de un pacto constitucional, Don Juan Carlos ha personificado otro aspecto importante de la política del país, y éste es que incluso la gente sofisticada e inteligente del siglo XXI desea un jefe simbólico que exprese y afirme su identidad. Los ingleses se alegran de tener dicha representación en la persona de la Reina. No existe ninguna lógica en el sentimiento de lealtad y afecto que la mayoría de la ciudadanía inglesa profesa a su actual Monarca. Pero no son solo las Fuerzas Armadas las que la consideran el gobernador supremo del Reino.

Como todos recordamos, la Monarquía fue hasta la Primera Guerra Mundial el sistema político dominante en todo el mundo. Algunas, como la austrohúngara, eran en efecto ancestrales. Otras, como la de Italia, se valieron de una antigua familia de la realeza, los Saboya, para dirigir la nación. Francia, el país más monárquico por naturaleza, había probado en el siglo XIX tres tipos de realeza: la bonapartista, la borbónica, cuyo principal linaje era eminentemente capetiano, y los Orleans. No estoy convencido de que éstas o, de hecho, ninguno de esos países hayan encontrado una sucesión adecuada a sus antiguas tradiciones. Hay un viejo chiste que cuenta que un hombre entró en una biblioteca pública de París y pidió una copia de la Constitución. «Lo lamento, señor —respondió el bibliotecario—, no guardamos periódicos».

Incluso Estados Unidos y México, al igual que otras presidencias de Latinoamérica, parecen sistemas monárquicos electos en los que todavía se advierten muchos de los símbolos de la realeza.

Curiosamente, lo que falta en todos nuestros sistemas es el planteamiento bicéfalo que caracterizó a dos de los Gobiernos más importantes de la Antigüedad: Roma, liderada por sus dos cónsules, y Esparta, regida por sendos reyes. En la política, la verdadera innovación es algo asombrosamente inusual. De ahí que la casualidad de que en la Inglaterra medieval hubiera dos cámaras parlamentarias haya afectado al mundo de tal manera que nunca vemos una constitución tricameral.

Estoy divagando. En solo 35 años, Don Juan Carlos ha impuesto una verdadera innovación política de la máxima importancia. Los dictadores nunca pueden prever a sus sucesores, y Franco fue lo bastante inteligente como para darse cuenta de ello. Recuerdo que don Adolfo Suárez tuvo la valentía de advertirle de la probable desaparición de su sistema antes de que muriera. Un Rey puede crear una institución que sobrevivirá. Esto se ha hecho para bien de muchas generaciones de españoles, y también de sus vecinos europeos que tanto los admiran.

En Inglaterra tenemos una preciosa poesía infantil:

Yo tenía un pequeño nogal

No daba fruto alguno

Salvo una nuez de plata

y una pera de oro.

La hija del Rey de España

vino a visitarme

y todo por mi pequeño nogal.

Confío en que la maravillosa innovación monárquica de Don Juan Carlos perdure al menos tanto como esa poesía, y que la pera de oro de la ecuación siga siendo la magnífica Constitución que Don Juan Carlos legará.

No creo constituir excepción entre los españolitos medianamente letrados a quien, cuando formulo la creencia de que la Monarquía es lo que mejor conviene a nuestro país, se le hace el conocido reproche: pero ¿cómo es posible que tú defiendas un sistema en el que una persona tenga derecho al Trono por el simple hecho de «ser hijo de su padre»? ¡Sin que lo haya elegido el pueblo soberano! Y, por supuesto, las preguntas y «aclaraciones» se suceden, si bien con no mucha originalidad. ¿Es que no estamos en una democracia? Y en una democracia, ¿la decisión no la tiene siempre el pueblo, que es el titular de la soberanía y que la manifiesta, fundamentalmente, a través del sufragio universal? Y como en algo hay que ceder en la actual situación de nuestro país, vienen las transitorias «concesiones»: «Yo no soy monárquico, sino juancarlista». Al actual Monarca hay que admitirlo por lo mucho que hizo en la Transición a la democracia, primero, y en un 23-F después. Y, claro está, si de esta forma de pensar no se sale, la consecuencia se ve llegar.

Y esa consecuencia apunta directamente al futuro más o menos próximo. De nuevo se cae en otra posición no menos simple. «Otra cosa es el Heredero, por muy establecido que esté en la vigente Constitución». ¿Por qué no se sometió a referéndum en su día y en forma aislada este tema? ¿Dónde está entonces la democracia? Con nueva «concesión»: el actual Príncipe Heredero tiene que ganarse el derecho a reinar. Lo que se requirió al padre hay que exigirloigualmente al hijo. Y todo ello por no entrar en el tema de «las circunstancias». La previa designación que Franco hiciera en su día, algo que, al parecer, constituyó algo fundamental para algún sector del Ejército. El apoyo que entonces obtuvo Juan Carlos en las grandes potencias internacionales. La creencia, luego no confirmada, de que «las cosas no iban a cambiar mucho». Y así un largo rosario para justificar a uno y, a la vez, cuestionar a otro.

Ocurre que, desde esta monocorde cantinela, cualquier tipo de respuesta puede resultar inservible. Hay que ir al fondo de la cuestión. Y aunque resulte no muy popular, el punto de partida consiste en la afirmación de que la democracia, con el sufragio universal a ella unido, no es el principio de la legitimación de la Monarquía. Y ello pese a la universalización que tal principio democrático adquiere como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y por esa universalización, desde entonces lo democrático pasó a ser lo generalmente admisible. Pero si eso es cierto, no lo es menos que la democracia tiene su ámbito. Ni está ni puede estar como único principio de legitimación y funcionamiento en todos los sectores y en todas las funciones de la realidad política y social. En la Universidad debe primar la meritocracia. En las competiciones deportivas no se somete a votación del público quién resulta vencedor. El Ejército tiene que respetar y hasta defender una democracia establecida, pero su funcionamiento interno no puede ser democrático. En el terreno religioso, la fe ocupa el primer puesto. Y así seguiríamos con otros muchos ejemplos.
Y en la Monarquía, el principio legitimador es el de la establecida sucesión. Una vez fijado, por las leyes o por la costumbre, el debido orden sucesorio, tiene pleno derecho a reinar quien suceda naturalmente a quien hoy reina. Sin más. Por ello, el sucesor, de entrada, no tiene «que ganarse nada». Deberá intentar obtener el mayor beneplácito de la opinión pública. Los ciudadanos gustan de Príncipes que conozcan sus problemas, aunque constitucionalmente no puedan resolverlos, que se acerquen a la España real y aprovechen para ello cuantos viajes resulten necesarios. Que oigan, escuchen y tomen buena nota de la situación de cuanto constituye la sociedad. Y todo ello de forma muy directa, sin conformarse únicamente con lo que le puedan decir las autoridades autonómicas. Es sabido que incomprensiblemente nuestra actual Constitución alude de forma harto escasa al Príncipe Heredero y deja sin regulación la naturaleza misma de una figura de notoria importancia: funciones, atributos, sentido de la representación del Rey, etc. Algunos constitucionalistas han señalado la necesidad de una breve consideración, quizá en una Ley Orgánica con pocos artículos. En este aspecto, coincidimos plenamente con esta necesidad defendida en no pocas ocasiones con el llorado Sabino Fernández Campo. Pero entendemos que, pese al casi olvido constitucional, el Heredero, «per se» y en razón de su «auctoritas», debe y puede desempeñar actividades de mayor alcance.
En el caso de la España de nuestros días, el país tiene, por fortuna, un Príncipe Heredero con una magnífica preparación válida para sus funciones de hoy y de mañana. Quizá Don Felipe de Borbón constituya el Heredero a la Corona mejor preparado y con el más completo currículo de nuestra reciente historia política. Piénsese que nuestro futuro Rey, y en lo que se nos alcanza, terminado su Bachillerato realizó los estudios preuniversitarios en un prestigioso College de Ontario (Canadá).

Vuelto a España, cumple con el importante paso por las Academias Militares de tierra, mar y aire, largo tiempo durante el cual, a más de la obtención de los títulos y despachos correspondientes, se familiariza con la vida castrense, algo de lo que se va a sentir profundamente dichoso. Nuestro Heredero, con los ascensos posteriores debidamente obtenidos, es también un militar que bien conoce a nuestro Ejército. A ello le sigue una necesaria y brillante formación académica. Cursa los estudios de Derecho y Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, recibiendo saberes de ilustres maestros. Por pura casualidad, uno de ellos, el profesor Francisco Murillo Ferrol, catedrático de Derecho Político, lo fue también en su día de quien estas líneas escribe. Y esta también larga etapa formativa se cierra con un máster de dos años en Estados Unidos, concretamente en Georgetown (por cierto, donde también se han formado algunos presidentes de aquella nación), con especial dedicación a la temática de relaciones internacionales. Dominando perfectamente cuatro idiomas, representa en pocas ocasiones a nuestro país en múltiples actos de alcance mundial y por deseo del Rey. Y, a la vez, sigue visitando toda nuestra geografía nacional, de Este a Oeste, por la gran diversidad de actos que preside. Con el desarrollo de los Premios Internacionales de la Fundación que lleva su nombre, el conocimiento y el prestigio de Don Felipe de Borbón tienen hoy, sin duda, un alcance que, repetimos, ningún otro Heredero ha poseído en nuestro país.

¿Se puede pedir más? ¿Qué es eso y en qué queda lo de que «se lo tiene que ganar»? Bueno, claro, para los no convencidos: la elección previa. En nuestra historia política reciente no ha habido nada más que un caso de un Rey elegido por las Cortes: el de Amadeo de Saboya. Pues bien, el 11 de febrero de 1873, y tan solo con dos años de reinado, envía un mensaje al Congreso renunciando a la Corona. Merece la pena una breve alusión a las razones que le llevan a tal decisión: «entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos(…) es imposible atinar cuál es la opinión verdadera y más importante todavía hallar el remedio para tamaños males». Y no hay que olvidar que por razones parecidas, aunque revestidas de legalidad, se destituyó a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República.

La pregunta es insoslayable. ¿Es eso lo que se desea para nuestro futuro? ¿Un Rey sometido, en su origen y después, a las variantes disciplinas de los partidos mayoritarios o de los pactos entre ellos? Si así ocurriese, ni sería Rey de todos los españoles ni se podría hablar de «arbitrar y moderar». Y hasta podríamos tener un nuevo Rey cada dos o tres meses. ¿O estoy en el error?

Hace unos días se leía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos una excelente tesis doctoral de ese buen profesional de la información que es Manuel Ventero. Somos muchos los que nos deleitamos, domingo tras domingo, con su amenísimo programa de entrevistas por título Siluetas. Una investigación centrada en el análisis lingüístico de los Mensajes de Navidad de Don Juan Carlos. Una tesis juzgada por los profesores Manuel Jiménez de Parga, Virgilio Zapatero, Alfonso Fernández-Miranda, Enrique Álvarez Conde y José Manuel Vera, que alcanzaba la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Un completísimo estudio periodístico, no exento de una parte dogmática jurídico-constitucional introductoria, que desgranaba las principales líneas y concretos contenidos de las palabras navideñas del Monarca, desde el lejano mes de diciembre de 1975 hasta el más reciente de 2009.

El exhaustivo trabajo de campo llamaba nuestra atención sobre una serie de consideraciones. Primera: los mensajes navideños se han erigido en un referente de primerísima mano para conocer la práctica totalidad de la política española, tanto nacional como internacional, así como los distintos avatares y preocupaciones de los españoles. Por más que no podamos olvidar -dada su trascendencia histórica, política y constitucional- otras alocuciones muy importantes del Monarca, dentro de los más de dos mil discursos y mensajes emitidos. A saber: el discurso de su proclamación como Rey, el 22 de noviembre de 1975, donde se atestigua ya una firme convicción: ser el Rey de todos los españoles; sus recordadas consideraciones ante el Congreso de los Estados Unidos, el 2 de junio de 1976, en las que Don Juan Carlos se comprometía a establecer en España una Monarquía parlamentaria; las palabras pronunciadas el 22 de julio de 1977, en la sesión de apertura de las Cortes Constituyentes, con aquellas inolvidables palabras: «La democracia ha comenzado»; el imperativo discurso la noche del 23 de febrero de 1981, que ponía felizmente término al golpe de Estado; los discursos de apertura de las diferentes Legislaturas de las Cortes Generales; o, en fin, los discursos anuales de apertura del Año Judicial o de la Pascua Militar. Segunda: los mensajes navideños son visualizados por la ciudadanía y la opinión pública como el mejor modo -por su carácter directo, inmediato, próximo y hasta íntimo- de saber de primera mano el parecer del Jefe del Estado. Unos discursos elaborados discrecionalmente desde la Casa del Rey, pero sometidos a la lógica consideración del Gobierno. Tercera: los mensajes navideños, ininterrumpidamente vistos y escuchados por los españoles (1975-2009), se han consolidado como costumbres constitucionales praeter legem. Así lo estima el propio Rey, que califica pronto tales comparecencias públicas de «tradicional ocasión» (1980) y de «gozosa costumbre de todos los años» (1982). Nos hallamos pues -en tanto que «expresión solemne del criterio político del Jefe del Estado»- ante la explicitación de actos interconstitucionales que expresan un poder de exteriorización de nuestro Poder moderador. Unos mensajes mayoritariamente elocuentes, en la mayoría de los casos persuasivos, pero también en ocasiones protocolarios y a veces incluso preceptivos. Cuarta: los mensajes navideños están cubiertos -en lo que atañe a la exoneración de responsabilidad política del Monarca- por el refrendo en su manifestación presunta. «The King can do not wrong», «El Rey no puede hacer mal», que señalan los textos políticos más clásicos. Quinta: los mensajes navideños nos confirman que Don Juan Carlos ha actuado escrupulosamente dentro de los perfiles de una Monarquía parlamentaria -au dessus de la melée- en el ejercicio neutral de sus funciones arbitrales y moderadoras encomendadas constitucionalmente.

Pero afirmado esto, resulta más llamativa aún su relevancia para aprehender cuál es en la España actual el lenguaje político de estos años de régimen constitucional. Como afirmaba acertadamente Virgilio Zapatero, cada sistema político dispone de su particularizado lenguaje, tanto el de los modelos autoritarios/totalitarios como el de los regímenes constitucionales, tal y como es el caso del sistema democrático instaurado, tras nuestra ejemplar Transición política, por la Constitución de 1978.

En efecto, basta detenerse en los iniciales discursos de Don Juan Carlos para apreciar la definitiva erradicación del autoritario lenguaje político franquista, y el paulatino, hasta llegar a nuestros días, definitivo afianzamiento de un auténtico lenguaje democrático. Así, mientras que el lenguaje de la dictadura se hilvanaba sobre la fratricida división de vencedores y vencidos, con las pomposas referencias a la España imperial, al victorioso Caudillo, al complot judaico masónico, al peligro rojo, al cáncer de los partidos, y hasta al oro de Moscú y a la pertinaz sequía, estos años constitucionales disponen ya de un intangible léxico democrático.

Así se vislumbra en el primero de los discursos navideños en diciembre de 1975, con una abierta apelación a la unidad y convivencia entre todos los españoles, mientras se apunta simultáneamente la necesidad de impulsar una Transición política pacífica e irreversible hacia la democracia. Y a partir de entonces, se construye el nuevo lenguaje constitucional/democrático, con las llamadas recurrentes a la reconciliación, la preservación de la unidad desde el reconocimiento de la rica diversidad, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la preservación de la Constitución como norma fundamental de convivencia y el respeto a la ley por parte de los poderes públicos y los ciudadanos. Y otras de semejante naturaleza: pacto, principios democráticos, consenso, diálogo, acuerdo, tolerancia, igualdad, solidaridad, justicia, construcción europea, etc.

¿Que cuáles han sido los temas más invocados por Don Juan Carlos? La investigación nos los desgrana puntualmente: unidad (en 33 ocasiones de la serie de 35 discursos), Monarquía (31), terrorismo (28), España (27), economía (27), desempleo (17), valores democráticos (26), democracia (23), Europa (23), políticas de Estado (22), Constitución (21), construir el futuro entre todos (21), Iberoamérica (19), paz (15), Transición política (15), política social (12), jóvenes (12) y familia (10). A los que se añade la enumeración de otros asuntos de relieve, calificados como menciones, al no alcanzar sin embargo la significación de temas nucleares: la convivencia (27), la libertad (26), los españoles residentes fuera del territorio nacional (26), el esfuerzo (24), la esperanza (22), la justicia (21) el progreso/avance (18), el sacrificio (17), la ilusión (16), el respeto (16), el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (16), la generosidad (14), la solidaridad (14), la confianza (13), la responsabilidad (13), los jóvenes (12), la concordia (10), los inmigrantes (10), las víctimas del terrorismo (10), la estabilidad (8), los marginados y desfavorecidos (8), los enfermos (7) y los drogodependientes (4).

En suma, un esclarecedor estudio -al hilo de los mensajes de Navidad del Monarca- del lenguaje político de Don Juan Carlos. Lo que es lo mismo que decir, a tales efectos, del lenguaje de la democracia en esta España constitucional. Ya lo afirmaba clarividentemente Stendhal: «El estilo es el hombre».

El rey Juan Carlos ha sabido mantener siempre un halo de prestigio en torno a su institución. Y así, han bastado gestos leves –siempre alejados del aspaviento y del grito– para que la Corona, dotada de gran influencia, ejerciese con discreción y eficacia la labor de arbitraje y moderación que tiene atribuida por la Carta Magna. Un quehacer sutil que era nuevamente descrito por Gregorio Peces-Barba en un artículo reciente: «En la Monarquía parlamentaria se puede decir que la ley hace al Rey y que este carece de cualquier poder, y no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Su influencia deriva de su autoridad, que es su capacidad para encarnar la ética pública incorporada al sistema político español, y por representar la unidad y la permanencia del Estado. No es su carisma el que legitima al poder, sino que es el poder organizado en la Constitución el que legitima la función real».

El último de los gestos de la Corona, que fue interpretado como una especie de invocación al pacto de Estado contra la crisis, fue el de recibir conjuntamente a los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios. Aquella audiencia, una más en una secuencia de entrevistas con los principales agentes políticos, sociales y económicos, expresaba la preocupación regia por la recesión que estamos padeciendo y que nos deja como penosa secuela un desempleo exorbitante. Una vez más, el jefe del Estado se ponía al frente de la preocupación colectiva con propuestas suprapartidistas y de conciliación.
Ese discreto intervencionismo regio ha coincidido además esta vez con otros cambios de la Casa Real tendentes a dotar a la institución de mayor visibilidad. Al hilo de la sustitución del máximo responsable de comunicación de palacio por Ramón Iribarren, se anunció que la Zarzuela informará puntualmente de la mayoría de las actividades regias, incluidas las audiencias. Además, se emprenderá una campaña de cuidado de imagen, que podría incluir el ingreso de la Jefatura del Estado en las redes sociales, y una mejora y modernización de la página web.
Parece lógico pensar que a este aggiornamento no han sido ajenos los príncipes de Asturias, cada vez más activos en las tareas de representación de la Corona (sin que se pueda olvidar que la princesa de Asturias proviene de los medios de comunicación). En cualquier caso, no parece verosímil que, como se ha afirmado en determinados círculos, la operación obedezca a la intención del Monarca de preparar el terreno para una cercana abdicación que daría paso al heredero. Tal hipótesis carece por completo de sentido en este momento y ha sido desmentida oficiosa pero tajantemente por la Casa Real.

Es probable, además, que tras estos prolegómenos la Casa del Rey decida ir desvelando el desglose de los presupuestos que percibe de las arcas públicas, como ya hace, por ejemplo, la monarquía británica. De momento, las exigencias de transparencia formuladas en sede parlamentaria por algunas minorías políticas no han prosperado porque así lo han querido los principales partidos, pero no debería haber grandes obstáculos para esa publicidad: no en vano el sostenimiento de nuestra Jefatura del Estado representa para este país un gasto francamente exiguo en comparación con los de nuestro entorno.
En efecto, si se descuentan los gastos de representación y seguridad que sufragan diversos ministerios, mantener a la Monarquía española cuesta 8,9 millones de euros anuales –esta es la cantidad presupuestada en el 2009, que se mantiene congelada en el 2010–, lo que equivale a una aportación de 20 céntimos de euro por cada español. Cantidad que contrasta, por ejemplo, con los 235 millones que la republicana Italia destina a mantener la presidencia de la República; dividida esta cantidad entre los 58 millones de italianos, el coste anual es de algo más de 4 euros por ciudadano.

Otras monarquías europeas, como la británica o la sueca, significan un coste para el contribuyente mayor que la Casa del Rey de España. En el Reino Unido, la transparencia fiscal es muy alta: la reina publica en internet sus cuentas, que incluyen el pago voluntario del IVA. Según los últimos datos, Isabel II y su familia cuestan a los ciudadanos del Reino Unido 55 millones de euros anuales, 92 céntimos por ciudadano. El rey de Suecia, que goza de un presupuesto de 10,5 millones de euros, cuesta a cada súbdito –apenas nueve millones de ciudadanos– en torno a 1,16 euros al año.
Nuestra Monarquía resiste, pues, las comparaciones. Y es plausible que, cuando el reinado de Juan Carlos alcanza su plena madurez, el Rey sienta la preocupación por dejar perfectamente establecida y asentada la institución de modo que el hecho sucesorio no genere incógnitas ni abra extemporáneos interrogantes. Cuando concluya biológicamente la adhesión personal que suscita el Rey por su propia biografía –por los servicios prestados al régimen de libertades–, la funcionalidad bien engrasada de la institución debidamente adaptada a la modernidad ayudará sin duda al heredero a proseguir con eficacia la tarea de servicio que ha pautado su progenitor.

La primera petición de pacto entre  todas las fuerzas políticas, como única forma de salir de la actual crisis económica española, la leí hace un par de años en un artículo de Alfredo Pastor. Y, desde entonces, son innumerables y variopintos los pronunciamientos en igual sentido y por parecidas razones: que la crisis española es distinta en las causas – crisis del modelo de crecimiento-y anterior en el tiempo – comienzos del 2007-a la crisis financiera internacional, aunque agudizada por esta; que, al carecer de la palanca que constituye la política monetaria – no poder devaluar para exportar más-,España precisa aumentar su productividad para ser más competitiva; y que este aumento de productividad exige la adopción de unas reformas de calado en varios ámbitos, que son impensables sin un pacto nacional, semejante a los pactos de la Moncloa, que hicieron luego factible el pacto constitucional.

Y no porque con el pacto se haga una luz nueva, de efectos taumatúrgicos, que ilumine las entendederas de quienes lo otorgan, sino porque con el pacto de todos se neutralizan los perniciosos efectos electorales que se irrogarían al partido que intentase acometer dichas reformas por sí solo.

Más de dos años después de los primeros síntomas de la crisis, este pacto no ha sido posible por la deriva cainita de la política española, que en ocasiones bordea lo soez y tabernario. En esta situación, se ha escuchado la voz del Rey invocando la unidad de los partidos mayoritarios en un acto público, al tiempo que realizaba una serie de contactos ratificándose en tal sentido. Frente a esta iniciativa, la reacción de una parte de la clase política y de los medios de comunicación ha sido de desconfiada reserva cuando no de explícito rechazo, sazonado en ocasiones con la agresividad, el despecho, el sarcasmo y el desprecio que la derecha más montaraz reserva para la monarquía.

Razón alegada: que el monarca se ha extralimitado en sus funciones. ¿Es así? El artículo 56 de la Constitución dispone que “el Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”, lo que significa – en palabras del Manual de Derecho Constitucional coordinado por los profesores Miguel-ÁngelAparicio y Mercè Barceló-que “el rey no puede imponer su decisión a otros órganos, pero sí que puede influir en su adopción, limitándose a formular propuestas o iniciativas que pueden ser ratificadas o asumidas por los órganos a los cuales vayan dirigidas”, utilizando para ello, como instrumentos, “el consejo, la advertencia y la información”.

Si esto es así – que lo es-,¿cuál es la razón de fondo de la cerrada oposición al pacto de los dos grandes partidos españoles? El PSOE del presidente Zapatero no lo quiere porque este ha basado su política, desde su llegada al poder, en el intento de exclusión de la derecha mediante su marginación y el enfrentamiento cerrado. Tan es así que – cuando se vea con perspectiva su mandato-este será su mayor debe. Pero no le va a la zaga la oposición popular, enrocada en la descalificación sistemática del Gobierno, esperando que este se cueza en el fuego lento de la crisis, hasta que el poder caiga en sus manos como fruta madura.

Se trata de sendas manifestaciones de una misma concepción de la política, que se circunscribe a la pura lucha por la conquista y la preservación del poder, sin parar mientes de los daños que con este proceder se irrogan a los intereses generales. Lo que supone que, en la España de hoy, a la grave crisis económica que padece se le sobrepone una crisis política de enorme calado, que se manifiesta en una creciente desafección ciudadana.

Nadie duda que gran parte de los políticos ejercen su función con discreción y aseo. Pero también es evidente que las cúpulas de los partidos – integradas en gran parte por políticos de hoja perenne-se han convertido en unos mandarinatos atentos sólo a sus intereses electorales, ya que, al haberse profesionalizado la política – lo que hoy resulta inevitable a estos niveles-convierten la lucha por el poder en una refriega por su instalación personal, que tendrían difícil a la intemperie. El profesor Josep-Maria Colomer – presidente de la comisión de expertos para la Llei Electoral de Catalunya-ha denunciado este colapso, al atribuir el fracaso del proyecto  a “la sustitución de las listas cerradas y bloqueadas por alguna forma de voto que permitiese a los electores escoger no sólo un partido sino también algunos candidatos individuales”, añadiendo que “los partidos políticos están cerrados en ellos mismos, y a los que controlan la organización les da pánico que los ciudadanos puedan intervenir en la selección de sus representantes”.

Por ello, pese a ser inmune a la mística de la institución monárquica, añado a los dos argumentos con los que vengo defendiendo su vigencia en España (su aportación decisiva al éxito de la transición y su función vertebradora del Estado) una tercera razón: el quedar excluida, por su carácter hereditario, de la manipulación partidista. ¡Qué descanso!

La ceguera tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad, esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista -por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras del Rey llamando a todos a «grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «el Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre “… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…” y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quien tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas… ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado -cosa increíble- o, las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los «aledaños mediáticos» de mi partido -que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del Ejecutivo.

Yo tengo claro que la responsabilidad -que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Ejecutivo, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas -incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que con su sola presencia en La Moncloa se ablandarían los terroristas… Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero -esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que caber es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo… y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.

La realidad desborda la ficción. Al menos en estos parajes nacionales. Inmersos en una severísima crisis económica, con una inasumible tasa de desempleo, una profunda recesión que dura demasiado tiempo y sin visos inmediatos de salida, con una imparable pérdida de competitividad y con unos mercados financieros que desconfían abiertamente de las medidas adoptadas, nos ponemos ahora a debatir, sesuda y hasta farisaicamente, sobre la habilitación constitucional y la pertinencia política de las recientes actuaciones y palabras de Don Juan Carlos en pro de una ineludible política económica común, de un consensuado acuerdo político y de un eficaz compromiso por parte de nuestras formaciones políticas y agentes sociales. Cuando lo que nuestra clase política, tanto la del Gobierno como la de la Oposición, la nacional y la autonómica, así como empresarios y sindicatos, deberían haber tenido es la competencia y generosidad para haber suscrito entre todos, hace meses, un amplio acuerdo de Estado en materia económica y social. Esto es lo que los ciudadanos, desencantados de tanta farfolla electoralista y aburridos del corto placismo político, tienen derecho a exigir de sus representantes. Pero no, aquí en lugar de gobernar, de dar respuesta eficazmente a las cuestiones que preocupan, nos adentramos en abstrusas disquisiciones jurídicas y politológicas sobre el sentido, la naturaleza y la competencia del Rey para hacer una llamada al inexcusable acuerdo, al inevitable consenso, al acuciante pacto, que nos permita salir, pronto y en buenas condiciones, de tan complejo atolladero económico.

Poner en duda la habilitación de Don Juan Carlos es desconocer la Constitución, el Derecho Constitucional comparado y la práctica política de estos años de régimen constitucional. Nadie pone en entredicho que en una Monarquía parlamentaria las competencias ejecutivas se encuentran en exclusividad en manos del poder del Ejecutivo -«El Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado…» (artículo 97 CE)-, mientras que únicamente las Cortes Generales despliegan la función legislativa y fiscalizan al Ejecutivo -«Las Cortes Generales… ejercen la potestad legislativa del Estado… controlan la acción del Gobierno» (artículo 66.1 y 2)-. De aquí que se afirme que en una Monarquía parlamentaria el Rey reina, pero no gobierna, o expresado en términos académicos, que carece de potestas, pero goza de auctoritas. Mas no es esto de lo que estamos hablando. Aclarados tales perfiles constitucionales -frente a los que recelan de tales atribuciones, se encuentran también, por el contrario, los que añoran rancias potestades-, el Rey dispone por mandato constitucional explícito de sus propias competencias. Unas atribuciones que no pueden verse además sólo desde la perspectiva de su «derecho de ejercicio», sino de una «paralela obligación de cumplir» con lo previsto en la Carta Magna de 1978. Así que ni la Jefatura del Estado es una mera figura inerte y vacía, ni un decidido y activo agente de la vida política. Don Juan Carlos actúa, pues, de acuerdo con la Constitución. Su artículo 61.1 así lo permite argumentar: el Rey prestará juramento de «desempeñar fielmente sus funciones». ¡Si éstas se han de desempeñar fielmente, será porque se dispone previamente de ellas!

En efecto, el artículo 56.1 de la Constitución -precisamente el que abre su Título II dedicado a la Corona-, preceptúa que «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Es decir, el Monarca se halla al margen, en tanto que poder neutral -en la senda esgrimida por Benjamin Constant- y poder residual -en la clásica concepción de Dicey-, de la refriega política -situado pues au dessus de la melée-, y conformado como aquel poder moderador que Walter Bagehot concretaba en las potestades de advertir, animar y ser consultado. Unas potestades que se expresan en unas competencias de arbitraje y moderación. Dicho de otra manera, reinar no es exclusivamente, como nos recuerda gráficamente el profesor Jiménez de Parga, «contemplar el espectáculo desde el palco principal, recreándose en el juego de los autores, los agentes y los actores», sino que se interviene «arbitrando y moderando el funcionamiento de las instituciones». Obvio es recordarlo, dentro de las competencias concretas -no hay cabida para las viejas prerrogativas del Antiguo Régimen- que le son asignadas al Rey específicamente en la Constitución y las leyes. Es, por lo demás, lo que el Monarca lleva haciendo escrupulosamente durante todo su reinado: arbitrar y moderar. Nada, por tanto, novedoso. Nada fuera de sus tasadas y debidas competencias. Don Juan Carlos adecua sus acciones al marco constitucional. Frecuentemente tales competencias de impulso, estimulo y advertencia, se realizan -como apunta Jorge de Esteban- de manera confidencial o reservada; otras, como ahora, de forma más institucionalizada y notoria. Nunca ha habido en el hacer del Rey arrogación de competencias, ni se ha quebrantado ningún poder de decisión del Gobierno. Se ha circunscrito a cumplir lo que la Constitución le encomienda y reclama. No se añora, en suma, ningún poder de imposición, ni apoderamientos extra constitucionales, ni poderes implícitos, ni prerrogativas de reserva, sino la constitucional y contrastada capacidad de influir por parte de una Magistratura de autoridad.

Aclarada, pues, su habilitación constitucional, menos dudas plantea aún su conveniencia política. Nadie, salvo que se mueva por espúreos intereses meramente partidistas, puede minusvalorar la intensidad de la crisis. Una realidad, que según el último Informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, angustia literalmente a los españoles. Háganse, les pido por ello, la pregunta al revés. Ante este estado de cosas, ¿es qué nada tendría que hacer, ni decir, el Jefe del Estado? ¿Es qué un Monarca parlamentario es inmóvil, ciego y mudo? ¿Debería el Rey situarse en «el palco para recrearse en el juego de la Política»? Desde luego que no. Y es que los mismos que se extrañan ahora en oír su voz, le espetarían acto seguido su silencio. Ya tuvimos ocasión de escuchar las palabras de Don Juan Carlos en el Mensaje de Navidad de 2009 -«… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…»-, y ahora en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación: «Es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis…». Esto es lo que el Rey puede hacer. Esto es lo que el Rey ha hecho. Esto es lo que el Rey ha dicho. Esto es lo que le demanda la Constitución. Y esto es lo que los españoles hemos presenciado y escuchado. Nada por tanto de conflictos entre poderes políticos o diferencias institucionales. Esto es, el Rey ha cumplido una vez más, acomodándose a la Constitución, con su deber.

Al Rey hay que concederle siempre el beneficio de la duda. Para eso está. Según la Constitución, carece de responsabilidad penal; ¿y si no puede cometer delitos, cómo va a poder meter la pata? Por eso a mí me pareció bien que en 2003 recibiera cordialmente al presidente independentista del Parlamento catalán Ernest Benach con su famoso «hablando se entiende la gente». Como también me pareció bien aquel abrazo que le propinó a Ibarretxe en 2004 en Vitoria, en plena operación secesionista del lehendakari, que enfadó tanto a Rosa Díez. Y como también me pareció bien que respaldara el proceso de paz y las conversaciones con ETA auspiciadas por Zapatero en 2007 con aquella referencia camuflada a cuenta del Ulster: «Hay que intentarlo… y si se consigue, se consigue».

Por eso ha vuelto a parecerme bien, ahora que el viento ha dado un brusco golpe a la veleta, que el sábado de la semana pasada, tras los atentados de Burgos y Mallorca, pronunciara la que sin duda será la frase del verano: «Hay que darles en la cabeza hasta acabar con ellos». Claro que para que, en este caso, me parezca bien, es imprescindible hacer una exégesis de lo que, en mi opinión, quiso decir.

Debemos descartar que el Jefe del Estado estuviera incitando a las fuerzas de seguridad a disparar en el cráneo a los terroristas de ETA; y menos si no es en el contexto de un enfrentamiento armado. Nadie debería atribuirle esa intención, ni siquiera si alguna vez se repitiera un episodio tan lamentable como aquella entrada y registro de la Guardia Civil en 1987 cuando murió la etarra Lucía Urigoitia de un tiro en la cabeza y luego el CESID asaltó subrepticiamente el piso del juez para sustituir las pruebas de balística y exonerar a los agentes de las imputaciones de homicidio. Es de Justicia subrayar que aunque el Jefe del Estado siempre ha respaldado la política antiterrorista de todos sus gobiernos, más allá de alguna que otra equívoca palmadita en la espalda a Barrionuevo, nadie podrá exhibir ni una frase ni un gesto equivalente a los antedichos que en aquellos años denotara complacencia con los crímenes de los GAL o cualquier otra manifestación de la guerra sucia.

Excluida pues la interpretación más literal de la frase, correspondería pasar a su sentido metafórico más obvio que es la invitación a golpear «en la cabeza» de la organización terrorista, es decir a actuar contra su cúpula directiva. Ahí se han quedado la mayoría de los comentaristas y esto es lo políticamente correcto, pero se trata de un enfoque que no termina de hacer justicia a las palabras del Rey o al menos no termina de extraer de ellas todo su potencial. Porque, de hecho, si de algo puede jactarse Rubalcaba es de haber desmantelado más veces y en menos tiempo que nadie el estado mayor etarra. Si hubiera querido decir sólo eso, el Rey se habría quedado corto, pues lo que ahora mismo se ha constatado es que ni la detención de Antza, ni la de Txeroki, ni la de Thierry, ni la de… han bastado para impedir que ETA haya cometido nuevos atentados y, sobre todo, tenga en mente cometer muchos más.

Lo bueno de la Monarquía constitucional, cuando su titular se comporta tan correctamente como en general viene haciéndolo Juan Carlos I, es que es un lienzo sobre el que cualquiera puede pintar y ver su propio retrato o diagnóstico de España. Por eso yo he creído entender; perdón, por eso yo he querido entender que la frase del Rey suponía un llamamiento a combatir lo que los etarras tienen «en la cabeza». Es decir, sus ideas, sus pretensiones, su proyecto. Esa sí que es una convocatoria que merece la pena, que atañe a todos los españoles y muy especialmente a todas las autoridades y que, como argumentaba el editorial de EL MUNDO del lunes, debe ser afrontada «con cabeza».

La prueba de que mi interpretación es mejor que las demás es que es la única que permitiría que el enunciado produjera el desenlace deseado. O sea que el «darles en la cabeza» sirviera para «acabar con ellos», toda vez que disponemos ya de suficientes elementos empíricos como para haber comprobado que ni la liquidación física de unos pocos o unos muchos terroristas, ni la tenaz captura de sus cúpulas directivas han permitido alcanzar tan anhelado objetivo. Sólo cortándoles las alas de la esperanza, haciéndoles ver la absoluta esterilidad del dolor que causan -y a veces también padecen-, demostrándoles por la vía de los hechos que jamás obtendrán sus pretensiones soberanistas y secesionistas, estaremos dándoles de verdad «en la cabeza». O para ser más exactos en el coco, donde más duele, justo debajo de la línea de flotación de la boina, en la funda mental.

Se trata de un ariete intelectual que hay que construir día a día, con lo grande pero también con lo pequeño porque todas las piezas son necesarias para hacerlo compacto y sin fisuras. O sea intimidador y creíble. Por eso me gustó que Don Juan Carlos fuera tan cordial en la audiencia del jueves con el alcalde de Calviá, Carlos Delgado, que ha estado a la altura de la ocasión, defendiendo los símbolos nacionales con su habitual falta de complejos. Y en cambio fue una lástima que no convocara para darle un tirón de orejas, de esos que él sabe administrar con campechanía como nadie, a la alcaldesa de Palma, la simpática y pizpireta Aina Calvo, por una iniciativa, consumada el propio lunes, que ha debido pintar la sonrisa en la comisura de los labios a los miembros del comando etarra, si es que continúan en la isla y leen los periódicos.

Me refiero al cambio de nombre de la Calle Mirador de Bahía en la zona residencial de La Bonanova, colgada sobre el puerto de Palma, que ha pasado a llamarse Carrer de Jean Batten. Y sobre todo a la justificación de la propia regidora, recogida por la agencia Efe, de que el problema era que el antiguo nombre «estaba en castellano». De hecho, el que los vecinos se enteraran apenas 72 horas antes y protestaran en vano, alegando que el cambio les va a costar a cada uno entre 800 y 1.500 euros en papeleo administrativo, no son sino agravantes específicos de la aplicación de un rodillo no ya municipal sino autonómico llamado Ley de Normalización Lingüística de Baleares.

¿Y quién era esa Jean Batten? Pues una aviadora neozelandesa que, después de haber realizado vuelos de mucho mérito, pasó los últimos años de su vida como anónima jubilada en Mallorca y murió olvidada por todos de resultas de la mordedura de un perro. Por eso cabe calificar de extraordinariamente oportuna la presencia del embajador de España en Auckland, don Marcos Gómez, en el acto de cambio de placa de la calle, pues es indiscutible que el sentido de identidad nacional y el orgullo patrio saldrán de este lance muy reforzados en Nueva Zelanda. ¿Qué sería de Nueva Zelanda si no fuera por los kiwis, los All Blacks y el Carrer de Jean Batten?

En Baleares, como en Cataluña -y en Galicia y en País Vasco hasta las últimas elecciones- se le llama «normalización lingüística» a la extirpación del espacio público de todas las expresiones de la lengua oficial del Estado y común a todos los españoles. Afecta hasta a las máquinas de café y en los principales municipios encuentra su complemento perfecto en la Ley de la Memoria Histórica. En el caso de Palma la corporación municipal presidida por Aina Calvo tiene previsto cambiar el nombre hasta a 130 calles por sus supuestas connotaciones franquistas. Los taxistas están de los nervios cambiando todo el día el GPS, pero el mensaje subliminal no puede estar más claro: esto de España y el español son reminiscencias de un pasado feixista con el que se debe ir rompiendo poco a poco.

Más allá de su apariencia frágil y aniñada, la alcaldesa Calvo -protegida de María Teresa Fernández de la Vega y con una razonable experiencia en la Administración central- pasa por ser persona de calidad. Por lo que me cuentan, ella justifica en privado algunas de estas iniciativas como concesiones al pacto municipal que ha dejado en manos de los independentistas del PSM la concejalía de Cultura y Toponimia. Por eso el ayuntamiento ha registrado el dominio Palma.cat, por eso el municipio subvenciona colonias de verano para que por 35 euros a la semana los castellanoparlantes solucionen su problema con chicos que les hablarán en catalán y por eso las propias formas lingüísticas mallorquinas están siendo eliminadas para dar paso al catalán canónico o normalizado.

Esto de los pactos y las mayorías es lo mismo que Montilla o el propio Zapatero alegan en relación a Esquerra Republicana que también forma parte del hexágono balear que lidera Antich. ¿Qué tienen en común todos los partidos, grupos y movimientos independentistas que, por las malas, por las buenas o por las regulares quieren desgarrar España? Pues que todos ellos convierten la supuesta lengua propia única en cimiento, o más bien coartada, del mito identitario sobre el que pretenden levantar un Estado. Piensan que cuando en Euskadi sólo se hable euskara y en Cataluña y Baleares sólo se hable catalán, la secesión será ya sólo cuestión de tiempo.

Es cierto que en la era de la globalización y la ósmosis permanente ese empeño es una quimera, pero cada vez que desde los poderes públicos se coacciona a las personas en beneficio de dichas lenguas propias -como si el español fuera algo postizo e impropio-, en lugar de poner todas las lenguas al servicio instrumental de las personas, se está alimentando el fuego sagrado de que hay una asignatura pendiente, un sueño que colmar, un desmán histórico que deshacer. Tan lógico es entonces que la gran mayoría de los creyentes en esa fe pretendan conquistar el paraíso por medios pacíficos, como que una minoría decida tomar el atajo de las armas. Sin tetas no hay paraíso, dice el más filosófico título jamás otorgado a una serie de televisión. Comprendo que lo llamativo sean las tetas, pero el busilis está en el paraíso.

Hace un año el Manifiesto por la Lengua Común a favor del bilingüismo y la libertad de elección de padres o comerciantes, firmado por académicos, empresarios, futbolistas, sindicalistas, toreros, cantantes o pintores de muy diversas ideologías pretendió pinchar el globo del soberanismo monolingüe que de manera tan artificial como implacable tratan de imponer los nacionalistas. El impacto en la sociedad fue enorme y en la mala conciencia de Zapatero, también. Pero en sus actos no tuvo consecuencia alguna porque él no quiere pactar nada con el PP y las cuentas siguen sin salirle a su PSOE si en ayuntamientos, autonomías o el propio Congreso de los Diputados no paga ese peaje a los separatistas.

Podrá alegarse que buscar el ADN del reguero de sangre que tantos días de luto ha proporcionado a España durante cinco décadas en el cambio de nombre de una calle suburbial remitida a las antípodas, es como mínimo un ejercicio intelectual arriesgado. Pero es que se empieza borrando de las placas de las esquinas las expresiones en español, se continúa eliminándolo de los carteles de información turística y las notificaciones administrativas y se termina proscribiendo su empleo como lengua vehicular en la enseñanza…

A este paso cualquier día vamos a ver al Gobierno de Zapatero respaldando un Estatuto de Autonomía en el que se atribuya el rango de nación a una parte de España, se consagre la bilateralidad en sus relaciones con el Estado y se establezca la primacía de su legislación sobre la de las Cortes Generales. Y a este paso cualquier comienzo de curso podemos encontrarnos con que los Reyes tengan que inaugurar las clases en un centro escolar en el que sea imposible estudiar en español.

¿Cómo? ¿Qué todo eso ha sucedido ya? No, no es posible. Sólo en el delirio de Jovellanos -«España… la Junta Central… nación sin cabeza…»- cabría imaginar un desaguisado así. Será el eco de las piedras del castillo de Bellver que rebota sus lamentos, dos siglos después de atenazar su libertad.

He estado en el Carrer de Jean Batten. Es un callejón sin salida desde el que se sigue mirando extraordinariamente bien la bahía y en el que casi la mitad de las viviendas tenían ya carteles -no, no es un recado a la aviadora- advirtiendo a sus potenciales asaltantes que deben tener «cuidado con el perro». Nada hay tan humano como el sálvese quien pueda. Pero no dramaticemos. A lo nuestro de ahora le puso música hace ya unos cuantos años Conchita Bautista: «Ca-becita loca, ca-becita loca, vas alborotando todo lo que tocas». ¡Ay esta alcaldesita de Palma, con lo buena chica que parecía!

Cada año, al madurar el mes de febrero, coincidiendo con la celebración del Carnaval, se presenta una excusa para meditar sobre un incidente peculiar en la reciente Historia de España, cuyo diferente desenlace habría cambiado ostensiblemente el perfil de la sociedad y la política españolas, apenas salidas de la larga dictadura franquista. Un programa, bien intencionado e interesante producido por Televisión Española, ha rememorado las horas cruciales del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Si el final feliz del drama desencadenado por el teniente coronel Tejero hubiera sido diferente, algunas escenas insólitas ocuparían las primeras planas de los diarios y los telediarios. Un ejemplo:

El ciudadano italiano Giovanni Carlo Borbone, de 71 años, nacido en Roma el 5 de enero de 1938, jubilado del servicio de correos, ha recibido su nuevo pasaporte español de manos del cónsul general de España. Como primer beneficiado de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por las Cortes Españolas, Borbone se mostró satisfecho y conmovido, apenas unas horas antes de tomar un avión que lo llevaría a una aldea cercana a Covadonga, en la Comunidad Autónoma de Asturias, donde planea residir.

El nuevo ciudadano español también se beneficiará de la Seguridad Social y los servicios sanitarios españoles. Podrá pasar cortas vacaciones subvencionadas en populares lugares turísticos, aunque en ‘temporada baja’. Los derechos son extensibles a su esposa Sofía, también de nacionalidad italiana, nacida en Grecia de ancestros británicos, con la que se casó en 1962. Sofía optará por la nacionalidad española cuando cumpla con los requisitos de residencia. Los hijos Felipe, Elena y Cristina reunirán la documentación necesaria para adquirir la nacionalidad española. No tienen planes precisos de traslado a España, ya que han desarrollado carreras prósperas en sus diversas especialidades. Son los primeros en la familia Borbone con títulos universitarios.

Giovanni ha recibido el pasaporte como nieto de Alfonso Borbón (el apellido fue italianizado por conveniencias sociales), por aplicación de la ‘ley de nietos’. Beneficia a los que tuvieran un padre o madre que hubiera nacido después de que el abuelo o abuela perdiera la nacionalidad española por motivos de exilio. El padre de Giovanni, Juan, ya podía recuperar su nacionalidad española por legislación anterior, porque su padre Alfonso la había gozado de origen, ya nacido en España.

Esta historia con final feliz comienza en 1931, cuando el abuelo de Giovanni se vio obligado a exiliarse a Italia por haber estado implicado en los acontecimientos políticos de la turbulenta década del 20. Al triunfar los partidos liberales e izquierdistas en las elecciones del 14 de abril, los partidarios de las formaciones conservadoras, que habían cooperado con la dictadura del general Primo de Rivera, debieron optar por el exilio. En la Roma convulsionada por el populismo de Mussolini nació Giovanni. Al tener que adquirir la nacionalidad italiana, Alfonso debió renunciar a la española, para ser empleado estatal y dar sustento a su familia.

Giovanni es la personalidad maquillada de Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón, Rey de España desde 1976. Su familia es plenamente identificable. No es ficticio que Don Juan Carlos naciera como nieto e hijo de exiliados. El abuelo Alfonso XIII se vio obligado a abandonar España hacia un exilio incierto. Murió en el Grand Hotel de Roma el 28 de febrero de 1941. La II República española (1931-1936) y la contienda civil (1936-1939) no permitieron a su familia y descendientes regresar a España con normalidad. Franco hizo un pacto con don Juan para que su hijo Juan Carlos se educara en España, mientras él permanecía en un discreto distanciamiento en Estoril, cerca de Lisboa. El biznieto del imaginario Alfonso es el todavía Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.

La familia real española disfruta de una especial ‘ley de memoria histórica’: todos los errores pesan a la hora de comportarse y tomar decisiones. Alfonso XIII ya había perdido el trono al respaldar el levantamiento de Primo de Rivera. El hermano de la Reina Sofía, el rey Constantino de Grecia, se hizo al harakiri político al plegarse al ‘golpe de los coroneles’ el 7 de enero de 1967, en un lamentable episodio muy similar a la anuencia de Alfonso XIII al levantamiento de Primo en 1922.

Cuando Tejero dio el golpe cubierto de tricornio y pistola en alto, la tentación de repetir el error revoloteó sobre la familia real. Por haber resistido (tanto como su padre bajo la sombra de Franco), hoy el rey Juan Carlos I no solamente es respetado y admirado en España, sino que se ha convertido en su mejor embajador y una parte de la identidad iberoamericana. Decir ‘el rey’ en América Latina (donde el exilio y el transterramiento no son la excepción) no es una referencia a Elvis Presley o al monarca de Suecia. Rey, en español, solamente hay uno.

He tenido ocasión de hablar con la Reina en dos ocasiones. La primera, en el verano de 1988, fue en el marco de una cena privada que reunió en torno a la pareja real a un grupo de personas etiquetadas de izquierda, desde Antonio Gutiérrez y Cristina Almeida al filósofo Emilio Lledó. Fue una larga reunión, dominada por el discurso del Rey, sorprendentemente franco, de la cual un genio perverso o una cortesana viperina filtró los supuestos contenidos al semanario Tiempo, haciendo de mí nada menos que el hombre de Herri Batasuna en Madrid, presentador de su candidato en un mitin electoral. Calumnia que algo queda.

La segunda oportunidad llegó a mediados de los años noventa, esta vez al ser llamado a participar como ponente en una de las sesiones en que la Reina recababa información de especialistas sobre temas que le preocupaban. En este caso, la Rusia postsoviética. Se trataba de una extraña puesta en escena, dirigida a subrayar la excepcionalidad del personaje. Sentada, no de frente, sino a la derecha de los conferenciantes, la acompañaba una mujer mayor a la cual susurraba de vez en cuando algo. “La Señora desea una ampliación sobre este punto”, decía entonces la acompañante al experto. Ella nunca se dirigía personalmente al ponente, salvo en los descansos. Tuve la suerte de que no quisiera ampliaciones mías y de comprobar en un entreacto que podía comportarse como una persona culta normal, de veras amable, preguntando y preguntando sobre la relación entre el poder del zar y el del basileus bizantino. En cualquier forma, la ceremonia me pareció el signo de que otra concepción del poder, la suya, se caracterizaba por un sentido estricto de preeminencia institucional.

(Anécdota final: detrás de la Reina, como en televisión, estaba sentado un coro silencioso de notables. Entre ellos, Joan Garcés, el que fuera colaborador de Salvador Allende. Al salir, tomando una cerveza, le pregunté: “¿Qué hacías aquí?”. Me respondió sonriendo: “¿Y tú?”).

He vuelto a ver a la Reina, esta vez de lejos, en el preestreno de la película El Greco. En esta versión de la vida del pintor inspirada en una novela de Stefan Andres escrita en 1936, El Greco pinta al Gran Inquisidor, los problemas que el cretense tuvo con el Santo Oficio son convertidos en un enfrentamiento entre dos concepciones de la religión y de la vida, con el inquisidor Niño de Guevara en posición de antagonista. Más allá de las inexactitudes, el filme de Smaragdis acierta al subrayar la influencia profunda de las concepciones estéticas y religiosas de la ortodoxia bizantina sobre El Greco. La escenografía bizonal del Conde de Orgaz enlaza con el milagro celestial contemplado por los mortales del icono griego que luego se divulgará en Rusia como la Pokrovskaia. Cristo mediador entre lo terreno y lo celestial. Esos ángeles ascendentes que disgustaron al Santo Oficio, ejecutores privilegiados de la voluntad de Dios. Y sobre todo Dios, personificado en el Espíritu, como Logos y como Luz, una luz de que hace partícipe al hombre para que su alma se eleve hacia Él. Enfrente, la oscuridad, el jerarca religioso privado de una auténtica fe y del acceso a la verdad por centrarlo todo en afirmar el prestigio de su institución.

A la vista del controvertido libro de Pilar Urbano, no es fácil que doña Sofía haya percibido esa dimensión de la biografía novelada de El Greco. Las críticas sobre éste o aquel aspecto de sus tomas de posición en las entrevistas dejan en la sombra el problema de fondo. Cuando la Reina aborda temas alejados del poder, dejando correr sus pensamientos, como en la mencionada sesión académica, muestra una mentalidad abierta, en la ecología o en la sensibilidad por el sufrimiento de los animales. Es una mujer vitalista, merecedora de la recomendación de Katantzakis en Zorba: “Corte la cuerda y sea libre”. En cambio, al entrar en juego la institución, su postura es preocupante, y no sólo por la serie de afirmaciones conservadoras. Interioriza su preeminencia institucional, y por eso no vacila en expresar ideas que contradicen lo ya legislado por el régimen democrático en cuyo vértice simbólico se encuentra.

Es la visita a Atenas, con un sentido patrimonial del poder que la impide asumir las responsabilidades de sus familiares inmediatos en la caída de la monarquía helena, hasta sentir “náusea” cuando visita el palacio hoy republicano, o la significativa afirmación de la página 273: los reyes no están “al margen”, sino “por encima” del Gobierno de turno. Para “ayudar”, sí, siempre sin “poder personal”, pero… Tal concepción culmina al descalificar a un republicano que admita el derecho a la herencia y niegue “los derechos de cuna”. Como si la magistratura regia fuera asimilable a una propiedad privada.

En fin, doña Sofía considera normal asistir por su cuenta a una reunión periódica de poderosos de la Tierra, el Foro Bilderberg, donde, según el libro, este año se discutió “el peligro chino”, y sobre cuyas discusiones impera un estricto secreto. Cuestión de más calado que el juicio crítico sobre el matrimonio homosexual. Como en la película sobre El Greco, oscuridad.

El alud de opiniones políticas, sociales y éticas expresadas en un libro por la consorte del jefe del Estado instan a una reflexión acerca de las funciones constitucionales de la Corona en una monarquía parlamentaria. Ha lanzado un amplio catálogo de consideraciones sobre reforma de la Constitución, el aborto, la eutanasia, la enseñanza de la religión, la abdicación del Rey, los republicanos, la homosexualidad, la violencia de género, las relaciones internacionales, los políticos, la libertad de expresión, etcétera. En una parte de estas opiniones adopta una legítima opción política muy conservadora e incluso, a veces, reaccionaria, y, en general, tributaria de un poso intelectual más bien primario.
Si bien –subjetivamente– nada le impediría hacer uso de esta libertad de expresión en un ámbito privado, no obstante, en tanto que miembro de la Corona, la emisión pública de opiniones de este calibre plantea –objetivamente– problemas acerca de la adecuada posición institucional de los integrantes de la Corona en una monarquía parlamentaria.

LA RAZÓN es evidente: el pronunciamiento público de un miembro de la Corona (no confundir con otros integrantes de la familia del jefe del Estado) sobre aspectos de interés general, que suscitan controversia en la sociedad y que, además, tienen expresión normativa a través de leyes aprobadas en las Cortes, compromete a la Corona en un debate del que siempre debería estar alejada. La propia naturaleza constitucional de la monarquía parlamentaria así lo exige, sin que dicho deber de abstención política tenga que estar prescrito en la Constitución. Es algo tan elemental que ni el Rey ni el resto de los miembros de la Corona pueden ignorar. ¿Por qué?.
Primero, a causa del estatuto constitucional de la Corona en la forma de gobierno de monarquía parlamentaria establecida por la Constitución. El Rey como jefe del Estado es el titular de la Corona y carece de poder político decisorio. Sus funciones son de arbitraje y moderación de las instituciones del Estado, su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y, de acuerdo con ello sus actos han de ser refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros y el Presidente del Congreso. Por tanto, el Rey queda fuera del debate político. Y en este sentido, lo que es aplicable al Rey incluye también a los miembros que la Constitución prevé como integrantes de la Corona, incluida, entre otros, su consorte. Aunque ésta no pueda asumir funciones constitucionales, salvo que algún día pudiese ejercer las que corresponden a la Regencia (art. 58). Puesto que el deber de discreción y contención en las expresiones públicas que obliga al Rey se extiende al resto de los miembros de la Corona, que también deben quedar alejados de la controversia en asuntos de interés general.
En este sentido, el ámbito de la responsabilidad del jefe del Estado por mantener y preservar su posición supra partes no puede quedar reducido a su persona, sino que ha de abarcar al resto de los miembros que institucionalmente forman parte de la Corona.
En segundo lugar, porque los miembros de la Corona no responden políticamente de sus actos. En razón de la naturaleza hereditaria de la institución monárquica, no son elegidos ni puede ser revocados de su condición de tales por el electorado. En consecuencia, si deciden participar en el debate público se implican en el mismo desde una posición de privilegio, porque su posición no puede ser rebatida en términos institucionales.
Un tercer argumento que los miembros de la Corona no pueden olvidar, es que la institución monárquica no es democrática. En este sentido, su legitimidad no deriva de la historia sino de la Constitución. Esto es, de la voluntad del poder constituyente que a través de un acto racional normativo cristalizado en la Constitución de 1978, decidió dotarse de la forma de gobierno basada en monarquía parlamentaria, pero fundamentada en el principio democrático y, por tanto, en la soberanía popular. Esta es la legitimidad de Derecho de la Monarquía. Pero además es innegable que también existe una legitimidad de ejercicio, que probablemente encuentra su origen en el comportamiento objetivo del jefe del Estado el 23-F. Ahora bien, desde la más elemental premisa democrática, ninguna de estas legitimidades es inmutable. Porque la voluntad popular es la única que, en su caso, tiene capacidad decisoria al respecto.

FINALMENTE, otra cuestión que nadie puede ignorar es que las razones de esta opción institucional por la Monarquía, es obvio que fueron resultado de un determinado contexto político existente hace ahora casi treinta años. Un contexto en el que a pesar del fundamento democrático de la forma republicana de gobierno, la línea divisoria entre la ciudadanía española no pasaba entonces por decidir entre República o Monarquía, sino sobre todo entre democracia o dictadura. Y en el marco de una determinada correlación de fuerzas políticas, la monarquía fue una solución políticamente funcional. En esta funcionalidad se incluye la discreción de los miembros de la Corona. Luego, parece razonable que ello no debería ser olvidado por nadie, incluidos los más directamente implicados.

Vaya por delante mi convicción de que la Reina ha cometido un doble error. Primero, manifestar su opinión sobre temas políticos controvertidos, que dividen a los españoles y que han sido objeto de agrio debate e, incluso, de contestación ulterior pese a su resolución legal. Nadie en sus cabales puede negar a la Reina su libertad de opción, pero la cuestión no se plantea –en su caso– en términos de derechos y obligaciones, sino de prudencia.
En efecto, su posición institucional como reina le aconseja no entrar en el debate político, aunque sea en términos que son compartidos por buena parte de los españoles. Pues así como la familia real no vota en las elecciones, no debe tampoco participar en los debates sobre cuestiones que enfrentan a los distintos partidos, defensores de puntos de vista antagónicos pero igualmente legítimos.
El segundo error ha sido haber elegido a Pilar Urbano como periodista receptora de sus palabras. No me extiendo en este punto, pero, de hacerlo, me referiría al integrismo ideológico y a la instrumentalización de la amistad, incluyendo en esta palabra las relaciones de confianza. Lo que no obsta para denunciar, además, la existencia de un tercer error: nunca debieron permitir los servicios de la Casa Real que este problema llegara a plantearse. Algo ha fallado y debe corregirse.

AHORA BIEN, señalados estos errores, llama la atención la dureza extrema de la reacción provocada por ellos: su acritud y su radicalidad. Acritud, porque parece como si este viejo y complicado país –España– hubiese olvidado o no admitiese los señalados servicios prestados por la monarquía en el último tercio de siglo, entre los que figuran –por señalar solo dos recientes– haber rechazado las presiones de la derecha más arriscada, que exigía –sin conseguirla– una intervención activa del Rey en contra del Estatut de Catalunya y en contra de la ley que permite el matrimonio gay y el derecho de los homosexuales a la adopción, razón por la que no puede extrañar la inquina antimonárquica de esta derecha despechada. La contribución de la monarquía a la vertebración y a la estabilidad de España ha sido tan valiosa que, a su lado, palidecen las zonas oscuras que se dan en ella como en toda obra humana: hay más motivos de admiración que de desdén.
Y radicalidad, porque –tomando pie en las palabras de la Reina– se ha cuestionado la continuidad de la institución monárquica, como si nada significasen las más de tres décadas de trabajo discreto y callado de doña Sofía, desarrollado con invariable buen estilo.
Hay que desengañarse: esta reacción –su acritud y radicalidad– no parece normal. Y no lo es. Responde a dos causas poderosas:
Primera. El proceso de autodestrucción en que se halla inmersa España, al no admitirse tal y como es, no acertar a definir un proyecto compartido y no consumar –con una reforma constitucional imprescindible e inevitable– su marco de convivencia. En esta situación precaria, la función de la monarquía como factor de cohesión es –al igual que ocurre en Gran Bretaña y salvando las distancias– imprescindible. Y de ahí los ataques de que ha sido objeto, en los últimos tiempos, por parte de aquellos que –en el ejercicio de su derecho– abogan por la independencia de las que consideran sus respectivas patrias. Las patadas a la monarquía son patadas a España. En esta situación de progresivo deterioro, la reacción del Gobierno –en las personas del presidente y de la vicepresidenta– ha sido correcta, pero no puede decirse lo mismo de la posición adoptada por otros políticos y por la mayor parte de los medios de comunicación, que se han cebado en la noticia con una extremosidad y una demagogia que solo se explican en un país estragado por una televisión definida por la indigencia intelectual, la miseria moral y la conveniencia política. Tanto, que resulta inevitable invocar a Miguel Boyer cuando se refería a España como “un país de porteras”.

Y SEGUNDA. Las palabras de la Reina han infringido gravemente el canon progresista vigente en España, cuya vulneración acarrea la expulsión a las tinieblas exteriores de lo políticamente correcto, es decir, allí donde no existe salvación posible. Piensen –los que duden– en lo que habría sucedido si la Reina se hubiese pronunciado en un sentido contrario a como lo ha hecho. Habría protestado un sector –no mayoritario– de la derecha, pero habría recibido el condescendiente y protector apoyo de la izquierda.
He visto estos días la imagen seria y preocupada de la Reina. Lo siento. No se merece el mal trago que pasa. Si pudiese, le diría que no se preocupe, que un error lo cometemos todos. Y que, como persona valiosa que es, ha de procurar refugiarse en su trabajo –haciendo lo mismo que ha hecho siempre y de idéntica manera– y en su familia, en especial en sus nietos. Pero, sobre todo, le rogaría que no espere ninguna gratitud.
España no está en su mejor momento: lo que la derecha tiene de cerril tiene la izquierda de sectaria, hasta tal punto que sigue siendo cierto el viejo aserto de que no hay nada que se parezca más a la derecha española que la izquierda española. En efecto, ambas integran –en palabras de Jaime Gil de Biedma– “un intratable pueblo de cabreros”. Es lo que hay.

SE señala, y es verdad, la insustituible labor de Don Juan Carlos en el desmantelamiento de las asfixiantes estructuras franquistas y su decidido impulso -denominado justamente el «motor del cambio»- a la Transición política. Se afirma, y es cierto, su escrupuloso cumplimiento de las competencias asignadas en una Monarquía parlamentaria vertebradora del régimen constitucional instaurado en 1978. Pero no podemos ni debemos desconocer el relevantísimo quehacer de Doña Sofía, siempre al lado de Don Juan Carlos. No se puede comprender la Presidencia de George Washington sin su esposa, Martha Dandridge Custis. No se puede comprender tampoco el Reinado de Don Juan Carlos sin la presencia de Doña Sofía. De ella podemos afirmar con Víctor Hugo, que «cuando todo se vuelve pequeño, ella permanece grande».

Por tanto es secundaria la escasa atención que los constituyentes brindaron, expresa o tácitamente, a la figura de la Reina consorte en nuestra Carta Magna. Ésta se limita explícitamente -en su artículo 58- a hacer una mención a la «Reina consorte o al consorte de la Reina», quienes «no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia». Se trataba de evitar intromisiones y duplicidades en las atribuciones del Monarca. Se consagraba pues la interdicción de las competencias de la Reina consorte y la indisponibilidad de las competencias regias. Es decir, la preservación de un unitario ejercicio del officium regis, esto es, del difícil y complejo oficio de Rey. De aquí también que el mandato -artículo 32.1- por el que «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», sufre las lógicas excepciones relativas a los estrictos cometidos constitucionales de unos y otros. Un caso, por lo demás, el de la Regencia -dada la mayoría del Príncipe de Asturias- que el decurso del tiempo ha hecho inaplicable. Doña Sofía no ha tenido que desempeñar un papel semejante al de María Cristina de Borbón durante la minoría de edad de Isabel II, o de María Cristina de Austria hasta la mayoría de Alfonso XIII. Finalmente, la Constitución prevé implícitamente su participación en el supuesto, también hoy sin objeto, de la Tutela por minoría de edad (artículo 60).

Ahora bien, los ingleses saben que la comprensión de las instituciones no se agota en las tasadas funciones consagradas en la Constitución y en las leyes. La Política se halla vinculada a las prácticas, convenciones y costumbres de quienes ostentan los poderes políticos, pero también por quienes se encuentran cerca, y hasta disfrutan de ascendencia, entre los titulares de los órganos constitucionales. Y aquí la acción de Doña Sofía ha sido destacada, como diaria alter ego de Don Juan Carlos, en tanto que permanente consejera y fiel esposa (en la estela de Bárbara de Braganza). Y, por supuesto, en el papel de madre de Don Felipe, como Heredero de la Corona (en la línea de María de Molina). Acertaba Tomás Villaroya, al entender que «sólo el Rey es el Jefe del Estado dotado de poderes constitucionales: es necesario evitar intromisiones que puedan resultar molestas y suscitar recelos y aún animadversión»; pero al esgrimir simultáneamente, que «la Reina consorte no está despojada de toda posibilidad de influencia. La situación privilegiada no le prohíbe las sugerencias y consejos en sus conversaciones privadas; al contrario, dentro de la natural discreción, puede expresar el parecer que le merecen los negocios públicos y aún es conveniente que tenga conocimiento de ellos. Conviene que tenga alguna noticia de la vida política para participar en las preocupaciones del marido, para aconsejarle con exquisita prudencia».

Pero siendo ello cierto, la observación de la realidad nos lleva más allá. Doña Sofía lleva ejerciendo -disquisiciones de habilitación dogmática jurídica al margen- un amplio elenco de acciones que institucionalizan, exteriorizan y se integran en la Jefatura del Estado. Un ámbito donde, en una interpretación atinada de la realidad, las prácticas y convenciones constitucionales complementarias de la letra de la Constitución -las denominadas praeter Constitutionem- ocupan un lugar preferente.

¿Cuáles han sido dichos cometidos? ¿Cómo se han materializado? Las funciones más sobresalientes desarrolladas por Doña Sofía han sido de dos clases. Las primeras, de carácter simbólico. El artículo 56.1 de la Constitución dispone que «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…». Pues bien, en los tradicionales aspectos simbólicos de la Monarquía, su labor ha sido de primer orden. Una acción simbólica añadida a la dimensión integradora de la realidad social y política por la Corona. La segunda, de naturaleza representativa. La Reina ha ejercido en infinidad de ocasiones, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras, como la mejor embajadora de la Corona y del Estado español. Sin olvidar, particularmente, su preocupación por el medio ambiente, la atención a los más débiles, su cercanía a los discapacitados, su interés por los problemas de la drogadicción, el cariño hacia los niños y su solicitud por la educación y la cultura. Unas tareas en las que llama la atención su naturalidad: «La Reina está dentro de la ceremonia pero por su tranquilidad y dominio de la situación parecería indicarnos que todo lo observa desde fuera».

Sin embargo, aparte de dichas reflexiones constitucionales, o de su profesionalidad tan traída periodísticamente, la cualidad que yo resaltaría es otra: ¡Doña Sofía es una gran española! Un caso de patriotismo adquirido, de mayor mérito si cabe -afirma bien Feliciano Barrios-, que el patriotismo de nacimiento. Así, cuando se pregunta a Doña Sofía si es griega, contesta con corrección, no exenta de firmeza, que ella es total y únicamente española. Doña Sofía ha asumido los dictados del artículo 6 de la Constitución de Cádiz: «El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles». Y lo ha hecho sin estridencias, sin vanagloriarse, ni sobresaltos ni atropellos. Con capacidad, discreción y elegancia. A veces, como la Penélope de Homero, tejiendo y destejiendo. En otras ocasiones, como en la cubista pintura de Fernand Léger, La couseuse, hilvanando y cosiendo los más sólidos hilos. Pero siempre, como La Encajera de Vermeer, la Reina actúa con dedicación y esmero. En suma, es la primera de nuestras Hilanderas velazqueñas. Doña Sofía ha sabido, en fin, encarnar el tacto y la inteligencia pedidos a los consortes de los Reyes por Die y Mas en sus Nociones de Derecho civil de las Familias Reales. Matrimonio de Reyes y Príncipes: «no debe aspirarse a ejercer ningún poder por sí mismo y debe rehuirse toda actitud que suponga ostentación; pero debe ser de ayuda, estímulo y, en definitiva, consejero confidencial». Ha seguido, en suma, los mejores ejemplos: el del Príncipe Alberto, marido de la Reina Victoria de Inglaterra, o el de la reseñada María Cristina de Austria.

Emanuel Schikaneder escribió para Mozart el libreto de La flauta mágica, un canto al poder transformador de la bondad humana. En el primer acto, Pamina y Papageno, dos de sus protagonistas, cantan que «todo ser humano que siente cualquier forma de amor, posee también un buen corazón». Doña Sofía es, también, esa mujer que sabe transmitir confianza y serenidad. Y, sobre todo, esperanza. Una llamada a lo mejor de nosotros que nos recuerda al personaje de Portia, la protagonista de El mercader de Venecia de Shakespeare, que restablece la cordura a través de la realización de lo justo: «la propiedad de la clemencia es… dos veces bendita: bendice al que la concede y al que la recibe». La Reina es, como en la creación del dramaturgo de Stratford-upon-Avon, cortés y clemente. Aunque hablando de una mujer que es y se siente española no hay como los versos de Antonio Machado para festejar su aniversario: «Vive quien ha vivido». Doña Sofía habita ya en la mejor historia moderna de esta España constitucional. En la más hermosa, la más genuinamente compartida y la más auténtica.

El republicanismo -según declaraciones recientes de Izquierda Unida- no es pasado». Pero el declive del republicanismo en España es uno de los pocos hechos políticos incontestables de nuestros tiempos. Y no es porque Juan Carlos sea un héroe de la historia moderna española -aunque sí lo es- ni porque su familia se haya comportado de una forma modélica -aunque sí lo ha hecho- sino porque España ya es una república: una república donde la Jefatura del Estado es heredable.

Hay muchas maneras de elegir a quien ejerce el más alto cargo del Estado. La diferencia entre una forma republicana de hacerlo y una aproximación monárquica no consiste en los aspectos formales de la transmisión del cargo, sino en el concepto ideológico que la sostiene. En las repúblicas lo hacemos mediante sistemas racionales. En las monarquías las bases del poder real son místicas -las doctrinas de elección divina, en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, o de la identidad del emperador como dios, en el caso japonés- o el carisma personal, que ensalza al que lo tiene y le eleva por encima de los demás mortales.

Gran Bretaña sigue siendo una monarquía auténtica. Lo muestra la vida cuajada de ritos, solemnidades y ceremonias escandalosamente costosas que lleva la familia real inglesa. La existencia de una corte estancada por protocolos antiguos que carecen de sentido en el mundo de hoy conduce a la misma conclusión, así como la pervivencia de una aristocracia políticamente privilegiada, con sus propios representantes en la legislatura. En España, en cambio, gracias a las circunstancias históricas y al buen sentido del Rey, su familia y los funcionarios de la Casa Real, tenemos un sistema depilado del plumaje inútil. Las condecoraciones y títulos de nobleza no dan acceso a ningún tipo de poder político, sino reconocen dignamente -aunque no siempre con acierto- las contribuciones a la sociedad realizadas por los galardonados y sus familias. Charlar con un miembro de la Familia Real española es una experiencia agradable y normal, mientras que entrevistarse con uno de los Windsor es una tortura agobiante por lo aburrido de los intercambios permitidos y asfixiante por las reglas protocolarias. Hay sistemas aún más alejados de la tradición monárquica que el español. En Noruega, por ejemplo, no hay siquiera títulos de nobleza. En Bélgica el rey es explícitamente un ciudadano como los demás. En Suecia, y otros países, el rey no ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas que le concede la constitución española. Pero en España, tanto como en los países escandinavos o en Holanda, el Rey preside un sistema con los rasgos típicos y esenciales de una república de verdad: soberanía popular, garantizada por una Constitución, poder difuso, repartido entre varias instituciones, etcétera. No hay quien suponga que Dios haya elegido a Juan Carlos. Más bien, el pueblo confía en el método actual de elegir a su jefe del Estado por motivos prácticos, dictados por la razón.

A verdad decir, la herencia es una opción muy racional para elegir a un jefe del Estado moderno. Las pruebas más antiguas de la existencia de tal sistema son unos yacimientos arqueológicos en Sungir, en Rusia, de hace unos 20.000 años. Se introdujo por motivos comprensibles: quitarles poder a los tiranos aún más antiguos, o sea los varones alfa que mandaban por su fuerza y proeza y los chamanes que monopolizaban la autoridad espiritual. Que las calidades personales son heredables es un hecho científico, averiguado por las observaciones de la gente de aquel entonces y ampliamente comprobado por los descubrimientos recientes.

Las ventajas del sistema siguen siendo insuperables. Por no tener que someterse a la política, un líder heredero retiene su objetividad. Queda a la disposición de todos los ciudadanos, sin tener que involucrarse en coaliciones electorales ni caer en manos de los que le financiaron la campaña. Los jefes del Estado elegidos de otras maneras no parecen ofrecer perspectivas muy alentadoras. Suelen ser políticos desacreditados, elegidos por falta de nadie mejor, o militares elevados por golpes de Estado. En España, ¿a quién eligiéramos como presidente de la república, si no tuviésemos al Rey? ¿Un veterano de la política, como Felipe González o Manuel Fraga? Ambos son personas estupendas, pero todo candidato de ese tipo viene tachado de un pasado conflictivo. ¿Un gran artista, como Antoni Tapiès o Ana María Matute? Los votantes ni harían caso. ¿Un personaje destacado de la cultura popular? ¿Raúl? Los barceloneses declararían la independencia en seguida. ¿Julio Iglesias? ¿Almodóvar? España sería el hazmerreír del resto del mundo. Terminaríamos votando al Príncipe de Asturias. La gran gloria del sistema actual es que nos protege de la necesidad de elegir al jefe del Estado. Lo irracional sería insistir en destituir al sistema actual por prejuicios ideológicos.

No hay sino una manera más de evitar los inconvenientes de votar al jefe del Estado: seleccionarle al azar. Ese también es un sistema de respetable antigüedad, pero trae riesgos evidentes. Lo más probable es que salga un elegido aún menos aceptable que por las urnas. En las dinastías reales por lo menos se asegura que el jefe del Estado no sea un grosero como un Hugo Chávez o un Evo Morales.

La transmisión dinástica es una manera entre muchas de elegir a un monarca. En la antigüedad lo hacían los alemanes por votaciones del pueblo. La monarquía electiva es un sistema que sigue prevaleciendo en muchas zonas del mundo, donde se eligen jefes del Estado por plebiscitos poco honrados que confieren poder vitalicio o que renovelan el mando de un dictador. Jefes del Estado que disponen de poder Ejecutivo -aún los que disfrutan de sus cargos por periodos delimitados por las Constituciones de sus países, como los presidentes de Francia o de EEUU- se parecen mucho más a los monarcas clásicos que el de la mayoría de los reyes sobrevivientes en la actualidad, quienes, por lo menos en Europa, presiden sistemas plurales, donde el poder supremo se reparte entre varias instituciones. Franco sí que era un monarca de veras, «por la gracia de Dios», según rezaba en las monedas, sin lograr ser rey.

El rey Faruk de Egipto, cuando le echaron del trono en 1952, dijo que dentro de poco tiempo sólo quedarían cinco reyes en el mundo: rey de copas, rey de oros, rey de espadas, rey de bastos y el monarca británico. El sistema británico me parece menos duradero en el día de hoy que el español, ya que la mística monárquica es insostenible en una sociedad moderna y la familia real inglesa ha perdido categoría mostrándose humana, con todas las desgracias, ascos, fallos y estupideces que sufre la gente cualquiera. Es evidente que los príncipes William y Harry se aburren con las responsabilidades de su destino y que sus aventurillas son una especie de desafío a la nación, un grito de frustración que quiere decir que una república les vendría muy bien, liberándoles de un cargo poco grato. Todos los jóvenes de la familia real inglesa llevan vidas más o menos escandalosas. La princesa Beatriz acaba de comprarse un piso en Londres de siete millones de euros, supuestamente para poder ir a clase, pero su universidad queda a un par de horas de la casa. William utilizó un helicóptero del Ejército del Aire para llevar a su hermano a un guateque donde bailaba una estrella porno. Harry se vistió de nazi para asistir a una fiesta de disfraces. Todos -a pesar de haber experimentado el sistema de educación más largo y costoso de la historia humana y de disponer de oportunidades muy privilegiadas de apreciar el arte, la música, y la literatura- han terminado siendo lamentablemente tontos e insensatos. Sus payasadas socavan la imagen de los Windsor como una familia padrón para la sociedad inglesa.

En España, los Borbón se comportan mejor, pero son capaces de sobrevivir a errores de gusto o de educación mucho más graves que los que se permiten a los Windsor. Pueden permitirse el lujo de ser ordinarios, lo cual, paradójicamente, les hace insustituibles.

El Emperador Carlos V en Las Instrucciones de Palamós, de 4 de mayo de 1543, daba los siguientes consejos al entonces Príncipe Felipe: «Habréis de ser, hijo, en todo muy templado y moderado. Guardaos de ser furioso, y con la furia nunca ejecutéis nada. Sé afable y humilde. Guardaos de seguir consejos de mozos, ni de creer los malos de los viejos».

Pues bien, en un contexto histórico y constitucional incuestionablemente diferente, pero con el mismo ánimo de aconsejar el mejor hacer del Heredero, hemos conocido unas cartas remitidas por el Rey al Príncipe Don Felipe -que entonces contaba diecisiete años- durante su último curso en el College School of Lakefield (1984/1985) en Canadá. Unas exhortaciones que confirman lo que intuíamos: las claves del excelente reinado de Don Juan Carlos en estos años. Unas recomendaciones sobre la manera de comprender y ejercer la Monarquía parlamentaria en la España constitucional, que explican el porqué del sólido afecto de la ciudadanía a su Rey y la contrastada eficacia de nuestra asentada Monarquía. Vean las inteligentes -y asimismo cariñosas- exhortaciones de un Monarca, que es también padre, a su hijo y Heredero.

De entrada, su experimentada comprensión del papel de una Monarquía en un régimen constitucional. Ya no nos encontramos -el Rey lo explica con claridad- en los tiempos omnímodos del princeps legibus solutus est -donde la Corona de España se cimentaba sobre una concepción divina del poder- sino sobre un principio político radicalmente distinto: «La soberanía nacional reside en el pueblo español -dispone el artículo 1.2 de la Constitución de 1978- del que emanan los poderes del Estado». Hoy, la Monarquía, además de erigirse sobre la tradicional legitimidad histórica -«La Corona es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica…» (artículo 57. 1 CE), tras la renuncia de los derechos dinásticos por el Conde de Barcelona, un 14 de mayo de 1977, en el Palacio de la Zarzuela- se vertebra, en tanto que Monarquía racionalizada, sobre una legitimidad legal-racional nacida de una Constitución democrática. «La Monarquía -expresó Hernández Gil- que no dudó en promover el tránsito a la democracia, recibe de ella la proclamación legitimadora».

Y una circunstancia añadida relevante: junto a las dos referenciadas legitimidades, que podríamos denominar de origen, el Heredero habrá de saber ganarse una simultánea legitimidad de ejercicio. Expresado, según la conocida sentencia de Horacio, Rex eris, si recte facies; esto es, «Rey eres, si actúas como tal». O, de acuerdo con el rancio adagio medieval, «Vos no sois más que nos». Vean al efecto las clarividentes palabras de Don Juan Carlos: «Ya no es posible pensar que nos son dados graciosamente por nuestro nacimiento y nuestra situación todos los derechos y privilegios. Es preciso ganarlos, conservarlos y acrecentarlos día a día, con espíritu de entrega y de servicio. Hoy ya no se da nada que no sepamos merecer».

En segundo término, se desgranan las atribuciones de un Rey en una Monarquía parlamentaria. Unas competencias que el constituyente de 1978 prescribió en nuestra Carta Magna: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (artículo 56.1). Dicho de otra manera, el «Rey reina, pero no gobierna», ya que las Cortes Generales despliegan la función legislativa (artículo 66.2 CE), el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado (artículo 97) y los jueces asumen la función jurisdiccional (artículo 117. 1 CE). Es decir, en una Monarquía parlamentaria, por oposición al superado principio monárquico, el Rey no disfruta de potestas, sino que goza de auctoritas. Una auctoritas encauzada primordialmente a través de su configuración en tanto que símbolo de la unidad y permanencia del Estado -tan relevante en un país territorialmente muy descentralizado-, así como árbitro y moderador de la acción de las instituciones. En suma, nos retrotraemos a la formulación de pouvoir neutre que Benjamín Constant decantó en sus Principios de Política sobre el Poder moderador: «Cuando los tres poderes descompuestos, se entrecruzan, chocan y se traban, se necesita una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio. Tal fuerza no puede residir en uno de los resortes en particular, porque se serviría de ella para destrozar a los demás. Es preciso que esté situada fuera y que sea, en alguna medida, neutral, a fin de que su acción se aplique en cuantos puntos se requiera y lo haga con un criterio preservador, no hostil».

Matizadas tales afirmaciones, más propias seguramente de las Monarquías constitucionales del siglo XIX -que aún conservaban ámbitos de poder ejecutivo-, que de las vigentes Monarquías parlamentarias, dichos rasgos serían los propios de la Monarquía española. Una forma no ya de Estado, pues el Rey no es copartícipe de la soberanía -que se incardina sólo en el pueblo español- y no encabeza los poderes ejecutivos, sino una forma de gobierno. Un Monarca, como apuntaba Walter Bagehot en La Constitución inglesa, que ciñe su actividad al «derecho a ser consultado, el derecho de estimular y el derecho de advertir los peligros de la decisión». Un Rey que no participa en la refriega política, pues la Monarquía se halla au dessus de la melée. De aquí su consecuente carácter irresponsable (artículo 56. 3 CE) y el imperativo refrendo de sus actos (artículos 56, 63 y 64 CE). Subra de Bieusses lo expuso en unas avezadas reflexiones, Ambigüités et contradictions du statut constitucionnnel de la Couronne, en tiempos de la elaboración de la Constitución: «La Monarquía no sabría ser democrática más que siendo parlamentaria… a fin de que todo poder efectivo no proceda más que del pueblo». Es responsabilidad pues de los poderes públicos que las instituciones funcionen. No pidamos a la Corona imposibles actuaciones, ni parciales declaraciones. No interpretemos sus silencios, ni juzguemos sus inacciones.

Y, por último, el Rey hace una invocación realista sobre las complejidades del oficio de rey: «De mí puedo decirte -prosigue Don Juan Carlos- que he tenido en mi vida momentos muy delicados, llenos de incertidumbre, en los que he debido soportar desaires y desprecios, incomprensiones y disgustos… Pero precisamente en estas circunstancias de prueba, que hay que soportar con la sonrisa en los labios, devolviendo amabilidades por groserías y perdonando para ser perdonado, me han permitido madurar, endurecerme y recibir las lecciones necesarias para que ahora pueda mirar hacia atrás con orgullo y satisfacción». Completadas con unas lúcidas reflexiones sobre el concreto modo de cumplir el cometido: «Hay que saber escuchar mucho, escuchar con atención, para no ofender a quien te hable… pero también hablar con medida, de manera discreta con amabilidad y buen tono, con sencillez y sentido del humor. Saber callar es tan difícil como saber hablar. ¡Y hay tantas maneras de callar mientras otro habla! Al que ha encontrado una buena manera de callar cuando las circunstancias lo aconsejan, casi todo el mundo lo entiende». Como prudentísimas son las admoniciones sobre la debida conducta de un futuro Rey: «No te canses jamás de ser amable con cuantos te rodean y con todos aquellos con los que hayas de tener relación… Has de mostrarte animoso aunque estés cansado; amable aunque no te apetezca, atento aunque carezcas de interés; servicial, aunque te cueste trabajo».

Y unas consideraciones sintetizadoras de la sabiduría de un reinado: «Piensa que te juzgarán todos de una manera especial y por eso has de mostrarte neutral, pero no vulgar; culto y enterado de los problemas, pero no pedante ni presumido… Haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago». Unos consejos, en fin, pertinentes. Como dice Tom Burns, en La Monarquía necesaria, «La Monarquía es necesaria, pero reinar en España no es tarea fácil».

En anteriores reflexiones aquí aparecidas prometí no entrar en las que entonces eran las primeras manifestaciones anti-monárquicas acaecidas en Cataluña. Pensaba que estábamos únicamente ante algo efímero y minoritario. Por ello llevé mis consideraciones a realizar algunas afirmaciones sobre la figura del Heredero de la Corona. Aunque no era tan inocente como para soslayar la afirmación de que, «una vez abierto el melón» era muy difícil precisar cuantas tajadas iban a cortarse. Y perdóneme el lector el símil popular, bastante veraniego, es cierto, pero, de igual forma, tan escasamente científico. Pues bien, se ha podido comprobar mi temor y la extensión que el tema ha tenido. Políticos, medios de comunicación, programas televisivos, empresarios y hasta obispos han dejado oír sus pareceres. Con plena legitimidad, por supuesto. Por ello entiendo que, en circunstancias tales, algo o mucho debemos añadir los estudiosos, aunque únicamente sea por el afán de clarificar algunos aspectos. Y a ello vamos. Desde tiempos pasados y en circunstancias menos fáciles, siempre hemos defendido que el estudioso de los asuntos de la polis no debía permanecer cómodamente aislado en campana de cristal, sino que su misión comportaba también alertar sobre todo aquello que podía dañar al bien común. Y cuando ahora estimo que así corresponde, lo hago omitiendo, por suficientemente conocida, la referencia a la labor de nuestro actual Rey en los procesos de traída de defensa de nuestro actual Estado de Derecho y de nuestras libertades. Peca de ingratitud quien de ello no quiera acordarse.

En primer lugar, habrá que aclarar que el principio legitimador de la Monarquía no es el democrático, con el sufragio universal como acompañante, sino otro bien diferente: el de la legitimidad hereditaria. Guste o no, en eso se basa esta institución que, justamente por partir de ahí, conlleva la garantía de la continuidad. No hay que «asustarse» por lo dicho. La democracia se babeliza, de forma más o menos verdadera, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del peso de los vencedores. Con anterioridad, «lo moderno» era lo totalitario. Y, a la vez, el mundo conoce la gerontocracia (gobierno de los más viejos) como puede ocurrir en China. O la hegemonía del partido único como depositario de la ideología oficialmente establecida (por ejemplo, Cuba). O los imperios en los que el Papa tenía la última palabra. O la sumisión a los brujos-caciques en las zonas de tribus. Y así muchos ejemplos más. Por demás, reconocida la democracia como valor legitimador de nuestros días, no por ello deja de tener «su ámbito». Es decir, esferas en las que es valor único y, junto a ello, otras esferas en que priman otros medios de legitimación. Cualquiera puede entenderlo. En las competiciones deportivas resulta triunfador quien mejor marca o mejor resultado obtiene y no el que el público asistente decide en votación. En el Ejército, los sargentos no eligen por votación a los generales, ni dan la orden de ataque. En la sanidad, opera el cirujano y no el camillero y en una Universidad seria el personal administrativo o de servicios no debería votar un plan de estudios o un nombramiento de honoris causa, aunque tras el desastre de Maravall todo sea posible. En todos los ejemplos citados, se ha de respetar la democracia establecida, pero el funcionamiento interno debe tener otros principios.

En nuestra democracia con Monarquía parlamentaria, aprobada y refrendada por la Constitución, el Rey tiene unas funciones expresamente señaladas en los artículos 56, 62 y 63. Pregunto: ¿cuál de ellas ha dejado de cumplir? ¿En qué se ha extralimitado? ¿Cuándo ha caído en el «borboneo» que practicaran algunos de sus antecesores? Si así fuera, instrumentos establecidos hay para obligarle a dejar la Corona. Y si no ha sido (creo que al revés) no cabe la entrada de la elección. En nuestro azaroso pasado no hay más que un caso de «monarquía electiva» en la persona de Amadeo de Saboya. Y recuérdese el asunto. El pobre Amadeo, viéndose incapaz de gobierno por su atadura a los partidos que lo eligieron, nos manda a hacer gárgaras, retorna a su país y así se proclama la Primera República, de corte federal. ¡No consiguió ni aprobar un texto constitucional! El cantonalismo surgió por doquier, con Cartagena a la cabeza, y la entrada del caballo de Pavía en las Cortes puso fin a nuestra primera experiencia republicana. Claro que la segunda acabó peor…

Si los actuales «quemadores» anti-monárquicos lo que quieren de verdad es la República, también tienen medio constitucional para intentar lograrlo. Nuestra actual Constitución lo permite a través de su reforma regulada en el art. 168 que arbitra la forma de revisar el Título II y establecer lo que se quiera. Es difícil, pero no imposible si la mayoría de los españoles lo quisiera. Se me ha escapado lo que querer «de verdad». Porque si, como muchos piensan, lo que se esconde es la autodeterminación y la separación de España con un nuevo Estado, entonces, actuales «quemadores», las cosas ya no serán tan fáciles. Pedir que nuestra Constitución establezca el derecho a que España se destroce en pedacitos, me parece que es mucho pedir.

Y si se lograse la Tercera República, ¿se acabarían así los problemas con el País Vasco y Cataluña? ¿Cómo la defenderían en caso de riesgo? ¿Cómo lo hicieron con la Segunda? No me resisto a dos testimonios de la época.

Cuando en 1932 se discute en las Cortes el Estatuto Catalán, la voz y el razonamiento de Ortega muestra su escepticismo: el problema únicamente se puede «conllevar», no resolver: frente al sentimiento de una Cataluña que no se siente española, hay otro de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como «un trozo esencial de España». Pretender solventar este antagonismo de una vez, sería como «llevarlo al extremo del paroxismo (…) y hacerlo más insoluble que nunca» (3 de mayo de 1932). Y precisamente eso, hacerlo de una vez es lo que, por el contrario, intenta y consigue Azaña, que, con no pocas resistencias, logra que se apruebe el Estatuto el 9 de septiembre. Cuando el 17 de ese mes visitaba Barcelona para recibir el agradecimiento, no duda en proclamar que se estaba ante «un hecho de la historia universal».

Pero llegaría el final de la República y ya en plena guerra civil, el entusiasmo azañista se ha tornado denuncia por la insolidaridad del «Eje Barcelona-Bilbao» con la República, junto a los graves abusos libertarios de los sindicalistas (¡De esto, estoy seguro, no hablará la «Memoria Histórica»!) Y concluye con la trágica afirmación de que la cuestión catalana subsistirá con cualquier clase de régimen (monarquía, república, unitario o autonomista) «como la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español» («Causas de la Guerra de España»). Y uno tiene que preguntarse como principio y final: ¿se arregla este gran tema mediante los humos de las fotos de quien siempre han querido respetar y potenciar la diversidad sin dañar la unidad de España?

Ver crecer a los otros que quieres es uno de los aspectos positivos del paso del tiempo. En contra de toda nostalgia por lo que dejamos atrás y por el camino transcurrido, el despliegue del presente puede proporcionar a veces ese sentido de espesor y conciencia de duración que nos hace sentir la propia existencia. Los 40 años del Príncipe son, desde luego, una especie de atalaya que sitúa el paso de la juventud a la madurez en primer plano. De aquel joven de 21 años con el que tuve el privilegio como docente de disfrutar durante mucho tiempo de su crecimiento intelectual y personal, al padre de familia feliz y responsable de ahora, media sin duda una gran distancia. Y, sin embargo, es posible que, como nos ha pasado a casi todos, ese cumpleaños significativo se sienta por dentro como algo que no atañe a nada sustancial, pues se sigue siendo la misma persona, por más que los demás se empeñen en colocarnos en otra dimensión. Pero sin duda ésta se ha producido. En estos días previos al cumpleaños, quizás las preguntas que más veces me han hecho desde los distintos medios de comunicación han girado alrededor de la educación del Príncipe, concretamente cómo se plantearon los Reyes la educación de Don Felipe, y, por otro lado, cómo será el futuro monarca. A la primera puede contestarse en parte con los datos empíricos, con los resultados que pueden observarse objetivamente; la segunda pertenece al ámbito de la futurología y no de la Historia, pero siempre se pueden aventurar unas líneas de actitudes o comportamientos acordes racionalmente con las que han precedido y con la propia formación. Se ha escrito tantas veces sobre la excelente preparación del Príncipe, sobre el proceso de crecimiento cognitivo y emocional de una persona inteligente, curiosa, inquieta, como ha sido y sigue siendo Don Felipe de Borbón, que siempre preocupa que los lectores acojan con cansancio o recelo tal repetición. O, peor, produzca esa repetición un movimiento de rechazo o escepticismo. Pero, sin embargo, es verdad que la educación del Príncipe, y de las Infantas, siempre fue vista por los Reyes como una prioridad que, además de ser rigurosa y profunda, tenía que ser en ámbitos comunes universitarios públicos, como un estudiante más. Eso sí, bajo el modelo del rigor y de la aplicación en todo lo posible, pues todos ellos han interiorizado desde siempre que habían nacido con unas responsabilidades y unos privilegios por tanto, pero de todos los cuales había que rendir cuentas en la Monarquía parlamentaria democrática consagrada en la Constitución de 1978.

Citando a la Ofelia shakesperiana: «Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser», alguna vez ya escribí que si toda vida individual es un producto complejo de azar, necesidad y libertad, cuyos hilos se tejen y destejen hasta el último momento de esa vida, y cuyo conocimiento de sí y de la relación con los demás nunca está acabado o cerrado, en el caso de Príncipes e Infantas ese proceso tiene un peculiar carácter al sentir, desde el mismo momento de su nacimiento y como reflejo de la percepción de los otros, la cualidad de no ser nunca indiferentes, de estar siempre presentes en su función representativa, de no conocer la libertad del anonimato. De ahí la importancia de una educación en igualdad y al tiempo -como debía ser para todos- una educación con el impulso siempre a la excelencia. Esa ha sido la experiencia del Príncipe de Asturias.

Con motivo de su boda en mayo de 2004, intentaba yo describir en un artículo periodístico -Un Príncipe para el siglo XXI- la rica experiencia vivida ante un desarrollo que casi podía palparse de crecimiento interior y madurez intelectual y personal que no se limitaba al plano cognitivo, con ser este fundamental, sino que abarcaba a aspectos interiores de saber y de empatía, de serenidad y adquisición de criterios para poder distinguir y evaluar las distintas opciones que las circunstancias van exigiendo en la vida, así como sus consecuencias, incluyendo entre ellas las no queridas; el aprendizaje de saber aprender de los errores y de saber reconciliarse íntimamente con la certeza de la distancia que acaba siempre existiendo entre nuestras expectativas y planes más queridos y su proyección en la realidad, siempre cambiante. El joven que había elegido casarse con la persona que amaba, y de la que le constaban las cualidades que aseguraban el cumplimiento de su función como Princesa de Asturias, reunía sinceramente todo ese complejo aprendizaje, unido a su firme compromiso personal e institucional y al desempeño en la práctica de tareas representativas dentro del Estado.

En este cumpleaños festejamos no ya a un joven prometedor, sino a una persona madura, en el dintel todavía de la juventud anterior, pero que ya puede contemplar el tiempo hacia atrás y no sólo hacia adelante. Ello produce casi siempre un sabor agridulce, pero también enriquecedor. Y lo que hay hecho hacia atrás es una buena cosecha, con más luces que sombras, con más cosas buenas que malas, con una utilización del tiempo y del esfuerzo en construir una existencia con continuidad, que ha exigido disciplina, rigor, empatía, bondad, todo un plan de vida y de proyectos de futuro. «Cuanto más ocupado esté el tiempo -decía Bachelard- más corto parece». Ese tiempo es el bien irremplazable del que disponemos los humanos y que fragmentamos convencionalmente en fechas significativas para sentir que no se nos escapa gratuitamente, que lo seguimos viviendo y sobre cuyo paso efímero construimos mojones que nos pertenecen. Y por ello deseamos siempre que se cumplan muchos años con felicidad.

Por lo demás, como se ha puesto de manifiesto en estos días, la persona del Príncipe, sus características individuales, su personalidad y sus tareas institucionales responden en un amplio abanico a las expectativas que la sociedad española proyecta sobre el futuro. Una sociedad viva y en movimiento, inserta en un mundo que cambia rápidamente y que se enfrenta a desafíos múltiples, que pertenece al grupo de países desarrollados europeos democráticos y que, en su amplia mayoría, tiene bastante claro que la cuestión que importa, desde la experiencia de todo lo vivido en el siglo XX, es vivir en estabilidad democrática. Que esa estabilidad está garantizada por una monarquía parlamentaria, similar a las de otros países europeos, producto de una historia y unas coyunturas determinadas; una suerte de régimen mixto que combina la sucesión sin traumas ni luchas en la jefatura del Estado con la limitación estricta de sus poderes, favoreciendo con su fuerza simbólica, moderadora, representativa, un complejo equilibrio de poderes que es una característica primordial de todo régimen democrático.

Un ideal ilustrado de un régimen moderado, entendiendo la moderación como una articulación entre el poder de los gobernantes y la libertad de los gobernados, en beneficio siempre de la mayor autonomía de éstos, de la óptica de mejora y libertad de los ciudadanos. La Corona se inserta así como pivote esencial de una arquitectura constitucional y parlamentaria, con límites y contrapesos determinados, que ha dado tan buenos resultados a España en estos 30 años de joven democracia.

El Príncipe de Asturias ha crecido a la par de este desarrollo y su función institucional es garantía de estabilidad y de cambio ordenado. Que el Príncipe haya adquirido esa riquísima formación, teórica y práctica; que posea una estructura conceptual precisa y flexible a la vez, un anclaje cognitivo y valorativo que le da solidez y profundidad y que tenga la empatía y buen hacer que ha heredado y aprendido de Don Juan Carlos y Doña Sofía, tiende a dar seguridad a las incertidumbres inevitables que siempre provoca el futuro. Un futuro para el que le deseamos de todo corazón, junto con la Princesa de Asturias y las pequeñas Infantas, muchísimas felicidades en esta fecha tan redonda y tan pletórica de los 40 años.

Supongo que nadie podrá enumerar con precisión el caudal de recuerdos que en el día de hoy, al celebrar familiarmente sus cuarenta años de vida, pasarán por la mente de Don Felipe de Borbón y Grecia, Heredero de la Corona. Es posible que ni su propia persona. Puede que el regocijo familiar lo dificulte. Y puede también que el mismo capricho de aparecer y desaparecer que el ayer, lo pasado, somete a cualquier persona, impida la exactitud de la empresa. Pero ahí, en la distancia y en la objetividad ajenas a la legítima pasión que el interesado experimenta, se puede encontrar el análisis de lo ocurrido.
Y en esa línea, acaso lo primero a resaltar sea la suerte que el Príncipe tuvo por el momento de venir al mundo en la España de fines de los sesenta. Atrás, bastante atrás, habían quedado en el tiempo (aunque sin duda no en el sentimiento) los hechos cruciales de la primera mitad del siglo XX que tanto van a seguir pesando en nuestra andadura como nación y que supongo que el Príncipe conoce a fondo por sus estudios o lecturas: la caída del reinado de su antecesor Alfonso XIII, con sus múltiples secuelas, la llegada y crisis de la II República, la tragedia de nuestra última guerra civil y todo un largo tramo del régimen instaurado por el general Franco. Y su objetivo conocimiento me parece imprescindible para cualquier español que asuma algún tipo de responsabilidad política porque, de una forma u otra, todo ese tracto está histórica e ideológicamente bien unido y hasta constituye un necesario punto de arranque para entender plenamente el presente. No. Por mucho que «algunos expertos» se empeñen, España no ha nacido con la Constitución de 1978. El análisis de nuestro siglo anterior puebla numerosas bibliotecas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y va de suyo que conocer es en este caso también asumir y superar. ¡Allá la responsabilidad histórica de quienes se empeñan en lo contrario resucitando divisiones y rencores!

La España de los ahora llamados «felices sesenta» ya no conoce la escasez, el racionamiento, ni la continua movilización. Tampoco el aislamiento, ni la imperiosa vigilia internacional. La suerte trae al mundo al Príncipe en el pleno auge de lo que de verdad interesaba ya al franquismo (que, por cierto, es una mentalidad generalizada y no únicamente una persona): la apatía propia de los regímenes autoritarios y la aceptación inquebrantable de un Caudillo con poder vitalicio. Por supuesto que con sectores que aspiraban a libertades inexistentes y por supuesto, igualmente, con la represión de quienes públicamente lo manifestaban de una u otra forma. Y los exilios exterior e interior. Y las tristes consecuencias que sufrieron los contendientes. No intentamos justificar nada. Únicamente recordar sin ira.

La España de los sesenta ha conocido ya el desarrollo y el titulado «milagro económico». El turismo nos había elegido como lugar preferente y con el turismo vinieron muchas más cosas. El español de entonces podía ya permitirse el pequeño veraneo, disfrutar del «seilla» y lograr que sus hijos accedieran a una Universidad que conoce pronto la masificación. Nadie obligaba a apuntarse a nada y las camisas podían tener el color que se quisiera. Y en las alturas gubernamentales, una derecha tecnocrática que, sin olvidar la lealtad a Franco, moderniza al país, comienza a mirar a Europa y… muestra bien pronto su confianza en el también Príncipe llamado Juan Carlos. Dejo a la que supongo intimidad familiar cuanto el actual Rey haya narrado al actual Heredero sobre sus nada fáciles relaciones, tanto con la persona de Franco cuanto con su padre Don Juan. Sacrificio hubo por doquier y mucho queda todavía por saber.

Pero cuando el feliz nacimiento ocurre, hacía ya años (1947) que el mismo Franco, en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, y por las razones que fuere, había declarado que España, de acuerdo con su tradición, se declaraba «constituida en Reino». Y en el posterior desarrollo legislativo, de aquí se partiría siempre. Ciertamente se habló siempre de «instauración» y no de «restauración», con lo que se aspiraba tanto a desear un nuevo estilo de Monarquía, cuanto a esfumar las aspiraciones del asentado en Estoril. Los indicios se fueron afianzando en el proceso educativo de Don Juan Carlos. Y justamente un año después del nacimiento que comentamos, exactamente el 22 de julio de 1969, Franco le proclama como sucesor a título de Rey. Al día siguiente, Don Juan Carlos de Borbón jura todo lo jurable como sucesor ante el pleno de las Cortes.

Se había dado el gran paso. Pero quedaba el principio legitimador de toda Monarquía: el origen dinástico. Dos días después de fallecer Franco, el nuevo Rey asume la Jefatura del Estado y proclama que quiere ser el Rey de «todos los españoles». De vencedores y vencidos de antaño. De los de dentro y de los que podían volver. Las piezas de un gran proceso terminan con dos acontecimientos definitivos: la abdicación de Don Juan y la aprobación en referéndum del pueblo español de una Constitución en la que se establecía una Monarquía Parlamentaria. Un Rey que no gobernaba, pero que unía. Que no mandaba, pero que estaba llamado a moderar.

Todo lo anterior y algunas cosas más las ha recibido Don Felipe de Borbón. Es su caudal heredado. Que no es un caudal «democrático», sencillamente porque el principio legitimador de la Monarquía no es el sufragio universal. Como no lo es en el ascenso a general de división, obispo de una Diócesis, catedrático de Universidad o equipo campeón de la Liga. La democracia tiene su ámbito muy concreto y, muy posiblemente, romper ese ámbito (algo que presumo está ocurriendo en los momentos actuales) significa caer en la demagogia final. No hay que olvidar la meritocracia, la disciplina, la antigüedad o la fe. Cada cosa en su sitio, que diría el castizo.

Quien hoy cumple cuarenta años posiblemente pase a la historia como el heredero mejor preparado académicamente de la Monarquía española. Y resulta tan peligroso como absurdo lanzarle eso de «ser juancarlista, pero no monárquico» antes, bastante antes de que haya llegado su hora de reinar. ¿En virtud de qué? La labor hasta ahora desarrollada por iniciativa propia o por indicación del Rey, no puede ser más loable, ni más intensa. En su cumpleaños cada uno puede pedirle algo más, pero no negar sus méritos. En mi opinión, que lo antes posible ejerciera alguna función de mando en nuestro Ejército. De la forma más asequible, pero sabiendo que eso es beneficioso para su presente y para su futuro. Y algo más. El conocimiento directo de la problemática de los distintos sectores del país (médicos, empresarios, profesores, obreros, artistas, etc.) de forma habitual y mediante reuniones en las que oiga los auténticos problemas, sin ningún tipo de mediación. Si así lo hiciera, la felicitación de hoy sería doble. Sobre todo si, en su día, también se propone ser Rey de todos los españoles.

La Monarquía parlamentaria es un hallazgo de la Transición española, para nuestra Constitución de 1978, que se construía desde la evolución histórica, de las monarquías existentes, más representativas como la británica o las del norte de Europa, desde nuestra propia experiencia monárquica y republicana y desde una reflexión teórica, quizás todavía más intuitiva que racional. Probablemente entonces no teníamos en la cabeza todas las dimensiones y consecuencias de este modelo de Monarquía diferente de las anteriores.

Éramos conscientes de que, desde los orígenes del Estado liberal, la Monarquía española había ido dando tumbos desde Fernando VII a Alfonso XIII. Tras la esperanza frustrada de la Segunda República bien intencionada, abierta y progresista que pagó sus errores y las traiciones de militares y civiles, la horrible Guerra Civil y la no menos horrible represión posterior y los 40 años de dictadura franquista, con el daño que hizo a nuestra dignidad individual y colectiva, nos encontramos de bruces, muerto Franco, con la necesidad de reinventar nuestra convivencia. La recuperación de la soberanía popular y el impulso para la vuelta a la democracia los dio el Rey, que heredó los poderes del general Franco, con el apoyo de un gran pacto social entre los sectores abiertos procedentes del régimen que deseaban, de verdad, el restablecimiento de un sistema constitucional, europeo de libertades, y sectores de la oposición democrática represaliada y perseguida durante la dictadura. Fue un contrato social sui géneris, con un papel decisivo de don Juan Carlos que culminó bien en una Constitución, y después en treinta años de vida democrática con tres alternancias en el poder y un sistema consolidado, donde el Rey al cabo de esos años mantiene incólume su popularidad, aunque su status cambió con la Constitución y desde entonces carece de prerrogativa y no es ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial.

Al cabo de treinta años, estamos en situación de construir las líneas teóricas de esta Monarquía parlamentaria, porque existe el peligro y quizás también la tentación de situarla, en continuidad con la anterior etapa de su evolución, como Monarquía constitucional. Un signo que confirma esos augurios es que las viejas críticas republicanas se siguen aplicando a nuestra Monarquía parlamentaria. Así se acusa su carácter no electivo y, según esas críticas, no democrático, y que la sucesión se produzca en el interior de una familia, la familia real, sin ninguna intervención popular. También se afirma que es una institución cara y poco transparente. Incluso esos sectores, si son bienintencionados conceden que el rey Juan Carlos ha cumplido un papel decisivo en la instauración de la democracia y en la elaboración de la Constitución, para a continuación sostener que quizás ya sea bueno restablecer la República.

Es verdad que se trata de sectores muy minoritarios que no se pueden identificar con otros peor intencionados que hacen la crítica desde la extrema derecha, que no pueden soportar el sincero y constante apoyo del Rey a la Constitución y a la democracia. Un signo de que la Iglesia católica institucional está cayendo en brazos de uno de los sectores más radicales y extremistas de la derecha es que su emisora es la principal portavoz de esos grupos ultrarradicales. También son reprochables y muy minoritarias las críticas consistentes en quemar fotos del Rey. En este caso no puedo estar de acuerdo con los que engloban estos comportamientos en el ámbito de la libertad de expresión. Más bien entran de lleno en el límite del claro y presente peligro de provocar violencia, al que se refiere el buen juez Holmes. La crítica a la Monarquía es lícita siempre que se ofrezca desde la racionalidad y no desde la violencia real o posible.

Incluso he oído muchas veces a defensores sinceros de la Constitución decir que son juancarlistas pero no monárquicos.

Si partimos de una realidad sociológica donde el Rey y la Monarquía ocupan los primeros lugares en la aceptación pública, procede quizás preguntarse si existen unos rasgos de esta institución que la hacen diferente de las anteriores. ¿Es posible mantener una crítica republicana contra esta nueva forma de Monarquía?

Creo, sinceramente que la Monarquía parlamentaria tiene diferencias esenciales con la Monarquía constitucional y mucho más, con las monarquías preliberales de carácter absoluto. En este caso, el Rey no es poder del Estado, ni titular de la soberanía, sino sólo el supremo órgano de representación que expresa en su figura la unidad y permanencia del Estado. Por eso no le son de aplicación las críticas tradicionales republicanas que están fuera de lugar al referirse siempre a una Monarquía que compartía soberanía y prerrogativa con los poderes democráticos. Concluir de esta situación que entonces la Monarquía es inútil es igualmente incierto porque cumple un papel moderador y de consejo decisivo y con su prestigio incrementa la repercusión de nuestro país en las relaciones internacionales y con los países de la comunidad hispánica de naciones.

El valor de la Monarquía parlamentaria se apoya, a mi juicio, en tres grandes pilares, racionales y afectivos, que se dan en la Corona de España, en sus titulares y en sus sucesores.

En primer lugar, podemos señalar su origen democrático, que establece su legitimidad de origen que se complementa con la histórica, en la figura de don Juan Carlos, y en su continuidad con el príncipe de Asturias. El referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 expresa esa aprobación democrática de la forma política del Estado español. Además, la legitimidad fáctica se expresa también por su contribución decisiva para que fuera posible la vuelta a la legalidad democrática, renunciando a ser un poder del Estado, favoreciendo la realización de unas elecciones libres y contribuyendo a las deliberaciones libres en las Cortes Generales hasta alcanzar la aprobación de la Constitución. Después su papel decisivo en la recuperación de las prerrogativas que los poderes legítimos, secuestrados en el Congreso, no podían ejercer con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, evitó la catástrofe que hubiera supuesto su triunfo, aunque sólo hubiera sido coyuntural. Como miembro de la ponencia constitucional puedo dar fe por propia experiencia de su exquisito respeto por nuestro trabajo, cuando todo el mundo quería aconsejarnos, cuando no presionarnos.

En segundo lugar, la legitimidad de ejercicio se afirma y se consolida con la vieja idea de Montesquieu del principio del honor que caracterizaba a la Monarquía (Vid. De l’Esprit des Lois V, Primera Parte, Libro II I-6). Naturalmente tiene un sentido distinto al que estableció el barón de la Bréde. Hoy, el honor de la Monarquía supone la lealtad y el respeto a la Constitución y a los principios democráticos que la inspiran. Ésa es la virtud central de un monarca en una Monarquía parlamentaria. No es necesario elecciones periódicas para ratificar el ejercicio legítimo de su función. Basta con la lealtad y el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, después del respaldo popular inicial.

Finalmente, en tercer lugar el ejercicio normal de sus competencias favorece la continuidad de las instituciones y esa función de expresar la unidad y la permanencia del Estado. La neutralidad de su magistratura por encima de los sectores políticos y de los gobiernos que puedan sucesivamente gobernar es garantía de estabilidad y de respeto a esa parte de la ética pública juridificada a valores, principios y derechos, o instituciones y procedimientos que configuran las reglas del juego.

La Corona está por encima y es garantía del pluralismo político, creando un espacio libre por donde todos pueden circular con la fuerza legítima que otorga en cada momento el principio de las mayorías. Al carecer de prerrogativa no compite, no puede crear conflictos con otros poderes como ocurre en las repúblicas cuando concurren una jefatura del Estado elegida por sufragio universal y un presidente del Gobierno elegido desde una mayoría parlamentaria, sobre todo cuando las dos figuras pertenecen a diferentes partidos.

La Monarquía parlamentaria es una institución tranquila, donde se practica el respeto a la soberanía popular y al principio de las mayorías, que expresan formalmente las decisiones tomadas en el Parlamento, en el Gobierno y en el Poder Judicial, lo que le permite moderar y arbitrar, con autoritas el funcionamiento normal de las instituciones. Es una institución que deberemos mantener, apoyar y respetar, porque impulsa y profundiza la tranquilitas ordinis que es condición esencial de una sociedad política bien ordenada.

En la fantasmagórica Corte que el pretendiente Carlos María Isidro instaló en Estella durante la Primera Guerra Carlista se creó un grupo de presión -poder fáctico, le llamaríamos ahora- pronto bautizado como los ojalateros.

Tan ocurrente denominación es atribuida en el capítulo 30 del segundo tomo de la monumental historia del conflicto escrita por Antonio Pirala al valiente capitán de caballería Carlos O’Donnell quien, harto de escuchar al regreso de sus acciones militares comentarios del tenor de «¡ojalá hubiesen atacado ustedes por tal o cual parte!», «¡ojalá hubiesen hecho tal o cual movimiento!», se encaró con algunos de estos individuos y les espetó: «Siempre están ustedes con ojalás. ¿Son ustedes ojalateros?»

Aunque al principio este despectivo remoquete recayó en el obispo Abarca, su compinche en la camarilla de don Carlos, el intrigante Arias Teijeiro y otros miembros de su clan, pronto, según Josep Fontana, se extendió a todos «los cortesanos que acompañaban al pretendiente sin contribuir a la lucha con otra cosa que los ‘¡ojalás!’ con que expresaban sus augurios de victoria». Más genérica es aún la acepción que el Diccionario Histórico del Carlismo de Josep Carles Clemente ofrece del término: «Se llamó así a los que lejos del combate soñaban con ganar la guerra sin más esfuerzo que el de su adhesión pasiva a la Causa».

Pero los ojalateros no se limitaban al escaqueo personal, sino que en lugar de situar el foco de sus cuitas en el bando enemigo azuzaban la inquina de don Carlos contra sus rivales en el propio, poniendo constantemente palos en las ruedas de aquellos que, como Zumalacárregui primero y Maroto después, daban la cara -y algo más- por la Causa.

No es de extrañar que esa actitud irritara a los combatientes dispuestos a morir «por Dios, por la Patria y el Rey», aunque según el propio Pirala a menudo ocurría que, sobre todo, daba pie al cachondeo y mofa por parte de la tropa: «Si al pasar los batallones por un pueblo o sus inmediaciones veían los voluntarios, entre las gentes que salían a verlos, alguno que creyesen ojalatero, principiaban a decir los unos: ‘¡Ojalá ataquen!’, y contestaban los otros: ‘…Y ganemos’. Esto producía la hilaridad en las filas, que comunicándose desde la cabeza a la cola eléctricamente, se convertían en una gritería infernal, haciendo que desapareciesen los ojalateros».

Cuando el pasado domingo nos desayunamos con el enorme titular El Rey se defiende en la portada de nuestro principal competidor, mi primera reacción fue amortizar la ocurrencia en ese mismo tono de broma. ¿Cómo que El Rey se defiende? ¿De quién se tiene que defender el Jefe del Estado si nadie que pueda inquietarle le ha atacado? Caray, ni que fuera el juez Del Olmo, víctima de los conspiranoicos secundados por el PP…

El hecho de que los tiros fueran precisamente por ahí, exprimiendo hasta la saciedad el ya exhausto limón de que si Jiménez Losantos pidió una mañana la abdicación del Monarca y que si Esperanza Aguirre intercedió por él durante una comida en el Palacio Real, no venía sino a confirmar la pertinencia de esa mirada burlona y desdeñosa. ¡Oh, cuánto ruido para tan pocas nueces, cuánto desagravio para tan poco agravio!

Pero llega un momento en que la insistencia en amontonar sobre tan anecdótico perchero ropajes tan diversos como la quema de fotografías del Rey en Cataluña, el encontronazo con Chávez en Santiago de Chile o la majadería que dijo Anasagasti sobre la imaginaria ociosidad de los Borbones, hace ineludible una clarificación sobre lo que comenzó siendo presentado más o menos jovialmente como el annus horribilis de la Corona y ha terminado convertido por algunos en una dramática ofensiva en toda regla contra su titular.

De todos los avatares de este 2007 que hemos dejado atrás, probablemente, lo que más haya entristecido a don Juan Carlos, como buen padre de familia, sea la crisis matrimonial de su hija mayor. Y lo siguiente, la torpeza con la que la Fiscalía manejó el episodio de la zafia viñeta de El Jueves, perjudicando objetivamente a los Príncipes. Pero claro, ni lo uno puede atribuirse a la pinza entre la COPE y las Juventudes de Esquerra, ni a Conde Pumpido lo ha nombrado Rajoy.

En todo caso, después de esta caravana de incidencias agrupadas en el tiempo, el prestigio de la Familia Real continúa intacto, y no digamos el del Rey. No hace falta comparar el caso con el de otras monarquías reinantes, ni tampoco ceder a la benevolencia que siempre rodea la celebración del momento en que alguien se vuelve septuagenario. No, si el 70 cumpleaños de don Juan Carlos está dando pie a un veredicto tan positivo sobre su trayectoria -notable alto, según nuestra encuesta de ayer- es porque los españoles son conscientes de los méritos objetivos contraídos durante sus 32 años de reinado.

Un reinado que ha incluido desde el 23-F hasta el 11-M, desde un incierto periodo constituyente hasta etapas de gran estabilidad democrática, momentos de grave crisis económica y días de vacas gordas, inmensas alegrías colectivas y tragedias que nos han partido el corazón. El Rey siempre ha estado ahí, en su sitio, con la serenidad del estadista, la determinación del militar y la empatía del ser humano cálido y cercano, buscando la respuesta adecuada a cada problema, unas veces desde el arrojo y otras desde la prudencia. Casi siempre ha acertado y cuando se ha equivocado en asuntos relativamente menores -algún que otro amigo o alguna que otra cacería de más- la rectificación ha llegado enseguida.

No es un ser providencial ni el Monarca perfecto. Eso no existe ante los ojos de un país desarrollado en una sociedad abierta. Seguro que la Historia proyectará también sombras sobre determinados aspectos de su conducta. Pero en conjunto, que es como se valora a los hombres públicos, su figura es la de la persona adecuada en el sitio preciso en el momento correcto. Y en la España de hoy esto es un secreto a voces que forma parte del acervo colectivo.

Por eso nadie con entidad y consistencia cuestiona de forma articulada y permanente -criticar tal o cual dicho o hecho del Rey no es sino parte de la lógica democrática- la forma en que ejerce sus funciones constitucionales. Por eso ni don Juan Carlos se encuentra bajo ataque, ni menos aún necesita espadachines que le defiendan, aportando vendas donde no hay heridas y creando una equívoca sensación de excusatio non petita.

Cuestión distinta es que haga falta o no desenvainar, siquiera sea a efectos dialécticos, todas nuestras mejores armas con un motivo de mucho mayor calado y trascendencia. Porque por inaudito que parezca en España no hay una ofensiva contra el Jefe del Estado, sino contra el Estado mismo. No es la forma en que el Rey ejerce sus funciones lo que se cuestiona y vitupera, sino la existencia misma de esas funciones. No es el comportamiento del titular de la Corona como Monarca constitucional lo que genera algaradas, pancartas ofensivas y rituales crematorios en los campus y en los estadios, sino la mera vigencia de esa Constitución. No es a Juan Carlos de Borbón y Borbón, nacido en Roma, criado en Estoril y proclamado en Madrid, sino a la España, patria común de todos los españoles, a la que se quema en efigie.

El Rey y los principales miembros de su Casa lo entendieron perfectamente y así quedó reflejado en una clarificadora crónica de Marisa Cruz en pleno aquelarre independentista: los ataques no van contra la persona, sino contra la unidad de España. También lo reflejaba ayer nuestra encuesta: la única amenaza real que la mayoría percibe contra la Monarquía no emana ni de la COPE, ni de la izquierda republicana, ni de los amigos abusones, ni de la telebasura, sino del separatismo rampante de los nacionalistas. ¿Por qué los nuevos ojalateros manipulan ahora la realidad e invierten los términos, presentando a don Juan Carlos como víctima individual de oscuras combinaciones y manejos en un presunto contexto de normalidad y estabilidad constitucional? Muy sencillo: por su mala conciencia y sus ansias de camuflar su propio papel en el actual proceso de erosión no de la persona, sino del ideal que el Rey alienta y encarna.

Porque si cada vez que el Rey hace un llamamiento al consenso, la unidad o el espíritu de la Transición, este grupo periodístico, estrechamente vinculado al Partido Socialista y con frondosas ramificaciones en el mundo económico, académico y cultural se limitara a desgranar su monótono ora pro nobis del ande yo caliente -¡ojalá ETA depusiera las armas o hubiera colaboración en la lucha antiterrorista! ¡ojalá los nacionalistas actuaran con lealtad y moderación! ¡ojalá se repararan todas las injusticias del franquismo sin que nadie se molestara!- podríamos identificarlo con esa primera fase en la que si los ojalateros no contribuyen al empeño común, al menos tampoco molestan demasiado.

Pero si examinamos con algún detalle lo ocurrido durante toda la legislatura caeremos en la cuenta de que estos ahora aguerridos paladines que presentan a un Rey a la defensiva y se aprestan a acudir en su socorro frente a una inventada coalición de extremismos opuestos son los mismos que pidieron y obtuvieron la cabeza de Redondo Terreros y el cese del pacto constitucional en el País Vasco; los mismos que asumieron sin reserva alguna la fantasía de que se daban las condiciones para emprender una negociación política con ETA; los mismos que aplaudieron que tanto el PSE como la Fiscalía vulneraran o al menos burlaran la Ley de Partidos; los mismos que celebraron que se colocara en vía muerta el Pacto Antiterrorista; los mismos que aprobaron las reuniones secretas con Batasuna para crear una mesa de partidos con el objetivo de cambiar el marco legal vasco; los mismos que se tragaron el anzuelo de que ANV podía ser al 50% terrorista y al 50% democrática; los mismos que justificaron la excarcelación de De Juana Chaos por supuestas razones humanitarias; los mismos que fingieron ignorar la ignominia de que el proceso de paz continuara después del atentado de la T-4.

Sí, los mismos a los que les pareció bien que Zapatero se comprometiera a aceptar de forma incondicional un nuevo Estatuto Catalán que en la calle nadie demandaba; los mismos que se conformaron con unas enmiendas parciales que limitaran el daño del engendro parido en el Parlament; los mismos a los que les pareció bien que por primera vez en un cuarto de siglo de democracia las Cortes aprobaran la reforma de un Estatuto sin el voto de la oposición; los mismos que anhelan ahora una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que en la práctica avale la autodefinición de Cataluña como nación, la consagración de sus privilegios y la merma de la solidaridad; los mismos que nunca levantan la voz ni porque en Cataluña ningún padre tenga el derecho efectivo de escolarizar a sus hijos en castellano, ni porque se multe a los comerciantes que no rotulen en catalán, ni porque se expulse de los medios públicos a los hispano parlantes; los mismos a los que les parece normal que Zapatero tenga como socios y presente como probables futuros aliados a quienes simultáneamente anuncian procesos de secesión con calendario incorporado y convierten hasta un partido de fútbol en un acto separatista.

Sí, sí, los mismos que han alentado que se remuevan las tumbas, se quiten selectivamente las estatuas y se revise sectariamente el pasado, legislando sobre la llamada Memoria Histórica; los mismos que han aplaudido la imposición sin más de las tesis gubernamentales en materias que deberían ser producto del acuerdo como la Educación, la Inmigración o la Política Exterior; los mismos que han caricaturizado hasta la saciedad a los contados socialistas partidarios de los grandes pactos de Estado; los mismos que han tildado de guerracivilista al primer partido de la oposición; los mismos que han acogido con entusiasmo la tesis del cordón sanitario contra el PP y predicado con el ejemplo; los mismos que ayer le rieron la gracia a quien englobó a sus adversarios en el saco de «la misma mierda» y hoy utilizan idéntica descalificación escatológica para quienes siguen sin aceptar la agujereada verdad oficial sobre el 11-M; los mismos que mañana, tarde y noche, por radio, televisión y prensa dividen maniqueamente a los españoles entre los adeptos progresistas y los reaccionarios desafectos.

O sea, que al Rey rogando y con el mazo dando como un metafórico martillo pilón, todos los días, golpe tras golpe, verso sin rima tras verso sin rima, en la cabeza metafísica de la «España posible» -dicho sea en homenaje a un clásico de nuestro ensayismo histórico- de Juan Carlos I.

¿Cuál era el verdadero móvil de los ojalateros? Pirala parece tenerlos bien calados cuando al final de ese capítulo ya mentado escribe: «Había personas que, aunque colmadas hasta más no poder de empleo, consideraciones y favor, temían que don Carlos, sentado en el trono, no tendría bastantes gracias para satisfacer su insaciable avidez, y por eso todo les causaba celos, todos les hacían sombra, y nadie que no fuese ellas solas podía inspirar confianza». Pretendían, en suma, la exclusividad del favor real, el monopolio del marchamo de patriotismo y el derecho de pernada sobre la lealtad a la Causa. Algo bastante difícil incluso en el seno de un mundo monolítico como el del carlismo y completamente imposible en una democracia pluralista.

Por eso nada me parece tan justo como que Pío Baroja se refiriera a estos individuos en las páginas de Zalacaín, el aventurero como hojalateros, incorporando a la ortografía de su denominación de origen esa primera letra que completa el juego de palabras que sin duda estaba en el subconsciente del capitán O’Donnell. Pues, en definitiva, lo más nefasto de este grupo no es el carácter insulso de su compromiso, sino la calidad tramposa de la mercancía que nos venden. Ojalá que en España caducara pronto, herrumbrosa, la hojalata.

Hasta ahora la afirmación según la cual los españoles éramos «juancarlistas» pero no monárquicos parecía canónica e irrebatible. Según semejante aserto, la Corona como institución que encarna desde 1975 la Jefatura del Estado resultaba -decían- transparente y sólo era visible su titular, S.M. el Rey, que, excepcionalmente -y sólo excepcionalmente-, se había ganado una legitimidad de ejercicio remanente del 23-F, y por sus extraordinarias virtudes personales. Siendo cierto este análisis, y cuando Don Juan Carlos ha alcanzado los setenta años de edad y treinta y dos de reinado -sólo superado en el empleo por Felipe V-, es imposible seguir sosteniendo, como quieren algunos sectores que aceptaron la forma monárquica del Estado a regañadientes, que la Corona dependa exclusivamente de la persona del Rey y que sin éste la Monarquía parlamentaria en España resultaría poco menos que inviable.

Ha sido el Monarca el que a lo largo de 2007 se ha encargado de demostrar que la Institución es capaz de alcanzar toda su virtualidad mediante el estricto desarrollo de sus capacidades constitucionales y simbólicas. Porque cuando todo parecía fallar -la seguridad en la Nación, la cohesión territorial, la política exterior- ha entrado en juego la Jefatura del Estado como un mecanismo naturalmente sustitutivo y autorizado de otras carencias institucionales y, singularmente, de las protagonizadas por el Gobierno. El hecho de que la Corona sea una instancia permanente, integradora, no partidista, e imante los valores tradicionales y actuales de la España que fue, es y puede ser en el futuro, dota a todo el sistema de estabilidad, lo hace fiable y reconocible y le confiere la solidez que en situaciones como la actual no tendría. El Rey y el Heredero de la Corona no votarán el próximo día 9 de marzo, y en esa abstención activa e institucional que les sitúa en el fiel de la balanza está la enorme e imprescindible potencia de la Monarquía.

¿Por qué ahora somos monárquicos cuando antes sólo éramos «juancarlistas»? Porque el Rey, a lo largo de 2007, ha logrado la plenitud estadista gracias a la naturaleza de la Institución y se ha mostrado a las nuevas generaciones como un activo constitucional al servicio del común, más allá -y en asuntos diferentes- del mítico Don Juan Carlos de la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981. Mi hijo mayor tenía entonces tres semanas de vida, y tanto su generación como las dos anteriores y las siguientes han abandonado ya las disquisiciones sobre la legitimidad de origen de la Monarquía para pasar a asumirla como un elemento estructural del régimen democrático, de tal manera que Monarquía es -para ellos, para la inmensa mayoría- sinónimo de Democracia y Libertad. El Rey ha sabido captarlo y ha salido a reivindicar el papel democrático de la Corona cuando algunos -personas y organizaciones- olfatearon que la almoneda en la que ha arrumbado el Gobierno socialista la Constitución de 1978 podía poner en cuestión la forma monárquica del Estado.

La Corona ha soportado este año tres duras pruebas: el comportamiento irresponsable de determinados medios de comunicación -algunas televisiones, singularmente- que han quebrado todas las convenciones acerca del respeto a los derechos a la intimidad e incluso al honor de la Familia Real; una torpe ley de Memoria Histórica que ha tratado de reverdecer los agostados laureles del republicanismo de 1931, y la animadversión de determinados ámbitos políticos instalados en el nacionalismo radical y en la derecha extrema, conniventes con el pánfilo sentido político del Ejecutivo y la falta de reacción del Partido Popular. A mayor abundamiento, el distanciamiento, tanto afectivo como político, del Gobierno de los valores de la Transición -reivindicados por el Rey de manera constante en sus múltiples intervenciones públicas- ha obligado a Don Juan Carlos a activar sus facultades constitucionales de arbitraje y moderación y su capacidad simbólica, alzándose así en santo y seña de un conjunto de principios y valores que son los que nos explican colectivamente.

La Monarquía en España funciona, no sólo porque su titular es un hombre de capacidad excepcional, uno de los mejores Reyes de nuestra historia, el de mayor sentido democrático y el mejor preparado para el ejercicio de las facultades que comporta la Jefatura del Estado, sino también porque la naturaleza de la Institución es la idónea para España -por historia, por idiosincrasia social, por emociones y por intereses, por prestigio exterior y seguridad en la proyección del futuro común-, de tal suerte que el Príncipe de Asturias se percibe sin más género de dudas que las propias del comadreo como la garantía de continuidad sobre la que no cabe discusión fundamentada. La capacidad centrípeta de la Corona y su arquitectura jurídico-constitucional, servida por la dinastía histórica, conforman hoy por hoy una de esas pocas certezas a las que aferrarse cuando tantas incertidumbres nos convulsionan.

En la próxima legislatura la demanda de reformar el artículo 57 de la Constitución para suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión y desarrollar la ley orgánica -prevista en el Título II de la Carta Magna- que norme distintos aspectos de la Corona todavía no objetivados será una prioridad que me atrevería a adjetivar de patriótica, porque esas consolidaciones legislativas harán desaparecer inquietudes e incógnitas que, aunque menores, siguen disturbando a la Institución mejor valorada por los españoles según los medidores demoscópicos más solventes.

El año que termina ha sido para el Rey -en lo político e institucional- prodigioso, en el que ha revalidado su carisma y durante el cual ha demostrado que la Monarquía es piedra filosofal del sistema de garantías incorporado por la Constitución de 1978. El modo en que Don Felipe, que cumplirá 40 años el próximo día 30, ha secundado a su padre y la manera en que el conjunto de la Familia Real se ha comportado han introducido a la Corona en la irreversibilidad social, política y cultural de España y lo han hecho ante las nuevas generaciones que no vivieron la transición, cuya referencia es ya doble: Don Juan Carlos como un icono actual e histórico de la libertad recuperada, y Don Felipe como apuesta segura de futuro. Buen balance para los setenta años del Rey -una vida llena- y sus treinta y dos en la jefatura del Estado -período largo y fructífero-, que serán más y aportarán tanta seguridad y convivencia en paz como han reportado estas tres últimas décadas. Y al fondo, los Príncipes de Asturias, paradigma, por razones personales y familiares, de los nuevos españoles, ciudadanos libres, desprejuiciados, con sentido responsable de su misión y en sintonía con las realidades de su tiempo histórico. Por eso ya somos monárquicos: porque la Corona ha rebasado la supuesta superioridad cívica de la República y porque la Monarquía ha resultado ser una institución, además de eficaz, eficiente. Gracias a un Rey excepcional que ayer cumplió setenta años en la plenitud de los grandes estadistas de nuestra historia.

El Rey Juan Carlos es seguramente el único monarca europeo contemporáneo que ha conseguido revalidar la Monarquía como institución, aunque los escépticos dirán que más bien consiguió introducir un nuevo régimen político que consolidar la Monarquía en sí , y que los españoles son mucho más juancarlistas que monárquicos. Sea como sea, durante su vida las otras dos monarquías del sur de Europa -las de Italia y Grecia- fueron abolidas y en otros países monárquicos la tendencia ha sido que las monarquías se debiliten más. De lo que no cabe duda es de que, en términos generales, ha tenido más éxito que cualquier otro Rey de España desde el reinado de Carlos III y que, a la edad de 70 años, puede considerarse, con este último, solamente el segundo de los Borbones de España que ha gozado de un largo reinado constructivo.

Esto no ha sido por suerte, aunque contó con una serie de circunstancias altamente favorables, y sin la existencia de estas circunstancias objetivas, de ningún modo creadas por él, no habría podido tener éxito. Pero cualquier persona que conoce la Historia Contemporánea del país sabe bien que el Rey ha tenido igualmente que vencer una serie de obstáculos formidables, y que en sortearlos ha demostrado astucia, sensatez y un buen sentido político.

Ciertamente, no nació en circunstancias políticamente muy prometedoras, en medio de una de las guerras civiles más espantosas de la época contemporánea. Igualmente desalentador fue el hecho que, por un siglo y medio, todos los ocupantes del trono español, con la breve excepción de Alfonso XII, habían demostrado poco talento o responsabilidad política, y que el siglo XX fue un tiempo de la democracia de masas en un lado y de nuevos regímenes de fuerte dictadura en el otro. A esto hay que añadir la triste historia familiar de los Borbones españoles, que llegó a su cénit con los hermanos de su padre. La maldición de los Borbones pareció igualmente haber tocado fuertemente a su propia familia inmediata con la ceguera de una hermana y, de un modo aún más horrible, con el accidente en Estoril, cuando una pistola manejada por Juan Carlos se disparó y mató a su único hermano. Esto ya es bastante tragedia para haber dejado fuera de juego a muchas personas.

En la formación de su propia familia, en cambio, Don Juan Carlos acertó plenamente y a la vez tuvo mucha suerte, porque estas cosas no siempre pueden calcularse de antemano. El matrimonio con la princesa Sofía fue, literalmente, una bendición y una fuente de lealtad, estabilidad, inteligencia y sensatez. Contribuyó no poco a los éxitos posteriores.

Por supuesto, en circunstancias normales no habría sucedido a Franco, llegando al trono -si hubiese llegado- solamente a la muerte de su padre, a quien habría tocado torear con la difícil herencia política del Caudillo. Pero las circunstancias históricas cancelaron las posibilidades de sucesión de su propio padre, Don Juan, porque a éste le tocó vivir la difcilísima etapa política de la Guerra Civil, la Guerra Mundial y, luego, toda la larga dictadura de Franco. Aunque Juan Carlos ha sabido jugar sus cartas con mucho más destreza que su desgraciado padre, si las circunstancias hubieran sido puestas al revés y a Juan Carlos le hubiese tocado vivir en las condiciones complicadísimas de su padre, es dudoso que hubiera podido torearlas con más éxito. Don Juan tuvo que pasar por las condiciones de la Guerra Civil, del auge del Tercer Reich, de la victoria de los aliados, del ostracismo del régimen de Franco y después de la victoria política y dominación interminable de éste. Adoptó una larga y desconcertante serie de posiciones diferentes ante acontecimientos tan dispares y en el proceso pareció asumir formas aún más camaleónicas que las del propio Franco, ganándose el desprecio del dictador. Ortega solía dictar que la verdad individual para una persona se encuentra en la fórmula «Yo soy yo y mi circunstancia». No cabe duda de que las circunstancias, aunque complicadas, eran más favorables para Juan Carlos.

No era tan difícil, en los últimos años de Franco, llegar a entender cómo debería proceder una vez muerto el dictador, pero otra cosa sería contar con la determinación y la discreción política para hacerlo. Realmente llegó a ser el motor del cambio, como se decía, aunque los papeles activos fueron asumidos por Adolfo Suárez y otros. La Transición no fue perfecta -no hay perfección en los procesos políticos- pero ciertamente funcionó bien, y pudo servir como modelo para la tercera ola de democratizaciones en el mundo del siglo XX. El único peligro de inversión tuvo lugar en el famoso 23-F de 1981, y es muy posible que no sepamos nunca toda la verdad sobre las conexiones y negociaciones de los conspiradores. En su proyecto fundamental, el golpe no representó un intento de derrocar el sistema constitucional, sino de encauzarlo de otro modo. Fue iniciado de un modo torpe y brutal, a lo cual Juan Carlos respondió con firmeza y valentía, sin duda su mejor hora.

En los primeros años del siglo XXI, el Rey y la Monarquía han sido criticados mucho más que antes en ambos niveles, con comentarios más negativos sobre el Rey de tono personal y un nuevo movimiento republicano que quiere eliminar la constitución monárquica. Aunque la dinastía Borbón ha tenido una historia complicada y a veces censurable, las repúblicas españolas, en comparación, han tenido una historia absolutamente delirante y destructiva. Por eso, se puede preguntar de dónde, exactamente, han surgido estos nuevos sentimientos, y la respuesta no es tan sencilla.

Un aspecto es que, con el tiempo, el sistema político se ha consolidado, creando un sentido de seguridad y normalidad. Ya no existe el menor sentido de peligro de una inversión de tipo clásico, puesto que, en términos estrictos, la derecha española ha dejado de existir -esto, huelga decir, no es el menor obstáculo para que las izquierdas repitan machaconamente su cantieLa fantasmagórica sobre la «extrema derecha», «el franquismo», «el peligro neofranquista», y demás inventos terminológicos-. Por eso, se siente mucho más libre a la hora de criticar y denunciar, sabiendo que no solamente no habrá represalias sino que ni siquiera habrá tanta resistencia o respuesta. Además, la época heroica del Rey se terminó en los años 80. Los últimos 20 años han sido mucho más grises. En un sistema consolidado no puede haber nuevas iniciativas de gran estadista y por eso se ha llegado a enfocar más la vida personal del Rey, que por varias razones es menos edificante.

El otro factor es el cambio político español del siglo XXI, con la emergencia de la nueva izquierda, tanto en el PSOE como en las extremas izquierdas, todo esto aumentado por la intensificación del nacionalismo. Está personificada por una nueva generación que no ha conocido la Transición, sino que tiene la convicción de su propio mérito y derecho a todo, de su superioridad, hasta alcanzar la sensación de la prepotencia. Esto se apunta a la llamada Segunda Transición, para corregir las supuestas deficiencias de la primera. Para algunos, esto asume la forma de una República Confederal.

Durante los años del Gobierno Zapatero, el Rey también ha sido criticado por conservadores por no haber salido al paso, al menos verbalmente, de las extravagancias dudosamente constitucionales del presidente. Técnicamente, sin embargo, ésa es la responsabilidad de un Monarca constitucional solamente en un momento de máxima crisis, como en 1981. Don Juan Carlos entendía muy bien que, con la constitución del sistema democrático y el nuevo Estado de Derecho, abandonaba casi todos los poderes que había heredado de Franco y que, en el futuro, sus propias iniciativas políticas, a distinción de las ceremoniales, serían limitadísimas. Cualquier intento de esta clase constituiría una injerencia y una provocación. Por eso, cualquier nuevo gesto del Rey, como la visita a Ceuta y Melilla, sólo tiene lugar cuando conviene al Gobierno.

La luna de miel duró muchos años, pero ha terminado. El porvenir político de España será complicado y difícil, hasta peligroso. Los contornos posibles no se ven totalmente, al igual que el futuro siempre es indescifrable. A estas alturas, el Rey puede sentirse más que satisfecho de su papel personal en la Historia de su país y de la ejecución de sus responsabilidades en el trono. Superó grandes problemas en su juventud con tacto y un seguro sentido de las cosas, pero los escollos de la vida son interminables y la vejez puede ser, en términos políticos, tan difícil y complicada como la juventud.

La víspera de la Epifanía, el día de Reyes, una celebración un tanto difuminada por la secularizada globalización que representa Papá Noel, el rey Juan Carlos I de Borbón celebra su setenta cumpleaños, ya rebasada la treintena ejerciendo la máxima magistratura del entramado constitucional. El aniversario llega como alivio de un año tortuoso.

Percances personales (separación de su hija mayor); protagonismo mediático (reprimenda a Chávez; exigir la unidad de los políticos en la lucha contra ETA); objeto de ataques e insultos (caricaturas groseras de su familia; quema de fotos; demandas de abdicación). Ha sido un año duro para el que la historia de España probablemente reconocerá como el monarca más influyente, a la altura de ilustres antecesores imperiales. La preocupación por el futuro de la monarquía constitucional merece la atención de los ciudadanos, de los expertos en política y de la misma familia real.

Es un hecho incuestionable que a la muerte del general Franco, quien lo nombró como sucesor, prácticamente nadie podía apostar por la supervivencia de Don Juan Carlos. Había accedido al máximo cargo del Estado español con el pecado original de ser producto del régimen dictatorial que atenazó al país durante cuatro décadas desde que, en 1936, se procedió al acoso y derribo de la Segunda República.

Curiosamente, este corto experimento democrático se puso a andar gracias a la renuncia del abuelo de Don Juan Carlos, el rey Alfonso XIII, quien consideró como fracaso personal el triunfo de los partidos de izquierda en las elecciones locales de 1931. Don Alfonso marchó silenciosamente al exilio y en 1938 nació en Roma su nieto, hijo de don Juan, conde de Barcelona, quien había sucedido a sus hermanos en la línea dinástica, por abandono o enfermedad.

Al terminar la contienda fratricida en 1939, consolidada la dictadura franquista, los círculos monárquicos se sintieron atrapados entre la tentación de apoyar al régimen autoritario o apostar por la senda de la democracia liberal. Don Juan, a pesar de que al inicio se ofreció a colaborar con el bando de Franco en la guerra, vislumbró el futuro de la dinastía. Fue humillado cuando el dictador decidía romper la línea sucesoria y señalar a Don Juan Carlos en 1969 como protagonista de un experimento entre la restauración y la instalación de un nuevo régimen inspirado en el franquismo. Pero el hijo de Alfonso XIII, pragmático, aceptó que el adolescente Juan Carlos se educara en España, única manera de que algún día pudiera reinar sin ser considerado como extranjero, hablando una variante del español con acento.

Paradójicamente, en los últimos años del dictador y muy especialmente en el periodo inicial de la reinstauración democrática, las fuerzas ultraconservadoras se mostraron reticentes ante la figura del joven y aparentemente inexperto para rellenar los zapatos del dictador. Curiosamente, fueron los partidos de izquierda (incluido el comunista, reconstruido tras un largo exilio por Santiago Carrillo) los que más apostaron por la monarquía parlamentaria. La consideraban como garantía de la consolidación democrática, que se hizo palpable con el triunfo del Partido Socialista liderado por Felipe González en 1982. Tres años antes, el PSOE se había despojado de la etiqueta marxista y quedaba homologado con el resto de los partidos socialdemócratas europeos. Don Juan Carlos dijo en broma (pero en serio) que a él lo habían «legalizado», como a un partido cualquiera en la clandestinidad.

Con una memoria portentosa, Don Juan Carlos no solamente cumplió con el guión que se había propuesto ya antes de la muerte del dictador (a quien en el fondo le importaba muy poco el futuro de su régimen). Además, supo evitar las tentaciones de establecer una ‘corte’ y menos un ‘consejo de notables’, optando por la legalidad constitucional y por seguir las directrices del gobierno libremente elegido. En momentos adecuados (como el 23 de febrero de 1981 con el intento de golpe de Estado), supo recordar que la aceptación del maridaje con los militares sublevados le costó el trono a su abuelo (al haberse plegado al pronunciamiento del general Primo de Rivera) y a su cuñado Constantino de Grecia (que se sometió a las demandas de sus coroneles).

El 70% de los españoles considera positivo el papel de la monarquía. Si Don Juan Carlos renunciara al trono y luego se presentara como candidato a presidente de la República, ganaría contundentemente. Más difícil tarea va a tener su hijo, Don Felipe: la mayoría de los españoles son ‘monárquicos juancarlistas’. Con la futura reina Letizia, se va a tener que ganar el puesto como su padre. Sabe que cometiendo una fracción de los errores de la familia real británica, la monarquía sería abolida. El apoyo popular es personal y condicionado.

Feliz cumpleaños, Don Juan Carlos; y suerte, mucha suerte, Don Felipe.

Uno puede pensar que, dado el tiempo transcurrido desde que se produjo el hecho en la última cumbre Iberoamericana y, sobre todo, dada la auténtica hemorragia de dimes y diretes sobre la breve intervención no prevista de nuestro Rey, nada o casi nada queda por añadir. El tema de la dura pregunta (que no orden, ni insulto) al «elegido» presidente Chávez ha pasado ya hasta la cotidiana broma sin malicia. El análisis jurídico-constitucional tampoco ha estado ausente y, en este punto, confieso que lo mejor que he leído ha aparecido en esta misma página, días atrás, obra de ese buen rector llamado González Trevijano. ¡Dichosa la Universidad que, a pesar de la decadencia general que el Alma Mater sufre en la totalidad del país, puede gozar del privilegio de una máxima autoridad de tal altura en no pocos aspectos! Tras reflexiones, poco que añadir. Algo «casi sin importancia», antes de avanzar, surgido del continuo uso que el dirigente venezolano ha hecho de ello como razón sublime: él había sido elegido democráticamente y el Rey, no. Me alejo deliberadamente de la utilizada respuesta de que nuestro Rey también por el alto refrendo que en su día obtuvo el texto constitucional que contenía la forma de Monarquía Parlamentaria. Y lo hago, sin entrar en ello, porque hay otro aspecto menos usado en la dialéctica política, pero muy posiblemente aplicable a quien tras el escudo de la elección todo parece basarlo. A saber: no todo elegido democráticamente desarrolla luego, una vez en el poder, una política también democrática. La historia está cargada de ejemplos. Y el lector adivinará que únicamente cite el más palpable de lo que afirmo. Se llamaba Adolfo Hitler. A veces, el origen de los votos no lleva consigo necesariamente la bondad de las botas. Por eso, en cualquier clase de régimen político lo que más suele importar es el control y la responsabilidad. Mucho de esto se sabe, por desgracia, en la parte del mundo en que habita el señor Chávez.

Pero lo que realmente queremos poner de manifiesto, en este comentario sobre lo ocurrido, corre por dos vías.

En primer lugar, el hecho de que estas palabras regias estén engrosando en la actualidad y sin causa fundamental para ello, una tendencia claramente contraria al actual Monarca. Más aún: anti-monárquica. Por más vueltas que le doy, no comprendo como, de pronto y sin límites aquí o allá, se juntan churras con merinas y todo valga para cuestionar lo hasta ahora tantas veces alabado por muchas razones. Bajo el poco original título de Año Horrible, un cajón de sastre en el que todo parece caber. Por supuesto hasta lo absurdo y lo nada probado. Omito nombres que en la mente de cualquier lector están. A uno, olvidadizo de alto tan antiguo llamado protocolo, le molesta una denominación especial. Como si al presidente de su Comunidad se le pudiera saludar con un «¡hola, tío!» o algo así. Y al Papa, con «¡qué tal Papa!». Y pregunto con inocencia: ¿a que no tratan con tan «popular» forma a los monseñores que defienden o han defendido la autodeterminación de tal Comunidad? En otros casos, molesta lo del beso, aunque, sin protocolo alguno, lo estampen en la mejilla de la vecina que a lo peor es más «eso» que las gallinas (y no añado aquí lo tan moderno de «con perdón para», que siempre me ha parecido una «chorrada democrática»). Y surge la gratuita afirmación de que ni el Rey ni el Príncipe trabajan algo: ¿es que no leen los periódicos? ¿Es que han visto sus diarias agendas? ¿Es que tienen conocimiento de lo mucho, sí, lo mucho que hacen sin que trascienda y, en no pocos casos, para enderezar entuertos cometidos por los mismos políticos? Prudencia, por favor. ¿Y lo que cobran? Y vuelvo a preguntar: ¿más que algunos futbolistas, artistas o cantantes de medio pelo? Así seguiríamos en esta primera línea. Únicamente una pregunta más: ¿todo esto ha venido casualmente o hay algo de campaña más o menos organizada? Si es lo segundo, que se diga sin improperios y en paz. No pasa nada.

Y, en segundo lugar, lo ocurrido con Chávez me lleva a pensar en el ámbito interno de nuestra política y en los comportamientos verbales de sus protagonistas. Porque, en uso de su reconocida facultad de moderación, ¿en cuántas ocasiones no habrá tenido el Rey muchas ganas de pedir silencio o compostura ante las auténticas barbaridades que cada día tenemos que oír, salidas de unos y otros? Es posible que hasta lo haya realizado ya en el marco de la discreción que este menester debe tener siempre. Y nada grave debe temer por hacerlo.

En realidad, el asunto nada tiene de fácil. Está, por un lado, el general rechazo a cualquier tipo de censura, algo no dudable. Sigue después el carácter absoluto que a estos derechos de opinión y expresión dieron en su día nuestros actuales constituyentes. No parece haber freno para lo que se presenta unido a la misma naturaleza. La fórmula estaba ya en la Constitución de 1869, que llegaba a considerarlos como derechos «ilegislables» y, por ende, se aleja enormemente de las remisiones a posteriores leyes reguladoras, tal como reza en la Constitución canovista de 1876. Dañado el honor personal, la intimidad o la propia imagen parece no quedar otra vía que la muy posterior resolución judicial: el daño ya está hecho para cuando ésta llegue. Y, en fin, parece haber un contagio del «todo vale» que está primando por doquier, sobre todo en nuestra juventud. Con perdón: vale «cagarse» en lo que sea, incluso dañando creencias religiosas de los demás, como vale hacer en público cuanto se hace en privado. ¡Gran barbaridad!

Por todo esto, un político puede acusar a un partido de que está provocando «otro 36» u «otro 23-F» y se quedará tan pancho. Y otro aparecerá nada menos que en televisión atribuyendo a un ex presidente la autoría ideológica de un gran atentado y a sus colaboradores la material y tampoco nadie dirá ni pío. Aunque nos duela como españoles, ¿nos puede extrañar mucho que Chávez insulte a José María Aznar, que ha soportado dicho insulto en nuestro territorio nacional mil veces?

Sí. Estamos convirtiendo nuestra democracia en un careo de muy baja estofa. De riña que huele muy mal. Olvidando lo que recientemente ha recordado un valiente juez: la libertad de expresión no puede ser «absoluta e ilimitada». Están los frenos del pudor, del respeto, del decoro: «No existe el derecho al insulto». Por ello hay que volver a la condena que Ortega hiciera del «apasionamiento atropellado y pueblerino (…) que no ha servido nunca para nada estimable». Y por eso el Rey tiene también un importante papel para evitar, con sus llamadas, que se comience con el «y tú, más», se siga con el «lo tuyo o lo mío» y se termine con el fatídico «o tú o yo». Algo sabemos al respecto sobre esta peligrosa escalada.

Hace ya 15 años que fui elegido por primera vez Decano de los Abogados de Madrid. Por tres mandatos consecutivos he sido enaltecido por la confianza de mis compañeros y, al no presentarme ahora a la reelección, es tal vez el momento de las despedidas y de los reconocimientos. Y quiero personificarlos todos en la figura del Rey. Cuando los españoles afrontábamos la perplejidad y la bruma del cambio de régimen, el Rey tomó en sus manos un Estado cuya estructura y fundamentos se extinguían inexorablemente con la vida de quien lo había fundado. Al Rey le tocó encabezar el proceso de transición cuyo curso y resultados admiraron al mundo. Lo hizo con presencia firme y con claridad, en la única dirección que cabía emprender: rumbo a la democracia.

Claro que el proceso lo hicimos entre todos los españoles respaldando con ilusionada madurez ciudadana a quienes lideraron aquel esperanzador momento. Fue una construcción cuidadosa, convencida, mimada de respetos recíprocos, conscientes todos de que esta vez sí sería posible superar exclusiones, enfrentamientos, ambiciones y dogmatismos. Los muy significados izquierdistas de aquel tiempo supieron dejar en las riberas del camino las más afiladas de sus aristas; y los conservadores acertaron también al desprenderse de símbolos y rutinas excluyentes.

Entre todos tomamos el camino de la democracia, sin recelos, redescubriendo el paisaje de la libertad y paladeando el misterio purificador de las urnas. Por ellas pasó también el Rey, y de ellas salió la voluntad de convivir en un sistema de democrática Monarquía parlamentaria del que la Corona sería simbólica representación y cúspide formal.

El referéndum constitucional fue así un Jordán solemne y expresivo que constató la voluntad de los españoles de convivir en paz bajo el dosel constitucional que el Rey personificaba. El Rey en nombre de todos, con reconocido coraje, plantó cara al golpe del 23 de febrero de 1981, señalando con firmeza la necesidad ineludible de seguir el camino de la democracia, expresando el anatema colectivo a las tentaciones golpistas. El Rey nos rescató en aquella ocasión de una vuelta al pasado y arrastró a todos a la moderación de los mensajes, la matización de las aspiraciones y el cuidado de las formas. O sea, el respeto de todos para todos. Dio así ejemplo y por eso, desde la modestia de mi persona le expreso la gratitud de un ciudadano más, formulada también en representación de la profesión de abogar, que me he honrado en presidir durante estos años.

Nuestro Colegio de Abogados, más de 400 años de vida corporativa, agrupa a unos profesionales que ejercemos un oficio comprometido y difícil. Estamos cerca de las pasiones y las tribulaciones de las gentes y por eso somos conscientes del valor del Estado de derecho como marco de convivencia democrática, bajo el imperio de la ley para todos y con la dignidad de la persona protegida por los derechos fundamentales. Este es el espíritu de las aulas de nuestro Colegio, que han sido y serán templo de libertad e independencia, como lo ha de ser siempre el corazón de un abogado.

Yo nací en una España que, escarmentada de los avatares políticos de la restauración había soñado ilusionadamente con la forma republicana de gobierno. Como llegué al mundo en plena guerra civil, cuando fui despertando a la razón pude contemplar los restos y las secuelas de aquel caos de sangre y fuego. Así que nunca aparto de mi reflexión el recuerdo de los errores del pasado que habían conducido a la degradación de la convivencia y a la lucha cainita.

Visité al Rey por primera vez cuando todavía era Príncipe, en una audiencia con la Junta de Gobierno del Colegio presidida por el inolvidable don Antonio Pedrol. En un día frío y destemplado, en la Quinta del Pardo, tuvimos todos la impresión ilusionada de estar alcanzando ya el futuro… que enseguida habría de llegar.

Con aquel mismo bagaje de vocación por el Derecho, germen ineludible de libertad y garantía de paz cívica, he tenido el honor de ser recibido por el Rey en muy diversas oportunidades. Es un honor que no comporta ninguna actitud genuflexa. Sólo la convicción de estar ante quien nos representa a todos; ante quien, como Rey constitucional, no le cabe otra cosa que recoger el pálpito vital de la ciudadanía y poner el oído y -como dice el verso de Andrés Eloy Blanco- «sobre las grietas de la tierra allí escuchar la voz y la música» de las aspiraciones e inquietudes de todos.

No tiene el Rey oportunidad constitucional de proponer soluciones ni explicitar preferencias. Eso corresponde a la soberanía popular -elecciones, partidos políticos, sociedad civil…-, pero el Rey personifica al conjunto de los ciudadanos y es expresión del respeto que todos debemos a todos, también al Rey. Y para eso no hacen falta fervores monárquicos envueltos en nostalgias; basta con la convicción constitucional, que es la que todos compartimos, porque bajo su manto cabemos todos empezando por los que discrepan.

Al expresar mi gratitud al Rey cumplo con un deber moral. He presidido una institución que ha compartido y contribuido a la historia patria por más de cuatro siglos. El Rey presidió en 1996 los actos de nuestro IV Centenario y con su acogida cordial y afectuosa nos ha puesto siempre de manifiesto su comprensión sobre el empeño de nuestra profesión, vinculada esencialmente a las tareas de la Justicia que en su nombre se imparte por los jueces. Nos ha escuchado, nos ha preguntado, sabedor de la independencia que es marca de la casa de nuestro oficio de abogados. Abogados libres para ciudadanos libres, que superando muchas dificultades y tensiones servimos con lealtad al Estado de derecho. Una formulación ésta -la del Estado de derecho- que forma parte de la construcción iberoamericana en la que el Rey se emplea siempre con renovada vocación.

En esa tarea que mira a Iberoamérica, y que nuestra corporación tiene asumida históricamente, hemos contado siempre con el apoyo inestimable del Rey. Así recientemente quiso expresar su convicción iberoamericana ante la abogacía de aquellos países recibiendo una vez más a sus máximos representantes, a los 25 años de haberse fundado la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. Todos los foros jurídicos de la comunidad iberoamericana han percibido aquel apoyo, y desde ellos recibimos continuado mensaje de gratitud para el Rey. Los abogados que ejercemos en aquellos pueblos bien sabemos lo ardua que es la tarea de la justicia y del derecho en esos países donde el camino constitucional está a veces asediado por avatares, titubeos y tibiezas que ensombrecen la permanente esperanza de esas libertades, representadas emblemáticamente por el Rey. Por todo ello, gracias.

Antes de la última enfermedad de Franco, cuando su decadencia física era evidente, se abrieron toda suerte de cábalas sobre lo que ocurriría cuando muriera; muerte que se esperaba con preocupación y temor. Unos deseaban que todo siguiera igual, un franquismo sin Franco con el Rey sostenido por el Ejército. En cuanto a los aperturistas, iban desde los que preconizaban dos asociaciones, una más de derechas y otra más social, hasta los que defendían lo mismo pero con dos partidos políticos. Los más radicales, por su parte, preconizaban la ruptura con el régimen anterior: celebración de un referéndum para que los españoles decidieran entre República o Monarquía, y convocatoria de unas Cortes constituyentes.

Otros creíamos que era inevitable, en la sociedad española de los años setenta, la de las movilizaciones políticas (juntas y plataformas), estudiantiles, nacionalistas y obreras, ir a una democracia constitucional, con sindicatos libres y partidos políticos legalizados.

La convicción generalizada era que la llave de la solución estaba en el Ejército y sólo en el Ejército. La verdad es que en aquellos momentos, salvo los más iniciados y próximos a él, nadie contaba con el futuro Rey como factor político decisivo de un cambio que se consideraba inevitable.

Muere Franco el 20 de noviembre. El 22, al ser proclamado ante las Cortes franquistas, lo que el Rey dijo en su discurso, la firmeza con la que lo dijo, la llamada a la “concordia nacional”, la mención a la “voluntad manifiesta de todos”, las peculiaridades regionales, “como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España”…, dejaron claro para muchos, desde luego para mí, que el Rey se erigía en protagonista del cambio, y que ese cambio sólo podía ser hacia la democracia y la libertad.

Los nombramientos, hechos por el Rey -Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes, Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y como jefe del Estado Mayor el general Gutiérrez Mellado, partidario de un Ejército dedicado a su profesión y no a la política, en sustitución del general De Santiago, que defendía que el Ejército dependiera del Rey y no del Gobierno-, consolidaron de forma definitiva el camino hacia una democracia constitucional.

A partir del nombramiento de Adolfo Suárez se inicia de forma imparable el aperturismo democrático reformista, que tras la aprobación por las Cortes franquistas, el 18 de noviembre de 1976, de la Ley de Reforma Política, la legalización de la libertad sindical y de todos los partidos políticos democráticos, terminó en las primeras elecciones generales, después de cuarenta años, el 15 de junio de 1977. La necesidad de hacer frente a una dura crisis económica llevó, gracias al prestigio de Enrique Fuentes Quintana, la habilidad de Adolfo Suárez y el acuerdo de todos los partidos de la oposición, a los Pactos de la Moncloa. el mayor logro de la política del consenso. A partir de ellos, fue posible empezar a superar la crisis, rebajar la inflación disparada, recuperar nuestra agotada reserva de divisas y llegar a la negociación y redacción de nuestra Constitución.

Tras su aprobación por referéndum, el 6 de diciembre de 1978, el Rey, que hasta entonces había tenido plenos poderes, se convirtió en un Rey constitucional, sin otros poderes que los regulados en la Carta Magna.

Pero el Rey es, en la Constitución, el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, un Estado que ya es el de las autonomías, y también arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado.

Al corresponderle el mando supremo de las Fuerzas Armadas, la noche del 23 de febrero de 1981, secuestrados el Gobierno y las Cortes, el Rey hizo abortar el intento de golpe de Estado. Hasta el día de hoy, el Rey ha cumplido a la perfección su papel institucional y ha ejercido su función moderadora y de arbitraje, con tanta discreción como perseverancia. Por todo lo que hizo y lo que hace, se ha ganado la adhesión de los españoles y un merecido prestigio internacional. Adhesión y prestigio que permanecen intactos, según las últimas encuestas.

No obstante, el Rey y con él la institución están sometidos desde hace un tiempo al ataque de grupos minoritarios radicales -de extrema derecha y extrema izquierda-, antidemocráticos y antisistema, que desearían tomar el poder para ejercerlo dictatorial o totalitariamente. A los que hay que añadir los que pretenden recuperar el poder que perdieron, incompatible hoy con nuestra democracia constitucional.

En el caso de los jóvenes nacionalistas radicales catalanes, con la quema de las fotos atacan a la Corona, creo, porque garantiza la integridad del Estado español de las autonomías, porque es un obstáculo a la independencia de Cataluña. Me parece que ése puede ser el significado de las recientes, intempestivas y necias (en la acepción 1 y 2 del Diccionario de la Real Academia Española) declaraciones de Iñaki Anasagasti.

Es posible que, en abstracto, la República tenga una apariencia lógica superior a la Monarquía; pero no en la realidad de la España de ayer y de hoy, que ha progresado y progresa sin rupturas violentas. De hecho, enfrentamientos radicalizados como los que estamos viviendo hacen más valiosa y necesaria la institución y el papel de un Rey situado, por definición constitucional, por encima de toda bandería.

En la Universidad de Barcelona y en la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado, mis amigos y yo éramos republicanos. Ligábamos democracia y libertad a la idea de república. Pocos días después del 23-F, coincidí en las Cortes con mi entrañable amigo Juan Reventós Carner. Le pregunté: “Juan, ¿qué me dices ahora del Rey?”. Me contestó: “Alberto, ya sabes que de siempre soy republicano. ¡Ahora soy republicano de Juan Carlos I!”. Para la restauración y salvaguarda de nuestra democracia y de la integridad última del Estado, el rey Juan Carlos I, la Corona, fue y sigue siendo firme garantía de permanencia, continuidad y seguridad, sin distingos, para todos.

Cuando se analizan las causas de que los vascos hayamos mantenido unos sistemas administrativos y fiscales propios -mientras que el resto de España se gobernaba mediante un régimen común- hay una que sobresale sobre todas las demás: la especial relación de los vascos con la Monarquía. En Euskadi se suele ignorar que en la práctica totalidad de las autonomías del tercio norte peninsular hubo unas tradiciones e instituciones jurídicas de autogobierno con una antigüedad y raigambre similar a los sistemas forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. En algunos casos, compiladas y puestas por escrito siglos antes que el Fuero de Vizcaya. Pero actualmente, con excepción de las particularidades del derecho civil de algunos territorios, lo que queda de aquellos regímenes privativos es el testimonio de los manuales de historia del derecho. Y entonces, ¿por qué perecieron aquéllos y subsistió el autogobierno vasco?

Desde luego, por la gran identificación de las masas populares de Vizcaya y Guipúzcoa con un sistema foral que les otorgaba una serie de derechos civiles que en el resto de la Monarquía hispánica sólo tenían los hidalgos. Además, porque disfrutaban de unas exenciones aduaneras y unos mecanismos de control de precios de los alimentos que facilitaban su subsistencia. Esa fuerte afección se traducía en la presión hacia las autoridades forales, animándolas (e incluso forzándolas) a que se resistieran a las demandas de los gobiernos de la Corte. Una mezcla de negociación y resistencia que tuvo éxito donde fracasaron -por ejemplo- los líderes de Aragón y Cataluña; territorios con un poderío muy superior al de los vascos.

Pero si la determinación para defender las instituciones propias es un factor importante, lo es aún más la capacidad de gestionar esas instituciones, tirando de la cuerda hasta donde lo permitieran las circunstancias. Así, cuando una parte de la nobleza y la burguesía de Zaragoza decide enfrentarse a Felipe II por una cuestión de la jurisdicción sobre un funcionario real prófugo, su rebelión contra el rey no solo le costó la cabeza a su imprudente líder (Juan de Lanuza), sino que acabó perjudicando al conjunto de la población de Aragón. También, cuando un sector de los líderes sociales de Barcelona decide traicionar su juramento de fidelidad a Felipe V, pasándose al bando del archiduque de Austria, su derrota militar acarreó la pérdida de los particularismos institucionales catalanes durante más de dos siglos. En resumen, que las aventuras iniciadas por unos pocos pueden acabar costándoles muy caro a muchos.

En el caso del País Vasco, la situación fue la opuesta. Porque, hasta 1833, cada vez que algunos sectores populares de las provincias costeras se rebelaba contra las propias autoridades provinciales por sus incumplimientos del fuero, la represión subsiguiente fue cuidadosa, sin efectos duraderos en los privilegios del conjunto de la población. Una de las razones de esa moderación era que la Corona sabía que se trató de reacciones ante los ‘contra fueros’ provocados por ella misma. Pero por encima de las razones de justicia objetiva, la principal causa del tratamiento preferencial hacia los vascos fue la insólita duración de la alianza tácita entre los reyes de Castilla y las elites vascas. Pues desde el siglo XIV los principales linajes y las diputaciones se pusieron del lado de la dinastía vencedora en todos los conflictos dinásticos que afectaron a Castilla. Una confianza que también se manifestó en la abrumadora proporción de secretarios reales oriundos del País Vasco.

Aquella situación empezó a cambiar desde la primera guerra carlista, en la que una parte de la aristocracia vasca apoyó al pretendiente derrotado. Con independencia de la ideología liberal del bando triunfador (pues también era uniformador el despotismo borbónico y sin embargo respetó los fueros hasta 1841), la causa principal del distanciamiento pudo ser la desconfianza generada por aquella ‘traición’. A partir de entonces comienza el recorte de las atribuciones de autogobierno, contrarrestado con gran habilidad por los representantes de las diputaciones en Madrid, de modo que al principio de la Segunda Guerra (1872) ya se habían recuperado por vía de negociación bastantes de las competencias perdidas desde 1841.

Pero en la siguiente guerra dinástica, una proporción aún mayor de la aristocracia y la población vasca vuelve a alinearse con la dinastía perdedora. Por eso, uno de los resultados de la derrota militar fue la derogación formal del sistema foral, sustituido por el Concierto y el Cupo: un nuevo sistema, destinado a reducir la autonomía administrativa sin eliminar los privilegios fiscales. Cánovas del Castillo pudo haber aprovechado la ocasión para igualar ‘de verdad’ a todos los españoles, pero no quiso penalizar a los sufridos liberales vascos ni aumentar el agravio de la mayoría carlista.

Además del ideario uniformador liberal -entonces en boga por toda Europa- en la derogación foral pudo tener mucho que ver la pérdida de influencia de los vascos en la Corte. Según mi investigación, la preponderancia de los vascos en los gobiernos de España acabó con el último Gobierno de Isabel II (se pasa del segundo al decimoprimer lugar en el ránking de origen de ministros). Esta presencia de los vascos en el poder no se recuperará hasta el franquismo, continuando en el reinado actual.

Sin embargo, hoy en día se ha perdido una parte importante de la secular relación preferencial de los vascos con la Corona. La mayoría de los intelectuales, los líderes empresariales y una parte de la clase política (incluidos muchos miembros del PNV) son afectos a esta institución; pero no así los líderes independentistas. Para estos últimos, la Monarquía hispánica resulta algo tremendamente incómodo, porque reúne la tradición común y la continuidad dinástica de los señores de Vizcaya. Así, para quienes han hecho de la preservación de la tradición identitaria la esencia de su ideología, la consecuencia con su propio discurso soberanista les debería motivar a considerar al Rey como sucesor del mismísimo Jaun Zuria (el mítico primer Señor de Bizkaia). Pues más legitimidad soberanista que él no tiene nadie.

Desgraciadamente, la inseguridad de las calles vascas para todo aquel que incomode a Batasuna impide que los miembros de la Familia Real veraneen en Deba, Donostia o Getxo (como hicieron todos los Borbones desde Isabel II). Adicionalmente, la distancia psicológica con los monarcas se ve reforzada por las tácticas de comunicación de algunos responsables autonómicos; que reducen al mínimo posible la presencia de Don Juan Carlos en los medios de comunicación del Gobierno vasco y en los libros escolares. Bien saben que la Monarquía es como la bandera de España, un símbolo histórico de autoridad común. Por ello, cuanto menos se la vea, mejor.

Sin embargo, ahí está la personalidad noble, llana, emotiva y empática del rey actual. Un monarca sin ínfulas: próximo, que tutea, que incluso cuando le traicionan los nervios es a causa de una cuestión de honor (por defender a un compatriota, como a alguien de la familia). En resumen, un estilo de dignidad sencilla, semejante al ideal vasco tradicional. Por eso, aquéllos que se dedican a atacar al Rey lo tienen difícil. Puede escondérsele, pueden exagerarse sus errores, puede incluso denigrársele (ya intentaron asesinarle en Palma de Mallorca) pero no podrán con su estilo, con su categoría: tan natural y tan por encima de ellos.

Nadie dudó desde un primer momento que el incidente de Santiago de Chile iba a hacer correr ríos de tinta. Resultaba menos previsible, sin embargo, que también desde un primer momento las crónicas incluidas en prestigiosos medios de comunicación, españoles y europeos (ejemplo, La Repubblica), fueran a alterar el relato que las imágenes de televisión transmitían nítidamente, y que de un hecho puntual fueran a extraerse lecturas políticas de tanto alcance como pensar en un punto de inflexión para la valoración de la Corona. En este mismo diario, y a modo de remate de una bien trazada trayectoria histórica, Santos Juliá advertía acerca de la disipación del aura que desde los inicios de la transición ha rodeado a la figura de Juan Carlos I, arrancando de una comparación entre el monarca actual y su abuelo Alfonso XIII, “expuesto desde niño a los bandazos de la opinión”. De volver a la vida, el destronado del 14 de abril se hubiese admirado ante la suerte de su nieto, “por merecer el sublime privilegio de mírame y no me toques en un país como éste”. En Santiago de Chile, por fin, el Rey se habría comportado como “un Borbón, digno heredero de su abuelo”. “A partir de ahora, tendrá que estar, como su abuelo, a las duras y a las maduras…”.

El pequeño inconveniente que afecta a esta interpretación consiste en que la actuación política de Juan Carlos I nada tiene que ver con la de su antepasado, por mucho que sea el cariño que aquél guarda hacia la persona de éste y por significativa que pueda parecer la coincidencia en el molesto e ineducado tuteo borbónico. Pero no hay que sacar las cosas de quicio por un “tú” empleado a destiempo. La impopularidad de Alfonso XIII fue ganada a pulso, tanto por sus veleidades autoritarias y su militarismo como por su propia forma de vida. En una conversación sostenida con un visitante inglés, el Rey se preguntaba por las razones de la escasa simpatía que sus actividades como sportman despertaban entre sus súbditos. Y es que los españoles del primer cuarto de siglo no tenían la oportunidad de jugar al polo, exhibir veloces automóviles, disfrutar de juergas en Biarritz o beberse las mejores botellas de Château Margaux. Sus intervenciones recurrentes en el resquebrajado sistema parlamentario de la época culminaron con el visto bueno dado a la dictadura de Primo de Rivera. Hoy el tren de vida del Rey, inevitable en quienes para una amiga mía radical son los parásitos coronados, es compartido y superado por un amplio sector de la elite económica, y son ya muchos más los españoles que esquían en el Pirineo, tienen automóviles de lujo (o malditos 4X4) y viajan sin cesar. Y, ante todo, por apego inteligente a la Corona, por distanciamiento del franquismo o por haber aprendido de la experiencia griega, Juan Carlos I desempeñó un papel de primer orden, si no como piloto, sí como iniciador primero y defensor, luego, de la democracia constitucional. El 23-F de 1981 es justo lo opuesto del 13-S de 1923. De volver a la vida, Alfonso XIII tendría que admirarse, no del privilegio disfrutado por su nieto, sino de la utilidad para un Rey de actuar como guardián del orden constitucional, y no como agente de desestabilización del mismo.

Otra cosa es que en los últimos años la imagen de la Monarquía haya experimentado los costes de la inmersión de la familia real en la corriente insegura de unos movimientos de opinión que traen y quitan sucesivamente popularidad a los personajes, y de modo indirecto, a la institución. Lo ocurrido en Inglaterra debió servir de ejemplo: al entusiasmo general por la figura de Lady Di siguió un reflujo que hizo añicos la imagen, ya bastante propicia para ello, del príncipe Carlos, y a la más sólida de su madre. El baño de multitudes tiene este riesgo, lo pudimos comprobar con las peripecias que han seguido a las apoteósicas bodas de las infantas, y la única prevención segura es la practicada en su día por Juan Carlos, contrayendo matrimonio con una excelente “profesional”. Al mismo tiempo, con la edad, el Rey parece más distante del pueblo, sobre todo en la atención personal a situaciones que bien valen prescindir de unas jornadas de vela.

Pero sobre todo los golpes recientes conciernen a una atmósfera de inseguridad política que necesariamente había de afectar a la Corona, vértice simbólico del sistema constitucional. Si se quemaron retratos del Rey por catalanistas radicales, amén de seguir el ejemplo vasco, fue porque resultaba mucho más presentable exhibir la cara agresiva del republicanismo que destapar su fundamento, el odio a España. Otro tanto ha podido decirse, en la vertiente opuesta, de los ataques de una emisora católica, o mejor, ultracatólica, irritada por el hecho de que el Rey se atenga escrupulosamente al papel que le asigna la ley fundamental, cualesquiera que sean sus opiniones sobre esta o aquella actuación del Gobierno.

El hecho es que se ha convertido en moneda corriente, mucho antes del episodio de Santiago de Chile, sugerir comportamientos negativos del Monarca o rehuir la defensa de la institución al resultar ésta atacada, incluso cuando como ocurrió en el caso de El Jueves la infracción concernía también al derecho al honor y a la propia imagen que la Constitución garantiza en su artículo 18. Si en un discurso Juan Carlos elogiaba los valores democráticos que se han desarrollado en el marco de la Monarquía, la información le atribuía haber declarado que fue la Monarquía quien generó la democracia. Y si soporta en silencio el chaparrón de las declaraciones marroquíes sobre su viaje a Ceuta y a Melilla, incluida la condena de Mohamed VI, al Gobierno y a sus medios no se les ocurre otra cosa que callar y encima celebrar la moderación del vecino. En el extremo, pasado el temporal, la visita “de los Reyes” es valorada peyorativamente, por dañar supuestamente a la política promarroquí hasta entonces desarrollada y a la imagen española en el Magreb.

Análoga deformación afectó al suceso de Chile, con la insistencia en presentar más de uno el gesto como una defensa de Aznar, y no según mostraron las imágenes, del uso de la palabra por Zapatero. Una vez producidas las interrupciones de Chávez, ante la inhibición censurable de Bachelet, sólo sobró el tuteo. Fue una defensa espontánea del derecho a la libre expresión que debe imperar en todo foro internacional. Luego, siento discrepar, amigo Savater, sentirse agredida la opinión española al insistir Chávez en la bronca, no es patrioterismo. Y tal vez de modo involuntario, la minimización del episodio por nuestro Gobierno, con los chascarrillos del presidente sobre el “por qué no callas” de su hija, y el tupido velo gubernamental sobre la difamación sufrida, equivalió a renunciar a toda defensa del jefe de Estado, cuyo desprestigio aquí y ahora en nada beneficia a quienes deseamos un futuro republicano.

Si hubiera callado, muchos españoles lamentarían hoy el silencio del Rey. ¿Callar, aceptar? ¿Cuál sería el debate, pro y contra, en el restringido círculo, Rodríguez Zapatero, Moratinos, el secretario de la Casa, el propio Rey, responsable de medir la salida, meramente binaria, de la trampa? El Rey se dirige al presidente de Venezuela, cinco palabras, para pedir respeto al turno español (Rodríguez Zapatero era interrumpido una y otra vez por el presidente venezolano). Espere usted, aguarde su turno… Inútil. Hablara o no el Rey habría cometido un error, según los observadores hostiles. ¿No es excesivo? Juan Carlos I es un reflexivo jefe de Estado. Pero la vida obliga a veces al cálculo instantáneo. Hugo Chávez no contestó a la pregunta del Rey, nada interrogativa. Esperó tres días para decir, con un extraño tono, como de matón de barra de bar, Ah, menos mal que no le oí… si llego a oírle, le respondo le contesto allí mismo… Etcétera.

En 1998 dejamos constancia del respeto inspirado de muchos españoles por el democrático desembarco de Chávez en el poder. Hoy, la reforma de la Constitución parece más que sospechosa. Pero no escribimos hoy sobre el futuro. Es el pasado español, el siglo anterior, lo que nos interesa. No entramos, por eso, en el precio del barril ni en la estabilidad del militar-presidente, quizá fragilizado por sus tres millones de barriles diarios.

El profesor Santos Juliá escribía el 17 de noviembre sobre el Rey. Juliá es uno de los republicanos más reflexivos y civilizados de España, académico ejemplar. Por eso a algunos lectores nos pareció destemplado el tono de su artículo de El País, incomprensiblemente irónico (Rey taumaturgo, quizá en homenaje a Marc Bloch, resistente fusilado por la Gestapo en 1944). Al comienzar la transición, 1976, el Rey hablaba en Washington, ante el Congreso: «La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantenga en España la paz social y la estabilidad política»… y añadía: «Según los deseos libremente expresados del pueblo español». José María Areilza era ministro de Asuntos Exteriores. Antiguo embajador de Franco, rupturista desde 1964, abogaba por una transformación radical de la derecha española hacia la democracia. El padre del Rey, quizá desconocido por historiadores incompetentes, ha llenado 35 años con su resistencia al general Franco: exiliado, insistió tozudamente, inteligentemente, en la única Monarquía posible. La Corona había de promover la reconciliación de los españoles, cruelmente divididos por la guerra de 1936. La institución monárquica no proponía la democracia como salida sino como solución pactada al gran problemas español, la división de la guerra civil. Estos principios no se defendían en nuestros días, sino en tiempos distintos. En 1941, Don Juan hacía sus (en el exterior) resonantes declaraciones a The Observer, gran semanario británico. Hitler había conquistado casi toda Europa continental. Franco mandaba al frente ruso la División Azul. Roosevelt esquivaba a Churchill, empeñado en empujarle a la guerra. Don Juan tenía 28 años. El Rey, su hijo, va a cumplir 70. El agua ha corrido bajo los puentes. No se puede presentar al Rey como mero nieto de Alfonso XIII. Como si su padre no hubiera existido. Como si la república, la guerra civil, la dictadura de los años de plomo no hubieran pasado por la historia. Don Juan navegó como pudo, con carlistas y liberales, nacionalistas y socialistas. Con muchos, muchísimos franquistas, a bordo, frecuentemente encubiertos. Pero mantuvo la dignidad de la institución heredada de Alfonso XIII y se fue al otro mundo, creemos, si no con tranquilidad (los jóvenes a la maniobra, los mayores al timón) con una sensación no del todo mala sobre su propio deber. Estas frases pueden parecer huecas a algunos lectores, otros sin embargo saben que no lo son. Don Juan aguantó no sólo aquel terrible tirón sino otros muchos: en el plano personal (una hija ciega, un hijo muerto en accidente, una tensión casi contínua entre el dictador y él, un hombre bastante internacional, bastante culto, extraordinariamente avisado y cumplidor de su deber). Decidido a aguantar, aguantar y aguantar, solo con su herencia histórica, que el general, sin embargo, no le podría quitar.

En las largas conversaciones de Estoril Don Juan se reía, necesitaba reirse. Explicaba cómo dos trasabuelos, padre e hijo, Carlos VII y Luis XI, habían conseguido por fin la unidad de Francia entre 1420 y 1480 (Carlos VII, decía Mitterrand, presidente entonces, el más grande de los franceses modernos). Volvía una vez y otra sobre Luis XI, aquel hombre feo, pequeño, algo jorobado pero extremadamente capaz, cabalgando sin cesar por Turena y Aquitania. Eran tiempos difíciles, ironizaba Don Juan. Perdón, volvamos: un Rey constitucional no debe entrar en un debate como el de Chávez y Rodríguez Zapatero. Pero se trataba de un caso extremo, en el que se jugaba, perdonen, el nombre de España. El Rey creyó, certera o equivocadamente, que su deber era salir a la palestra, por mucho que pudiera ser el desgaste.

Juan Carlos I es nieto de Alfonso XIII. Pero es hijo del Conde de Barcelona, el hijo de Alfonso XIII, heredero de sus derechos, padre de Juan Carlos I. Una cosa es el exilio, otra la clandestinidad. Don Juan no hizo ruido, pero —perdón por usar el devaluado verbo— reclamó a Franco el reconocimiento de la línea legítima, sucesora de Alfonso XIII: y lo consiguió. Antes del fin de la Segunda Guerra mundial supo probablemente que no reinaría. Pero defendió la inequívoca juridicidad de su dinastía. Y al defender su deber defendía también los derechos de su hijo, su nieto…

No puede hacerse la historia a saltos. No dirijimos este reproche al profesor Juliá, más joven que el firmante de estas notas y sin embargo maestro. No debemos borrar, diría un francés, grandes paneles de la historia, años de resistencia moral, también física. Para no pocos europeos, este extraño Rey, que fue Rey y no reinó, consiguió forzar la mano de Franco, contra lo que se escribe en la historia banal, hasta lograr que su hijo fuera investido. Investido por unas Cortes ficticias, poco o nada respetadas, pero investido. Se vuelve como se puede, escribía un legitimista francés, La Tour, en 1880. En julio de 1969 Franco estaba enfermo, desinteresado de casi todo, excepto del Real Madrid en televisión (blanco y negro). El general había perdido su fría condición, furia terrible.

En julio de 1969 tres astronautas americanos, Armstrong, Collins y Aldrin, desembarcaban en la Luna. Recordamos algunas palabras, no muchas, del comunicado del Conde de Barcelona, difundido en la prensa europea y americana, prohibidas (en 1969) en España: Sigo creyendo necesaria la pacífica evolución del sistema vigente hacia rumbos de apertura y convivencia democrática, única garantía de un futuro estable para nuestra patria… Durante los últimos treinta años me he dirigido a los españoles para exponerles lo que considero esencial en la futura Monarquía: que el Rey lo sea de todos los españoles, presidiendo un estado de derecho. Que la Institución funcionara como instrumento de la política nacional al servicio del pueblo, por encima y al margen de los grupos y sectores que componen el país. Y junto a ello, la representación popular, la voluntad nacional presente en todos los órganos de la vida pública, la sociedad manifestándose libremente en los cauces establecidos de opinión; la garantía integral de las libertades colectivas e individuales, alcanzando con ello el nivel de Europa occidental, de la que España forma parte… Son palabras que hoy pueden parecer aparentes lugares comunes. Pero tenían entonces una inexplicable potencia. Eran una bomba pacífica, una bomba de inteligencia y sentido común. El proceso se aceleró de modo imparable. Han pasado 38 años. Quizá no sea inútil recordar a Don Juan de Borbón. Nacido en La Granja de San Ildefonso, Segovia. Exiliado desde los 17 años. Oficial de la marina de Su Majestad británica, con vigencia de su nacionalidad española, excepción de 1932. Exiliado hasta 1977. Regresado a España para renunciar a favor de su hijo, el actual Rey. Muerto de cáncer en Pamplona, España, a los 79 años.

Una medalla o moneda fraccionada cuyas dos partes, al arrojarse al suelo, manifiestan su encaje: eso es lo que en su etimología significa símbolo. De ahí que ese término exprese siempre una alianza que se repone a partir de una escisión previa entre sus piezas fragmentadas.

También debe decirse que el término es preferentemente verbal: significa una acción, un acontecimiento. La acción simbólica se renueva a través de esa alianza que sella una reconciliación.

El símbolo está vivo si imprime su dinámica gestora de acontecimientos en las principales instituciones de la polis. Es una noción que no sólo tiene relevancia en el ámbito del arte, de la arquitectura, de la música y de la religión. Es necesario e insustituible para acercarse también al ámbito cívico-político.

Uno de los grandes errores de las teorías del signo -semióticas o semiológicas- ha consistido en menospreciar esta noción de símbolo sin la cual las realidades estéticas (musicales, arquitectónicas, pictóricas), al igual que las formas de vida religiosa, subsisten sin el amparo de una conceptuación tan exigente como necesaria. Lo mismo debe decirse de las formas políticas y ciudadanas.

Existe un racionalismo estrecho que ha tenido siempre importantes dificultades con la noción de símbolo. Esa noción posee valor cognitivo, pero también fuerza emocional. Debe concebirse en términos existenciales. A una reforma de la razón, en términos de razón fronteriza, se corresponde una redefinición del símbolo como modo analógico e indirecto de expresión y mención de realidades de difícil entendimiento. El misterio del arte, la sutil y elíptica referencia a lo sagrado que es propia de toda religión: todo este inmenso territorio requiere esa noción, rescatada y redefinida.

En pleno proceso irreversible de secularización del poder político y cívico, esa noción de símbolo resulta imprescindible y necesaria. Sólo ella permite expresar, en directa apelación a la emoción y a la inteligencia, ese carácter de comunidad compartida que llamamos nación.

Precisamente lo que define a una comunidad nacional es la espontánea capacidad de generar formas simbólicas vivas que pueden promover acontecimientos. Entiendo por nación, con Ernest Renan, la comunidad que surge de un plebiscito diario, y que posee un amplio y mayoritario consenso. Y cuyo aval lo constituye una historia común en la que se ha revalidado esa alianza que compone la sustancia nacional.

El símbolo es la contraseña que ratifica ese plebiscito cotidiano. Es también la alianza repuesta entre sus partes: la comunidad nacional; la instancia soberana que detenta el poder político. Como sabían Aristóteles y Max Weber, el gran tema de la filosofía política consiste en hacer que la obediencia pueda ser aceptable, o que la coerción pública, sin la cual se hace imposible la convivencia, pueda ser admitida por el sentir mayoritario. Para que ese convenio tenga vigor se requiere la institución simbólica que la expresa y la avala.

Gran Bretaña es el país en el que, a mi modo de ver, debe buscarse inspiración en temas de filosofía política. Gran Bretaña, mucho más que Francia, Italia o Alemania. Desde el corazón de la Edad Media se inicia allí un proceso de representación popular que cuaja y cristaliza en la edad moderna. Se salda la revolución religiosa, antagónica a la monarquía absolutista, con una segunda revolución que trae consigo uno de las más poderosas y persuasivas instituciones simbólicas que una nación haya sabido inspirar: la monarquía constitucional.

Gran Bretaña no padeció el traumático corte revolucionario y republicano francés. Con gran sabiduría política readaptó para nuevos usos la monarquía. No tuvo que fundar en el siglo romántico una nueva nación (como Italia y Alemania); se limitó, una y otra vez, a reajustar, de modo continuista, una historia milenaria.

Recorrer la Historia de Gran Bretaña es, en este sentido, el ejemplo mejor que conozco de un destino manifiesto abocado hacia la voluntad popular y hacia la forma democrática. Pero esa teleología histórica siempre terminó reponiendo la institución simbólica que mejor representa el resultado viviente y activo de ese plebiscito diario nacional británico: la monarquía constitucional, uno de los grandes inventos de ese pueblo sabio en temas de organización cívica y política.

Esa forma monárquica ha permitido, así mismo, aunar comunidades diversas en las épocas imperiales, mantener un nexo con las naciones emancipadas, y sobre todo preservar la unidad en la diversidad de un organismo complejo que incluye países de fuerte personalidad autónoma como Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

Cuando pienso en términos sociológicos y políticos en búsqueda de inspiración para nuestra nación española prefiero levantar la mirada en el mapamundi hacia los países del norte de Europa: Gran Bretaña, ante todo; pero también los Países Escandinavos, especialmente Suecia, Dinamarca, Noruega, o bien los Países Bajos: Holanda, Bélgica. Desde todos los puntos de vista de equilibrio social, arbitrio del juego político, forma de convivencia y abundancia de prestaciones son -quizás- esos países los que mejor pueden servir de espejo y de paradigma para nuestra democracia española.

Un país mucho más dominado por fuerzas centrífugas que Gran Bretaña o que España, Bélgica, donde conviven dos comunidades separadas de fuerte hostilidad entre ambas, se mantiene unido en gran medida por la institución monárquica.

La monarquía constitucional me parece un modelo idóneo para un país complejo como el nuestro, en el que siempre hay que hallar una mediación sutil entre la descentralización propia de la monarquía de los Austrias y la tentación galicista de centralismo borbónico en los siglos XVIII y XIX.

Sólo hay un período -en la tortuosa Historia de la nación española- en el que tiene sentido ese sentimiento de orgullo nacional al que algún partido apela: justamente el que corresponde a la gran constitución española, hija del consenso de casi todas las fuerzas políticas y que tiene por institución simbólica viva la monarquía constitucional. Si miramos hacia atrás esa afección se mitiga de forma dramática y trágica. Y no sólo en el terreno político: también en el ámbito cultural, en ciencia, en filosofía, en arte, en literatura, en música.

Ese natural simbólico de la monarquía constitucional no significa que la institución monárquica tenga que ser ajena a hechos y eventos, o que deba estar ausente de los grandes acontecimientos; muy al contrario, el Monarca es responsable de intervenciones puntuales (pero siempre decisivas).

Podría decirse que el poder soberano que ejerce el Monarca se aviene bien con la figura retórica de la metonimia, que sugiere la gestación de efectos -reales, decisivos, físicos- a partir de una causa ausente, operativa en su necesaria lejanía. Es importante que sólo en ocasiones señaladas tenga sentido la comparecencia en primer plano del Monarca. Por ejemplo, en asuntos de importancia ineludible en nuestras relaciones internacionales. O en aquellas circunstancias en que puede advertirse lesión al núcleo mismo de nuestra vertebración nacional, sea por agresión extranjera o por emergencia de fuerzas centrípetas poderosas de carácter insoportable.

Pero es absurdo exigir del Monarca una participación en asuntos domésticos que el propio juego político puede perfectamente encauzar. Implicarle en ese juego es, sencillamente, deshonesto. Los peores abogados de la nación española son, muchas veces, aquéllos que se creen sus únicos defensores, y que tildan de traidores a quienes no comulgan con su estrecho dogma patriótico.

Pienso que es legítimo y necesario que se hable y discuta en España sobre la forma política, o sobre dilemas y alternativas como la república federal, o la república presidencialista. Pero considero innecesario -o sencillamente insensato y loco- cuestionar lo que ha mostrado y demostrado una operatividad fuera de toda sospecha y duda.

Me parece frívolo, carente de hondura y falto de sentido común todo discurso que con el fin de preservar las convicciones de quien lo detenta habla de un necesario cuestionamiento, a plazo medio o largo, de la forma monárquica. Quienes se expresan en esos términos me recuerdan la figura sartreana de la «mala fe»: quieren poner a resguardo su propia alma (republicana), y transigen a corto plazo con la monarquía (por «pragmatismo», según dicen).

Pero todavía más nefasta me parece la actitud de quienes quieren apropiarse en forma de monopolio partidista de una supuesta defensa de la monarquía y de la nación, en olvido de que ambas responden al más amplio consenso alcanzado en este país en muchos siglos.

Si algo mantiene puentes y redes viarias entre el poder de coerción que detentan los partidos políticos y el sentir cívico de la mayoría en esta España constitucional y democrática es justamente la institución monárquica.

Al razonamiento que puede promoverse para abogar por su perfecta legitimidad e idoneidad debe añadirse un argumento negativo: la referencia a la pésima experiencia republicana en España, tanto en la Primera como en la Segunda República.

Manuel Azaña, de una forma extremadamente irresponsable, arruinó el rumbo de la Segunda República al refugiarse en una presidencia de la República desde la cual fue incapaz de encauzar las fuerzas hostiles desatadas en la nación española; dejaba las riendas gubernamentales en manos del más endeble e inepto de los jefes de gobierno, Casares Quiroga, en lugar de asumir él mismo, como era su deber, la jefatura del Frente Popular.

Debe también argüirse a favor de la institución monárquica el poderoso refrendo emocional, afectivo, que la personificación de la institución produce. A los argumentos racionales debe añadirse esa importante plusvalía. La figura del monarca es, en el caso actual, pero también en la previsión de la figura que puede sucederle, de una popularidad extraordinaria.

Como sabían los griegos, inventores de la democracia, es importante el ejercicio de la voluntad popular plasmada en leyes con el fin de modificar las que se han vuelto inoperantes. Pero tal como se puede escuchar en los coros de algunas de las grandes tragedias de Esquilo y Sófocles, ese ejercicio de la soberanía popular se pone de manifiesto sobre todo en el compromiso asumido por mantener vigentes y sin revisión aquellas leyes que han demostrado su operatividad, su vigencia y su utilidad pública. Debe conservarse lo que merece ser conservado; lo que ha dado pruebas de su eficacia y valor cívico-político. Sería una trágica insensatez política, un acto de máxima frivolidad, y una peligrosa conjura de nuestros peores demonios la idea de revisar uno de los más sólidos pilares de nuestro sistema político: la Monarquía constitucional.

El 22 de noviembre de 1975 -pronto hará 32 años-, Juan Carlos de Borbón se presentaba, en el primer mensaje de la Corona, “como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles”. Débiles títulos, a pesar de su aparente fortaleza y rotundidad: la tradición histórica había quedado, más que interrumpida, quebrada por la abdicación de Alfonso XIII; las Leyes Fundamentales franquistas tenían los días contados, aunque no faltaban reformistas dispuestos a modificarlas para que todo siguiera igual o parecido; y los españoles se habían visto privados desde febrero de 1936 de la libertad de conferir ningún mandato legítimo. En realidad, Juan Carlos de Borbón se podía presentar como Rey de España porque su antecesor en la Jefatura del Estado, en virtud de su “suprema potestad”, así lo había dispuesto.

De modo que el Rey comenzó a reinar no sólo gobernando sino acumulando toda la cantidad de poder posible; nada que ver con un monarca que debe a la tradición su acceso al trono. Su mandato procedía en exclusiva de las Leyes Fundamentales y por eso su primer empeño consistió en abrir el juego político a nuevos participantes con el propósito de ampliar las bases heredadas de la dictadura, sin romper con ella, reformando aquellas leyes hasta el límite de lo posible. En este punto, en el primer semestre de 1976, más que de transición se hablaba de reforma, y nadie había visto todavía en el Rey ningún motor, ningún piloto de ningún cambio. Por su parte, el Rey había recordado, ante el Consejo del Reino, que sólo a él correspondía “la decisión última en los asuntos más trascendentales y en los casos de decisión excepcional, grave, o de emergencia”.

Así estaban las cosas cuando el proyecto Arias-Fraga de reformar las Leyes Fundamentales entró en barrena, en medio de una movilización popular y obrera de una magnitud sin precedente y de los obstáculos surgidos en las mismas instituciones del régimen. Fue entonces cuando el Rey, haciendo uso de sus poderes, afirmó ante el Congreso de Estados Unidos: “La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de Gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados”. Era una nueva concepción del papel de la Corona, ansiosa por alejarse de las fuentes de su supuesta legitimidad para presentarse como “árbitro, defensor del sistema constitucional y promotor de la justicia”.

Poder arbitral en el ejercicio de una función integradora: así percibía el Rey su posición como “monarca constitucional” en el primer mensaje a las Cortes elegidas en junio de 1977, una autodefinición algo precipitada pues aún no había Constitución y ya se había disuelto la pretensión de reformar la inexistente. Monarca constitucional lo sería al término de un proceso constituyente que se consumara con un recorte sustancial de su poder. Fue la representación del Partido Comunista, muy hábil y eficaz en el debate sobre la Monarquía, la que consiguió “que la Monarquía inevitable fuera una República coronada”, como recordaría luego Jordi Solé Tura, desbaratando la pretensión de atribuir a la Corona “efectivas competencias moderadoras y arbitrales”, de modo que se convirtiera en una “poderosa magistratura arbitral”, como soñaba el representante de UCD, Miguel Herrero de Miñón.

Insólita por su origen, la Monarquía española lo fue también por el rápido tránsito desde la acumulación de todo el poder a su limitación a un poder simbólico. ¿Sólo simbólico? Naturalmente, los constitucionalistas disputan, pero lo que no tiene discusión es que todos “los actos del Rey” necesitan para ser eficaces el refrendo del presidente del Gobierno o del ministro competente en la materia. Ocurrió, sin embargo, que cuando esta exigencia quedó clara, se produjo una nueva y extraordinaria circunstancia: la legitimidad constitucional alcanzada por esta vía se vio reforzada en el baño de adhesión popular tras un “acto del Rey” situado por necesidad al margen de la Constitución, sin posible refrendo del Gobierno: su actuación en la tarde del 23 y en la madrugada del 24 de febrero de 1981.

Lo extraordinario del caso consistió en que, a los cinco años del inicio de su reinado, Juan Carlos I, rey constitucional, que sólo podía presidir una sesión del Consejo de Ministros si se lo pedía el presidente del Gobierno, actuó como si dispusiera de una “reserva última de poder” -por decirlo con García de Enterría- suficiente para frustrar una intentona militar. Dicho más a la llana: despojado de poder había ejercido el máximo poder posible. Esta singular y contradictoria circunstancia lo catapultó a una tierra donde sólo habitan los reyes taumaturgos, en la que, hiciera en adelante lo que hiciera, se sabía al abrigo de cualquier mirada indiscreta y protegido de cualquier crítica por una nebulosa cortina, mezcla de sentimientos de gratitud y de temor, de admiración y de respeto, en los que vino a condensarse la pregunta que había quedado en el aire: ¿qué habría pasado en aquellos días de febrero si el Rey no hubiera estado allí? Y aún estando allí, ¿qué habría pasado si no hubiera dispuesto -como habría sido el caso si de un presidente de la República se hubiera tratado- de esa “reserva última de poder”?

Las preguntas sin respuesta dan lugar a relatos míticos, que llevan aparejados una suspensión de juicio que se resuelve finalmente en la práctica ritual de mirar sin tocar. La Corona, desde entonces, se mira pero no se toca. A condición, naturalmente, de que, retirada al ámbito de lo simbólico, conserve el aura de su primigenia legitimidad constitucional bañada dos años después en el calor popular. Tal vez ninguna monarquía europea ni, desde luego, ningún rey constitucional español hayan vivido más a resguardo de la crítica que el rey Juan Carlos I, un privilegio que para sí hubiera querido el último monarca de la dinastía Borbón, Alfonso XIII, expuesto desde niño a los bandazos de la opinión, que un día le mostraba su amor -aquel amor del pueblo que tanto echó en falta en abril de 1931- y al día siguiente su desprecio. Si el rey Alfonso pudiera levantar la cabeza, seguro que preguntaría a su nieto: ¿pero qué has hecho, muchacho, para merecer el sublime privilegio de mírame y no me toques en un país como éste?

Y de pronto, tras una acumulación de actos del Rey y de conductas de la familia real excesivamente expuestos a la mirada del público, ese aura mítica que rodea a la Corona se desvanece en el aire, quizá porque ya ha dado de sí todo lo que podía dar, que ya era bastante. El último acto del Rey, un acto político, en presencia, pero de nuevo sin refrendo posible del presidente del Gobierno, ha desencadenado un alud de comentarios que, no por casualidad, son más laudatorios cuanto más partidario sea quien los emite de una Corona fuerte, que actúe, que arbitre, que intervenga. Alabanzas que se mudarán en denuestos si el síndrome de la escalera que afecta al presidente de Venezuela -incapaz de reaccionar sobre la marcha- resulta tan potente como su vulgar e insolente desfachatez y acaba provocando consecuencias políticas y económicas indeseadas.

En todo caso, el último “acto del Rey” tendrá al menos una virtud. Ante la provocación de un jefe de Estado que, muy probablemente, pretendía socavar los fundamentos de esta especie de Commonwealth de países iberoamericanos reunidos una vez al año, Juan Carlos I se conduce, en todos los posibles sentidos de la expresión, como un Borbón, digno heredero de su abuelo. En esta recuperación de la tradición se esfuma o se desvela el aura mítica que escondía la más preciada reserva de su poder: la de actuar, y vivir, más allá de la crítica. A partir de ahora, tendrá que estar, como su abuelo, a las duras y a las maduras, lo cual, visto lo visto con la Corona británica, tampoco es para desesperar, aunque aquí hablamos otra lengua, el español, en la que se empieza con el tuteo pero nunca se sabe dónde se acaba.

Desde pequeño he tenido propensión -sea de modo optativo o voluntario, pero siempre fatal- a meterme en líos. Quizá por eso siento una cierta comprensión y hasta simpatía por quienes ocasionalmente incursionan en el mismo proceloso territorio: ¡bienvenidos al club! En el ya celebérrimo incidente de Santiago (ocurrió en Chile, recuerden ustedes, y no en YouTube, capital virtual del globalizado universo que habitamos), no puedo remediar inclinarme irracionalmente a favor de quienes allí más se liaron: es decir, el presidente Chávez y nuestro Rey. En el contexto demasiado cauto y cancilleresco de la Cumbre, sus estentóreos tropezones me resultan más familiares y hasta tonificantes que la “lengua de madera” manejada por la mayoría de los demás.

Sin embargo, consideradas más objetivamente, hay poco que celebrar en ambas intervenciones. La más excusable es sin duda la del Rey, lógicamente caldeado por el comportamiento provocativo y grosero del insoportable Chávez, que más allá de otras consideraciones políticas es un pelmazo de marca mayor. Lejos de manifestarse con la arrogancia de quien se cree superior, el exabrupto de don Juan Carlos pecó más bien de excesivamente llano y coloquial: dijo lo que en cualquier asamblea de su comunidad le espeta un vecino a otro cuando se está poniendo borde y no deja hablar a los demás. Quizá fue el tuteo que empleó lo que puede chirriar más en algunos oídos iberoamericanos. En España el tratamiento de tú no sólo es una prerrogativa regia no reversible, sino un uso frecuentísimo entre colegas a todos los niveles (no digamos en el País Vasco, donde nos tuteamos urbi et orbi fraternalmente aunque nuestra fraternidad sea la de Caín y Abel), pero en varios países americanos es raro hasta entre parientes próximos. En cualquier caso, se trata de una reacción humanamente muy comprensible aunque poquísimo adecuada en lo institucional. Hasta ahora, el Rey había desempeñado un papel oficioso y casi paternal de cabeza histórica de la Commonwealth latinoamericana, lo que le permitía ejercer ocasionales labores útiles de mediación y arbitraje en algunos conflictos dentro de ella. Esa función será ya mucho más improbable, por no decir imposible, a partir de ahora. España pierde así una vía de influencia en América y América se queda sin una posible herramienta de conciliación democrática.

El indudable lío en que chapotea Chávez -sea o no consciente de ello- viene en realidad de más atrás y es mucho menos justificable. Por supuesto, como él mismo se encargó de recordar, es un jefe de Estado ni más ni menos que nuestro Monarca. Pero también es un demagogo (mucho más calculador y menos espontáneo de lo que creen quienes le juzgan superficialmente) que mezcla denuncias sociales razonables con un antiimperialismo de manual descatalogado. Como su retórica exige siempre un imperio opresor para encubrir la deficiencia de soluciones concretas a los problemas que señala, en los foros donde no está presente Estados Unidos -el Satán por antonomasia- revive el espectro de la España colonial y exterminadora para que no decaiga la furia tonante que de él espera su afición. De modo que Aznar no sólo es ya un fascista sino una fiera sanguinaria de apariencia humana. Esta recuperación de los dicterios zoomórficos recuerdan los felices tiempos en que los estalinistas tildaban a Sartre de “hiena dactilógrafa” y a los demás ni digamos. La verdad es que si alguien tiene un bagaje biográfico poco adecuado para tildar a nadie de “golpista” es el señor Hugo Chávez. Y tampoco está nada claro que le disgusten los aspectos más absolutistas e irresponsables de la monarquía: a juzgar por la reforma política que va a someter a referéndum próximamente (reelección indefinida, concentración en sus manos de los poderes económicos del país, plenos poderes para reprimir a la oposición o a los disidentes, partido único, etcétera), da la impresión de que aspira a convertirse no ya en un rey al modo parlamentario europeo actual, sino en un émulo de Luis XIV. Las recientes imágenes de sus pistoleros en la universidad persiguiendo a los estudiantes nos recuerdan a los más viejos episodios del pasado que desembocaron en la matanza de Tlatelolco. Ya veremos cómo acaba lo que tan mal camino lleva.

Lo verdaderamente más serio y triste de todo este asunto no es la supuesta “humillación” sufrida por España (¡cuánto patrioterismo barato segregamos a la menor provocación!), sino el fracaso de una cumbre iberoamericana que tenía como objetivo principal mejorar la condición social de tantas personas desfavorecidas y marginadas -doscientos y pico millones- en ese continente. El día que llegó a la reunión, Chávez dijo que no le gustaba el lema oficial “por la cohesión social” y que prefería hablar de justicia. Estoy de acuerdo con él -probablemente la España franquista o el actual Singapur son Estados bastante “cohesionados” y no me parecen modelos apetecibles-, pero siempre que aclaremos suficientemente la noción de justicia que manejamos. Porque la justicia no es solamente mejorar las estructuras sociales, los servicios públicos y la redistribución de riqueza (para todo lo cual es imprescindible una fiscalidad efectiva y alejada de recetas neoliberales), sino también recuperar una plena justicia política que asegure la participación de todos, evite los autoritarismos más o menos encubiertos y conceda a la oposición parlamentaria un reconocimiento que la redima de su actual condición de, digamos, deporte de riesgo. La justicia no es el ajuste de cuentas, como parece suponer el mandatario venezolano. En particular, la justicia en América Latina pasa primordialmente por luchar contra el cáncer peor de esas democracias, la corrupción, enquistado letalmente en México, Argentina y otros países pero ahora más presente que nunca en Venezuela: ahí tiene el presidente bolivariano una tarea que acometer en el tiempo que le deje libre su batalla contra el imperialismo… En la Cumbre desperdiciada, los Gobiernos progresistas pudieron demostrar que es posible una lucha coordinada por la justicia que no responde a la simpleza populista representada sobre todo por Chávez, aunque no por otros gobernantes tachados apresuradamente de “populistas” demagógicos desde la derecha sólo porque se preocupan prioritariamente de la cuestión social. Creo que el presidente Zapatero intentó decir algo en esta línea en su intervención anterior al rifirrafe tan comentado, pero lo hizo con un estilo cauteloso de imprecisión algo cantinflesca (quizá en otros momentos más privados tuvo ocasiones de mayor acierto).

Los objetivos de justicia a conseguir fueron bien expresados por la presidenta Bachelet en su notable discurso inaugural (lástima que luego como presidenta de las sesiones no demostrara el mismo tino). Y sin duda no son éstos asuntos que se resuelvan con demostraciones folclóricas indigenistas como las que abundaron en la cumbre alternativa: porque la cuestión estriba en tratar a los indígenas plenamente como a ciudadanos y no a los ciudadanos como a indígenas. Sobre todo, es preciso evitar una recaída en la tentación violenta y guerrillera de la vieja izquierda latinoamericana, de cuyo rebrote no faltan indicios ante la desesperante lentitud de las necesarias reformas sociales y políticas. Si entre el beaterío izquierdista europeo el culto de latría a Che Guevara, el Rambo bueno de los pobres, aún sigue vigente -como hemos comprobado hace poco- qué no será en regiones de América que no conocen como emblema de la democracia “moderna” más que las tarjetas de crédito y los campos de golf…

Si yo pudiera recomendar algo a quienes se preocupan de veras en nuestro país por los hermanos de Iberoamérica -de la que formamos parte, no lo olvidemos- les diría que leyesen El olvido que seremos (editorial Seix Barral), del buen escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. No sólo es una obra bella y profundamente conmovedora, no sólo es una necesaria lección sobre temas hoy de moda entre nosotros como la educación cívica y la relación entre memoria personal y memoria histórica, sino también un insustituible testimonio de la lucha por la democracia, la razón ilustrada y la tolerancia en países que nos resultan tan próximos y queridos. Ahí verán ustedes cómo se genera y retroalimenta la violencia asesina, cuál ha sido el papel de la Iglesia católica y cuánto heroísmo han demostrado quienes durante tantos años lucharon sin armas contra las armas… y por la justicia. Cosas que siguen pasando, desdichadamente, y requiriendo nuestro compromiso, de modo que, sintiéndolo mucho, no podemos entretenernos más en rifirrafes pintorescos entre jerifaltes, sean más o menos respetables.

Quema de retratos de los Reyes, campaña de la derecha mediática radical, caricaturas, “¡por qué no te callas!”, llamada a consultas del embajador de Marruecos por la visita a Ceuta y Melilla, condena a El Jueves por unas caricaturas… Y, por si faltaba algo, la infanta Elena se separa de Jaime de Marichalar… Después de que el Príncipe se plantara ante el Rey, que se oponía a su boda con una divorciada, resulta que se separa su hija mayor, la cuarta en la línea de sucesión. ¿Annus horribilis? como titulaba ayer EL PERIÓDICO? Posiblemente.
Desde mi punto de vista, estos acontecimientos y alguno más, como el reforzamiento de las campañas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exigiendo claridad en las cuentas de la Casa Real y las críticas de Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya-Verds, responden a algo más profundo y más duradero que la mera coincidencia de acontecimientos desagradables pero coyunturales. El hecho verdaderamente novedoso es que hemos pasado de no hablar del Rey ni cuando era necesario a no hablar de otra cosa y, por parte de la Corona, estamos asistiendo a un tránsito desde el olimpo a la sobreexposición y al abandono del tradicional modelo de actuación.

LA INHIBICIÓN informativa respecto a pasadas imprudencias reales, hoy afortunadamente superadas, ha contribuido a magnificar el impacto de unos sucesos que hubieran tenido menos trascendencia si estuviéramos acostumbrados a hablar del Rey con la normalidad con la que nos referimos a los políticos y con la soltura con la que se expresan sobre sus monarcas en otros reinos de Europa.
La ruptura de la excepcionalidad en que hemos vivido, en la que se trataba a la Monarquía como el dogma de la Santísima Trinidad o el de la infalibilidad del Papa, ha llegado hasta el extremo de que el Rey se sintiera forzado a entonar su propia laudatio como un vulgar primer ministro ante un voto de censura parlamentario. Un indicio de que se sentía tocado. En efecto, tras 32 años de reinado, Juan Carlos escogió la apertura de curso de la Universidad de Oviedo para hacerse un autocanto resaltando su contribución “al más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España, en el marco del modelo de Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución”.
El Rey se ha salido del guión a partir de entonces en varias ocasiones; se expresó con palabras muy duras en el almuerzo que convocó en su palacio el pasado 11 de octubre, en el que polemizó con Esperanza Aguirre en presencia de numerosos testigos, dos de ellos extranjeros, sobre la campaña de Jiménez Losantos.
El incidente con Chávez en la cumbre iberoamericana de Chile rompía igualmente su papel balsámico que había bordado en las dieciséis ediciones anteriores; Juan Carlos había logrado sobrevolar por encima de las contingencias partidarias relacionándose con la gracia que él maneja a la perfección con todos los jefes de Estado, incluidos Fidel Castro y Hugo Chávez.

¿QUÉ HA ocurrido? ¿Es que el Monarca se ha hartado de desempeñar su trabajo en silencio y ha decidido expresar lo que piensa? ¿Lo de Venezuela se debe a los nervios generados por el disgusto por la separación de su hija del que tendría que informar en el momento más adecuado? ¿O bien es que, el Rey, al fin y al cabo humano, saltó ante las groseras interrupciones del presidente venezolano?
Quisiera apuntar de pasada que aunque su corte ha sido muy popular en España, a la larga pudiera perjudicar nuestros intereses en un continente muy susceptible frente a este país que ha vuelto a desembarcar en América en triunfadoras carabelas empresariales. Tampoco es buena la sensación que se dio en Chile de que el jefe del Estado y el presidente del Gobierno invertían sus papeles.

SI LA CORONA ha saltado ahora al primer plano se debe en parte, como decía, al fin de una época marcada por la sobreprotección mediática. Se ha pinchado la burbuja que se había fraguado en el convencimiento de que la institución ostentaba algunas fragilidades y Juan Carlos, que tiene una nariz formidable, tantea la forma de adaptarse a la nueva situación. Lo sorprendente es que el cuestionamiento de tan cómodo estatus no partió de los republicanos de toda la vida sino de la conjunción de los nacionalismos más excluyentes entre sí: el minoritario catalán-independentismo-pirómano iba de la mano del hipernacionalismo españolista no menos incendiario de la cadena de los obispos. Así, el debate sobre la Corona que debería haber transcurrido en calmada controversia se inició en un alboroto visceral.

La contundente intervención del Rey de España al caudillista autócrata venezolano en la sesión de clausura de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Santiago de Chile, «¿por qué no te callas?», así como su abandono temporal del plenario, ante las bravatas intimidantes contra las empresas españolas en América del segundón nicaragüense, permiten al menos dos reflexiones. La primera, la habilitación constitucional y la pertinencia política de tal expresión y conducta por el Monarca. Y, la segunda, la dimensión de nuestra política exterior.

En cuanto a la acción del Jefe del Estado, ésta se encuentra justificada por razones constitucionales y políticas. Las constitucionales, ya que, aunque es al Gobierno a quien se asigna en una Monarquía parlamentaria la «dirección de la política exterior» (artículo 97), tampoco se puede desconocer la previsión establecida explícitamente en la Constitución a favor del Monarca. Un precepto que atribuye al Rey una competencia relevante en la esfera de las relaciones internacionales. En este sentido, el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna señala que «El Rey es el Jefe del Estado… asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica». Una competencia, por lo demás, que forma parte del tradicional acervo de facultades vinculadas en el Derecho Internacional a las funciones de un Jefe de Estado. Lo que explica que la Constitución recoja expresamente también su habilitación para acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos (ius legationis), el consentimiento del Estado para obligarse mediante la suscripción de tratados internacionales y su participación, tras la previa autorización de las Cortes Generales, para declarar la guerra y hacer la paz (artículo 63).

Y algo, por cierto, muy destacado. En una Monarquía parlamentaria, todos y cada uno de los actos del Monarca tienen que estar refrendados, esto es, alguien tiene que asumir necesariamente la responsabilidad política de sus declaraciones y conductas. La Constitución lo afirma con claridad, toda vez que -dice el artículo 56.3- «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Una responsabilidad que se articula -siguiendo lo dispuesto en el artículo 64- a través de lo que se denomina el refrendo tácito; un refrendo asumido en esta ocasión por el presidente del Gobierno, en tanto que cabeza del Poder Ejecutivo en la mentada Cumbre. En resumidas cuentas, la acción del Jefe de Estado disfruta de cobertura constitucional, al tiempo que se haya respaldada, a los efectos de su responsabilidad política, por la presencia del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores.

Pero además, el proceder del Rey de España viene justificado, y aquí abandonamos ya las argumentaciones más constitucionales, es decir, las de perfil propiamente jurídico, por razones políticas. Dicho de otra forma, la conducta del Monarca viene amparada por consideraciones de pertinencia. Aquí hay, de nuevo, una apoyatura de carácter constitucional. Nos referimos al citado artículo 56.1 de la Constitución, que prescribe que «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…». Siendo esta naturaleza, de orden precisamente simbólica, como elemento aglutinante e integrador de la Nación y del Estado y portador de significaciones materiales e inmateriales, la que acredita su hacer en defensa de los intereses nacionales. Un papel que la Corona despliega con eficacia y solvencia incuestionables.
Podría argumentarse, es cierto, que no suscitándose dudas sobre su justificación constitucional y política, sin embargo su reacción hubiera sido desafortunada en la práctica. Algo que podría suceder por dos causas. En primer lugar, por no haberse respetado los parámetros de la corrección que han de presidir las relaciones internacionales. Y, en segundo término, por no haberse constado a posteriori la sintonía entre las expresiones y la acción del Jefe del Estado y las expectativas de la ciudadanía. Pues bien, no hay tampoco dudas sobre la satisfacción de ambas exigencias.

De un lado -nadie lo discute- la reacción del Rey no es la cotidiana en las relaciones entre mandatarios, y al Rey le habrá pesado; pero tampoco lo es, y es la causa provocadora, la perorata amenazante y reiterada de alguien que estaría siempre mejor callado. Ordenar callar, y además hacerlo sin exabruptos, a quien no tiene nada que decir o lo hace insultando impenitentemente a un ex presidente del Gobierno de España, no quebranta las reglas de la correttezza costituzionale. ¡Faltaría más! Como tampoco es tan excepcional -les invito a revisar las reuniones internacionales desde la Paz de Westfalia de 1648- abandonar temporalmente las sesiones, cuando se vierten juicios denigratorios contra los intereses nacionales. Y, de otro lado, la espontánea y mayoritaria adhesión por parte del pueblo español no admite dudas. Como acredita una encuesta realizada al efecto, entre el 80 y el 90 por ciento de la ciudadanía respalda lo dicho y hecho. Don Fernando Álvarez de Toledo, el Gran Duque de Alba -les recomiendo la lectura del reeditado libro de William. S. Maltby sobre el personaje- criticaba el desafecto real y la distancia del Rey Felipe II con su pueblo en los siguientes términos: «Los reyes no tienen los sentimientos y la ternura en el lugar donde nosotros los tenemos». Pues bien, si tales palabras podrían predicarse quizás del Rey Prudente, no lo son, desde luego, del actual Rey de España. En pocas ocasiones, un Rey habrá asumido con mayor sintonía, y habrá representado mejor los sentimientos del suyo.

Afirmado esto, deseo hacer también ciertas reflexiones, en cambio menos positivas, sobre nuestra política internacional. Una política endeble que no se encuentra a la altura de este país. No puedo ocultarles la envidia cuando observo la acción exterior de otros Estados con los que me gustaría homologarme. Países, como Reino Unido o Francia, que disfrutan de una acción exterior con mayúsculas. Una política que se fija a largo plazo en defensa de sus intereses nacionales, y que no está sometida a los quebrantos caprichosos de cada gobierno de uno u otro signo. Aquí, en cambio, no existe una política de Estado. La situación vivida expresa, sin paliativos, por no hablar del suceso reciente en Marruecos o el Chad, su debilidad y escaso peso. ¿Se imaginan ustedes a la Queen Elizabeth de Inglaterra escuchando semejantes ofensas en el ámbito de su querida Commonwealth? ¿Creen qué es posible asistir a una reprimenda parecida al Président Sarkozy por parte de sus antiguas colonias en África? Yo, sinceramente, no. ¿Saben por qué? Porque disfrutan de una seria política de Estado y porque, en consecuencia, sus déspotas iletrados, que también los tienen, no se hubieran atrevido.

Y dos cosas más. Primera, hay que saber diferenciar quiénes tienen que ser nuestros aliados fiables y de referencia, y por tanto a quiénes han de llegar los generosísimos fondos de la cooperación internacional española. Hay que mirar a los principios, pero no se pueden ignorar nuestros intereses. Y, segunda, las referenciadas Cumbres no son hoy el mejor foro para la defensa de nuestros intereses. O sea que, de mantenerlas, ha de procederse a una reestructuración en profundidad, y en todo caso a una mejor preparación. Ya lo decía el juicio inmisericorde de Charles Maurras: «Una política se juzga por sus resultados». Y éstos están, desgraciadamente, a la vista. Así que, por favor, a ver si entre todos, partidos de un espectro y de otro, ¡definimos de una vez! una política exterior consensuada a la altura del país. Sus ciudadanos lo reclamamos.

Mientras tanto, el Rey sigue siendo, como apunté una vez, el mejor Embajador de España. Y ello, porque como esgrimiera Bismarck, «la Política no es una ciencia, como muchos señores profesores se imaginan, sino un arte». A las pruebas reales me remito.

Los hechos acaecidos en la reciente cumbre iberoamericana de Chile obligan a una reflexión acerca de la posición constitucional del titular de la Corona. Porque no hay que perder de vista que la forma de gobierno basada en la monarquía parlamentaria ubica al Rey en una posición jurídico-constitucional en la que su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Asimismo, sus actos están siempre refrendados por el presidente del Gobierno, los ministros, en su caso, y por el presidente del Congreso en la propuesta de candidato a presidente del Gobierno tras las elecciones legislativas, para obtener la investidura parlamentaria. En su condición de símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Eso es lo que establece la Constitución (artículos 56 y 64).
Todo ello conlleva a aquello tan tópico, pero del todo evidente, que es que el Rey reina, pero no gobierna. Es decir, que en el ejercicio de las funciones descritas, sus actos comprometen al Estado, pero la responsabilidad no le corresponde a él, sino a los cargos representativos, es decir, aquellos que han sido elegidos, a los que la Constitución asigna la función de refrendar lo que haga el Monarca. Esto es así porque dichos cargos (el presidente, los ministros), a diferencia del Rey, sí están sometidos a responsabilidad política ante el Parlamento. En consecuencia, los actos del Rey han de estar presididos por el cumplimiento de una regla no escrita en la Constitución, pero que se deduce directamente de la misma. Y no es otra que actuar con suma discreción y contención. Las razones son diversas, pero hay una básica: el Rey no responde de sus actos ante el Parlamento ni tampoco, obviamente, ante el electorado, porque no es elegido.
Atendido el desarrollo de la fase final de la cumbre en Santiago, no parece que esta regla haya sido tenida en cuenta por el titular de la Corona. Lo cual no deja de sorprender, puesto que desde que su cargo quedó legitimado democráticamente por la Constitución de 1978, ha venido desarrollando adecuadamente sus funciones de jefe del Estado en una monarquía parlamentaria.

AL MARGEN DE consideraciones de otro orden, desde un punto de vista constitucional el incidente de Santiago no es una cuestión banal, porque se produce en el contexto de la política exterior del Estado. Y, además, en relación con un ámbito geográfico especialmente sensible como es la comunidad de estados de Iberoamérica. No hay que olvidar que la dirección de la política exterior le corresponde al Gobierno de turno, quien responde de ella ante las Cortes Generales y, en su caso, ante el propio electorado. Sin excepción de áreas geográficas, incluidos los países latinoamericanos.
En el contexto de la acción diplomática, las fricciones y los conflictos forman parte de la propia naturaleza de las relaciones internacionales, una competencia exclusiva del Estado. Hacer frente a estos contenciosos tanto en las relaciones bilaterales como en las cumbres exige un especial tacto y demanda eso que la lengua italiana define como finezza. Por lo que explican las crónicas y se ha observado en la televisión, la sesión de la cumbre de Chile dio lugar a una serie de expresiones y valoraciones cuestionables por parte de algunos presidentes de repúblicas latinoamericanas, donde la finura no abundaba. Pero, seguramente, ello forma parte del guión de las relaciones internacionales. Para hacer frente a estas situaciones, es evidente que corresponde a quien ostenta por prescripción constitucional la dirección de la política exterior encontrar el tono más adecuado para defender los intereses del Estado. En este sentido, el presidente del Gobierno estuvo especialmente correcto.

EL PROBLEMA constitucional que ha puesto de manifiesto el incidente es el relativo al papel del monarca en este ámbito de las relaciones internacionales. Por más que formalmente la Constitución establezca que en ellas el Rey asume la más alta representación del Estado, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, es la propia norma constitucional la que dice que ello lo hará conforme a las funciones que la Constitución y las leyes le atribuyen. Y ello quiere decir que en esas funciones de orden simbólico, representativo y no ejecutivo, el Rey, si actúa y se expresa públicamente, lo ha de hacer acorde con el Gobierno. La consecuencia de ese acuerdo con el poder ejecutivo, del que el Rey no forma parte, es que el Monarca debe desaparecer del debate y la controversia políticas. Para eso ya están el Gobierno y sus ministros. El Rey ha de evitar el primer plano, ha de quedar al margen y por encima del debate partidista. En caso contrario, su posición constitucional resulta inadecuada. Es una lógica y obvia servidumbre de una institución como la monarquía, que por su propia razón histórica queda al margen del principio democrático.

En unos momentos en los que, desde ámbitos muy minoritarios pero muy ruidosos, se intenta cuestionar la institución monárquica española, y después de que episodios recientes hayan situado en primerísima línea de atención el papel de la monarquía, de los Reyes y, fundamentalmente, del Rey, conviene recordar lo que ha representado y representa para España la figura de don Juan Carlos.

Dentro de muy poco se va a cumplir el trigésimo segundo aniversario de su coronación. Salíamos de la larguísima dictadura franquista, después de una catastrófica guerra civil y de una república divisiva y fracasada. Eran momentos de enorme incertidumbre y de gran inquietud respecto al futuro.

Hoy, en cambio, puede afirmarse que jamás España ha vivido un periodo de tiempo más próspero y en convivencia pacífica – salvo la execrable lacra del terrorismo-, y se ha recuperado una proyección internacional impensable después de una decadencia de siglos.

En la última generación hemos quintuplicado nuestra renta por habitante, nos hemos convertido en uno de los países exportadores netos de capital más importantes del mundo, y somos una de las mayores naciones receptoras de mano de obra inmigrante del planeta. Justo todo lo contrario de lo que nos sucedía hace apenas tres décadas.

Y eso, naturalmente, es mérito de la clase política que hizo la denominada transición democrática con gran altura de miras y con gran generosidad. Yque supo hacerse acompañar en ese empeño por el conjunto de la sociedad española que entendió muy bien lo que se pretendía y que ha demostrado siempre su confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. Y se hizo, no olvidándose culposamente del pasado, como algunos ahora intentan convencernos recuperando pretendidas y parciales memorias históricas, y que, en el fondo, lo que desean es poner en solfa el actual marco institucional definido en nuestra Constitución. Todo lo contrario. Precisamente porque todos recordábamos lo que había sucedido, la sociedad española se confabuló con su clase política con la clara intención de mirar hacia el futuro. Un futuro en el que cupiéramos todos.

Y sin el Rey eso no se hubiera podido hacer en un corto lapso de tiempo, y la situación hubiera sido mucho más convulsa y turbulenta y de resultado sumamente incierto.

El Rey consiguió la involucración de todos en el cambio democrático. Insisto, de todos. Y ello fue así, porque desde la lúcida interpretación de las necesidades de España, se constituyó, en palabras de su primer ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, en “el motor del cambio” y en garantía de un proceso ordenado y orientado a una democracia plenamente homologable.

Y cuando la democracia estuvo en peligro, no es ocioso, aunque sea tópico, recordar el coraje y la determinación del Rey, en la tristemente famosa madrugada del 23-F, a la hora de defender la Constitución y, por ende, nuestras libertades.

Pero quiero hacer alguna consideración más, ligada a acontecimientos más recientes. El Rey es garantía de estabilidad y la expresión más emblemática de nuestra proyección internacional.

La estabilidad es esencial para el progreso de un país. Junto con la seguridad jurídica y la libertad económica, es una de las tres condiciones básicas para que cualquier nación inspire confianza. Y España ha sido y es un país con instituciones políticas muy estables y con un modelo consolidado y exitoso que denominamos Estado de las autonomías. Y estos días, después de una legislatura convulsa en la que, por primera vez desde la transición, se han reformado nuestras instituciones sin consenso entre los dos grandes partidos que garantizan la alternancia, la figura del Rey se ha agrandado como garante y expresión de la unidad y cohesión nacionales. La reciente visita a Ceuta y Melilla así lo corrobora, más allá de lo que pudiera decirse de nuestra política exterior en el Magreb.

Y finalmente, el Rey como el más alto símbolo del Estado, ha sido nuestro mejor embajador en el mundo, dando una imagen nítida de la nueva España, moderna y abierta y proyectada al mundo.

Y lo ha hecho siempre con un gran rigor y con coherencia plena con la política exterior de los diferentes gobiernos. Y con un insuperable sentido de la dignidad, en su papel de máximo representante de nuestra dignidad.

Por ello, y por encima de evidentes errores estratégicos en nuestra actual política exterior, alejándonos de nuestros socios y aliados y acercándonos a compañías poco recomendables, el Rey ha vuelto a personificar la defensa de la dignidad de España frente a quienes, desde su mentalidad antiliberal, creen que pueden recurrir, y además de forma maleducada, a frívolos tópicos ofensivos, más propios de una discusión tabernaria que de una reunión internacional al máximo nivel.

España siempre ha tenido una extraña propensión a querer destruir aquello que funciona. Creo que los ciudadanos debemos confabularnos para desearle larga vida al Rey y a la monarquía. Muchos por devoción, sin duda. Otros por convicción racional de que es lo que le conviene a un país que quiere seguir disfrutando de estabilidad y de prestigio internacional.